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Rev. Int. Contam. Ambie. 31 (2) 195-209, 2015
LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES: UN ESTUDIO DEL CASO DE
LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ (CHRB), COLOMBIA
Leonardo GÜIZA SUÁREZ, Beatriz LONDOÑO TORO y Cristhian David RODRÍGUEZ BARAJAS*
Universidad del Rosario. Edifcio Suramericana. Av Jiménez 8-49 Piso 2 Bogotá, Colombia
*Autor para correspondencia: cristian_rb89@hotmail.com
(Recibido octubre 2014; aceptado diciembre 2014)
Palabras clave:
acción judicial, acción popular, contaminación hídrica, derechos colectivos, acción colectiva
RESUMEN
Las acciones judiciales de protección al ambiente constituyen una alternativa para
lograr la adopción de políticas públicas que tiendan a disminuir la contaminación de
las aguas Fuviales y la degradación de las cuencas hidrográfcas, que son una proble
-
mática mundial cada vez más común y compleja que involucra la vulneración de los
derechos humanos. En este trabajo se desarrolla un análisis del caso concreto de la
cuenca hidrográfca del río Bogotá- CHRB, en el que se produjo un ±allo judicial que
incluye una estrategia para su recuperación. Asimismo, se desarrolla una reFexión
teórica a partir del contenido, in±ormación secundaria y resultados de una encuesta
semi-estructurada realizada en los municipios de la cuenca. Este caso evidencia algunas
±ortalezas derivadas de la judicialización de un conFicto ambiental, en la medida que
otorga la oportunidad de reunir a los actores involucrados y promover la construcción
conjunta de soluciones. Adicionalmente, se corrobora la importancia de las acciones
colectivas como medio para promover la ±ormulación de políticas públicas y la adopción
de medidas para la protección del ambiente, los derechos colectivos y ±undamentales
en una comunidad.
Key words:
judicial action, water pollution, collective rights, collective action
ABSTRACT
Legal actions ±or environmental protection are an alternative to achieve the adoption
o± public policies to reduce and control pollution o± rivers and degradation o± the wa
-
tersheds, that is an increasingly common and complex world problem involving breach
human rights. This paper analyzes the case o± Bogota River watershed, ±or which there
was a Court ruling that included a comprehensive strategy ±or its recovery. This work
develops a theoretical reFection ±rom the content thereo±, and ±rom secondary in±orma
-
tion and results o± a semi-structured survey on the municipalities o± the watershed as
well. This case demonstrates that some strength arises when an environmental conFict
is taken to court, as it gives the opportunity to bring together stakeholders and promote
joint solutions. It also confrms the importance o± collective action as a means to promote
the ±ormulation o± public policies and measures ±or protection o± the environment and
o± the collective and ±undamental rights o± the community.
L. Güiza Suárez
et al.
196
INTRODUCCIÓN
El agua constituye un elemento indispensable
para la vida en la Tierra y aunque muchas ve
-
ces se considere como un recurso abundante, lo
cierto es que el agua dulce es bastante escasa ya
que constituye aproximadamente el 3 % del total
de la del planeta y cerca del 70 % de aquella no
puede ser aprovechada por encontrarse congelada
en las zonas polares o en depósitos subterráneos
(Dossier 2012).
Las aguas fuviales contenidas en ríos, arroyos y
quebradas, son la Fuente principal para la satisFacción
de necesidades humanas, ya que suministran agua,
alimento, Fertilización de los suelos y posibilidad de
transporte. Sin embargo su disponibilidad es baja,
pues de 1338 millones de km
3
de agua existente
en el planeta, sólo 2000 km
3
corresponden a aguas
fuviales, lo que es el 0.0001 % del total de agua, de
ahí la prioridad en su protección (Sabater y Elosegi
2009). Adicionalmente, la disponibilidad de las aguas
fuviales se ve disminuida por el aumento en su con
-
sumo y en su contaminación, pues en el último siglo
la población humana mundial se ha triplicado y el
consumo de agua se ha sextuplicado, (World Water
Council sin Fecha).
Se calcula que aproximadamente dos millones de
toneladas de desechos son depositados diariamente
en las Fuentes hídricas y que un litro de aguas resi
-
duales contamina ocho litros de agua potable, razón
por la que se estima que a mediados de este siglo
entre 2000 y 7000 millones de personas suFrirán
escasez de agua (ONU sin Fecha).
En México, más del 70 % de los cuerpos hídricos
se encuentran contaminados, por lo que la disponibi
-
lidad y el acceso al recurso hídrico es cada vez menor
(CONAGUA 2011), en gran parte, por la debilidad
e ine±cacia normativa, la Falta de conciencia y la
pasividad de las autoridades (Greenpeace 2012).
El caso colombiano no se distancia mucho del
mexicano, pues según el Instituto de Estudios Am
-
bientales y Meteorología (IDEAM 2001), debido al
alto grado de contaminación y degradación de las
Fuentes hídricas, el 67 % de la población colombiana
se encuentra en riesgo de desabastecimiento de agua
en condiciones climáticas medias.
²rente a la vulneración de derechos como la vida,
la dignidad, la salud, el ambiente sano, la salubridad
pública y la igualdad, ocasionada por la degradación
de las cuencas hidrográ±cas, la sociedad civil ha in
-
crementado su participación en la conservación del
agua, debido a su estrecha relación con la satisFacción
de necesidades básicas (OPS 2011).
Las acciones judiciales son un mecanismo me
-
diante el cual las personas pueden promover y exigir
la protección del agua y los derechos humanos que
de ella dependen. Cuando las entidades competentes
no cumplan sus Funciones en materia ambiental o los
mecanismos extrajudiciales de participación y control
ambiental no den resultado.
A nivel mundial se han promovido acciones
judiciales relacionadas con la contaminación de las
Fuentes hídricas que han generado medidas para la
recuperación y protección de las mismas, dentro de
las cuales vale la pena resaltar las que se muestran
en el
cuadro I
.
Sobresale el Fallo emitido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Argentina el 8 de julio de
2008, el cual tuvo origen en un grupo de personas
que demandaron al Estado Argentino, la ciudad de
Buenos Aires y 44 empresas, por la contaminación
del río Matanza-Riachuelo. Los accionantes res
-
ponsabilizaron a las empresas por verter al río los
residuos sin tratamiento previo y al Estado Argentino
y a la ciudad de Buenos Aires por no ejercer de e±
-
cientemente sus Funciones con respecto a la conta
-
minación de la cuenca. El Fallo declaró responsable
al Estado Nacional y a la ciudad de Buenos Aires por
su omisión en materia de prevención y recomposición
del daño ambiental . De ello, se dictaron diFerentes
acciones de saneamiento en las que se señalaron a
los responsables de ejecutarlas y su respectivo plazo
de cumplimiento (Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina 2008).
