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Sociedad y Política
57
Resumen
Con base en la teoría autoritaria de la prensa de Fred
S. Siebert, el artículo analiza la actuación que desem-
peñan los medios de comunicación de masas en los
regímenes autoritarios. El modelo teórico se aplica al
sistema de medios mexicano en donde las instituciones
mediáticas han guardado una estrecha relación sim-
biótica con el poder político y han sido un reflejo fiel
de las estructuras de poder autoritarias imperantes.
Asimismo, se examina el impacto del libre mercado en
el desempeño de los medios de comunicación y cómo
pone en peligro la libertad de expresión, asimilándose
a un autoritarismo de tipo tradicional.
*
Agradezco a Alberto Dallal los atinados comentarios para la publicación de este artículo.
**
Universidad Nacional Autónoma de México, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Circuito Mario de la Cueva s/n,
Ciudad Universitaria, col. Copilco Universidad, delegación Coyoacán, C. P. 01045, México, D.F.
Medios de comunicación en México:
entre el autoritarismo de Estado y el autoritarismo de mercado
*
Jorge Bravo
**
Abstract
Based on the authoritarian theory of the press by Fred
S. Siebert, the article analyzes the performance realized
by the communication mass media in authoritarian
regimes. Te theoretical model is applied to the system
in the Mexican media where the media institutions
have kept a close symbiotic relationship with the public
power and have been a loyal reflection of the structures
of authoritarian power in function. Also, it analyzes
the impact of the free market on the unemployment
of the communication media and how it endangers
the freedom of speech, whereby it is assimilated to an
authoritarianism of a traditional type.
Palabras clave:
autoritarismo, medios de comunicación, teoría autoritaria de la prensa, libre mercado.
v
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
58
E
ste artículo se propone analizar el sistema de
medios de comunicación mexicano a través
de la teoría autoritaria de la prensa de Fred S.
Siebert,
1
misma que forma parte de las llamadas teorías
normativas de los medios de comunicación las cuales
procuran explicar “cómo
deberían
actuar los
media
o
cómo
se espera
que actúen”.
2
Por
actuación
se entiende
la manera como los medios de comunicación desempe-
ñan sus funciones básicas de información, educación y
entretenimiento en una sociedad específica.
La tesis principal de las teorías normativas plantea
que los
mass media
“siempre toman la forma y la co-
loración de las estructuras sociales y políticas dentro
de las cuales actúan”.
3
En este sentido, “los
media
son
tanto un producto como un reflejo de la historia de su
sociedad, en cuya configuración han intervenido”.
4
En
suma, los sistemas de medios llevan la impronta de
las estructuras de poder –político, económico, social y
cultural– donde operan.
Si bien esa teoría exhibe insuficiencias derivadas
de su carga político-ideológica así como del lapso
transcurrido desde su publicación (la teoría se formuló
en 1956),
5
sus premisas aún resultan pertinentes para
analizar y comprender la actuación de los medios de
comunicación de masas en nuestro país, tanto por
la naturaleza y características propias del sistema
político mexicano durante la prolongada hegemonía
del régimen autoritario priísta como por la deficiente
calidad de la democracia mexicana alcanzada tras la
alternancia política en el año 2000.
De esta manera, se hará notar que la actuación
de la prensa, la radio y la televisión en México son un
reflejo fiel de las estructuras de poder imperantes; que
ha predominado un autoritarismo de tipo tradicional
hacia los
mass media
cuyo principal agente movilizador
ha sido el Estado y que el autoritarismo adopta matices
modernos en los cuales la búsqueda de ganancias econó-
micas propicia que los emporios mediáticos pongan en
riesgo la libertad de expresión que tanto dicen defender
y, por lo tanto, esas empresas de comunicación ejercen
su propio autoritarismo no muy distinto de aquél que
durante tanto tiempo han practicado tradicionalmente
las instituciones del Estado.
—¿Nos
vamos con él, o contra él?
—Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno.
Juan Rulfo
***
Introducción
Qué es el autoritarismo
El autoritarismo es un concepto perteneciente a la
ciencia política. No es una forma de gobierno; es, más
bien, una forma de ejercer el poder –entendido éste en
un sentido amplio– en determinado régimen político.
No está ligado a los fines del poder sino a la manera
como éste se ejerce. Cabalmente, el autoritarismo es un
exceso y un abuso de autoridad que aplasta a la libertad.
Es una degeneración de la autoridad legítima, la cual
posee un sentido positivo y resulta indispensable en
cualquier régimen político.
6
Se opone a la democracia
***
Pedro Páramo
, México, Fondo de Cultura Económica, 1955. N. E.
1
Fred S. Siebert
et al.
,
Four Teories of the Press
:
Te Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility and Soviet Communist
Concepts of What the Press Should Be and Do
, Urbana, University of Illinois Press, 1956.
2
Denis McQuail,
Introducción a la teoría de la comunicación de masas
, tercera edición revisada y ampliada, Barcelona,
Paidós, 2000, p. 196.
3
F. S. Siebert y Teodore Peterson,
±res teorías de la prensa en el mundo capitalista
, Buenos Aires, Ediciones de la Flor,
1956, p. 9.
4
D. McQuail,
op. cit
., p. 195.
5
Para una revisión y crítica de la teoría autoritaria de la prensa de Siebert,
vid
.
ibid.
, pp. 204-215 y James Curran,
Medios
de comunicación y poder en una sociedad democrática
, Barcelona, Hacer, 2002, pp. 175-175.
6
Para entender el sentido de autoridad y diferenciarlo del autoritarismo,
vid
. Giovanni Sartori,
±eoría de la democracia.
1. El debate contemporáneo
, Madrid, Alianza Editorial, 2001, pp. 229-237.
Sociedad y Política
59
porque restringe, coarta o supedita las libertades po-
líticas esenciales del Estado de derecho democrático:
la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de
asociación.
Allí donde no se respetan, están limitadas o son
imperfectas las condiciones básicas de un régimen
democrático (sufragio universal adulto; elecciones re-
gulares libres, competitivas y justas; sistema de partidos
y medios de comunicación libres e independientes;
7
y
que las instituciones democráticas, los derechos y el
proceso de toma de decisiones no estén restringidos ni
condicionados por las elites no elegidas ni por poderes
externos
8
), entonces hablamos de autoritarismo.
El politólogo español Juan Linz ha propuesto que los
regímenes autoritarios son sistemas con un pluralismo
político limitado y no responsable; sin una ideología
elaborada y propositiva; sin una movilización política
intensa o vasta (excepto en algunos momentos de su
desarrollo); y en los que un jefe (o tal vez un pequeño
grupo) ejerce el poder dentro de los límites que for-
malmente están mal definidos pero que de hecho son
fácilmente previsibles.
9
Por su parte, Mario Stoppino plantea que los regí-
menes autoritarios “surgen en sociedades que se carac-
terizan por una modernización (política y económica)
todavía muy débil y obstaculizada por graves estran-
gulamientos sociales y tienden a reforzar y a hacer
incisivo el poder político para superar las
impasses
en
la senda del desarrollo”.
10
Dichos regímenes propician
el fortalecimiento del poder personal, la permanencia
de fuerzas sociales conservadoras y tradicionales y el
atraso general de la estructura social y de la cultura
política de los ciudadanos.
Es importante el planteamiento de Stoppino acerca
del grado de desarrollo económico porque éste constitu-
ye uno de los factores primordiales que propicia que los
medios de comunicación de masas se vean obligados,
en determinado momento, a comprometer su indepen-
dencia informativa. El escaso desarrollo económico
está también estrechamente vinculado al grado de
autoritarismo que alcance un gobierno determinado, o
más ‘duro’ o más ‘blando’, según la caracterización de
Guillermo O’Donnell.
11
Como sostiene Adam Jones: “En
las sociedades de escasos recursos, el Estado-régimen
tiene el monopolio de los materiales y servicios especia-
les para el funcionamiento de los medios. En un sentido
positivo, será capaz de canalizar una amplia gama de
incentivos y subsidios hacia las instituciones favoreci-
das: aquellas que no posee directamente.”
12
Los sistemas políticos autoritarios, insiste Stoppi-
no, “privilegian el aspecto del mando y menosprecian
de un modo más o menos radical el del consenso,
concentrando el poder político en un hombre o en un
solo órgano y restando valor a las instituciones repre-
sentativas; de ahí la reducción a la mínima expresión
de la oposición y de la autonomía de los subsistemas
políticos y la anulación o la sustancial eliminación del
contenido de los procedimientos y de las instituciones
destinadas a transmitir la autoridad política desde la
base hasta lo alto”.
13
En suma, el autoritarismo propicia instituciones
carentes de libertad o autonomía. Los rasgos definito-
rios del autoritarismo antes mencionados nos permiten
suponer cuál es el papel que desempeñan los medios de
comunicación en un régimen político con esas caracte-
rísticas. En casos extremos, los regímenes dominantes y
dominadores pueden llegar a emplear la violencia para
amordazar, limitar la libertad de prensa y de expresión
y ejercer un control directo o velado sobre los medios de
comunicación, sus propietarios y los periodistas.
Así entendido, en un régimen autoritario un medio
de comunicación sigue en mayor o menor medida el
punto de vista de su dueño, ya sea el Estado o un em-
presario.
7
Robert Dahl,
La poliarquía. Participación y oposición
, Madrid, Tecnos, 1997, p. 15.
8
Phillip H. Schmitter y Terry Lynn Karl, “What Democracy Is… and Is Not”, en Larry Diamond y Mark F. Plattner (eds.),
Te Global Resurgence of Democracy
, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996, pp. 49-62
(
pp. 45-46).
