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195
La democracia: asignaturas
pendientes
F
ERNANDO
P
ÉREZ
C
ORREA
*
La noche del 2 de julio del año 2000 fue asombrosa. Desde
luego, el triunfo del candidato del
PAN
rompió siete décadas
Resumen
En este artículo, el autor acude al repaso histórico para analizar cómo se fueron dando los pro-
cesos de reformas electorales del país en los últimos cuarenta años. Se distinguen claramente,
a juicio del autor, tres periodos fundamentales en este sentido: el “proteccionismo ilimitado”
(López Mateos- Echeverría); la “oposición restringida” (López Portillo-Salinas de Gortari) y la
“reforma electoral definitiva”(Zedillo). El artículo analiza también las asignaturas pendientes
que aún quedan por resolver en los procesos de democratización de México, como la división
de poderes del federalismo; la organización de las precampañas; la ampliación del voto y la
reelección legislativa y la ingeniería constitucional.
Abstract
This article makes a historical review to analize the way electoral reforms took place in the
last forty years. Three periods are clearly distinguished: the “ilimited protectionism” (López
Mateors-Echeverría); the “restrained opposition” (López Portillo-Salinas de Gortari) and “defi-
nitive electoral reform” (Zedillo). The article also examines pending issues which are still to
be resolved during the processes of democratization of Mexico, such as the the division of po-
wers characteristic of federalism, the organization of pre-campaigns, the extension of suffrage,
legislative re-election and constitutional engineering.
Palabras clave
: procesos electorales, transición democrática, partidos políticos, reforma
política, legislación electoral.
de dominio del
PRI
. Además, las tendencias anunciadas esa noche
abrieron la puerta para que, por primera vez en el siglo
XX
, la pre-
sidencia de la República fuera transmitida pacíficamente a un can-
didato de oposición. Más aún, aunque preliminar, el resultado fue
reconocido por consenso, hecho sin precedente en nuestra historia
1.
*
.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “C”, Circuito Mario de la Cueva s/n,
Ciudad Universitaria, Col. Copilco Universidad, Coyoacán, 04510, México D.F.
196
electoral. Recordemos que en las horas crispadas de esa noche, Vi-
cente Fox, el candidato triunfador, informó temprano que las ten-
dencias lo favorecían, pero decidió no cantar vísperas. La tensión se
disolvió gradualmente. A las 23:00 horas, el presidente del Instituto
Federal Electoral (
IFE
), José Woldenberg, admitió que los conteos y
las tendencias favorecían a Fox. De inmediato el Presidente Zedillo
interrumpió la tentativa de mensaje de Labastida. Felicitó a Fox, a
quien ofreció una transición republicana. En fin, minutos después
Labastida se sumó al reconocimiento ya para entonces general. Tam-
bién Cárdenas, quien según
La Jornada
, “poco después de las 23.00
horas, en un discurso, anunció: seremos la más firme oposición”.
Reconoció su derrota, pero celebró la victoria de su partido, “el inicio
del desmantelamiento del régimen de partido de Estado”. Es difícil
que este pasmoso consenso no haya sido la conclusión buscada me-
diante un largo proceso de creación de normas, procedimientos e
instituciones electorales confiables.
2. Las elecciones de 1997, primero; y del 2000, después, contaron
con un ingrediente determinante: fueron reguladas por una legis-
lación pactada entre los partidos políticos. En esas condiciones, re-
sultaba poco menos que imposible cuestionar las reglas del juego
o las consecuencias de su aplicación. Las campañas habían sido in-
tensas, ríspidas y por momentos tormentosas. Con todo, la lucha
electoral se produjo en un trasfondo de certidumbre: el
IFE
—cuya
naturaleza fue pactada— organizó las elecciones y su integración
había sido igualmente acordada. El Registro Federal de Electores
contaba con un padrón confiable. Además, salvo en casos limitadí-
simos, los votantes debían sufragar en la casilla correspondiente a
su domicilio y presentar una credencial para votar, con fotografía,
concordante con la lista nominal de electores con fotografía. Así, el
resultado era virtualmente inatacable. Por lo demás, las encuestas de
salida y el Programa de Resultados Electores Preliminares, ofrecían
instrumentos de control que hacían casi imposible la fabricación del
cómputo final. En efecto, la congruencia entre éste y dichos instru-
mentos era obligada. Así, más que extravagante, un resultado in-
congruente entre ambos hubiera sido sublevante. Por lo demás, la
evaluación de las elecciones había escapado al gobierno y a los par-
tidos. Correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal
(
TEPJF
) calificar la elección presidencial. La integración concertada
197
de dicho tribunal y las amplísimas atribuciones que se le encomenda-
ron representaban, en efecto, una suplementaria garantía de con-
fiabilidad. En fin, las sucesivas reformas electorales introdujeron una
severa legislación penal, destinada a prevenir y castigar los delitos
electorales. En ese orden, el Ministerio Público Federal fue dotado
de una Fiscalía Especial. Impugnar las elecciones sin pruebas pre-
cisas, incontrovertibles y masivas hubiera parecido una escena de
ópera bufa.
