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Cuestiones contemporáneas
139
Reestructuración económica y tecnologías de información y comunicación:
premisas, bases y configuraciones
E
NRIQUE
Q
UIBRERA
M
AT IENZO
*
Resumen
En el presente artículo, el autor explora cómo la
reestructuración económica que se emprendió en el
país a partir de la década de 1990 ha impactado el
desarrollo de los bienes y servicios de las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC). El afán
de generar un mercado regido por las reglas de la
oferta y la demanda, en detrimento de la función
social de los instrumentos y servicios de las TIC, ha
provocado que la cobertura técnica y económica de
las opciones de comunicación se centre en satisfa-
cer únicamente a aquellos segmentos sociales que
pueden efectivamente consumirlas
Abstract
The author explores in his article how the economic
reorganization that was undertaken in the country
during the decade of 1990 has had an impact on
the development of the assets and services of the
technologies of information and communication
(TIC). The aim of generating a market governed by
the rules of supply and demand, in detriment of a
social function of the instruments and services of
TIC, have provoked that the technical and economic
coverage of the options in communication center
themselves in satisfying only those social segments
that can effectively consume them.
Palabras clave
: nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mercado, oferta y demanda, co-
bertura técnica y económica, reestructuración económica.
q
*
Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Deleg. Coyoacán, México, D.F. 04960.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
140
P
ara el desarrollo en México de las tecnologías
de información y comunicación (
TIC
) 2006,
fue un año representativo y sintomático. Si
bien el relevo partidista en la conducción de la
administración pública federal de 2000 no produjo
mayores cambios en esos sectores a lo largo de su
transcurso, en el último año del sexenio esa indolen-
cia se reveló más contrastante aún por la vorágine
de acontecimientos que en sucesión alteraron las
reglas operativas de las
TIC
que habían conformado
su desempeño cotidiano. En abril del 2006 y con sólo
un trimestre de discusión formal, el Senado ratificó
por mayoría simple el decreto que conjuntamente
modifica a las Leyes Federales de Radio y Televisión
y de Telecomunicaciones (en adelante,
reforma
), que
apenas en diciembre del año anterior había aprobado
la Cámara de Diputados en una extraña unanimidad
partidista y con una velocidad inusitada. Con ese
movimiento, el poder legislativo tomó la delantera
en el tema y propuso una vía intencionada para des-
ahogar la simbiosis tecnológica y de mercado entre
la industria de radiodifusión y la de telecomunica-
ciones, enroque surgido del proceso de convergencia
entre las señales de una y otra.
Aunque la
reforma
impactó al sector sin incluir
ni considerar a los involucrados federales,
1
sus
consecuencias inmediatas los obligaron a salir del
anonimato. A lo largo del sexenio el titular del eje-
cutivo se esforzó en apoyar a los concesionarios de la
radiodifusión y les entregó beneficios substanciales
que aumentaron su actividad publicitaria –a tiempo
que les garantizó una tersa migración del formato
analógico al digital en el sistema televisivo–, pero
ahora era el turno del ramo de la telefonía, cuyos
actores también reclamaron su participación en el
nuevo escenario y protestaron por la inatención a
sus intereses. La
reforma
fue confeccionada para
cobijar el tránsito del duopolio televisivo hacia la
prestación de servicios de telecomunicaciones, lo
que propició que Grupo Carso reivindicara su parte
y obligara el desempeño federal para legalizar el
anverso: el suministro del servicio de radiodifusión
desde la infraestructura de telecomunicaciones.
Así, impulsar el empalme de servicios, tarea ins-
crita como obligación institucional y política en el
Programa Nacional de Comunicaciones del sexenio
–y por años propósito de papel que sólo sirvió para
nutrir entrevistas y celebraciones– se transformó
en encomienda urgente porque nada más restaban
algunos meses para concluir el mandato y el ter-
cero en discordia exigía paridad. La maquinaria se
movió entonces con una solvencia insospechada y
concedió todo lo necesario para cocinar el llamado
acuerdo de convergencia (en adelante,
acuerdo)
; al
vulgarizar el concepto, éste plasmó una y mil acep-
ciones en la memoria colectiva y en el decir social
sin contribuir necesariamente a su esclarecimiento
y apropiación. Al final del día, se cumplió el propó-
sito y el instrumento cobró la dimensión requerida:
bajo los términos establecidos, Grupo Carso, dueño
de las dos redes de telefonía más grandes del país,
puede enriquecer su oferta con un servicio más, las
señales de televisión.
Aunque dedicados a dos sectores distintos y con
paternidad diferente, tanto la
reforma
como el
acuer-
do
responden a una misma racionalidad económica:
capitalizar las fortalezas que cada agente productivo
ha acumulado, las cuales sustentan su migración
hacia el escenario convergente. Sin embargo, tal
desplazamiento está lejos de argumentarse como un
proceso inédito, de reciente creación o manufactura;
a la inversa, sus raíces aparecen en el proceso de
reestructuración productiva que desde fines de los
años ochenta del siglo pasado se puso en marcha
como respuesta a la crisis y parálisis económica. La
privatización de las empresas públicas y entrega de
los activos estatales –que en telecomunicaciones
adquiere un perfil ejemplar y paradigmático–, la
Introducción
1
Uno de los titulares del pleno de entonces de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (
COFETEL
) así lo confiesa.
Cfr
. Abel Hibert
Sánchez, “Política sin ley”, en
Reforma
, 15 de junio de 2007.
Cuestiones contemporáneas
141
liberalización y desregulación –que rompe el pro-
teccionismo vigente desde los treintas y abre la
economía a los flujos internacionales de mercancías
y de capitales–, así como el retiro del Estado de
la actividad económica con el propósito de que la
empresa privada tome el relevo como protagonismo
estelar del crecimiento, son algunos de los vectores
que, al aplicarse en el conjunto económico, a la vez
tuvieron un impacto decisivo en la remodelación de
la industria y los servicios de las
TIC
en lo general y
de las telecomunicaciones en lo particular.
En el presente texto se procura describir de
manera general las repercusiones que la reestructu-
ración ha tenido en las
TIC
desde la década de 1990,
cuando se manifiesta por primera vez y se inicia la
liberalización económica que sienta las bases de la
explotación mercantil de las
TIC
, a tiempo que se
relega su materialización como servicios de interés
público. Así, la búsqueda de la eficiencia del mercado,
meta implícita y reiterada en cada programa guber-
namental, entra en contradicción con el discurso
que postula la cobertura social y el uso colectivo
de las tecnologías y servicios. Tal contradicción
todavía no se solventa y, pese al innegable avance
cuantitativo de la infraestructura y los sistemas en
operación, persisten insuficiencias y asimetrías en el
equipamiento que incluso nutren reportes especiali-
zados. Uno de los últimos que se conocieron sobre la
materia fue el estudio de la empresa estadounidense
Pyramid Research, referido al aprovechamiento de
los servicios de telecomunicaciones en el país. Con
base en la Encuesta Nacional de Ingresos del 2006 del
INEGI
, algunas de las conclusiones que la consultora
estableció son dignas de Perogrullo: “la penetración
de los servicios de telecomunicaciones presenta un
diferencial importante en las áreas rurales al respecto
de las áreas urbanas”,
2
lo cual se afirma, por ejemplo,
en la primera obviedad. Se sostiene también que
estas diferencias no únicamente se estructuran en la
distribución desigual de la renta que cada conjunto
logra y que determina su gasto en el sector, sino tam-
bién en la extensión de la cobertura de servicios y en
la frontera de eficiencia que cada tecnología alcanza
respecto a su instauración en una u otra zona.