9
Juan J. Linz,
±otalitarian and Authoritarian Regimes
, Londres, Lynne Rienner Publishers, 2000, p. 159.
10
Mario Stoppino, “Autoritarismo”, en Norberto Bobbio
et al
.,
Diccionario de política
, tomo I, trad. Raúl Crisafio, México,
Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1984, pp. 143-155 (p. 153).
11
Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter (eds.),
±ransiciones desde un gobierno autoritario 4. Conclusiones tentativas
sobre las democracias inciertas
, Barcelona, Paidós, 1986, pp. 32-35.
12
Adam Jones, “Hacia un modelo comparativo del funcionamiento de la prensa”, en
Política y Gobierno
, vol. VIII, núm. 8,
segundo semestre de 2001, pp. 443-493 (p. 446).
13
N. Bobbio
et al.,
op. cit
., p. 143.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
60
La teoría autoritaria de los medios de comunicación
Según Siebert, la teoría autoritaria de la prensa es
la más antigua y la más socorrida; ella “ha determinado
el molde de comunicación de masas para más gente
durante mayor cantidad de tiempo, que cualquier otra
teoría sobre el control de la prensa”.
14
Surgió a finales
del Renacimiento, poco después de la invención de la
imprenta hacia 1450. Las monarquías absolutistas de
Europa, el fascismo italiano, el nazismo y los gobiernos
de América Latina, entre otros países subdesarrollados,
fueron regímenes que aplicaron en todos sus postula-
dos, y con todas sus consecuencias, la teoría autoritaria
de los medios de comunicación.
La teoría autoritaria se diferencia tajantemente de
las doctrinas libertarias sobre la libertad de prensa y
de expresión. La base filosófica sobre la cual descansa
el “libre intercambio de ideas” –desde John Locke, John
Milton y John Stuart Mill, entre otros pensadores libe-
rales– es ajena a la doctrina autoritaria. La idea de que
la prensa constituye un contrapeso al abuso del poder
gubernamental y se erige en un perro guardián de la
libertad de expresión, como sostiene el pensamiento
liberal, no tiene sentido para el autoritarismo.
La teoría autoritaria de Siebert plantea la existencia
de una relación vertical-descendiente, de arriba hacia
abajo, en el funcionamiento de la prensa y de los me-
dios de comunicación de masas. Lo mismo se puede
decir de los flujos de comunicación política, los cuales,
según Richard Fagen, se relacionan directamente con
un tipo de régimen político democrático, autoritario
o totalitario.
15
En el caso del autoritarismo, el flujo de
comunicación se produce a partir del grupo gobernante
hacia los ciudadanos pero sin la posibilidad real de que
estos últimos transmitan mensajes en el mismo sentido.
Raúl Trejo sostiene, por lo demás, que la comunicación
de masas es autoritaria por antonomasia, pues en ella
sólo unos cuantos individuos difunden mensajes para
muchos.
16
Para la filosofía autoritaria, los medios de comu-
nicación de masas, como instituciones, deben estar
controlados y subordinados en sus funciones y en su
actuación al poder del Estado, a los intereses de la
Elite política y al gobierno en turno; no deben socavar
la autoridad ni el orden establecido ni mucho menos
ofender, criticar o poner en duda los valores morales
y políticos dominantes.
17
El argumento central de la
teoría es que la autoridad descansa en el Estado y que
“todos los factores que actúan dentro [de él] deben pro-
mover los objetivos y las políticas” del mismo.
18
Dichos
objetivos están determinados por un gobernante o por
una cúpula. “La aplicación de la teoría autoritaria suele
estar diseñada para proteger al orden social establecido
y a sus instancias, poniendo límites a la libertad de los
medios de comunicación.”
19
Según el grado de autoritarismo imperante, los
gobiernos pueden contentarse con evitar que los me-
dios critiquen directamente a los dirigentes en turno
y a sus proyectos. Cierta benevolencia de los políticos
autoritarios permite, tolera, y por momentos propicia,
una divergencia general referente a los principios po-
líticos sobre los cuales descansa el sistema, pero no se
tolera la tentativa abierta de echar abajo a las autori-
dades. Las voces opositoras que pueden llegar a existir
en los regímenes autoritarios dependen en muchos
casos de la buena voluntad o de la indiferencia de los
gobernantes.
Para un profesor de periodismo de la Universidad
Estatal de Moscú, Yassan Zassoursky, lo importante
para la concepción autoritaria es su enfoque instru-
mental. “Los medios de comunicación son considerados
una
herramienta
, sea ésta un hacha, un látigo o incluso
‘promesas’ pero un instrumento al fin […] en manos de
los poderosos: los gobernantes casi siempre.”
20
La teoría autoritaria justifica que los medios se
sometan a ciertos controles por parte del gobierno y no
deben interferir en los fines esenciales de la sociedad a
través del Estado a menos que decidan –por voluntad
propia o por imposición del régimen– respaldar esos
mismos principios. En este sentido, los regímenes au-
toritarios no contemplan un protagonismo excesivo de
los medios de comunicación. Como bien señala Siebert:
14
F. S. Siebert y T. Peterson,
op. cit.
, p. 17.
15
N. Bobbio
et al
.,
op. cit
., p. 263-268.
16
Raúl Trejo Delarbre,
Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos.
México, Cal y Arena, 2005, p. 149.
17
F. S. Siebert, “Teoría autoritaria de la prensa”, en
F. S. Siebert y T. Peterson
, op. cit.
, pp. 28-35.
18
Ibid
., p. 35.
19
D. McQuail,
op. cit
., p. 205.
20
Citado en A. Jones,
op. cit
., p. 446.
Sociedad y Política
61
“Cuando el [dirigente de carácter] autoritario considera
las funciones de los medios de masas, ya ha determina-
do sus propósitos básicos de gobierno. Inevitablemente,
dichos propósitos controlan a la vez su actitud hacia los
aspectos culturales y políticos de la comunicación.”
21
Cabe mencionar que los gobiernos autoritarios
modernos (con excepción del fascismo italiano o el tota-
litarismo alemán) y contemporáneos no se consideran a
sí mismos autoritarios, antes al contrario. Una peculia-
ridad del autoritarismo (en México y en cualquier otra
latitud donde echa raíces) es que opera con bastante
frecuencia dentro de un marco formal democrático que
niega, en el discurso político oficial, cualquier forma
de abuso del poder. Por lo general, en esos países las
constituciones establecen una estructura democrática
del régimen pero en la práctica el ejercicio del poder y
el fundamento de las instituciones son de naturaleza
autoritaria. En este sentido, no es extraño que los
gobernantes exalten en cada oportunidad su respeto
irrestricto a la libertad de expresión y de prensa. Así
pues, el autoritarismo permite , como una de sus ma-
yores ‘virtudes’, cierto juego político, aunque sea para
guardar las apariencias, es decir, concentra el poder pe-
ro permite ciertas válvulas de escape para mantener el
statu quo
y, a la vez, conseguir legitimidad que conserve
a la elite política en las posiciones de poder.
Lo anterior no pasa desapercibido a Siebert, quien
afirma: “con frecuencia las doctrinas libertarias resul-
tan simplemente la fachada detrás de la cual los gobier-
nos siguen prácticas autoritarias. [Estos regímenes]
indican que la creencia en la libertad de expresión es
una convicción popular tan arraigada por todas partes,
que los países poseedores de medios de información
siempre afirman que tienen una prensa libre”.
22
En México, la celebración oficial de ese derecho
político que es la libertad de expresión se celebraba
cada 7 de junio desde 1951.
23
Ese día, el presidente de
la República se reunía con los periodistas y con los
dueños de los diarios y revistas nacionales para renovar
su compromiso y el de su gobierno con la libertad de
expresión. Cada año, la retórica y los discursos de los
gobernantes se repetían al tiempo que los mecanismos
de presión y de censura cumplían con el cometido de
coartar o limitar la libertad de expresión.
Así pues, en los regímenes autoritarios se hace un
uso deliberado de los
mass media
como instrumentos al
servicio del poder político y de la dirigencia dominante.
En ciertos casos, el Estado ha asumido el control directo
–mediante nacionalización o creación
ex profeso
– de
algunas empresas de comunicación que le sirven como
voceros oficiales, ya sea que se trate de publicaciones
periódicas o de estaciones de radio y/o televisión.
24
Históricamente, con mayor o menor intensidad,
el Estado siempre ha participado activamente en el
proceso de comunicación de masas. Su retirada de la
emisión directa de mensajes, sobre todo a través de los
medios electrónicos, es un fenómeno reciente con base
en la filosofía neoliberal que defiende una participa-
ción mínima del Estado en una economía de mercado
autorregulado. Ese abandono de ciertas actividades
que tradicionalmente había desempeñado el Estado,
vinculadas al control de los medios de comunicación
de masas, en especial la radio y la televisión, ha ocasio-
nado, entre otras cosas, que el control sobre las trans-
misiones de los medios de comunicación haya pasado
de los gobiernos a los propietarios y/o concesionarios
privados de los conglomerados de comunicación.
Con el surgimiento de la radiodifusión nació la
necesidad de establecer quiénes tenían el derecho y
la obligación de utilizar los medios electrónicos. La
compleja y costosa estructura de la radio y la televi-
sión propició una ardua e histórica discusión sobre los
modelos a implementar: el monopolio de la propiedad
estatal como en la mayor parte de Europa; la opción
21
F. S. Siebert y T. Peterson,
op. cit
., p. 27.
