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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
La
UNAM,
S
U
gratuiáad
y
su autonomía:
elementos para
un
debate
El tema de los cobros por inscripción y
colegiaturas en la
UNAM
ha sido motivo de movimien
-
tos estudiantiles cada vez que se han querido aumentar.
El
punto
central de controversia
en los últimos
ahos ha sido
sobre
la
constitucionalidad o
inconstitucionalidad
de
las cuo
-
tas
en
las universidades públicas. Contra quienes argumentan que la
UNAM,
y
en general las
instituciones públicas
de
educación superior
nodeben ser gratuitas,
aquí se trata de demostrar
que sí deben ser gratuitas. Este tema tiene que ver, asimismo, con el concepto de autonomía
de la Universidad Nacional desde los arios posteriores a la Revolución de
1910.
Entrance
fees and tuition in the
UN
A
M
have
been cause for
snident
movements each time an
increase is
tried.
Considering whether
fees in public universities is
constitutional or not, has
been a central point of
conuoversy in the last
few years. Going against
those who
argue the
UNAM
and public
higher-learning institutions in
general-
should not
be
free of
charge,
the author
tries to demonstrate they should be.
In addition,
this
subject has todo with the con
-
cept of the autonomy of the
National
University wer since the years
following
the Mexican
Revolution of
1910.
1
11
de febrero de
19%
el rector de la Universidad Nacional
EA
utónoma de México, Francisco Bamés de Castro, propuso un
Reglamento General de Pagos
(RGP)
en el que, supuestamente, se
actualizarían las cuotas que
la
UNAM
ha venido cobrando por ins
-
cripción
y
colegiatura desde hace varias décadas.
A
partir de la pro
-
puesta del rector Barnés se dio una discusión, primero en los medios
periodísticos,
y
posteriormente en la radio, la televisión
y
entre aca
-
démicos
y
estudiantes de educación media
-
superior
y
superior. Un
poco después de que iniciara esta discusión se generó un movimien
-
to estudiantil
y
una huelga de larga duración que paralizó las activi
-
dades en la mayor parte de la
UNAM.
El movimiento estudiantil se
inició en contra del
R
G
P
demandando su derogación una vez que
aquél fue aprobado en una amañada sesión parcial del Consejo Uni
-
versitario el 15 de marzo de
1999.'
Los defensores de las cuotas propuestas por Bamés han esgrimi
-
do principalmente los siguientes tres argumentos:
1) que la
UNAM
no
es parte del Estado;
2)
que si para el Estado es obligatoria la edu
-
cación preescolar, primaria y secundaria, y ésta es por lo mismo gra
-
tuita, la educación media
-
superior y superior al no ser obligatoria no
es gratuita, y
3)
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN)
ha negado el amparo a quienes lo han solicitado para no pagar cuo
-
tas en las universidades públicas interpretando, a la vez, que cons
-
titucionalmente no hay razón para que éstas no cobren colegiaturas.
En la lógica de este último argumento se ha propuesto atender la opi
-
nión de miembros de la
SCJN
para que éstos digan de una vez por
todas si el artículo
3"
constitucional obliga a las universidades pú
-
blicas a ser gratuitas.
En este artículo intentaré rebatir estos argumentos.
La
UNAM,
organbmo
descentrabado
del
Estado
La
Universidad Nacional de México fue reabierta por Justo Sierra en
septiembre de 1910. En 1914, siendo rector de la Universidad Va
-
lentín Gama, se discutió en los medios de la época si ésta era una
institución pública o privada y también su autonomía.
La
posición
de
Félix Palavicini, funcionario de la Secretaría de Instrucción Pú
-
blica, era en el sentido de asociar autonomía con privatización. En
otros términos, Palavicini proponía que la universidad fuera pública
mientras no lograra una autosuficiencia basada en el pago de los
alumnos por su instrucción. Más adelante, siendo Palavicini miem
-
bro del Congreso Constituyente
(1916), propuso
"
Educación prima
-
'
La
sesión del Consejo Universitario del
15
de marzo de
1999
no fue en el local acos
-
tumbrado del tercer piso de la Torre de Rectoría, entre otras razones, porque los estudiantes
habían amenazado con impedirla. Sin embargo, las autoridades de Rectoría no avisaron a
todos los consejeros universitarios del nuevo sitio de la
reuni6n (Instituto Nacional
de
Cardio-
logía)
y,
en una suelte de
fast
treck,
antes de que pudieran entrar los consejeros que
pre-
sumiblemente estarían en contra del
RGP,
éste se aprobó a los pocos minutos de haberse
iniciado la sesión, como si se hubiera tratado de un asunto de obvia resolución
y
no de un
tema que en varias ocasiones (desde
1%
al menos) había motivado grandes discusiones
y
las
correspondientes posposiciones.
Cuestiones contemporáneas
ria laica, obligatoria y municipalizada; educación superior al margen
del
estad^."^
En el mismo tenor se mantuvo por largo tiempo la dis
-
cusión, en la que se asociaba autonomía universitaria con libertad
económica; es decir, la Universidad Nacional al margen del Estado.
Autonomía de la Universidad Nacional era, en pocas palabras,
autonomía respecto del Estado, específicamente del gobierno o, si
se prefiere, de éste como materialización fáctica del Estado. Por eso
la asociación frecuente de autonomía con privatización. Sin embar
-
go, quienes lucharon por la autonomía de la Universidad Nacional
demandaban que la autonomía no sólo fuera autogobierno, sino
también, y no menos importante, libertad de cátedra y de pensa
-
miento. Este segundo principio, por cierto, era ya defendido por
Justo Sierra desde su célebre discurso en la inauguración de la Uni
-
versidad Nacional el 22 de septiembre de 1910.