Así, la investigación establece dos categorías de
análisis básicas: 1) la llamada brecha de mercado,
que se define como “la diferencia entre el número
de hogares con servicio actualmente y la frontera de
eficiencia”
3
(esto es, hasta donde es rentable utilizar
cada tecnología) y 2) la brecha de acceso, que
Comprende la diferencia entre la frontera de eficien-
cia y el total del mercado potencial. Dentro de la bre-
cha de acceso podemos distinguir dos componentes:
por un lado, los usuarios que no pueden acceder a los
ser v ic ios por no disponer de cober tura, que const itu-
ye la componente geográfica de la brecha de acceso
[…] por otro lado, los usuarios que, disponiendo
de cobertura de servicios de telecomunicación, no
pueden acceder a los mismos por falta de suficiente
poder adquisitivo. Esto constituye la componente de
asequibilidad de la brecha de acceso.
4
Los números que acompañan esta descripción son
precisos: la brecha de mercado llega hasta siete
millones de hogares, en el caso de la telefonía del
par de cobre, y cinco millones, para la telefonía ina-
lámbrica. En el segundo caso, la brecha de acceso, la
desigualdad entre las regiones rurales y urbanas se
polariza porque en las primeras se presenta tanto la
discriminación económica como la correspondiente
a cobertura. De esta forma, el abatimiento de ambas
brechas implica acciones en el terreno de la tecnolo-
gía –para explotar aquellas que optimicen la frontera
de eficiencia– y también en el área económica, situa-
ción que se relaciona con la política social del Estado.
En consecuencia, puede decirse que el mercado no
soluciona por sí mismo la cobertura de servicios.
2
Pyramid Research, “Estudio de acceso y utilización de las telecomunicaciones en México”,
mimeo
, 28 de enero de 2008.
3
Idem.
4
Idem.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
142
Hasta 1990, en el panorama de las telecomunicacio-
nes nacionales resaltó el carácter masivo o especiali-
zado de sus servicios. Sólo el telefónico podía tomar
un rol personal, mientras que los restantes atendían
únicamente al gran público. Para todos estaban dis-
ponibles, efectivamente, la radio y la televisión, con
los perfiles de bonanza para los medios comerciales
y de estrechez para los de Estado, condiciones que
desde entonces han sido habituales. Con dedicatoria
al colectivo empresarial se listaban los sistemas de
conducción de señales en microondas y por satélite
y también mediante circuitos f ísicos; igual disponían
de los servicios finales télex y de transmisión y pro-
cesamiento de datos en varias modalidades.
La liberalización que de inmediato se emprende
en el periodo 1988-1994 y el cambio en las estructu-
ras de suministro que acoge a la participación privada
trajo más opciones de comunicación, sobre todo
para el individuo. No obstante, tal explosión no las
confunde ni sobrepone y mant ienen su definición tra-
dicional. La desincorporación de Telmex modificó la
propiedad pero no alteró su ofer ta, que siguió siendo
la telefonía. Otras alternativas que asimismo concre-
taron la mutación del entorno regulatorio se clasifi-
caron como servicios específicos, y se definieron al
detalle y en la tradición de las telecomunicaciones
de ese momento. La tecnología celular transformó
al teléfono en itinerante, cualidad que sólo rompió
la dependencia física hacia el cable y no alteró la
comunicación de voz que le determina y que habrá
de mantenerse por largo tiempo. De igual manera,
las primeras concesiones para los sistemas desig-
nados como radiolocalización móvil de personas –o
paging
, como se le reconoce– se otorgaron para una
cobertura regional en 1991 y la radiocomunicación
especializada de flotillas a su vez, comercializada
como
trunking
– nació poco después. Sus operadores
dominaron la totalidad de la cadena de valor y con
ello reprodujeron los esquemas acostumbrados del
suministro. Emergieron, pues, como servicios inte-
grales, nuevos y complementarios, personal uno y ca-
si gremial el segundo, que aprovecharon la tecnología
de avanzada de la época. En el terreno de la televisión
por cable proliferaron las autorizaciones para operar
en todo el territorio, y será hasta la adjudicación de
frecuencias para el servicio en microondas (
MMDS
)
cuando se formalice el nacimiento de la alternativa
inalámbrica. Ésta debutó incluso en la ciudad de
México bajo el comando de
MVS
y enseguida rivalizó
con Cablevisión, el frente del consorcio televisivo
en el mercado de las cableras desde mediados de los
años cincuenta del siglo
XX
.
Estos ejemplos muestran que si bien la libe-
ralización alteró la estructura de la propiedad en
las telecomunicaciones nacionales e introdujo las
formas del capital y del mercado como vectores de
desarrollo, la ruptura no llegó a todos los ámbitos y
dejó elementos intocados, entre otros, la definición
misma de los servicios. Con los años, la convergencia
se convirtió en el factor que confunde todo el entorno
y las parcelas que cada uno arreglaba y mantenía se
volvieron obsoletas por la nueva realidad tecnoló-
gica, es decir, la imposición del formato digital en
todos los órdenes, niveles y estructuras. Tal conti-
nuidad derivó del avance del capital en extensión y
a profundidad, que patrocinó la reestructuración de
principios de los años noventa y desplazó el rédito
estatal del sector para después explotarlo mediante
un proceso industrial que racionaliza su producción
en la búsqueda de la mayor eficacia posible, y con
ella, de la ganancia de frontera. Con ese propósito,
el sumario inicial que se implantó y organizó fue la
apertura de nuevas áreas de capitalización producto
del retiro del Estado del suministro, encadenamiento
que se concretó al liberalizar los mercados de teleco-
municaciones y de televisión. La desincorporación
de la telefonía fija de la estructura estatal se llevó
a cabo con la venta de Telmex y de su apéndice
Telnor, a tiempo que el debut de la plataforma ce-
lular se produjo ya bajo el control de inversionistas
privados. De manera simultánea, el marco legal se
relajó y flexibilizó, en específico para desregular los
Hacia los cimientos del concepto fundador: liberalización, apertura
y otros menesteres
Cuestiones contemporáneas
143
mercados secundarios y auxiliares de dispositivos y
bienes de conexión a las redes, medida que permitió
el ingreso de nuevos agentes en esa ofer ta específica
acorde con la aper tura generalizada de las f ronteras.
5
En el cuerpo regulatorio que germinó apenas para
institucionalizar el proceso, se abrió espacio a un
segmento pr imer izo que tomó un per fil de gran ambi-
güedad porque puede abarcarlo todo: en la categor ía
designada como servicios de valor agregado habrán
de listarse todos los posibles, y para dotarla de mayor
flexibilidad se facilitó la concurrencia de agentes
extranjeros hasta con 100% del capital social.
