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Cuestiones contemporáneas
45
Geopolítica del narcotráfico. México y Colombia:
la equivocación en el empleo de las fuerzas militares
J
OSÉ
L
UIS
C
ADENA
M
ONTENEGRO
*
Resumen:
En este artículo, el autor realiza un estudio compa-
rativo de las estrategias de combate al narcotráfico
de Colombia y México. Para ello, presenta en pri-
mer lugar un panorama general de las principales
organizaciones del narcotráfico en ambos países,
continúa analizando las estrategias antidrogas de
ambos gobiernos (como el Plan Colombia y el Plan
Mérida) para después proponer la toma de políticas
antidrogas más equilibradas que tengan en cuenta,
además de los asuntos policiales, temas de salud
pública, aspectos sociales y controles al comercio de
los precursores químicos, al tiempo que se esfuercen
por ser más eficientes, honestas, transparentes y
responsables si se desea evitar la amarga experiencia
colombiana.
Palabras clave:
geopolítica, narcotráfico colombiano
y mexicano, organizaciones criminales, Plan Colom-
bia, Plan Mérida.
Abstract
In this article the author realizes a comparative study
of the combat strategies against the drug traffic in
Colombia and Mexico. He presents in the first place,
a general panorama of the main organizations of the
drug traffic in both countries,(as the Plan Colombia
and Plan Mérida) to propose afterwards he adoption
of anti-drug policies more balanced that keep in
mind, besides police affairs, issues of public health,
social aspects and controls in the commerce of che-
mical forerunners, at the same time trying to be more
efficient, honest, transparent and responsible if they
wish to avoid the bitter Colombian experience
Key words:
geopolitics, Colombian and Mexican
narcotrafic, organized crime, Plan Colombia, Plan
Mérida.
/
*
Universidad Santo Tomás, Carrera 9 núm. 51-11 PBX: 587 87 97, Bogotá, Colombia.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
46
L
os nuevos actores de la geopolítica en el siglo
XXI
involucran actividades legales e ilegales; su
impacto, que inicia en la localidad y se extiende
globalmente, obliga a las autoridades a cambiar las
políticas o a tomar medidas con el fin de ajustar los
marcos jurídicos a las nuevas modalidades criminales.
El proceso de la globalización que inició como un que-
hacer de carácter económico, se ha expandido a todas
las actividades humanas, superando las complicadas
reglas del protocolo diplomático y proporcionando el
poder necesario a los dueños del capital para erigirse
en verdaderos supra Estados.
El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los
más nuevos actores, se ha convertido en uno de los
más difíciles de combatir por parte del Estado. Su
poder corruptor ha infiltrado y penetrado los esta-
mentos oficiales y privados con dinero proveniente
del macabro negocio, el cual deja ganancias astro-
nómicas y contribuye a dañar la salud de millones de
ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez
que afecta la cultura e incrementa la aparición de
fenómenos colaterales relacionados con la pérdida
de principios y valores ciudadanos.
En este contexto, México y Colombia tienen una
larga tradición de socios en este criminal negocio y
en los últimos años. La privilegiada situación geográ-
fica de los dos países ha permitido el crecimiento del
mismo, generando tensiones regionales y globales por
el impacto violento de las actividades de los carteles
que operan el tráfico clandest ino y que ut ilizan el te-
rritorio como plataforma para actividades agrícolas,
industriales y de servicios que complementan lo que
podr íamos denominar la industr ia más produc t iva en
los nuevos tiempos. Una investigación convertida en
exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta
a los principales actores, entre los que destacan dos
colombianos descendientes de familias pertenecien-
tes a la clase política corrupta que, por décadas, ha
estado incrustada en el poder.
1
El Océano Pacífico ha sido y es actualmente
el escenario del tráfico de drogas desde Colombia
hacia México sin que las autoridades de los dos paí-
ses hayan llevado a cabo medidas efectivas que lo
impidan definitivamente. A tal grado de perfección
ha llegado ese proceso, que en Colombia, en los
últimos años, se han incautado unos veinte semi
sumergibles listos para el transporte de cocaína hacia
México.