Alejandro Gómez Arias decía sobre el significado de la autonomía
de la
U
N
AM
:
es el gobierno de la universidad por estudiantes y pro
-
fesores, ejercido en un equilibrio de autoridad y poder. En este sen
-
tido
-
decía
-
la Ley Orgánica de 1929 era superior a las posteriores.
Estas significan un retroceso en la historia de la
U
N
AM
,
porque susti
-
tuyeron con un Consejo ilusorio y una Junta de Gobierno momificada
y oficializada el verdadero gobierno libre formado por maestros y
alumno~".~
Otro gran universitario, Jesús Silva Herzog, se refería a la Univer
-
sidad Nacional Autónoma de México, producto de la Ley de Auto
-
nomía del 10 de junio de 1929, como semiautónoma, entre otras
razones, porque no garantizaba su autogobierno ni la libertad de
cátedra e investigación. Respecto del gobierno y la autonomía, Silva
Herzog hacía el siguiente comentario:
"
En el inciso
d
del artículo 13
relativo a las atribuciones del Consejo Universitario, se dice: 'Elegir
al rector de la tema que
le
proponga el presidente de la República'.
.
.
Enteramente lo contrario de lo que se había ofrecido, es decir que
el presidente de la República elegiría al rector de la tema que
le
presentara el Consejo Universitario.
El
artículo 14 confirma y precisa
lo anterior: 'El rector de la Universidad será nombrado por el Consejo
Juan
Molinar
Horcasitas,
La
autonomía
uniuersitaria
de
1929,
tesis profesional, México,
ENEP
Acatkn,
UNAM,
1981, p. 85.
3
En
B.
Dromundo,
Cdnica
de
la autonomía
universitaria
de
México,
México, Jus, 1978,
p.
91.
Universitario, eligiéndolo de una tema que le propondrá directa
-
mente el presidente de la
Repúbli~a'."~
Y
respecto de la autonomía entendida como libertad de cátedra
e investigación, Silva Herzog citaba, entre otros textos, la parte fi
-
nal del considerando 19 de la Ley, que decía:
"Siendo responsabi
-
lidad del gobierno, eminentemente revolucionario de nuestro país,
el encauzamiento de la ideología que se desenvuelve por las clases
intelectuales de México en la enseñanza universitaria, la
autonomía
que hoy se instituye quedará bajo la
vigilancia
de la opinión pública
de la Revolución
y de los ótganos representativos del
g~biemo."~
La
autonomía de la
UNAM
no fue una graciosa concesión de las
autoridades gubernamentales. Fue una lucha, de estudiantes y pro
-
fesores mexicanos, una conquista resultado de la petición estudiantil
del 23 de mayo de 1929, precedida de movimientos y huelgas de los
estudiantes y de represión del
g~bierno.~
Esta lucha fue contra la in
-
tromisión del gobierno en la vida universitaria y en la orientación de
sus planes de estudio, misma que inhibía el pensamiento libre y, por
lo mismo, la libertad de cátedra en una lógica de pluralidad y uni
-
versalidad de corrientes de pensamiento. Era, para decirlo en tér
-
minos de ahora, la lucha contra el pensamiento único y oficial de
quienes detentaban el poder. Por eso, precisamente, la lucha por la
autonomía comprendía principalmente un binomio indisoluble:
au-
togobierno de los universitarios y libertad de cátedra (y de investi
-
gación). Pero la autonomía de la Universidad Nacional le significó
un costo: la renuncia del Estado a financiarla por un tiempo.
La
historia de la Universidad nos brinda ejemplos muy ilustrativos
de cómo tomó el gobierno la autonomía de la Universidad Nacional,
y curiosamente es la autonomía la que invocan muchos de los de
-
fensores de establecer cobros por inscripción y por colegiaturas.
Con la segunda Ley Orgánica de la Universidad Autónoma, la de
1933, el gobierno dejaba a la institución a sus propios recursos y
era considerada como un establecimiento educativo particular al
Jesús Silva Herzog,
De
la
historia de
Mkico, 1810
-
1938
(Documentac fundamentales,
ensayosy opiniones),
MCxico. Siglo
XXi,
1980,
p.
277.
Iúem
(Las cursivas son mías).
El presidente Portes Gil acusó a los estudiantes huelguistas de 1929 de estar haciendo
agitación en contra del gobierno,
pero
al final se concedió la autonomía universitaria, aunque
no en los
tCminos
y
con los alcances
que se demandaban.
Cuestiones contemporáneas
que el Estado otorgaba un fondo de
10
000
000
de pesos para que
con
él subsistiera como pudiera. En ese entonces, la Universidad
cobraba
"
cuotas por colegiatura y exámenes profesionales, extraor
-
dinarios y a título de suficiencia[
...
1
más los donativos provenientes
de particulares[
...
In.'
Más adelante, el presidente Cárdenas reiteró
que la Universidad Autónoma de México era una institución parti
-
cular
"
por lo cual no correspondía al Estado ofrecerle ayuda eco
-
nómica de ningún
género".R Es decir, autonomía equivalente a pri
-
vatización, a institución privada o particular.