En la industria cultural, en concreto para la
radiodifusión y la cinematografía, el enroque fue
evidente y los activos estatales que estructuraban
a
IMEVISIÓN
(redes nacionales de los canales 7 y 13),
la Compañía Operadora de Teatros (
COTSA
) y los Es-
tudios América, conformaron el llamado paquete de
medios, que igual se entregó al postor designado a
mediados de 1993. La retórica oficial que acompañó
la cesión no fue diferente a la que cobijó la venta
de la operadora telefónica. Se trató, justificaron, de
modernizar a la industria, de generar
“una oportu-
nidad para abrir mayores cauces de participación de
la sociedad civil en el uso y el manejo de los medios
electrónicos de comunicación masiva”.
6
Tal dispensa
fingida fue únicamente recurso para legitimar los
albores de la reestructuración, cuyo primer ele-
mento fue el traspaso de todos los activos públicos
al actor privado para acomodarlos como sujetos de
reproducción económica. Una vez concluida la trans-
ferencia, los servicios comenzaron a regirse bajo la
lógica industrial y con ello fincaron las bases para
su evolución ya bajo las condiciones, parámetros y
reglas de mercado.
Con la garantía de la propiedad y la seguridad
jur ídica para explotar los ser v icios, se emplazaron los
cimientos de la convergencia, que paradójicamente
va a dilatarse como meta operativa hasta 2006,
dieciséis años después de que se formalizó la libera-
lización como política de desarrollo. La
reforma
de
abril de ese año y el
acuerdo
que después de jaloneos,
desencuentros y un consenso forzoso se hizo público
en octubre, fueron su expresión formalizada en el te-
rreno jurídico-legal, aunque los artículos insignia de
la primera resultaron efímeros y sólo mantuvieron su
vigencia por algo más de doce meses. En la estructura
económica, donde emerge y se cocina la convergencia,
resulta claro que el proceso es etapa obligada en la
reestructuración productiva y que su desarrollo se
propicia para consolidar el funcionamiento dual que
las
TIC
cultivan desde su emergencia estelar: como
sector de punta, porque se distinguen como una de
las ramas industriales y de servicios de mayor dina-
mismo económico a nivel planetario; y como área
esencial para el proceso de valorización, ya que el
funcionamiento regular de sus aplicaciones unifica
producción y consumo y minimiza la circulación del
capital. Tal duplicidad protagónica, deseada y perse-
guida, pulida por indicadores económicos exitosos, ha
condicionado el despegue de las telecomunicaciones
nacionales y de hecho de las
TIC
completas desde la
década de 1990.
El empalme entre la venta de la telefónica, del
paquete de medios y de otras empresas que explo-
taban a las telecomunicaciones desde el andamiaje
estatal, y la instrumentación política de la reforma
del esquema de acumulación, de nueva cuenta se
pinta con el carácter dual que tipifica al sector. Por
una parte, al protagonizar en su propia configura-
ción la praxis del cambio, incorpora en su evolución
concreta los planes, fórmulas y procedimientos que
caracterizaron el manejo económico en la década. La
entrega de los recursos estatales para el usufructo
de los particulares a través de la desincorporación y
oferta de las empresas públicas, la preeminencia de
la firma privada en la producción de los servicios, el
tratamiento discrecional y protector que se dispensa
a los capitales que llegan y la búsqueda de aprobación
por parte de los grupos de interés más poderosos,
5
Kelley Drye y Warren LLP, “Mexico’s Telecommunications Framework”, en
National Law Center for Inter-American Free Trade
, Tucson,
Universidad de Arizona, 1996, en www.natlaw.com/interam/mx/cm/sp/spmxcm2.htm
6
Citado en Antonio
Osorio, “La televisión estatal en la era del neoliberalismo: autosuficiencia y privatización, 1982 1994”, en
Gestión
y Estrategia. Edición Internet
, en www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art9.html
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
144
fueron metas colmadas y más que satisfechas con
la venta de Telmex y con las autorizaciones que le
siguieron. En forma simultánea, las telecomunica-
ciones emergieron como un conjunto industrial y de
servicios que si bien en el papel lucen con capacidad
de arrastre sobre el resto de la estruc tura produc t iva
y como instrumento idóneo de impulso a la produc-
tividad, su aporte real en la modernización de la
economía se centra en favorecer el desempeño de
aquellas empresas de mayor desarrollo y envergadura,
las que justo comienzan su travesía por el andamiaje
internacional, donde ahora están forzadas a desem-
peñarse. Ambas funciones, como sector económico y
como agente multiplicador y selectivo, subyacen en
la divisa que a manera de eslogan generalizable del
sector al resto de la economía se expresó en 1987,
en plena campaña presidencial: “las telecomunica-
ciones, se prometía obviando de nueva cuenta la
línea del juramento fácil, serán la piedra angular del
programa para modernizar la economía de México”.
7
Más que operativa, la frase tiene una gruesa conno-
tación política en tanto augura el significado que el
sector habrá de tener de inmediato en la estrategia
de gobierno: erigirse como el ejemplo de la misma
para concretar en los hechos los dichos del discurso.
De esta forma, la frase instala un juego de equiva-
lencias: si las telecomunicaciones no se dinamizan,
si no revolucionan sus estructuras y se activa su
desempeño, tampoco lo hará la economía; si ésta
es limitada, con atrasos, es porque aquellas cargan
también ese lastre. El remedio, pues, para ambas
situaciones radica en modernizarse a rajatabla, en el
estilo que el grupo gobernante diseñe y establezca,
porque es lo mejor para ambos.
Impacto de la reestructuración: nueve ejes de desarrollo que integran
la matriz del mercado
Como estrategia integradora, la dedicada a concre-
tar la reestructuración productiva dejó una huella
completa tanto en las
TIC
como en el sector de tele-
comunicaciones. En específico, ha motivado:
1. Que el sector nacional de las
TIC
se internacio-
nalice, entramado que resulta tanto de la apertura
voluntaria de fronteras como de la firma de tratados
y acuerdos comerciales con otras naciones. El enro-
que se manifiesta con particularidades diferentes
y en ámbitos diversos, e igual está presente en la
industria como en el sector de los servicios. Así se
distinguen:
1.1 La inserción del país en los circuitos comerciales
transfronterizos de bienes, equipos y sistemas,
que se importan ya sin ataduras ni condiciones
en razón de la apertura de fronteras y el arribo
inmediato de representantes y distribuidores
foráneos. A partir de los años noventa del siglo
pasado, en el mercado nacional puede obtenerse
sin restricción alguna el producto de vanguardia
en las
TIC
, con la única limitante que suponen
los planes de comercialización que habitúan
los proveedores internacionales para todo el
mundo. Así, el consumo nacional se encuentra
asegurado.
1.2 La intervención de agentes nacionales en las
cadenas productivas globales de la industria
trasnacional de las
TIC
. El empalme recrea la
articulación típica de la maquila fordista que
en la industria electrónica se significó como
esquema primario para la integración con la
economía dominante. En esta primera modali-
dad, en armonía con la fragmentación del pro-
ceso de trabajo, el agente local confecciona las
secuencias productivas terminales y ensambla
los insumos importados mediante el concurso
de mano de obra barata y en condiciones harto
favorables para la empresa matriz, tales como
cercanía geográfica a los mercados de destino,
docilidad de la fuerza de trabajo y de la diri-
gencia sindical y ambiente económico benévolo
para la instalación y repatriación de utilidades.