2
Las evidencias muestran claramente que la
tecnología empleada para su construcción en plena
selva del Pacífico es proveniente de Rusia y algunos
de los antiguos países pertenecientes a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde las costas
colombianas del Pacífico, estos aparatos han nave-
gado y navegan hacia el norte rumbo a las playas
mexicanas, evadiendo los controles de radar y otros
equipos utilizados en estos menesteres. Los estados
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y
Guadalajara son generalmente el destino preferido
de la droga.
3
A través de Centroamérica y como ruta
alterna, en algunos casos, los narcotraficantes logran
llevar la droga y desde allí a Estados Unidos. En los
últimos años Honduras ha sido el país de la región
Introducción
1
Eduardo Saenz Rovner,
La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años ´20 y comienzos de la Revolución,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2005. Hacia 1942, las drogas desbordaron los cauces legales
para ser descubiertas en Kansas City por el Buró Federal de Narcóticos (
FBN
, Federal Bureau of Narcotics). De los dos colombianos de clase
alta apellidados Herrán Olózaga, el autor de este libro lleva a sus lectores a temas generales de la prohibición del consumo de alcohol en
Estados Unidos, comercio internacional de drogas prohibidas, papel de la minoría asiática dentro de Cuba, creación de la conexión cubana
para tráfico de drogas y el intento de suprimirla cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial. Los mafiosos expulsados de Cuba encontraron
otros caminos para alimentar la demanda de droga en Norteamérica.
2
En Colombia se volvió costumbre la incautación de pequeñas embarcaciones conocidas como submarinos cuya tecnología causa asombro
por estar estrictamente adaptadas a las necesidades del narcotráfico. Entre cinco y doce toneladas de cocaína son transportadas en estas
naves operadas por intrépidos marinos, después de su fabricación en astilleros improvisados en las selvas del sur del país. Ya son 28 los
incautados hasta el 2010.
3
Vid.
Jesús Duva, “Narcos colombianos transportan droga en submarinos fabricados por ellos mismos”, en
El País,
Madrid, martes 27 de
mismos.
Cuestiones contemporáneas
47
más mencionado por las agencias de inteligencia y
antinarcóticos como destino de cargamentos trans-
portados por vía aérea desde Colombia y Venezuela.
Uno de los argumentos para el golpe de Estado contra
el presidente Manuel Zelaya en 2009, fue precisa-
mente el temor de convertir al país en epicentro de la
mafia encargada de comercializar cocaína y heroína;
cientos de vuelos clandestinos dejaron trazas en
los radares que monitorean el Caribe y el Pacífico
en Centroamérica.
Los carteles de la droga en Colombia
En Colombia, los carteles más conocidos han sido
el de Medellín, dirigido por Pablo Emilio Escobar
Gaviria, y el de Cali, de los hermanos (Gilberto y
Miguel) Rodríguez Orejuela. El primero está muer-
to (1993) y los segundos se encuentran presos en
cárceles norteamericanas, purgando sentencias de
treinta años, después de haber sido extraditados
(en 2006 el primero y en 2005 el segundo) por el
gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez. Estos
dos carteles llegaron a ser los más violentos y po-
derosos por su capacidad corruptora y la cantidad
de crímenes cometidos, pero existe una larga lista
de organizaciones más pequeñas que han precedido
a los primeros y que aún se mantienen activas. Está
comprobado que el mayor cartel de narcotraficantes
en Colombia actualmente es el de las
FARC
(Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia ) que, de so-
cios de los sembradores de hoja de coca en la década
de 1980, pasaron a ser dueños de todo el proceso,
incluyendo la exportación de cocaína a los países
consumidores.
4
Según la revista
Forbes
, Pablo Escobar llegó a
figurar en 1980 en la lista de los diez hombres más
ricos del mundo con una fortuna de 25 mil millones de
dólares; hasta llegó a ofrecer pagar la deuda externa
colombiana con tal que no se le persiguiese más. En
su larga carrera delictiva figura el asesinato de 4,000
personas entre las que sobresalen tres candidatos
presidenciales y un ministro de justicia. La época
del terrorismo con explosivos en lugares públicos fue
inaugurada por este criminal, quien habría traído a
miembros activos de la
ETA
española para instruir a
sus sicarios y enfrentarse al Estado colombiano.