Durante
el
gobierno de
Aviia Camacho el tema de la autonomía
volvió a plantearse pero con matices interesantes, quizá por los
efectos de las actitudes de Cárdenas sobre la
UNAM.
Autonomía ya
no significana privatización de la Universidad, sino que ésta sería un
organismo público pero autónomo.
La
solución que encontraron los
defensores del autogobierno
y
de la libertad de cátedra en los pri
-
meros años cuarenta, encabezados por Alfonso Caso, fue buscar una
fórmula jurídica que combinara autonomía con responsabilidad
es
-
tatal
para que la Universidad Nacional pudiera no sólo subsistir eco
-
nómicamente sino desarrollarse. Esta fórmula fue precisamente hacer
compatible la autonomía de la
U
N
AM
con
S
U
carácter de institución
pública, como un organismo descentralizado del Estado, es decir, un
órgano estatal pero autónomo del gobierno, como bien ha señalado
Horacio Labastida en su artículo
"
Gobierno, universidad y
cuota^".^
Varios estudiosos del tema han insistido en que la
U
N
AM
no es un
órgano estatal por ser autónoma; sin embargo, encontramos en quie
-
nes han defendido el cobro de cuotas por inscripción y colegiatura
que para algunos especialistas en derecho constitucional la
U
N
AM
es parte del Estado, aunque sea autónoma del gobierno. Jorge Car
-
pizo, por ejemplo, escribió:
"
Una situación es la educación que el
Estado imparte directamente a través de una Secretaría de Estado y
otra muy diferente aquella
que
es
impartida por instituciones de Es
-
tado, ciertamente, pero descentralizadas y autónomas. Estas últi
-
mas
son parte
delEstadopem no delgobierno
y
la Constitución les
'
Diego
Valades,
'Las
leyes
organicas
de
la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
"
,
Deslinde,
UNAM.
núm.
125.
México.
mayo
de
1980,
pp.
23
-
24.
Idem,
p.
36.
La
Jornada.
México.
19
de
febrero
de 1999.
garantiza autonomía en su gobierno y en sus decisiones acadé
-
mica~.'''~
Arnaldo
Córdova,ll en otro ejemplo, acusó a una diputada de no
conocer el derecho administrativo mexicano al afirmar que un orga
-
nismo público descentralizado del Estado es parte de éste y que la
UNAM,
aunque dependa del presupuesto del Estado y sea un orga
-
nismo descentralizado no es parte de aquél.
Veamos qué dice al respecto Gabino
Fraga:12 Buttgenbach, dice
Fraga, "nos previene contra una posible confusión que puede ocurrir
pensando que los organismos descentralizados
L..], por el hecho de
tener una personalidad y un patrimonio especial,
constituyenper-
sonas distintas del Estado con un patrimonio también distinto del
patrimonio del Estado
L..]"
(Las cursivas son mías, al igual que las
que siguen en estas citas). Fraga distingue con absoluta claridad la
diferencia de un organismo público y otro de utilidad pública: El
"
establecimiento público constituye una parte integrante del Esta
-
do, está realizando atribuciones de éste
"
, mientras que
"
el estable
-
cimiento de utilidad pública constituye una organización formada
por iniciativa particular
"
(Idem, p.
220).
"Así pues, el único carácter que se puede señalar como
fünda-
mental del régimen de descentralización es el de que los
fünciona-
rios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica
y no están sujetos a los poderes jerárquicos
L..] De modo que el
régimen de descentralización viene a caracterizarse por ese relaja
-
miento de vínculos que existen en las relaciones de la autoridad
central y del organismo descentralizado
"
(Fraga,
206-2071. Pero esta
circunstancia no le quita al organismo descentralizado que sea una
parte integrante del Estado, sino que sólo confirma que los orga
-
nismos descentralizados gozan de una autonomía que no tienen los
organismos centralizados que sí están sujetos a los poderes jerárqui
-
cos. Fraga distingue, entre los organismos descentralizados de ser
-
vicio como es el caso de la
UNAM,
los que tienen menor y mayor auto
-
nomía. Ejemplo de menor autonomía es
el
ISSSTE
(CUYO
director es
nombrado por el presidente de la República) y de mayor autonomía
lo
Jorge
Carpizo,
"
Las
cuotas
y
la Suprema Corte
"
,
Excélsior,
México, 25 de febrero de
19%
(las cursivas son mías).
l'
LaJornada.
México, 28 de marzo de 1999.
l2
Gabino Fraga,
Derecho
adminístnatiw,
9a.
ed.,
Mexico,
Pornía,
1962, p. 206.
Cuestiones contemporáneas
la
UN
AM
(
C
U
Y
O
rector es nombrado por la Junta de Gobierno de la
propia universidad y no responde jerárquicamente a la autoridad
central).
La
Ley Orgánica de la
UN
AM
,
por otro lado, señala en su artículo
15 que su patrimonio quedará constituido, entre otras cosas, por los
derechos y cuotas que por sus servicios recaude, pero se refiere
expresamente a servicios que otorgue la Universidad como organis
-
mo descentralizado, no por el que presta a sus integrantes. Y según
Gabino Fraga (p.
226), los alumnos de la
UN
AM
son parte integrante
del servicio, junto con los elementos técnicos y los profesores:
"
La
Universidad Nacional Autónoma de México
L..]
representa otro tipo
de descentralización, el de mayor autonomía de la organización
administrativa de nuestro país.
