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Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Año VII, No. 13. Enero- Junio de 2012. Silvina María Romano.
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Voces y Contextos
LOS
WIKILEAKS “
OLVIDADOS”: DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DERROCAMIENTO DE
GOBIERNOS LATINOAMERICANOS
The “forgotten” wikileaks: declassified documents of the United States Department of
State and the overthrowing of Latin American governments
Silvina María Romano
Resumen
n el siguiente artículo se propone recuperar
información secreta del gobierno estadounidense
ya
desclasificada
por
diversos
organismos
oficiales hace varios años, que permite dar cuenta del
modo en que ha operado la articulación gobierno de
Estados
Unidos-sector
privado,
para
garantizar
la
expansión de los intereses estadounidenses en América
Latina. Dentro de este contexto, el trabajo se centrará
en la documentación publicada por el Departamento de
Estado estadounidense, el
National Security Archive
y
la CIA, que incluye las discusiones, lineamientos y
decisiones de funcionarios de Departamento de Estado,
de Defensa, del Tesoro, de la CIA y de diferentes
representantes del sector privado estadounidense con
respecto
a
los
gobiernos
de
Jacobo
Arbenz en
Guatemala (1950-1954), Joao Goulart en Brasil (1961-
1964) y Salvador Allende en Chile (1970-1973). El
objetivo es indagar, desde un abordaje crítico, el modo
de operar de Estados Unidos en la región durante las
primeras décadas de la Guerra Fría.
Palabras claves:
documentos desclasificados, golpe de
Estado, intervencionismo estadounidense
E
Silvina María Romano
Becaria posdoctoral de la Coordinación de
Humanidades-CIALC, UNAM. Doctora en
Ciencia Política por el Centro de estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), Argentina. Licenciada en
Historia y Lic. en Comunicación por la UNC.
Sus líneas de investigación son: integración,
desarrollo y dependencia en América Latina;
las
relaciones
entre
Estados
Unidos
y
América Latina durante la Guerra Fría y en la
actualidad;
democracia
y
seguridad
en
Estados
Unidos;
migraciones,
integración
regional y subdesarrollo en América Latina.
Algunas publicaciones recientes: “Political-
Economic Factors in U.S. Foreign Policy:
The Colombia Plan, the Mérida Initiative,
and
the
Obama
Administration”.
Latin
American Perspectives
. July, 2011 pp: 93-
108
(En
coautoría
con Dr.
Gian
Carlo
Delgado Ramos);
Liberal democracy and
national security: continuities in the Bush and
Obama administrations”
Critical Sociology
,
noviembre
2011; “Democracia
liberal
y
seguridad en el Gobierno estadounidense:
continuidades”
en
Gandásegui,
Marco
y
Castillo Fernández, Dídimo.
Estados Unidos:
la crisis sistémica y las nuevas condiciones
de
legitimación
(GT
EEUU)
México:
CLACSO-Siglo
XXI,
2010; “El
rol
del
capital multinacional en la periferia y su
incidencia en los procesos de integración
regional: La Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC) y el Mercado
Común
del
Sur
(MERCOSUR)”
Revista
Economía, Sociedad y Territorio; Colegio
Mexiquense, A.C, septiembre-diciembre, nº
31, pp. 581-627, 2009.
E-mail:
silvinamceleste@gmail.com
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Voces y Contextos
Abstract:
In the following article the proposal is to retrieve classified information of the US
government, that has been published by various official organizations during the last
decades, and that enables us to know the way in which private and public interests
worked together in order to ensure US interests in Latin America. In this context, we
will analyze documents published by the United States Department of State, the
National Security Archive and the CIA, corpus that includes the guidelines, opinions
and decisions of various representatives of the US Departments of State, Defense,
Treassury and the CIA, as well as the opinions of influential individuals from the
private
sector,
regarding
the
democratic
administrations
of
Jacobo
Arbenz
in
Guatemala (1950-1954); Joao Goulart in Brazil (1961-1964) and Salvador Allende in
Chile (1970-1973). Following a critical theoretical perspective, the main goal is to
figure out and show significant evidence about the way of “doing things” of US
government in Latin American during the first decades of the Cold War.
Key Words
: declassified documents, Coup d´Etat, United States intervention.
Introducción
El nuevo milenio ha dado cuenta de importantes tendencias hacia cambios significativos
en América Latina, en parte como resultado de las consecuencias que el ajuste
estructural ha generado en la región. Entre los procesos más destacados, notamos la
presencia de gobiernos con propuestas políticas, económicas y sociales que buscan
marcar un quiebre con respecto al modelo neoliberal. Indicio de esto han sido y son el
gobierno de Evo Morales en Bolivia, de Hugo Chávez en Venezuela, de Correa en
Ecuador, e incluso algunas características del gobierno de Lula da Silva en Brasil.
Asimismo, desde estos gobiernos se ha buscado reforzar los mecanismos de integración
regional, tendencia que adquirió vigor también en el marco del fracaso del proyecto
hemisférico de Estados Unidos materializado en el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). De hecho, la creación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América ALBA, con el protagonismo de Cuba y Venezuela- y la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) ponen en evidencia la emergencia de modelos de
integración que se apartan en buena medida de las propuestas centradas en la
liberalización del comercio. Cabe señalar también la reciente creación de la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) por iniciativa del ex presidente
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Voces y Contextos
brasileño Lula da Silva, y que se postula como un organismo paralelo a la Organización
de Estados Americanos (OEA), sin la presencia de Canadá y Estados Unidos.
No obstante, también parecen existir indicios de intervención en los intentos de
desestabilización en algunos de los gobiernos mencionados, como podría ser el Golpe
de Estado a Hugo Chávez (Venezuela) en el 2002 o la desestabilización al gobierno de
Evo Morales en el contexto de la disputa por la autonomización de la región de la
“media luna” boliviana (2008), el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en
Honduras (2009) y el intento de desestabilización al gobierno de Rafael Correa en
Ecuador (2010). Estos eventos, de acuerdo con diferentes fuentes de información,
contaron
con
el
apoyo
directo
o
indirecto
del
gobierno
y
el
sector
privado
estadounidense (Gollinger, 2005; Gandásegui, 2009; Castro, 2010). A esto se suma la
militarización de las fronteras y el incremento del rol de los militares en cuestiones de
“orden interno” en el marco de programas contra el “narco-terrorismo” impulsados por
el gobierno estadounidense, como el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina y
su expansión hacia el norte materializada en la Iniciativa Mérida (Delgado y Romano,
2011). La información recientemente publicada por Wikileaks, deja en evidencia las
actividades de espionaje realizadas por los embajadores estadounidenses en relación a
funcionarios gobiernos extranjeros e incluso funcionarios de organismos internacionales
(Tejeda, 2010).
A la luz de este contexto y considerando los recientes documentos secretos filtrados
por Wikileaks, vuelven a surgir una serie de preguntas bastante usuales durante las
primeras décadas de la Guerra Fría, como ¿quiénes condicionan los lineamientos de la
política exterior estadounidense?, ¿a favor de quiénes y con qué objetivos?, ¿quiénes
definían el alcance de la concepción de seguridad nacional?, ¿quiénes definían el
contenido de la noción de “interés nacional”?, ¿cuál es la relación/distancia entre la
retórica y las acciones concretas de dicho gobierno en América Latina?, ¿cuál era el rol
de América Latina en la política exterior estadounidense?, ¿cómo se plantea la relación
entre las clases dominantes de América Latina y la élite de poder estadounidense y qué
sucede cuando buena parte de la clase política que ocupa la esfera política formal se
niega
o cuestiona (en mayor o menor medida) el formar parte de la red de poder tejida
por estas minorías?, ¿qué papel jugaron las Fuerzas Armadas de América Latina en el
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marco de la expansión del sistema capitalista monopólico?, ¿cómo operaron las
embajadas ante la presencia de gobiernos adversos a la política exterior estadounidense?
Es
a
partir
de
dichos
cuestionamientos
que
resulta
interesante
revisar
documentación secreta que ya ha sido desclasificada hace tiempo, y que describe
algunos de los procesos fundamentales en la historia de las relaciones entre Estados
Unidos y América Latina en la segunda mitad de siglo XX. Dentro de ese contexto y
desde
una
perspectiva
crítica,
se
retomarán los documentos
publicados
por
el
Departamento de Estado estadounidense, el Archivo de Seguridad Nacional y la CIA,
que
incluyen
las
discusiones,
lineamientos
y
decisiones
de
funcionarios
de
Departamento
de
Estado,
de
Defensa,
del
Tesoro,
de
la
CIA
y
de
diferentes
representantes del sector privado estadounidense con respecto a los gobiernos de Jacobo
Arbenz (Guatemala, 1950-1954), Joao Goulart (Brasil, 1961-1964) y Salvador Allende
(Chile, 1970-1973).
La política exterior estadounidense y América Latina en las primeras décadas de
Guerra Fría
Por medio de la Doctrina Truman de 1947, el gobierno estadounidense declaró
formalmente el inicio de una “Guerra Fría”
1
con el bloque comunista (la Unión
Soviética y luego China), dando lugar al “orden bipolar” que legitimó la presión por
parte de las potencias para lograr que los países pertenecientes a sus esferas de
influencia aceptaran su alineación. Para “hacer funcionar” la bipolaridad, el gobierno
estadounidense necesitaba financiamiento y medidas legales para dar forma a un nuevo
Estado de Seguridad Nacional (Willis, 2010). Se llevó a cabo, entonces, una reforma
institucional a nivel gubernamental, orientada específicamente a organizar la estrategia
de seguridad nacional, que incluía asuntos internos y externos. Por medio de la Ley de
Seguridad Nacional (
National Security Act
, 1947) se fundaron de la Agencia Nacional
de Inteligencia (CIA) y el Consejo de Seguridad Nacional (
National Security Council
).
En las discusiones y comunicados que promovieron la Ley, se planteaba la necesidad de
crear una organización que permitiera actuar en el exterior por “medios clandestinos”,
1
Cabe señalar que esta forma de conceptualizar el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo,
sugerido por Walter Lippmann, poco tiene que ver con lo sucedido en América Latina y otros espacios de
la periferia, donde la guerra fue indudablemente caliente.
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debido a que existía “información vital para la seguridad de Estados Unidos, que solo
podía ser obtenida mediante operaciones encubiertas” (traducción propia. United States
Department of State Founding of the National Intelligence Structure. August 1945-
January 1946. Doc 26). De esta manera se “legalizaron” las acciones encubiertas (
black
operations
) en tiempos de paz (incluidas las operaciones de “guerra psicológica”), y se
crearon las instituciones pertinentes para llevar a cabo estas tareas, que, con el paso de
los años, dieron muestras de ser sumamente efectivas no sólo para la “obtención de
información” y la “contención del comunismo”, sino para la desestabilización de
gobiernos
que
se
oponían
de
una
u
otra
manera
a
seguir
los
lineamientos
estadounidenses en la Guerra Fría.
En relación a lo anterior, es fundamental recordar la finalidad y funcionalidad de la
Guerra Fría, así como el sostén sobre el cual se erigió la nueva estructura estatal de
seguridad. La base era el complejo industrial-militar como eje de la expansión del
capitalismo monopólico de posguerra. Existen indicios para suponer que la economía
estadounidense no se recuperó de la crisis del ‘30 por las medidas del gobierno de
Roosevelt, sino gracias a la economía de guerra (Hobsbawm, 1999; Adams, 1976).