3. Con el cambio pacífico de régimen concluyó un largo proceso
democratizador de cuatro décadas en el que algunas voces de los
partidos, el Congreso, la academia, los medios y los movimientos so-
ciales fueron los interlocutores de un régimen titubeante, renuente
a sustituir, como base de legitimidad, sus cartas revolucionarias por
las inciertas y modestas credenciales democráticas. ¿Ha concluido
dicho proceso? ¿En dónde estamos en la larga marcha de construc-
ción de las instituciones democráticas? Vale la pena recordar la his-
toria de este proceso y hacer un inventario de sus pendientes.
4. Desde el sexenio de Adolfo López Mateos, todos los presiden-
tes promovieron una “reforma política”. Tres periodos me parecen
discernibles en el dilatado proceso resultante. El primer periodo ins-
tauró un cierto “proteccionismo limitado” en favor de las oposicio-
nes, con la idea de favorecer el acceso de éstas a la representación
política, aunque no hubieran alcanzado triunfos mayoritarios. Este
periodo concluyó abruptamente en 1976, cuando el candidato del
PRI
no tuvo contendiente oficial. Se inició entonces un segundo pe-
riodo, el de “oposición restringida”, caracterizado por la implanta-
ción de un sistema mixto de representación proporcional con domi-
nante mayoritaria en la Cámara de Diputados, los congresos locales
y los ayuntamientos. El propósito fue generar un sistema de parti-
dos que atemperara —sin amenazarla— la hegemonía del
PRI
y pro-
piciara la conformación de partidos de oposición de derecha e
izquierda. Este periodo rindió frutos rápidamente. Consolidó un sis-
tema tripartidista (aunque subsistían pequeños partidos paraestatales)
que cuestionó de inmediato la equidad de la contienda, la imparcia-
lidad de los órganos electorales y la transparencia de los procesos.
Diversos avances graduales fortalecieron el sistema de prerrogativas
en favor de los partidos y reformaron los órganos y los instrumentos
electorales. En 1993, sin embargo, los partidos decidieron exigir un
Sociedad y política
198
nuevo sistema que atendiera las insuficiencias y las perversiones del
vigente. Se inició así, en 1994, un tercer
periodo, a resultas del cual
el gobierno se separó de los órganos responsables del proceso elec-
toral y, poco tiempo después, el
PRI
perdió las ventajas inequitativas
de que disfrutaba. Este
periodo concluyó con la reforma electoral
“definitiva” de 1996, cuando quedó establecido el sistema actual.
5. Empecemos con el “proteccionismo restringido”. Desde el go-
bierno de Adolfo López Mateos la reforma política fue vista como el
diamante de la corona que distinguiría por siempre a cada sexenio.
Acaso se recuerde que en 1963 fue reformada la Constitución, pre-
cisamente a iniciativa del jefe del Ejecutivo para, sin exagerar, fran-
quear el acceso a la Cámara de Diputados de los candidatos de los
entonces “partidos minoritarios”. Bastaba que un partido político ob-
tuviera el 2.5% de la votación nacional para que cinco de sus can-
didatos fueran designados diputados. Naturalmente esta vía tenía
límites estrechos. Un partido político sólo podría obtener con este
recurso un máximo de 20 diputados. A finales de 1969, la ironía de
la historia quiso que, a iniciativa de Gustavo Díaz Ordaz, se refor-
mara la Constitución en una dirección incluyente frente a los jóve-
nes; esta vez para establecer la ciudadanía y el consiguiente derecho
de voto desde los 18 años. Por su parte, Luis Echeverría impulsó la
reforma a la Constitución en términos muy discretos. Por ejemplo,
propuso la reducción a 1.5% del porcentaje mínimo requerido para
obtener diputados, y el aumento de éstos de 20 a 25. Por otra parte,
impulsó y obtuvo la reducción de las edades requeridas para ser
diputado y senador.
6. Los avances durante este periodo fueron primero sorprenden-
tes y después decepcionantes. La oposición no iba a ninguna parte.
Peor aún, se había iniciado la lucha violenta, al margen del sistema.