Por otro lado, el 6 de noviembre del año 2012 el
Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó
al Estado Mexicano por la vulneración del derecho
Fundamental al agua y la ine±cacia de los mecanismos
para la consecución de la justicia ambiental. Asi
-
mismo, reconoció el grave deterioro de las cuencas
hídricas en ese país y la debilidad de los mecanismos
jurídicos, políticos y de participación para su conser
-
vación y recuperación (TLA 2012). En dicha condena
el TLA consideró que esta problemática se debe en
parte a la de±ciente coordinación de las entidades
competentes y Formuló algunas recomendaciones,
como el Fortalecimiento del sistema de procuración
de justicia ambiental, para lograr la materialización
de la normatividad y la adopción de medidas para
suplir las de±ciencias legales en las materias hídrica
y ambiental (TLA 2012).
En Colombia se han emitido algunas decisiones
judiciales para salvaguardar los derechos colectivos
aFectados por la contaminación de los cuerpos de
agua, en las que se ha ordenado la ejecución de obras
y programas para la descontaminación de corrientes
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
197
hídricas como los ríos Pandi, Suárez y Ejido y las
quebradas San José y la Honda (Defensoría del
Pueblo sin fecha).
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante la
Sentencia expedida el 28 de marzo de 2014, ordenó a
varias entidades estatales tomar medidas para la recu
-
peración de la CHRB, que abarca el 32 % departamen
-
to de Cundinamarca, con una superFcie de 589 143 ha,
e involucra a 46 municipios (CAR 2006). Esta cuenca
presenta una compleja problemática ambiental debido
a la contaminación por vertimientos, la degradación
de los ecosistemas que la componen y la falta de con
-
ciencia ambiental. Este fallo se expidió para proteger
los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano,
a la salubridad pública y a la prestación eFciente de
los servicios públicos domiciliarios, pues las medi
-
das adoptadas anteriormente no han sido eFcaces ni
articuladas, lo que ha desencadenado una progresiva
violación de los derechos fundamentales y colectivos
de los habitantes de la zona. Este proceso judicial
constituye un caso de estudio importante, pues permite
hacer comparaciones con otros casos similares e iden
-
tiFcar elementos que pueden ser replicados en otras
cuencas hidrográFcas, como algunos componentes
de la estrategia adoptada para la recuperación del río
o los instrumentos procesales y legales empleados.
Igualmente, este caso evidencia el alcance que
tienen las acciones judiciales para lograr la protección
del ambiente y los Derechos Humanos ligados a é
ste,
como mecanismos supletorios de las debilidades y
omisiones en el ejercicio de las funciones y deberes
en materia ambiental. Por lo anterior, este fallo es
-
tablece un precedente con respecto a las facultades
del juez para contribuir a la elaboración de políticas
públicas y estrategias integrales que busquen detener
la vulneración y amenaza de los Derechos Humanos.
Estos antecedentes resultan relevantes para países
como México, que en el año 2012 incluyó en su orde
-
namiento jurídico la Fgura de las acciones colectivas
para la protección de los derechos difusos o de tercera
generación (Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos 2011).
En este estudio se exponen los principales ele
-
mentos de las acciones populares consagradas en la
normatividad colombiana y se hace un análisis del
caso de la CHRB y el fallo emitido por el Consejo de
Estado , con el Fn de identiFcar su alcance, aciertos
y carencias y describir brevemente la estrategia que
se pretende implementar.
CUADRO I.
ALGUNAS ACCIONES JUDICIALES POR CONTAMINACIÓN DE ±UENTES HÍDRICAS
País
Tribunal
Cuenca protegida
Orden
Referencia
Holanda
Tribunal de Rotterdam
(1984)
Río Rhin
Reducción de cargas conta
-
minantes
Baumann 2008
India
National Green Tribunal
(2011)
Río Yamuna
Adopción de un plan para
evitar la degradación de su
llanura de inundación
Gill 2014
España
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (2011)
Ríos Guadarrama,
Alberche y CoFo
Condena en costas por la
contaminación generada
Tribunal Justicia de Unión
Europea 2011
Chile
Corte Suprema de Chile
(2011)
Río Cruces
Imposición de una sanción
para reinvertir en la recupe
-
ración de la cuenca
Corte Suprema de Chile 2011
Costa Rica
Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica
(2007)
Río Siquiares
Imposición de una sanción
para reinvertir en la recupe
-
ración de la cuenca
Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica 2007
Brasil
Tribunal de Justicia del
Estado de Paraná (2000)
Río Iguazú
Restauración de los daños
causados por la extracción
de arena
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
2003
Argentina
Cámara ±ederal de
Apelaciones de la Plata
(2000)
Río de la Plata
Plan de Gestión Ambiental
para la recuperación y con
-
servación de la cuenca
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
2003
Argentina
Corte Suprema de
Justicia de la Nación
Argentina (2008)
Río Matanza-Riachuelo
Acciones y obras de sanea
-
miento para la recuperación
de la cuenca
Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina 2008
L. Güiza Suárez
et al.
198
En la primera parte del artículo se estudia la
importancia de las acciones populares para la pro
-
tección del ambiente en Colombia, posteriormente
se analiza el caso concreto de la CHRB, el contexto
de su problemática y el fallo que se emitió para su
recuperación. Finalmente se determinan los aportes
más relevantes del caso y los retos que se presentan
para aplicarlo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este artículo se nutre de los avances de investiga
-
ción del Grupo de Investigación en Derechos Huma
-
nos de la Universidad del Rosario, el cual adelantó
un estudio del fallo judicial emitido por el Consejo
de Estado, en el que se ordena la implementación de
una política pública para la recuperación y conser
-
vación de la CHRB.
Se hizo necesario, en primer lugar hacer un es
-
tudio del contenido de la providencia de primera y
segunda instancia para extraer los elementos más so
-
bresalientes de esta problemática, del proceso judicial
y de la estrategia adoptada por el juez para solventar
la situación. Posteriormente, se consultó información
secundaria acerca de la CHRB y otros casos en los
que se produjeron decisiones judiciales similares, así
como literatura relacionada con la contaminación del
recurso hídrico y la judicialización de los con±ictos
ambientales.
