Artículo en PDF
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Perspectivas Teóricas
63
Reflexiones acerca de la esfera pública republicana-deliberativa
y la gobernanza
L
AURA
N
ELLY
M
EDELLÍN
M
ENDOZA
*
Resumen
El presente artículo explora, desde la teoría del
republicanismo deliberativo, la conveniencia de
construir un modelo de esfera pública inserta en el
marco de la gobernanza. El trabajo está dividido en
tres partes: en la primera, se considera la distinción
que existe entre el republicanismo, el liberalismo y el
comunitarismo con respecto a la construcción de una
esfera pública. En la segunda, se abordan los cuatro
procesos básicos que acompañan toda deliberación
republicana. Finalmente, en la tercera, se enlaza la
construcción de la esfera pública republicana-deli-
berativa con el entramado de la gobernanza, unión
que resulta ser un paradigma de marcada inclusión
ciudadana para la acción gubernamental.
Abstract
The present article explores, starting from the theory
of deliberative republicanism, the convenience of
building a model of public sphere inserted within the
frame of government. The works is divided in three
parts: first, it considers the distinction between
republicanism, liberalism and Communitarianism
in regards to the construction of a public sphere.
Secondly, an approach is made to the four basic
processes that accompany every republican deli-
beration. Finally, it weaves the construction of the
republican-deliberative public sphere with the web
of government, union that comes to be a paradigm of
a marked citizenship inclusion for governmental
action.
\
*
Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Investigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica (
CITEJYC
), Avenida Pedro de
Alba S/N, Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, N.L. México, C. P. 6645,.
Palabras clave
: Estado, democracia, liberalismo, republicanismo, gobernanza.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
64
D
e los innumerables problemas que aquejan al
mundo contemporáneo, se destaca induda-
blemente la crisis de representación política
que, a nivel global, no pocas sociedades padecen.
Frente a ello, la tradición republicana intenta
reconstruir una ciudadanía con virtud cívica que
vuelva a interesarse por la cosa pública, por el
ethos
común, y que, en un marco de acción dialógica con
la autoridad gubernamental, pueda ser parte de
este proceso incluyente de política pública. En este
marco, el presente artículo explora, desde la teoría
del republicanismo deliberativo, la conveniencia de
construir un modelo de esfera pública inserta en el
marco de la gobernanza.
A fines de una mejor exposición, el trabajo está
dividido en tres partes. En la primera, se considera
la distinción que existe entre el republicanismo, el
liberalismo y el comunitarismo con respecto a la
construcción de una esfera pública. Se verá, de este
modo, que mientras en una esfera pública liberal
poco ayuda a sustanciar una ciudadanía activa para
actuar en lo público, en el republicanismo y el comu-
nitarismo se apela a construir una esfera pública con
mayores elementos de reivindicación de lo público en
el ciudadano. Asimismo, las diferencias entre estos
dos últimos modelos se harán notar (se puede señalar
desde ya una divergencia fundamental entre ambos:
mientras en el republicanismo se apuesta necesa-
riamente por lo público-político –ya que busca una
interacción del ciudadano fundamentalmente con
las estructuras políticas para las decisiones públicas
en una intensa reformulación–, la intensa acción
ciudadana en el comunitarismo está amparada en
los valores culturales establecidos en su sociedad,
mismos que son de alguna manera predeterminados
cuando en la propuesta se busca que se reformulen
constantemente).
En la segunda parte del trabajo, se aborda el pro-
ceso de deliberación en el republicanismo, mismo que
necesita por lo menos de cuatro criterios básicos: la
inclusión de ciudadanos en función de su representa-
ción sectorial y sin ella; el acceso a la información;
la postura de imparcialidad en el manejo de las deci-
siones y, por último, que la negociación (si es que se
presenta) última se fundamente en las razones que la
avalan y no en el peso de los intereses. Finalmente,
en la última sección, se enlaza la construcción de
la esfera pública republicana-deliberativa con el
entramado de la gobernanza, unión que resulta ser
un paradigma de marcada inclusión ciudadana para
la acción gubernamental.
Introducción
1
Aunque no profundizaremos en los casos empíricos, es importante señalar que otros especialistas han señalado de forma notoria “el
estado de la democracia” en América Latina, analizando sus fortalezas y debilidades desde la visión de su “calidad”. Como ejemplo, pue-
de verse los textos de Daniel H. Levine y José Enrique Molina Vega,
The Quality of Democracy in Latin America. Another View
, Notre Dame,
Universidad de Notre Dame, Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, 2007 (Working Papers Series, 347). (Documento disponible en
et al.
,
La política importa, democracia y
desarrollo en América Latina,
Washington, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2006.
Justificación del republicanismo frente al liberalismo y el comunitarismo
para construir una esfera pública
El debate sobre cómo hacer funcional la democracia
mediante una ciudadanía activa es una discusión,
más que necesar ia, urgente ante el déficit de legit imi-
dad de la representación política de las democracias
liberales consolidadas y, más aún, en las llamadas
democracias emergentes en América Latina.
1
Hace varios años, un especialista declaraba la es-
trechez en que había caído la tradición republicana
porque se presentaba a sí misma como una “po-
sición de crítica moral a los excesos oligárquicos
de la democracia contemporánea”. En su visión, el
republicanismo ya no representaba una alternativa
Perspectivas Teóricas
65
democrática.
2
A contracorriente con esta hipótesis,
este artículo sostiene la contraria, a saber: la teoría
republicana puede seguir ofreciendo argumentos
esenciales para democratizar a la sociedad, ya que
no sólo se queda en los imperativos morales de “có-
mo” debe comportarse el gobierno, sino que ofrece
herramientas para transformar el mismo concepto
de política e, incluso, permite la construcción de
un modelo específico de esfera pública, entendida
esta última como el ámbito en el que se realizan las
acciones que afectan los intereses intersubjetivos
de la ciudadanía.
3
En otras palabras, se trata de
un espacio todavía no institucionalizado
4
(aunque
susceptible de hacerlo) donde se sitúan las agendas
de la sociedad en sus más diversos planteamientos
de forma libre e igualitaria.
5
De aquí que la forma en
cómo se conciba a la ciudadanía que participa en ella,
se vuelva trascendental, ya que a partir de ahí se pue-
den definir los alcances para concebir a este espacio
público como bajo o altamente democrático.
Como bien ha señalado Martí, el republicanismo
históricamente se ha caracterizado por la defensa de la
liber tad f rente a cualquier t ipo de dominación elit ista
del poder y por la confianza depositada en los hombres
que pueden llegar a ser cívicamente virtuosos.
6
Así
que, más que señalar su estrechez, hay que prepon-
derar su resurgimiento a fines del siglo
XX
en el marco
de la crisis de legitimidad de las democracias liberales
actuales, donde, como aparta Ortiz Leroux, se susti-
tuye “la figura de ciudadano por la del consumidor”
dado que, en su posición más conservadora, termina
por “divorciar” la libertad individual del resto de las
libertades públicas al autonomizar hasta el extremo
al sujeto individualizado (éste es justamente uno de
los problemas más trascendentales en el proceso
de construcción de ciudadanía).