Además, hace 25 años, formalmente, José López Portillo fue can-
didato único. Tal vez por eso impulsó, en 1977, una reforma política
de altos vuelos y dio paso a un periodo de “oposición acotada”. A
su iniciativa debemos el actual sistema mixto de representación, en
el que predomina el principio mayoritario. Este fue entonces tempe-
rado por la representación proporcional, para integrar la Cámara de
Diputados, las legislaturas de los estados y los ayuntamientos de los
grandes municipios. Como resultado de dicha reforma, la Cámara de
Diputados se integró con 300 representantes de mayoría y 100 de re-
199
presentación proporcional. La Constitución reconoció además a los
partidos políticos como “entidades de interés público” y les otor-
gó un conjunto de “prerrogativas”. A esa reforma debemos la con-
figuración, acaso calculada, de un sistema tripartidista, ya que el
principio de representación proporcional hacía inevitable la repre-
sentación de la derecha y la izquierda, a los costados del centro, có-
modamente ocupado por el
PRI
. Miguel de la Madrid propuso la pro-
fundización del mismo sistema. Así, los diputados de representación
proporcional pasaron de 100 a 200 y los regidores de minoría se
extendieron a todos los municipios. La misma reforma creó el Tribu-
nal de lo Contencioso Electoral y la Asamblea de Representantes del
D.F. Las prerrogativas fueron extendidas y ampliadas. La elección
de 1988 fue muy controvertida. Se tiene por cierto que, para aliviar
las tensiones, Carlos Salinas de Gortari, el presidente electo, acordó
con el
PAN
impulsar una reforma electoral sustancial. Entonces, por
primera vez en un sexenio, se realizaron en 1990, 1993 y 1994 tres
reformas electorales sucesivas. El resultado más importante de este
ejercicio fue la creación del
IFE
y su gradual “ciudadanización” (que
culminaría en 1996). Este término expresa la conformación de un
“poder electoral” a cargo de ciudadanos; esto es, libre de la interven-
ción del gobierno. La elección de 1988 hizo posible la unificación
de variadas corrientes de la izquierda en el
PRD
y la desaparición
de la derecha rival al
PAN
. Sin embargo, después de la crisis de 1988,
la elección de 1991 fue holgadamente ganada por el
PRI
. El
PAN
y el
PRD
aprendieron la lección. Exigieron transparencia y equidad. Las
circunstancias dieron fin al
periodo de “oposición acotada” e impu-
sieron una nueva reforma para realizar la elección de 1994. Al con-
cluir ésta, el presidente electo se comprometió a impulsar una re-
forma definitiva. Fue entonces cuando se produjo la separación de
los órganos electorales respecto del gobierno y éste perdió totalmen-
te el control electoral. Otra aportación decisiva se produjo con el ac-
ceso de los partidos políticos a medios de control que temperaron
la inequidad de la competencia. En fin, el presidente Zedillo ofreció
y obtuvo, por unanimidad y contra viento y marea, lo que llamó una
“reforma electoral definitiva”. Sin embargo, es preciso subrayar que
por primera vez en un largo proceso de transformaciones electorales
dicha reforma fue acordada; es decir, fue el resultado de una difícil
negociación cuya conclusión sólo fue posible cuando los partidos
Sociedad y política
200
políticos y el gobierno llegaron al consenso. Por dicha razón la apro-
bación fue unánime. Fue con base en la legislación acordada que se
condujeron las elecciones de 1997 y 2000, ambas competidas, equi-
tativas y reconocidas.
7. En suma, hoy contamos con una legislación electoral pactada,
base de comicios menos controvertidos. Con todo, como es eviden-
te, no contamos con una legislación “definitiva”. Al contrario, es
discernible en la agenda de los partidos una serie de diferencias
relacionada con el sistema de representación y con diversos aspec-
tos de la organización de las elecciones. En términos más generales,
bajo el tema, “reforma del Estado” se engloba un debate cuyas posi-
ciones van desde la propuesta de una nueva Constitución hasta la
supresión de las facilidades a los pequeños partidos políticos para
evitar la fragmentación de la representación política. Con todo, en
mi opinión las asignaturas pendientes se agrupan en cuatro capítulos
fundamentales: 1) la división de poderes y el federalismo; 2) la or-
ganización de las precampañas, tanto para la designación interna de
los candidatos en cada partido político, como para la regulación
del proselitismo antes del inicio formal de la contienda; 3) la amplia-
ción del voto, es decir, la recepción del sufragio de los mexicanos
en el extranjero; 4) finalmente, hay algunas cuestiones que pertene-
cen a la llamada ingeniería constitucional, tales como la introducción
de una segunda vuelta, la desaparición del régimen mixto de repre-
sentación y la reelección de legisladores. Vale la pena examinar esta
agenda.
