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Reseñas
169
D
espués de la elección federal intermedia de 2003,
los legisladores mexicanos tuvieron el tiempo
suficiente para preguntarse si la normatividad,
las instituciones y las autoridades electorales estaban
preparadas para enfrentar unos comicios competidos
en 2006, con un estrecho margen de diferencia entre los
punteros, como las encuestas y las circunstancias pre-
veían. Después de las polarizadas elecciones en México,
el politólogo italiano Michelangelo Bovero señaló que
el signo de nuestro tiempo eran las elecciones contro-
vertidas, refiriéndose también a las de Estados Unidos
(2000), Alemania (2005) e Italia (2006).
1
Si acaso lo pensaron nuestros parlamentarios,
lo cierto es que no tomaron medidas precautorias al
respecto: una amplia reforma electoral. En el ánimo de
confrontación y de obstruccionismo que prevalecía a
mediados del sexenio de Vicente Fox, el Senado rechazó
una reforma electoral propuesta por el entonces secre-
tario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Era ma-
yor el deseo de opacar el protagonismo de su promotor
que la necesidad de adecuar a las nuevas circunstancias
del país el marco jurídico en la materia. Entonces, las
cúpulas de los partidos decidieron enfrentar el proceso
electoral de 2006 con las reglas de 1996, cuya principal
característica consistía en un fuerte financiamiento
público para el ejercicio de las prerrogativas partidistas,
destinado primordialmente a la compra de espacios en
los medios de comunicación electrónicos a razón de
tres mil millones de pesos en 2006.
Hablan las actas
Reseña del libro de José Antonio Crespo,
2006: hablan las actas.
Las debilidades de la autoridad electoral mexicana,
México, Debate, 2008, 232 pp.
Jorge Bravo
En la ‘lógica’ electoral de todos los partidos existía
el reconocimiento tácito de que esas reglas del juego, las
de 1996 −cuya perversidad había quedado demostrada
en 2003 por el cuantioso derroche de recursos públicos,
escasez de propuestas, proliferación de campañas ne-
gativas, uso y abuso de la comunicación mediática−, les
permitirían ganar la elección presidencial de 2006. Esa
misma ‘lógica’ se reveló ingenua cuando la Coalición por
el Bien de Todos (Partido de la Revolución Democrática
(±²³)-Partido del Trabajo (±´)-Convergencia), postu-
lante de Andrés Manuel López Obrador, impugnó no
sólo el resultado de los comicios, sino todo el proceso
electoral: alegó falta de pulcritud en la jornada electoral,
participación de funcionarios de casilla en un fraude a
favor de Felipe Calderón, manipulación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (±²µ±) por
parte del Instituto Federal Electoral (¶·µ), parcialidad
de la autoridad, intervención de actores externos como
el presidente Fox y las cámaras empresariales, etc. La
moraleja que se desprende es que, con diez años de
desfase, las reglas del juego de 1996 fallaron a la hora de
definir a un ganador inobjetable el 2 de julio de 2006 (la
máxima muestra de lo anterior se halla en las reformas
constitucionales que el Congreso avalaría en 2007).
Esa es la misma conclusión a la que llega el inves-
tigador José Antonio Crespo en su controversial libro
2006: hablan las actas
. En el subtítulo de la obra el autor
revela el epicentro del problema:
las debilidades de la
autoridad electoral mexicana
. Crespo enfoca sus bate-
j
1
“Elecciones controvertidas, signo de los tiempos”,
en
Foreign Affairs en español
, enero-marzo de 2007.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
170
rías analíticas al (mal) desempeño del IfE y del Tribunal
±lectoral del Poder Judicial de la Federación (²E³jf).
Sustenta su argumentación en decisiones dubitativas y
hasta temerosas de los conse´eros distritales del µF±, en
la deficiente capacitación electoral, en la ambigüedad
de la ley y en criterios di¶erenciados de los magistrados.
Crespo responsabiliza directamente a las autoridades
electorales de la ausencia de transparencia y, sobre
todo, de
certeza
en el resultado final que ¶avoreció al
candidato del Partido Acción Nacional (³·¸), Felipe
Calderón, por el estrecho margen de 0.56% (233 mil
831 su¶ragios).
