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Sociedad y Política
59
Resumen
El trabajo gira en torno a la representación política y
los mecanismos para la participación ciudadana en las
actuales democracias. Se analiza la controversia entre
mandato e independencia de los representantes respecto
de los electores y se evalúan el impacto de la participa-
ción no electoral en la representación de intereses, la
solución de conflictos y la legitimidad de los represen-
tantes políticos.
Abstract
This essay revolves around the theme of political repre-
sentation and the mechanisms for citizen participation in
today’s democracies. The controversy between mandate
and independence of the representatives in respect to
the voters is analyzed and it evaluates the impact of
the non electoral participation in the representation of
interests, the solution of conflicts and legitimacy of the
political representatives.
Palabras clave:
democracia, representación política, participación ciudadana, legitimidad.
o
* Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049, Madrid, España.
Representación política y participación ciudadana en las democracias
E
RNESTO
C
ASAS
*
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
60
Introducción
E
n las democracias representativas contem-
poráneas el ejercicio del poder político está
asociado con fórmulas para la participación
ciudadana al margen del derecho al voto, hecho
que, en gran medida, es resultado de la existencia
de diversos factores que, simultáneamente, afectan
a la estabilidad social y a la gobernabilidad.
Entre los factores que han motivado el fomento a
la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno,
sobresalen el abstencionismo electoral ascendente; la
desconfianza social hacia diferentes instituciones, par-
t icularmente hacia las encargadas de la administración
e impartición de justicia; la corrupción, impunidad e
ineficiencia de servidores públicos; la desatención de
las autoridades competentes de demandas puntuales
de comunidades específicas; la insuficiente repre-
sentación de colectivos, sectores e intereses en las
instancias democráticamente constituidas para ello
así como una escasa rendición de cuentas del quehacer
político de los representantes populares.
La presencia creciente de estos factores, así como
sus repercusiones adversas para la estabilidad social
y la gobernabilidad, han contribuido a que en con-
textos específicos se cuestione la legitimidad de la
representación política lo que pudiera interpretarse
incluso como una crisis de la política,
1
particular-
mente en los países Latinoamericanos, fenómeno al
que en el ámbito académico se ha identificado como
una crisis del modelo liberal de democracia.
Así, en términos generales, fomentar la partici-
pación ciudadana en las decisiones de gobierno se
traduce en mayores márgenes de gobernabilidad lo
que permite avanzar formalmente en la democrati-
zación de la vida política local; en este sentido, tal
participación debe ser vista como una contribución
a los procesos de transición a la democracia en
sistemas frágiles y defectuosos así como un nuevo
impulso enfocado esencialmente hacia la calidad de
la representación, en sistemas mayormente consoli-
dados, en el marco de lo que se ha denominado como
la “tercera transformación democrática.”
2
Empero, a este proyecto democratizador, le
subyace también la reticencia de la propia represen-
tación política ante la posibilidad de ver mermadas
sus atribuciones y, fundamentalmente, limitada su
autonomía y capacidad de decisión; circunstancias
que han repercutido tanto en el carácter otorgado a
los propios mecanismos para la implicación ciudada-
na como en el impacto efectivo de las resoluciones
de éstos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
1
Javier Franzé, “El discurso del malestar civil: la crisis política como crisis de lo político”, en Antonio Porras Nadales (ed.),
El debate
sobre la crisis de la representación política
, Madrid, Tecnos, 1996.
Referentes teóricos
La democracia clásica
Cuando se habla hoy de democracia se hace refe-
rencia, por un lado, a un ideal en tanto son y han
sido muchas las formas de pensar el autogobierno
del pueblo; por el otro, se alude a una realidad, es
decir, a un tipo de régimen político en el que los
ciudadanos desempeñan un papel en la adopción de
decisiones políticas que en mayor o menor medida
les afectan.
En la reflexión sobre el primer escenario, se en-
cuentra una influencia determinante de la democracia
ateniense de los siglos
V
y
IV
a.C., que ha constituido
el paradigma de lo imitable y de lo cuestionable en
torno al gobierno del pueblo. A ella le sucedieron
diferentes tradiciones de pensamiento destacando
fundamentalmente el republicanismo romano del
siglo
II
a.C.; el republicanismo renacentista (incluidas
ideas como las de Marsilio de Padua en el ocaso de
la Edad Media); la democracia liberal gestada desde
Sociedad y Política
61
finales del siglo
XVII
en Inglaterra y desarrollada
propiamente durante el
XVIII
en Francia y la visión
marxista de la democracia del siglo
XIX
.
3
Como régimen político, la democracia, en térmi-
nos generales, se identifica con un tipo de influen-
cia directa de los ciudadanos en la elección de los
gobiernos y, por esta vía, en la determinación de
las políticas que les afectan; asimismo, se pueden
identificar en Occidente momentos históricos deter-
minantes para el devenir de este modelo de gobierno:
en la democracia ateniense antigua, en la Roma
republicana, en las ciudades-repúblicas europeas
–particularmente en Italia a finales del Medioevo e
inicios del Renacimiento– y en los Estados modernos
desde el ocaso del siglo
XVII
, como se ha señalado.
Ahora bien, la forma del gobierno representativo
que hoy se asimila al concepto de democracia nació
enfrentada con la concepción clásica de ésta, es de-
cir, del ciudadano activo participando directamente
en los asuntos públicos de gobierno, se transitó a
la figura del representante político que sustituiría
a aquél, tanto en la integración de los órganos de
gobierno como al momento de optar en torno a los
asuntos de interés general.
Si bien el poder del pueblo reunido en asamblea
para el discernimiento de los asuntos del Estado
constituyó uno de los objetivos fundamentales de
la democracia clásica ateniense, ésta también se
caracterizó, empero, por ser extraordinariamente
restrictiva pues el conjunto de ciudadanos que os-
tentaba el derecho a participar políticamente estaba
conformado por un número reducido de habitantes
libres, concretamente los varones mayores de 20
años, quienes ejercían este derecho sin depender
necesariamente de intermediario alguno.
Cabe puntualizar, además, que el modelo de
democracia ateniense fue en esencia patriarcal: las
mujeres no tenían derechos políticos y los derechos
civiles que ellas disponían fueron muy limitados;
mientras, el resto de la población, mayoritariamente
esclavos e inmigrantes, permaneció marginada de
los asuntos del Estado. Este carácter restrictivo de
la ciudadanía en la sociedad ateniense frente al nú-
mero mayoritario de excluidos, aporta un elemento
esencial para entender la estrecha relación entre
democracia y esclavitud.
4
En lo que respecta al republicanismo romano, se
ha señalado como una de sus diferencias fundamen-
tales
vis á vis
el gobierno ateniense que, mientras
Atenas fue una república democrática en alusión a
la participación popular referida, en Roma las élites
gobernantes más o menos cohesionadas dominaron
la política, lo que ha permitido considerarla como
una oligarquía o, más aún, como una timocracia en
tanto sistema construido a partir de estratificaciones
determinadas por la propiedad material, donde la ri-
queza de una persona determinaba el alcance político
de su influencia y su participación pública.