Gonzalo Rodríguez Gacha, otro narcotraficante
colombiano miembro del cartel de Medellín, adoptó
el alias de “el Mexicano” por sus nexos con narcotra-
ficantes de ese país y por su afinidad a la música, al
tequila y a las costumbres gastronómicas. Sus fincas
en Colombia tomaron el nombre de ranchos y se ase-
gura que fueron fiel copia de algunas propiedades
de personajes famosos en México con los que tenía
cercana amistad. Este oscuro personaje murió acribi-
llado por la policía colombiana cuando se escondía en
la costa caribeña y las historias sobre sus fechorías
constituyen uno de los capítulos más negros de la
criminalidad en esta república sudamericana. En una
libreta de notas incautada en una de sus propiedades,
se pudo leer la siguiente afirmación: “Tengo tanto
dinero y poder que pronto seré el presidente de Co-
lombia”. Fue entonces cuando algunos integrantes
de la clase política en el poder, tomaron la deter-
minación de enfrentar el narcotráfico con decisión.
Ahora se sabe que muchos políticos colombianos,
desde años atrás, recibieron apoyo económico de
narcotraficantes, por lo que luego de llegar al poder
facilitaron sus actividades criminales.
El primer narcotraficante colombiano de renom-
bre extraditado por el gobierno colombiano a Estados
4
Jose Luis Cadena Montenegro, “La geografía y el poder. Territorialización del poder en Colombia –el caso de las
FARC
–, de Marquetalia
al Caguán”, Bogotá,
UPTC
-
IGAC
, 2002. El narcotráfico es un fenómeno de vital importancia para la subsistencia del conflicto armado en Co-
lombia porque ha sido en los últimos años una de las principales estrategias de las
FARC
para conseguir los recursos que demanda la guerra.
Esta actividad delictiva formó parte de la geoestrategia guerrillera en la zona del Caguán y es posible afirmar que desde tiempo atrás, se
realizaba a escalas menores. Pero no ha sido solamente en esa región de Colombia donde las
FARC
han tenido el monopolio del narcotráfico
puesto que existen otras zonas de igual o mayor importancia que están siendo disputadas también por los paramilitares bajo el pretexto
de la necesidad de obtener recursos para financiar sus actividades contraguerrilleras. La guerra es la actividad más costosa y en tal virtud
requiere de inmensos recursos para lograr una definición en el campo militar; en Colombia ha sido y sigue siendo el narcotráfico, uno de los
principales baluartes utilizados por parte de los grupos armados fuera de la ley.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
48
Unidos fue Carlos Enrique Lehder Rivas, socio del
cartel de Medellín y reconocido criminal quien, junto
con Pablo Escobar, logró hacer parte de la clase po-
lítica comprando, abiertamente, los votos de gente
ignorante a cambio de dinero en efectivo y en algunos
casos hasta vivienda propia. Ríos de plata corrían
en los barrios pobres de las ciudades colombianas,
especialmente de Medellín, Cali, Pereira y Manizales.
Hasta la Iglesia católica fue presa del narcotráfico
argumentando que “si el dinero era para los pobres,
no importaba de dónde viniera”.
5
Este triste panorama resumido en unos pocos
párrafos, tuvo lugar en Colombia en las décadas de
1980 a 2000. Diez años antes, el país era el primer
productor mundial de mariguana, la cual era expor-
tada por aire y mar. A pesar de que el Estado en su
conjunto ha tomado el asunto como una verdadera
epidemia, contra la que hay que luchar aplicando todo
el peso de la ley y toda la fuerza del aparato represivo
estatal, la situación no ha cambiado, pues mientras
los consumidores no dejen de demandar la droga,
el negocio estará vigente y alguien deberá asumir
las funciones de productor. Con razón se afirma que
Colombia emprendió y mantiene una guerra que no
es suya pues, mientras Estados Unidos y Europa
consientan al mayor número de consumidores, poco
podrá hacerse por la solución del problema.
El mayor temor de los narcotraficantes colombia-
nos siempre fue la extradición a Norteamérica y, en
tal virtud, tomó fuerza la frase famosa: “Preferimos
una tumba en Colombia que una cárcel en Estados
Unidos”. De esta forma, se desarrolló una verdadera
guerra entre bandas de criminales pagadas por el
narcotráfico y las autoridades colombianas. Miles de
muertos quedaron en el camino y el terrorismo
6
fue
la principal herramienta de los forajidos para tratar
de arrodillar al Estado. Militares, policías, jueces,
fiscales y agentes estatales han sido asesinados me-
diante la combinación de todas las formas de lucha y
cientos de civiles desprevenidos cayeron víctimas de
los atentados indiscriminados en las calles y centros
comerciales de las principales ciudades.