Sin duda, el de Crespo es un aporte valioso porque
exhibe lo que de´aron de hacer el IfE y el ²E³jf para
otorgarle certeza al resultado electoral, uno de los cin-
co principios rectores que ordena la Constitución (los
otros cuatro son legalidad, imparcialidad, ob´etividad
e independencia). Demuestra que la autoridad no se
empeñó a ¶ondo en el cómputo y escrutinio finales, ni
en el esclarecimiento de las inconsistencias (votos que
sobran o ¶altan) registradas en las actas. Habla de ¶alta
de exhaustividad y de un traba´o mal hecho que pone en
duda no sólo el ¶uncionamiento y la credibilidad de las
instituciones electorales, sino algo más importante: la au-
téntica voluntad de los electores. “Puede decirse, sostiene
Crespo, que la elección presidencial de 2006 representó
un ¶racaso, en tanto no pudo generar consenso sobre el
resultado, es decir, la convicción generalizada de que
quien ganó oficialmente lo hizo en buena lid” (p. 17).
±l pro¶esor del Centro de µnvestigación y Docencia
±conómica (¹IºE) se ubica en lo que él denomina la
minoría de los “agnósticos”: quienes ignoran cuál can-
didato realmente ganó la elección presidencial. De ese
agnosticismo se desprende su hipótesis central: “las
actas electorales no dan la razón a quienes sostienen
que López Obrador ganó la elección y que ¶ue víctima
de un enorme ¶raude, pero tampoco la dan a quienes
sostienen que Calderón ganó de manera inequívoca e
inob´etable” (p. 102). Ambos
mitos
electorales “son más
el producto de filias o ¶obias, de un interés personal
concreto o de una consigna política, que de una posición
basada en pruebas ¶ehacientes. No hay datos suficientes
que avalen una u otra tesis” (p. 105).
Al analizar las inconsistencias registradas en las
actas de escrutinio (documentos con pleno valor oficial
de los cuales emerge el resultado final) de 150 distritos
electorales, el autor impugna la llamada ‘verdad ´urídi-
ca’ emitida por el Tribunal ±lectoral, al considerar que
ésta no coincide con la verdad aritmética que registran
las actas, motivo por el cual debió anularse la elección
presidencial, con base en la “causal de nulidad abs-
tracta” con rango de tesis ´urisprudencial (por cierto,
resulta por demás interesante la argumentación que
Crespo proporciona respecto del valor ´urídico de los
votos irregulares y del sistema de nulidad que Ԧuncio-
na’ en México, con base en la demarcación nacional, lo
cual le permite sostener la tesis de anular la elección
presidencial).
Los resultados de una revisión exhaustiva de las
actas arro´a que los votos irregulares (los que no pudie-
ron ser depurados ni ´ustificados) superan los su¶ragios
con que aritméticamente aventa´a el primer lugar al
segundo y, por lo tanto, no se puede saber cuál es la
voluntad mayoritaria del electorado. De acuerdo con
la ley, las casillas donde se presenta esa circunstancia
deben anularse. Contrario a lo que argumentó el ²E³jf
en su momento, ni los coleccionistas de boletas ni los su-
¶ragios emitidos en una urna equivocada ´ustifican los
errores de cómputo, que siguen superando la di¶erencia
entre Calderón y López Obrador y, por ende, empañan
o nublan la certeza del veredicto oficial.
±l punto de partida de Crespo es la regla de oro
de la democracia: por un voto se pierde o se gana; y su
corolario: si por un voto se gana o se pierde, basta uno
solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que
no se hubiera considerado en el cómputo total, para
generar incertidumbre acerca de quién es el auténtico
ganador.
Sin a¶irmarlo explícitamente, se desprende que
Crespo comulga no con la idea de una magna maqui-
nación, pero sí de un ‘¶raude hormiga’: irregularidades
o anomalías no de gran calado pero sí determinantes
para definir el veredicto final, sobre todo cuando las
urnas arro´an un resultado cerrado. ±l propio autor re-
conoce que el porcenta´e de irregularidades ¶ue similar
al de la elección de 2000, cuando triun¶ó Vicente Fox; la
di¶erencia radica en el margen de victoria de 6% en el
caso de éste, contra 0.56% a ¶avor de Calderón. De ahí
que los errores aritméticos impidan conocer la voluntad
del electorado.
Crespo llega a la conclusión de que tanto el IfE
como el Tribunal ±lectoral se plegaron a la estrategia
del ³·¸ de abrir el menor número posible de paquetes
electorales, en lugar de haber aplicado la normatividad
electoral al pie de la letra.
De los anteriores postulados de Crespo pueden
desprenderse algunos matices a su metodología:
1. ±l libro carece de un capítulo introductorio donde
el autor esboce cómo se desarrolló la elección presi-
dencial. Los antecedentes no resultan ociosos, antes
al contrario: pudieron servir a Crespo para exponer el
Reseñas
171
cúmulo de irregularidades −desde el proceso de des-
afuero contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
pasando por la poco velada intervención presidencial
hasta la transmisión de
spots
ilegales por parte del
Consejo Coordinador Empresarial en plena campaña−
para que el lector se percatara de cómo determinados
actores externos transgredieron, mucho antes de la
jornada comicial, las reglas del juego democrático. En
este sentido,
2006: hablan las actas
se erige en un libro
para enterados, para lectores que ya cuentan con la
información y los antecedentes correspondientes.