7
La política republicana no sólo se interesa por las
propias condiciones privadas de los individuos (po-
sicionamiento individualista), sino que está inmersa
en un “compromiso claro y abierto con los intereses
fundamentales de la sociedad en su conjunto” para
desarrollar “una virtud cívica”,
8
compar t iendo un cier-
to compromiso por lo público, y reivindicar un
ethos
común a partir de su igualdad y libertad.
9
De acuerdo a Habermas, existe una diferencia
sustancial entre la visión liberal y la republicana en
cuanto al modo de entender la esfera pública. En la
primera, el gobierno es el aparato de la administra-
ción pública y la sociedad es vista como “una red
de interacciones entre personas privadas”. En este
sentido, la política es entendida como la aglutina-
ción de estos “intereses privados” y sus demandas
ante la estructura de gobierno para conseguir las
metas públicas.
10
El liberalismo “advierte” sobre
un posible peligro de una “tiranía de la mayoría” que
pueda nulificar las libertades individuales. Antes
que permitir este escenario, postulan la prioridad
de los derechos humanos sobre la estructura del Es-
2
Ángel Rivero, “El discurso republicano”, en Rafael del Águila Tejerina (comp.),
La democracia en sus textos,
Madrid, Alianza, 1998, p. 55.
3
José Luis Martí,
La república deliberativa. Una teoría de la democracia,
Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 245.
4
Martí va insistir que la esfera pública tienen un carácter informal, disperso y fragmentario, en suma, tiene mayoritariamente un carácter
espontáneo.
Ibid.,
pp. 302-303.
5
Sin embargo, como señalaremos más adelante, entran con capacidades disímbolas en este espacio público.
6
J. L. Martí,
op. cit.
, p. 300.
7
Sergio Ortiz Leroux, “República y republicanismo. Una aproximación a sus itinerarios de vuelo”, en
Revista Argumentos
, año 20, núm.
53, 2007, p.12.
8
Para una revisión del concepto
virtud cívica
desde el temprano pensamiento aristotélico hasta la corriente neo republicana,
vid
. María
José Villaverde Rico,
La ilusión republicana. Ideales y mitos
, Madrid, Tecnos, 2008, pp. 243-307.
9
S. Ortiz Leroux, “Sociedad civil y republicanismo: aproximaciones, problemas y desafíos”, en José María Sauca y María Isabel Wences,
Lecturas de la sociedad civil
.
Un mapa contemporáneo de sus teorías,
Madrid, Trotta, 2007, p.167. Un punto que Ortiz Leroux señala como idea
dominante es que considera a los ciudadanos en su igualdad ante la ley. Esto es bueno como principio republicano, pero resultaría desastroso
minusvalorar la igualdad material de la ciudadanía, ya que justamente la prevaleciente desigualdad económica es la que crea escenarios
excluyentes en la sociedad civil, desigualdad que permite el dominio de elites participativas por encima de otros ciudadanos marginados
de la educación y del bienestar material. Veremos más adelante una crítica respecto a buscar una idea de bien común, a un consenso en la
sociedad al advertirse más plenamente la imposibilidad de trabajar este ideal en una sociedad heterogénea.
10
Jürgen Habermas, “Derechos humanos y soberanía popular. Las versiones liberal y republicana”, en R. del Águila Tejerina,
op. cit.
, p.
273-274.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
66
tado de tal manera que éstos puedan garantizar las
libertades pre-políticas del individuo y constreñir la
soberanía de la voluntad del legislador político.
11
En cambio, el republicanismo está dispuesto a
rescatar al ciudadano de su atomismo, de su posición
apolítica que no le permite mirar más allá de sus
condiciones de bienestar (o malestar) privado, sino
que lo induce a adentrarse a una esfera pública que
le pertenece (y no sólo a la clase política) y que con-
temporáneamente ha reducido al ciudadano a mero
individuo dispuesto como mero elector-legitimador
de los representantes políticos.
La política en la postura republicana no tiene la
“función mediadora” de la anterior, sino que forma
parte de la sociedad en su totalidad. Los ciudadanos
hacen política en la medida en que actúan en la in-
terdependencia y hacen de la deliberación el camino
para desarrollar su libertad e igualdad amparadas en
la ley. El republicanismo pone énfasis en el ejercicio
público de la autonomía como un proceso en curso y
alienta toda empresa común.
12
En ello radica justa-
mente uno de sus valores distintivos: la “autoorga-
nización cívica”. En palabras de Habermas:
[En el republicanismo] La “política” se concibe como
la forma reflexiva de la vida ética sustancial, con-
cretamente como el medio en el que los miembros
de comunidades integradas de alguna manera toman
conciencia de su dependencia mutua, y actuando con
plena deliberación como ciudadanos, favorecen la
transformación y el desarrollo de las relaciones de
reconocimiento recíproco existentes en una asocia-
ción de miembros libres e iguales bajo la ley.
13
En la visión republicana, la formación de la voluntad
política tiene que referirse hacia un entendimiento
mutuo; es una praxis de “autolegislación cívica”
donde el paradigma no es el mercado sino el diálo-
go. Se apela a una voluntad ética-política de una
ciudadanía que se autorrealiza en lo colectivo y que
no reconoce ningún proyecto que no “encaje” en la
auténtica vida del pueblo, por lo que invariablemente
nos remite al esquema rousseniano.
14
Por otra parte, en la visión liberal no hay una
valoración del potencial democrático del “individuo”.
Habermas señala que en ella no interesa la creación
de ciudadanos deliberantes, sino la privatización de
sus actividades para satisfacer sus propias expec-
tativas, acción donde importa más su voluntad para
legitimar el poder político que otra experimentación
en el ámbito público:
El punto cruc ial del modelo liberal no es la autodeter-
minación democrática de ciudadanos que deliberan,
sino la normativización, en términos de Estado de
derecho, de una sociedad volcada en la economía
que mediante la satisfacción de las expectativas de
felicidad privadas de ciudadanos activos habría
de garantizar un bienestar general entendido de
manera apolítica […] el proceso de formación de la
voluntad democrática tiene exclusivamente la fun-
ción de legitimar el ejercicio del poder político.
15
Mientras que el republicanismo intenta salvar la
división radical entre lo público y lo privado, el libera-
lismo asume lo contrario, ya que “[…] los individuos
preexisten a cualquier organización social y son más
impor tantes que los grupos a los que pueden per tene-
cer. Como seres ‘independientes’ y ‘separados’ entre
sí, [son] protegidos contra cualquier sacrificio que se
les pretenda imponer en nombre de los demás”.
16
11
Idem.
12
Ibid.,
p. 273.
13
Idem.
14
Ibid.
, pp. 274-275.