22
Ibid
., p. 40.
23
La entrega del Premio Nacional de Periodismo inició el 7 de junio de 1951 cuando editores de diarios y revistas organi-
zaron, en el restaurante El Grillón de la ciudad de México, un banquete en honor del presidente Miguel Alemán Valdés para
celebrar el ejercicio de la libertad de expresión. Aun antes de ese demagógico reconocimiento, los discursos oficiales siempre
habían exaltado la libertad de expresión cuando en la realidad periodística del país ocurría todo lo contrario. Desde el 2001,
el mandatario en turno dejó de encabezar la ceremonia del Día de la Libertad de Expresión. Ahora, la entrega del Premio
Nacional de Periodismo es organizada por un comité ciudadano independiente del presidente y del gobierno en turno.
24
Es importante aclarar que en un sistema político democrático, la existencia de medios de comunicación públicos no
necesariamente implica un control autoritario sobre los mismos y la información que socializan. Si bien no es una regla
generalizada, en ocasiones los medios públicos gozan de una mayor autonomía con respecto al poder político en compara-
ción con los
mass media
privados. Tanto la programación habitual como los contenidos informativos pueden llegar a ser, y
a menudo lo son, de mayor calidad e independencia.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
62
semi-independiente como el sistema de la British Broad-
casting Corporation (bb±) del Reino Unido, ²asado
en una sociedad pú²lica; o ²ien el modelo comercial
estadounidense, autónomo del control gu²ernamental
directo pero sujeto a la vigilancia legal del Estado.
En todos los casos el autoritarismo ha sa²ido dar
respuestas flexi²les para ejercer un control directo o
velado so²re los medios de comunicación. Una primera
política de Estado ha sido la reglamentación so²re la
radio y la televisión (inicialmente de la prensa), so²re
todo por la penetración que tienen esos medios en la
po²lación y porque la transmisión de contenidos no
restringe su alcance a un límite territorial, sino que
lo excede. La misma naturaleza de los medios elec-
trónicos propicia la intervención del Estado porque la
transmisión de mensajes requiere el empleo de ondas
electromagnéticas cuya oferta es limitada y requiere
de la autorización del Estado. En países como México,
donde el espectro radioeléctrico es propiedad de la na-
ción, el otorgamiento de permisos y concesiones para
operar estaciones de radio y/o televisión siempre ha
sido una facultad discrecional del Ejecutivo. A través
de ella, los go²ernantes priístas supieron y lograron
su²ordinar durante décadas a los concesionarios de la
radiodifusión.
Ya sea que se trate de la propiedad estatal o del
modelo empresarial, los go²iernos autoritarios siempre
han puesto en práctica una serie de sutiles mecanismos
de presión y de censura para someter a los medios, a
sus propietarios y a los periodistas, con el fin de que
respalden, o por lo menos no critiquen acremente, las
políticas del régimen o los intereses del go²ierno en
turno y ayuden, en cam²io, a fomentar los o²jetivos
culturales y políticos de la autoridad. Sie²ert sostiene
que el pro²lema más importante en la mayoría de los
sistemas autoritarios era esta²lecer restricciones y con-
troles efectivos so²re los medios dirigidos por particu-
lares. “Las naciones occidentales ensayaron numerosos
métodos con grados varia²les de éxito y puede decirse
que ningún método único de control tuvo éxito durante
un periodo prolongado de tiempo.”
25
De esta manera, uno de los métodos para asegurar
un trato favora²le a las políticas de los go²iernos autori-
tarios ha sido el otorgamiento de licencias, permisos y/o
concesiones en el caso de la radiodifusión. La censura
ha sido otro mecanismo. “Estos métodos indirectos de
control so²re los medios de comunicación de masas
tienen la ventaja de aquietar los ataques provenientes de
fuentes li²ertarias, ya que por lo general resulta difícil
–si no imposi²le– rastrear la fuente de corrupción”;
26
o
simplemente los mecanismos se hallan ²ajo una som²ra
legal que los ‘justifica’ y ‘legitima’.
Como ya se mencionó, los periodistas y los empre-
sarios de las instituciones mediáticas están igualmen-
te su²ordinados a las estructuras de poder político
imperantes y carecen de una auténtica independencia
informativa. “La teoría autoritaria justifica la censura
previa [destinada a ocultar los hechos que pudieran
herir a quienes detentan el poder] y el castigo por des-
viación de las orientaciones externas, cuya aplicación
más pro²a²le se hallará en el campo de la política o en
cualquier otro de claras implicaciones ideológicas.”
27
Un aspecto que Sie²ert incorpora a la teoría auto-
ritaria es un importante matiz que ‘exonera’ al Estado
(mandatarios, go²iernos y partidos) como el
único
con-
trolador autoritario de los medios de comunicación. Si
²ien los dirigentes políticos, los go²iernos y los partidos
no han cesado en su empeño, cada día más complica-
do, de controlar a los medios, la tendencia actual es
que un puñado de poderosos empresarios asuma ese
mismo control de las empresas de comunicación con
²ase en sus intereses económicos. De tal manera que
estar a salvo de la injerencia del Estado ya no resulta
suficiente para garantizar a los seres humanos la li²re
expresión de sus opiniones e ideas. La concentración y
el monopolio mediáticos se han convertido en el más
reciente o²stáculo a la li²ertad de expresión; sin men-
cionar la estulticia en la cual han caído los contenidos
de las emisiones de radio y televisión para tener mayor
audiencia; o ²ien el uso y a²uso de un periodismo de
corte sensacionalista para tener más lectores y, por
añadidura, mayores ganancias económicas.
25
F. S. Sie²ert y T. Peterson,
op. cit
., p. 28.
26
Ibid
., p. 35.
Medios de comunicación de masas y autoritarismo en México
El autoritarismo de Estado
Independientemente de los excesos en los cuales están
incurriendo los medios de comunicación en la sociedad
contemporánea, so²re todo de propiedad privada, y
aunque disfruten de mayor o menor autonomía con
respecto a las instancias gu²ernamentales, la som²ra
Sociedad y Política
63
del Estado siempre representa una espada de Damocles
que, atenta, pende para guillotinar la libertad de expre-
sión en el momento que sea necesario.
Ya sea que se trate de autoritarismos ‘duros’ o
‘blandos’, los medios de comunicación de masas son
utilizados para encauzar el apoyo de las muchedumbres
a los líderes y movilizarlas a favor de las políticas del
régimen. Desde luego que mientras más duro e intole-
rante sea el régimen, menor será el margen de manio-
bra y la independencia de la prensa y de los medios de
comunicación electrónicos.
Durante la larga hegemonía priísta, la relación
entre los dueños y/o concesionarios de los medios de
comunicación y el gobierno fue de carácter simbiótica,
de mutua interdependencia. Salvo excepciones, fue
asimismo un reflejo fiel de las estructuras de poder
autoritarias imperantes. “Lejos de ser interlocutores
o contrapesos del poder como lo son en sociedades
democráticas, en México los medios de comunicación
eran verdaderas comparsas del gobierno.”
28
En el caso
mexicano la estrecha colaboración de los medios de
comunicación con el régimen autoritario se dio porque
los propietarios de los medios formaban parte, en mayor
o menor medida, del sistema de poder.
Una declaración emblemática de la relación, ya muy
deteriorada, de la prensa con el poder político, se dio
en 1982 cuando el entonces presidente mexicano, José
López Portillo (1976-1982), en la tradicional entrega del
Premio Nacional de Periodismo, reclamó a los editores
de los periódicos su falta de solidaridad con el gobierno,
recordándoles que éste los financiaba en buena parte
con la propaganda oficial y que, por lo tanto, resultaba
una perversión sadomasoquista que el gobierno pagara
a la prensa para que ésta le pegara.
29
Ese comentario
cínico y realista exhibió el control y el sometimiento
de la prensa mexicana al gobierno en turno, así como
la poca disposición de la elite política para tolerar a
publicaciones que no estaban dispuestas a reproducir
en todo momento el discurso oficial o a respaldar las
políticas del gobierno en turno.
En autoritarismos más ‘blandos’ siempre permane-
cen resquicios a través de los cuales emitir comentarios
críticos al régimen. Esas fisuras pueden convertirse
en auténticas crisis políticas y de legitimidad que los
medios de comunicación –y otros actores políticos, in-
cluida la sociedad– aprovechan para hacer valer ciertas
libertades y derechos hasta entonces conculcados, a lo
cual se suman los medios y la opinión pública extranje-
ra, sobre todo en una sociedad global donde el flujo y la
penetración de la información y de los mensajes mediá-
ticos resulta cada vez más difícil de contener y ocultar.
Entonces entran en proceso transiciones democráticas
en las cuales pueden jugar un papel determinante los
medios de comunicación, los cuales ensayan su propia
‘apertura’ informativa y de contenidos a la pluralidad y a
las voces y opiniones hasta entonces excluidas, aunque
siempre de manera paulatina y cauta, transformándose
al mismo tiempo, aunque no con la misma intensidad
con la que lo hace el régimen autoritario.
El desarrollo democrático, más o menos accidenta-
do, permite a los medios de comunicación, en ocasiones
a regañadientes, asirse a las reformas políticas que
van sucediéndose, auspiciadas por los gobernantes
en turno. La hábil estrategia política es de doble vía:
al tiempo que se liberaliza el régimen, éste adquiere
mayor legitimidad y la elite política se encumbra en el
poder. Los medios terminan por celebrar las innegables
reformas (aun con sus múltiples defectos y limitaciones
deliberadas) colocándose inevitablemente de lado del
régimen y del gobierno en turno. En todo caso, el límite
del logro que hayan conseguido los opositores al régi-
men es el mismo que la cúpula política establece como
demarcación de las reformas.