Los carteles de la droga en México
A finales de 2005, el gobierno mexicano identificó
siete grandes carteles de la droga que operaban en el
territorio nacional y que estaban asociados, de una u
otra forma, a células de colaboradores que operaban
con cierta independencia económica en distintos
niveles y que eran protegidas en todo momento por
grupos criminales. Estos carteles estaban en contacto
con los narcotraficantes colombianos desde años atrás
y se habían convertido en socios del negocio con
permanente intercambio de dinero, armas y técnicas
delictivas que incluían pasantías de personal en uno
y otro país. La aviación mafiosa había desarrollado
procedimientos ingeniosos para evadir la acción de las
autoridades y los pilotos narcotraficantes abundaron
en los dos países como por arte de magia; las pistas
clandestinas se construían en México y Colombia a
marchas forzadas en algunos casos con la colabora-
ción de algunas autoridades locales.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría Ge-
neral de la República (
PGR
) en aquel año, las bandas de
narcotraficantes más poderosas estaban constituidas
por los carteles de Tijuana de los hermanos (Ramón,
Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco Rafael, Luis
Fernando y Francisco Javier) Arellano Félix; de Colima
de los hermanos (Luis Ignacio, Adán y Jesús, “los
Reyes del Éxtasis”) Amezcua Contreras; de Juárez de
los hermanos (Amado y Vicente) Carrillo Fuentes; de
Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) y Héctor
Luis Palma Salazar (el Güero Palma); del Golfo de Osiel
Cárdenas Guillén; de Pedro Díaz Parada (el Cacique
5
Supuestas declaraciones de Rafael García Herreros (sacerdote católico reconocido por dirigir la fundación El Minuto de Dios, construir
viviendas para los pobres y ser el mediador ante el gobierno colombiano cuando Pablo Escobar se entregó a las autoridades) a la prensa, al
hacer alusión a cuotas que Escobar asignaba para su obra social.
6
Entendido como “La ejecución deliberada de acciones encaminadas a generar pánico y miedo en la población, como instrumento de acción
política o como medio de guerra” (Gonzalo Bermúdez Rossi,
Sociología de la guerra. Dos mundos en conflicto,
Bogotá, Ediciones Expresión,
2007, p.40). A esto justamente acuden los carteles de la droga cuando se ven acosadas por las fuerzas estatales.
Cuestiones contemporáneas
49
Oaxaqueño) y el cartel del Milenio de los Valencia
(Óscar Orlando (el Lobo) y Juan Nava Valencia con
Luis Valencia Valencia).
Para las autoridades mexicanas, el cartel de Ti-
juana, liderado por Francisco Javier Arellano Félix,
“el Tigrillo”, era uno de los grupos más violentos y
tenía su zona de influencia y operación en Tijuana,
Mexicali, Tecate, Ensenada y El Valle. En colabora-
ción con Francisco Cázares Beltrán y miembros de
la familia Zatarín, mantenían grupos operativos
en los municipios de Mazatlán, Culiacán y la Noria,
en Sinaloa. La
PGR
investigaba posibles pactos con
Osiel Cárdenas para el tráfico de drogas en el país.
Con respecto al cartel de Colima, la
PGR
conocía
que este grupo mantenía su área de influencia en
siete estados, a saber: Baja California, Nuevo León,
Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Distrito
Federal. Sus principales centros de operación estaban
en Colima, Tijuana, Guadalajara y Apatzingán. Esta
célula había adoptado procedimientos propios con
el fin de obtener componentes para elaborar drogas
como efedrina, seudoefedrina y fenilpropanolamina,
con la adquisición de antigripales, cuya venta no era
controlada por el Estado.