Asimismo se consultó en el registro público de
acciones populares de la Defensoría del Pueblo con
el ²n de revisar aquellas acciones populares que han
sido interpuestas en relación con la degradación de
los cuerpos de agua para tener un panorama de la
utilización de este mecanismo en el país.
Esta consulta se llevó a cabo en los temas de
vertimientos, acueducto y alcantarillado, y la conta
-
minación de quebradas y ríos. Se hizo una revisión
de la información de cada proceso para seleccionar
los casos que se relacionaran con el estudio y se
incluyeron los datos más relevantes de é
stos en el
cuadro II
.
Se desarrolló una encuesta semi-estructurada a
las alcaldías de los 46 municipios que conforman
la cuenca. La encuesta constó de cinco preguntas
enfocadas a conocer la percepción de las adminis
-
traciones municipales acerca de: I) los principales
factores de degradación de la cuenca, II) las acciones
prioritarias para dar cumplimiento al fallo, III) las
recomendaciones para el óptimo funcionamiento de
la Gerencia Estratégica de Cuenca, IV) las di²culta
-
des para cumplir las órdenes de la providencia y V)
las percepciones sobre la idoneidad de la estrategia
adoptada en el fallo. La encuesta fue contestada por
24 de los 46 municipios, es decir por el 52 % de
los entes territoriales involucrados y los resultados
fueron analizados mediante estadística descriptiva.
De esta manera, con fundamento en el análisis
del contenido del fallo, la información secundaria
obtenida, la normatividad legal y constitucional y los
resultados de la encuesta, se construyó un panorama
de las di²cultades, aciertos y retos que surgen para
el cumplimiento de la disposición.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El papel de las acciones populares en la protección
de los recursos naturales en Colombia
En Colombia se ha expedido una extensa normati
-
vidad para la protección del ambiente y los derechos
asociados a éste. La Constitución Política ha sido
reconocida por la Corte Constitucional (Sentencia
T-411 de 1992) como una “Constitución Ecológica”.
Asimismo, se han expedido normas como el Código
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) y la Ley 99
de 1993, con el ²n de consolidar un marco jurídico
que permita la protección ambiental. Sin embargo para
lograr una efectiva protección del ambiente se requie
-
ren mecanismos como las acciones colectivas, que
permitan materializar estos contenidos normativos,
mediante la exigencia de la garantía de los derechos
colectivos y su aplicación a los casos concretos (Gon
-
zaga 2014). Adicionalmente, estas acciones posibilitan
el control sobre los actos que tienen in±uencia sobre
el medio natural y promueven el cumplimiento de los
deberes ambientales en cabeza del Estado y los par
-
ticulares. Por lo anterior, constituyen un instrumento
de limitación al poder y una vía de participación en
las decisiones referentes al ambiente (Supelano 2012).
El artículo 88 de la Constitución Colombiana,
consagra la acción popular como mecanismo para
la protección de los derechos colectivos, entendidos
éstos como aquellos que
corresponden a un titular
que no es un individuo o una persona natural, sino
una entidad compuesta sin duda de individuos e in
-
tereses individuales, pero con personalidad propia,
distinta y diferenciada de los sujetos individuales
que la integran” (López 2000). Es decir, aquellos
derechos e intereses que recaen sobre una colecti
-
vidad, como el derecho a gozar de un medio sano o
la defensa del patrimonio cultural. Este mecanismo
de rango constitucional fue reglamentado por la
Ley 472 de 1998, que otorgó la facultad de interponer
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
199
CUADRO II.
ALGUNAS ACCIONES POPULARES PROMOVIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS
EN COLOMBIA
Tribunal/año
Cuerpo hídrico
Problema
Pacto de
cumplimiento
aprobado
Solución
Tribunal Administrativo
de Santander (2005)
Río de Oro
Vertimientos industriales y
domésticos
X
Manejo adecuado de los residuos
Tribunal Administrativo
de Cauca (2000)
Río Palo
Vertimientos industriales
Elaboración de Plan de Gestión
Ambiental
Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (2001)
Planta de generación
eléctrica
Bombeo de aguas servidas
X
Mitigar y eliminar la contamina
-
ción
Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (2002)
Quebrada La Moya
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
X
Obras para el tratamiento de las
aguas.
Tribunal Administrativo
de Boyacá (2002)
Quebrada Suaitoque
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
X
Reparación de los daños causados
Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (2005)
Quebrada la Honda
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento y obras de
ingeniería
Tribunal Administrativo
de Santander (s.F)
Embalse Linderos
Falta de mantenimiento
Obras para la descontaminación y
mitigación
Tribunal Administrativo
de Valle (2000)
Quebrada San José
Vertimientos industriales y
domésticos
±inanciación para un Proyecto de
Saneamiento Hídrico
Tribunal Administrativo
de Caldas (2002)
Río Cauca
Vertimiento de lodo de una
represa
X
Obras de Ingeniería
Tribunal Administrativo
de Caquetá (2005)
Quebrada El Limonar
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Consejo de Estado (2002)
Río Tunjuelito
Vertimientos industriales
Cese de actividades
Tribunal Administrativo
de Cauca (2003)
Quebrada Pubus
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Tribunal Administrativo
de Santander (2006)
Río Suarez
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento y obras de
ingeniería
Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (2010)
Río Pandi
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (2010)
Río Tibacuy
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Tribunal Administrativo
de Cauca (2010)
Quebrada Las Palmas
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Tribunal Administrativo
de Caldas (2000)
Quebrada Olivares
Omisión de las autoridades
X
Cumplir las Funciones correspon
-
dientes
Tribunal Administrativo
de Huila (2004)
Quebrada Matamundo
Vertimientos industriales
X
Crear un Plan de Recuperación
Ambiental
Tribunal Administrativo
de Huila(2004)
Quebrada El Dinde
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
X
Obras de ingeniería
Tribunal Administrativo
de Magdalena (2005)
Río Manzanares
±alta de coordinación de las
autoridades
X
Elaboración de planes de gestión
ambiental
Tribunal Administrativo
de Meta (2002)
Río Ocoa
Vertimientos industriales
X
Cese de actividades
L. Güiza Suárez
et al.
200
la acción a cualquier persona que considere vulnerado
o amenazado un derecho o interés colectivo, como
consecuencia de conductas de la Administración o de
los particulares, con el fn de solicitar su protección
y garantía. Lo anterior ya sea de manera preventiva
(evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro
o amenaza) o de manera restitutoria (hacer cesar la
vulneración y restituir las cosas a su estado anterior),
siempre que sea posible (Londoño
et al.
2009).