15
J. Habermas,
La inclusión del otro. Estudios de teoría política,
Barcelona, Paidós, 1999, pp. 242-243. También puede verse una mayor
aproximación a la postura deliberativa de Habermas en Juan Fernando Segovia,
Habermas y la democracia deliberativa. Una utopía tardomo-
derna,
Madrid, Marcial Pons, 2008.
16
Roberto Gargarella,
Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política,
Barcelona, Paidós, 1999, p. 174. Puede
verse también que el mismo autor sigue discutiendo estos puntos en “La comunidad igualitaria y sus enemigos. Liberalismo, republicanismo
e igualitarismo”, en Andrés Hernández (comp.),
Republicanismo contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía,
Bogotá, Siglo
del Hombre Editores/
CIDER
/Universidad de los Andes, 2002.
Perspectivas Teóricas
67
Si la comparación entre el republicanismo y
el liberalismo es asaz contrastante, la que existe
entre aquél y el comunitarismo resulta menos pola-
rizada.
17
La causa de ello es que en ambos se apela
a la construcción y fortalecimiento de una esfera
pública (misma que el liberalismo desdeña en aras
de un excesivo énfasis en el individuo-consumista).
En efec to, como señala Gargarella, tanto los comuni-
taristas como los republicanos coinciden en criticar
al liberalismo por su atomismo, por esa centralidad
en el discurso hacia el mero individuo. También con-
cuerdan en otorgar un lugar fundamental a la “ética
de las virtudes” necesaria para el establecimiento
ideal del autogobierno.
18
Sin embargo, como argumenta Ochman, sus
diferencias afloran al estructurar la esfera pública.
Mientras que el republicanismo subraya la revita-
lización de la esfera pública política –todo lo que
concierne a la interacción del ciudadano con las
estructuras políticas (Estado, parlamento, opinión
pública política, etcétera)–, el comunitarismo apela
a una intensiva acción social amparada en los va-
lores culturales de la tolerancia, la fraternidad, la
solidaridad “con el prójimo” para crear comunidades
plenamente estructuradas por la autosuficiencia,
incluso, a pesar del Estado.
19
Además de éstas, Gargarella señala otra dife-
rencia entre uno y otro concepto. Mientras que en
el comunitarismo se coincide en que la mejor guía
para la toma de decisiones futuras se encuentra en
las tradiciones de la comunidad, en la necesidad de
mantener una conciencia de valores culturalmente
preestablecidos, el republicanismo –donde no hay
este compromiso de mirar fijamente hacia el pasa-
do– apela al establecimiento del diálogo para que
la comunidad decida con autonomía cuáles son los
valores con los cuales quiere v iv ir.
20
En este marco, se
espera que la ciudadanía discuta, en un intercambio
dialógico consigo misma, los valores culturales que se
esperan de un entorno democrát ico (como la toleran-
cia, el derecho a la igualdad, a libertad de expresión,
al de asociación, etcétera) en vez de tomarlos por
sentados.
21
La importancia de este intercambio es
crucial si de entender el republicanismo se trata,
pues aquél funge como el mecanismo a través del
cual la ciudadanía reformula constantemente sus
valores culturales, encontrando en esta práctica su
verdadera razón de ser.
La política adquiere, así, un sentido plenamente
relacional, co-dependiente, en donde los ciudadanos
considerados libres e iguales arriban a un escenario
dialógico para formar una voluntad democratizadora
con el Estado (pero no necesariamente a una volun-
tad homogénea como se verá más adelante). En este
sentido, la deliberación pública está referida para
llevar a cabo este ideal republicano.
El republicanismo ofrece, además, un espacio
para “formular los agravios” que habrá de rectificar el
Estado.
22
Para ello, provee de un lenguaje de libertad
bajo el cual es posible dar fluidez a una variedad de
exigencias dir igidas al Estado: las demandas indíge-
nas, las ambientales, las feministas, las socializantes
de la producción económica, las cooperativistas,
las de diversidad sexual o las interraciales. La agenda
de la deliberación queda así abierta para atender
aquellos intereses que se vayan formando en el ca-
17
Villaverde Rico, en una revisión sobre las tesis republicanas, señala que hay dos grandes vertientes: el
republicanismo revisionista
que
intenta limar asperezas con el liberalismo y el
republicanismo duro,
que se mantiene fiel al legado clásico, al de los valores de participación
política y del bien común, del cual este artículo se hace partícipe.
Vid
. M. J. Villaverde Rico,
op. cit
. p. 13.
18
Ibid.
, p. 178.
19
Marta Ochman, “Alternativas teóricas de la participación ciudadana en las decisiones públicas” en Freddy Mariñez Navarro (comp.)
Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la democracia,
México, Limusa, 2006, p.102.
20
R. Gargarella,
Las teorías de la justicia… op. cit.
pp. 178-179.
21
Aquí hay argumentos dispuestos para los analistas que observan el sistema político mexicano desde un paradigma de interpretación
culturalista. En efecto, de acuerdo a esta interpretación, la política mexicana es explicable a partir de los contextos culturales indo-
americanos, ya sea en su vertiente plenamente indígena o de la herencia novohispana. De esta manera, son circundantes los fenómenos del
caciquismo, el patrimonialismo y, en fin, de las formas autoritarias en el ejercicio del poder. Para un compendio de estos autores
vid
. Juan
Molinar Horcasitas, “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”, en
Revista Mexicana de Sociología
, núm. 2, abril-junio de
1993, pp. 30-31.
22
Ibid
. p.16
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
68
mino. Para ello, el republicanismo introduce “[…] un
marco de disposiciones sociales e inst itucionales que
[…] facilitan el razonamiento libre entre ciudadanos
iguales al suministrar condiciones favorables para
la expresión, la asociación y la participación”.
23
Sin
embargo, hay que advertir que, en buena medida, las
demandas de “orden y predictibilidad” de los grupos
estratégicos del poder económico han predominado
formal e informalmente en las estructuras del Estado.
Éstos, generalmente, se vuelven legitimadores de las
decisiones gubernamentales cuando logran que sus
intereses sean privilegiados, desvirtuando el sentido
de la inclusión “ciudadana”.
Criterios procesales para la esfera pública republicana-deliberativa
El objetivo de la deliberación pública en un entorno
democrático, requiere de condiciones que le permitan
funcionar por lo menos como un instrumento pro-
cesual de mediación entre el Estado y la sociedad.
Este instrumento es considerado como la fuente de
legitimidad de las decisiones políticas porque tiene
un valor
epistémico
ya que puede provocar una mayor
corrección de las decisiones gubernamentales en la
medida en que éstas se alejen del bien común.
24
La deliberación democrática, como se comentó,
puede concretarse en mayor medida bajo un trasfon-
do republicano donde la esfera pública sea construida
bajo una concepción dialógica e incluyente para una
ciudadanía dispuesta a discutir la agenda pública
con el Estado en condiciones de igualdad y libertad,
haciendo uso de su virtud cívica. Y como bien ha seña-
lado Martí, el modelo republicano deliberativo sería el
mejor sistema político de gobierno porque produce un
esquema “[…] más igualitario, más respetuoso de una
noción más densa de la libertad y más comprometido
con los valores de la democracia participativa y en
el que la política es vista como un asunto de todos,
tal vez el más digno de ellos […]”.