"
La
Ley de 10 de julio de 1929, que derogó la anterior, vino a
definir en la Universidad Nacional los caracteres propios de un
régimen de descentralización por servicio. En efecto, la reali
-
zación de una de las atribuciones del Estado más típicamente
de orden técnico, quedó en manos de un instituto con
perso-
naiidad jurídica y patrimonio propio, y manejado por los mis
-
mos elementos técnicos, profesores y alumnos que
integran
el
servicio. [Y más adelante señala] El régimen anterior fue subs
-
tituido por el que consigna la Ley de 19 de octubre de 1933, que
vino a acentuar, según el sentido de su exposición de motivos,
la autonomía universitaria, dando una intervención todavía
más libre a los
elementos del
servicio
[incluye a los
alumnos] y
restringiendo correlativamente las facultades de la administra
-
ción central
(Zdem).
Aun aceptando, sin conceder, que la Ley Orgánica de la
UNAM
permita cobrar cuotas a los alumnos (integrantes del servicio), éstas
no podrán ser por la educación impartida sino por otros conceptos
tales como exámenes, servicios médicos, uso de instalaciones re
-
creativas o deportivas, etcétera, ya que la Ley Orgánica no puede
estar por encima del precepto constitucional que establece que la
educación que imparta el Estado será gratuita, y según ha demos
-
trado el profesor de derecho administrativo Gabino Fraga, la
UN
AM
es un organismo descentralizado
integrante
del Estado, una
corpo-
ración pública y no una institución de utilidad pública. Finalmente,
si bien el Estado no está obligado a impartir educación media
-
superior y superior, si la imparte, ésta queda comprendida en la
fracción
IV
del artículo
3'
constitucional y por lo tanto será gratuita.
Carpizo, en su texto citado, tiene razón al afirmar que hasta la
reforma de 1946 al artículo
3O
constitucional (es decir antes de la re
-
forma de 1980 que incluyera la autonomía de las universidades
públicas), no hacía referencia alguna a la educación superior. Sin
embargo, el 26 de diciembre de 1945, cuando se discutían en la Cá
-
mara de Diputados las reformas al artículo
3O
constitucional, las co
-
misiones primera y segunda de puntos constitucionales, segunda de
gobernación y segunda de educación pública, en relación con la
iniciativa del presidente Avila Camacho correspondiente a este ar
-
tículo, dictaminaron en el punto
XIII
lo siguiente:
Otro aspecto de la iniciativa que merece remarcarse es el de
que, hasta ahora, sólo se establecía como gratuita la educación
primaria que impartiera el Estado y de acuerdo con la reforma,
toda
la
educación que el Estado imparta
sera
gratuita, lo que
demuestra el decidido empeño del régimen de no escatimar
esfuerzo ni sacrificio para impulsar la cultura en el país (las
cursivas son mías).
Es decir, la hipótesis de que sólo la primaria (y ahora la secun
-
daria) impartidas por el Estado son las únicas gratuitas, queda de
-
mostrada como falsa. El legislador fue muy claro: a partir de la refor
-
ma que establece que toda la educación que el Estado imparta será
gratuita, contempla no sólo la educación primaria sino toda, aunque
ciertamente no se menciona explícitamente la educación superior
ni a las universidades públicas.
La Ley Orgánica de la
U
N
AM
(6
de enero de 1945) no deja lugar
a dudas al definir a la Universidad Nacional como "una corporación
pública
L..]
organismo descentralizado del Estado
"
(las cursivas son
mías); es decir, define a la
U
N
AM
como parte del Estado mexicano
y no como una institución privada.
Y
los organismos descentraliza
-
dos del Estado, vale la pena recordarlo, se ocupan de cumplir co
-
metidos estatales, y la educación es uno de éstos.
El rector Barnés ha dicho que con las reformas de 1993 al artículo
Cuestiones contemporáneas
3",
el Congreso de la Unión precisó las obligaciones del Estado para
con la educación y distingue entre educación obligatoria y por lo
tanto gratuita y la que no es obligación para todos y por lo tanto
-
según
él-
no tiene que ser gratuita. Si en el texto vigente del
artículo constitucional se dice que "el Estado promoverá y atenderá
todos los tipos y modalidades educativos
"
, no se está implicando
que por tales razones no deban ser gratuitos, sino sólo que no es
obligación del Estado impartir educación media
-
superior y superior.
Ciertamente fue rechazada la propuesta de la fracción del
PPS,
cuando en los debates de la Cámara de Diputados
(1992), pidió que
se incluyera como obligatoria para el Estado la impartición de la
educación superior, pero no se estaba discutiendo si sería gratuita
o no, sino si era obligación del Estado impartirla o no. En las refor
-
mas al artículo
3O, concretamente a partir de que la garantía de la
autonomía fuera consagrada en la Constitución
(9 de junio de
1980),
se añadió la fracción VIII, hoy VII, que dice que el Estado
"promo-
verá
"
y
"
atenderá" la educación superior, lo que significa que puede
o no impartirla. Pero si la imparte, como es el caso, debe ser gra
-
tuita, razón por la cual no se le modificó fracción
IV
sobre la gratui
-
dad de la educación impartida por el Estado.
Más aún, el artículo
lo
de la Ley General de Educación señala que
ésta "regula la educación que imparten el Estado
-
federación,
entidades federativas y municipios
-
, sus organismos descentraliza
-
dos
y
los particulares.