Debido a su carácter preventivo, la acción popular
tiene un trámite preFerencial con respecto a las demás
acciones, exceptuando el hábeas corpus, la acción
de tutela y la acción de cumplimiento (artículo 6,
Ley 472 de 1998). Además, puede interponerse en
cualquier momento, siempre y cuando permanezca
la vulneración o amenaza al derecho colectivo.
Adicionalmente puede ser interpuesta por cualquier
persona natural o jurídica que pretenda obtener la
protección de los derechos colectivos, aún cuando
no pertenezca a la comunidad aFectada directamente
(DeFensoría del Pueblo 2007). Esta acción judicial
incluye una audiencia especial (artículo 27, Ley 472
de 1998), en la cual intervienen las partes para lograr
acuerdos que garanticen la protección de los derechos
colectivos y el restablecimiento de las cosas al estado
anterior. Dichos acuerdos se logran a través de pac
-
tos de cumplimiento aprobados mediante sentencia
y constituyen una Forma de terminación anticipada
del proceso. Si no se logran dichos pactos el juez
deberá continuar con el procedimiento de la acción
para emitir la sentencia de Fondo.
En Colombia, el Consejo de Estado ha emitido
pronunciamientos con el Fin de salvaguardar el
derecho a gozar de un ambiente sano. Como en el
caso de la contaminación ambiental ocasionada por
el relleno sanitario de Sincelejo (Sentencia del 5 de
octubre de 2009), a partir del cual se establecieron
algunas especifcaciones que deben tener los rellenos
sanitarios para garantizar los derechos colectivos de
las personas.
Asimismo el Consejo de Estado (2011) ha
exigido la adopción de acciones concretas para
garantizar la protección del ambiente. Como en el
caso del Archipiélago de San Andrés (Sentencia
del 24 de noviembre de 2011) en el que ordenó la
ejecución de un plan de acción a partir de mesas
de trabajo para el control de la contaminación y la
violación a las normas ambientales. Las acciones
populares han sido un instrumento importante
para la protección del recurso hídrico, pues desde
el año 1998 al 2007 se interpusieron cerca de 391
acciones populares relacionadas con el tema, de
las cuales el 56.5 % Fueron resueltas Favorable
-
mente (Sandoval 2010).
Tal como se observa en el
cuadro II
, los depar
-
tamentos en los cuales se ha presentado un mayor
número de acciones populares relacionadas con
la contaminación del recurso hídrico son Cauca y
Cundinamarca. Los problemas más comunes son la
inefcacia en el tratamiento de aguas residuales, los
vertimientos industriales y la actividad minera.
La acción popular constituye un mecanismo que
otorga la posibilidad de exigir la garantía de los dere
-
chos colectivos, de construir acuerdos con los actores
involucrados y de adoptar medidas de prevención y
restitución de las cosas al estado anterior.
CUADRO II.
ALGUNAS ACCIONES POPULARES PROMOVIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS
EN COLOMBIA
Tribunal/año
Cuerpo hídrico
Problema
Pacto de
cumplimiento
aprobado
Solución
Tribunal Administrativo
de Quindío (2003)
Quebrada La Lorena
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Obras de ingeniería
Tribunal Administrativo
de Cauca (2005)
Quebrada La Cantera
Inefcacia en el tratamiento
de aguas residuales
Planta de tratamiento
Tribunal Administrativo
de Cauca (2000)
Río Pambío
Actividad minera
Cese de actividades
Tribunal Administrativo
de Caldas (2000)
Río Supía
Actividad minera
X
Plan de Manejo Ambiental
Tribunal Administrativo
de Cauca (s.F)
Río Esmita
Actividad minera
Cese de actividades
±uente: DeFensoría del Pueblo (sin Fecha) Registro público de acciones populares
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
201
Las acciones colectivas en México, un nuevo me-
canismo para la protección ambiental
En México, con la reforma al artículo 17 Cons
-
titucional publicada en el Diario OFcial de la ±ede
-
ración el 29 de julio de 2010, se constitucionalizó la
Fgura de la acción colectiva. Posteriormente, el 8 de
septiembre de 2011 se publicó en el Diario OFcial
de la ±ederación una reforma al Código ±ederal de
Procedimientos Civiles, que reglamentó la Fgura de
las acciones colectivas para la protección de los de
-
rechos e intereses difusos y colectivos y los derechos
e intereses individuales de incidencia colectiva. Esta
reforma otorga a las personas físicas, a los grupos
de personas, a las organizaciones civiles e incluso
a las autoridades, la facultad para interponer dichas
acciones en representación de una colectividad con el
Fn de proteger sus intereses mediante un sólo proceso
que producirá efectos para todo el grupo de personas.
Las acciones colectivas para la protección de
los derechos e intereses colectivos y los derechos
e intereses individuales de incidencia colectiva son
un mecanismo reciente en el ordenamiento jurídico
mexicano. Por ello apenas se empiezan a presentar
las primeras acciones de este tipo. En la Procuraduría
±ederal del Consumidor se han emitido sólo ocho
sentencias favorables en defensa de los derechos de
los consumidores (PRO±ECO 2014).
De igual manera la asociación civil Acciones
Colectivas de Sinaloa interpuso una acción co
-
lectiva contra la compañía Grupo México por los
daños ambientales causados por el derrame de
40 mil m
3
de solución de ácido sulfúrico y metales
pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, con el
Fn de obtener la reparación del daño ambiental y
el pago de una sanción (±orbes 2014). Así, estas
acciones colectivas constituyen una nueva alterna
-
tiva dentro del marco legal mexicano para exigir
la protección y recuperación del ambiente. Por
lo que resulta oportuno el estudio de decisiones
judiciales que se han adoptado en países como
Colombia. De esta manera se podrá aplicar esta
experiencia a casos como el del río Santiago, que
atraviesa los municipios de El Salto y Juanacatlán
y recibe vertimientos de alrededor de 400 plantas
industriales (Enciso 2013).
El caso concreto, la degradación de la cuenca
hidrográfca del río Bogotá (CHRB)
La CHRB se ubica en el departamento de Cundi
-
namarca hacia el centro del país (
Fig. 1
). Se divide
en las subcuencas alta, media y baja y en todas ellas
presenta una seria problemática ambiental, debido
los vertimientos de aguas residuales de los munici
-
pios, del distrito capital de Bogotá y de actividades
Salto del
Tequendama
280 m
1500 m
2550 m
3300 m
Soacha
Facatativá
R. Bogotá
R. Magdalena
Fasagasugá
20 km
COLOMBIA
Girardot
Emb. de
Tomine
Cuenca del
Río Bogotá
Zapaquirá
Chía
BOGOTÁ
Río Bogotá
Fig. 1.