5
Por otra parte, y mirando al republicanismo re-
nacentista como otro de los referentes del modelo
de democracia, cabe recuperar la consideración de
Bernard Manin en el sentido de que la verdadera dife-
rencia entre la democracia clásica y la desarrollada en
las repúblicas modernas, residiría fundamentalmente
en “la absoluta exclusión del pueblo en su calidad de
colectivo de cualquier participación en el gobierno,
en las segundas; y no en la absoluta exclusión de los
representantes del pueblo en la administración, en
el caso de la primera”.
6
Sin pretender establecer un ideario uniforme en-
tre los pensadores del republicanismo renacentista,
en ellos se puede registrar como constante la idea
de la par t icipación polít ica del ciudadano, entendida
como la condición esencial para el ejercicio de la
libertad y para el desarrollo de las personas; así, la
participación habría de ocupar un papel relevante
bien como valor intrínseco a la vida virtuosa de
los ciudadanos, al estilo del pensamiento clásico
2
Robert Dahl,
La democracia y sus críticos
, Barcelona, Paidós, 1992.
3
David Held,
Modelos de democracia
, Madrid, Alianza, 2002.
4
Herman Hansen Mogens,
The Athenian Democracy in the Age of Demostenes Structure, Principles and Ideology
, Oxford, Blackwell, 1991.
5
Bernard Manin,
Los principios del gobierno representativo
, Madrid, Alianza, 1998, p.63; D. Held,
op cit.
, p. 53.
6
B. Manin,
op. cit
., p.12
7
D. Held,
op. cit
.
8
B. Manin,
op. cit
., p. 17.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
62
griego, bien en una visión instrumental concebida
como un medio para la protección de los objetivos
e intereses de los ciudadanos, al modo de la Roma
republicana.
7
Entre los autores renacentistas, habría entonces
de prevalecer un interés en la participación política
del ciudadano ante la necesidad de construir una
justificación teórica que reconociera un poder secular
en manos de éste opuesto al predominio papal y al
de la corona; así, cabe reiterar a Marsilio de Padua y
a Nicolás Maquiavelo quienes aportarían elementos
fundamentales a esta justificación la que, en su
momento, habría de recuperar y enriquecer Juan
Jacobo Rousseau, particularmente en el tema de la
soberanía popular.
De esta breve revisión se podrían identificar, como
una primera aproximación a la temática, dos mode-
los básicos de democracia: la directa o participativa
(donde la intervención ciudadana en las cuestiones
públicas ha constituido en sí misma un valor funda-
mental) y la liberal o representativa (que implica la
presencia de un grupo de ciudadanos asumiendo el
papel de representantes políticos, electos de manera
periódica en el marco de una ley preestablecida, ac-
tuando alrededor de los intereses y las opiniones de
los representados y sometiéndose a la evaluación de
éstos mediante el mecanismo electoral).
La democracia representativa
Los regímenes políticos que han sido influenciados
por las ideas que motivaron las revoluciones inglesa,
norteamericana y francesa –e identificados a partir
del siglo
XVIII
bajo el concepto de la democracia
representativa– se han caracterizado por atender a
cuatro principios básicos:
Quienes gobiernan son nombrados por elección
con intervalos regulares.
La toma de decisiones de los gobernantes con-
serva un grado de independencia con respecto a
los deseos del electorado.
Los gobernados pueden expresar sus opiniones
y deseos políticos sin estar sujetos al control de
los que gobiernan.
Las decisiones públicas se someten a un proceso
de debate.
8
Asimismo, es importante reparar en que, de acuerdo
con la esencia del modelo liberal, los gobiernos de-
mocráticos, de manera tácita, han sido asociados con
criterios y procedimientos mínimos como:
1. La participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones fundamentalmente por la vía elec-
toral, lo que implica la celebración periódica de
elecciones libres, competidas y equitativas.
2. La elección de representantes políticos por la ciu-
dadanía, a quienes se les trasfiere así el mandato
de asumir la responsabilidad de decidir, conside-
rando el interés general de los electores.
3. La igualdad de todos los ciudadanos en calidad
de electores.
4. La existencia de normas claras, expeditas y de
carácter universal que regulan la convivencia
social, en general, y la celebración de elecciones,
en particular.
5. La posibilidad para la generalidad de los ciudada-
nos de acceder a diversas fuentes de información
así como el respeto a la libertad de expresión y al
derecho de asociación.
6. La posibilidad de que todos los temas puedan ser
incorporados a la agenda política nacional.
El modelo de democracia fundado en la representa-
ción política, ha girado en torno a la representación
de los intereses de grupos, colectivos, sectores y
facciones, tal y como los concebía el “Padre de la
Constitución” norteamericana, James Madison; no
obstante, es imprescindible distinguir que, alrede-
dor del concepto de la representación política, se
pueden identificar al menos cinco dimensiones no
excluyentes cuya preponderancia de cada una ha
estado determinada por diferentes circunstancias
históricas concretas:
9
Elena García Guitián, “Crisis de la representación política: las exigencias de la política de la presencia”, en
Revista de Estudios Políticos
,
Nueva Época, núm. 111, enero-marzo de 2001, p. 216 (pp. 215-226).
Sociedad y Política
63
°
La representación asociada al término de
autori-
zación
, donde el representante actúa en nombre
del representado, siendo éste quién asume las
consecuencias de los actos que ejecute aquél.
°
La representación sometida a una puntual
rendi-
ción de cuentas
, ante y para el representado.
°
La representación
descriptiva
, en la que prevalece
algún grado de correspondencia entre las carac-
terísticas personales e intereses laborales, pro-
fesionales o de asociación, entre representantes
y representados.
°
La representación
simbólica
, basada en una iden-
tificación entre ambas partes fundamentalmente
de tipo emocional.
°
La representación
sustantiva
, que tiene que ver
con el contenido y la calidad de la acción del
representante con respecto a los intereses del
representado.
9
El meollo de la representación reside en el resultado
verificable del quehacer del representante, es decir,
lo fundamental aquí es el contenido de la acción;
en ese sentido, la importancia de la representación
sustantiva (dimensión donde se pretende poner el
acento en este trabajo) no debiera residir en el hecho
de que una persona sea electa periódicamente, sino
en la evaluación de cómo actúa ésta para promover
y gestionar los intereses de quienes representa.