..". El artículo
1
de la Ley Orgánica de la
UNAM,
por otro lado, establece que ésta es
"
un organismo descentralizado
del Estado". Lo mismo dice el artículo
1
de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma Metropolitana o de la Universidad Autóno
-
ma de Chapingo. En otros términos, la Ley de Educación se refiere
claramente a dos tipos de educación: la que imparte el Estado y
la que imparten los particulares.
La
primera tiene dos modalida
-
des: la que se imparte en sus tres niveles políticos (federación, es
-
tados y municipios), y la que se imparte mediante los organismos
descentralizados del Estado dedicados a la educación.
Por lo tanto, si el artículo
3O constitucional establece que
toda
la
educación que el Estado imparta será gratuita, se tiene que entender
que se refiere a la educación que el Estado imparta a través de la
Federación, como es el caso de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea (dependiente de la Secretaría de la Defensa) y del Instituto
Politécnico Nacional (que es un órgano desconcentrado de la
S
E
P
),
a través de los estados o de los municipios, o mediante organismos
descentralizados del Estado
(UNAM,
U
AM
,
UAC~,
etcétera).
Jorge Carpizo, José Blanco, Diego Valadés,
Héctor Aguilar Camín
y varios más han insistido, como agarrándose de una tabla en medio
de un naufragio, en la interpretación que sobre las cuotas ha hecho
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en alguna ocasión. En
1392
un grupo de estudiantes acudió a los juzgados para ampararse con
-
tra las cuotas de inscripción y colegiaturas que les quería cobrar la
Universidad de Sonora. El caso llegó a la Suprema Corte y en su ter
-
cera sala, en el amparo en revisión
303/94, del 23 de mayo de 1994,
se estableció una
tesis
que determinaba que no existe norma cons
-
titucional que garantice la educación gratuita en las universidades
públicas y autónomas. Carpizo, como también otros juristas defen
-
sores de las cuotas en la
UNAM,
interpretó dicha tesis de la siguiente
manera:
La citada tesis de la Suprema Corte hace una distinción clara y
tajante de dos conceptos:
a)
La
fracción
TV
del artículo tercero constitucional que se
refiere a que
"
Toda la educación que el Estado imparta será
gratuita
"
se dirige, entre otras, a la educación preescolar,
primaria y secundaria. En tanto la fracción
VI1
establece un
régimen jurídico específico para las universidades y las
demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, régimen diverso y que se especifica en
esa fracción
VI1
al establecido en las fracciones precedentes
que se refieren a otros niveles educativos.
b)
Una situación es la educación que el Estado imparte di
-
rectamente a través de una Secretaría de Estado, y otra muy
diferente, aquella que es impartida por instituciones de Es
-
tado, ciertamente, pero descentralizadas y autónomas. Estas
últimas son parte del Estado pero no del gobierno y la Cons
-
titución les garantiza autonomía en su gobierno y en sus
decisiones académicas.
La tesis de la Suprema Corte que vengo comentando,
insiste en que la autonomía implica la facultad de
autole-
gislación de las universidades y es
el
principio que las pre
-
Cuestiones
contempordneas
serva de todo control político y gubernamental. Estoy de
acuerdo con esta tesis y criterio de la Suprema Corte.
"
Ya he discutido el segundo concepto señalado por Carpizo, he
presentado los argumentos pertinentes y, con base en que la
UNAM
es parte del Estado (en coincidencia con Carpizo), he demostrado
que, por
serlo, la educación que imparte debe ser gratuita.
Respecto a la Suprema Corte, se pasan por alto tres aspectos
importantes:
1)
que ésta, como tal, no se ha pronunciado sobre la
gratuidad de las universidades públicas, sino que hay jueces espe
-
cíficos y algunos ministros de la
SCJN
que, al negar amparos por no
existir interés jurídico, han aprovechado para dar una opinión sobre
el artículo
3"
constitucional, en referencia a la educación superior
impartida por universidades públicas. Subrayo
inteds
jurídico, por
-
que al parecer pocas personas conocen el significado de este con
-
cepto. Por ejemplo si, yo no soy afectado por el Reglamento de
Pagos no tengo interés jurídico y si los estudiantes que todavía no
se inscriben ni pagan las nuevas cuotas intentan ampararse, no po
-
drán hacerlo porque tampoco tienen interés jurídico. En realidad es
muy difícil, en este caso, demostrar el famoso interés jurídico.
2)
Por
lo que se refiere a la opinión de miembros del Poder Judicial, su
opinión o las tesis que sustenten no tienen obligatoriedad a menos
que se establezca jurisprudencia, la cual no se ha establecido con
relación a las cuotas.
3)
¿Por qué habríamos de aceptar que la
scp
es imparcial si
a)
es parte del sistema y
b)
hasta ahora sus miembros
han sido nombrados por los senadores del
P
R
I
a propuesta del pre
-
sidente de México, también del
P
R
I
?
Se puede aceptar, aun con la
mejor buena fe del mundo, que sobre la imparcialidad de los
miembros de la
SCJN
hay una duda razonable, lo que no quiere decir
que por definición sean corruptos o venales. Por lo demás, la
SCJN
no es un órgano de consulta ni de asesoría de ciudadanos o insti
-
tuciones, como teóricamente lo es el Abogado General de la
UNAM.
Por último, una cosa es estar de acuerdo con la tesis de un con
-
junto de magistrados del Poder Judicial mexicano, y otra, que su
'3
Jorge Carpizo,
"
Los costos.