7
El Financiero
, 15 de octubre de 1987.
Cuestiones contemporáneas
145
La maquila con estos fundamentos, designada
de primera generación,
8
tiene gran éxito con
base en la abundancia de recursos humanos
calificados –el país llega incluso a convertirse
en el primer productor mundial de receptores
de televisión, antes del arribo de la tecnología
de pantalla plana– y es soporte para el escala-
miento industrial y la especialización productiva
del país en el desarrollo de segmentos definidos.
Con ello se incrementa la participación nacional
en la cadena de valor, y en algunas ramas se
manufactura la producción completa.
Al aumentar la demanda de trabajo inma-
terial, el nivel rudimentario de la maquila de
primera generación evoluciona y la industria
par t icipa ahora con personal altamente especia-
lizado y se llevan a cabo etapas preproductivas
como las actividades de investigación, desarro-
llo e innovación (
I+D+I
), que poco a poco pierden
su carácter excepcional para tornarse rutinarias.
Más aún, son representativas de esta tendencia
las instancias dedicadas a la fabricación por
contrato o a la prestación de los servicios de
manufactura electrónica, designaciones ambas
que consideran un
[…] amplio surtido de funciones productivas que
relac ionan tanto placas de c ircuito impreso y ensam-
blaje de
hardware
(equipo físico), como el diseño e
ingeniería de productos y de procedimientos; sumi-
nistro de componentes; ensamblaje final (
box-build
);
logíst ica y distr ibuc ión, así como ser v ic ios de repara-
ción y mantenimiento. La manufactura por contrato
sirve a un rango creciente de mercados de productos:
computadoras y ser v idores, Internet-
routers
, equipos
de telecomunicación, electrónica industrial, auto-
motriz y aeronáutica, equipos médicos, productos de
consumo tales como juegos de computadora o
sets
de televisión, entre otros.
9
Estas plataformas se han localizado sobre to-
do en regiones geográficas determinadas, donde
pueden explotar alguna ventaja competitiva que
solvente su productividad. La zona metropoli-
tana de Guadalajara, Jalisco, se distingue por
esa oferta desde mediados de los años ochenta
y ha reforzado su involucramiento y vinculación
a partir de los noventa.
10
1.3 La conformación de plataformas dedicadas a
la producción inmaterial, que explotan tanto
ventajas elementales –hablar de manera fluida
el idioma inglés, por ejemplo– como capacida-
des más sólidas y comprobadas en las ciencias
duras y en el conocimiento científico-técnico
implícito en las disciplinas inherentes a las
TIC
.
En ambos polos se cuentan registros nacionales
sustantivos. Los llamados centros de contacto
(
call centers
) argumentan al primer caso y logran
una progresión sostenida: se expandieron desde
fines de los años noventa y entre 2004 y 2005
crecieron en forma rotunda: 14.5% en estaciones
de trabajo, 19.9 en empleos generados y 18.7%
en su contribución al
PIB
nacional.
11
Por su par-
te, el
software
de diseño específico es muestra
de la segunda tendencia, y resalta como tarea
alimentada en directo por el patrocinio oficial,
a través de programas específicos. Los contratos
de desarrollo que se han fincado con el principal
productor mundial, Microsoft, tienen efectiva-
mente esa simiente que complementa el aporte
empresarial. Además de canalizar inversión, la
compañía líder certifica el control de calidad
de las unidades productivas mexicanas y del
personal dispuesto en ellas. De igual manera,
8
Jorge Carrillo, Alfredo Hualde y Cirila Quintero, “Recorrido por la historia de las maquiladoras en México”, en
Revista de Comercio Exterior,
vol. 55, núm. 1, enero de 2005, pp. 30-42.
9
Martina Sproll, “
Las redes transnacionales de producción. América Latina, Asia y Europa del Este en la manufactura por contrato en la
industria electrónica”, en
Memoria Virtual. Revista Mensual de Cultura y Política
, núm. 177, noviembre de 2003, pp. 1-18
.
10
Raquel Partida, “Reestructuración productiva e industria electrónica en Guadalajara”, en
Espiral
, vol. II, núm. 5, enero-abril de 1996,
pp. 149-175 y Carlos Barba Solano y Fernando Pozos Ponce, “El mercado de trabajo de los trabajadores no manuales de la industria electrónica
de la zona metropolitana de Guadalajara: un estudio de caso”, en
Espiral
, vol.
VIII
, núm. 22, septiembre-diciembre de 2001, pp. 197-221.
11
Lilia Chacón, “Crecen 18.7% los
call centers
”, en
Reforma
, 23 de marzo de 2006.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
146
las acciones de I+D+I efectuadas en territorio
nacional para los grandes consorcios ejemplifi-
can la nueva funcionalidad. Al normarse por la
división del trabajo llegan finalmente a cons-
tituirse en centros dedicados que alimentan la
producción de la industr ia automotr iz (Delphi,
12
verbigracia, para el sector de autopartes) y
electrónica (Thomson, en concreto, para avivar
el consumo masivo en el mercado de bienes
terminales).
1.4 La presencia en el mercado nacional de teleco-
municaciones de los grandes operadores interna-
cionales, que en niveles distintos de integración
con capitales locales reeditan la provisión forá-
nea en el medio mexicano que el funcionamiento
monopólico del complejo postal-industrial había
desterrado. Los nueve proveedores tecnológicos
que acompañan a otras tantas empresas en la
explotación regional de la telefonía celular, la
misma intervención minoritaria en la compra de
las acciones de Telmex, el aporte en tecnología
y en servicio que las firmas foráneas dedican a
los nuevos sistemas de radiocomunicación y el
suministro del servicio de conducción de seña-
les vía satélite que se desregula hasta admitir
a 11 proveedores internacionales con huella
de cobertura en el territorio, son muestra de
esa ingerencia frontal, exacta, que el gobierno
federal promueve y legitima con su dictamen
regulatorio. La contribución del protagonista
extranjero es completa, y en el ámbito tecnoló-
gico se caracteriza por entregar sistemas llave
en mano que no admiten modificación ni aporte
alguno por parte del socio local. Sólo las labores
de mantenimiento y reparación recaen en acto-
res nativos, con lo cual la derrama indirecta de
la expansión del sector es más bien reducida y
de franco contraste con su contribución ma-
croeconómica.
2. Que para permitir y procesar el concurso de
los inversionistas privados nacionales y extranjeros
en el sector, la política aplicada profundiza sus
planteamientos primarios a partir de la adopción
de las metodologías concebidas y diseñadas para
liberalizar los servicios con estructura de red. Con
esa inspiración, se actualiza tanto la definición y los
procedimientos para otorgar concesiones como los
conceptos que clasifican a los sistemas de teleco-
municaciones como vías generales de comunicación.