Mapa y ubicación de la cuenca hidrográFca del Río Bogotá (Karnstedt 2010)
L. Güiza Suárez
et al.
202
productivas, además de factores del orden ins
-
titucional, económico y social, que agudizan el
conFicto.
Los municipios que conforman la cuenca cuentan
con una población cercana a 1 297 752 hab de los cua
-
les el 75 % corresponde a población urbana y el 25 %
restante a población rural, sin contar a los habitantes
del Distrito Capital que se acercan a los 7 millones
(CAR 2006). Todos estos habitantes ven amena-
zados y vulnerados sus derechos fundamentales y
colectivos debido a la existencia, en el río Bogotá,
de metales tóxicos como el plomo ( ≥ 0.05 mg/L) o
el cadmio (> 0.2 mg/L) y niveles muy altos de conta
-
minación bacteriana (coliformes fecales,
E-Coli
) que
alcanzan concentraciones entre 10
5
y 10
7
NMP/100
mL. Además en algunos puntos del río la demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) y los sólidos totales
(ST) se encuentran en el orden de 120 y 400 mg/L
respectivamente, en tanto que la concentración de oxí
-
geno disuelto presenta valores inferiores a 1.0 mg/L
(CAR sin fecha).
En el año 1992, el ciudadano Gustavo Moya
Ángel interpuso una Acción Popular en contra de la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB), con
el objeto de salvaguardar los derechos colectivos a
gozar de un ambiente sano, así como la seguridad, la
salubridad. y la protección de los derechos de usua
-
rios ante los servicios públicos. Expuso que como
consecuencia del bombeo y almacenamiento de las
aguas negras del río Bogotá para la generación de
energía en el Embalse del Muña por parte de la EEB,
se estaba generando un daño grave al ambiente y a los
elementos del espacio público, especialmente la de
-
gradación de las aguas y el oxígeno. Adicionalmente
a±rmó que se estaba ocasionado un daño a la salud de
las personas, debido a las condiciones ±tosanitarias
inadecuadas, así como también un daño en el patri
-
monio por la disminución del valor comercial de los
predios aledaños al río. Por lo tanto, el accionante
solicitó la construcción de las obras necesarias para
el tratamiento adecuado de las aguas del río Bogotá
antes de su disposición en el Embalse del Muña. Pos
-
teriormente se presentaron más acciones populares
en los años 1999, 2000 y 2001, con la ±nalidad de
proteger a los derechos colectivos vulnerados debido
al mal estado de la CHRB, acciones populares que
fueron incluidas en el mismo expediente.
En el año 2004, doce años después de la presenta
-
ción de la primera acción, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca con ponencia de la Magistrada
Nelly Yolanda Villamizar declaró solidariamente
responsables de la catástrofe ecológica de la CHRB,
por acción, a todos los habitantes e industrias de la
cuenca que habían realizado sus vertimientos do
-
mésticos e industriales sin previo tratamiento y por
omisión en el control de los vertimientos de las aguas
residuales, a la Nación. Con esta decisión se buscó
amparar los derechos colectivos a un ambiente sano,
a la salubridad pública y a la e±ciente prestación
de los servicios públicos domiciliarios, mediante
la aprobación de los pactos de cumplimiento y la
disposición de medidas adicionales. Estos acuerdos
y medidas estuvieron en su mayoría relacionadas
con la protección del páramo de Guacheneque del
cual nace el Río Bogotá, el control de vertimientos
industriales, agrícolas y pecuarios, la recuperación
de la ronda del río y la construcción y adecuación de
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Vale la pena resaltar que en el trámite del pro
-
ceso se llevaron a cabo 17 reuniones en mesas de
trabajo antes de presentar los proyectos de pactos
de cumplimiento, en las que se contó con la presen
-
cia de expertos en el tema para lograr de±nir una
solución técnica integral. Los demandados presen
-
taron el recurso de apelación para que se revocara
el fallo en segunda instancia, argumentando que
el juez extralimitó sus facultades al emitir órdenes
que desplazaban las competencias de las entidades
encargadas de la gestión del río. Además, a±rmaron
que se había adelantado un trámite ilegal, pues se
aprobaron algunos pactos de cumplimiento y poste
-
riormente se emitió una sentencia de fondo. De igual
manera a±rmaron haber actuado de manera diligente
y proactiva y aseguraron que muchas de las órdenes
expedidas en la sentencia eran imposibles de cumplir.
Adicionalmente, surgieron posiciones como la del
jurista Amaya (2004) quien a±rmó que la política
ambiental del país no puede ser establecida desde
los estrados judiciales pues esto afecta de manera
grave el presupuesto o±cial. En segunda instancia,
se recopilaron documentos, informes, estudios y se
llevaron a cabo al alrededor de 50 reuniones para dis
-
cutir la problemática y sus posibles soluciones con el
acompañamiento de los entes de control. ²inalmente
en el mes de marzo del año 2014, 22 años después
de interpuesta la Acción Popular por el señor Moya,
cuando éste ya había fallecido, el Consejo de Estado
de Colombia, emitió la decisión de±nitiva con Marco
Antonio Velilla como Consejero Ponente.
Principales causas de la problemática
Entre las causas identi±cadas por el Consejo de
Estado (2014) con respecto a la degradación de la
CHRB, está la inexistencia de una política única de
gestión ambiental de la cuenca, así como la dispersión
de recursos y esfuerzos en materia de información,
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
203
planeación, gestión y coordinación interinstitucional,
en gran parte por la falta de un espacio de concerta
-
ción e intercambio entre los actores institucionales.
Debe considerarse que las subcuencas alta,
media y baja presentan diferentes problemas que
varían dependiendo de las características sociales,
económicas y ambientales de cada una. Por lo que
cada una requiere de soluciones especíFcas, que a su
vez deben ser articuladas entre sí para solucionar la
problemática global. Dentro de estas problemáticas
particulares se encuentra la degradación de los eco
-
sistemas estratégicos como los páramos y bosques
donde nace el agua, los que se ven afectados por
diferentes actividades productivas. Este problema
se enmarca en un contexto de vulnerabilidad socio-
económica caracterizado por la falta de oportunidades
y alternativas de subsistencia, pues gran parte de las
personas que impactan estos ecosistemas lo hacen
para satisfacer sus necesidades básicas a través de
las actividades productivas que tradicionalmente
han desarrollado.