8. Mañana cumplirá un año de gobierno el presidente Vicente
Fox. Lo hace en medio de una aguda discrepancia con el Congreso
respecto del presupuesto, la legislación fiscal y la reforma hacen-
daria. Sin embargo, el presidente carece de recursos para obligar al
Congreso a aprobar sus iniciativas económicas. Recíprocamente,
el Congreso carece a su vez de facultades para imponer al presidente
la línea de las políticas públicas. El régimen mexicano es presiden-
cial. El Ejecutivo de la Unión no es designado por el Congreso: es
electo directamente por la totalidad de los ciudadanos. El presidente
tiene atribuciones propias cuyo ejercicio no depende de las cámaras.
Incluso en ocasión del informe presidencial, conviene recordar que
éste no es un acto parlamentario en el cual el titular del Poder Ejecu-
tivo busque la aprobación del Congreso. Pretender hacer del infor-
201
me un acto parlamentario, cuestionar al gobierno y debatir con el je-
fe de Estado las políticas públicas, revelaría una confusión sobre la
naturaleza de nuestro régimen republicano. El Gobierno Federal,
repito, no es una emanación del Congreso. La designación y remo-
ción de la mayor parte de los colaboradores del presidente es libre
y, aun cuando son muy variadas las interacciones entre los pode-
res Ejecutivo y Legislativo, es clara la decisión política contenida en
nuestra Constitución de hacer del Ejecutivo Federal un poder propio,
autónomo y completo, limitado por normas constitucionales y lega-
les. El presidente tiene incluso el derecho de veto, es decir, a devol-
ver al Congreso, con observaciones, cualquier proyecto de ley apro-
bado por éste. De hecho, el presidente Fox vetó este mismo año la
ley de Desarrollo Rural y las cámaras se vieron obligadas a redactar
una norma totalmente distinta.
9. Durante décadas las relaciones entre el presidente y el Con-
greso no fueron fuente de conflicto mientras el primero contó con
una mayoría en el segundo. Con los años hemos olvidado, sin em-
bargo, que la república liberal confrontó muy graves problemas de
gobernabilidad generados por las reiteradas discrepancias entre la
presidencia y el Congreso, que sólo fueron superadas por la dicta-
dura porfirista. Hemos olvidado que ésa fue precisamente la razón
que inspiró al Constituyente del 17 la idea de dotar al Ejecutivo con
diversas funciones propias y fundar una presidencia fuerte. Por otro
lado, hoy, después de siete décadas de dominio priista, el ejercicio
del poder se presenta bajo la luz de un gobierno dividido.
10. El largo proceso de reformas electorales que hemos descrito
produjo, entre muchos, un efecto de gran trascendencia: la supre-
sión de la cláusula de gobernabilidad. En efecto, mediante diversos
mecanismos, las normas electorales habían asegurado teóricamente
que en ciertas condiciones, el partido que obtuviese mayoría en las
elecciones legislativas, así fuese relativa, contase también con la ma-
yoría en el Congreso. Este dispositivo ha sido suavizado y práctica-
mente eliminado. Acaso por eso, para asegurar un Congreso eficaz,
dotado de capacidad de decisión, algunos autores han propuesto el
restablecimiento de dicha cláusula. Con una idea análoga en mente,
otros han propuesto volver a un sistema electoral mayoritario puro,
mismo que, a pesar de la dispersión regional de las preferencias elec-
torales, podría favorecer la conformación de una mayoría. En efecto,
Sociedad y política
202
si creemos en la doctrina que vincula las reglas electorales con la
estructura del sistema de partidos, el restablecimiento del sistema
mayoritario conduciría, a la postre, a la conformación de un régimen
bipartidista y a la inevitable integración de una fracción mayoritaria.
Me parece improbable que estas ideas prosperen. Es difícil que los
partidos políticos renuncien a la representación proporcional, ins-
trumento que restablece una cierta equidad electoral. Además, la
reforma determinaría la desaparición no sólo de los pequeños parti-
dos políticos sino, también, la de otros partidos de gran significación
cuantitativa y cualitativa. En las pasadas elecciones, por ejemplo,
con una regla mayoritaria el
PRD
hubiera visto reducida a un mínimo
inequitativo y distorsionado su representación legislativa. Así, nue-
vas reglas de representación difícilmente contarían con el razonable
consenso capaz de compensar las inconformidades que desencade-
narían. En resumen, quien hoy decide la correlación de fuerzas y su
expresión en las cámaras, es el voto, no una cláusula inspirada en
la ingeniería electoral. En las condiciones actuales, en consecuen-
cia, la eficacia del Congreso depende, y dependerá cada vez más,
del diálogo entre las fracciones parlamentarias y de la capacidad del
gobierno para concertar acuerdos satisfactorios. El procedimiento
en vigencia y las circunstancias privilegian entonces la tarea de cons-
truir acuerdos. La Cámara ya no depende del registro del voto dis-
ciplinado de la mayoría. Si el Gobierno Federal desea impulsar re-
formas, debe asumir la tarea de reconocer los variados intereses
representados en el Congreso y concertar acuerdos consecuentes. Es
en ese terreno en donde corresponde situar el debate, y preguntar-
se sobre la disposición del Ejecutivo y el Legislativo a reconocerse
recíprocamente y construir acuerdos sobre la base de concesiones
mutuas.