No obstante esos resquicios que con el tiempo
pueden llegar a convertirse en abismos, los medios
de comunicación siempre se muestran precavidos y
a algunos de ellos se les dificulta sacudirse el manto
autoritario que los ha arropado durante lapsos más o
menos prolongados.
A pesar de la transición democrática, muchos me-
dios preservaron su lealtad al régimen ensalzándolo al
tiempo que omitían, distorsionaban y/o censuraban las
acciones y los discursos de los demás actores políticos.
Adriana Borjas Benavente sostiene que lo anterior
27
D. McQuail,
Introducción a la teoría de la comunicación de masas
, segunda edición, México, Paidós, 1993, p. 150.
28
Jacqueline Peschard Mariscal, “Los medios de comunicación en la construcción de la cultura política democrática en
México”, en
América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales
, núm. 25, agosto de 2000, pp. 87-94 (p. 88). Artículo disponible
en línea,
29
Las palabras de José López Portillo pronunciadas el 7 de junio de 1982 fueron las siguientes: “¿Una empresa mercantil
organizada como negocio profesional tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le opon-
ga? Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas
perversiones: te pago para que me pegues [.
..]”
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
64
“terminó por provocar el efecto contrario, por lo menos
en una parte de la audiencia, que no sólo rechazó la in-
formación recibida, sino que incluso comenzó a sentir
simpatía hacia los actores criticados por los medios”.
30
De acuerdo con Adriana Borjas, “la subordinación a
los dictados del régimen por parte de algunos medios
de difusión masiva, agudizada durante la presidencia
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), deterioró casi
por completo la legitimidad informativa y la credibili-
dad en ellos entre amplios sectores de la población, los
cuales optaron por favorecer a aquellos medios que en
el transcurso de los últimos años habían acreditado
una vocación independiente”.
31
Ante el descrédito evidente de algunos medios y
comunicadores durante el proceso electoral de 1988,
cuando surgieron protestas más o menos espontáneas
por el sesgo informativo que los medios electrónicos le
imprimieron a la campaña –beneficiando al candidato
oficial y omitiendo o distorsionando las actividades
públicas de la oposición–, intentaron recuperar la legi-
timidad y la credibilidad perdidas, no sin dificultades,
tropiezos y retrocesos.
Cabe señalar que en el caso del sistema político
mexicano, fue el propio liderazgo político autoritario
–a través del largo proceso de transición democrática,
fundamentado en sucesivas, parciales y negociadas re-
formas electorales– el que propició la acotada ‘apertura’
(que no es lo mismo que
democratización
) de los medios
de comunicación, sobre todo la radio y la televisión, a la
equidad y a la pluralidad políticas. Aun a cuentagotas,
la ‘apertura democrática’ de 1976-77 inició el lento pro-
ceso de transición democrática en México que incluyó,
entre otras cosas, el acceso a los medios electrónicos por
parte de los partidos de oposición, sobre todo durante
los procesos electorales. David Hallin corrobora esta
perspectiva de análisis: “[…] los cambios liberalizado-
res que se produjeron a finales de los años ochenta en
los medios de comunicación mexicanos, sobre todo la
televisión, se debieron a la presión, no tanto del público,
como de una fracción reformista y ‘blanda’ dentro del
PRI, que forzó a la vieja guardia empresarial que contro-
laba la televisión comercial a adoptar a regañadientes
un molde más pluralista.”
32
Así pues, en México, el proceso de transición
política
se adelantó a la democratización social y económica
como lo demuestran claramente los conglomerados
mediáticos que han alcanzado un evidente desarro-
llo económico y una visible injerencia en los asuntos
públicos. En cambio, esas mismas empresas no se
han preocupado por
democratizar
–al tiempo que lo
intentan algunas instituciones políticas y sociales– sus
estructuras y funciones, como tampoco han tenido el
interés por contribuir a esos requerimientos básicos y a
la necesidad de consolidación democrática del país.
La explicación que Giovanni Sartori encuentra a lo
anterior plantea que la democracia “auténtica” nunca
es “total”, es decir, en todos los ámbitos: el político, el
económico, el social y el cultural.
33
Históricamente, el
Estado liberal-democrático, al cual Sartori se refiere,
alcanzó la democracia de manera inicial en el sentido
político
. Muchos otros subsistemas, más de los que
imaginamos, permanecen sin democratizarse como,
por ejemplo, el sector económico de los medios de
comunicación de masas. Al menos en una democracia
incipiente como la mexicana, los ámbitos económico,
social y cultural pueden permanecer a la vera de la
transición y la consolidación democráticas rezagados
en comparación con la democratización de las institu-
ciones políticas.
Así pues, en años recientes, hemos sido testigos
–primero durante la transición y después con la al-
ternancia política– de cómo la peculiar democracia
mexicana, restringida a los comicios electorales, ha sido
asumida por los concesionarios de la radio y la televi-
sión como un estupendo negocio.
34
El exorbitante gasto
electoral de los partidos y candidatos y la preeminencia
de campañas electorales centradas en el uso y abuso
de los
mass media
, en especial la televisión, a través de
los servicios de los especialistas en
marketing
político
y sus herramientas de comunicación-persuación, han
erigido a los medios de comunicación de masas en un
poder desmesurado y en la arena pública más impor-
30
Adriana Borjas Benavente, “La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo propagandista de comunicación polí-
tica”, en
América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales
, núm. 33, abril de 2003, pp. 102-121 (p. 105). Artículo disponible en
línea
31
Ibid
., p. 104.
32
David Hallin, “Media, Political Power, and Democratization in Mexico”, en James Curran (ed.),
De-westernizing Media
Studies
, Londres, Routledge, 2000, p. 103.
33
Giovanni Sartori,
¿Qué es la democracia?
, México, Taurus, , 2003, p. 24-25.
34
Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa, admitió en el año 2000 que “la democracia es un buen negocio”.
Sociedad y Política
65
tante donde se disputan y se dirimen las luchas por el
poder.
De manera lenta pero constante, ha ocurrido un
apoderamiento
de los medios de comunicación (vin-
culado, desde luego, al apoderamiento de otros actores
políticos como los partidos y la misma ciudadanía, pero
en menor medida), fruto de la transición democrática
que tiene que ver con la capacidad para acceder e influir
en la toma de decisiones y en asegurarse la representa-
ción de los intereses propios.
En todo caso, mientras lo anterior ocurre, los líde-
res autoritarios prefieren que ciertas voces críticas (de
algunos periodistas e intelectuales reconocidos), sobre
todo en la prensa, no dejen de expresarse para, de esta
manera, crear una fachada de gobierno democrático
capaz de resistir los comentarios adversos. Esas opinio-
nes críticas son toleradas y, en ocasiones, auspiciadas,
siempre y cuando no se sumen nuevas y las ya existentes
no incrementen el tono de la animadversión. Funcionan
a la perfección como
válvulas de escape
que apaciguan
el malestar colectivo al tiempo que simulan una deli-
berada expectativa de libertad de expresión.
Como en el caso mexicano, los regímenes autorita-
rios no siempre actúan con plena virulencia. Salvo evi-
dentes excepciones, el régimen priísta no fue partidario
de cometer excesos violentos; no obstante, su poder e
influencia nunca dejaron de ser preponderantes. Sus di-
rigentes prefirieron emplear un cúmulo de sofisticados
y hábiles mecanismos de presión y de censura mucho
más eficaces que la violencia descarnada.
Hemos dicho que el grado de desarrollo económico
también es un factor determinante que compromete la
independencia informativa de los medios de comunica-
ción. En sociedades con escasos recursos, el Estado es
el encargado de proveer los incentivos y los subsidios
necesarios para la existencia y el funcionamiento de los
medios. Resulta tan eficaz este mecanismo que cuando
un subsidio estatal constituye la parte fundamental de
los ingresos de un medio (periódico, revista, estación
de radio o televisión), el gobierno no tiene necesidad
de presionar para que se omitan ciertos comentarios o
informaciones o que se incluyan otros favorables al mis-
mo. Si se quiere conservar ese apoyo económico –que
en ciertas circunstancias resulta ser el único–, no hace
falta sino apegarse a ciertos límites que, por lo general,
están perfectamente establecidos. Algo similar ocurre
con los medios de comunicación que han diversificado
sus fuentes de financiamiento y que dependen en gran
medida de la publicidad.
En palabras de Jones,
35
el principal “imperativo
movilizador” que funciona en sociedades autoritarias,
sobre todo subdesarrolladas (aunque no exclusiva-
mente), proviene directamente de los regímenes y sus
dirigentes, así como de las asociaciones políticas y los
partidos (no olvidemos que durante mucho tiempo
la prensa fue una extensión de los primeros partidos
y promovían abiertamente sus causas). Todos ellos
ejercen la mayor influencia sobre el funcionamiento
de la prensa y de los
mass media
. Esto obliga a que el
sistema de medios de comunicación se aproxime al
regazo protector del Estado, a cambio de lo cual recibe
lo necesario para su subsistencia y posiblemente otras
prebendas. En este tipo de sociedades autoritarias y
“estranguladas por los
impasses
del desarrollo”,
36
casi
todos los
mass media
dependen, en más de un sentido,
del régimen gobernante.