Durante la contienda mundial, se generó una estrecha relación entre las empresas de
armamentos y el Pentágono (Melman, 1972), lo que se complementó con una creciente
influencia de los mandos militares en la toma de decisión a nivel gubernamental (Mills,
1978):
El complejo militar-industrial significa un grupo poco estructurado e informalmente definido de
empresas que producen productos militares, oficiales militares de alta jerarquía y miembros de las
ramas ejecutiva y legislativa del gobierno federal, todos ellos unidos por las relaciones del mercado
de la red de productos militares y con una ideología común en cuanto se refiere a mantenimiento y
ampliación de las fuerzas armadas de Estados Unidos y de su papel en la política norteamericana”
(Melman, 1972: 18)
2
.
2
Este proceso era legitimado desde la academia, junto con las posturas realistas. Un ejemplo son las ideas
de Huntington: “Lo que se requiere de los líderes militares es un esfuerzo más para dar forma a un nuevo
orden político. En muchas sociedades, la última posibilidad real de una institucionalización política que
no caiga en el camino totalitario puede ser la oportunidad que tienen los militares para mostrarse
políticamente creativos. Si los militares fracasan en aprovechar esa oportunidad, el incremento de la
participación (popular) transformará a la sociedad en un sistema pretoriano de masas. En tal sistema la
oportunidad para crear instituciones política pasa desde los
militares, apóstoles del orden, a manos de
esos otros líderes de la clase media, que son los apóstoles de la revolución” (Huntington en Tapia
Valdés,
1980: 70).
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De acuerdo con este planteo, ese complejo suponía una importante contribución al
crecimiento y expansión de la economía estadounidense. Magdoff (1975: 81-82)
exponía la importancia del negocio de las armas
en lo relativo a los beneficios por
ventas al exterior
3
, pero también en lo referido a la ocupación de la mano de obra
(considerando que la desocupación había sido el gran problema de la depresión)
(Sweezy y Magdoff, 1972: 72).
El gobierno de Truman lanzó un plan para reactivar la economía de Europa
occidental (Plan
Marshall),
para
reconstruir
un
mercado
para
las
empresas
estadounidenses (Pozzi, 2003) y también diseñó un programa de asistencia técnica para
el desarrollo para los países “atrasados”, denominado Punto IV, un plan del cual casi no
participó la región latinoamericana (Pollard, 1990). Pero con América Latina sí se
avanzó en un acuerdo de seguridad mutua, el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR 1947) que aceitó los vínculos militares a nivel panamericano
4
. Para
inicios de 1950, comenzaron a implementarse Programas de Asistencia Militar (PAM),
orientados a contener el avance del comunismo en el subcontinente (y a vender armas
usadas de la segunda guerra y luego de la guerra de Corea) siguiendo los objetivos de la
“seguridad hemisférica” (Veneroni, 1971).
Pero
los acuerdos de seguridad y los programas militares no tenían como fin último
evitarla “infiltración comunista” solamente, en tanto peligro potencial desde una
perspectiva ideológica, también contaban con claros objetivos económicos ya que
buscaban: garantizar el suministro de materias primas y materiales estratégicos para
contribuir a sostener la economía estadounidense (lo que implicaba la imposición de
“puertas abiertas” para ampliación de mercados e inversión). En el caso de América
Latina, se definían las siguientes metas planteadas en la estrategia militar de Estados
Unidos de acuerdo a los documentos desclasificados de la época:
3
“La ayuda militar de los Estados Unidos… desde 1945 ha ascendido en promedio a más de 2 mil
millones por año. Llegó a los 5 mil millones en el año 1952 y cayó al nivel más bajo de 831 millones de
dólares en el año 1956. El número de países receptores se elevó de 14 en el año 1950 a un pico de 69 en el
año 1963. En total, unos 80 países han recibido una suma de 50 mil millones de dólares en ayuda militar
desde la segunda guerra mundial hasta hoy [1969]” (Magdoff, 1975: 79-80).
4
Las bases del TIAR pueden rastrearse hasta inicios de la década de 1930, cuando Estados Unidos
comienza a plantear la necesidad de lograr un acuerdo de defensa hemisférica, propósito que se plantea de
modo sólido en la Conferencia de Chapultepec (1945) y que es sistematizado en el TIAR (1947)
(Lieuwen, 1960: 233-241).
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a) la continua y creciente producción y entrega de materiales estratégicos esenciales; b) si bien debe
mantenerse un amplio espectro para el cambio político normal, el mantenimiento al interior de cada
nación de la estabilidad política y la seguridad interna para garantizar la protección de instalaciones
de las cuales dependen la producción y entrega de materiales estratégicos; (…) d) la protección de
vías de comunicación vitales; e) la provisión, desarrollo, operación y protección de aquellas bases
que puedan ser requeridas para el uso de Estados Unidos y para la protección de vías de
comunicación; f) la protección coordinada de invasiones y redadas…(traducción propia. United
States Department of State, 1950, US Policy regarding Hemisphere Defense, Vol I, 633, subrayado
propio).
A nivel de discurso oficial, la política exterior estadounidense se postulaba como
centrada en la “contención” de la expansión soviética (siguiendo en especial las
sugerencias de George Kennan en el “Telegrama Largo”) para “salvar” al Occidente
liberal y democrático. La contención pasó de ser “selectiva” con Truman, a “global” con
el gobierno de Eisenhower (Insulza, 1982) y se jactaba de ser una estrategia de defensa,
más que de ataque. Como sostiene Chomsky (2003:15) es usual que la política exterior
estadounidense sea considerada como “defensiva” (postura desde la cual se definió la
misma idea de contención), como una respuesta a la agresividad de otros superpoderes
(como la URSS o China).
Sin embargo, en los documentos secretos se puede apreciar que la idea de
“contención” poseía importantes tintes imperialistas. Un ejemplo del amplio espectro de
la “contención” se encuentra en el documento “
top secret
” del Consejo de Seguridad
Nacional N-68:
Nuestra política general, en este momento, debe ser descrita como diseñada para impulsar un
ambiente mundial en el cual el sistema americano pueda sobrevivir y florecer (…) En lo que
respecta a la política de contención, se trata de una política que busca por todos los medios, excepto
la guerra: 1) bloquear el aumento de la expansión del poder soviético; 2) exponer las falsedades de
las pretensiones soviéticas; 3) inducir a una retracción del control y la influencia del Kremlin; 4) en
general, impulsar las semillas de destrucción del sistema soviético al punto de lograr modificar su
comportamiento
para
que
se
adecue
a
los
estándares
generalmente
aceptados
a
nivel
internacional…” (traducción propia. The National Security Council, Paper Nº 68, NSC-68 en
Griffinth y Backer, 2001: 305-307).
Según Chomsky, en un análisis sobre la realidad de esos años, el discurso de la
contención con respecto a la amenaza soviética fue utilizado para “shockear” a la
población de modo que aceptara las medidas de intervención y de reconstrucción del
capitalismo industrial de acuerdo con los intereses estadounidenses (2003: 22).
Pero esta no era exactamente la noción de “contención” elaborada por los
académicos y funcionarios de la corriente “realista” de las relaciones internacionales,
corriente que adquirió (no por casualidad) su auge, precisamente, con la Guerra Fría y el
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estatus de Estados Unidos como “primus inter-pares”
5
. El concepto principal del
realismo es “la razón de Estado”, que implica que el Estado es el actor principal de la
política internacional y que es un actor racional; que el líder debe buscar poder; que se
deben calcular racionalmente los costos para la supervivencia del Estado (Dunne y
Schmidt, 2001: 141-161). A diferencia del liberalismo y sus variantes
6
(la otra línea
predominante en la política exterior estadounidense), el realismo sostiene que no existen
principios universales, o más bien, que no existe una “moral universal”. La moral que
debe seguirse es aquella dictada por el “interés nacional” que tiene como premisa la
“autoconservación”
del Estado,
tal
como
lo
expresaban
Kennan,
Morgenthau
y
Lippmann, los principales exponentes del realismo (Schlesinger, 1990).
La premisa del “interés del Estado” identificado con su autoconservación, en última
instancia, permite la aplicación de una “doble moral” donde el Estado es capaz de
sostener un estándar para los ciudadanos al interior de la frontera y un estándar para la
política internacional, porque los asuntos internacionales obligan a los líderes a actuar
en el exterior con acciones que pueden ser inaceptables para los ciudadanos del propio
Estado (por ejemplo: matar, mentir, engañar) (Dunne y Schmidt, 2001). Por otra parte, a
pesar del frecuente rechazo de la moral liberal por parte del realismo, la política exterior
estadounidense utilizó también las premisas del liberalismo y especialmente las del
internacionalismo liberal
7
como la paz, la libertad y la democracia para lograr la
legitimidad necesaria al interior de los Estados Unidos (para legalizar y financiar la
Guerra Fría, tal como enunciamos más arriba) a los fines de sostener una guerra
permanente contra el bloque soviético (Hoffmann, 1988; Schlesinger, 1990; Romano,
2011).
5
Ver Del Arenal, 1994; Barbé, 1995 y Hoffmann, 199.1
6
Una de las tantas clasificaciones es: Internacionalismo liberal, institucionalismo, institucionalismo
liberal (Dunne, 2001)
7
Esta corriente se asocia a los postulados de W. Wilson (1913-1925), que pueden sintetizarse del
siguiente modo: los Estados estarían mejor formados en caso de que pudieran ser autónomos y
democráticos; un mundo políticamente plural estaría predispuesto a ser abierto en lo económico; un orden
mundial anti-imperialista, económicamente interdependiente y políticamente plural necesitaba de la
creación de organizaciones internacionales sin precedente en la historia que tuvieran como principal
objetivo el mantener la paz (Smith, 1999: 174).
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Lo que interesa destacar es que, más allá de las diferencias que puedan marcarse
entre realismo y liberalismo, no se cuestiona el sistema capitalista y su modo de
“organizar” la economía, la sociedad y la política en “propietarios y no propietarios”,
pues el análisis de la política exterior aparece como aislado de la estructura económica y
social. En cambio, desde planteos vinculados al marxismo, la política exterior no puede
ser analizada como una dimensión aislada de la economía, la política y la ideología.
Precisamente, con respecto a la política exterior estadounidense de posguerra, el eje de
discusión de las escuelas críticas en general fue que los lineamientos de dicha política
eran esencialmente imperialistas, pues se trataba de expandir la economía y el modo de
vida americano (
american way of life
) por medio de la injerencia en asuntos internos de
otros países. En este punto, interesa retomar brevemente dos discusiones: lo relativo a la
toma de decisión en la política exterior estadounidense y lo relativo a la definición de
imperialismo.
Con respecto la toma de decisión, desde los trabajos de Gaddis (1989, 2003) hasta
los
análisis
de
Schlesinger
(1990)
se
destaca
la
importancia
de
los
posibles
malentendidos entre funcionarios al interior del gobierno estadounidense así como las
frecuentes disputas burocráticas, en el marco de una visión de la Guerra Fría como
resultado de un “dilema” en el cual cada potencia percibía como “amenazante para su
seguridad” las actitudes o acciones de la otra potencia. Esto se complementa, a la vez,
con el supuesto de que no siempre se encuentran los sujetos más idóneos en la toma de
decisión, y que en contextos de crisis, las limitaciones de tiempo, el estrés y la rigidez
cognitiva de los líderes y sus asesores definen en gran medida la toma de decisión
(Holsti, [1979] 1999). Sin dudas, uno de los trabajos clásicos de la toma de decisión en
la política exterior estadounidense en medio de la Guerra Fría es el de Allison sobre la
crisis de los misiles, que inició una corriente de estudios que abordan en detalle el
proceso de toma de decisión atendiendo a la dimensión grupal o individual y su
“impacto” en la decisión.