25
Se trata, en palabras de Ochman, de “desestatizar”
la esfera “pública política”;
26
de confrontar la lógica
gobernante que busca resguardar las fronteras de su
propio poder; de buscar la transformación del sentido
de lo político. Lo “político” ya no es sólo referencia a
las elites participativas o partidistas en función de
su influencia económica o política sobre el Estado;
la deliberación democrática exige, además, la poli-
tización de la ciudadanía en función de su represen-
tatividad sectorial para generar acuerdos.
27
En principio, entonces, un primer criterio pro-
cesual es el que permitiría la inclusión de todos los
intereses sectoriales en función de su representa-
tividad (inclusive de aquellos ciudadanos que, a
pesar de compartir las mismas características socio-
económicas que otros, no se sienten representados
por ninguna instancia y, por ende, no manifiestan
ningún tipo de adscripción organizacional, ya sea
política, social o gremial). Los actores caracterizados
por este criterio, podrían someterse a un proceso de
convocatoria pública validada ya sea por instancias
parlamentarias o por aquellas que anteriormente ya
tuvieran una representación ciudadana con autonomía
23
Joshua Cohen, “Democracia y libertad”, en Jon Elster (comp.)
La democracia deliberativa
, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 236.
24
J. L. Martí,
op. cit
. p. 317.
25
Ibid.
, p. 318.
26
M. Ochman,
op. cit.
27
Puede verse una interpretación similar en el enfoque neo-corporativista. Si bien éste parte de una raíz pluralista, busca sin embargo
darle un diseño político a intereses cuya inclusión es esencial para un propósito público específico. Ligando la falta de representación genuina
de intereses, autores como Schimtter señalan que la ingobernabilidad del sistema político se produce no por virtud del exceso de demandas
“medioambientales”, (enfoque neoconservador), ni por la falta de recursos que vuelven inoperante al Estado (enfoque neomarxista), sino
por la calidad y eficiencia de un conjunto de arreglos institucionales que articulan los intereses y demandas de los grupos políticamente
relevantes en las estructuras
decisionales
del Estado.
Vid
. esta discusión en Laura Nelly Medellín Mendoza
et al.
, “Elementos de análisis en la
construcción de la gobernabilidad democrática”, en
Revista Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad,
vol.
XIV
, núm. 40, septiembre-diciembre
de 2007
.
Perspectivas Teóricas
69
jurídica organizacional, pero dentro de la estructura
del Estado, para ser susceptibles de participación.
28
Las instancias deliberativas pueden empaquetarse por
áreas gubernamentales prioritarias como seguridad
pública, salud y desarrollo social o económico, por
mencionar algunas.
Figura como segundo criterio procesual en la
deliberación, el compartimiento de la información.
Siempre que se cuente con el suficiente suministro
de información acerca de los problemas que surjan
a raíz de una comprensión intersubjetiva –y de su
tratamiento analítico ajustado a la realidad de esos
problemas mediante una interacción dialógica–, se
conseguirán resultados racionalmente “justos”.
La imparcialidad de los actores configura el tercer
criterio. Esto es válido en cualquier democracia de
representación política moderna. Deliberar con im-
parcialidad significa que todos los ciudadanos par t ici-
pantes puedan, en igualdad y liber tad de condiciones,
acentuar o contra-argumentar los criterios de política
pública del gobierno en turno. Necesariamente, los
participantes tendrían que asumir alguna postura
argumentativa basada en datos técnicos y empíricos.
En vista de que algunos temas podrían requerir una
compactación del debate –como la política fiscal,
base tributaria del Estado–, otros rubros necesita-
rán en buena medida de la intensa activación de la
ciudadanía (como la orientación del gasto corriente
o las prioridades del presupuesto público). Si bien la
debilidad de este criterio yace en la desigual capacidad
argumentativa por parte de la ciudadanía, necesaria
para justificar su punto de vista,
29
ello no obsta para
destacar su importancia para la mejor comprensión
intersubjetiva de las partes, pues representa justa-
mente el nudo gordiano de la deliberación, sin el cual,
no habr ía mater ia para el procesamiento del conflic to.
En este sentido, la imparcialidad depende mucho más
de los procesos de reforma estructural educativa que
pueda iniciar el Estado para formar ciudadanos con la
capacidad de argumentar en la esfera pública, inde-
pendientemente de sus orientaciones profesionales.
En este punto, Martí suscribe también la necesidad
de que el sistema educativo transmita los valores
necesarios para desarrollar esta virtud cívica.
30
El último criterio procesual es el atributo de la
negociación para alcanzar el plano deliberativo.
En él se pueden encontrar más conflictos que en
los anteriores. Ovejero coloca la deliberación en
contraposición a la negociación y apuntala esta
dualidad: se distingue pues entre una negociación
–donde “las propuestas se sopesan según el poder
que las respalda”– y la deliberación –donde “las
propuestas se miden por su calidad normativa, es
decir, por las razones que las avalan”.
31
Mientras que
la deliberación se puede argumentar hasta el punto
de hacer cambiar al contrincante sus propios juicios
a la luz de un mejor argumento, en la negociación “se
vence (se busca un equilibrio) pero no se convence”
32
porque son los intereses los que predominan. Apoya
Santiago Nino lo anterior al señalar que:
La negociación que se lleva a cabo sobre la base de
puros intereses a menudo amenaza seriamente el
proceso democrático. Cuando los individuos y las
facciones compiten apoyados en sus respectivas
fuerzas, valores tales como la igualdad son puestos
en peligro, los derechos no son asegurados, surgen
problemas de acción colectiva y, lo que es peor aún,
no existe ningún sustento para presumir que el
resultado del proceso será justo. Esta advertencia
28
En el caso mexicano, podemos atribuir el proceso de ciudadanización creciente, tanto en el ámbito federal como en el local, a las lla-
madas “interfases socio-estatales” (ejemplos: los consejos electorales y los de acceso a la información pública integrados por ciudadanos
independientes de adscripción partidista).
Vid
. Ernesto Isunza Vera y Felipe Hevia de la Jara,
Relaciones sociedad civil-Estado. Un ensayo de
interpretación,
México,
CIESAS
/ Universidad Veracruzana, 2006 (Cuadernos de la Democratización, 4).
29
Vid.
esta discusión en Manuel Arias Maldonado, “La política en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, decisión y conflicto”,
en
Revista Española de Ciencia Política,
núm. 16, abril de 2007.
30
J. L. Martí,
op. cit
. p. 298.
31
Félix Ovejero Lucas, “Democracia liberal y democracias republicanas. Para una crítica del elitismo democrático”, en Miguel Carbo-
nell (comp.)
Democracia y representación: un debate contemporáneo,
México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005,
p.118.