En el caso de la radio y la televisión –por su compleja
estructura así como por la naturaleza y el marco jurí-
dico que la regula–, el control es ejercido directamente
por el Estado, siendo éste su más contundente impe-
rativo movilizador sólo superado por otro igualmente
preponderante: las ganancias económicas.
Sin embargo, en México, como en otros países, el
espectro radioeléctrico por donde viajan las señales
de radio y televisión es propiedad de la nación. Su
explotación por parte de particulares depende de una
concesión que autoriza el Ejecutivo. Esta facultad, que
en nuestro país siempre ha sido discrecional por la falta
de una reglamentación cabalmente institucionalizada y
transparente, coloca a los concesionarios en un virtual
escenario de subordinación. El interés por obtener y con-
servar alguna concesión para operar estaciones de radio
y/o televisión ha propiciado que los empresarios de los
medios de comunicación electrónicos comulguen con el
régimen político en una relación simbiótica con él.
Como señala Guillermo Orozco, en México, el Par-
tido Revolucionario Institucional (±²³) y la televisión
“han sido como dos caras de una misma moneda a lo
largo de más de cincuenta años, desde el inicio formal
de la televisión en 1950 hasta la así llamada ‘alternancia
política’ mexicana en el año 2000, en que otro partido ha
alcanzado el poder”.
37
Orozco asegura que sería ingenuo
35
A. Jones,
op. cit
.
36
M. Stoppino,
op. cit
.
37
Guillermo Orozco Gómez, “La televisión en México”, en G. Orozco Gómez (coord.),
Historias de la televisión en América
Latina
, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 203-244 (p. 203).
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
66
pensar que la hegemonía de más de setenta años de un
solo partido “haya sido posible sin el apoyo de ese par-
ticular tipo de televisión orquestado por Televisa”.
38
Sin duda alguna, esa empresa de comunicación ha
sido, como afirma Trejo Delarbre, una “institución fun-
damental en el entramado político de nuestro país”,
39
con una enorme capacidad de maniobra y pragmatismo
que supo atravesar el umbral de la transición y de la
alternancia democráticas con más fuerza e influencia
que nunca.
No obstante el tránsito hacia la democracia, en
México perdura una
cultura de medios
anclada a los re-
sabios autoritarios que tiene que ver directamente con
una tradición periodística de subordinación al poder
político y, más recientemente, al imperativo económico.
En todo caso resulta difícil encontrar a algún medio
de comunicación que sea plenamente independiente y
no esté en deuda, de alguna u otra manera, en mayor o
menor grado, con el régimen político autoritario o con
los anunciantes.
Así pues, el catálogo de mecanismos de presión
puede ser tan vasto como sutil o descarnado. El régi-
men priísta proveyó de diversos recursos a la prensa
mexicana: subsidios de papel; control estatal de la
distribución en los puestos de periódicos a través de la
Unión de Voceadores incorporada corporativamente
al PRI; circulaciones infladas por las compras del go-
bierno; ingresos casi únicos por concepto de anuncios
gubernamentales; sobornos directos a los periodistas
y hasta la rotación de personal entre los redactores
del periódico a las oficinas de comunicación social del
gobierno. “Al manipular acertadamente estos aspectos,
un Estado autoritario más sofisticado puede mantener
su dominio a prudente distancia, incluso sobre [medios
de comunicación] ‘independientes’ o de oposición.”
40
Así es como en México, de muchas maneras y em-
pleando un sinfín de
incentivos
, el monólogo discursivo
del régimen autoritario priísta se impuso en los medios
de comunicación durante muchas décadas. El otrora
presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), por
ejemplo, centralizó hábilmente la información del Es-
tado a través de un Departamento Autónomo de Prensa
y Publicidad. Los boletines de prensa que todavía hoy
en día se transcriben, sin investigación ni ubicación
previa, en los medios nacionales (que tanto han daña-
do a la profesionalización del periodismo en México)
tienen su origen en el cardenismo.
41
A raíz de ese tipo
de mecanismos tan ingeniosos y evidentes, el punto de
vista oficial siempre imperó. Tiempo después, Miguel
Alemán Valdés (1946-1952) crearía los departamentos
de prensa de las secretarías de Estado (las actuales,
rimbombantes y por momentos inútiles secretarías de
comunicación social), oficinas al servicio del funcio-
nario en turno y fuentes de dispendio y de corrupción
periodística.
Desde luego que también existen incentivos en sen-
tido negativo, con diversos grados de violencia. Puede
tratarse de la censura abierta o la aplicación selectiva
de la ley, como las restricciones a otorgar permisos y/o
concesiones de radio y televisión. Otras medidas más
alevosas pueden ser la agresión directa a las instala-
ciones de los medios; la confiscación de imprentas,
archivos o equipos; el cierre de medios; la compra o
robo de ciertas ediciones; el hostigamiento al perso-
nal y el derramamiento de sangre. Los mecanismos
fiscales resultan sumamente eficaces para presionar a
los medios y a sus propietarios, quienes han tomado la
decisión ‘equivocada’ de desviarse del camino marcado
por el régimen.
Esta comunicación política y periodística vertical
y autoritaria por antonomasia, en la cual predomi-
naron los mensajes gubernamentales, impidió por
mucho tiempo, y hasta nuestros días, la ‘respuesta’
proveniente de la sociedad, mediada por el periodismo
profesional.
El autoritarismo de mercado
Es importante mencionar que la teoría autoritaria de los
medios de comunicación se ha extendido o ampliado en
cuanto a sus fuentes de control, o imperativos moviliza-
dores, como señala Jones, de tal manera que el Estado ha
dejado de tener el monopolio para someter a los medios
de comunicación. Se han sumado, hasta competir con
los regímenes autoritarios, el poder económico y el
de ciertos poderes fácticos, no regulados legalmente,
como el del crimen organizado. En México, las bandas
del narcotráfico, con sus amenazas y acciones directas,
han limitado en muchos sentidos el trabajo informativo
38
Idem.
39
Raúl Trejo Delarbre (coord.),
Las redes de Televisa
, México, Claves Latinoamericanas, 1988, p. 43.
40
A. Jones,
op. cit
., p. 446.
41
Karin Bohmann,
Medios de comunicación y sistemas informativos en México
, México, Alianza, Editorial, 2001, p. 73.
Sociedad y Política
67
de los medios, la más grave de éstas: el asesinato de pe-
riodistas. En estas circunstancias existe, no obstante,
una obvia responsabilidad de los gobiernos, los cuales
suelen ignorar, haciéndose de la vista gorda, ese tipo
de actividades ilícitas y otros abusos, cuando no auspi-
ciándolos con su indiferencia, propio de autoritarismos
tradicionales. Queda claro que no actuar debidamente
también es una decisión política deliberada.
Amén de los regímenes o partidos, cabría destacar
en este escenario otro imperativo movilizador: las uti-
lidades económicas. Siebert ya lo había advertido hace
medio siglo al referirse a los medios “libres” del polo
liberal-occidental liderado por Estados Unidos:
[…] la prensa [y los medios de comunicación] –como en
los viejos tiempos autoritarios– está cayendo en ma-
nos de unos pocos poderosos. Cierto que estos nuevos
dirigentes [de los
mass media
] no son en su mayoría
dirigentes políticos. En verdad, protegen con tesón a
la prensa contra el gobierno. Pero el mismo hecho de
que sea tan limitado el control de la prensa, coloca una
potestad nueva e inquietante en manos de los dueños y
gerentes de los medios de comunicación […] [quienes]
determinan qué personas, qué hechos, qué versiones de
dichos hechos, alcanzarán al público.
42
Precisamente el argumento central de la teoría de la
responsabilidad social de los medios de comunicación
consiste en que la posición de poder, y en algunos casos
el monopolio de los medios de comunicación, les im-
ponen la obligación de ser socialmente responsables,
para permitir que todas las opiniones se presenten de
manera imparcial y para que el público posea la sufi-
ciente información que le permita decidir y actuar en
consecuencia.
Así pues, durante mucho tiempo, el Estado fue el
monopolizador del control sobre la prensa y los medios
de comunicación. En años recientes ese sitio ha comen-
zado a ocuparlo, por una parte, el poder económico
(léase los anunciantes, la publicidad) y, por la otra, el
poder económico y el poder simbólico
43
al unísono, re-
presentados en los conglomerados de comunicación.
Esta es una de las causas por la cual Ignacio Ra-
monet sitúa actualmente al poder político tradicional
en tercer lugar, cuando siempre ocupó el primer sitio.
“Por delante se encuentra el poder económico y el poder
mediático, y cuando se poseen éstos, hacerse con el
poder político no es más que un mero trámite.”
44
Posi-
blemente no sea tan sencillo como un “mero trámite”,
pero es indudable el ascendiente y la preeminencia que
han adquirido los medios de comunicación en la socie-
dad actual, al grado de ocupar los vacíos que la élite
política ha dejado por sus insistentes errores y abusos.
No sólo se trata de una ubicuidad que todos podemos
corroborar, sino de una injerencia real e incisiva en las
decisiones de quienes tienen a su cargo el poder político,
distorsionando la actividad pública de los gobiernos.
Ese ‘ascenso’ de los poderes económico y mediático (que
de ser el “cuarto poder” pasó a ser el segundo) lo ha sido,
al menos desde la caída del Muro de Berlín en 1989, en
influencia global y, en general, sobre el funcionamiento
de las sociedades.