10
En el marco del debate sobre el mandato y la
independencia de los representantes frente a los
representados, cabe añadir que a la dimensión sus-
tantiva de la representación le subyacen algunas
cuestiones básicas sobre las cuales es conveniente
hacer algunas reflexiones. Inicialmente, cabe aludir
al criterio racional del elector a partir del cual decide
la elección del representante, donde entra en juego
la consideración de aptitud para el desempeño del
quehacer político; de este criterio derivará la idea
de la capacidad del representante para cumplir las
expectativas del elector. Asimismo, deben desem-
peñar un papel fundamental los intereses de los
representados, siendo un referente central para la
actuación del representante, lo que implica que éste
no debe entrar en conflicto con la voluntad expresa
de sus electores y, en caso contrario, debiera emitir
una explicación pública de sus decisiones.
De otra parte, están de por medio la titularidad de
la representación –que, normativamente, ni se trans-
fiere ni se renuncia mientras se está en funciones– y
la acción deliberada del representante que debiera
ser ajena a cuest iones for tuitas o capr ichosas. Final-
mente, en este ámbito, entra en juego la rendición
de cuentas del quehacer político al margen de la
evaluación mediante el voto, lo que, si bien refiere
una iniciativa que en alguna medida se ha venido
atendiendo, en la mayoría de las democracias occi-
dentales carece de la debida institucionalización.
Entre estas premisas, cabe entonces resaltar la
materia prima sobre la cual opera el representante
pues en ella radica en gran medida la complejidad
de su tarea; en otras palabras, la diversidad de inte-
reses en pugna es parte de la problematización del
trabajo del representante por lo que escudriñar el
trabajo alrededor de la representación política obliga
a contemplar al menos las diferentes dimensiones
referidas.
Como parte de esta cuestión, es conveniente
considerar también que en la interacción entre repre-
sentantes y representados entran en juego factores
como la afinidad, los compromisos de grupo, la dis-
ciplina partidista y las evaluaciones subjetivas del
desempeño del representante, donde la deliberación
racional de los representados no siempre juega un
papel relevante a pesar de los planteamientos que,
en sentido contrario, postulan corrientes teóricas
alrededor del individualismo metodológico.
11
En suma, un gobierno es representativo siempre
y cuando en los intereses de los representados resida
el detonador de la acción del representante aunado
al control que los electores deben poder ejercer sobre
10
Hanna Pitkin,
El concepto de representación
, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 127.
11
Anthony Downs,
Teoría económica de la democracia
, México, Aguilar, 1973.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
64
lo que se hace en su nombre, de tal forma que esta
atribución adquiera un contenido sustancial: “[…]
el pueblo actúa realmente a través de su gobierno
y no es un mero receptor pasivo de las acciones de
éste.”
12
Es representativo en tanto prevea y esta-
blezca mecanismos institucionales para responder
de manera sistemática y verificable las demandas e
intereses colectivos de los representados, lo que de
algún modo podría sintetizarse en la idea de la acción
política del representante en función del interés
general y bajo una puntual rendición de cuentas.
Bajo esta perspectiva eminentemente normativa,
es dable establecer que la simple elección de un
ciudadano no le convierte de manera automática en
representante político.
Con estas características, el modelo liberal de
democracia ha logrado constituirse en el referente
del gobierno con la participación del pueblo en ca-
lidad de elector, debido a que en alguna medida le
subyace la realización de valores y objetivos como
la igualdad, la libertad, el autodesarrollo moral, el
bien común, los intereses privados, la utilidad so-
cial, la satisfacción de demandas y la adopción de
decisiones eficaces.
13
Es por tanto, en este sentido, que hoy, el uso del
concepto democracia, sirve para dotar de legitimidad
ipso facto
lo mismo a actores políticos que a institu-
ciones. Empero, la historia moderna de la democra-
cia, ha puesto en evidencia sus vastas limitaciones en
términos de una efectiva representación y atención
a una multiplicidad de intereses en conflicto como
la rendición de cuentas del quehacer político ape-
gada a un programa de gobierno, la permeabilidad
social para el acceso a las instancias previstas para
la deliberación y la toma de decisiones por parte de
la representación, no obstante que para encarar de
algún modo esta realidad hoy el modelo esté vincu-
lado con alguna forma de participación ciudadana
paralela a la estrictamente electoral.
Así, en términos formales, representación polít i-
ca y par t icipación ciudadana const ituyen un test imo-
nio de la historia contemporánea de la democracia,
binomio al cual se ha asociado con los fundamentos
de la estabilidad social y la gobernabilidad. En con-
secuencia, en gran par te de las democracias occiden-
tales se pueden observar ejercicios de implicación
ciudadana al margen de lo estrictamente electoral,
aunque los resultados de la puesta en marcha de
estos mecanismos sean aún inciertos.
Cabe sintetizar que, a pesar de que el modelo
liberal de democracia sigue operando de manera
instrumental conforme a su concepción inicial (es
decir, como un medio de legitimación de quienes
electos por los ciudadanos de manera periódica
deben asumir el mandato de decidir las cuestiones
inherentes al gobierno de un pueblo), en la discusión
contemporánea sobre sus alcances sigue presente la
idea de un poder popular, mismo que se traduce en el
derecho de los ciudadanos para involucrarse direc-
tamente en la cosa pública siendo este el marco en
el que se desarrolla el actual debate entre mandato
e independencia del representante respecto de los
representados.
La participación ciudadana
La noción de participación ciudadana se suele
reservar a la relación que existe entre los indivi-
duos y el aparato estatal, relación en la que está en
juego el inherente carácter público de la actividad
gubernamental. En este sentido, la participación
ciudadana refiere a las experiencias de intervención
de los individuos en actividades públicas para hacer
vales intereses sociales.
14
Como se ha señalado, en las democracias moder-
nas los mecanismos para la participación ciudadana
se han asociado con objetivos generales tendientes
a la democratización de la vida política local, así
como con otros más particulares que han oscilado
entre su papel como instrumento educativo para
fortalecer la lealtad de los ciudadanos al sistema y
12
H. Pitkin,
op. cit
., p. 257.
13
D. Held,
op. cit
., pp. 19-20.
14
Nuria Cunill,
La participación ciudadana
, Caracas, CLAD, 1991.
Sociedad y Política
65
su forma de control sobre los representantes, entre
la colaboración para mejorar la eficacia y eficiencia
en las gestiones del gobierno y el ser sustituto de la
propia representación política bajo circunstancias
extraordinarias.
En torno a la participación ciudadana, han osci-
lado históricamente dos tradiciones de pensamiento
en esencia antagónicas: la “liberal antiparticipativa
y la democrático participativa.”
15
Siguiendo la re-
flexión de Rafael del Águila en torno a la primera de
ellas, se sostiene que una participación intensiva
de los ciudadanos tiende a dividir a la sociedad y,
más aún, que la existencia misma de altos márgenes
de participación es muestra de la insatisfacción
ciudadana con sus autoridades e instituciones y,
por ende, motivo de deslegitimación en detrimento
de la gobernabilidad. En este sentido, pensadores
afines a esta vertiente como Max Weber, en algún
momento, y José Alois Schumpeter han circunscrito
la participación ciudadana a la emisión del voto para
la elección de autor idades las que, como contrapres-
tación, deben garantizar la existencia de condiciones
sociales propicias para la consecución de los diversos
proyectos particulares. En consecuencia, aquí la
actividad política y la participación pública se sue-
len desincentivar al tiempo que se profesionalizan,
confiando a la eficiencia gubernamental la gestión
de la complejidad social bajo un prudente equilibrio
entre participación y apatía.