8
A pesar de los importantes aportes de tales estudios, el análisis centrado en la toma
de decisión en sí misma corre el riesgo de aislar esta dimensión de la economía política,
8
Ver, a modo de ejemplo: Hermann, Stein, Sundelius y Walter (2001) y Hermann, Preston, Korany y
Shaw (2001).
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es decir que no tiene en cuenta el modo en que se relaciona la toma de decisión con la
estructura económica y la consiguiente estructura social de poder
9
. Es por ello que en
este escrito no interesa tanto el proceso de decisión en sí mismo, sino más bien lo que va
implicado en dicho proceso, como lo planteaba Wright Mills (1978): lo que importa es
hacer visible la red de poder que se genera en el marco de un determinada estructura
histórica (el sistema capitalista) a través de grupos e instituciones y sujetos influyentes
en la toma de decisión. La idea de red rompe con la separación creada desde el
liberalismo entre los “intereses privados” y los “intereses públicos”, que tiene como
correlato la división de la sociedad en tres dimensiones: el Estado, la sociedad civil y el
mercado (Cohen y Arato, 1994). Desde una postura crítica, se cuestiona esta supuesta
separación entre Estado y mercado, entre lo privado y lo público (Meiksins Wood,
2000).
Con respecto a la discusión sobre el imperialismo, es fundamental recordar que
desde la visión realista, sí se percibían tendencias imperialistas en la política exterior
estadounidense
10
, pero que de ningún modo se asociaban a cuestiones económicas sino
que se debía a decisiones del sector militar, político y a la presión de los publicistas
(Schlesinger,
1990: 170-171). Nada
tenían
que
ver
estos
con
los
intereses
del
empresariado, “pues no es la dinámica del capitalismo, sino la del poder la que produce
el imperialismo”
(Ibid,
171)
11
.
Desde
este
punto
de
vista,
el poder
puede
ser
conceptualizado y comprendido por fuera de la estructura económica, al igual que la
“seguridad” (Ibidem, 164).
9
Si bien existe la aproximación a la toma de decisión que toma como punto de partida diferentes niveles
de análisis, incluido el sistémico, pero plantea como punto de partida un sistema de Estados horizontal e
interdependiente (Rourke, 2005).
10
Morgenthau (1986) sostiene que, en realidad, el Estado norteamericano no fue “racional” debido a su
tendencia imperialista, la cual en lugar de llevarlo a realizar “alianzas”, lo llevó a incrementar el gasto
armamentista y a posicionar, en muchas ocasiones lo militar por encima de lo político Ciertamente, como
ya se ha mencionado, fueron las premisas del liberalismo internacionalista (como el discurso de la
democracia y los organismos internacionales) las que buscaron otorgar legitimidad al accionar del
gobierno estadounidense. No obstante, los realistas brindaron los elementos para concretar esta política,
por ejemplo, a través del uso de la fuerza, sumado a que, en general, tendieron a prevalecer los “intereses
nacionales” (la seguridad nacional) por sobre los “ideales nacionales” destacados por los idealistas.
11
Otra de las visiones sobre imperialismo es la planteada por Schumpeter que sostenía la idea de
“imperialismo como atavismo social” que no estaba vinculado al capitalismo, sino que más bien daba
cuenta de las reminiscencias del antiguo régimen todavía presentes en el capitalismo de inicios del siglo
XX. Desde la visión de Schumpeter, a diferencia de lo sostenido por Lenin, el capitalismo estaba
destinado a evitar las guerras y con ello, contener las ansias imperialistas, como lo demostraba el caso
estadounidense (Schumpeter [1919] 1951).
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Voces y Contextos
A diferencia de tal postura, desde una perspectiva crítica, se asume que lo político,
lo económico y lo militar son difícilmente separables pues en conjunto conforman la
política exterior, además de partir de la base de que Estados Unidos era el eje de la
expansión del sistema capitalista monopólico de posguerra, lo que implicaba “prácticas
imperiales”
12
. Esta tesis planteada a inicios del siglo XX por Luxemburgo y Lenin, fue
retomada
y
profundizada
por
el
neomarxismo,
la corriente
del
imperialismo
estadounidense (asociada a los estudios “revisionistas” durante la Guerra Fría, como los
de Kolko) y los postulados de la escuela de la dependencia. Estas escuelas, a la vez que
recuperan aspectos fundamentales del marxismo, cuestionan su percepción acerca de la
periferia y analizan los mecanismos políticos, económicos y militares que se articulan
para garantizar la reproducción del capitalismo en la periferia
13
. En la siguiente
definición de imperialismo proporcionada por Sweezy (1973), se articulan claramente
los postulados de estas tres corrientes:
El impacto económico del imperialismo en el país atrasado puede resumirse así: (a) explotación, por
parte del capital extranjero, de los recursos naturales del país, a menudo por los más modernos
métodos de acción en gran escala pero afectando en forma directa solo a un reducido porcentaje de
los habitantes; (b) creación de una red de transporte, pero con miras a conducir las cosas fuera del
país, no hacia su propia población; (c) estancamiento de la industria y quiebra de los artesanos; y (d)
sostenido deterioro de la agricultura (1975: 15-16)
En este esquema, “la dependencia condiciona no sólo lo económico sino la
estructura social y política” (Johnson, 1970: 114). Así, se entiende por “sistema
internacional” aquello de lo que dependen los países latinoamericanos, organizado en
una estructura de instituciones y de clases de acuerdo al poder, en el seno del cual se da
la
dinámica
del “imperialismo”: un
sistema
institucionalizado
de
control
que
sistemáticamente moldea las instituciones y estructuras de países dominados y limita su
libertad de acción” (Ibid.). Este señalamiento es importante porque en los casos que se
abordarán a continuación se muestra el modo en que se presionó e intervino (incluso por
12
Esta postura parece implicar un distanciamiento con respecto a algunos aportes bastante recientes que
plantean la necesidad de desmitificar la bipolaridad y de atender a cuestiones sociales y culturales
implicadas en al guerra fría, sobre todo cuando es estudiada desde el Tercer Mundo (Dominguez, 2000;
Joseph, 2004; Katz, 2004; Saull, 2004; Gleijeses, 1991; Grandin, 2004, etc.). Si bien estas lecturas no
suelen centrarse en una visión de economía política de las relaciones internacionales, sí plantean en
mayor o menor medida una crítica a la política intervencionista y la expansión de la economía
estadounidense como motor de dicho intervencionismo.
13
Ver: Williams (1960); Kolko (1968); LaFeber (1999); Leffler (1999), Chomsky ([1984]2003); Sweezy
(1973) Baran y Sweezy (1974), Sweezy y Magdoff (1972), Dos Santos (1975), Sunkel (1975); Fernandes
(2008), Gunder Frank (1970), Johnson (1970); Cardoso y Faletto (1973); Saxe Fernandez (1974), Stockes
(2003).
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Voces y Contextos
medio de organismos interamericanos) en aquellos Estados cuyos gobiernos se oponían
a seguir
los lineamientos planteados desde Estados Unidos. También en estos casos
veremos que la imbricación de lo privado y lo público en las “economías nacionales”
cobró evidencia, precisamente, a través del avance del capital monopólico por medio de
las empresas transnacionales, respaldado por el gobierno estadounidense y el complejo
militar-industrial sobre el cual descansaba su estructura económica y política (Mills,
1978; Mellman, 1972; Barnet, 1974; Baran y Sweezy, 1974).
A
su
vez,
la
expansión
del
capitalismo monopólico
a
través
del
capital
multinacional potenció las relaciones de dependencia entre la élite del centro y la clase
dominante de la periferia (Sunkel, 1975; Fernández, 1979 y 2008). Este es un punto
fundamental, pues como bien advertía Cardoza y Aragón (1955) en sus reflexiones
sobre el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, el imperialismo “opera desde
adentro”, haciéndose efectivo gracias al conflicto de clases interno y consolidado por la
creciente dependencia económica y política de estas clases con la elite de Estados
Unidos.
De esta forma, la dependencia parecería no reducirse a lo económico sino que es
una condición estructural que se percibe desde la conformación misma de los Estado
Nación en América Latina, pues las minorías “criollas”, que buscaban emanciparse de la
metrópoli en términos político-administrativos, no tenían como objetivo acabar con las
relaciones desiguales (especialmente en términos económicos) con los países europeos y
luego con
los
Estados
Unidos.
La
posible
razón
de
esta paradoja
es
que
la
desvinculación
hubiera
implicado
la pérdida
del
estatus
político
y
económico
preservado gracias a los lazos de dependencia con las elites de las metrópolis. Así, en
América Latina, “el Estado surge como un instrumento de excelencia de la dominación
burguesa que explica las limitaciones de su eficacia: sus metas son egoístas y
particularistas y son raras las coincidencias que convierten ‘lo que interesa a ese grupo’
en algo relevante para toda la Nación. En tales circunstancias, la dominación burguesa
no es útil ni para llevar a cabo la revolución nacional (a causa de sus conexiones
estructurales y dinámicas con las burguesías de las naciones capitalistas hegemónicas y
con el capitalismo internacional) ni para promover la democratización de la riqueza, del
prestigio social y del poder” (Fernandes, 1979: 29-30). Esta estructura se vio amenazada
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Voces y Contextos
en diferentes momentos de la historia de América Latina, siendo las experiencias de los
gobiernos de Arbenz, Goulart y Allende, algunos de los procesos que intentaron romper
en mayor o menor medida con esta dinámica.
Todo lo expuesto hasta aquí lleva a pensar que la abstracción de “relaciones
internacionales”, en los hechos, se materializa en relaciones entre elites (minorías
privilegiadas con mayor influencia o acceso directo a la toma de decisión)
14
, que bajo la
fachada de supuestos “intereses nacionales” esbozaban (con mayor o menor precisión)
una determinada política interna y externa: “en sociedades de capitalismo moderno
como la nuestra [la estadounidense] la toma decisión tanto a nivel político como
económico, está dominada por el sector privado, por el sector de los negocios”
(Chomsky ([1984]2003: 5).
Ahora bien, esta confluencia de intereses entre los miembros de la cúpula de la
clase dominante, no implicaba la ausencia de tensiones al interior de cada gobierno,
entre las diferentes agencias y sectores
15
. No obstante, específicamente en el caso del
gobierno estadounidense, existían una serie de objetivos comunes con respecto a
América Latina, orientados a garantizar el suministro de materias primas y recursos
estratégicos que podía ser amenazado por el avance del comunismo, aunque hubiera
diferencias en el modo de concretar esta meta. Este objetivo común adquirió mayor
solidez aún luego de la Revolución Cubana. Seguidamente, entonces, realizaremos una
revisión histórica del derrocamiento de los gobiernos de
Arbenz, Goulart y Allende, en
tanto procesos en los que el gobierno estadounidense aparece vinculado de modo directo
o indirecto.
El derrocamiento de Jacobo Arbenz
El
derrocamiento
de
Arbenz
fue
fundamental
tanto
para
la
política
exterior
estadounidense y el paso de la doctrina de seguridad hemisférica a la doctrina de
seguridad interna, como para las experiencias nacionalistas en América Latina.
14
La definición de “elite del poder” es de Wright Mills (1978), que trabaja el concepto en especial para dar
cuenta de los grupos influyentes en la toma de decisión a nivel nacional y el modo en que se construye la
red de poder. También nos centramos en los aportes de Miliband (1970) que articula la definición de elite
con la de clase dominante, recuperando la visión marxista.