Cabe resaltar que la sociedad civil se ha organi
-
zado y ha participado activamente en la transforma
-
ción del con±icto de la CHRB, tal es el caso de la
Asociación de Usuarios de los Recursos Naturales
Renovables y Defensa Ambiental de la Cuenca del
Río Bogotá (Asurío) y las veedurías ciudadanas que
llevan a cabo un seguimiento y acompañamiento de
todas las gestiones para la recuperación y conserva
-
ción del río Bogotá.
La estrategia establecida en el fallo para proteger
y recuperar la CHRB
El Consejo de Estado estableció una estrategia
sistémica para la protección y recuperación de la
CHRB. A partir de los estudios realizados respecto
a la situación de la cuenca, de la información apor
-
tada por los diferentes actores y de los argumentos
expuestos en las diferentes reuniones. Esta estrategia
está compuesta por tres elementos: I) la articulación
interinstitucional e integración de instrumentos de
gestión, planeación y observación, II) la integración
de instrumentos Fnancieros, técnicos y de monitoreo
del río y III) la implementación de proyectos comunes
y especíFcos (Consejo de Estado 2014).
Para lograr la articulación interinstitucional, el
Consejo de Estado ordena la creación de un Consejo
Estratégico de Cuenca, el cual se convertirá mediante
un proyecto de ley en una Gerencia Estratégica de
Cuenca. Este organismo tendrá la misión de dirigir,
gestionar, articular, integrar y coordinar todas las
acciones que se adelanten para la protección y recupe
-
ración de la cuenca, así como también constituirá un
escenario de construcción concertada de soluciones.
Asimismo, se ordena la actualización y articulación
de todos los instrumentos de planeación y de orde
-
namiento territorial y la realización de inventarios de
las zonas de importancia ecológica especial, con el
Fn de lograr una gestión coherente entre las entidades
involucradas.
También se ordena la creación del Observatorio
Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del
Río Bogotá (OBARBO), el cual tendrá como objetivo
contribuir a la construcción de una visión integral de
la cuenca que reúna las percepciones de los actores,
de manera que se logre consolidar un banco de datos
y de información socioambiental, para optimizar la
medición, seguimiento, evaluación y control. Adi
-
cionalmente, se ordenó la creación de un Sistema
Regional de Información Ambiental para la Gestión
Integral de la CHRB (SIGICA Río Bogotá), que lle
-
vará el registro, almacenamiento, validación, mode
-
lación, monitoreo, control, evaluación, y divulgación
de toda la información relacionada con la cuenca.
En lo que respecta a los instrumentos Fnancieros,
el Consejo de Estado ordena reforzar el ya existente
²ondo de Inversiones para la Adecuación del Río
Bogotá (²IAB), con la creación del ²ondo Común
de CoFnanciamiento (²OCO²), mediante el cual se
Fnanciarán los programas y acciones para la recupe
-
ración y protección de la cuenca.
Además, la estrategia incluye la construcción y
mejoramiento de la infraestructura relacionada con
el tratamiento de las aguas residuales en el distrito
capital y los municipios, incluyendo las plantas de
tratamiento, los sistemas de acueducto y alcantari
-
llado y parques ecoeFcientes para el tratamiento de
los desechos generados por las curtiembres, así como
la implementación de un sistema de evaluación del
riesgo y de valoración del daño ambiental.
Sumado a lo anterior, se ordenó el desarrollo de
capacitaciones a los habitantes de la CHRB sobre
manejo de residuos sólidos y el uso eFciente y con
-
servación del agua. También se ordena promover la
adquisición y mantenimiento de áreas de especial
importancia ecológica y la implementación de
esquemas de pagos por servicios ambientales para
promover la conservación y recuperación de las áreas
de importancia estratégica para la conservación de
los recursos hídricos.
Así las cosas, la decisión no se limita a la emisión
de órdenes generales enfocadas al cumplimiento
de las funciones y deberes de los demandados, o a
obligaciones aisladas de hacer y no hacer, sino que
establece una estrategia sistémica e integral que in
-
volucra a todos los actores, lo que puede considerarse
L. Güiza Suárez
et al.
204
como una política pública para la gestión ambiental
de la cuenca.
Principales aportes, falencias y retos que presenta
el fallo
El fallo emitido por el Consejo de Estado para la
recuperación del río Bogotá establece medidas con
capacidad de contribuir a la garantía de los derechos
vulnerados y genera aportes para el abordaje de otras
problemáticas similares, pues constituye un punto de
referencia en lo que respecta a la protección judicial
de las aguas Fuviales.
Este caso muestra cómo la judicialización de un
conFicto ambiental puede constituir una oportunidad
para reunir y articular a los actores del mismo, en
torno a la garantía de los derechos involucrados. En
este sentido, el juez cumple una función articuladora
en conFictos complejos en los que a las instituciones
y actores involucrados se les di±culta uni±car sus
posiciones y tomar decisiones de fondo.
Asimismo, el fallo establece un precedente en
lo que respecta a las facultades del juez popular y
el alcance de sus decisiones para salvaguardar los
derechos colectivos y evidencia que el marco de una
acción judicial es un escenario en el cual se pueden
evaluar las medidas y programas implementados,
ejercer control sobre los actos de la administración
y promover el mejoramiento de su gestión.
Adicionalmente, algunos aspectos del trámite
procesal que se surtió en el caso pueden constituir
una referencia para casos similares. Por ejemplo, la
conformación de mesas de trabajo con las partes del
proceso para la construcción de decisiones sólidas y
sustentadas permite enriquecer la discusión y aumen
-
tar la posibilidad de proteger los derechos vulnerados
o amenazados.
A
ún cuando se entiende que la aprobación de los
pactos de cumplimiento constituye una forma de
terminación anticipada del proceso, en este caso se
aprobaron algunos pactos de cumplimiento y adicio
-
nalmente se adelantó la etapa probatoria y se emitió
una sentencia de fondo. Además no se realizó una
sola audiencia de pacto de cumplimiento sino que
por el contrario, hubo varias sesiones con el ±n de
profundizar en el tema.
Cabe resaltar que este fallo del Consejo de Estado
constituye un avance jurisprudencial que aporta a la
solución de la problemática ambiental de la CHRB,
pues presenta un único plan de acción que posibilita
que los actores del conFicto actúen de manera coor
-
dinada y articulada. Además, aborda temas funda
-
mentales como el fortalecimiento y la uni±cación
de los sistemas de información y planeación, lo que
permite llevar a cabo el ordenamiento del territorio
de manera apropiada, priorizando la protección y
garantía de los derechos humanos. De igual forma,
ordena la inversión de los recursos necesarios y la
implementación de estrategias para atender las pro
-
blemáticas que presenta la cuenca, lo que suple la
falta de voluntad de algunos actores en este aspecto.