45
El sociólogo inglés Colin Crouch ofrece dos ventajas
de los grupos de presión empresariales sobre los gobier-
nos, entre los cuales podemos incluir a los gestores de
los medios de comunicación:
Los grupos de presión que actúan en nombre de las
empresas siempre disfrutan de unas enormes ventajas,
y ello es así por dos motivos. En primer lugar, tal y como
sostiene convincentemente [Charles] Lindblom [.
..], los
intereses empresariales están en condiciones de ame-
nazar con que si el gobierno no atiende sus peticiones,
su sector no marchará bien, lo que a su vez pondrá en
peligro el propio objetivo central del gobierno de alcan-
zar el éxito económico. En segundo lugar, estos grupos
disponen de unas sumas enormes de dinero para llevar a
cabo este trabajo de presión; no sólo porque, para empe-
zar, son ricos, sino porque si las presiones surten efecto,
ello se traducirá en un incremento de los beneficios para
sus empresas; es decir, los costes de los grupos de presión
constituyen una inversión.
46
42
F. S. Siebert y T. Peterson,
op. cit
., p. 12.
43
El poder simbólico se entiende como la “capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos para influir en
las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas
simbólicas”. John B. ±ompson,
Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación
, Barcelona, Paidós,
1998, p. 30.
44
Ignacio Ramonet,
La tiranía de la comunicación
, Madrid, Debate, 2002, p. 166.
45
Ibid.
, p. 60.
46
Colin Crouch,
Posdemocracia
, México, Taurus, 2004, p. 32.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
68
Crouch es incisivo al señalar cómo los gestores em-
presariales han adquirido un acceso privilegiado a
las altas esferas del poder para obtener los beneficios
que sus patrones exigen. Esos intereses no siempre
corresponden a los de las organizaciones empresa-
riales legalmente reconocidas –como sería legítimo e
institucional suponer–, sino de los grandes y poderosos
grupos económicos que actúan por cuenta y benefi-
cio propios. Es así como “los políticos responden de
manera prioritaria a las demandas de un puñado de
líderes empresariales (politizados), permitiendo que
sus intereses particulares se conviertan en políticas
públicas.”
47
Crouch concluye que estas situaciones “sólo
pueden suceder en sociedades que ya no distinguen
entre el interés público, custodiado por una autoridad
pública que se preocupa por establecer sus propias
competencias autónomas, y el interés privado, que sólo
se preocupa de sí mismo”.
48
Adam Smith, el padre del liberalismo económico,
ya había advertido sobre el peligro que el mundo de los
negocios repesentaba por su capacidad de corromper
al mundo de la política y viceversa. La profesora Mattia
Diletti da cuenta de una degeneración (a partir de 1989)
según la cual el mercado “construyó un sistema que ha
obtenido su legitimación popular, guiado por una élite
compuesta por los administradores delegados y por los
presidentes de las grandes corporaciones, que cada día
podían ser votados y, en su caso, se les podía quitar el
voto de confianza”.
49
De esta manera, el mercado (quie-
nes se benefician de él) se apropia del poder político
mientras el soberano (el pueblo) le ha garantizado su
legitimidad para gobernar ante el declive de ciertas
instituciones representativas como la Iglesia, la familia,
los sindicatos, los partidos y la política en general.
Así pues, en un sistema de mercado, los medios
de comunicación ‘libres’ quedan sujetos al control de
una poderosa élite empresarial. El libre mercado (que
proveyó de entretenimiento a las masas pero que no
les garantizó su abandono de la ignorancia, negándo-
les el “conocimiento del mundo y de la posición que
ellos ocupaban en el mismo”), con su abundancia de
información-desinformación, se transforma más en un
sistema de control que en un motor de la libertad, como
llegaron a creer sus más acendrados apologistas.
Para comprender el imperativo movilizador de las
utilidades y el éxito en el mercado, es indispensable
mencionar
grosso modo
los postulados básicos de los
cuales surge.
Forma parte sustantiva de la teoría libertaria de los
medios de comunicación, y de la doctrina democrática
sobre la libertad de expresión, la idea de que éstos no
son instrumentos del Estado, están libres del control y
de la influencia gubernamentales y lograron dotar de
poder al pueblo. Estos postulados parten de la premisa
central de que el liberalismo manifiesta una desconfian-
za directa hacia el poder político y sus detentadores,
impelidos siempre a abusar del poder. En el siglo XV±±±,
la libertad de prensa implicaba el reconocimiento de
la protección del individuo frente al poder arbitrario
del Estado. En palabras de Tomas Jefferson, la prensa
tenía que brindar el control extralegal sobre el gobierno
que ninguna otra institución podía efectuar, por ello
prefería “
periódicos sin gobierno a gobiernos sin
periódicos
.
50
Además, los asuntos gubernamentales
fueron y son considerados como expedientes públicos.
La tesis central de la historia liberal de los
mass media
es que el proceso de democratización se vio fortalecido
por el desarrollo de los medios de comunicación mo-
dernos, los cuales lucharon con éxito por liberarse del
gobierno.
51
Una de sus funciones primordiales consistía
en evitar que los funcionarios del Estado abusasen o se
excedieran en su autoridad; por lo tanto, estos medios
se erigieron en el cuarto poder, en el perro guardián
siempre vigilante, capaz de actuar a favor del interés pú-
blico, de garantizar el funcionamiento de la democracia
y de señalar y denunciar cualquier práctica arbitraria
de las autoridades.
Para ello, fue necesario la existencia de un ‘merca-
do libre de ideas’ y de información. “El procedimiento
optativo, como lo defendían los libertarios, fue dejar
sometido al público en general a un aluvión de informa-
ciones y opiniones, algunas posiblemente verdaderas,
algunas posiblemente falsas y algunas que contenían
elementos mixtos.”
52
47
Ibid.
, p. 40.
48
Ibid
., p. 75.
49
Mattia Diletti, “La caída de los dioses. El caso Enron o la corrupción al cuadrado”, en
Metapolítica
.
Dossier: Laberintos
de corrupción
, núm. 45, enero-febrero de 2006, p. 74.
50
Tomas Jefferson en carta a Edward Carrington, 16 de enero de 1787, en David Paletz,
Te Media in American Politics.
Contents and Consequences
, Nueva York, Addison Wesley Longman, 1998, p. 18.
51
J. Curran,
op. cit.
, p.15.
52
F. S. Siebert, “La teoría libertaria de la prensa”…
op. cit
., p. 64.
Sociedad y Política
69
Alexis de Tocqueville fue uno de los primeros en
advertir la libertad de prensa en Estados Unidos. En
La
democracia en América
señala que no ha habido un solo
ciudadano de aquella nación que haya propuesto res-
tringirla. La respuesta que Tocqueville encontró fue la
siguiente: “es un axioma de la ciencia política en Estados
Unidos que el único medio de neutralizar los efectos de
los periódicos es el de multiplicar su número”.
53
Ignacio Ramonet advierte que ese “aluvión de
informaciones” proveniente del sistema de medios
conforma uno de los rasgos de lo que él denomina la
“tiranía de la comunicación”. Este investigador explica
que la censura “tradicional” consistía, esencialmente,
en suprimir, amputar, prohibir, ocultar o esconder un
cierto número de aspectos de los hechos o el conjunto
de éstos; con base en este imperativo, la información,
durante siglos, fue escasa. En la actualidad la censu-
ra moderna (y ‘democrática’) funciona mediante un
principio inverso al tradicional, el mismo que observó
Tocqueville en Estados Unidos: opera por demasía, por
acumulación, por asfixia. “La información se oculta
porque hay demasiada para consumir y, por tanto, no
se percibe la que [realmente] falta” y es necesaria para
el óptimo desarrollo de la sociedad. Las tres caracte-
rísticas de la información en nuestros días, según Ra-
monet, son: superabundante, extremadamente rápida
y que se le considera una mercancía sometida, no al
principio de verdad, sino a las leyes del mercado.
54
Así
pues, de una censura abierta o más o menos velada,
ejercida por el Estado y por su élite gobernante, pasó a
una intervención
mediada,
con la aquiescencia de los
medios de comunicación, sin ejercer controles directos
como antaño.
También para lo anterior era necesario que los me-
dios de comunicación fueran de propiedad privada y
que compitieran en un sistema de libre mercado. Si bien
en un régimen democrático el principal instrumento
de control resulta ser la ley, en lugar de la supervisión
del Estado, la teoría libertaria ofrece un tipo de control
informal que consiste en un proceso de autorregulación
a través de la libre competencia en el mercado. Éste
se ha percibido como “una forma de organización de
la actividad humana más democrática y eficiente que
aquella ofrecida por las instituciones públicas, en don-
de la voluntad del ‘pueblo accionista’ estaba en grado
de expresarse con mayor libertad en la defensa de sus
propios intereses”.
55
Actualmente se ha considerado cualquier tipo de
reglamentación, no sin razones válidas, como una for-
ma de mordaza y de límite a la libertad de expresión.
Los funcionarios del gobierno son blanco de cruentos
ataques por parte de las empresas de comunicación
si pretenden dictar medidas jurídicas de control. Esto
trae consigo serias consecuencias porque toda activi-
dad (sobre todo si es pública) implica una regulación
para que no se exceda en sus atribuciones. Como ati-
nadamente señala Trejo Delarbre, la de los medios de
comunicación es una actividad (mal) autorregulada
que no ha encontrado los debidos contrapesos legales
a su actuación.