15
No postulamos que los gobiernos no tengan ningún tipo de autonomía en la
toma de decisiones, lo que
sostenemos es que los gobiernos estaban conformados o fuertemente influenciados por minorías vinculadas
al poder económico, político y militar.
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Voces y Contextos
Considerando los objetivos de Estados Unidos para América Latina en el marco de
la Guerra Fría, gobiernos como el de Jacobo Arbenz (1951-1954) en Guatemala se
presentaban como una amenaza a la seguridad hemisférica, pues las acciones de
regulación del capital extranjero y de reforma agraria eran consideradas causantes de
“inestabilidad” e indicios de infiltración comunista (o acciones que podían favorecer
dicha infiltración).
Esto se entiende cuando se consideran los principales objetivos del gobierno
estadounidense para la región, centrados en la obtención de materiales estratégicos y
materias
primas
y en la
expansión
del
capital
privado.
Eisenhower
“temía
el
resurgimiento del nacionalismo en países en desarrollo por hallarse este estrechamente
ligado al socialismo” (Rabe, 1988: 30). Esta percepción se distanciaba bastante de lo
que en realidad sucedía, pues los partidos comunistas, en general, tuvieron que
renunciar a su ortodoxia para asociarse a los partidos/movimientos nacionalistas que
eran los que tenían mayor capacidad y posibilidades de acceder a la esfera política
formal mediante elecciones (González Casanova, 1979). La tensión entre el gobierno
democrático de Arbenz y el gobierno estadounidense, llevó al Secretario de Estado de
Eisenhower, Dulles, a aseverar que en América Latina era inminente garantizar la
estabilidad, antes que la democracia (Rabe, 1988: 39).
Desde esta perspectiva es que el gobierno estadounidense acusó a Arbenz de
promover el comunismo en la región
(Mecham, 1961: 437). La gran prueba de la
“infiltración” del comunismo en Guatemala eran los conflictos de Arbenz con la United
Fruit Company (UFCO), debido a la expropiación de tierras de esta empresa. Las
tensiones con esta compañía (una de las más grandes de Estados Unidos en ese entonces
[Mecham, 1961: 439]) se habían gestado durante la presidencia de José Arévalo (1945-
1951), cuando entró en vigencia el Código de Trabajo que regulaba las relaciones entre
patrón y obrero por primera vez en la historia guatemalteca y que ponía ciertas trabas al
“normal funcionamiento” de la UFCO. Vale señalar que esta empresa era uno de los
monopolios de mayor poder en América Central. En Guatemala, era dueña de todos los
ferrocarriles y del puerto de Barrio, el más importante del país, mientras en la región,
La UFCO que conduce grandes operaciones en nueve países latinoamericanos, domina la
producción de banana. La compañía controla el único sistema de transportes efectivo, la
International Railways Central America
. A través de su flota mercante, la compañía tiene un
monopolio virtual del tráfico marítimo guatemalteco. Es dueña o alquila grandes extensiones de
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Voces y Contextos
tierras en Guatemala, y es la segunda empleadora de mano de obra después del gobierno”.
(traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.
3. National Intelligence Estimate).
Estos pocos datos dan cuenta de la envergadura de los intereses privados en juego
(Rabe, 1988) y el poder de esta empresa, los cuales se tradujeron en su enorme
influencia en la toma de decisión al interior del gobierno estadounidense.
Las acciones “amenazantes” del gobierno de Guatemala, llegaron a su punto
culmine el
26 de febrero de 1953, cuando Arbenz firmó una orden del Consejo
Nacional Agrario de Guatemala para la expropiación bajo previsión de la Ley de
Reforma Agraria del 17 de junio, de aproximadamente 234 000 acres de la UFC,
ofreciendo bonos de compensación a la empresa. La UFCO acudió al gobierno
estadounidense para solicitar que salvaguardara sus intereses. En realidad, no es que la
empresa “acudiera” en busca de apoyo, sino que, por un lado, el gobierno de
Eisenhower se había comprometido a impulsar el capital privado (Loayza, 2008) y, por
otro lado, varios funcionarios de alto rango tenían acciones o habían ocupado cargos
ejecutivos en la UFCO y sus subsidiarias (Schlesinger y Kinzer, 1987; McCann,
1976)
16
.
Ante la presión de la UFCO, el gobierno de Estados Unidos consideró que el pago
diferido de las tierras expropiadas en forma de bonos agrarios no constituía una
compensación adecuada para la empresa, además de ser inadecuado el monto, en orden
a los principios de las leyes internacionales al respecto. El gobierno de Guatemala
replicó que las extensiones expropiadas correspondían a tierras improductivas, que no
generaban ningún beneficio a la compañía (traducción propia. United States Department
of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV.Doc. 13 Editorial Note).
La alianza entre el gobierno de Estados Unidos y la UFCO, se evidenciaba en el rol
que los funcionarios y el gobierno estadounidense asignaban a esa empresa: “el
desarrollo político futuro depende de la relación del gobierno de Guatemala con la
16
En el caso de la relación UFCO-gobierno estadounidense se visualiza de modo bastante claro la
vinculación entre la cúpula de la clase política y del empresariado estadounidense y de Guatemala,
además de ponerse en evidencia el proceso de “
revolving door
” (puerta giratoria) por medio del cual los
funcionarios públicos de alto rango pasan a ocupar cargos ejecutivos en las grandes corporaciones y
viceversa. Esto no significa que la persona que pasa de una institución a otra condicione las políticas y
decisiones de uno u otro espacio según los intereses del lugar del que proviene, pero sí asegura una sólida
red entre sector privado y sector público (esto lo analizan especialmente McCann, 1976).
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Voces y Contextos
United Fruit”, a la vez que concebían como “intercambiables” los intereses de Estados
Unidos y los de sus grandes empresas: “es probable que el gobierno [de Arbenz] y los
sindicatos, bajo influencia comunista y alentados por el nacionalismo, ejerzan crecientes
presiones en otros intereses de los Estados Unidos [como la UFC], especialmente a la
Railway”.
El argumento clave para autorizar la intervención era que “la situación en
Guatemala afecta la seguridad de los Estados Unidos” (traducción propia. United States
Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 3). Lo mismo se puso
de manifiesto a nivel de la formalidad en las negociaciones cuando, ante conflictos con
empresas estadounidenses (como la UFCO) el gobierno estadounidense solicitó al
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Guillermo Torriello, “que hiciera
algún arreglo con representantes de la UFCO,
o bien
, que se llevara a cabo una
negociación entre gobiernos” (traducción propia. United States Department of State.
Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV.Doc. 13, las cursivas son nuestras), con lo cual
se entiende que la negociación con la empresa se hallaba al mismo nivel que la
negociación
entre gobiernos.
Es
por
ello
que
no
sorprende
que
el
gobierno
estadounidense –ante las negativas de Arbez– presentara “una queja formal en contra de
Guatemala,
en nombre
de la UFCO, por el apoderamiento de tierras que tenía la
compañía en Tiquisate” (traducción propia. United States Department of State. Foreign
Relations. 1952-1954, Vol. IV.Doc. 13, las cursivas son nuestras).
Para sintetizar la vinculación entre la toma de decisión a nivel del gobierno de
Estados Unidos –aunque no sin tensiones internas– y los intereses de las grandes
empresas, retomamos la siguiente afirmación:
El principal problema que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en Guatemala es con relación a
los intereses privados estadounidenses. Influenciado por comunistas y nacionalistas, el gobierno de
Guatemala comenzó la expropiación de importantes propiedades estadounidenses, habiendo
implementado una política hostil con respecto a las empresas estadounidenses por varios años, todas
ellas con vastos intereses en dicho país (traducción propia. United States Department of State.
Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV Doc. 17. Draft Policy Paper Prepared in the Bureau of Inter-
American Affairs).
Además, se dejaba en claro que “las principales víctimas de la reforma agraria serían los
terratenientes de Guatemala y la UFCO” (traducción propia. United States Department
of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 15. National Intelligence
Estimate).
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Voces y Contextos
Esta postura reforzaba la tesis acerca de la amenaza del comunismo internacional
en Guatemala, lo cual permitía justificar la intervención del gobierno estadounidense
(traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1952-1954,
vol IV, Doc. 3). Se argumentaba, por ejemplo, que: “en Guatemala, el comunismo ha
alcanzado la posición más fuerte de toda América Latina, y ahora está avanzado en un
programa que amenaza a importantes empresas comerciales americanas en aquel país y
puede llegar a afectar la estabilidad de los gobiernos vecinos. La continuidad de la
tendencia actual en Guatemala terminará poniendo en peligro la unidad del Hemisferio
Occidental en contra de la agresión soviética, y la seguridad de nuestra posición
estratégica en el Caribe, incluyendo el Canal de Panamá” (traducción propia. United
States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV Doc. 17).
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala aseguró que el tipo de
acusaciones sostenidas y divulgadas en el Norte estaban dirigidas a convencer a los
demás países del continente sobre la necesidad y conveniencia de intervenir en los
asuntos internos de cualquier Estado que implementara políticas de desarrollo nacional,
aún sin estar bajo el ideario comunista (Slater, 1967: 118-119). A estas declaraciones
oficiales, se sumaban las quejas con respecto a la permanente presión estadounidense,
que Arbenz elevó a las Naciones Unidas.
Para evitar mayores suspicacias a nivel de la opinión pública internacional –y a la
vez asegurar la intervención en Guatemala–, el gobierno de los Estados Unidos llevó a
cabo una “política de dos vías” (Wood, 1985: 162). La primera consistía en la
organización de una operación encubierta organizada por la Central Intelligence Agency
(CIA) orientada a apoyar a los rebeldes liderados por el militar Castillo Armas (opositor
al gobierno en turno), a los sectores disidentes internos (Jonas, 1979; Grandin, 2004) así
como grupos opositores en países vecinos. La segunda vía, era la que debía transitarse a
través de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la alternativa de discutir
a nivel interamericano y decidir “multilateralmente” las acciones sobre Guatemala. Esta
vía se materializó en la “X Conferencia Interamericana” realizada en marzo de 1954 en
Caracas, donde el sistema interamericano devino en una alianza anticomunista, sentando
un
precedente para la historia posterior en América Latina, como lo sostuvo luego el ex
presidente
Arévalo:
“Las
grandes
naciones
sudamericanas
que
están
atadas
por
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Voces y Contextos
discutibles
compromisos
jurídicos
internacionales
para
asistir
‘sin excusa’
a
las
llamadas ‘Conferencias Panamericanas’, corren el peligro de que de hoy en adelante,
con base en los gobiernos títeres que los Estados Unidos han sabido colocar en los
países del Caribe, tengan que someterse a la triquiñuela de las votaciones “mayoritarias”
que por lo visto jamás estarán en contra de los intereses de Estados Unidos” (Arévalo,
1954: 86).
17
Mientras tanto, con respecto a los disidentes internos, el Departamento de Estado
estimaba que el potencial anticomunista en Guatemala estaba constituido por las fuerzas
armadas; la jerarquía eclesiástica; los terratenientes y hombres de negocios; el sector
ferroviario anticomunista; una parte importante de estudiantes universitarios (traducción
propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.
15). Con respecto a los segundos, se planteaba como clave en la política de intervención
militar mejorar los acuerdos con Honduras, Nicaragua y El Salvador y apoyar con
armas, material y asistencia militar en general (traducción propia. United States
Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.16. Memorandum by
the Officer in Charge of Central America and Panama Affairs (Leddy) to the Assistant
Secretary of State for Inter-American Affairs (Cabot).