32
Ibid.,
p.118 y, del mismo autor,
Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo,
Madrid, Katz, 2008.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
70
merece una seria consideración y los defensores de
la democracia deben continuamente defender el
proceso democrático frente a las amenazas de las
facciones que intentan presionar por sus intereses a
través de la negociación.
33
En efecto, la negociación pura lleva la marca de los
intereses de grupo o de clase, negociación donde
se gana o se pierde frente al considerado “enemigo
de sus intereses”. Esta situación genera un dilema
interesante: aunque el marco deliberativo necesita
de la presencia de intereses diversos, la defensa de
éstos puede amenazar el mismo proceso democrático
de la deliberación. ¿Cómo resolver este dilema? Se
reconoce que metodológicamente se está frente
a una trampa porque los intereses, sobre todo los
económicos, se movilizan estratégicamente cuando
se sienten amenazados. Tómese como ejemplo el
caso de empresas fabriles que bloquean la discusión
sobre el aumento de impuestos que pagan a favor del
medio ambiente. En este caso, no los mueve la virtud
cívica ni el interés común, sino
su
interés. Es por eso
que se necesitan sujetos deliberativos “más libres”
capaces de decidir y pensar desde el interés público
para que puedan contra argumentar a aquéllos que,
legítimamente, les mueve sólo el interés y que van a
intentar “movilizar” la discusión en ese sentido.
Si bien es importante que los integrantes puedan
situarse en algún momento en el ámbito de la nego-
ciación, igualmente lo es el hacer de la deliberación
el escenario justo para buscar el
intercambio subjetivo
de razones
respecto a una propuesta. Aunque difícil,
éste es quizá el punto más delicado a resguardar por-
que, de otra manera, se trastocaría todo el sentido
de la deliberación republicana.
Ahora bien, no obstante que la creación de espa-
cios de deliberación es, en los marcos republicanos,
v ital, ello no conduce necesar iamente a un consenso
entre los negociadores. Pero aun en este caso, ello
no significa necesariamente el fracaso del proceso
de deliberación. ¿Por qué?
De acuerdo a Mouffe y Cohen, lo civilmente
deseable para la deliberación no debería partir de
principios morales o religiosos, ya que ninguno de
estos elementos es fuente indisputable de argu-
mentos. Así, mientras que en Cohen se alcanza un
“pluralismo razonable”,
34
en Mouffe se consigue
un principio de “eticidad-política” para formar una
res publica,
ámbito que permite a la ciudadanía lu-
char por sus intereses así como encontrar espacios
adecuados para la recreación de todo tipo de ideas,
sin que se tenga al final una adherencia sustancial a
una creencia o interés en particular.
35
Por lo tanto,
aunque se pueda establecer algún tipo de consenso
inicial, éste quizá sea difícil de sostener dado este
paradigma sugerido.
En efec to, en la búsqueda del consenso en la deli-
beración se crea un marco restringido para la legiti-
mación democrática. De acuerdo a Monsiváis, la de-
liberación: “[concibe] a los procesos políticos como
[los] que producen y reproducen las articulaciones
que dan sentido a lo social, por medio de los conflic-
tos que, constantemente, negocian las fronteras de
inclusión y representación política”.
36
En dicha búsqueda, deberá evitarse la genera-
ción de las llamadas elites participativas que, en
33
Carlos Santiago Nino,
La constitución de la democracia deliberativa,
Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 176-177.
34
J. Cohen,
op. cit.
35
Chantal Mouffe,
El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical,
Barcelona, Paidós, 1999, p. 99.
36
Alejandro Monsiváis Carrillo, “Deliberación pública, pluralismo agonístico y democracia. Reafirmación de la democracia deliberativa
ante la crítica posestructuralista”, en Revista Secuencia, núm. 62, mayo-agosto de 2005, p. 137. Nosotros señalamos que la participación de
la ciudadanía está en función de su representatividad. Por eso señalamos, de acuerdo a Canto Chac, una distinción entre representación y
representatividad. La primera puede entenderse como la delegación del poder presente en cada ciudadano, lo que implica por tanto ponerse
de acuerdo a través del voto mayoritario. La segunda tendría que ver más bien con la expresión de una opinión de un sujeto singular que
se considera atribuible a su grupo o clase. Lo importante es tener en cuenta es que las instancias de representación no alcanzan a captar
la demanda social específica, ni a establecer las preferencias, ni la consecuente legitimidad del público involucrado en programas o polí-
ticas específicas, por lo que la misma eficacia gubernativa requiere de la participación ciudadana.
Vid
. Manuel Canto Chac, “Participación
ciudadana: la gobernanza de las sociedad complejas”, en José Luis Calva, (coord.)
Democracia y gobernabilidad. Agenda para el desarrollo,
México, Porrúa/
UNAM
, 2007, p.144.
Perspectivas Teóricas
71
función de su poder económico, influencia religiosa
o capacidad técnica (grupos empresariales, iglesias
dominantes, colegios de profesionistas, por ejem-
plo), puedan acaparar el diálogo con su estructura
de autoridad y acaben por “ciudadanizar” el debate
y, con ello, “legitimar” la política pública.
Cuando no se incentiva la participación de grupos
o identidades políticas antagónicas al
statu quo
o
de una ciudadanía sin adscripción organizativa y se
deja que el proceso de deliberación sea dominado
argumentativamente por intereses homogéneos,
se crean entonces los llamados “consensos de la
ciudadanía democrática”.
37
Para evitarlo, hay que
formar
voluntades democratizadoras
capaces de trans-
formarse constantemente a sí mismas en función
de la pluralidad de intereses; hay que emprender la
búsqueda articulada de ese “pluralismo razonable”
que señala Cohen.
Ahora bien, continuando con Mouffe, la delibe-
ración republicana puede también apostar por un
modelo de “pluralismo agonístico”
38
caracterizado
por la participación efectiva de la pluralidad y la
permisibilidad de la diferencia, situación que impide
que la deliberación esté regulada por una concepción
minimalista de lo político (liberalismo) o por una
noción de bien común (republicanismo en su sentido
clásico). En este esquema, se intenta “convertir los
antagonismos en agonismos: hacer que los otros no
sean vistos como enemigos, sino como adversarios
políticos”.
39
En esto radica justamente la auténtica
voluntad democratizadora (que se transforma cons-
tantemente a sí misma y es capaz de generar acuerdos
razonados que se regeneran en función de la plurali-
dad de intereses y de las razones dadas en el camino),
enemiga sustancial del voluntarismo común, fijo e
inmutable de muchas tradiciones políticas.
No obstante que el pluralismo agonístico puede
alcanzarse mediante el voto mayoritario de los par-
ticipantes (aunque quizá haya minorías que no hayan
sido convencidas durante el proceso deliberativo),
ello no significa que se le reste autoridad a la deci-
sión final, porque su legitimidad descansa más bien
en el mismo marco constitutivo de la deliberación
donde los participantes han favorecido
a priori
“las
reglas de juego”.