La creación de la Gerencia Estratégica como
autoridad de cuenca es una iniciativa interesante, ya
que es factible que este nuevo órgano contribuya a
la articulación y coordinación institucional, pues in
-
tegra en un mismo espacio a las entidades que tienen
competencia en el tema. Sin embargo, surge la duda,
pues en un escenario caracterizado por la multiplici
-
dad de autoridades y competencias con respecto a un
mismo asunto, no queda claro si la inclusión de otra
autoridad con funciones similares pueda contribuir,
o por el contrario, generar más confusión entre las
entidades. Por lo tanto, la cooperación armónica entre
las entidades competentes para lograr una acción con
-
junta constituye un reto para esta autoridad de cuenca.
En lo que respecta a la protección de ecosistemas
estratégicos, la implementación de esquemas de pago
por servicios ambientales, puede ser un instrumento
efectivo que aporte una solución a largo plazo y que
demuestre la necesidad de priorizar la construcción
de acuerdos entre los actores involucrados, con res
-
pecto a la imposición unilateral de medidas.
Asimismo, se requiere uni±car las percepciones
con respecto al recurso hídrico, de manera que su
protección surja voluntariamente y no como el
cumplimiento de una obligación impuesta, por lo
que sobresale la importancia de la orden dirigida a la
realización de capacitaciones para generar conciencia
acerca de la importancia de la cuenca.
Por otra parte, tal como lo manifestaron los repre
-
sentantes de las entidades territoriales encuestadas,
existen grandes obstáculos en lo que a recursos eco
-
nómicos y humanos se re±ere, por lo tanto es impe
-
rativo que la recuperación de la cuenca se consolide
como una de las prioridades a nivel municipal, de
-
partamental y nacional de manera que se destinen los
recursos su±cientes para lograr las metas planteadas.
Los diferentes municipios de la cuenca, la veedu
-
rías y la comunidad han expresado sus percepciones
acerca de sus preocupaciones e inconformidades con
respecto al cumplimiento del ²allo, principalmente en
asuntos como la reubicación de predios localizados en
la ronda del río y de algunas curtiembres que realizan
vertimientos al río, y la falta de recursos e instrumentos
para modi±car los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) y actualizar los inventarios ambientales (Con
-
traloría General de la República 2014).
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
205
De igual forma, el ingeniero químico Hernando
Robles Villa, presidente de la Asociación de Usuarios
del río Bogotá (Asurío), ha manifestado su inconfor
-
midad frente a algunos diseños de interceptores y
plantas de tratamiento, y a la construcción de la planta
elevadora para la PTAR de Canoas, pues considera
que no beneFcian el interés general de la comunidad,
se generarán costos adicionales innecesarios y no se
está aportando una solución al problema de conta
-
minación del embalse del Muña.
En este orden de ideas, hay que notar las posibi
-
lidades que genera la judicialización de un con±icto
ambiental, en este caso materializadas en soluciones
potencialmente efectivas, que deben ser fortalecidas
por la participación ciudadana y la voluntad de todos
los actores involucrados.
¿Está facultado el juez popular para formular una
política pública?
Una de las preguntas que surgen a primera vista
es si un juez de la república, que no ha sido elegido
por votación popular, está facultado para formular
una política pública con respecto al manejo integral
de la cuenca hidrográFca, o si por el contrario, está
excediendo sus funciones y desplazando las compe
-
tencias de la administración.
Este es un tema que ha cobrado vigencia frente la
ineFcacia de la administración en la formulación de
políticas públicas y la agudización de las problemá
-
ticas que involucran la vulneración de los derechos
humanos. Razón por la que el juez adopta un papel
protagónico y hace uso pleno de sus facultades con
el Fn de salvaguardar los derechos que le han sido
encomendados.
Lo anterior se ha traducido en el surgimiento de
lo que ha sido denominado el “activismo judicial”,
que es un concepto que incorpora un nuevo rol del
juez con respecto a los demás órganos estatales y a
la sociedad, enfocado en el control de estos órganos
y la suplencia de sus ineFcacias, con el Fn de lograr
la materialización de la garantía de los derechos
humanos (Santiago 2008).
Por lo tanto, las entidades estatales deben actuar
de forma armónica y articulada para conseguir los
Fnes del Estado (artículo 113, Constitución Políti
-
ca de Colombia), de manera que los principios de
separación de poderes y de colaboración armónica
cobran especial relevancia al momento de garantizar
el bienestar general y los derechos de los asociados.
Es entonces cuando el rol del juez se extiende más
allá del caso particular y hace evidente su capacidad
de gestionar, controlar y ejecutar los intereses públi
-
cos, sobre todo en los con±ictos estructurales de gran
magnitud, en los cuales se le presenta la oportunidad
de participar en la construcción de políticas públicas
(Berizonce 2012).
La Constitución Política de Colombia establece
que la administración de justicia es una función
pública (artículo 228), por lo que corresponde a los
jueces de la república hacer realidad los propósitos
que inspiran la carta fundamental y las leyes, de
manera que no queden plasmadas únicamente en el
papel y se materialicen en garantías reales (Corte
Constitucional, Sentencia C-037/96).
En lo que respecta a las facultades del juez en el
marco de una Acción Popular, la Ley 472 de 1992
contempla que el juez podrá emitir ordenes de hacer
o no hacer, para hacer cesar la vulneración o amenaza
y exigir la realización de conductas para restaurar las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho
o interés colectivo (artículo 34).
Hay que tener en cuenta que la acción popular
además de ser un mecanismo para la protección de
los derechos e intereses colectivos, constituye un
medio de realización de los deberes y Fnes estatales
establecidos Constitución Política de 1991, que invo
-
lucran derechos fundamentales, sociales, económicos
y culturales. Por lo tanto, la adopción de decisiones
integrales por parte del juez para la consecución de
estos Fnes no es una opción sino un deber.
Entonces, no puede pensarse que el juez popular
carece de la potestad de establecer una política pú
-
blica en relación con la descontaminación y recupe
-
ración del río, cuando sólo de esta manera es posible
garantizar los derechos e intereses colectivos.
Por lo tanto, si el Estado y los particulares
cumplen a cabalidad sus deberes y obligaciones en
materia ambiental, la intervención del juez no es ne
-
cesaria. Así, debe considerarse que la judicialización
de los con±ictos ambientales debe ser un mecanismo
supletorio y subsidiario de otras vías e instrumentos
de gestión ambiental de carácter preventivo y pre
-
cautorio, que deben promoverse con el Fn de evitar
la concreción de daños ambientales.