Ejemplo puntal y climático de ello es la promulgación
de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995,
que propone el aprovechamiento de la innovación
tecnológica para conformar la oferta emergente de
comunicación, y separa y establece tres grandes
campos de servicio cuyo aprovechamiento económico
demanda la entrega de una concesión por parte del
ejecutivo federal. Como áreas reguladas por ese acto
emergen:
2.1 Las frecuencias del espectro designadas para
la radiocomunicación por parte de la autoridad
federal, cuyo usufructo se asigna al ganador de
una subasta pública, y quien en consecuencia
puede desarrollar infraestructuras de transporte
punto a punto y punto-multipunto para ofrecer
servicios públicos en el mercado abierto.
2.2 La comunicación vía satélite, en concreto para
aprovechar las posiciones orbitales alineadas al
territorio nacional para la provisión de servicios
sin límites geográficos.
2 . 3 L a
instalación y uso de las redes de telecomuni-
caciones, tanto inalámbricas como de soporte
físico, para proporcionar una amplia gama de
opciones de servicio y de conducción para los
mercados regionales y de perfil federal. Así, en
torno a ellas se proporcionan la telefonía celu-
lar; los servicios personales o
PCS
inalámbrico,
que matriculan las modalidades fija y móvil, y
televisión restringida, donde a las plataformas
tradicionales de cable se adicionan los esquemas
por microondas –también subastados– y vía sa-
télite, sujetos a la asignación orbital. Asimismo,
telefonía en el ámbito local, de larga distancia
12
Arturo Lara Rivero, “Convergencia tecnológica y maquila de tercera generación: el caso Delphi-Juárez”, en
Región y Sociedad
, vol. XIII,
núm. 21, enero-julio de 2001, pp. 47-77.
Cuestiones contemporáneas
147
para el mismo servicio y los conocidos como en-
laces privados de alta velocidad, que aprovechan
los particulares a propuesta del operador que ha
ganado las frecuencias de soporte.
La definición de áreas sujetas al ac to y proce-
dimiento de concesionar implica la reafirmación
contemporánea de esa figura jurídica. Su plan-
teamiento relega el protagonismo del Estado
en la prestación pública, desenlace que facilita
la situación contraria: que la empresa privada
ahora se entronice como el sujeto activo que
habrá de conducir el devenir de las telecomuni-
caciones. La usanza de la subasta pública ascen-
dente como forma de acceso a las frecuencias
radioeléctricas es testimonio de esa perspectiva
en tanto que distingue la titularidad del conce-
sionario al seleccionar a los solicitantes posibles
entre los miembros del medio empresarial. Sólo
el inversionista con disponibilidad financiera
es quien en efecto puede dedicar los recursos
para adquirirla, acción lejos de constituirse co-
mo acto desinteresado ya que se contextualiza
en la lógica de la oportunidad del negocio y de
la compensación, desde luego magnificada. La
Ley ordena, asimismo, la creación de un órgano
regulador, la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (
COFETEL
), cuya labor desde entonces
argumenta la dualidad conocida: en el artificio
retórico, ordenar la explotación del mercado
por los agentes económicos autorizados y según
las reglas del juego establecidas; en los hechos:
preservar el interés de las entidades dominantes,
a quienes se regala un ambiente extremo de
seguridad y tutela.
3. Que la legitimidad del proceso de traspaso de
los activos públicos para su explotación por agentes
particulares queda revestida además por la máxima
divisa jurídico-institucional posible: tanto en el
andamiaje regulatorio que ofrecen las concesiones
dispuestas para Telmex y para los nueve operadores
celulares, como en los dictados y sentencias que
consagra la Ley Federal de Telecomunicaciones,
los desarrollos que el capital privado alcance para
fincar el usufructo de sus concesiones encuentran
equivalencia en las infraestructuras del Estado.
El empalme se sostiene en una conceptualización
explícita, fundada en el artificio legislativo, que
cobija a las tres áreas motivo de regulación y las
define como vías generales de comunicación, como
dispositivos que expresan el ejercicio de la soberanía
estatal. La Ley de 1995 lo dispone con tal sentido y
en un argumento de ida y vuelta arranca de disponer
que su objeto es “regular el uso, aprovechamiento
y explotación del espectro radioeléctrico, de las
redes de telecomunicaciones, y de la comunicación
vía satélite” (Artículo 1), y enseguida esclarece la
categoría desde la cual habrá de expedir las normas
que concreten su accionar: “Para los efectos de
esta Ley –aclara entonces– son vías generales de
comunicación el espectro radioeléctrico, las redes
de telecomunicaciones y los sistemas de comunica-
ción vía satélite” (Artículo 4).
13
De jure
y
de facto
, la
protección está dada.
La formalidad exacta de la Ley de hecho rescata
los considerandos y reflexiones aprovechados en una
disposición predecesora, cuya validez trasciende un
quinquenio: la permuta en la concesión de la opera-
dora telefónica con motivo de su desincorporación.
El decir de ese documento legal establece por primera
vez aquel blindaje rector, y su enunciado es defini-
tivo y no deja espacio para la incertidumbre. En su
capítulo 1, Definiciones y alcance de la concesión, la
cedida a Telmex efectivamente determina que:
La Red Pública Telefónica a que se refiere esta Conce-
sión es una Vía General de Comunicación que se inte-
gra por el conjunto de canales circuitos o cualquier
otro medio de transmisión, así como dispositivos
o centrales de conmutación, que permiten prestar
al público en general el servicio de conducción de
señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes,
por líneas físicas conductoras eléctricas, radioelec-
tricidad, medios ópticos u otros sistemas electro-
magnéticos o de cualquier otro tipo.
14
13
Poder Ejecutivo Federal, “Ley Federal de Telecomunicaciones”, en
Diario Oficial de la Federación
, 7 de junio de 1995.
14
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, S. A. de C. V.”, en
Diario Oficial
de la Federación,
10 de diciembre de 1990, p. 12.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
148
La inclusión total que se evoca otorga a la orde-
nanza una cualidad casi perfecta: el nivel jerárquico
atribuido no protege únicamente al conjunto técnico,
a la red pública telefónica en sí y a sus múltiples ins-
talaciones y plataformas de transmisión. Igual arropa
a la firma propietaria, al concesionario titular, quien
al ser la instancia única con posibilidad de explotar
a todo el ensamble adquiere la protección dedicada
al instrumento. La salvaguarda confunde objeto con
sujeto, y la empresa suma así otro privilegio.
4. Que la liberalización del suministro provoca
que los recursos y activos se exploten bajo el pará-
metro industrial, situación que de inicio se concreta
en la búsqueda de las llamadas externalidades de red
(recuadro 1). Por ello las infraestructuras de servicio
habilitadas por los proveedores privados se enfocan
a cumplir dos designios medulares:
4.1 Lograr economías de densidad, derivadas de las
economías de escala que les permitan reducir los
costos de operación de los servicios y acortar los
tiempos de retorno de las inversiones erogadas.
Se busca instaurar y consolidar la oferta propia
en aquellos centros de mayor población y con
más alto poder adquisitivo, para atraer su interés
y consumo y promover que se constituya una
demanda cautiva de las opciones propuestas o
masa crítica de las mismas.