..
op.
cit.,
Idem.
Vease igualmente Diego
Valades,
"
Precisio
-
nes sobre las cuotas
"
,
Ercékior,
Mexico,
1
de marzo de
199,
José Blanco,
'Entre
la legalidad
y el
neolibapopulismo",
La
Jornada,
Mexico,
2
de marzo de
1999;
H.
Aguilar
Camín,
"
Las
cuotas y la ley
"
,
La
Jomda,
Mexico,
17
de mayo de
1999.
interpretación sea correcta. Carpizo tiene razón al decir que está de
acuerdo con dicha tesis, pues tal ha sido su posición por varios años;
en lo que no tiene razón es en que la mencionada tesis sea de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una parte de ésta no es
equivalente al todo, y una opinión, aunque sea de miembros de la
SCJN,
es una opinión, no otra cosa y las opiniones no tienen obli
-
gatoriedad para nadie.
Cuotas, movimientos
e
interpretaciones
El tema de las cuotas por inscripción y colegiatura no es nuevo. En
1948, se generó un movimiento estudiantil cuando el rector Zubirán
estableció el reglamento de pagos que luego habría de reformar el
rector Garrido en 1950 y que fue vigente hasta antes de la sesión
del Consejo Universitario del 15 de marzo de 1999; en 1948, repito,
la Universidad distaba mucho de ser una entidad masiva; sin embar
-
go el movimiento llevó a la renuncia de Zubirán.
A
mediados de los
años sesenta, siendo rector Ignacio Chávez, junto con la reglamen
-
tación de ingreso a la
UN
AM
se quiso abordar el tema, pero se provo
-
có también descontento
y
organización de fuerzas
-
probablemente
externas
-
que llevaron al rector a la renuncia. En 1986 y 1987, con
Jorge Carpizo al frente de Rectoría, se quiso aumentar también el
monto de las cuotas y el rector prefirió, por las razones que sean,
retirar su propuesta
y
el Consejo Universitario suspendió las refor
-
mas.
A
principios de su rectorado, José Sarukhán intentó cambiar el
reglamento de pagos y, por supuesto, aumentar el monto de las cuo
-
tas. Recibió
"
apoyo
"
de sus colaboradores y de directores afines a
la Rectoría y rechazo de muchos estudiantes. De repente, Sarukhán
echó marcha atrás, y según se especuló entonces, fue por instruccio
-
nes del presidente Salinas de
Gortari transmitidas por uno de sus co
-
laboradores entonces de
confiza: el jefe del Departamento del
Dis
-
trito Federal.
El tema de las cuotas en la
UN
AM
,
como se puede ver de este breve
resumen, es un asunto difícil que, sin duda, ha provocado movi
-
mientos estudiantiles cada vez que se toca. El rector Barnés de Castro
fue advertido de que si intentaba reformar el reglamento de cuotas,
para
"
actualizarlas
"
, se generaría un movimiento más por parte
Cuestiones contemporáneas
de los estudiantes y de no pocos académicos. Sin embargo, el
15
de
marzo, Barnés propuso su reforma e hizo lo que pudo
(o
quiso) para
que se aprobara, sin legitimidad y con ominosas sombras de du
-
da sobre la forma en que fue convocado y conducido el Consejo
Universitario para el efecto.
El
8
de abril se llevó a cabo una sesión
más
del Consejo Uni
-
versitario, esta vez en su local en la Torre de Rectoría. Varios con
-
sejeros estudiantes y ues consejeros profesores demandaron la de
-
rogación del
R
G
P
y se propuso un diálogo abierto sobre el tema. Se
perdió la votación sobre la derogación pero se insistió en el diálogo
público, pues la propuesta del rector llamada
"
diálogo entre univer
-
sitarios
"
, no era tal, ya que se concretaba a que los inconformes con
el reglamento enviaran sus puntos de vista a la Comisión de Pre
-
supuestos del Consejo Universitario.
La
propuesta de un diálogo
abierto fue cambiada,
"
para que pudiera lograr
latiprobación de los
directores
n
, por un diálogo organizado por los consejos técnicos
mediante reglas aprobadas en cada uno de estos. Por
47
votos con
-
tra
37
ganó la propuesta del diálogo, pero la huelga estudiantil, al
cerrarse la mayor parte de las instalaciones de la
UNAM,
lo convirtió
en diálogo de pocos y en intercambios de opiniones en los medios.
En otras palabras, no hubo tiempo para que se organizaran los foros
de diálogo vía consejos técnicos y, por lo mismo, la que pudo haber
sido una medida para evitar la huelga no cumplió su objetivo. Un
poco más de
1
200 ponencias se enviaron a la Comisión de Presu
-
puestos, pero el diálogo propiamente dicho, es decir, entre autori
-
dades de Rectoría y estudiantes, no se llevó a cabo. Barnés se opuso
siempre a que el diálogo fuera público.
"
El diálogo público es el peor
error en el que podemos caer
"
, dijo el rector a la prensa.