De esta manera, se deben fortalecer nuevos me
-
canismos de gestión ambiental que involucren a los
diversos actores y se enfoquen en la solución con
-
sensuada e informada de los con±ictos ambientales a
partir de la participación ciudadana y la cooperación
interinstitucional, sin necesidad de acudir a las ins
-
tancias judiciales (Güiza y Palacios 2014)
La percepción de los entes territoriales acerca
del fallo
Según los entes territoriales involucrados en la pro
-
blemática, los vertimientos domésticos, las actividades
L. Güiza Suárez
et al.
206
agropecuarias y los vertimientos industriales consti
-
tuyen los tres principales factores de degradación y
contaminación de la cuenca, seguidos de la falta de
conciencia ambiental, la minería y la deforestación.
Igualmente, las administraciones municipales con
-
sideran como acciones prioritarias para la recuperación
de la cuenca aquellas relacionadas con: I) la actualiza
-
ción y adecuación de los instrumentos de planeación,
II) la optimización de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales y alcantarillado y III) la recuperación
y protección de áreas de especial importancia estraté
-
gica, tal como se muestra en la
fgura 2
.
Dentro de los mayores retos está controlar el
impacto de las aguas residuales urbanas y rurales,
así como la recuperación y protección de las áreas
de importancia estratégica como los páramos, hume
-
dales, bosques y zonas de ronda hidráulica.
Con respecto a los obstáculos para la materiali
-
zación del Fallo, tal como se observa en la
fgura 3
,
sobresale la insu±ciencia de recursos económicos,
la escasez de recursos humanos y asesoría técnica,
y la falta de conciencia ambiental de los actores
involucrados.
La debilidad en materia de recursos económicos y
humanos re²eja que el tema ambiental aún no se ha
consolidado como un asunto prioritario en la agenda
pública nacional, por lo que no son canalizados los
recursos necesarios para atender las problemáticas
de esta índole. Igualmente, la falta de conciencia
ambiental es uno de los factores determinantes en la
disfuncionalidad de la relación de los habitantes del
territorio con la cuenca.
Los gobiernos municipales formularon algunas
recomendaciones para el óptimo funcionamiento de
la Gerencia Estratégica de Cuenca, principalmente
la necesidad de involucrar a todas las entidades e
instituciones que tienen la capacidad de aportar a
la solución del problema y promover la actuación
articulada de las mismas, promover la participación
efectiva de los representantes de los municipios y
de la comunidad, y la ejecución rigurosa de labores
de seguimiento y veri±cación del cumplimiento de
los deberes de cada uno de los actores del con²icto
ambiental.
Finalmente, el 91.6 % de los entes territoriales
que contestaron la encuesta perciben la estrategia
adoptada por el Consejo de Estado, como una vía
idónea para dar solución a la problemática, pues
reconocen que pese a los retos y di±cultades para su
implementación, establece medidas para hacer frente
a los asuntos neurálgicos, promueve la coordinación
interinstitucional y establece responsabilidades pun
-
tuales de obligatoria ejecución involucrando a un
importante número de actores.
CONCLUSIONES
Este fallo emitido por el Consejo de Estado para la
protección y recuperación de la CHRB constituye un
Recuperación y
protección de áreas
de interés
estratégico
17 %
Fortalecimiento de
la participación
ciudadana
2 %
Implementación de
proyectos de
gestión ambiental
10 %
Actualización y
adecuación de
instrumentos de
planeación
29 %
Recopilación y
actualización de
información
ambiental
9 %
Optimización de
sistemas de
tratamiento de aguas
y alcantarillado
26 %
Fortalecimiento de
la educación
ambiental 3 %
Adquisición de
recursos
5 %
Fig. 2.
Medidas prioritarias para la recuperación de la cuenca
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
207
precedente en lo que respecta al alcance de este tipo
de acciones colectivas, pues demuestra su capacidad
de promover políticas públicas y desatar decisiones
trascendentes en benefcio de la protección del medio
ambiente y de los derechos colectivos.
Asimismo se evidencia que la judicialización de
un conFicto ambiental promueve la construcción de
espacios de interacción entre los actores y permite
ampliar la perspectiva del conFicto y lograr acuerdos
para proteger los derechos vulnerados.
La debilidad e incumplimiento de la norma
-
tividad ambiental, la degradación de las ±uentes
hídricas y la inefcacia de la gestión ambiental son
aspectos comunes en Colombia y México. De igual
±orma, las acciones colectivas para la protección
de los derechos e intereses colectivos o di±usos
son fguras jurídicas de gran similitud en los dos
ordenamientos jurídicos y en el caso colombiano
han permitido un gran avance en la garantía de los
derechos colectivos, especialmente el derecho a
gozar de un ambiente sano.
Por lo tanto, las acciones colectivas recientemente
incorporadas en el ordenamiento jurídico mexicano
constituyen una alternativa importante para la pro
-
tección y recuperación ambiental en ese país, en el
evento en que las entidades competentes no cumplan
sus deberes y responsabilidades en esta materia y los
mecanismos extrajudiciales de participación y control
ambiental no den resultado.
Por otro lado, deben ±ortalecerse los instrumentos
preventivos de gestión ambiental que involucren la
participación ciudadana, la coordinación interins
-
titucional y la educación ambiental, para evitar la
congestión de los despachos judiciales y decisiones
tardías.
También es necesario conciliar las percepciones
y en±oques con respecto al recurso hídrico, a través
de la generación de conciencia acerca de los dere
-
chos humanos que están juego y la promoción de
acuerdos. Asimismo es indispensable una voluntad
sólida por parte de las instituciones estatales para
cumplir las órdenes del ²allo y reunir es±uerzos en
benefcio de la cuenca. Se precisa igualmente de un
seguimiento constante por parte de la ciudadanía,
las organizaciones sociales, las universidades y los
organismos de control.
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Fig. 3.
Principales obstáculos para el cumplimiento del ±allo
Debilidad en los
instrumentos de
planeación
8 %
Plazo
insufciente
8 %
Colisión de
derechos
10 %
Actualización y
adecuación de
instrumentos de
planeación
29 %
Deficiencia
presupuestal
37 %
Falta de recursos
humanos y asesoría
técnica
13 %
Falta de
coordinación y
articulación
interistitucional
8 %
Infraestructura
insuficiente
2 %
L. Güiza Suárez
et al.
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