56
Escudados en la neutralidad y en la objetividad
del modelo periodístico estadounidense (el prototipo
clásico y alevoso del perro guardián), lo anterior se ha
traducido en abusos de todo tipo, desde intromisiones
a la vida privada de los individuos, pasando por infor-
maciones anodinas o estridentes, hasta escándalos,
linchamientos y juicios mediáticos, sin mencionar la
degradación profesional del periodismo y sus hacedo-
res así como el deterioro del debate público y del libre
(plural) flujo de información.
Durante mucho tiempo se ha considerado como una
conclusión enteramente
racional
que el poder sea con-
trolado y se le impongan límites. No podemos olvidar la
sentencia de James Madison en
El Federalista
, referida
al poder gubernamental pero aplicada al mediático: “el
poder es naturalmente invasivo y se lo debería refrenar
en sus intentos de transgredir los límites que le son
asignados”.
57
No resta sino insistir en que los agentes
estatales competentes (instituciones) deben tener un
tipo de jurisdicción democrática y legalmente clara y
transparente para evitar que los medios de comunica-
ción, y quienes laboran en ellos, cometan excesos.
Así pues, los medios de comunicación de masas,
convertidos en grandes empresas, parecen transgre-
dir los principios filosóficos que les dieron razón de
ser. Se pretendía que al estar expuestos al sistema de
mercado y a su capacidad de autorregulación, los
mass
media
estarían menos propensos a la intervención
53
Alexis de Tocqueville,
La democracia en América
, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 202.
54
I. Ramonet,
op. cit
., pp. 42 y 50-51.
55
M. Diletti,
op. cit.
, p. 74.
56
R. Trejo Derlarbre,
Poderes salvajes…
,
op. cit
., p. 170.
57
El Federalista
, núm. 48, citado por Guillermo O’Donell, “
Accountability
horizontal. La institucionalización legal de la
desconfianza política”, en
Isonomía
, núm. 14, abril de 2001, pp. 7-31 (p. 13). N. E.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
70
directa del régimen y a los avatares del subdesarrollo
económico.
A partir de esta premisa teórica, se ha atestiguado la
presencia de un sistema de medios
ideologizado
que se
consolidó con la caída del Muro de Berlín y el derrumbe
del ‘socialismo realmente existente’; que logró desarrollar
nuevas tecnologías –fenómeno que, a su, vez socavó las
estructuras de autoridad establecidas– a través de una
política económica neoliberal que exige de los gobiernos
y de la burocracia pública –incompetentes, irresponsa-
bles y costosos por antonomasia, según esta postura– la
menor intervención en los procesos económicos; que
pudo derribar las barreras que afectaban a la libertad
empresarial y que logró establecer, como su única fun-
ción política, el marco jurídico pertinente para la libre
competencia y el desarrollo óptimo de las empresas.
Con base en estos principios neoliberales, ya desde
1979 en el Reino Unido se privatizaron, mercantilizaron
o desregularon numerosas empresas de servicio públi-
co. México no fue ajeno a ese proceso de liberalización
económica, tampoco carente de corruptelas, durante
la administración salinista (iniciada por Miguel de la
Madrid –1982-1988– y vigente hasta nuestros días),
que incluyó a los medios de comunicación con la pri-
vatización de Imevisión en 1993. “Que los principales
grupos de comunicación crecieran y se volvieran más
dominantes y más rentables dependía, en parte, de
decisiones políticas y burocráticas. Eso propició una
serie de pactos de no agresión tipificados por el mutuo
entendimiento”
58
entre los gobiernos y los empresarios
directamente beneficiados y legitimadores del sistema
y la política económica.
El fin de la Guerra Fría marcó asimismo el asenta-
miento de la democracia liberal como agente de progre-
so y del capitalismo como el único sistema económico
viable.
59
En este sentido, “el imperativo movilizador,
generado desde fuera por los patrocinadores y los accio-
nistas, son las utilidades”.
60
En un sistema de mercado la
fuente principal de ingresos son otras empresas que se
anuncian en las páginas de la prensa o en los espacios
de la radio y la televisión. Esto trae consigo una carga
ideológica de la cual no pueden, y tampoco lo desean,
salir: es el sistema de mercado en la sociedad capitalista.
Así como en los regímenes autoritarios la prensa y los
medios de comunicación no pueden abstraerse de los
principios rectores que el gobierno y la élite política
dictan; así tampoco las empresas mediáticas pueden
alejarse del mercado y del afán de lucro que éste trae
implícito por naturaleza y que la publicidad hace valer
y sanciona.
Autores como Noam Chomsky y Edward Herman
–entre otros analistas pertenecientes a la interpreta-
ción radical de los estudios de comunicación– han ad-
vertido que en un sistema capitalista (se refieren sobre
todo a Estados Unidos) los medios de comunicación
tienen la función principal de “crear consentimiento”
con el orden social y poseen una cohesión ideológica
y un propósito movilizador común que es el beneficio
económico y la preservación del
stablishment
.
61
Esta
tradición radical sostiene que los
mass media
termi-
naron por respaldar ampliamente el orden social como
consecuencia de los controles ejercidos por el merca-
do, el Estado y la élite política y económica. Es decir,
instituciones mediáticas que apoyaban el orden social
dentro del sistema capitalista pero que eran indepen-
dientes del control del gobierno. Antonio Gramsci, a su
vez, proponía precisamente la idea de que el control,
con base en su concepto de hegemonía, se lograba de
manera más efectiva mediante el consentimiento que
a través de la coerción.
62
Desde luego que esas transformaciones de los me-
dios de comunicación no fueron ajenas a los cambios y
a la evolución de la sociedad (incluidas sus reivindica-
ciones), que moldeó a las instituciones mediáticas, de
la misma manera como aquéllas, aunque con mayor
intensidad, han moldeado a la sociedad. En este sen-
tido, la evolución de los medios de comunicación no
significó necesariamente una amenaza o un desafío a la
autoridad establecida. “Su impacto estuvo crucialmente
influido por el grado de efectividad con que se los reguló
y por el grado de consenso presente en el entorno en el
que aparecieron.”
63
58
J. Curran,
op. cit
., p. 244.
59
David Held,
La democracia y el orden global
, Barcelona, Paidós, 1997, p. 23.
60
A. Jones,
op. cit
., p. 452.
61
Noam Chomsky y Edward Herman,
Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios
de comunicación de masas
, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 22 y ss. Los autores establecen cinco mecanismos que actúan como
filtros que reducen la expresión del disentimiento en los medios de comunicación en Estados Unidos: la propiedad de los
medios de comunicación, la publicidad, las fuentes de noticias, la intimidación y la ideología anticomunista.
62
Antonio Gramsci,
Cuadernos de la cárcel
, Buenos Aires, Lautaro, 1962, p 36.
63
J. Curran,
op. cit
., p. 110.
Sociedad y Política
71
A diferencia de la filosofía de los pensadores libera-
les (según la cual la libertad económica traería consigo
la liberalización de los controles del Estado y, por lo
tanto, la efectiva libertad de prensa y de expresión),
la búsqueda de ganancias económicas por parte de
las instituciones mediáticas en la sociedad contem-
poránea obliga a abandonar o a modificar sustancial-
mente la idea de que el mayor crecimiento económico
se traduciría en un incremento concomitante de la
libertad de expresión.
64
Con frecuencia ocurre todo
lo contrario. En este sentido, como advierte Jones y
muchos otros críticos del sistema mundial actual de
medios de comunicación, “las presiones y limitaciones
del imperativo de las utilidades no es en el fondo muy
diferente, en naturaleza o impacto, de los que se ejer-
cen en sociedades formalmente autoritarias”.
65
En este
punto es contundente Colin Crouch: “Las empresas no
son simples organizaciones, sino más bien concentra-
ciones de poder. Sus formas de propiedad dan lugar a
concentraciones de riqueza y cuanto más importante se
vuelve una empresa, más importante se vuelve la clase
de propietarios capitalistas.”
66
Se trata, por lo tanto, de un modelo liberal-demo-
crático orientado hacia el mercado. Sin embargo, la bús-
queda a toda costa de ganancias económicas propicia
que se asimile a los regímenes autoritarios en cuanto
a los límites que encuentra la libertad de expresión. En
este sentido, Jones plantea que si el régimen controla
a los medios de comunicación con escasa rigidez, “la
búsqueda de utilidades puede imponerse como impe-
rativo movilizador, como un medio de compensar la
reducción o ausencia de subsidios del régimen. Esto será
válido especialmente para la prensa independiente u
opositora que busca explotar las libertades disponibles
en un autoritarismo suave, pero que también es ‘libre
de fracasar’ en un ambiente de mercado que añade,
además, sus propias presiones”.
67
No podemos dejar de señalar que, en efecto, la
búsqueda de utilidades no propicia necesariamente un
alejamiento (en el sentido de autonomía) del régimen.
Y es que el poder económico, como revela Bertrand
Russell, a diferencia del militar, no es primario sino
de-
rivado
.
68
El poder económico de las personas privadas,
dentro del Estado, depende de la ley y de la decisión de
la burocracia. Adquiere, además, cierta independencia,
pues “puede influir en la ley mediante la corrupción y
en la opinión pública mediante la propaganda. Puede
colocar a los políticos bajo obligaciones que embarazan
su libertad”.
69
Ese poder económico puede hacerse del
control de la propaganda y, se entiende, de los medios
de comunicación para difundirla.