11. El federalismo es otro tema central. Registro una paradoja: to-
dos parecen estar de acuerdo en que la centralización es sofocante
y la descentralización urgente. No obstante, la tendencia centraliza-
dora parece hoy más fuerte que nunca. Su imperio se ha extendido
hasta la seguridad pública y la justicia electoral. En efecto, en 1996
fue reformada la Constitución para asignar al
TEPJF
la capacidad de
resolver “en forma definitiva e inatacable”, entre otras, “las impug-
naciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autori-
dades competentes de las entidades federativas para organizar y ca-
203
lificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante
los mismos.
..”. Por lo demás, la misma reforma estableció, en el
artículo 116, las bases para que, en un plazo perentorio, las consti-
tuciones y leyes de los estados regularan los procesos electorales,
de conformidad con la regulación federal. En consecuencia, los tri-
bunales electorales estatales no resuelven ya en última instancia en
la materia. No discuto la pertinencia de este nuevo sistema. Constato
que, fundada o no, la reforma ha tenido ya un efecto centralizador
fulminante. Concedo que son convincentes los argumentos que la
justificaron. Pero no son distintos de muchos de aquellos que fueron
invocados para objetar las sucesivas reformas electorales que se pro-
dujeron en el ámbito federal. El argumento recuerda el cuestiona-
miento de la preparación del pueblo para la democracia. No está
probado que las autoridades locales sean intrínsecamente malas, ni
que las federales sean buenas; tampoco está probado que arrebatar
una atribución al ámbito local, y trasladarla al federal, asegure su
ejercicio limpio y la ponga al abrigo de la trampa y el abuso. Si se
desean procesos locales limpios y legales es preciso realizar una ta-
rea consecuente en el ámbito local, y no despojar a los estados de
una atribución de la que siempre dispusieron. Registro que hoy el
Tribunal es el órgano electoral más controvertido y cuestionado de
nuestro sistema; registro también que dicho Tribunal se adjudicó
funciones específicas, que son competencia expresa de un Congreso
local; registro, en fin, que la impugnación al Tribunal es un hecho
que debe anotarse en el inventario de las asignaturas hoy pendientes
en la materia.
12. El presidente Fox inició su campaña electoral siendo goberna-
dor de Guanajuato, varios años antes de la elección. El financiamien-
to de sus actividades ha sido objeto de impugnaciones y cuestiona-
mientos. Éstas no fueron ni mejor fundadas ni menos altisonantes
que las que merecieron los precandidatos de otros partidos. Lo cierto
es que no hay normas legales que obliguen a los ciudadanos con as-
piraciones políticas a explicar, justificar y someter a ningún control
el origen y el destino de sus recursos. Es una laguna de nuestra legis-
lación. Algunos observadores afirman que ya están presentes las ac-
tividades preelectorales que se consumarán en las elecciones del
2006. Tienen razón. Hace meses, por ejemplo, el gobernador de Za-
catecas hizo públicas sus aspiraciones: desea ser candidato y desea
Sociedad y política
204
ser presidente. No fue distinta la señal enviada por la reunión nacio-
nal del
PAN
en Puerto Vallarta. Ahí la directiva intentó unificar al blan-
quiazul y tranquilizar los ánimos exaltados por el rumor sobre la
creación de un nuevo partido, supuestamente impulsado desde el
Gobierno Federal. Tampoco el
PRI
está exento de futurismo, como
lo acreditó la involuntaria alineación de fuerzas que produjo la re-
ciente Asamblea Nacional del tricolor. Nadie ignora la repercusión
que tendrá la designación del líder tricolor en las próximas elec-
ciones presidenciales. Sería inútil subrayar que el futurismo está pre-
sente aun cuando el gobierno actual no cumple su primer año. Las
pasiones políticas no pueden ser sofocadas con la descripción de
los tiempos, particularmente en una cultura madrugadora; forman
parte de la médula de la política, de la lucha por el poder. ¿Hasta dón-
de puede llegar el esfuerzo por regular las actividades de los aspi-
rantes a las candidaturas, primero, y a los cargos de elección popu-
lar, después? Pienso que más allá de establecer ciertos principios
generales de legalidad, transparencia y equidad, la ley no puede
entrometerse en la regulación de los procesos internos de los par-
tidos y en la temperación de las pulsiones de sus líderes. El control
concreto de estos procesos tal vez pertenezca a los propios partidos
políticos. Por otra parte, ya hay una legislación que impide for-
malmente a los gobernadores y a los servidores públicos emplear en
apoyo de sus ambiciones los recursos inherentes a sus cargos. Em-
pero, es inevitable que quien tiene un cargo de alta exposición a la
opinión pública, y dispone de una cobertura sistemática en los me-
dios de comunicación, se haga más visible que quien suspira desde
su despacho o empresa. Otro, muy distinto, es el caso de los candi-
datos que ya han sido postulados por algún partido político, a me-
nudo varios meses antes del inicio formal del proceso electoral.