El 20 de abril de
1999
estallaría la huelga estudiantil en la
UNAM
en la que se exigía, principalmente, la derogación del
RGP,
es decir
la gratuidad de la enseñanza media
-
superior y superior. El movi
-
miento, contra los cálculos de Rectoría, habría de sumar a trabaja
-
dores de diversos sindicatos (principalmente electricistas), colonos,
estudiantes de otras universidades y centros educativos, tanto del
DF
como de algunos estados de la república. Hubo, asimismo, una con
-
sulta popular organizada por los estudiantes huelguistas, en la cual
participaron más de 600 mil personas de las cuales un altísimo
porcentaje votó por la gratuidad de la enseñanza media
-
superior y
superior. El rector nombró una comisión de encuentro a la que no
dio un carácter resolutivo y, por lo mismo, fue ignorada por el Con
-
sejo General de Huelga de los estudiantes. Posteriormente, el rector
le otorgó un carácter resolutivo a su Comisión, pero ésta sirvió, en
principio, para recibir las propuestas estudiantiles tanto de los te
-
mas a discutir como del formato de diálogo. El
3
de junio el rector
Barnés, en rueda de prensa, informó que propondría al Consejo Uni
-
versitario que las cuotas (aprobadas el
15
de marzo) fueran volun
-
tarias, de tal forma que se dieran al mismo tiempo las condiciones
de gratuidad y de equidad.
De acuerdo con la propuesta original del rector, si todos los
estudiantes ahora inscritos en la
UN
AM
pagaran las cuotas propues
-
tas, éstas significarían alrededor de tres por ciento del actual pre
-
supuesto de la casa de estudios. Si los futuros estudiantes de nuevo
ingreso pagaran de acuerdo con el reglamento, que eximía de cuo
-
tas a los más pobres, el porcentaje de lo recaudado por
colegiatu-
ras sería todavía menor que el tres por ciento mencionado. Hay
quienes han calculado que la cantidad que se obtendría por cuotas
no llegaría al uno por ciento del presupuesto universitario. ¿Enton
-
ces, por qué la insistencia en la
"
actualización
"
de las cuotas, por
parte de Rectoría y de sus publicistas?
La
propuesta de Rectoría era que quienes tuvieran ingresos me
-
nores de cuatro salarios mínimos no pagaran, es decir,
7
por ciento
promedio de los estudiantes de licenciatura, y que todos los demás
pagasen colegiaturas, sin tomar en cuenta que la propuesta, lejos
de ser equitativa, favorecía a quienes tuviesen ingresos promedio
superiores a nueve salarios mínimos (alrededor de
50
por ciento
promedio de los estudiantes de licenciatura), a costa de los estu
-
diantes cuyo ingreso familiar se ubicara entre cuatro y nueve sala
-
rios mínimos
promedio.14
¿Por esta pretendida equidad, que no es
tal, y por un punto porcentual del presupuesto de la
UN
AM
se han
provocado la paralización de ésta y la polarización de su comuni
-
dad?
La
contrapropuesta del rector, en el sentido de hacer las cuo
-
tas de colegiatura voluntarias para bachillerato y licenciatura, además
de que pudo hacerse desde el principio y quizá se hubiera evitado
14
Véase
Secretaría
de
Planeación,
Pdl
del
Ingreso familiar
de
los alumnos
de
la
~AM,
1995-1998,
México,
UNAM,
febrero
de 1999,
p.
54,
cuadro
2.1.10.
Cuestiones contemporáneas
el movimiento y la huelga en la
UN
AM
,
no satisfizo al
C
G
H
pues no
atendía todas las demandas de su pliego
petit~rio.'~
Además, todos
los argumentos de Rectoría sobre la corresponsabilidad de la so
-
ciedad y sobre la equidad quedaron en el aire, pues en los hechos,
con la contrapropuesta presentada al Consejo Universitario el
7
de
junio se estaba reconociendo que la enseñanza en la
UN
AM
sería
gratuita salvo para quienes quisieran pagar, de
motupmprio,
cole-
giaturas.
¿Por qué la insistencia de las autoridades de la
U
N
AM
en las cuotas?
Se han mencionado diversas hipótesis, pero al momento de escribir
estas líneas ninguna de ellas podría comprobarse. Los estudiantes y
algunos académicos de la
UNAM
y de otras instituciones educativas
hablaron de la intención de privatizar la educación superior pública
en México, como una acción subordinada al Banco Mundial y a otras
instancias de su tipo. Privatizar, tratándose de universidades públi
-
cas, no quiere decir venderlas a particulares (como han interpretado
algunas personas simples), sino hacerlas depender cada vez me
-
nos del presupuesto estatal (autosuficientes, se diría); relacionarlas,
sobre todo en investigación, con las empresas privadas nacionales
y
extranjeras; orientar sus planes de estudio a la inserción de México
(en este caso) en la globalización económica (de manera subordi
-
nada, por supuesto), y hacer que los estudiantes paguen por lo
menos
30
por ciento de lo que cuesta su educación profesional. En
otros términos, eliminar en la práctica su autonomía por lo que se
refiere a la libertad de cátedra y de investigación, e insertar a la uni
-
versidad pública en la lógica del mercado y de la oferta y la de
-
manda.
La
política educativa del Banco Mundial, por otro lado, consiste
en presionar a los gobiernos para que ya no subsidien la educación
superior en los países en donde esto ocurre (México entre ellos).
l5
El pliego petitorio del
CGH
era:
1)
derogar las reformas de
1997
que eliminaron el pase
automático, sobre todo del bachillerato de la
U
N
AM
a la licenciatura;
2)
desaparición del
examen único de ingreso y del examen de calidad del egreso de las licenciaturas en manos
del Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval);
3)
gratuidad de la enseñanza en la
UNAM
;
4)
creación de un espacio de resolución para la reforma integral de la
UNAM;
5)
ampliar el periodo
del semestre en curso, suspendido por la huelga, e
invalidar las actividades
academicas
extramuros por ser irregulares,
y
6)
cancelar todas las actas levantadas conua los estudiantes
huelguistas
y
desmantelar el aparato represivo
y
de espionaje de la
UNAM
en conua de
estudiantes
y
académicos.