Ambas vías de acción se complementaban con mecanismos de presión económica
centrada en decisiones financieras o en el precio de bienes primarios para crear un clima
de inestabilidad. Desde esta perspectiva se acordó que: “1) no se le dará asistencia
prioritaria a Guatemala; 2) las cuotas de materiales que se hallan bajo el régimen de
restricciones cuantitativas serían recortadas; 3) en el caso de las exportaciones de
productos carentes de restricciones cuantitativas, se consultará con el Departamento de
Estado y la embajada, si hubiere algunos aspectos particulares que pudieran generar un
efecto
palanca”
(traducción
propia. United
States
Department of
State.
Foreign
Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.8. Memorandum of Conversation, by the Acting
Officer in Charge of Central America and Panama Affairs).Una estrategia que no
alcanzaba a las empresas estadounidenses operando en el país, tal como lo había
17
Esta crítica realizada en aquel momento adquiere enorme actualidad debido al proyecto de la
conformación
de
un
organismo
interamericano
sin
Estados
Unidos
y
Canadá
ver:
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Voces y Contextos
señalado el embajador norteamericano Schoenfeld (traducción propia. United States
Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.8).
Pero no debe olvidarse que, más allá de las presiones económicas el objetivo era la
desestabilización y la consiguiente intervención militar, para lo cual se estaba llevando a
cabo un trabajo rápido y eficaz, según lo expresaba un memorando de octubre de 1952:
“1) un plan militar en contra de Guatemala ya ha sido formulado; 2) se necesita
solamente un líder para poner el plan en acción; 3) se espera implementar el plan este
año; 4) todos los elementos involucrados esperan ‘luz verde’ y un apoyo importante en
armas” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-
1954, Vol. IV 6. Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-
American Affairs (Mann) to the Secretary of State).
La intervención militar directa debía ser más o menos legítima, por lo que se hacía
necesaria alguna “justificación”, por eso el operativo encubierto de la CIA funcionó
especialmente en el plano de la “guerra psicológica”, es decir, a través de propaganda en
prensa gráfica y radios de Guatemala y Estados Unidos, promoviendo una imagen de
inestabilidad y denunciando las prácticas comunistas del gobierno de Arbenz (Cullather,
2006), mientras se apoyaba la estrategia militar del opositor Castillo Armas en su
objetivo de derrocar al presidente (traducción propia. United States Department of State.
Foreign Relations, 1952-1954, vol IV, doc. 6)
18
.El golpe de Estado fue favorecido por
las condiciones internas de Guatemala, particularmente, los conflictos y luchas de los
diferentes sectores a partir de la reforma agraria, que implicó un cambio rotundo en las
estructuras
socioeconómicas con
la incorporación
del
indio
campesino
como
propietario; cuestión rechazada especialmente por los ladinos (criollos). La lucha de
poder entre los estratos más bajos y la oposición de la clase media a medidas
redistributivas, permiten pensar en la hegemonía de la gran burguesía local (atada a los
intereses extranjeros), incluido el ejército, en la definición del “interés nacional”.
Es así que el imperialismo operó desde adentro, legitimado por buena parte de la
población guatemalteca, y especialmente por el ejército, que era el sector clave tanto
18
En documentos desclasificados en 1997, puede leerse claramente el apoyo de este organismo
norteamericano al líder Castillo Armas en la perpetración del golpe de Estado a Arbenz el 16 de junio de
1954, y en el plan de persecución a comunistas guatemaltecos (The National Security Archive. CIA and the
Guatemala Assassinations Proposals 1952-1954).
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Voces y Contextos
para provocar la inestabilidad total como para evitarla. Como lo sostenía Cardoza y
Aragón:
De hecho, los militares tienen hoy el control de la mayor parte de nuestros países, en forma
dictatorial. Y por medio de ellos, los Estados Unidos ya no necesitan desembarcar marinos: son su
policía que cuida los monopolios y la línea política interna e internacional. Esos militares se
especializan en poner la etiqueta del señalamiento como enemigo: ‘comunista’ (…) Dólares, cruz y
espada. La burguesía de América vive en gran parte condicionada por la enorme presión
norteamericana y por la identificación antipatriótica de sus intereses con los extranjeros” (1955: 49-
50).
Del lado de Estados Unidos, el éxito del operativo de la CIA, la implantación de un
gobierno militar y el apoyo a sectores civiles opositores al gobierno de turno sentaron
las
bases
de
la
dinámica
de
estabilización-desestabilización
19
que
justificó
la
permanente intervención abierta o encubierta de Estados Unidos en Guatemala, así
como en diferentes países de América Latina.
A partir del derrocamiento de Arbenz se sucedieron en Guatemala una serie de
gobiernos militares y cívico militares que implementaron doctrinas de contrainsurgencia
luego canonizada en la Doctrina de Seguridad Nacional que legalizó el terrorismo de
Estado primero y la guerra de baja intensidad en la década de 1980 (Jonás, 1979, 1991;
Blum, 1995). El espiral de violencia pervive hasta la actualidad, siendo Guatemala uno
de los países más pobres y más violentos de América Latina (UNDP-OEA 2010; World
Bank, 2010).
El derrocamiento de Joao Goulart en Brasil
La
revolución
cubana
marcó
un
punto de
quiebre
en
la
retórica
del gobierno
estadounidense
hacia
América
Latina.
En
sus
últimos
años
de
gobierno,
la
administración Eisenhower asumió que la política de apoyo incondicional al capital
privado no había generado un mayor desarrollo en la región y que entonces había que
plantear mecanismos de asistencia desde el Estado (Rabe, 1988). Una nueva estrategia
fue implementada por su sucesor, J. F. Kennedy, con el programa de la Alianza para el
Progreso (1961) y que consistía en una serie de lineamientos para contribuir con el
desarrollo económico y social de América Latina, pues se consideraba que la pobreza
19
A propósito de esta dinámica ver: Delgado y Romano (2011).
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era la que generaba inestabilidad y con ella, el terreno propicio para la infiltración
comunista. En el marco de esta “nueva política”, se llevó a cabo el derrocamiento de
Goulart en Brasil, “justificado” (al igual que el golpe contra Arbenz) por la inclinación
comunista de este gobierno.
Luego de la renuncia del presidente brasileño Janio Quadros (enero-agosto 1961),
asumió la presidencia el ex-vicepresidente Joao Goulart (1961-1964), situación que
generó preocupación en los sectores conservadores de las principales ciudades debido a
que provenía del PTB (
Partido Trabalhista Brasileiro
), y contaba con el apoyo del
sindicalismo, del ala nacionalista del ejército y de amplios sectores de la población. El
plan de acción del nuevo presidente se centraba en el desarrollo económico-social
mediante medidas redistributivas, en la expropiación de compañías extranjeras, la
alfabetización masiva, etc. De hecho, fue Celso Furtado quién diseñó el primer plan
trienal de desarrollo. Estos planes incluían proyectos como el de la
Superintendencia do
Desenvolvimento do Noroeste
(SUDENE) que atendían en especial a la situación crítica
del Nordeste brasileño, la zona más pobre del país.
La llegada de Goulart implicó un deterioro de las relaciones con Estados Unidos,
que aumentaron con la negativa de la gestión brasileña a imponer sanciones contra Cuba
en la Conferencia de la OEA llevada a cabo en Punta del Este, en 1962 (Rapoport y
Laufer, 2000). A esto se sumó el desinterés de Goulart por atender a los “consejos de
reforma democrática” propuestos por el gobierno norteamericano (traducción propia.
United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968 Vol. XXXI. Doc.
208). Esta conducta (además de la tendencia político-ideológica de Goulart) llevó al
gobierno estadounidense a definir al presidente de Brasil como un “irresponsable”
(Traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968,
Vol. XXXI. Doc. 2).
Por otro lado, propuestas como la de expropiar bienes a empresas estadounidense
profundizaron las tensiones mientras se multiplicaban las medidas. Siguiendo el
programa propuesto, Goulart nacionalizó los siete distribuidores de petróleo del país a
la vez que se inició una de las reformas agrarias más serias a nivel nacional
(Leguizamón, 1985: 79-80). En una de las conversaciones documentadas de Goulart con
el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, el presidente enunció
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algunos problemas con respecto a la subsidiaria de la American And Foreign Power
Company (AMFORP) en Vitória, y sugirió que la responsabilidad por esa empresa sería
trasladada al Estado (traducción propia. United States Department of State. Foreign
Relations 1964-1968, Vol XXXI Doc. 183. Telegram From the Embassy in Brazil to the
Department of State).
En agosto de 1962 se sancionó una ley que conminaba a las compañías extranjeras
a limitar sus remesas de ganancias al 10 por ciento del capital invertido en Brasil, a la
vez que establecía que la reinversión de dichas ganancias no sería considerada como
capital nuevo (Laguizamón, 1985: 78). Una cuestión que tenía claras consecuencias
económicas para la vasta inversión estadounidense en el país: según un informe del año
1962 de la Cámara de Comercio brasileña, había instaladas en Brasil 24 grandes
empresas industriales estadounidenses que empleaban a más de 61 mil personas y
aportaban 20.5 mil millones de cruzeiros al año en pago de impuestos (Gordon, 1963:
91-92).
Ante esta situación, el gobierno de Goulart se transformó en uno de los principales
problemas para el gobierno de Kennedy, que preveía un inminente “deterioro” de la
situación de Brasil, previsión no sólo basada en “estimaciones”, sino en la presión
económica ejercida de hecho por Estados Unidos por medio del recorte de créditos y la
acción directa a través de operaciones encubiertas (Moniz Bandeira, 2004: 329-330).
La situación llegó a su punto de quiebre cuando, en ocasión de un acto político a
fines de 1963, Goulart firmó un decreto para expropiar las refinerías de petróleo
extranjeras, y al día siguiente convocó al Congreso a firmar una medida destinada al
control de las rentas, a la vez que impulsó la legalización del Partido Comunista. Estas
medidas,
“alarmaron
a
la
mayoría,
sino
a
toda
la
comunidad
de
negocios
estadounidense”. Además, este nuevo paso dado por Goulart, habilitó a Lincoln Gordon
(uno de los principal promotores del golpe militar) a asegurar que la situación
empeoraba día a día, dando cuenta de “la presencia de elementos muy peligros no
vigentes con anterioridad” (traducción propia. United States Department of State.
Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI. Doc. 184. Telegram from the Embassy in
Brazil to the Department of State).
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Voces y Contextos
La preocupación se tradujo en el envío de algunos funcionarios estadounidenses
para dialogar con el sector de negocios brasileño. Se reunieron con grupos de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos en Río de Janeiro y San Pablo, y con buena parte de los
hombres de negocios y banqueros importantes de Brasil y Estados Unidos; asimismo,
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con los gerentes de la American
Foreign Power y la Brazilian Light and Power, que constituían uno de los objetivos de
nacionalización del gobierno de Goulart (traducción propia. United States Department
of Sate. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 227)
20
.
Las conversaciones se plasmaron en las recomendaciones realizadas en ocasión de
una de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en lo relativo a
la política de asistencia estadounidense a Brasil, aspecto fundamental en el programa
trienal de Celso Furtado. Para recibir tal asistencia, una condición inicial era que el
gobierno de Goulart “llegara a un acuerdo satisfactorio con la IT&T, que corrigiera los
defectos de la ley de remesas, que demostrara un apoyo público a los programas de la
Alianza para el Progreso y que tomara las medidas necesarias para la estabilización
económica y financiera” (traducción propia. United States Department of Sate. Foreign
Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc.230). Asimismo, en las recomendaciones se
señalaba la necesidad de “mantener un clima favorable en Brasil para las inversiones
estadounidenses, y para asegurar la máxima participación de capital norteamericano en
los programas de la Alianza para el Progreso implementados en Brasil” (traducción
propia. United States Department of Sate. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc.
233). Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende mejor por qué la “estabilización y el
saneamiento”
de
la
economía
y
del
sector
financiero
brasileño
constituían
las
principales recomendaciones y demandas del gobierno estadounidense (traducción
propia. United States Department of Sate. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc.
227). A su vez, la estabilidad se consideraba como un requisito básico para lograr una
“economía moderna y competitiva que pudiera conformar una base sólida para la
democracia
en
una
nación
que
probablemente
devendrá
en
potencia
mundial”
20
Finalmente, el gobierno brasileño cumplió con el requisito de negociar un buen monto para las
expropiaciones de la IT&T y la AMFORP (Traducción propia. United States Department of Sate. Foreign
Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 230), aunque esto no fue suficiente para que Estados Unidos
renunciara a apoyar a la oposición en las acciones orientadas a la desestabilización del gobierno de
Goulart.
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(traducción propia. United States Department of Sate. Foreign Relations, 1961-1963.
Vol. XII. Doc. 233).
En
orden
a
tales
premisas,
preocupaba
a
los
funcionarios
del
gobierno
estadounidense la “terrible situación económica” que agobiaba a Brasil, asegurando que
la inflación había alcanzado un 80% el año anterior y que las perspectivas para el año
en curso eran peores, acompañadas por una estanflación que no se vivía desde los 30,
que obedecía en parte a la “disminución en las inversiones extranjeras” (en orden a la
“desafortunada” ley sobre remisión de ganancias) y por la reducción de las inversiones
locales (debido a la inflación y a la falta de perspectivas). El único “punto a favor” era
el comercio exterior, pero eso se debía al buen precio que había alcanzado el café”
(traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968.
Vol. XXXI. Doc. 185).
A esta “crítica situación económica” se sumaba una “dramática” situación política.
Según los documentos desclasificados: “La única cuestión peor que la situación
económica, es la situación política. Goulart es un
incompetente
, un delincuente juvenil
que representa a la minoría de los brasileños. Sobrevivirá a duras penas a la corta. A la
larga, probablemente intentará una revolución de tipo peronista, con mucha corrupción
en la cúpula y el apoyo de los trabajadores” (traducción propia. United States
Department of State. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc. 185). Gordon aseguraba, también,
que la situación empeoraba día a día, dando cuenta de “la presencia de elementos muy
peligrosos no vigentes con anterioridad” (Traducción propia. United States Department
of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXXI. Doc. 184). Ante esta coyuntura,
desde
Estados
Unidos, se
planteaban
diferentes
alternativas
de
intervención,
especialmente la presión económica –que venía siendo aplicada desde hacía tiempo–
aunque el Departamento de Estado no estaba seguro de los efectos que tales estrategias
podrían generar: “¿Debemos abandonar, enfriar o modificar la estrategia de la
negociación de la deuda para evitar reforzar el prestigio de Goulart? ¿Debemos retener
la aprobación o el anuncio de aprobación de los préstamos de la AID? ¿Existe otra
medida no militar deseable para polarizar la situación para desfavorecer a Goulart?”
(traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968,
Vol XXXI. Doc.190. Telegram from the Department of State to the Ambassador to
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Brazil). Finalmente, bajo la iniciativa de los sectores disidentes internos y el apoyo de
los Estados Unidos, se llevó a cabo un proceso desestabilización que incluía la
posibilidad de derrocar al gobierno de Goulart por medio de un golpe militar.
De este modo, se pueden definir dos momentos clave en el derrocamiento del
orden democrático: un primer momento orientado a la desestabilización (en el contexto
de una situación interna de crisis e internacional de descrédito del gobierno vigente), y
una segunda etapa destinada al golpe de Estado Militar (Fico, 2008: 76) En el marco de
la primera etapa, se llevaron a cabo las campañas de presión política y económica por
parte del gobierno estadounidense. La presión política se puso en evidencia en la
decisión tomada por miembros del Consejo de Seguridad Nacional, la AID y el
Departamento de Estado, destinada a “buscar que el gobierno de Brasil se oriente hacia
un cambio político y económico” (traducción propia. United States Department of Sate.
Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 230). La decisión se materializó en el
apoyo económico de Estados Unidos a los grupos opositores de Goulart en las
elecciones de 1962 con una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares (Fico,
2008: 78).
Los sectores que se oponían a Goulart, según el gobierno estadounidense, eran los
“legítimos sectores democráticos que se oponían al comunismo”, como algunos
congresistas, la mayoría de los gobernadores provinciales, un importante grupo en las
fuerzas armadas, la comunidad de industriales de San Pablo, los medios de información
masiva, la iglesia y algunos sectores de trabajadores y estudiantes (traducción propia.
United States Department of Sate. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 235).
Efectivamente, no sólo las capas más elevadas de la clase dominante apoyaron el
derrocamiento de Goulart, sino también “las burguesías y las capas intermedias en
contra del ‘peligro comunista’, de la subversión interna y de la presión de las masas
sobre el Estado” (Cardoso y Faletto, 1973: 156), escenario parecido al planteado en
Guatemala.
En un documento elaborado por el Departamento de Estado y la AID, se aseguraba
que de todos estos grupos “los militares parecen constituir la única fuerza capaz de
mantener y restaurar el orden público, y si fuera necesario, de reordenar el gobierno y
remediar el deterioro económico producido por las políticas del presente régimen, en
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caso de que la situación se ‘le vaya de las manos’” (traducción propia. United States
Department of Sate. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 240). En síntesis,
como la “inestabilidad” económica y política “podía hacer estallar al país en cualquier
momento”, había que tomar medidas de manera inmediata, proponiéndose como líder
de la “resistencia democrática” al militar Castelo Branco (traducción propia. United
States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc.187).
En caso de que fracasara el operativo montado a nivel nacional, los Estados Unidos
intervendrían con apoyo en armas y militares para asegurar los resultados. Esto último
fue denominado “operación
Brother Sam
”, que si bien no fue llevada a cabo, demuestra
el apoyo decisivo de Estados Unidos al derrocamiento de Goulart (Fico, 2008: 101;
traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V.
XXXI Doc.193 y 203). El golpe de abril de 1964, según uno de sus líderes fue ‘una
contrarrevolución preventiva’ y Goulart dimitió sin resistencia (Bambirra y Dos Santos,
1984: 154). Por último, un dato a destacar es que el derrocamiento de Goulart no fue
informado al presidente Johnson sino un par de horas después de consumado el hecho,
con lo cual se pone en evidencia la influencia de ciertos sectores del gobierno –
especialmente de la CIA y los órganos de decisión vinculados a ella– para llevar a cabo
ciertas acciones, incluso sin la avenencia del presidente
21
.
Como bien lo definieron los miembros del Consejo de Seguridad Nacional
estadounidense, la estrategia de derrocamiento de Goulart abría una nueva etapa en los
mecanismos de Golpe de Estado en América Latina: “la actual revuelta en Brasil no es
la de un ‘golpe’ tradicional del tipo latinoamericano, sino una combinación de
gobernadores, funcionarios de gobierno y líderes militares que se han unido para
21
El 2 de abril de 1964 (12:25 a.m. EST), la Oficina de la Embajada en Brasilia informó que el Presidente
Goulart se había ido de Brasil en un avión. El Subsecretario de Estado Ball, que estaba controlando la
situación desde Washington, describió su rol en los eventos subsiguientes: "A las tres de la mañana, estaba
en el Departamento, lo que era normal en momentos de crisis. Rusk estaba en algún lado afuera. Como
mencioné, las crisis parecen haber ocurrido siempre cuando yo estaba bajo el rol de Acting Secretary. No sé
por qué. Finalmente, bajo la extrema urgencia de nuestro embajador allá que era [Lincoln Gordon], envié
un telegrama que tuvo el efecto de, en efecto, reconocer al nuevo gobierno. Goulart no estaba del todo fuera
del país, yo me estaba arriesgando. Pero funcionó perfectamente y fue muy efectivo. Fue una de esas cosas
que pusieron un punto final a la gestión de Goulart. Pero el Presidente estaba furioso conmigo, la única vez
que lo vi realmente enojado conmigo, pienso. ¿Por qué no lo puse en conocimiento? ¿por qué hice esto sin
que él lo supiera? Yo dije ‘Eran las tres de la mañana, Sr. Presidente’. El dijo ‘Nunca más hagas eso. No
me interesa qué hora de la mañana sea, quiero saber. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal, pero
después de lo sucedido quiero saber’ (traducción propia. United States Department of State. Foreign
Relations. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc. 204. Editorial Note).
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derrocar a Goulart en el momento en que estos grupos se convencieron de que Goulart
estaba llevando a Brasil hacia el desastre económico y político” (traducción propia.
United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI Doc.208.
Summary Record of the 526th Meeting of the National Security Council With the
Congressional Leaders).
El nuevo gobierno de Castelo Branco fue reconocido casi de inmediato por la
presidencia de Johnson (Fico, 2008: 127). Con su dictadura se inició un período de dos
décadas de gobiernos militares, anulación de los derechos constitucionales y represión
desde el Estado. Durante la década de 1960, hubo una creciente apertura de la
economía brasileña y un estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos, a los
fines de concretar un “milagro económico” en condiciones de represión absoluta. Según
el embajador Gordon “la revolución” impulsada en Brasil “fue una de las victorias más
decisivas para la libertad hacia mediados de siglo XX (…) uno de los puntos de
inflexión en la historia del siglo XX” (Chomsky, 2003: 25). Veamos, entonces, otro
caso paradigmático: el derrocamiento de Salvador Allende en Chile.
El derrocamiento de Salvador Allende en Chile
La acción encubierta en Chile se extendió por diez años, contando con especial apoyo
de las empresas estadounidenses en las diferentes medidas aplicadas
22
. De hecho, a
principios de los sesenta, la economía chilena se caracterizaba por el predominio de
empresas estadounidenses en la extracción de cobre y en el sector manufacturero en
general (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI. Doc. 249. Memorandum From
Gordon Chase of the National Security Council Staff to the President’s Special
Assistant
for
National
Security
Affairs). En
orden
a
los
importantes
intereses
involucrados, lo que preocupaba a los empresarios, especialmente los del sector
extractivo, era la posibilidad de que asumiera algún líder político “nacionalista”, capaz
de perjudicar los intereses “privados”.
22
La mayor parte de la información acerca de la intervención del gobierno estadounidense en Chile es la
provista por el “Informe Church”. Este informe fue elaborado por Frank Church, quien en 1972 fue
nombrado presidente del Subcomité de Corporaciones Multinacionales del Congreso de los Estados
Unidos.
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En 1964, el gobierno de Estados Unidos implementó varias estrategias para evitar
que Salvador Allende accediera a la presidencia, porque se preveía que “entre los
efectos inmediatos de una victoria de Allende, estaría el pánico virtual entre las clases
altas y las medias altas, y una paralización en la inversión privada (…) El impacto
económico negativo será muy grande casi de manera inmediata, en el corto plazo.