Me parece indiscutible que la legislación debiera regular sus activi-
dades y asegurarse de que cumplan con los principios de equidad
y legalidad propios de este ejercicio republicano. Lo decisivo es que
el sufragio sea libre y los instrumentos publicitarios que éste compra
también.
13. Los mecanismos de ingeniería constitucional para fortalecer
la representatividad y el profesionalismo de las funciones guberna-
tiva y legislativa, tales como, respectivamente, el recurso a la segun-
da vuelta y la reelección de legisladores, merecen un tratamiento
205
detallado. El mismo cuidado amerita el examen del voto de los me-
xicanos en el extranjero.
14. La cuestión del voto de los mexicanos en el extranjero es otra
de las asignaturas pendientes en nuestro sistema democrático. Se tra-
ta, en primer lugar, de una cuestión de principios. El proyecto demo-
crático ha mantenido en nuestro país, a lo largo de los años, el empe-
ño por ampliar el cuerpo electoral. Desde 1824, con la introducción
del voto en la Constitución, se inicia la remoción de los obstáculos
a la participación. El analfabetismo, el género y la edad como crite-
rios, y el domicilio y el estrato social como circunstancia han sido
factores excluyentes gradualmente superados. Se han extendido así
los derechos ciudadanos a un número cada vez mayor de mexica-
nos. Con todo, la ciudadanía ni es ni puede ser universal. Además
de la obvia restricción a la infancia, las prerrogativas ciudadanas se
suspenden a los prófugos, a quienes están sujetos a procesos crimi-
nales o a prisión, a quienes incumplen sus obligaciones ciudadanas,
y a quienes reciben una sentencia que imponga dicha suspensión.
Más ampliamente, los votantes en tránsito están incapacitados para
elegir a diputados de mayoría, si votan fuera de su distrito; para elegir
a éstos y a senadores de mayoría, cuando están fuera de su estado;
y sólo pueden votar por presidente de la República y senadores de
representación proporcional, cuando están fuera de su distrito, su
estado y su circunscripción. Con estas restricciones, la legislación
pactada intentó apuntalar la confiabilidad electoral.
15. Comparto el deseo de hacer lo más incluyente posible la par-
ticipación ciudadana. También comparto el ideal de fortalecer la cer-
tidumbre electoral. No siempre es factible armonizar ambas aspi-
raciones. ¿Es posible generar en el extranjero un registro confiable
de trabajadores estacionales, migrantes ilegales, mexicanos e hijos de
mexicanos con doble nacionalidad, turistas y ciudadanos en tránsito?
¿Es posible hacerlo en Estados Unidos y Canadá, en España y en otras
naciones europeas; en fin, en cualquier país donde se encuentren
ciudadanos mexicanos? ¿Con qué jurisdicción una institución públi-
ca mexicana, como el Registro Federal Electoral, puede levantar un
padrón ciudadano y hacer cumplir las leyes electorales en otro país?
¿Cómo garantizar en el extranjero la equidad de las campañas, per-
seguir los delitos electorales, asegurarse de la imparcialidad de las
autoridades, recibir y resolver recursos e impugnaciones? En otros
Sociedad y política
206
términos, una cuestión de principios se convierte en un problema
de factibilidad. Estos son algunos de los problemas prácticos que de-
berán ser resueltos antes de poder recibir fuera de nuestro territorio
el voto de los mexicanos. La tarea no es fácil ni está exenta de riesgos.