70
En otros tiempos y latitudes, la democracia de-
pendía de la capacidad de los dirigentes políticos
para propiciar condiciones económicas óptimas para
generar riqueza, pero limitando el poder político de los
empresarios. En todo momento las condiciones eco-
nómicas requieren necesariamente de la intervención
del gobierno. Las empresas dependen de las políticas
económicas que dicta el régimen. Puede producirse en
este sentido un intercambio de favores. Por ejemplo,
complacencia hacia la élite y sus políticas a cambio de
leyes que en el campo económico y tecnológico (y sus
repercusiones en el ámbito político) favorezcan a las
empresas de comunicación. Además, la independencia
de recursos provenientes del Estado nunca es absoluta.
Ya sea que se trate de la información gubernamental
o de los abultados gastos provenientes de los partidos
durante los procesos electorales, siempre existe un
incentivo pecuniario nada despreciable cuando se
trata de difundir los logros del gobierno o las ideas y
propuestas de los partidos y sus candidatos. El impera-
tivo movilizador basado en las utilidades económicas
resulta tan poderoso e influyente, incluso más, como en
los tiempos del autoritarismo tradicional.
Por si fuera poco, el principio rector liberal que pro-
pugna que los medios de comunicación deben ser inde-
pendientes del gobierno y erigirse en perros guardianes
de la sociedad puede transformarse en una conducta
autoritaria por parte de los medios. La visualización,
la puesta en público de los errores y/o delitos de los
dirigentes políticos puede responder a campañas pri-
vadas de desprestigio y no a cruzadas o a ‘indagaciones’
64
A. Jones,
op. cit
., p. 456.
65
Ibid.
, p. 461.
66
C. Crouch,
op. cit
., p. 70.
67
A. Jones,
op. cit
., p. 483.
68
Bertrand Russell,
El poder en los hombres y en los pueblos
, Buenos Aires, Losada, 1960, p. 88.
69
Ibid.
, p. 92.
70
Russell advierte que “el poder de las organizaciones económicas para influir en las decisiones políticas en una demo-
cracia está limitado por la opinión pública, la cual, en muchos problemas importantes, se niega a dejarse influir ni siquiera
por una propaganda muy intensa”.
Ibid.
, p. 9.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
72
periodísticas desinteresadas, en el nombre del interés
público y la profesionalidad.
A todo lo anterior se suma la concentración me-
diática (una peculiaridad del sistema capitalista)
como un factor anómalo de las democracias contem-
poráneas carentes de contrapesos, en las cuales –y a
través de los medios de comunicación que masifican
los contenidos– se reproduce un pensamiento único
71
y tiránico, mientras que restringe o de plano impide
la expresión de opiniones alternativas y distintas a las
de esos conglomerados de comunicación, resultado
de un proceso económico de pretensiones universales,
basado en la absorción o desaparición de pequeñas o
medianas empresas.
Eduardo Galeano ha señalado que “nunca tantos
(individuos) han sido tan incomunicados por tan pocos.
Cada vez son más los que tienen el derecho de escuchar
y de mirar, pero cada vez son menos los que tienen el
privilegio de informar, opinar y crear”.
72
Esos intereses
de unos cuantos privilegiados determinan los canales,
los flujos y los contenidos de la comunicación a nivel
planetario. Es el caso de la Rusia contemporánea, donde
unos cuantos
oligarcas
se han apoderado de los medios
de comunicación y, además, dominan otras activida-
des estratégicas vinculadas a los energéticos y a las
telecomunicaciones, al mismo tiempo que participan
directamente en la administración publica de ese país
o presionan a los funcionarios para hacer valer sus in-
tereses y transformarlos en políticas públicas.
La tendencia actual es el control de los medios de
comunicación por parte de grandes corporaciones
empresariales. Esto parece contradecir la afirmación
de que las instituciones mediáticas, dentro de los pro-
cesos competitivos del mercado, son independientes,
están libres de cualquier compromiso sectorial y sólo le
deben lealtad al público. De esta manera el imperativo
económico y los intereses privados de los accionistas
se fusionan con los compromisos políticos que todos
los involucrados adquieren.
Así pues, mientras el pensamiento liberal de los
medios de comunicación se preocupa por la amenaza
que representan las agencias estatales, se olvida increí-
blemente de los peligros que entraña a la libertad de
expresión el imperativo económico de los
mass media
privados.
En México, la concentración mediática no puede si-
no poner en riesgo la libertad de expresión y de elección
de los individuos, porque además no existe ningún tipo
de impedimento legal a la propiedad, como sí ocurre en
otros países. El duopolio televisivo (Televisa y Televisión
Azteca) se ha consolidado gracias a los privilegios y a
esa misma concentración que han tolerado los gobier-
nos priístas y panista, aunado a la propia crisis de la
política, de los partidos, las instituciones, sus dirigentes
y todo el sistema de representación política en general.
Sin soslayar la escasa, por no decir nula
, participación
de la sociedad para criticar los contenidos y los compor-
tamientos de las empresas de comunicación privadas
en México. Salvo excepciones, la sociedad mexicana
pertenece a ese amplísimo sector de los
integrados
a
los
mass media.
Esta situación se agrava aún más cuando durante
décadas los medios de comunicación electrónicos en
México han disfrutado de un marco legal hecho a la me-
dida de sus intereses, discrecional y poco institucional
en el trato con el gobierno en turno, por no mencionar
las escasas orientaciones jurídicas en cuanto a la emi-
sión de mensajes socialmente responsables o de mínima
calidad de los contenidos. “La cuestión no radica, según
Trejo Delarbre, en su funcionamiento autoritario sino
en la debilidad de los contrapesos para equilibrarlo o
acotarlo. Lo grave respecto de la capacidad de los me-
dios para discriminar y privilegiar informaciones es
la frecuente ambigüedad e imprecisión de los criterios
con que las empresas de comunicación resuelven sus
contenidos.”
73
Por si fuera poco, ahora son en mayor medida los
gobiernos, los partidos y los dirigentes políticos (agen-
tes que hasta hace poco tiempo ejercieron el máximo
control sobre los
mass media
)
los que
necesitan
a los
medios de comunicación más que nunca, porque
requieren mantener el apoyo de los ciudadanos para
seguir gobernando.
El hecho de que los gobiernos permitan y toleren
la concentración en pocas manos de los medios de
comunicación habla de un interés simulado de que las
71
La concepción del “pensamiento único” pretende que la única opción viable de la (no) historia sea el liberalismo demo-
crático, porque las ideologías ya no son necesarias y, además, con la caída del Muro de Berlín y el fracaso del socialismo,
fueron sustituidas por la economía. En este sentido, Estados Unidos sería la realización del sueño marxista de una sociedad
sin clases.
Vid
. Francis Fukuyama
, El fin de la historia y el último hombre
, México, Planeta, 1992. N.E.
72
Eduardo Galeano citado en Carlos Fazio, “Periodismo y liberación”,
en
La Jornada
, 31 de julio de 2006.
73
R.Trejo Delarbre,
Poderes salvajes…
,
op. cit
., p. 170.
Sociedad y Política
73
cosas se conduzcan de esa misma manera por tiempo
indefinido. No puede sino entenderse como autori-
tario ese modelo comunicativo excluyente, aunque
funcione formalmente dentro de un régimen que se
llama a sí mismo democrático. Un poder privado (y de
cualquier otra índole) no regulado, aun inserto en una
democracia, posee en realidad características propias
de sociedades autoritarias donde intencionalmente el
poder estatal tampoco se halla regulado.
El objetivo que persigue cada uno de los titanes de la
comunicación, advierte Ramonet, es el de convertirse
en el interlocutor único del ciudadano. Quieren estar en
condiciones de suministrarle a la vez noticias, entreteni-
miento, cultura, servicios profesionales, informaciones
financieras y económicas [.
..] y situarlo en un plano de
interconexión potencial a través de todos los medios
de comunicación disponibles: teléfono, fax, videocable,
pantalla de televisor, red Internet.
74
Esta “tiranía de la comunicación”, como la define Ra-
monet, controlada por auténticos
zares
mediáticos
con influencia e injerencia real de poder, subordina el
flujo y el contenido de la información a los requisitos
o preferencias de los patrocinadores. Esto lo saben los
anunciantes, los periodistas y los propietarios y/o con-
cesionarios de los medios de comunicación.
Diversos especialistas han denominado
mediocra-
cia
a esta preponderancia de los medios de comunica-
ción de masas –que incluye la usurpación de funciones
propias de algunas instituciones tradicionales del Es-
tado y la preeminencia de los intereses mercantiles– en
la sociedad contemporánea.
75
Esta ausencia de contra-
pesos, de rendición de cuentas de las instituciones me-
diáticas y de sus propietarios, impide la consolidación
de la democracia en México y en cualquier otro país.
En este sentido, no deja de tener sentido el clásico y
convincente comentario de Karl Popper pronunciado
hace más de una década:
La democracia consiste en poner bajo control el poder
político. Es ésta su característica esencial. En una demo-
cracia no debería existir ningún poder no controlado.
Ahora bien, sucede que la televisión se ha convertido en
un poder político colosal, se podría decir que, potencial-
mente, el más importante de todos, como si fuera Dios
mismo quien habla. Y así será si continuamos consin-
tiendo el abuso. Se ha convertido en un poder demasiado
grande para la democracia. Ninguna democracia sobre-
vivirá si no pone fin al abuso de este poder.
76
Recibido el 22 de agosto del 2006
Aceptado el 4 de mayo del 2007
74
I. Ramonet,
op. cit
., p. 212.
75
R. Trejo Delarbre,
Poderes salvajes…
, p. 22.
76
Karl Popper, “Licencia para hacer televisión”, en
Nexos
, núm. 220, abril de 1996, pp. 25-29
(p. 29).
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
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