4.2 Proponer servicios que cubran nichos de oportu-
nidad, esto es, capaces de satisfacer los reque-
rimientos vigentes de comunicación producto
tanto de la parquedad de la oferta acostumbrada
como del desarrollo personal y colectivo de los
ciudadanos y del crecimiento productivo de la
sociedad. La cobertura del único sistema ope-
rativo al debutar la liberalización, la telefonía
fija, se concentraba en las ciudades de mayor
relevancia económica y en éstas se distinguía
más por las asimetrías de su distribución que
por otras bondades. En consecuencia, el servicio
que podía resarcir ese entorno solamente debía
fundamentar un convite por demás sencillo:
ofrecer comunicación telefónica básica desde y
hacia los lugares de interés para el ciudadano,
fundamentalmente
su residencia y trabajo. Bajo
este supuesto, los sistemas pioneros en obtener
beneficio de la nueva política regulatoria son:
i) la telefonía celular, cuyos primeros aparatos
toman un perfil sustituto, ya que solventan
la insuficiencia de las líneas físicas y de paso
otorgan movilidad al usuario; ii) el
paging
unidi-
reccional, que facilita el enlace con un suscriptor
en movimiento, y iii) el
trunking
para flotillas,
que conlleva garantizar radiocomunicación con
automotores en desplazamiento, los que pueden
establecer intercambio tanto con el centro de
despacho como entre sí. Las tres opciones se
ensamblan en una oferta que se proporciona en
las principales ciudades del país.
La búsqueda de economías de escala y de
densidad y la explotación de ventanas de oportu-
nidad serán objetivos y empeños del conjunto de
operadores, y su concreción progresiva incide en
el avance macroeconómico del sector a partir de
1990, cuando se le justiprecia por primera vez.
5. Que las externalidades de red condicionan
el despliegue territorial de los servicios, y propi-
cian que la infraestructura habilitada consolide la
presencia económica de aquellos polos regionales
que mayor desarrollo habían conseguido antes de
la liberalización. El arribo de empresas extranjeras,
sobre todo de la industr ia maquiladora en la f rontera
norte, también favorece el equipamiento intensivo
en esos polos escogidos, que reciben los sistemas y
productos de las telecomunicaciones como elemen-
tos vitales para la operación rutinaria de los enclaves
empresariales.
El aprovisionamiento sujeto a la economía de
densidad y a los nichos específicos de mercado am-
para la cobertura asimétrica, que se extiende con
base en los requerimientos del mercado como cri-
terio único de expansión. La tendencia se refuerza,
además, por la política de otorgamiento de conce-
siones para la instalación y uso de redes públicas de
telecomunicaciones, que se centra por entero a esa
iniciativa empresarial y no anima la expansión en
otras áreas geográficas ni tampoco la interconexión
de las facilidades que se instalan. En consecuencia,
todas las iniciativas de servicio reproducen el mismo
Cuestiones contemporáneas
149
trazo y explotan el diseño estrella entre los puntos
del “triángulo de cristal”
15
como esquema primario.
Hasta el año 2000, de las 23 concesiones otorgadas a
redes públicas interestatales, 17 solicitaron propor-
cionar el servicio de larga distancia, y en los planes
de instalación de todas se incluía esa relación como
plataforma básica: a partir de ella se planteaba cubrir
a poco más de 20 de las ciudades más importantes
del país. Asimismo, en las 11 solicitudes que para
ese año se encontraban bajo análisis, se reproducía
la misma petición.
16
De esta forma, las ciudades de
México, Monterrey y Guadalajara fueron censadas
una y otra vez como puntales en todos los proyectos
autorizados.
6. Si bien el Estado promueve y justifica la pene-
tración de capitales internacionales como palanca
de la nueva fase de desarrollo económico, y en
concreto como puntal para el ascenso del sector, el
proteccionismo histórico que arropa a los agentes
nacionales frente a esos bríos no ha claudicado ni
desaparecido. Por el contrario, tal abrigo se fortalece
y perfecciona para dedicarse a resguardar únicamente
a tres agentes seleccionados de las
TIC
:
6.1 El “colectivo”
TELEVISA
. El amparo que obtuvo
desde su emergencia como monopolio se depu-
ra y puntualiza, y si la venta de las televisoras
públicas a mediados de los años noventa pareció
ejecutarse con la mira puesta en forjar a un
competidor franco e inmediato que les desafiara
en su negocio original, el desenlace del movi-
miento ha estado lejos de lastimar siquiera su
dominio en la industria. En los hechos, tanto
TELEVISA
como su oponente creado, TV Azteca,
dominan y comparten la oferta televisiva y de su
explotación casi mancomunada han obtenido los
recursos suficientes para diversificarse y erigir
amplias estructuras corporativas que a manera
de libro de texto podrían ilustrar las estrategias
de expansión vertical, si se focaliza al primer
grupo, y horizontal en el caso de su acompa-
ñante. Estos desarrollos han sido cobijados
por la administración pública en turno, y si fue
tradicional que el apoyo v iniera del presidencia-
lismo omnipresente que reinó hasta el año 2000,
con el nuevo balance político procede ahora de
algunas fracciones del legislativo, que con una
celeridad nunca vista y con la unanimidad de los
diputados y mayoría de los senadores, aprobaron
obedientes las reformas de radio y televisión y
de telecomunicaciones que tanto benefician al
duopolio televisivo y que fueron promovidas por
sus operadores con gran descaro.
6.2 El Grupo Salinas y sus estaciones agrupadas en
TV Azteca. Dispuesto en el aparador al ser desig-
nado titular del proceso de desincorporación del
paquete de medios, el consorcio se ha dist inguido
por la v irulencia y rapacidad con las que defiende
sus intereses empresariales. No ha dudado incluso
en desempeñarse en la ilegalidad para ello, como
ilustra la toma de las instalaciones del Canal 40
en 2002. Presenta una activa diversificación eco-
nómica en la industria de bienes de consumo y en
los servicios, donde incluso obtuvo autorización
para operar Banco Azteca, que complementa sus
instancias de crédito dirigidas a las clases popu-
lares. Igual es protagonista en telefonía móvil
al operar Iusacell y Unefón, lejanas ambas del
liderazgo, pero en cambio con propiedad sobre
la red más desarrollada para el suministro del
cuádruple
play
, infraestructura que ya conduce
señales de televisión y proporciona el enlace a
Internet en alta velocidad.
6.3 El corporativo propietario de
TELMEX
. La guarda
celosa dedicada a las televisoras se reproduce
para otro protagonista, la operadora telefónica,
hoy ya trasnacional y cuya identidad logra fama
pública sólo porque se muestra en el escenario
de las
TIC
justo a propósito de la liberalización.
15
La denominación surgió a principios de la década de 1990 para designar el interés comercial de las primeras empresas que solicitaban
una concesión para intervenir en el mercado telefónico de larga distancia. Se mencionaba entonces que 80% del tráfico nacional y extra-
fronteras se generaba entre las tres áreas, por lo que todos los nuevos participantes decidieron establecerse de manera primaria en esas
ciudades con el objetivo de “arrebatar el mercado” a
TELMEX
16
Comisión Federal de Telecomunicaciones de México,
Informe de labores 2000
, México,
COFETEL
, 2001, p. 44.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
150
Si bien en el desarrollo del grupo, sobre todo
de su principal accionista, destaca el éxito aun
antes de comprar a la empresa, el hecho es que
las condiciones de venta y de desempeño que se
fijaron al comprador tuvieron tantas ventajas que
el laurel económico que ha llevado a Grupo Carso a
la cúspide empresarial era lo menos que podía espe-
rarse de su gestión a la cabeza de la compañía.