Julio
Boltvinik señalaba que en el estudio del Banco Mundial
Edu-
cation
and
Earnings
Inequality
in
Merico
se planteaba
la conveniencia de privatizar no sólo la educación superior sino
toda la educación:
"
la mejor respuesta es que el gobierno re
-
duzca su rol directo en la asignación de recursos a la educación
1..
.l
Tal
traspaso de responsabilidades alsectorprivado se reco
-
mienda especialmente en el caso de la educación
supetior"
(cursivas en el original).
Y
más adelante Boltvinik añadía:
En el documento de la sede del
B
M
titulado
Merico: Enhancing
FactorPmductivity Gmwth. County Economic
Memorandum
(agosto de
1938),
se retorna el asunto así:
"
Haciendo a un lado
la posibilidad de más recursos públicos, la única opción para
expandir la inversión en educación superior
1..
.l
es trayendo
una mayor participación del sector privado
"
1..
.l
"
Hay muchas
opciones para una mayor participación del sector privado en
la educación superior
1..
.l
en el financiamiento de los servicios
educativos o en la provisión directa de los mismos.
"
Al menos,
continúa
el BM,
"
hay un argumento muy fuerte para
aumentar
el nivel de recuperación de costos en la educación
superior"
(léase aumento de
cuotas).I6
La
anterior es, en general, la línea del
BM
para México sobre edu
-
'cación superior. Es decir que, al reducir con el tiempo el financia
-
.:
miento a las universidades públicas, lo que ya está ocurriendo, los
estudiantes se vean precisados a pagarse su educación como lo
hacen en las universidades privadas y en no pocas universidades
también públicas, tanto en el
DF
como en otras entidades de la
federación. De hecho, escribió René Drucker Colín,
cobrar colegiaturas,
instrumentar préstamos a los estudiantes
o cobrar las becas, adiestrar profesores como empresarios,
vender la investigación, etcétera, son parte de la estrategia del
l6
Julio Boltvinik, 'Sin autonomía
"
,
La
Jornada.
Mexico,
26
de febrero de
1999.
Banco Mundial para modificar las estructuras de las universi
-
dades públicas, que se ven actualmente como escollos para las
políticas de la economía global
L..]
En pocas palabras, las
universidades deben
mnsformarse para convertirse en un
mercado de valores cuyo único, o por lo menos primordial
propósito, sea poder insertarse en la globalización de la eco
-
nomía.''
En resumen, como en los años 20 y 30, hay quienes conciben la
autonomía como privatización (en un sentido distinto), y este parece
ser el esquema general tanto del gobierno de la República como del
rector Barnés para la
UNAM.
Pero a diferencia de aquellos años en
que los liberales lucharon por la no
-
intervención del gobierno
esta-
tista y
"
socializante
"
en la Universidad
Nacionalla y contra la impo
-
sición del pensamiento único
de entonces
en la orientación de la
enseñanza y de la investigación, ahora se lucha, desde la izquierda,
desde el lado de las fuerzas antineoliberales, en contra del proyecto
subordinado del gobierno neoliberal y tecnocrático para las univer
-
sidades públicas, por la gratuidad de éstas, por la libertad de cátedra
e investigación, por
el autogobierno en
la
UNAM
y porque el Estado
financie total y cabalmente la educación pública del nivel que sea.
Es decir, ahora se lucha por la no
-
intervención del gobierno
neo-
liberal y tecnocrático en la Universidad Nacional y contra la impo
-
sición del pensamiento único
de
ahora
en la orientación de la
enseñanza y de la investigación.
La
misma lucha, pero de distinto
signo. Esto es, la defensa de la autonomía de la Universidad Na
-
cional, pero no en sentido de privatización de ésta sino como una
entidad pública al servicio del pueblo y de la nación.
El hecho de que algunos grupos en el Consejo General de Huel
-
ga hayan desvirtuado el objetivo de la lucha que iniciaron a princi
-
pios de 1999, no cancela la importancia de los cuestionamientos
al proyecto de universidad promovido por las autoridades de Rec
-
l7
René
Drucker Colín,
"¿Qué hay en el fondo del conflicto de la
UNM?",
La
Jornada,
México,
2
de junio de
1999.
Recuérdese que en los años treinta la educación primaria era supuestamente socialista,
que hubo una Fuerte polémica entre
Lombardo (defensor del socialismo) y
Caso(defensor del
liberalismo) y que la autonomía era necesaria para preservar a la
UNM
de
la influencia del
go
-
bierno. Como ahora, pero con diferente signo.
toría
ni, mucho menos, el debate que debe darse sobre la
UNAM
y
las universidades públicas del país.
El rector
Barnés renunció el 12 de noviembre de
1399, pero su
renuncia no debe interpretarse como un triunfo
del movimiento es
-
tudiantil, sino más bien como resultado de un manejo político que
no tomó en cuenta la coyuntura por la que atravesaba el país en esos
momentos. Esta coyuntura, que incluye la sucesión presidencial,
obligará al nuevo rector a posponer el proyecto neoliberal para la
UNAM,
O
a darle un enfoque distinto en el que las cuotas serán el
aspecto menos importante.
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