En contrapar te, la segunda perspec t iva ha inten-
tado desarrollar lo que el mismo del Águila denomina
“el juicio político ciudadano” mediante el incremento
de la participación en los asuntos importantes para
la colectividad. En esta tradición, se ha concebido
a la participación ciudadana como generadora de
hábitos de interacción social y de esferas para la
deliberación pública; como el medio para la toma
de conciencia social sobre la necesidad de ejercer
control, de manera democrática y colectiva, sobre
decisiones y actividades relevantes para la comuni-
dad y como creadora de fuertes lazos comunitarios
alrededor de valores como el bien común, la plurali-
dad y la tolerancia.
Así, ante la presencia de problemas estructu-
rales del modelo representativo como los citados
y teniendo como referentes fundamentales a estas
dos grandes perspectivas teóricas, se han venido
implementando durante las últimas décadas procesos
y reformas institucionales al margen de las electo-
rales con el propósito de garantizar algún grado de
implicación directa de la ciudadanía en las decisiones
que les afecten.
No obstante, para que la participación ciudadana
pueda tener una repercusión efec t iva en beneficio de
los ciudadanos, se deben cumplir al menos dos requi-
sitos: a) el reconocimiento y la aceptación guberna-
mental de que la interacción social, la deliberación
pública, la tolerancia al pluralismo ideológico y a la
diversidad cultural son prácticas y valores esenciales
para la convivencia civilizada y constructiva; b) la
generación de compromisos públicos, formales y san-
cionables para ambas partes alrededor del resultado
de las deliberaciones públicas.
En este sentido, se puede establecer que hay
voluntad y disposición de la representación política
para aceptar y promover la participación ciudadana
no electoral cuando: 1) existen mecanismos institu-
cionales para la consulta a la población en general y a
la parte directamente afectada por la política pública
en particular; 2) estas formas se corresponden con
el tipo y densidad de la población involucrada y 3)
se disponen de controles formales para impedir que
las vías para la consulta sean manejadas bajo un ca-
rácter
clientelístico
, entendiendo por éste a la forma
en que la autoridad se relaciona con los individuos y
los colectivos a través de un intercambio de favores
discrecionales y al margen de la ley.
16
Es importante añadir a estas consideraciones
mínimas que la participación ciudadana requiere de
información accesible y confiable sobre las diferentes
áreas del quehacer gubernamental, lo que de hecho
forma parte de los mecanismos iniciales para la
15
Rafael del Águila, “La participación política como generadora de educación cívica y gobernabilidad”, en
Revista Iberoamericana de
Educación,
núm. 12, mayo-agosto de 1996, pp. 31-43.
16
Alicia Ziccardi Contigiani,
Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital
, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1998, pp. 36-37.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
66
rendición de cuentas.
17
Por otra parte, vista la parti-
cipación ciudadana desde el ámbito de la autoridad,
implica esencialmente la puesta en marcha de una po-
lítica pública a la que subyacen diversas estrategias
con el fin de procurar la inclusión de la ciudadanía en
los procesos de toma de decisiones, ya sea de forma
individual o a través de sus asociaciones.
Bajo estas premisas se puede concluir que a la
participación ciudadana le preceden tanto el interés
de la población civil por involucrarse en la cosa pú-
blica, como la voluntad de la representación política
para atender y promover la implicación ciudadana al
margen del derecho al voto.
La coexistencia entre representación y participación
Mandato e independencia de la representación
política
A la deliberación contemporánea sobre participación
ciudadana le subyace de manera especial la contro-
versia en torno al mandato frente a la independencia
del representante respecto de los representados. En
una perspectiva teórica normativa, Hanna Pitkin sin-
tetiza los dos argumentos fundamentales sobre este
tipo de participación en los términos siguientes:
Para los teóricos del mandato, el representante
debe votar como sus electores lo harían si fue-
ran consultados, pues sería irrisorio decir que
un ciudadano representa a un distrito o a una
comunidad si sus opiniones son contrarias a las
de éstos; por ende, aseguran que no es auténtica
representación si el representante no hace lo que
sus electores quieren.
Para los teóricos de la independencia, lo medular
de la representación está en que el poder de deci-
sión del pueblo sea transferido al representante
mediante una elección para un tiempo limitado
y que éste desempeñe esa cesión en el gobierno
de manera tal que, sin la transferencia, hubiera
sido ejecutada por el pueblo del mismo modo;
por tanto, afirman que no es representación si los
electores conservan un control como si fuesen a
actuar por sí mismos.
Al intentar recuperar una idea presente en ambas
posiciones, Pitkin subraya que estar representado
implica estar presente en algún sentido en tanto no
se está de manera literal, de lo cual se desprende
que, si bien el representante debe disponer de algún
grado de libertad para actuar, no puede mantenerse
distante o más aún enf rentado de manera persistente
con los deseos expresos de sus representados pues,
de lo contrario, sería insostenible decir que éstos
están presentes a través de él.
18
En este sentido, el debate conlleva una interro-
gante sobre si un representante debe hacer lo que sus
electores quieran y verse vinculado por los mandatos
e instrucciones que ellos le den; o debe ser libre para
actuar como mejor le parezca en la consecución del
bienestar para los representados.
La pregunta cobra mayor significación cuando se
repara en la carencia de instrumentos en manos de
la ciudadanía para sancionar el trabajo político de
los representantes durante el mandato en tanto sólo
cuenta con el mecanismo del voto para calificar
a
posteriori
la labor de representación, pues concluidas
las elecciones y constituidos los gobiernos se abre un
largo período donde suele privar el distanciamiento
entre ambas partes, mismo que llega a convertirse
en franco divorcio de opiniones sin que medien jus-
tificaciones públicas de los representantes políticos
sobre ello.
Como una primera reflexión en torno a esta
controversia cabe tener presente que, desde su
17
Guillermo O’ Donnell, “
Accountability
horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”, en
Revista Española de Ciencia
Política,
núm.11, octubre de 2004, pp. 11-31.
18
H. Pitkin,
op. cit
., pp. 157-184.
Sociedad y Política
67
concepción, los arreglos institucionales del gobier-
no representativo han dotado a los representantes
de un alto grado de independencia respecto de las
opiniones del electorado y, sobre todo, que el modelo
representativo no autoriza el mandato imperativo ni
la revocación discrecional del cargo, dos prácticas
que privarían a éstos de toda independencia.