Allende, probablemente, tratará de expandir actividades y esfuerzos de aquellas
instituciones del gobierno chileno que se hallan involucradas en la compensación de las
pérdidas del sector privado” (traducción propia. Foreign Relations, 1964-1968, Volume
XXXI. Doc. 251. Telegram From the Embassy in Chile to the Department of State). Se
tomaron medidas de diversa índole orientadas a presionar en el ámbito económico,
político y financiero. Con respecto a la presión económica, los lineamientos se
orientaron a: 1) proveer asistencia encubierta a la campaña de Frei (Candidato de la
Democracia Cristiana) por medio de la CIA, así como también para otros candidatos
opositores a Allende; 2) otorgar préstamos de la Agencia Internacional para el
Desarrollo, que se aproximaran a los 70 millones de dólares, particularmente destinados
a mantener el nivel de inversión del gobierno para estabilizar la economía y evitar el
desempleo (60 millones ya estaban disponibles); 3) examinar los medios para aliviar los
costos de vida, asegurando la provisión y el precio bajo de alimentos; 4) asistir a los
grupos de empresarios con información a través del grupo de negocios de David
Rockefeller
23
(Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI Doc. 253. Memorandum From
the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mann) to Secretary of State
Rusk).
Por otro lado, algunos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con
empresarios de la ITT (más precisamente con su presidente, Harold S. Geneen) a fin de
verificar cuánto podían aportar estas empresas para lograr la estabilización de los
precios de los alimentos. Los banqueros e industriales se mostraron deseosos de
colaborar en las acciones políticas con un millón y medio de dólares, aproximadamente
(Foreign
Relations,
1964-1968,
Vol. XXXI
Doc
256. Transcript
of
Telephone
23
David Rockefeller lideró a las empresas transnacionales estadounidenses agrupadas en el “Council of the
Americas”. La incidencia de este tipo de organizaciones en los gobiernos nacionales, así como los
miembros que la impulsaron e integraron y sus proyectos, resultan fundamentales para dar cuenta de la
“débil frontera” entre los intereses públicos y privados, tanto en el gobierno estadounidense, como en los de
América Latina. Este organismo sigue vigente hasta nuestros días.
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Voces y Contextos
Conversation
Between
Director
of
Central
Intelligence
McCone
and
the
Under
Secretary of State (Ball).
Incluso después de la amplia victoria de Frei, lo importante
parecía ser que la
mayoría de los empresarios con intereses en Chile habían manifestado que estaban
tranquilos si Frei asumía la presidencia ya que estimaban las negociaciones con el poder
eran posibles (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI Doc. 269. Editorial Note). A
su vez, una vez electo el nuevo presidente, Bundy (President’s Special Assistant for
National Security Affairs) le indicaba al presidente Johnson que era necesario “un
embajador que sea fundamentalmente amigable con la causa de la reforma democrática
[propuesta por Frei] pero realista con respecto a la satisfacción de los intereses de
nuestros hombres de negocios” (traducción propia. Foreign Relations, 1964-1968, Vol.
XXXI 271. Memorandum from the President’s Special Assistant for National Security
Affairs (Bundy) to President Johnson)
24
.
El partido de Frei, la Democracia Cristiana, gestada durante la década de 1930 a
partir de la alianza entre el Partido Conservador Social-Cristiano y la Falange, había
centrado su proyecto en el cambio del modelo de industria sustitutiva de importaciones
(ISI) liviana hacia una de bienes de consumo de larga duración tal como ya se producía
en otros países de la región tales como Brasil, Argentina, México o Colombia.
Efectivamente, cuando Frei accedió a la presidencia (1964-1970), adquirió primacía
el
capital
monopolista
industrial,
en
el
marco
del
avance
de
las
empresas
multinacionales, lo cual alimentó el patrón de “desarrollo asociado” entre la inversión
pública y privada. Tal es el caso de la “chilenización del cobre” en la que se mantenía la
explotación
en manos privadas pero se agregaban inversiones nacionales para aumentar
la producción y la comercialización del producto. Por otro lado, Frei propiciaba la
reforma agraria, de latifundios considerados tierra improductiva, una medida anunciada
en campaña y que resultaba una respuesta al apoyo político de sectores tales como el
24
No obstante, a pesar de haberse llevado a cabo este tipo de operativo encubierto con la anuencia de
diferentes sectores empresariales y del gobierno estadounidense, esto no implicaba la inexistencia de
tensiones, teniendo en cuenta las graves consecuencias que esta intervención podría implicar, aspecto
notado por Mann (Assistant Secretary), que advertía que la relación entre el gobierno y las empresas
había adquirido un peligroso nivel de publicidad, por lo cual quizás resultaría mejor dejar fuera del asunto
al “sector privado” estadounidense” (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI. Doc 257). Finalmente, la
CIA no aceptó de manera directa el apoyo económico de las empresas (especialmente de la ITT), pero
contactó a estos empresarios con los sectores indicados para que el dinero fuera destinado a la campaña
de Frei (Informe Church III.A.4).
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proletariado rural, el campesinado y los sectores marginales urbanos (De Riz, 1979: 76-
78).
De cualquier manera, el gobierno no pudo poner en práctica de manera exitosa
todas sus promesas, y la relación con los sectores que lo habían apoyado en un
principio se fue desgastando, otorgando legitimidad a los partidos de izquierda,
especialmente a la Unión Popular (UP), liderada por Allende, identificado con la
transición al socialismo que proponía un cambio del sistema hegemónico. Este proyecto
de la UP logró articular al bloque popular en torno al movimiento obrero, como sector
capaz de hegemonizar a la clase dominada chilena. De esta manera, la UP reunió a
aquellos grupos que habían salido de la pasividad con la Democracia Cristiana, pero que
no habían visto satisfechas sus demandas (Ibidem, 89-91). Es así como, el político
chileno, cofundador del Partido Socialista (1933), candidato a presidente en 1952, 1958
y 1964, llegó finalmente al Poder Ejecutivo de Chile, como primera mayoría relativa en
una elección muy dividida (36,6%) el 4 de Noviembre de 1970, presentándose como el
primer gobierno socialista en llegar al poder por la vía democrática.
Desde el punto de vista norteamericano, el panorama se presentaba como adverso
para los intereses de las empresas estadounidenses, que eran de mucho peso hacia
principios de los setenta. Frente a la frase de campaña “Nacionalizando el cobre
dejaremos de ser pobres”, un memorando del Departamento de Estado aseguraba que
“las propiedades de las cinco compañías estadounidenses de cobre implicadas, todavía
no han sido nacionalizadas, hablando estrictamente, si bien es cierto que el proceso
legal de nacionalización está llevándose a cabo y que las compañías mismas están
seguras de que este proceso era irreversible. Por lo tanto, de jure, hay en la actualidad,
casos pendientes [en Chile] que totalizan un valor en libro de 300 millones de dólares”
(traducción propia. Trade Policies. Doc 152. Memorando from Acting Secretary of State
Irwin to President Nixon). La respuesta casi directa fue la presión económica, que
incluía recorte de los préstamos bilaterales del gobierno, así como también de la
asistencia financiera y garantías de la inversión privada estadounidense, e incluso la
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Voces y Contextos
persuasión de organismos financieros internacionales para limitar la asistencia a Chile
(Trade Policies, Doc. 149. Editorial Note)
25
.
La campaña en contra de Allende, contó con mayor apoyo e impunidad que la
implementada a partir de 1964. Esta nueva estrategia contó con dos fases: la primera, se
centraba en presiones económicas y políticas y se llevó a cabo principalmente antes de
las elecciones de septiembre de 1970, con el sostén del gobierno de los Estados Unidos,
empresas multinacionales y la CIA. La meta última de esta etapa era que Frei aceptara
las condiciones y consintiera el plan para suceder a Allende en caso de que fuera
derrocado. La segunda fase implicaba el apoyo a ciertos sectores de las Fuerzas
Armadas para incitar a un golpe militar. Esta fase fue implementada por la CIA después
de la victoria de Allende, con la autorización de Nixon (el 15 de septiembre de 1970)
sin darla a conocer al resto de las agencias del gobierno o al Congreso
26
.
La fase I se caracterizó por una serie de acciones denominadas “operaciones ruina”,
destinadas no sólo a apoyar a los candidatos opositores a Allende, sino más bien a
liquidar a la Unión Popular que agrupaba a la izquierda. Estos objetivos se enumeraban
de la siguiente manera: “1) minar los esfuerzos comunistas para crear una coalición de
fuerzas de izquierda para llegar a la presidencia en 1970; 2) reforzar a los líderes
25
El 4 de diciembre de 1972 el presidente Allende dio a conocer públicamente la situación de Chile en
relación a las compañías estadounidenses y a las instituciones multilaterales. Con respecto a estas últimas,
aducía: “Hasta la iniciación de mi gobierno, Chile recibía por concepto e préstamos otorgados por
organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, estos
financiamientos han sido interrumpidos. En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para
el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de los Estados Unidos, por un valor de 50 millones de
dólares (…) Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca
privada norteamericana, cerca de 220 millones de dólares. En breve plazo, se ha suspendido de estos
créditos, un monto de alrededor de 190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse
las respectivas operaciones” (Allende en Selser, 1975: 95-96).
26
Para complementar esta información, conviene agregar la cita textual del informe Church: “En 1970, el
gobierno estadounidense y varias corporaciones multinacionales estuvieron vinculadas en oposición a la
candidatura y, posteriormente, a la presidencia de Salvador Allende. Esta conexión entre la CIA y las
corporaciones multinacionales puede ser dividida en dos fases. La primera fase, que implicó acciones
llevadas a cabo por la CIA y las multinacionales estadounidenses en un momento en que la política oficial
del gobierno estadounidense era la de no apoyar, ni siquiera de modo encubierto, a ningún candidato o
partido en Chile. A lo largo de esta fase, se autorizó, sin embargo, la operación encubierta “ruina” para
vencer a Salvador Allende. La segunda fase coordinó las acciones de las agencias de inteligencia y las
corporaciones multinacionales después de las elecciones de septiembre de 1970. A lo largo de esta fase, el
gobierno estadounidense se opuso a Allende y apoyó a sectores de la oposición. El gobierno buscó el apoyo
de las multinacionales en este esfuerzo” (Informe Chucrch II.C.2).
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políticos no marxistas en Chile para desarrollar una alternativa eficaz a la coalición de la
Unidad Popular previendo las elecciones de 1970” (Informe Church, III, C, 3). La CIA
gastó aproximadamente 1 millón de dólares en acciones encubiertas para evitar la
victoria de Allende en las elecciones de 1970 (Informe Church, III.C.1). Por otro lado,
la presión política implicaba la intervención en elecciones de diputados y senadores,
como las de 1969, cuando 10 de los 12 candidatos apoyados por la CIA fueron
efectivamente elegidos (Informe Church, III.C.2). El embajador de los Estados Unidos
en Chile, Edward Korry (uno de los principales opositores a Allende), contribuyó con
un plan de dos alternativas: la primera, orientada a implementar una campaña en contra
Allende a nivel general, y la segunda, para asegurar los votos contrarios a Allende en el
Congreso en caso de que este quedara entre los dos mejores candidatos. La acción
encubierta de las “operaciones ruina” no tuvieron el efecto esperado, y Allende ganó las
elecciones del 4 de septiembre de 1970, aunque sí contribuyeron a la polarización
política y al pánico financiero (Informe Church, III.C.4).