En este sentido, la deliberación pública, como
instrumento procesual, da sentido a una comprensión
intersubjetiva donde el respeto a las razones del
otro permite ir más allá del interés o identidad de
clase. Acepta y promueve los intereses de todos en
función de reglas imparciales; sólo bajo este marco
se puede llegar a acuerdos razonados. Así, el marco
de la deliberación pública debe ser “instrumental”
ya que contiene, en buena medida, la justificación
procesual para alcanzar los fines de la polít ica demo-
crática en la medida en que “[…] todos y cada uno
de los participantes
tienen razones para continuar
cooperando
en la toma de decisiones o en la solución
a situaciones problemáticas”.
40
El republicanismo-deliberativo así entendido,
alienta la comprensión heterogénea de la sociedad
e impulsa a la ciudadanía a transformar la función
de lo
público-político
al crear los espacios para un
intercambio dialógico, mismo que permite recono-
cer los argumentos de los demás o, de darse el caso,
transformar incluso los propios.
37
Sin embargo, Villaverde Rico es bastante escéptica respecto a las bondades de la deliberación, ya que señala que a los individuos les guía
menos la racionalidad que sus pasiones o afectos y que pueden ser férreos defensores de posiciones “poco racionales”.
Vid
. M. J. Villaverde
Rico,
op. cit.
p. 381.
38
Ch. Mouffe,
op.cit,
p. 16. Monsiváis también desarrolla el concepto a partir de la obra de Mouffe.
Vid.
las referencias en A. Monsiváis
Carrillo,
op.cit,
pp. 130-136.
39
A. Monsiváis Carrillo,
op.cit.,
p.16.
40
A. Monsiváis Carrillo, “Democracia deliberativa y teoría democrática: una revisión del valor de la deliberación pública”, en
Revista
Mexicana de Sociología,
núm. 2, abril-junio de 2006, p. 304. La acentuación en itálicas es propia.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
72
El dilema de las sociedades actuales ya no es lograr
solamente niveles aceptables de gobernabilidad
(búsqueda de una ecuación equilibrada entre las de-
mandas sociales y la capacidad de generar respuestas
gubernamentales eficaces y legítimas para satisfa-
cerlas), sino transformar el sentido de lo político en
la esfera pública a través de la cooperación dialó-
gica, modelo que implica más una relación bilateral
gobernante-gobernado que el simple y llano concepto
de gobernabilidad.
41
En este sentido, la centralidad
del poder político ya no radica en la mera acción de
gobierno como una posición dominante, sino en la
consideración de la ciudadanía como activo principal
al momento de decidir políticas públicas.
42
Así entendida, la gobernanza emerge como un
modelo de regulación colectiva basado en la red
interactuante entre actores públicos, asociativos y
mercantiles que aprenden a relacionarse por la cre-
ciente incertidumbre y la complejidad social:
[La gobernanza] implica, así pues, una forma nueva
y diferente de gobernar caracterizada por la interac-
ción entre una pluralidad de actores, las relaciones
horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder
público y sociedad civil y la participación en el go-
bierno de la sociedad en general, y no de un único
actor, sea éste político, económico, social o cultural.
De aquí que el interés por usar el concepto de gober-
nanza radique en su capacidad de englobar todas las
instituciones y relaciones implicadas en los procesos
de gobierno.
43
Si bien el modelo de gobernanza es bastante inclu-
yente –en la medida en que el proceso de decisión
gubernamental se vuelve más abierto y la ciudadanía
más participativa de las decisiones gubernamenta-
les– no está ausente de críticas. La principal de ellas
es que tiende a menospreciar el hecho de que, a final
de cuentas, es el gobierno el que tiene que asumir
finalmente las decisiones político-jurídicas (que
siempre son vinculantes); sin este orden, carecería
de sentido la finalidad del Estado como fundamento
contractualista
así como el mecanismo electivo en
el que se convoca al ciudadano para la designación
de los representantes populares que forman un go-
bierno.
44
Sin dejar de reconocer lo anterior, también habría
que aceptar que la gobernanza, al menos como ejer-
cicio de interpretación, es un modelo que permite
acomodar a la ciudadanía en el centro mismo del de-
bate y la vida pública sin necesidad de tomar el lugar
del gobernante, sino construyendo una política ple-
namente relacional entre la estructura formal-legal
jurídica del mandatario y el poder de convocatoria y
decisión de los mandantes o gobernados.
Aunque el ejercicio no es fácil (pues deben acep-
tarse nuevas reglas de operación en el juego político,
tales como formas alternativas de inclusión de las
La gobernanza como paradigma de la inclusión
41
La gobernabilidad ha servido como termómetro que mide la capacidad de los regímenes políticos de generar un mayor/menor grado
de estabilidad política y social. Este último objetivo bien se puede alcanzar bajo una normatividad plenamente autocrática que puede
ser evidenciada por la historia política mexicana moderna y de otros regímenes latinoamericanos que han alcanzado gobernabilidad bajo
paradigmas autoritarios.
42
Vid.
Luis F. Aguilar Villanueva,
Gobernanza y gestión pública,
México,
Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 28,78-79 y M. Canto Chac,
“Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo”, en
Revista Política y Cultura,
núm. 30, otoño
de 2009.
43
Agustí Cerrillo I Martínez, “La gobernanza hoy: introducción” en A. Cerrillo I Martínez,
La gobernanza hoy: 10 textos de referencia,
Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, p.13.
44
Ésta es una crítica que seguimos expresando sobre todo a partir de la persistente debilidad estructural de los Estados (Estado fallido).
Vid.
esta discusión en Laura Medellín Mendoza,
El sentido del Estado constitucional entre la ruta crítica de su debilidad y la apología de la
gobernanza: una lectura para evitar el riesgo,
San Nicolás de los Garza,
CITEJYC
,
UANL
/Universidad de Sinaloa, (en prensa). También Monedero,
en una crítica acuciante, señala que la gobernanza deja en un segundo plano el gran logro de la posguerra: el Estado social y democrático
de derecho. También minimiza, a través del lenguaje, la necesidad de la reestructuración del poder y el sentido
fuerte,
entendido como “la
voluntad de construcción de un orden social equitativo”.
Vid
. Juan Carlos Monedero,
El gobierno de las palabras. Política para tiempos de
confusión,
México,
FCE
, 2009, pp. 169-183.
Sociedad y Política
73
minorías, acceso pleno a la información, imparciali-
dad en los procesos de discusión de políticas públicas
y reestructuración de los métodos tradicionales de
negociación frente al acto deliberativo), se tendrá
que trabajar por regular jurídicamente la gobernan-
za que hoy por hoy está construida de manera infor-
mal. Para que se tenga éxito en esta empresa, esta
regulación deberá ser mucho más explícita en la
formación de los criterios de lo que es actualmente.
Habría que advertir, sin embargo, que el paso de la
informalidad al entorno “institucional” puede ser
también un salto mortal, pues quienes deciden la
reglamentación no siempre están comprometidos a
respetar la “forma” establecida en el ámbito informal
e, incluso, pueden (y de hecho lo hacen) desvirtuar
todo lo construido desde la esfera pública.