19
Ahora bien, cabe puntualizar que el mandato ins-
crito en la figura de la representación apunta hacia
determinados mecanismos de control de los repre-
sentados sobre el gobierno básicamente mediante
dos figuras institucionales: la rendición de cuentas
de las acciones realizadas y la obtención de premios
y sanciones electorales en razón de la primera.
20
A pesar de lo anterior, es una realidad que median-
te el ejercicio del sufragio el ciudadano difícilmente
puede medir con precisión el efecto de su participa-
ción, además de que la utilidad práctica de su voto
puede resultarle mínima al tener que contabilizarse
junto al de miles e incluso millones más, aunado a que
éste es sometido a una fórmula de conversión para la
asignación de cargos de representación que, al final
del proceso, suele derivar en que el candidato electo
no está en posibilidad de cumplir las expec tat ivas de
cierto electorado o, más aún, no las comparte.
De tal forma que, después de instaurado el
mecanismo del voto individual como vía para la
evaluación del quehacer de gobierno y de haber
concluido el mandato (y ante la carencia de instru-
mentos institucionales en manos de los ciudadanos
para incidir en el trabajo político durante éste), se
ha venido registrando en prácticamente todas las
democracias occidentales una demanda ciudadana
de espacios públicos para su implicación en la toma
de las decisiones que les afectan.
Empero, al estar en juego la autonomía de deci-
sión de los representantes en torno a la acción de
gobierno, es dable inferir una inclinación de éstos
hacia la independencia y de los representados hacia
el mandato; esta cuestión, por demás compleja, se
embrolla aún más en contextos de alta competencia
por los cargos donde están de por medio factores
como la concepción misma del interés público, la
prioridad del interés nacional sobre el local, las
diferencias entre representar a un distrito y actuar
en nombre de una nación y el papel decisivo de
los partidos políticos en la ponderación de dichos
factores.
Asimismo, cabe tener presente la actual in-
fluencia de los partidos políticos en el criterio y la
decisión de los representantes, tomando en cuenta
que es fundamentalmente a través de ellos como se
puede acceder a un cargo de elección, lo cual ha dado
pauta a que en los Estados modernos el representante
esté siendo concebido como agente del partido y,
por ende, sin la obligación de atender directamente
a los intereses de sus electores; en tanto, su ac-
tuación, presuntamente enmarcada en el programa
del instituto político que lo postula, estaría siendo
avalada por los electores que conocen, aprueban y
votan dicho programa, ecuación que la realidad ha
venido contradiciendo.
En lo referente al contenido de la actividad
de representar, es decir, apelando a la dimensión
sustantiva de la representación, cabe reiterar que
debiera guardar una relación con los intereses de
los representados; dicho de otro modo, se debería
observar una correspondencia entre la actuación del
representante y los intereses de quienes representa,
lo cual irremisiblemente conduce al problema de
establecer una idea asequible y compartible en el
ámbito de la política de interés social.
Intentando evitar relativismos en el sentido
de que únicamente cada persona puede establecer
el sentido y la medida de lo que es su interés, o
visiones utilitarias que lo identifican con la satis-
facción de necesidades eminentemente materiales,
se puede acotar aquí esta discusión señalando que
lo importante no son las preferencias personales o
el bienestar individual –en tanto sería imposible
esperar que los representantes atendieran durante su
mandato las inclinaciones de cada elector– sino las
19
B. Manin,
op. cit
., p. 201.
20
Adam Przeworsky, Susan C. Stokes y Bernard Manin (eds.),
Democracy, Accountability and Representation
, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1999 (Cambridge Studies in the Theory of Democracy).
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
68
actitudes y los hechos observables que los miembros
de determinada comunidad comparten y sancionan
como válidos para su convivencia, así como los sa-
tisfactores socialmente compartibles por ellos.
Con base en lo anterior, es necesario reconocer
que si bien el representante debiera actuar en con-
gruencia con los intereses de los electores, no deja
de cumplir una labor de representación cuando, en
determinadas circunstancias, actúa al margen de
los deseos de algunos o de muchos de éstos pues,
en alguna medida, esta conducta es inherente a la
esencia del modelo de la representación consideran-
do, incluso, que entre los propósitos de los electores
al elegir se encuentra el que su representante pueda
y deba tomar decisiones sobre temas de los cuales
saben poco, no les interesan, no quieren o no pueden
ocuparse de ellos, sin que esto implique aseverar que
los ciudadanos comunes carecen de aptitud para
comprender el quehacer político y, por tanto, no
puedan ocuparse de temas políticos.
El modelo representativo implica la acción del
representante sin el consentimiento expreso de los
electores, actitud que puede empujar al primero a
emprender acciones contrarias a la voluntad de és-
tos. De esto se colige la idea de que el representante
debiera estar obligado a argumentar públicamente
sus decisiones,
21
lo que de estar puntualmente regla-
mentado constituiría un coto al margen discrecional
que de origen les otorga el modelo en cuestión.
Cabe entonces recapitular que, mandato e in-
dependencia, aparecen hoy como dos elementos de
una misma estructura que pueden y deben comple-
mentarse en función de cada contexto específico.
En cuanto a las particularidades de ambos, cada
valoración estará mediada por el marco normativo
y, en consecuencia, por la concepción que se tenga
sobre el quehacer político de los representantes
frente a sus representados.
De igual manera, y en razón de que hasta ahora
la única voluntad vinculante de los ciudadanos con
sus representantes reside en las votaciones, la in-
troducción de formas de participación ciudadana al
margen de la electoral debiera apoyar que intereses
colectivos fueran cada vez más tomados en cuenta
al momento de decidir; esto es, la participación
ciudadana tendría que incrementar la representación
de intereses en la solución de demandas específicas
de manera oportuna y eficiente, así como lograr una
mayor legitimidad de los propios representantes
junto con sus decisiones.
Coincidiendo con la reflexión de Joan Font,
22
se
puede concluir que algunos problemas de represen-
tatividad podrían ser superados con un modelo de
participación que enfatice el “rol crítico y de control
democrático” de las asociaciones civiles; lo que, a
su vez, implica una profunda revisión, renovación y
democratización de las mismas organizaciones de la
sociedad sobre lo cual la democracia directa aporta
pocos elementos teórico normativos como advierte
Ramón Máiz.
23
Estrategias y alcances de la participación
ciudadana
En democracias como Gran Bretaña, Francia, Italia,
España y Brasil donde se han llevado a cabo políticas
de participación ciudadana, fundamentalmente en
el ámbito de los gobiernos locales, ello se ha logrado
gracias a alguna de las estrategias siguientes, no
excluyentes entre sí:
Organizativa
, que implica la conformación de un
entramado organizativo desde el gobierno que, ge-
neralmente, se ha traducido en la instauración de
una oficina de participación ciudadana a través de
la cual se pretende
focalizar
el flujo de demanda.
Normativa
, que contempla la elaboración de un
instrumento legal con base en el cual se
regulan
los mecanismos estables y formales de interre-
21
Philip Pettit, “Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory”, en James Fishkin y Peter Laslett (eds.),
Debating
Deliberative Democracy
, Oxford, Blackwell, 2003, p.153.