El patrocinio a estos titulares encuentra
evidencias concretas y también ligas comunes.
Respecto a la inversión extranjera, por ejemplo,
comparten límites regulatorios aunque con dife-
rencias para cada sector de actividad: prohibición
total de invertir recursos foráneos en el sector
audiovisual (Artículos 23 y 24 de la Ley Federal
de Radio y Televisión) y en telecomunicaciones
autorización en un porcentaje no mayor a 49%,
excepto en telefonía celular, donde con la venia de
la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
puede autorizarse una participación superior,
como lo establece el Artículo 12 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones. Estas disposiciones con-
trastan con la total apertura que se ha dado en la
industria asociada, donde no se ha impuesto obs-
táculo alguno al ingreso del ahorro transfronteras.
Tal actitud, en consecuencia, promueve la discre-
cionalidad en la aplicación de los ordenamientos
como uno de los vectores más significativos en el
arraigo nacional de las
TIC
.
7. Que la tutela de las
TIC
nacionales bajo los
tres grandes monopolios ha sido la base para la
transnacionalización de los intereses y operaciones
de estos últimos.
La fortaleza, capacidad y liquidez
de cada protagonista ha sido en efecto estratégico
al despuntar su desempeño transfronteras. La con-
dición de duopolio que han logrado las empresas de
televisión abierta –en el caso de
TELEVISA
, emanado
de su dominio desde la década de 1950, y para TV
Azteca producto de la adjudicación de los activos de
IMEVISIÓN
, que se le entregan como parte del paquete
de medios– le asegura y garant iza el posicionamiento
suficiente para conducirse con ventaja en todo el
continente y también en otras coordenadas, como es
el caso de los dos grupos en Estados Unidos y de la
televisora principal en Europa. Telmex, por su parte,
ha gozado de igual protección desde su emergencia
como empresa privada en 1990. Los propios términos
de la concesión que se le entrega le permiten dominar
su mercado natural y los emergentes, en tanto la
única actividad que le es prohibida es el suministro
propio de señales de televisión. Asimismo, por seis
años se le preserva como única instancia de servicio
en telefonía local y de larga distancia, con la potestad
de fijar sus tarifas –tarea que hoy emplea como venta-
ja competitiva en tanto las establece en niveles tales
que otros operadores no pueden equipararlas– y con
la posibilidad de desarrollar nuevos servicios, como
ha sido el caso de la telefonía celular y el suministro
del enlace a Internet, segmento que opera a través
de la conexión dial-up por línea telefónica, de banda
ancha por conexión dedicada y de enlace inalámbri-
co (WiFi), disponible sin costo alguno en 300 sitios
hasta 2005. Hacia fines de 2006, se calculaba que los
servicios de banda ancha rozaban los 2 millones 566
mil cuentas, cifra que superaba con amplitud a las
conexiones
dial up
, estimadas en 1 millón 591 mil.
17
En los dos casos, la proveeduría dominante corres-
pondía a
TELMEX
, con 60% aproximado sobre ambos
globales. La supremacía que logra el corporativo en
toda la estadística y que se traduce en la obtención
de la mayor parte de las rentas del sector, sin duda
es la base que solventa la agresiva campaña de ex-
pansión que el grupo mantiene en Latinoamérica,
donde con la española Telefónica prácticamente
comparte la totalidad de los mercados regionales y
con quien mantiene un enfrentamiento de antología
para hacerse del liderazgo.
8. Que la
aplicación de una política macro, general,
dedicada al sector y sin reconocer las particularidades
de sus actores y age
ntes, se cobija tanto el protec-
cionismo que arropa a los actores preferidos, como
el
tratamiento opuesto que se dispensa a otros prota-
gonistas nacionales, a quienes incluso se les ha dejado
sujetos a la dinámica del mercado salvaje
y con ello
17
Cifras estimadas por Lilia Chacón, “Tiene banda ancha 62% de los usuarios”, en
Reforma
, 22 de septiembre de 2006.
Cuestiones contemporáneas
151
a la pérdida de participación en el sector, cuando
no a su ocaso y desaparición. Esta tendencia se evi-
dencia en el caso de los servicios satelitales, donde
las decisiones político-administrativas favorecieron
a las instancias foráneas en detrimento del único
proveedor nacional que ha permanecido en el esce-
nario.
SATME X
, emanado de la privatización parcial
del organismo público descentralizado
TELECOM
, que
mantuvo el control y la prestación de los servicios
de 1991 a 1998– no ha tenido los beneficios de las
empresas telefónicas o televisivas, y al autorizarse en
el año 2000 que nueve compañías extranjeras operen
en territorio nacional, se les imponen condiciones
asimétricas de operación respecto a la firma nacio-
nal
18
, y con ello termina de configurarse el entramado
económico que la ha llevado a su quiebra técnica y
venta posible en condiciones de urgencia.
9. Que la preeminencia de las reglas del mercado
y de sus agentes económicos como hilo conductor del
desarrollo de las
TIC
, de las telecomunicaciones en
lo particular, obstaculizan la cobertura y uso de los
servicios por la sociedad entera. Las restricciones
para ampliar tanto las economías de escala de las
redes –en tanto la extensión territorial encuentra
barreras geográficas, ya que más allá de un límite
físico preciso ya no es rentable proporcionar servi-
cios– como las economías de densidad –arraigadas
y sujetas al poder de compra de las clases sociales y
por ello con fronteras económicas establecidas, de-
terminadas por el salario– han obligado a reeditar la
intervención del Estado como entidad de suministro.