Aún así, vale la pena emprender el camino de la
regulación jurídica y la validación de la red de gober-
nanza para poder integrar netamente a los actores
(organizaciones de la sociedad civil) del marco deli-
berativo a las decisiones políticas (desplazando con
ello al gobierno como único factor de decisión).
En esta senda, resulta asaz importante el acceso
a la información (hasta dónde llegar, con qué mate-
riales documentales contar, quién los suministrará,
en dónde residirá la coerción normativa-legal en caso
de que se incumpla, etcétera) antes de llegar a la fase
deliberante. Esto con el fin de garantizar la equidad
para que tanto el gobierno como los integrantes de
la red puedan compartir la misma información que
les permita argumentar, por lo menos, partiendo
del mismo inicio. De lograrse, se podrán entonces
analizar las interacciones y el intercambio de recur-
sos entre los distintos actores que se reconocen no
como enemigos radicales, sino como adversarios en
la argumentación, que redefinen la agenda pública
sin categorizaciones
a priori
y que son capaces de
formar un pluralismo agonístico y de tematizar de
acuerdo a la virtud cívica del bien común. Asimismo,
resultará primordial en la formación de la red de
gobernanza la reconstrucción de las capacidades
argumentativas (mediante un proceso de aprendizaje
experimental) así como la redefinición constante de
sus acuerdos razonables que, aunque no alcancen
necesariamente unanimidad, se validen por el voto
mayoritario vinculado a la decisión pública.
Lo trascendente de la regulación es que pretende
transformar el sentido de lo “gubernamental” en “[.
..]
un enfoque multilateral que implique el conjunto
gobierno-sociedad civil y no uno unilateral que con-
sidere al gobierno y a la sociedad aisladamente”.
45
En este sentido, la gobernanza implica un modelo
de sociedad basada en un redes políticas donde “[.
..]
sus tensiones (dinámica de interacciones), pautas
(complejidades e interdependencias) y actores (di-
versidad de significados e interpretaciones) pueden
contemplarse al mismo tiempo como elementos
sociales y políticos, públicos y privados, sociales y
estatales en sus mutuas interdependencias”.
46
En esta tesitura, el republicanismo deliberativo
inyectaría la virtud cívica, la formación de ciudadanos
capaces de comprender las razones del otro, de dialo-
gar y de formar una voluntad democratizadora con el
Estado. Sin estas precondiciones (regulación jurídica,
validación de la red de gobernanza, acceso a la informa-
ción, reconstrucción de las capacidades argumentativas
y redefinición constante de los acuerdos), la gobernanza
puede resultar un entramado poco serio en el esfuerzo
de democratizar la acción pública.
De aquí la trascendencia de impulsar la red de
gobernanza, red que deberá cumplir, además de las
precondiciones anteriormente señaladas, con al me-
nos las siguientes carac ter íst icas: a) configuración; b)
relaciones internas de poder; c) distr ibución más o me-
nos contradictoria de valores e intereses en juego, así
como la presencia de actitudes más o menos inclinadas
a soluciones negociadas;
47
d) institucionalización de
la red y e) función principal de la red.
48
45
José Manuel Ruano de la Fuente, “La gobernanza como forma de acción pública y como concepto analítico”, ponencia presentada en el
VII
Con-
greso Internacional del
CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública,
llevado a cabo en Portugal del 8 al 11 de octubre de 2002.
46
Idem
.
47
En relación al punto c, al haber preponderado el acto deliberativo, diferimos con el término empleado por los autores.
48
Ismael Blanco y Ricard Gomá, “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones en torno a la
governance
participativa y de
proximidad”, en
Revista Gestión y Política Pública,
vol.
XII
, núm. 1, 2003.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
74
Particularmente, los puntos b y c revelarían la
capacidad que se tiene en la red de gobernanza
para “controlar” estas pautas de dominación que
estaría presentes en algunos de los involucrados.
Descubrirían también el desarrollo de prácticas
de comunicación intersubjetiva y de comprensión
de razones que mayormente puedan avalar alguna
posición argumentativa.
Obviamente se esperaría que estas prácticas
lleven a entablar acuerdos razonados a través de una
actitud dialógica y no a determinaciones
a priori
o
sujetas a la fuerza de los intereses dominantes. Por
su parte, los puntos
a, d
y
e
llevarían a analizar qué
tanto el modelo de la gobernanza está estabilizado
dentro de la rutina gubernamental y dónde necesa-
riamente tendrá que tener un asidero jurídico-legal
para su funcionamiento.
La conformación de la red de gobernanza –o
constructo institucional para la articulación de la
república-deliberativa– deberá, pues, asegurar a la
ciudadanía su participación activa en las decisiones
públicas que se tomen en las esferas del poder.
Reflexiones finales
El debate sobre los pros y contras de la aplicación de
la gobernanza lejos está de concluirse. Unos y otras
deben ser analizados una y otra vez, sobre todo en
el marco del descrédito que padecen actualmente
las democracias electorales de corte liberal. Estos
modelos políticos, dominantes en América Latina,
muestran crudamente su porosidad frente a una
ciudadanía que se muestra desencantada al mismo
tiempo de la clase política y de la oportunidad que
tiene en las urnas para votar por cualquier opción
partidista.
El republicanismo deliberativo (aun y con todas
sus manifestaciones idealizadas sobre la capacidad
del ser humano para olvidarse de todo interés y bus-
car el compromiso del bien común a través de una
continua búsqueda del diálogo) parece responder en
buena medida a este desencanto y ofrece
otra capaci-
dad de gobernar
alentando y auspiciando un modelo
de identidad política plenamente relacional entre el
Estado y la ciudadanía, modelo que sirve para sol-
ventar los problemas recurrentes que la insuficiencia
legitimadora en la gestión pública genera.
Si bien quedan muchos factores por investigar
–como, por ejemplo, las implicaciones operativas
del constructo institucional de la gobernanza res-
pecto a otros mecanismos de participación demo-
crática (como aquellos que implican una capacidad
meramente agregativa o los proyectos de gobierno
gestionados por la sociedad civil)– es indudable que
las redes sociales de la gobernanza pueden implicar
una transformación de la política pública, trans-
formación que haría de la participación ciudadana
socio, que no ornamento, del gobierno en la toma
de decisiones. Sin embargo, como se ha señalado,
para que sea efectiva, la gobernanza debe operar
bajo ciertos principios, de lo contrario, estaría irre-
mediablemente condenada al fracaso.