22
Joan Font,
Ciudadanos y decisiones públicas
, Barcelona, Ariel, 2001, p. 222.
23
Ramón Máiz, “Deliberación e inclusión en la democracia republicana”, en
Revista Española de Investigaciones Sociológicas
, núm. 113,
enero-marzo de 2006, pp. 11-43.
Sociedad y Política
69
lación entre ciudadanía y gobierno, por ejemplo,
las leyes de participación ciudadana.
Relacional
, que se traduce en una interacción
intensa entre representantes y representados, a
fin de
fomentar
el asociacionismo, fundamental-
mente mediante subvenciones públicas.
24
Con estas estrategias, los gobiernos han intentando
atender diversos objetivos como cumplir con la obli-
gación de informar a la ciudadanía sobre su gestión;
consultar a sectores específicos que se prevé serán
afectados con sus decisiones; disponer de informa-
ción precisa sobre demandas e intereses ciudadanos;
integrar a la ciudadanía en determinadas políticas
públicas bajo un criterio de corresponsabilidad y,
en menor medida, prever una vinculación con las
decisiones conjuntamente deliberadas.
Con todo, si bien se pueden observar cada vez más
ejercicios de implicación ciudadana en las tareas de go-
bierno utilizando las estrategias referidas, las atribu-
ciones asignadas a las instancias para la participación
ponen en evidencia amplias reservas de la autoridad
frente al tema. Esta incertidumbre en el ámbito de la
autoridad explica en alguna medida que, a pesar de la
implementación de diversas formas de participación
ciudadana como foros, asambleas, consejos, comités y
encuestas deliberativas, éstas han ser v ido fundamen-
talmente para enriquecer la elaboración de políticas
públicas en gran medida predeterminadas.
La revisión empírica de prácticas para la impli-
cación ciudadana en asuntos locales en los países
señalados, permite observar los alcances limitados
que se han otorgado a esas instancias donde gene-
ralmente se ha soslayado el carácter vinculatorio
de las autoridades con los acuerdos alcanzados en
aquéllas;
25
en consecuencia, muchos de estos meca-
nismos no se han logrado arraigar en el andamiaje
institucional como para poder considerarlos parte
integral de las prácticas políticas nacionales, situa-
ción de la que también da cuenta puntual la ciudad
de México donde juntas de vecinos, asociaciones
de residentes, comités de manzana y consejos de
ciudadanos, incluidos los aún no renovables comités
vecinales, han resultado en general intrascendentes
para la vida política local.
Sin duda alguna, el tema de la participación ciu-
dadana desde el ámbito de la representación sigue
planteando interrogantes sobre cómo organizarla y
cómo controlar sus resultados, pues no obstante la
tendencia, en algunos casos esencialmente discursi-
va, hacia una mayor intervención de los ciudadanos
en la toma de decisiones impor tantes, subsisten am-
plias reservas en los ámbitos gubernamentales ante
la imposibilidad de prever los alcances y garantizar
los efectos de su implementación.
Factores que inciden en los resultados
de la participación
Presumiendo la existencia de un interés de ciudada-
nos y autoridades por disponer de un espacio público
para la interacción durante el mandato, cabe des-
tacar que la concreción de este interés depende de
diversos factores propios del modelo participativo
como el capital social de que dispone una comunidad
determinada, factor que, en gran medida, se ubica en
la perspectiva de lo que ya en su momento autores
como Seymour M. Lipset
26
analizaron sobre los pre-
rrequisitos sociales de la democracia, aunque bajo
una visión de carácter desarrollista.
Si bien bajo este discurso propio de la segunda pos-
guerra, los prerrequisitos sociales para el progreso de
la democracia se medían en términos de bienestar, ins-
trucción y urbanización con la noción de capital social
se intenta medir aquéllos en términos de reciprocidad,
cohesión social, lealtad, identidad, horizontalidad de
las organizaciones y socialización de la información
dando por hecho la implicación de una gran parte de
ciudadanos en redes sociales de diferentes tipos.
27
24
Clemente Navarro Yánez,
Democracia asociativa y oportunismo político
, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, pp. 40-41.
25
Ibid
. y J. Font,
op. cit
.
26
Seymour Martin Lipset,
El hombre político. Las bases sociales de la política
, Buenos Aires, Eudeba, 1977.
27
César Cansino, “Democracia y capital social. Claves para un debate”, en Dejan Mihailovic y Marina González, (coords.),
Pulsos de la
modernidad
, México, Plaza y Valdés, 2005.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
70
Así, el concepto de capital social encuentra ex-
presión fundamentalmente a través del movimiento
asociativo, esto es, asimilado como el conjunto de
relaciones de reciprocidad social articuladas alrededor
de las asociaciones civiles, mediante las cuales se
pone de manifiesto tanto la aptitud cívica de la ciu-
dadanía como su capacidad para organizar, articular y
gestionar la atención de sus demandas e intereses.
En este sentido, para autores como Robert Put-
nam y Kr ist in Goss,
28
el capital social está constituido
por las redes sociales y las normas de reciprocidad
asociadas a ellas, mismas que implican valores como
la educación, la buena voluntad, la camaradería, la
comprensión, el trato social y la cooperación entre
los miembros de un grupo o una comunidad. Luego
entonces, su propia existencia y desarrollo esta-
rían en función de las condiciones culturales y de
organización social prevalecientes en determinado
lugar.
Ahora bien, mirando a los factores que a su vez
repercuten en el desarrollo del asociacionismo, cabe
obser var que ac tualmente, en diferentes sociedades,
se estaría registrando un deterioro del compromiso
cívico alrededor de instituciones tradicionales como
la Iglesia, los sindicatos y los partidos políticos;
cambio de papeles en el interior de las familias;
mayores niveles educativos y una mayor difusión de
los asuntos públicos.
Asimismo, en nuestras sociedades contemporá-
neas cada vez más diversas y complejas, se estaría
registrando en el seno del asociacionismo una ten-
dencia a pasar de lo colectivo a lo individual; esto es,
un tránsito de una solidar idad de base esencialmente
clasista, fundada en relaciones y lealtades estables y
de largo plazo, a estructuras mucho menos formales,
menos rígidas y más flexibles caracterizadas por un
oportunismo fundado en las expectativas de grupos y
residentes sobre logros inmediatos, más individuales
que colectivos y más propios del ámbito privado que
del espacio público.
Bajo este marco general, es imprescindible pun-
tualizar que reconstruir o fortalecer al denominado
capital social en un contexto específico, requiere
inicialmente de la disposición de satisfactores bá-
sicos, además de tiempo, educación, cultura cívica,
capacidad oratoria, dinero, valores y aptitudes a los
que los ciudadanos tienen acceso de manera des-
igual y que socialmente son distribuidos en forma
desigual. Esta situación debe ser suficientemente
ponderada al momento de prospectar los alcances
del modelo participativo a la luz del riesgo que le
subyace, a saber, que gran parte de los potenciales
participantes sean en los hechos relegados al papel
de espectadores y cuya presencia sirva sólo para
validar decisiones previamente acordadas y ajenas
a sus intereses.