2. Apoyarse en la regla de oro de la democracia no
le ayuda del todo al autor. Restringe la democracia a su
definición más minimalista y, por lo tanto, insuficiente
para comprender unos comicios complejos y contro-
vertidos, como sin duda es el objetivo de Crespo. Por
sólo mencionar un ejemplo, el autor pudo incorporar
a su definición el elemento de la transparencia, como
sugiere Norberto Bobbio en
El futuro de la democracia
.
2
De esta manera, con base en el derecho a la información,
Crespo hubiera aportado un valor normativo y jurídico
a la pertinencia de abrir los paquetes electorales, de
transparentar
la elección presidencial.
Por cierto, y aunque no deja de ser un tema a debate,
el derecho a la información fue el argumento que esgri-
mieron en juicios paralelos el director del semanario
Proceso
, Rafael Rodríguez Castañeda, y el investigador
de El Colegio de México, Sergio Aguayo, para tener ac-
ceso a las boletas de la elección presidencial.
3. Partir de la regla de oro de la democracia y de su
corolario debilita −desde la perspectiva metodológica−
la muestra analizada por el investigador, quien estudió
150 de los 300 distritos electorales; de los resultados que
obtiene, realiza una proyección estadística que consiste
simplemente en multiplicar por dos.
Si por un voto se gana o se pierde, y si basta un voto
irregular para nublar el veredicto del electorado, en-
tonces una muestra de 50% de los distritos electorales
(cuando el resultado comicial apenas supera el medio
punto porcentual) no puede considerarse rigurosa para
determinar el número total de inconsistencias. Cada
distrito, cada casilla y cada acta son distintos, como se
desprende de la lógica del autor. Si en una elección se
gana o se pierde por un voto, y uno solo basta para ob-
nubilar la certeza, entonces una proyección estadística
de 50% le resta rigurosidad a la metodología.
Si bien de la revisión de Crespo se desprende que
los votos irregulares no sólo igualan sino que superan
la distancia que separa a Calderón de López Obrador
y, por lo tanto, no existe certeza sobre quién realmente
ganó, en cambio, no se puede colegir que el cúmulo de
sufragios irregulares favorecen de tal manera al segun-
do lugar que logran trascender el resultado oficial, es
decir, la ‘verdad jurídica’. Claro, Crespo dirá: por ello
la necesidad de transparentar y esclarecer la elección
presidencial con la apertura de los paquetes electorales,
para terminar con la incertidumbre. El mismo autor
admite (citando a los investigadores Javier Aparicio y
Fernando Pliego) que “los errores no mostraban en su
distribución un sesgo partidista” (p. 44).
En todo caso, lo que se deduce es la escasa vocación
democrática de los partidos en México, propensos a
cometer irregularidades durante la jornada electoral.
Por ejemplo, llama la atención un descubrimiento de
Crespo: “en las casillas donde hubo un solo represen-
tante de partido, ese partido ganó el mayor número de
casillas para su candidato” (p. 129).
4. Ello nos conduce al siguiente argumento. Le asiste
la razón al investigador cuando pone en duda el desem-
peño de la autoridad electoral, poco rigurosa a la hora
de subsanar las transgresiones a la ley. Es inobjetable
que el autor demuestra el escaso compromiso del IFE
y el TEPJF, cada uno en su oportunidad, para resolver
las inconsistencias expresadas en las actas. En distin-
tos momentos, mediante tablas que exhibe el autor, se
comprueba el desaseo, con error o dolo, en el llenado de
las actas y sus resultados. De ahí que el planteamiento
sea que la ‘verdad jurídica’ no coincide con la verdad
aritmética que exhiben las actas. Dice Crespo:
...la sentencia final emitida por el Tribunal Electoral, en
lo que hace a los votos irregulares, no corresponde con lo
asentado en las actas oficiales de escrutinio y cómputo.
No un fraude que haya involucrado a millones de mexica-
nos, pero sí a un cuerpo colegiado de siete miembros que
tenía la enorme responsabilidad de calificar la elección,
revisar con exhaustividad la información disponible e
informar con toda precisión y veracidad a los ciudadanos
por qué decidió lo que decidió, validando una elección
cuya certeza quedaba en duda… Los magistrados infor-
maron a la ciudadanía que las actas decían algo muy
distinto de lo que en verdad reportan” (pp. 99-100).