La esfera pública republicana-deliberativa se
aboca a incentivar la capacidad argumentativa de
los participantes (aunque ésta puede ser más bien
var iable) mediante condiciones de igualdad y liber tad
entre ellos y la comprensión intersubjetiva entre los
diversos intereses en juego. Su propósito es lograr,
a partir del respeto por la pluralidad de intereses,
una voluntad democrática renovada y eliminar del
ejercicio de la negociación todo intento de imponer
principios fijos e inmutables. Si esta práctica se lo-
gra consolidar hasta el punto de tornarla en cultura
política, entonces se podrá transformar el carácter de
lo público-político de ajeno a propio y democratizar
plenamente los espacios del intercambio dialógico
entre mandantes y mandatarios, acción que, hoy por
hoy, en los marcos de complejidad e incertidumbre
que golpean a las sociedades contemporáneas, re-
sulta, amén de deseable, cada vez más urgente.
Recibido el 19 de enero del 2009
Aceptado el 24 de noviembre del 2009
Perspectivas Teóricas
75
Bibliografía
Aguilar Villanueva, Luis F.,
Gobernanza y gestión pública,
México, Fondo de Cultura Económica (
FCE
),
2006.
Arias Maldonado, Manuel, “La política en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, decisión y
conflicto”, en
Revista Española de Ciencia Política,
núm. 16, abril de 2007, pp. 37-57.
Blanco, Ismael y Ricard Gomá, “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones en torno a la
governance
participativa y de proximidad”, en
Revista Gestión y Política Pública,
vol.
XII
, núm. 1, 2003,
pp. 5-42.
Canto Chac, Manuel, “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del
desarrollo”, en
Revista Política y Cultura,
núm. 30, otoño de 2009, pp. 9-37.
––––––––––––, “Participación ciudadana: la gobernanza de las sociedad complejas”, en José Luis Calva, (coord.)
Democracia y gobernabilidad. Agenda para el desarrollo,
México, Porrúa/Universidad Nacional Autónoma
de México, 2007, pp.140-159.
Cerrillo I Martínez, Agustí, “La gobernanza hoy: introducción” en Agustí Cerrillo I Martínez,
La gobernanza
hoy: 10 textos de referencia,
Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, pp. 11-31.
Cohen, Joshua, “Democracia y libertad”, en Jon Elster (comp.)
La democracia deliberativa,
Barcelona,
Gedisa, 1998, pp. 235-288.
Gargarella, Roberto, “La comunidad igualitaria y sus enemigos. Liberalismo, republicanismo e igualitaris-
mo”, en Andrés Hernández (comp.),
Republicanismo contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y
ciudadanía,
Bogotá, Siglo del Hombre Editores/Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (
CIDER
)/
Universidad de los Andes, 2002 pp. 75-102.
––––––––––––,
Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política,
Barcelona,
Paidós, 1999.
Habermas, Jürgen, “Derechos humanos y soberanía popular. Las versiones liberal y republicana”, en
Rafael del Águila Tejerina (comp.),
La democracia en sus textos
, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp.
267-296.
––––––––––––,
La inclusión del otro. Estudios de teoría política,
Barcelona, Paidós, 1999.
Isunza Vera, Ernesto y Felipe Hevia de la Jara,
Relaciones sociedad civil-Estado. Un ensayo de interpretación,
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
CIESAS
/ Universidad
Veracruzana, 2006 (Cuadernos de la Democratización, 4).
Levine, Daniel H., José Enrique Molina Vega,
The Quality of Democracy in Latin America. Another View,
Notre Dame, Universidad de Notre Dame, Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, 2007 (Working
Papers Series, 347).
Martí, José Luis,
La república deliberativa. Una teoría de la democracia,
Madrid, Marcial Pons, 2006.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas
76
Medellín Mendoza, Laura Nelly,
El sentido del Estado constitucional entre la ruta crítica de su debilidad y
la apología de la gobernanza: una lectura para evitar el riesgo,
San Nicolás de los Garza, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Centro de Investigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica (
CITEJYC
)/
Universidad de Sinaloa, en prensa.
––––––––––––, José Luis Prado Maillard, José María Infante Bonfiglio y Freddy Mariñez Navarro, “Elementos de
análisis en la construcción de la gobernabilidad democrática”, en
Revista Espiral. Estudios sobre Estado
y Sociedad,
vol.
XIV
, núm. 40, septiembre-diciembre de 2007, pp. 9-36.
Molinar Horcasitas, Juan, “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”, en
Revista Mexicana
de Sociología,
núm. 2, abril-junio de 1993, pp. 3-55.
Monedero, Juan Carlos,
El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión,
México,
FCE
,
2009.
Monsiváis Carrillo, Alejandro, “Deliberación pública, pluralismo agonístico y democracia. Reafirmación de
la democracia deliberativa ante la crítica posestructuralista”, en
Revista Secuencia
, núm. 62, mayo-
agosto de 2005, pp.121-146.
––––––––––––, “Democracia deliberativa y teoría democrática: una revisión del valor de la deliberación pública”,
en
Revista Mexicana de Sociología,
núm. 2, abril-junio de 2006, pp. 291-330.
Mouffe, Chantal,
El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical,
Barcelona,
Paidós, 1999.
Ochman, Marta, “Alternativas teóricas de la participación ciudadana en las decisiones públicas” en Freddy
Mariñez Navarro (comp.)
Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la democracia,
México, Limusa,
2006, pp. 75-104.
Ortiz Leroux, Sergio, “República y republicanismo. Una aproximación a sus itinerarios de vuelo”, en
Revista
Argumentos,
año 20, núm. 53, 2007, pp. 11-32.
––––––––––––, “Sociedad civil y republicanismo: aproximaciones, problemas y desafíos”, en José María Sauca
y María Isabel Wences,
Lecturas de la sociedad civil. Un mapa contemporáneo de sus teorías
, Madrid,
Trotta, 2007, pp. 163-181.
Ovejero Lucas, Félix, “Democracia liberal y democracias republicanas. Para una crítica del elitismo demo-
crático”, en Miguel Carbonell (comp.)
Democracia y representación: un debate contemporáneo
, México,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005, pp. 53-74.
––––––––––––,
Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo
, Madrid, Katz, 2008.
Payne, Mark, Daniel J. Zovatto y Mercedes Mateo Díaz,
La política importa, democracia y desarrollo en Amé-
rica Latina
, Washington, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2006.
Petit, Philip,
Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno
, Barcelona, Paidós, 1999.
Rivero, Ángel, “El discurso republicano”, en Rafael del Águila Tejerina (comp.),
La democracia en sus textos,
Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 49-113.
Perspectivas Teóricas
77
Ruano de la Fuente José Manuel, “La gobernanza como forma de acción pública y como concepto analí-
tico”, ponencia presentada en el
VII
Congreso Internacional del
CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública,
llevado a cabo en Portugal del 8 al 11 de octubre de 2002.
Santiago Nino, Carlos,
La constitución de la democracia deliberativa,
Barcelona, Gedisa, 1997.
Segovia, Juan Fernando,
Habermas y la democracia deliberativa. Una utopía tardomoderna
, Madrid, Marcial
Pons, 2008.
Villaverde Rico, María José,
La ilusión republicana. Ideales y mitos
, Madrid, Tecnos, 2008.
logo_pie_uaemex.mx