16. Leo con desaliento en Internet una nota del
Washington Post
del 8 de diciembre del año pasado. Se refiere a la elección presiden-
cial de Estados Unidos. Traduzco:
Hoy, dos jueces de Florida rechazaron una solicitud demócrata
de invalidar miles de votos emitidos en el extranjero.
.. Si cual-
quiera de dichos jueces.
.. hubiera aceptado tal solicitud, Gore
habría superado la ventaja de Bush en Florida, el estado que
decidirá la elección.
.. Los demócratas alegaron que Bush apro-
vechó un trato inequitativo recibido de los supervisores electo-
rales por los republicanos. Antes de la elección, éstos enviaron
a sus seguidores formas impresas para votar desde el extranje-
ro.
.. pero los formatos omitieron registrar el número requerido
de identificación del votante. Los supervisores republicanos
corrigieron dichas formas y usaron las oficinas electorales pú-
blicas para hacerlo.
.. Una vez recuperadas y corregidas, dichas
formas fueron devueltas a las oficinas electorales.
Aunque los jueces reconocieron estas irregularidades, las juzga-
ron insuficientes para invalidar en masa los votos foráneos. Ahora
bien, este caso implica apenas unos cuantos miles de votos. Además,
se trata de un incidente consumado en un país con una larga tradi-
ción electoral y una capacidad tecnológica incuestionable. ¿Cómo se
plantearía esta misma controversia si estuviéramos hablando de va-
rios millones de votos mexicanos, para colmo emitidos, contados y
tal vez, cuestionados en otro país?
17. Dejo a un lado los peligros de deportación que correrían al
votar los migrantes ilegales, y los riesgos de censura chovinista que
enfrentarían los ciudadanos de otro estado, al manifestar lealtad y
dedicación a sus viejas raíces. Me atengo a una cuestión práctica. Las
dificultades previsibles obligan a ponderar los beneficios del voto de
los mexicanos en el extranjero, a la luz de las colosales dificultades
que implica y los riesgos que comporta.
207
18. La otra asignatura pendiente que me propongo examinar es
la reelección de legisladores. “Sufragio efectivo, no reelección” fue
el lema que convocó a los mexicanos a emprender la revolución de
1910. Al margen de consideraciones doctrinarias, Madero y los “anti-
reeleccionistas” demandaban el atributo distintivo que un clásico de
la política, Mosca, asignaba a la democracia: la circulación de las éli-
tes. El cuerpo de gobernadores, el gabinete, las cámaras, la judica-
tura, los altos cargos de la administración pública y del ejército, e
incluso los beneficios de las concesiones, estaban vedados en el por-
firiato a los jóvenes, precisamente en un país de jóvenes. “Recuer-
da —escribió Carranza a Miguel Cárdenas, al felicitarlo en 1905 por
su segunda reelección como gobernador de Coahuila— a quienes
venimos detrás de ti. Haznos un lugarcito y no te eternices”. Si la
reelección significaba inmovilidad, la no reelección abría la puerta
a la esperanza, al acceso y a la pertenencia. El caso es que la santidad
del principio antireelecionista ya estaba establecida cuando los con-
vencionistas exigieron a Carranza, a finales de 1914, asumir el cargo
de presidente —para obligarlo a concluir su gestión en un plazo fi-
jo— o abandonar el cargo de “Primer Jefe”. La cuestión de la reelec-
ción fue reabierta en 1928. Se resolvió dramáticamente con la muerte
de Obregón. Es un tema que ha inquietado de manera permanen-
te a los mexicanos. Así ocurrió, casi sin excepción, en la segunda mi-
tad del siglo pasado, al acercarse a su término cada periodo sexenal.
Tampoco ha menguado la presión de los jóvenes en favor de la mo-
vilidad. Las estadísticas electorales indican claramente que Fox fue
llevado a la presidencia por los votantes jóvenes. Y los jóvenes
fueron determinantes antes, ¿quién no recuerda las expresiones pe-
yorativas sobre la “bebecracia” en el sexenio de Salinas, la “genera-
ción del refresco” en el de Echeverría, o los “cachorros de la revo-
lución” con Alemán?
19. Comparto la certidumbre de que el futuro de nuestra demo-
cracia depende del fortalecimiento de los partidos políticos. Tam-
bién coincido con quienes postulan la profesionalización de la polí-
tica en general, y de la función legislativa en particular. Es un tema
que analizó con profundidad y contundencia Max Weber. Sin em-
bargo, me pregunto si la reelección legislativa es necesaria para al-
canzar dichas metas. Tengo a la vista el
Directorio
de las cámaras del
Congreso de la Unión y de la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
Sociedad y política
208
deral. Es un documento revelador: demuestra que una buena por-
ción de nuestros legisladores practica el juego de las sillas musicales.