Así, para reparar las fallas del mercado, como la ideo-
logía dominante concibe la marginación geográfica y
económica apuntada, el aparato estatal se enrola de
nueva cuenta en tareas de soporte al desarrollo de
la capitalización y, en general, fomenta dos grandes
actividades que consideran:
9.1 El establecimiento de programas de desarrollo
regional de servicios, que ha supuesto la entrega
de recursos públicos al operador principal, quien
los aprovecha y explota conforme su propia ex-
pansión de negocios. La tendencia se concreta
en el caso de la telefonía rural, tema enfatizado
en la modificación a la concesión de Telmex
de 1990. El instrumento en efecto estableció
obligaciones de cobertura, cuyo cumplimiento
se dejó a discrecionalidad de la operadora y la
autoridad y, por lo mismo, no se ha satisfecho a
cabalidad. Tal desacierto derivó en la creación
del Fondo de Cobertura Social en Telecomuni-
caciones, diseñado a iniciativa del Senado de la
República en diciembre de 2002 y que dispuso
desde esa fecha de una aportación presupuestal
de 750 millones de pesos por parte del gobierno
federal. El objetivo del programa fue “incre-
mentar la cobertura, penetración y diversidad
de los servicios de telecomunicaciones entre la
población de escasos recursos del medio rural
y urbano”;
19
pese a tal claridad, su concreción
operativa tuvo que aguardar hasta febrero de
2005, cuando
TELMEX
gana la licitación respec-
tiva y queda comprometido a instalar servicios
de telefonía básica y de conectividad a Internet
en 3 mil 930 comunidades, los cuales se ofrecen
mediante el sistema de prepago. En ese marco,
la compañía destaca la incorporación de 553
localidades a los sistemas mencionados hasta
diciembre de 2006. Tanto por los mecanismos
para su instauración como por sus resultados,
puede afirmarse que el proyecto sirvió más co-
mo subsidio a la empresa para que extendiera
sus facilidades operativas a regiones que no
le significaban interés comercial alguno, que
como palanca para promover un mayor desarro-
18
Muestra de ello fueron las exigencias reglamentarias aplicadas a cada protagonista. Por ejemplo, para el suministro de servicios de
seguridad nacional, el Estado demandó a los operadores la cesión de un espacio reservado en cada uno de los satélites que tuviera huella
en el territorio, y en el caso de
SATMEX
la reserva se estableció en los 137 Mhz por unidad. Para los proveedores extranjeros el requerimiento
fue más benévolo: se fijó únicamente en 8, esto es, 17 veces menos. La inequidad es evidente.
Vid
. Verónica Gascón, “Ven desigual política
satelital”, en
Reforma
, 27 de noviembre de 2006.
19
Leonel López Celaya, “Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones”, Ponencia presentada en el
Taller Mundial de Conectividad
Comunitaria
, llevado a cabo en México, D.F., en diciembre de 2003.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
152
llo integral de las poblaciones incluidas en la
cobertura.
9.2 La creación de infraestructuras de telecomuni-
caciones de lenta rotación de capital o incluso
de nula capitalización.
Este es el caso de la
plataforma e-México, que surge a mediados de
2001 y mediante tres redes satelitales enlaza
a los llamados Centros Comunitarios Digitales
(CCD’s), mismos que hasta diciembre de 2006
llegaron a las 10 mil 200 unidades instaladas
en 7 mil 500 municipios del país. Según sus
responsables, para el programa se han creado
19 portales en Internet que disponen de más de
16 mil contenidos y servicios en cuatro temáti-
cas: aprendizaje, gobierno, salud y economía.
Las fuentes oficiales
20
aseguran que de los 20.2
millones de usuarios de Internet que se conta-
bilizaron a escala nacional a fines de ese año,
por lo menos 43% –esto es, 8.8 millones– se
sumaron a la red como efecto de las acciones
emprendidas al amparo del sistema oficial.
Iniciativas como las señaladas –a las que
deben sumarse la campaña para implantar la
firma electrónica para la emisión de facturas
con validez fiscal y el amplio programa para el
pago de impuestos vía Internet, que año con
año se perfecciona– responden a los afanes por
contar con una infraestructura de acceso masivo
que esté disponible para la población margina-
da, con el propósito de explotar a la red como
mecanismo de capitalización mediante el uso
de sus aplicaciones económicas, en especial el
e commerce
. Hasta que la explotación de tales
esquemas pruebe su rentabilidad, el capital
habrá de explotarlos. Mientras, a
fonds perdues
,
corresponde al Estado su implantación.
Las nueve condiciones anteriores se han entrela-
zado para constituir el escenario de crecimiento
y desarrollo de las
TIC
a partir de 1990. El proceso
de convergencia que debutó en 2006 reconoce y
prolonga la vigencia de esos ejes, se asienta sobre
sus bases y planteamientos y su ejecución funcional
por necesidad habrá de sujetarse a las condiciones
estructurales que subyacen en ellos. A partir de su
reconocimiento, es posible observar a la convergen-
cia como un movimiento coordinado y uniforme que
las arraiga y refuerza, hasta conformar un entorno
que se precisa como requisito a cubrir y satisfacer si
las firmas y agentes presentes en el mercado desean
mantener su operación. En tal f rontera de desarrollo,
es indispensable que el dictamen sobre el proceso
convergente recurra a la historia, con la finalidad
de discernir las raíces del suceso y desagregar sus
elementos motores y constitutivos. En tal secuencia,
es preciso conocer el quiénes y el cuándo habrán
de aprovecharlo, y el cómo y el dónde se espera su
expresión a plenitud. Asimismo, es menester deducir
de todo ello si en esa matriz debutante que expertos
y novatos anuncian como decisiva para las
TIC
, existe
espacio para retomar la historia y, ahora sí, forzar a
que la sociedad y sus ciudadanos logren un lugar mu-
cho más importante del que siempre han tenido.
Cuestiones contemporáneas
153
CUADRO 1
Las externalidades de red
Yann Moulier Boutang facilita la comprensión del concepto:
“Cuando una operación económica, entre dos agentes ‘A’ y ‘B’, tiene efectos sobre un tercer agente ‘C’ sin que haya
transacción monetaria o convención de cambio entre ‘A’ y ‘C’, o entre ‘B’ y ‘C’, se dice entonces que se crea una
externalidad. Si la externalidad creada se opera en detrimento de ‘C’, es decir, si disminuye su bienestar actual, o
le impide disfrutar de un bien, de un servicio potencial, se dice entonces que se trata de un externalidad negativa
o de una deseconomía externa. Si debido a la transacción entre ‘A’ y ‘B’, el agente ‘C’ ve aumentar su bienestar, su
riqueza, sus posibilidades de acción, de conocimiento, de mejorar su entorno, se dice entonces que hay creación de
una externalidad positiva.”
Por su parte, Arroyo Barriguete y López Sánchez acotan una definición que implica a la anterior: “El valor de un
producto o servicio para un usuario depende no sólo del producto en sí mismo sino del número de usuarios que
utilicen dicho producto o servicio.”
Al relacionar ambas premisas, surge la relación que destaca Marcio Wohlers:
“Las externalidades positivas del consumo de un producto (externalidades de redes) derivan del hecho que un usuario
adicional incrementa la utilidad (valor) de todos los demás usuarios de la red. Además sus productos son consumidos
de forma masiva. Los altos costos fijos dan lugar a elevadas economías de escala de redes de telecomunicaciones.”
El consumo masivo que se destaca origina tres modalidades que han sido sustantivas en la liberalización de las
telecomunicaciones nacionales:
Las economías estáticas, que representan el número mínimo para que una unidad productiva ingrese al mercado.
Las economías de densidad, esto es, que los costos de instalación y de operación son menores en áreas urbanas
densas y, al contrario, más altos en áreas rurales con baja densidad poblacional.
Las economías de ámbito o de integración, es decir, que la empresa es más eficiente al producir un mayor número de
servicios que pocos servicios para su distribución a través de una misma plataforma o red.
Al buscar una posición de liderazgo en ambas modalidades, el operador cosecha las economías de escala que se
han apuntado: equilibrio entre el costo de producción y la demanda producida. En consecuencia, una vez liberada
la propiedad de las redes de servicios en 1990, cada empresa ha tratado de explotar el mercado con base en estas
fórmulas.
Recibido el 10 de febrero del 2009
Aceptado el 6 de julio de 2009
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
154
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