En este sentido, y considerando el protagonismo
de las asociaciones civiles en el ámbito de la parti-
cipación ciudadana, cabe añadir algunas reflexiones
sobre la denominada
democracia asociativa o corpo-
rativa
que se viene debatiendo en diversos ámbitos
de Europa y América en los últimos años, al tenor de
las consideraciones siguientes:
°
Se estaría buscando la complementación de
la democracia electoral mediante mecanismos
inspirados en alguna medida en el modelo de la
democracia directa.
°
Los convocados a participar son principalmente
las asociaciones y los grupos representantes de
diversos sectores, más que los ciudadanos a título
individual.
°
Las asociaciones, lejos de ser actores naturales
que surgen de la agregación de preferencias o
de un proceso de deliberación, estarían siendo
actores que se constituyen como tales a la luz
de la provisión de incentivos selectivos cuyos
patrocinadores asumen los costos de la movili-
zación, agregación y representación de intereses
susceptibles de influencia.
°
En casos específicos, el aparato estatal estaría
facilitando el surgimiento de asociaciones entre
sectores de la población con dificultades para
estructurar sus propias organizaciones de manera
28
Robert Putnam y Kristin Goss “Introducción”, en Robert Putnam, (ed.),
El declive del capital social Un estudio internacional sobre las
sociedades y el sentido comunitario
, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2003, pp. 9-33.
Sociedad y Política
71
autónoma, intentando garantizar la presencia de
más intereses en los foros de discusión pública.
°
Se trataría de poner en marcha reformas institu-
cionales que garanticen el principio de igualdad
entre los actores del nuevo cuerpo asociativo,
previendo la asignación de procesos de gestión
privada de intereses públicos.
29
En el diagnóstico de esta pauta democratizadora,
la interacción entre las asociaciones y la autoridad
estaría orientada hacia tres tendencias básicas: 1)
creación de procedimientos o ámbitos de discusión
sobre políticas públicas en el que se incorporen ins-
tancias gubernamentales y grupos civiles de repre-
sentación de sectores; 2) incorporación de actores
privados en la atención de intereses públicos a través
de la cogestión o del establecimiento de convenios
y 3) un intenso proceso de promoción y apoyo gu-
bernamental a las asociaciones civiles en calidad de
interlocutores calificados a través de subvenciones,
apoyo técnico, logístico y de infraestructura.
No obstante, hay que apuntar aquí el problema
de la cooptación de los participantes en dichas ins-
tancias por parte de los propios gremios, sindicatos
y, fundamentalmente, partidos políticos como otro
de los factores que ha condicionado el desarrollo de
las prácticas para la participación ciudadana aun en
las sociedades con democracias consolidadas.
De otra parte, el análisis de esta política de pro-
moción del asociacionismo permitiría inferir que a
ella le subyace una práctica de oportunismo político,
entendida como la estrategia que desarrollan los
gobiernos, fundamentalmente en el ámbito local,
para hacer compatibles dos objetivos: conservar el
poder municipal y redistribuir espacios en forma de
oportunidades de participación.
30
Así las cosas, la demanda ciudadana y la propia
iniciativa de la autoridad en torno a la participación
de los interesados en la determinación de políticas
específicas estaría siendo satisfecha en tanto resul-
te beneficiosa para el gobierno en turno, es decir,
cuando la estructura política local presente un marco
favorable para hacer compatible esta demanda con la
acción del gobierno y con la previsión de una victoria
electoral del partido en el poder.
Cuestionamientos al modelo participativo y sus aportaciones
a la representación política
En el marco de las experiencias para la participa-
ción ciudadana citadas, se vienen cuestionando
diferentes aspectos como el riesgo de privilegiar
opiniones e intereses de aquellos colectivos con
mayor disposición y posibilidades de implicación.
De hecho, en los procesos puestos en práctica, se
ha tendido a potenciar la participación de los colec-
tivos organizados y, más aún, de los simpatizantes
con las posiciones de la administración en turno en
detrimento de la intervención de los ciudadanos no
organizados y sobre todo de los inconformes con
determinada actuación.
Otro asunto que repercute en la asimilación de
algunas formas de participación ciudadana, en la
respuesta a las convocatorias respectivas y sobre
los alcances de las mismas, es que la promoción de
los ejercicios ha recaído básicamente en la esfera
del poder con lo cual las decisiones sobre qué temas,
cuándo, cómo y quiénes habrán de participar siguen
dependiendo en buena medida de la voluntad y las
motivaciones de los representantes políticos. En
este tenor, la falta de continuidad de los procesos
participativos ha limitado sus efectos educativos lo
que explica en gran medida la carencia de una cultura
de la participación en muchos países señaladamente
en México.
Mirando la controversia entre mandato e indepen-
dencia de los representantes respecto de sus elec-
29
C. Navarro Yánez,
op. cit.
30
Ibid
., p. 21.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
72
tores, y desde la perspectiva de quienes defienden
la limitación de la participación ciudadana, se ha
señalado que la puesta en marcha de mecanismos
ex
profeso
afectan el grado de responsabilidad exigible
a aquéllos, en tanto los ciudadanos que se involucran
en los asuntos públicos se convierten en correspon-
sables de las decisiones adoptadas; sin embargo, en
los países citados donde se han adoptado formas
de participación, la capacidad y atribución de los
representantes políticos de tomar la decisión final
no ha variado, por lo cual, resulta útil recuperar la
aseveración de Font
31
en el sentido de que incluso
con la apuesta participativa más ambiciosa, los
principios de representación y responsabilidad no
han desaparecido.
En contrapar te, se puede argumentar que la pers-
pectiva y la responsabilidad de los representantes
pueden verse reforzadas luego de un proceso de
deliberación amplio, plural e inclusivo que derive en
la vinculación de la autoridad con las resoluciones
de los participantes; por ende, su puesta en marcha
podría contribuir a que los representantes dispongan
de un mayor margen de legitimidad, hoy puesta en
tela de juicio en algunas naciones particularmente
latinoamericanas.
Para los defensores de la participación ciu-
dadana, la mejor forma de afrontar las crisis de
legitimidad de los representantes es precisamente
ampliando la injerencia ciudadana en la cosa pública,
dada su contribución a la conciliación de intereses
en pugna, conciliación que no se debiera entender
como el fin de la disonancia sino, simplemente, como
subordinación a un mínimo acuerdo que haga viable
la convivencia social.