Después de la victoria de Allende, se profundizó la presión económica: “en general,
el Comité de los 40 aprobó recortes de todos los créditos, presiones a empresas para
reducir sus inversiones en Chile e involucrar a otras naciones para colaborar en el
proyecto”
27
. Asimismo, se creó una agencia especial para coordinar actividades
económicas hacia Chile, conformada por el jefe de la CIA de la División del Hemisferio
Occidental y representantes del Estado en el
National Security Council
y el Tesoro
(Informe Church. III D c).En un Chile donde la situación económica se deterioraba
significativamente después del crecimiento inicial de 1971, con desabastecimiento e
inflación, bajo la presión externa, se sumaban las medidas llevadas a cabo por grupos de
la oposición dentro de Chile, particularmente las huelgas del sector de transporte y la
minería. De esta forma, la presión de las empresas estadounidenses y del gobierno de
Estados Unidos encontró terreno fértil en los diversos grupos y sectores que se oponían
al plan de gobierno de Allende. La democracia cristiana, que en un primer momento
había apoyado el proyecto socialista, se volvió en su contra ejerciendo un bloqueo
parlamentario; la clase media se alineó a los reaccionarios por medio de la consigna
27
Este comité era un Grupo Especial compuesto por una comisión gubernamental interagencias, que
durante el gobierno de Johnson se denominaba “Comisión 303”. El Comité de los 40 era el órgano del
Consejo de SeguridaNacional encargado de aprobar operaciones secretas de inteligencia (Selser, 1975: 21)
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“democracia o dictadura”; el sector de transportes, con su potente gremio, encabezó las
numerosas huelgas que erosionaron la alianza del gobierno con el sector obrero y las
patronales; los medios de comunicación y por último, el levantamiento de buena parte
de las fuerzas armadas chilenas (De Riz, 1979)
28
.
Con respecto a los planes en oposición a la elección y luego a la asunción de
Allende, puede decirse que generaron varias tensiones y desacuerdos entre las agencias
del gobierno de Estados Unidos y entre áquel y las empresas. Así, cuando la Comisión
40 aprobó aumentar en marzo de 1970 el presupuesto para las operaciones ruina contra
Allende, algunos funcionarios del Departamento de Estado votaron “sí” pero con
reticencias; del mismo modo, en julio de 1970, la CIA se negó a recibir fondos
ofrecidos por la ITT (Informe Church, III.C.2). En el contexto de estas tensiones, no es
un dato menor que el presidente Nixon obligara a la CIA a mantener en secreto la “fase
II” del operativo en contra de Allende (Informe Church, IV.A 1). De este modo, del
total de los 13 millones de de dólares que la CIA destinó a operaciones encubiertas en
Chile durante dicho período, el Congreso recibió informes (a veces antes y otras veces
después de los operativos) que totalizaban la asignación de solamente 7.1 millones de
dólares. De más está decir, que el Congreso tampoco recibió los informes que no
llegaban a manos del Comité de los 40, como lo referido a la “Fase II” destinada al
golpe de Estado a Salvador Allende (IV. B. Congressional Oversight). Por último, vale
agregar que al interior del Comité de los 40 tampoco había completo acuerdo con
respecto a las medidas a seguir, especialmente en el período anterior a las elecciones y
los meses posteriores, cuando el Departamento de Estado se mostró escéptico acerca
intervenir en el proceso electoral chileno, al tiempo que la CIA, el embajador
estadounidense en Chile, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca, se definieron a
favor de dicha intervención (Informe Church, IV A 3).
Con el Golpe comandado por Pinochet en septiembre de 1973, los militares
chilenos se proclamaron como la única agencia integradora de la nación capaz de
asumir la dirección de la sociedad, la única capaz de poner orden (implementando al pie
de la letra las premisas de la Doctrina de Seguridad Nacional). Quedó claro que ya no se
28
Es fundamental recordar que las reformas radicales propuestas por Allende contaron con la oposición
de varios sectores, lo cual contribuyó a la crisis de su gobierno hacia 1972
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buscaría una solución “política” a las tensiones. Además, a partir de la dictadura de
Pinochet, se tomaron una serie de medidas orientadas a la liberalización de la economía,
bajo la asesoría de los “Chicago Boys”, economistas formados en Estados Unidos que
plantearon las bases teóricas y prácticas del neoliberalismo, como antesala de los
lineamientos que luego implementarían gobiernos democráticos a finales de los ochenta
para resolver la crisis de la deuda.
Conclusión
El derrocamiento de Arbenz fue el primer golpe exitoso de la CIA en América Latina y
constituye una suerte de “bisagra histórica” con respecto a la articulación entre la
seguridad hemisférica y la seguridad interna (luego denominada Doctrina de Seguridad
Nacional); asimismo, plantea de modo claro la articulación entre los intereses del
Estado (públicos) y el interés de la cúpula empresarial en los lineamientos de política
exterior estadounidense. El derrocamiento de Goulart, puso en evidencia el enorme
apoyo del sector civil (especialmente los empresarios e industriales) a las fuerzas de
Castelo Branco, como “consenso” frente a posibles cambios en la estructura económico-
política y de poder, dando cuenta de igual modo de la red de poder establecida entre
buena parte de la clase dominante brasileña y la elite de poder estadounidense. El
derrocamiento de Allende es paradigmático en cuanto a la decisión de Estados Unidos
de impedir el éxito de una “democracia socialista” en la región, pues Chile no era una
isla “aislada” como Cuba; también en este caso fue fundamental la alianza entre los
intereses privados y la política exterior estadounidense y el modo en que ello se articuló
con la intervención encubierta de la CIA (que operó desde 1962 hasta 1973).
A partir de estos casos pueden enumerarse las siguientes características de los
lineamientos de la política exterior estadounidense hacia América Latina durante las
primeras décadas de la Guerra Fría: tendió a identificar al nacionalismo y la justicia
social con el comunismo (lo cual habilitaba su combate inmediato) aún en los casos de
izquierdismo moderado; se posicionó como el garante de las inversiones privadas por lo
que asumía su “derecho” a intervenir en asuntos internos de otros Estados; en países
muy dependientes de la inversión extranjera se contribuyó a generar un escenario
propicio para los “intereses” estadounidenses por lo que se utilizó la presión económica
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y psicológica a los fines de crear escenarios de “inestabilidad” que justificaran la
intervención de las Fuerzas Armadas locales (apoyadas directa o indirectamente por el
gobierno estadounidense); se proporcionó un rol fundamental a las Fuerzas Armadas
locales para garantizar el “clima de negocios” indicado para la expansión del sistema
capitalista; muchos de los embajadores estadounidenses estuvieron dispuestos a realizar
tareas de inteligencia y colaborar con operativos encubiertos en contra de gobiernos
elegidos democráticamente.
Uno de los puntos cruciales si se consideran los documentos y la discusión teórica
mencionada al inicio de este escrito, es que los intereses de las grandes empresas se
planteaban
como
sinónimo
de
“los
intereses
de
Estados
Unidos”
29
,
así
como
complementarios a la idea de “seguridad nacional”, según los lineamientos de los
sucesivos gobiernos estadounidenses, especialmente después de la Segunda Guerra
Mundial. En
este
contexto,
queda
claro
que
la
estabilidad
era
una
condición
indispensable para la expansión del mercado y de la inversión privada estadounidense,
por lo que el Estado norteamericano ingresó como actor clave
en tanto garante de dicha
estabilidad (por medio de la intervención indirecta o directa en asuntos internos de
países latinoamericanos).
También
llama
la
atención
la
continuidad
en
las
estrategias
para
debilitar,
desestabilizar y derrocar gobiernos no dispuestos a cumplir con los lineamientos
planteados
por
el
gobierno estadounidense,
estrategias
centradas
en
la
presión
económica, la presión psicológica y, especialmente, el apoyo a las fuerzas armadas
locales, una cuestión bien alejada del discurso oficial “pro democracia”
. En medio de
este contexto, se acentuaba el proceso de militarización de la política latinoamericana.
Esto fue posible, debido a que
la integración del capitalismo, después de 1945, incidió
profundamente y de modo progresivo en el sector político militar de todo el mundo
capitalista, por medio de un sistema de tratados y acuerdos militares que lo vinculaban a
la defensa del “mundo occidental y cristiano” (Dos Santos, 1972: 121-122) y porque el
29
El 25 de febrero de 1970, Meyer ante un “grupo de empresarios reunidos en privado en el Hotel Barbizon
Plaza, de Nueva York, para debatir asuntos vinculados con los negocios Iberoamericanos (…) dijo en la
ocasión que América latina ‘es esencial para la seguridad de Estados Unidos, por nuestro propio interés y
no únicamente por razones políticas o geográficas’. Con similar franqueza añadió que el 30 por ciento del
comercio norteamericano está concentrado en los países latinoamericanos y que las inversiones de las
empresas y del gobierno de Estados Unidos en la región ascendían a 12 billones de dólares. ‘En términos de
mercado –dijo- América latina solo es superada por Europa occidental y por Canadá’ (Selser, 1972: 130).
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crecimiento de la economía capitalista líder (la estadounidense) dependía del complejo
industrial-militar (Melman, 1972; Magdoff, 1975).
Chomsky (2003: 4), sostiene que en la periferia, la “contención” estaba dirigida
contra cualquier intento local de superar la pobreza y el descontento, que eran resultado
de la intervención sistemática de Estados Unidos, y contra las medidas de justicia social
que eran “intolerables” para los gobiernos apoyados por Estados Unidos, o de modo
más preciso, para aquellos (sujetos, grupos y sectores) dispuestos a obtener ganancias de
la explotación, la opresión y el sufrimiento. En este punto conviene señalar que, ni las
explicaciones realistas ni las liberales, dan cuenta de modo específico de los intereses
involucrados en las acciones y decisiones del gobierno estadounidense, que estaban
indudablemente vinculadas a la expansión de la economía estadounidense hacia la
periferia, más allá de los enfrentamientos “ideológicos” que eran evidentes en los
discursos de funcionarios estadounidenses y que tanto el realismo como el liberalismo
tomaron como punto de partida del análisis.
Considerando el contexto actual de América Latina, vale señalar que el presidente
boliviano Evo Morales, en una de las reuniones de Ministros de Defensa de las
Américas (noviembre 2010) manifestó su preocupación por la injerencia de Estados
Unidos en la región, especialmente en lo relativo a los operativos de desestabilización
de
gobiernos
que
no
“cooperan”
en
la
implementación
de
los
lineamientos
estadounidenses: “Tuve que enfrentar que un embajador (de Estados Unidos, Philipe
Goldberg) organice y planifique para acabar, antidemocráticamente, con mi gestión y
siento que eso se repite en todo el mundo (…) hay que cuidarse de la embajada de
Estados Unidos; siempre ha habido golpes de Estado en toda Latinoamérica. Sólo no
hay golpes en Estados Unidos, porque no hay embajada estadounidense en Estados
Unidos” (La Jornada, 23 noviembre).
Una semana después de esas declaraciones, wikileaks publicó archivos que dan
cuenta de las comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense y sus
embajadas en diferentes partes del mundo, que dejan ver el modo en que los
diplomáticos estadounidenses llevaban a cabo operativos de espionaje y de injerencia en
asuntos
internos
y
personales
de
funcionarios
de
gobierno
y
de
organismos
internacionales de diversos países. Estos documentos ponen de manifiesto el modus
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operandi del gobierno
estadounidense en el exterior, exhibiendo indicios de que hoy
como ayer, su injerencia en asuntos internos de los países latinoamericanos, permanece.
La recuperación de archivos que han sido desclasificados hace algunas décadas, es
una manera de contribuir a la reconstrucción de la memoria de América Latina, permite
volver a reflexionar sobre algunos hechos fundamentales sucedidos a partir de la
posguerra (que no debieran ser dejados en un “pasado remoto”). Esto se corresponde
con la idea de que la historia es un proceso que hace a nuestro presente, y que entonces,
resulta un punto de partida inevitable para comprender con mayor profundidad los
acontecimientos actuales en nuestra región.
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