Son muchas y muchos los parlamentarios que han sido, escalonada-
mente, diputados federales, senadores, asambleístas o diputados lo-
cales y nuevamente senadores. Leo los nombres de los líderes sin-
dicales cuyos cargos legislativos suman varias décadas. Registro la
misma longevidad en los cuadros de los partidos y los apellidos de
las familias fundadoras. Estos experimentados políticos demuestran
un hecho concreto: nuestros cuerpos legislativos están más que ra-
zonablemente profesionalizados. Durante décadas los mexicanos
nos beneficiamos de la posición conciliadora y abierta del senador
Mansfield, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Esta-
dos Unidos. Posteriormente, durante décadas también, sufrimos la
actitud hostil y dogmática del senador Helms, presidente igualmente
añejo del mismo comité. Me pregunto quiénes serían los Mansfield
y los Helms de nuestro Congreso. Me pregunto si nuestra democra-
cia los necesita.
20. El 31 de agosto de 1999, el Congreso de la Unión aprobó su
propia Ley Orgánica. La lectura de su texto despeja cualquier duda
sobre la voluntad de consolidación de los partidos políticos. Los le-
gisladores encomendaron los asuntos de las cámaras a “las frac-
ciones parlamentarias” y sencillamente borraron a los diputados
independientes. Éstos se llaman ahora “diputados sin partido”, no
pueden constituir una fracción parlamentaria, ni tienen derecho a las
subvenciones correspondientes. Tampoco tienen una representa-
ción propia en las comisiones legislativas ni en sus comités direc-
tivos. Es obvio: la ley fue pensada al servicio de un propósito en-
comiable: desalentar la fragmentación y fortalecer la coherencia y la
unidad de los partidos políticos. Su efecto es sensible. Ha desalen-
tado la declaratoria de independencia de los parlamentarios. En
contrapartida, es preciso aceptar que también ha fortalecido a las bu-
rocracias partidistas.
21. La contribución de los partidos políticos a la vida democrática
no será necesariamente mejor con la reelección. La representación
proporcional concede ya una gran capacidad de decisión a las di-
rectivas. Son ellas las que otorgan los primeros lugares en las listas
plurinominales, y señalan así quiénes serán los probables triunfado-
res. No obstante, la elección mayoritaria ofrece en contrapartida un
209
mecanismo de renovación de liderazgos, de ampliación de los inte-
reses representados y de movilidad. En el largo plazo, la buro-
cratización y el enquistamiento de dirigentes difícilmente sirvan a la
causa del fortalecimiento de los partidos. En cambio, la renovación
de líderes favorece la ampliación de las demandas que los partidos
integran y los intereses que representan. Por lo demás, abrir la puerta
a la reelección legislativa puede no sólo ser una decisión discutible.
En el pasado, la idea avanzó paso a paso antes de llegar a la reelec-
ción presidencial indefinida. En esas condiciones, los legisladores
podrían reactivar un fantasma al que ya hemos pagado un tributo
sobrado.
22. En suma, la agenda política de los partidos, las cámaras y el
Gobierno Federal, tendrá sus más importantes contenidos en mate-
ria de: 1) la división de poderes del federalismo; 2) la organización
de las precampañas; 3) la ampliación del voto; 4) la reelección legis-
lativa y la ingeniería constitucional. Me parece claro que los intere-
ses de los legisladores convergen en materia de reelección, de suerte
que, aunque se trate de una propuesta muy frágil, su aprobación es
bastante probable. En contraste, me parece extremadamente difícil
que una reforma regresiva, como la supresión del sistema mixto de
representación proporcional y mayoritaria, alcance un razonables
consenso. En esas condiciones, me parece que, a falta de un acuerdo
sobre el fondo, es concebible uno sobre el procedimiento. Éste tiene
que ser incluyente, a todas luces, de manera que todos los actores
participen; pactado, de suerte que ninguna de las fuerzas políticas
fundamentales se vea obligada a ignorarlo o rechazarlo; público, de
modo que los pesos y las actitudes de cada quien puedan recono-
cerse transparentemente; en fin, vinculatorio y por lo mismo eficaz.
Advierto en este procedimiento una paradoja: asumir como forma
de la acción política la construcción de acuerdos implica finalmente
responder a las más difíciles tareas de la agenda política. En efecto,
adquirir la capacidad de hacer política, es decir, de dialogar, tran-
sigir, acordar, cumplir, equivale a poder dispensarse de reformas del
Estado tendientes a sustituir la imaginación por la ingeniería consti-
tucional.
Recibido el 8 de noviembre del 2001
Aceptado el 27 de noviembre del 2001
Sociedad y política
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