32
El fortalecimiento de la legitimidad de la repre-
sentación es entonces uno de los aspec tos en los que
puede repercutir una efectiva participación ciudada-
na ya que, como comenta Juan Linz,
33
mientras más
alto sea el compromiso en número e intensidad con
la legitimidad del régimen mayor será la capacidad
de éste para sobrevivir a crisis serias de eficacia y
efectividad.
Incluso aceptando que la pretensión de comple-
mentariedad del modelo participativo con la demo-
cracia representativa debe hacer frente al hecho de
que tales modelos presentan lógicas institucionales
diferentes e incluso contradictorias,
34
es una realidad
que la participación ciudadana tiende a conformarse
en una válvula de escape para las tensiones sociales
y que en esa medida mucho ha ayudado al fortaleci-
miento del propio modelo representativo. Asimismo,
se deben tener en cuenta las aportaciones de éste
en el desarrollo de la educación cívica, en la dismi-
nución de la apatía y en el aumento de los niveles
de satisfacción con determinadas autoridades y
decisiones al asumir los individuos algún grado de
responsabilidad frente a su comunidad y al obligar a
los representantes a argumentar públicamente sus
posiciones, sin demérito de su autonomía y respon-
sabilidad final.
Más que pretender una sustracción de funciones
que teóricamente le corresponden a la representación
política, con el modelo participativo está en juego
una revaloración de las relaciones de convivencia así
como el hecho de que los individuos y sus organi-
zaciones deciden hacer política, es decir, participar
y comprometerse en la toma de decisiones que les
afectan. Esto es en gran medida resultado de una
creciente conciencia cívica paralela a la acumulación
de malestar con los resultados de la gestión de los
representantes, ante la escasa atención de demandas
específicas y como respuesta a la desvinculación con
los intereses de los electores sin que, cabría reiterar,
medien suficientes y convincentes explicaciones
públicas del estado de cosas prevalecientes.
35
31
J.
Font,
op. cit.
, p. 235.
32
Federico Reyes Heroles,
Ensayo sobre los fundamentos políticos del Estado contemporáneo,
México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1989.
33
Juan Linz,
La quiebra de las democracias
, Madrid, Alianza, 1987, p. 86.
34
C. Navarro Yánez,
op. cit
., p. 161.
35
César Cansino, “Democracia y capital social. Claves para un debate”, en D. Mihailovic y M. González,
op. cit
.
36
Norberto Bobbio,
The Future of Democracy
, Minneapolis, Minnesota University Press, 1987.
Sociedad y Política
73
Por tanto, como ha afirmado Norberto Bobbio
36
,
es cada vez más importante para el futuro de la
democracia representativa consultar de manera per-
manente a los representados a través de mecanismos
y estructuras horizontales de integración frente a
las tradicionales estructuras verticales de decisión
que han prevalecido, ya en el marco de las élites
competitivas ya en el contexto del pluralismo ya
en el modelo participativo, mismo que ha resultado
insuficiente para garantizar una amplia deliberación
e inclusión ciudadana.
Conclusiones
Si bien no existe la fórmula ideal de participación
ciudadana compatible con el modelo de la represen-
tación política, las evidencias empíricas referidas
muestran que el implicar a ciudadanos y residentes
en los asuntos públicos favorece la representación
de intereses, la obtención de resultados en torno a
demandas puntuales y el fortalecimiento de la legi-
timidad gubernamental; por tanto, se puede aseverar
que, a través de estas fórmulas, los individuos, los
colectivos y la autoridad pueden alcanzar un margen
mayor de conciliación de los múltiples intereses en
conflicto.
Existen experiencias innovadoras en países de
Europa Occidental y en América Latina de funciona-
miento de mecanismos para la par t icipación ciudada-
na, particularmente durante los procesos de diseño e
instrumentación de políticas públicas que permiten
observar una contribución al propio modelo de la
representación política. Estos medios han auspiciado
el acceso de los individuos, principalmente de las
asociaciones, a los procesos de toma de decisiones
así como a los recursos públicos a través de diversas
estrategias tendientes a la promoción y subvención
de las propias organizaciones civiles.
No obstante, en la gran mayoría de los ejercicios
referidos, se ha dejado a los ciudadanos al margen
de la formulación efectiva de las políticas públicas
limitando la posibilidad de que éstos puedan ejer-
cer un auténtico control sobre la activación de la
agenda pública y en la determinación de los temas
que debieran incluirse. Ello debido a que los meca-
nismos para la participación se han desarrollado
básicamente a través de instancias y procesos de
carácter consultivo bajo un esquema de deliberación
limitado en su intensidad y en sus alcances, además
de circunscribirse a temas específicos ajenos a cues-
tiones estructurales o a proyectos de gran impacto
para determinada comunidad, lo que ha restringido
la capacidad de los ciudadanos para incidir sobre los
temas y las decisiones finales.
En contraparte, a través de dichos consejos
consultivos de carácter territorial o sectorial, apar-
te de focalizar y canalizar la demanda política de
participación, los gobiernos han logrado reducir los
costos de la búsqueda de información actuando las
asociaciones en muchos casos como informantes
cualificados sobre las demandas de la ciudadanía.
En otro orden de ideas, la política de parti-
cipación ciudadana estaría transitando desde la
estrategia normativa a la relacional centrada en
la consecución de la eficiencia gubernamental por
áreas administrativas, en la atención específica de
demandas focalizadas en los servicios públicos y en
el interés por fortalecer la legitimidad de la repre-
sentación política.
A pesar de estas limitaciones, las fórmulas para
la participación ciudadana estarían sentado nuevas
bases a favor de la conciliación de intereses, de la
estabilidad social y de la gobernabilidad, quedando
pendiente en la mayoría de los casos referidos la
discusión y, en su caso, el establecimiento de un
carácter vinculatorio de la autoridad con las reso-
luciones de la deliberación pública debidamente
institucionalizado.
37
J. Linz,
op.cit
., p. 37.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
74
Asimismo, ante la periodicidad excepcional con
que se han venido ejecutando los procesos parti-
cipativos y atendiendo al carácter temporal de la
conciliación de intereses que se puede derivar de
su funcionamiento, normar la rendición de cuentas
obligatoria de los representantes políticos –en el
marco de un modelo de democracia deliberativa–
pudiera constituir un ejercicio regulador preliminar
que al mismo tiempo permitiría acotar el margen de
autonomía de ellos.
Finalmente, cabría tener en cuenta que la vigen-
cia del modelo liberal de democracia en contextos
específicos, cuya legitimidad como se ha dicho se
sustenta en el Estado de derecho, en la representa-
ción política y en la lealtad de las fuerzas políticas y
de los ciudadanos al marco inst itucional, depende en
gran medida de mantener vigentes los compromisos
para hacer cumplir las decisiones que conciernen a
la colec t iv idad,
37
marco en el que debieran confluir la
representación política y la participación ciudadana
inclusiva y vinculante.
Recibido el 24 de septiembre del 2008
Aceptado el 5 de diciembre del 2008
Sociedad y Política
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