Sin embargo, Crespo minimiza un hecho (que sólo
menciona en una ocasión). En su juicio de inconformi-
dad, la Coalición por el Bien de Todos
nunca
solicitó la
2
Traducido por José F. Fernández Santillán editado en México, por el Fondo de Cultura Económica en 1986. N.E.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
172
apertura de todos los paquetes electorales, aunque sí la
anulación de los comicios. Parece una minucia pero no
lo es. Cualquier pasante de abogado sabe que un juez no
puede resolver sobre aquello que la parte demandante
no ha solicitado.
Si bien fue escaso el 15% de paquetes con actas
inconsistentes que decidieron abrir los magistrados,
también es cierto que en el juicio de inconformidad no
se solicitó la apertura del 100% de los paquetes, sino
apenas de 50 mil casillas en 174 distritos, de un total
de 130 mil 477 casillas instaladas. Desde luego, acierta
Crespo al exhibir que tanto el IFE como el TE±JF sólo
abrieron 14 mil 594 paquetes (equivalentes al 18%)
de un total de 81 mil urnas que reportaban errores
aritméticos. De ahí que el autor sugiera que, de haber
actuado con minuciosidad la autoridad electoral, se
hubieran reducido las discrepancias y la incertidumbre
respecto del resultado electoral, como era el reclamo
original del candidato López Obrador y de la Coalición.
²l recuento hubiera ayudado a Calderón, insiste Crespo,
a confirmar su triunfo, a gobernar más efectivamente
y a emitir el mensaje de que México es una democracia
transparente.
No queda del todo claro si lo que procedía, a juicio
de Crespo, era 1) el recuento parcial de todas las casillas
en cuyas actas estaban asentadas irregularidades; 2) la
apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales
para transparentar la elección presidencial; o bien, 3)
declarar nulos los comicios. ²l autor sugiere las tres
posibilidades y se muestra partidario de todas ellas. La
conclusión es que cualquier opción hubiera sido mejor
a la decisión última que adoptó el TE±JF: calificar la
elección sin comprobar quién realmente ganó. Lo dice
Crespo: “…demostrar el fraude electoral correspondía
al PRD y sus aliados. Demostrar el triunfo de Calderón,
de manera indefectible y convincente, correspondía al
³ribunal ²lectoral. Éste validó jurídicamente el triunfo
de Calderón, para lo cual está facultado, pero no lo de-
mostró fehacientemente” (p. 171). Ni una ni otra.
5. ²l clamor que exigía “voto por voto, casilla por
casilla”, que tan atinadamente logró posicionar la Coa-
lición por el Bien de ³odos, fue un magnífico eslogan
pero no un requerimiento jurídico. ²llo nos lleva a las
estrategias de los partidos. Si bien el ±A´ se ocupó y se
preocupó porque se abriera el menor número de urnas,
la Coalición por el Bien de ³odos se abocó a abonar el
terreno para que todo el proceso electoral pareciera un
fraude. No olvidemos que durante el segundo debate
presidencial López Obrador reveló, sin comprobar, la
intervención ilegal de Diego Hildebrando Zavala, her-
mano de Margarita Zavala, esposa de Calderón, en el
padrón electoral del IFE. Aµ¶· también especuló con la
‘mano invisible’ del
innombrable
(el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari) y sus recurrentes descalificaciones
al IFE y a las instituciones. López Obrador sembró la
simiente del fraude y del complot en su contra mucho
antes de que ocurriera y, desde luego, se comprobara.
Puede concluirse que no sólo triunfó la estrategia
del ±A´ de no abrir los paquetes electorales, sino tam-
bién la del ±¸¹-±T-Convergencia con la idea del fraude.
²l club de los agnósticos (alrededor del 15%, según las
encuestas) le debe mucho a la estrategia de la Coalición
por el Bien de ³odos. Una interpretación política sugiere
que ambas estrategias resultaron ganadoras: el ±A´
impidió el recuento y con ello conquistó la presiden-
cia; el ±¸¹-±T-Convergencia insiste en que ese triunfo
es espurio, resultado de un fraude. ºmbas estrategias
permanecen
—¿permanecerán?— vigentes desde el 2
de julio de 2006.
Crespo concluye con un análisis de las reformas
constitucionales de 2007 en materia electoral. Las ca-
lifica de insatisfactorias e, incluso, contraproducentes.
¿Nuestros legisladores aprendieron de la experiencia
y resolvieron el problema? º decir de Crespo, no. Con
base en el análisis de la nueva normatividad electoral,
el investigador vislumbra escenarios adversos en caso
de que México experimente, como en 2006, comicios
competidos con resultados cerrados. ¿Se repetirá la
historia? Los mexicanos estamos aprendiendo a cons-
truir la democracia.
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