7
Sobre la herencia de Amado Carrillo del famoso
cartel de Juárez, la
PGR
lo catalogó como uno de los
más poderosos del país; estaba dedicado al tráfico
de cocaína y mariguana, pero permitía el paso de
heroína por su territorio a cambio de cuotas de es-
tupefaciente. Esta organización mantenía su área
de influencia en 21 estados: Chihuahua, Sonora,
Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León,
Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos,
Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sus
principales centros de operación se ubicaban en
Ciudad Juárez, Ojinaga y Chihuahua, Culiacán, Mon-
terrey, Distrito Federal, Cuernavaca, Guadalajara y
Cancún. Ya en 2005, los Carrillo incursionaron en
la compra de hoteles, empresas constructoras y
líneas aéreas, también habían establecido alianzas
con organizaciones independientes, como la de los
hermanos Beltrán Leyva, Ignacio Coronel y carteles
colombianos.
Respec to al car tel de Sinaloa del Chapo y del Güe-
ro, la
PGR
confirmó que Joaquín Guzmán era uno de los
más importantes líderes del narcotráfico en México
quien mantenía su influencia en 17 estados de la
República: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango,
Zacatecas, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Jalis-
co, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos,
Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.
Sus principales centros de operación se ubicaban en
Tepic, Nayarit, Distrito Federal, Cuautitlán y Toluca,
Estado de México. A este capo se le atribuyó su par-
ticipación en la balacera de la discoteca Christine, el
homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo,
la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes y la primera
fuga del penal de máxima seguridad en Puente Gran-
de, Jalisco, entre otras acciones osadas.
La principal característica del Cartel del Golfo
consistía en delinquir apoyado por un brazo de corte
paramilitar integrado por personal retirado de fuer-
zas militares, los Zetas, quienes actuaban en unida-
des tipo comando para realizar ajustes de cuentas
pero también para controlar las zonas de influencia.
La
PGR
confirmó que ese grupo tenía sus principales
centros de operación en Nuevo Laredo, Matamoros,
Reynosa, Miguel Alemán en Tamaulipas y Morelia en
Michoacán. El capo Osiel Cárdenas fue detenido en
marzo de 2003 y se sospechaba que, desde su celda
en el penal de La Palma, mantenía contacto con la
banda de Ezequiel Cárdenas Guillén.
En relación con el grupo del Cacique Oaxaqueño, la
PGR
señaló que este cartel fue conformado en los años
70 y contaba con una organización que le permitía ser
el mayor productor y traficante de mariguana en la
zona del Istmo de Oaxaca, sin dejar de lado el tráfico de
7
Frente a este tenebroso panorama, el presidente Felipe Calderón ha impulsado desde el inicio de su gobierno la modernización de los
cuerpos policíacos del país, llevando a cabo lo que llamó Programas y Estrategias Nacionales de Seguridad, como el proyecto Plataforma
México que, entre otras cosas, contempla la puesta en marcha de un Sistema Único Criminal en todo el país. Otro de los programas de segu-
ridad es Limpiemos México, que contempla tres fases: Zona en Recuperación, Escuela Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones
y Salud Mental.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
50
cocaína, el cual le producía grandes ganancias. Su área
de influencia se ubicaba en siete estados mexicanos:
Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Distrito Federal,
Veracruz, Oaxaca y Chiapas; sus principales centros
de operación se ubicaban en Santa María Zoquitlán,
Oaxaca y Arriaga, Chiapas. En cuanto al cartel del
Milenio, la
PGR
apuntó que en 2005 era considerado
como una banda menor y que su área de influencia se
limitaba a Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima,
Michoacán y Distrito Federal. Su principal centro de
operación era Guadalajara. Por supuesto que todas
estas informaciones eran conocidas plenamente por
las autoridades mexicanas en ese entonces.
En el marco del Plan Azteca,
8
el Ejército mexica-
no evitó a finales de 2005 la distribución en el país
de mil 428 millones 124 mil dosis de mariguana, 17
millones 728 mil dosis de cocaína, 193 millones 922
mil dosis de heroína y 6 millones 996 mil dosis de
pastillas tóxicas. Esta situación hubiera generado,
de haber salido la droga al mercado de consumo, la
intoxicación de más de 1,647 millones 771 mil per-
sonas, muchas de ellas con daños irreversibles para
la salud y para la vida, según estableció la Secretaría
de la Defensa Nacional.
Así pues, la institución armada destruyó un pro-
medio de 98 plantíos de mariguana por día, es decir
186 mil 873 al año, cerca de un millón 298 mil 509
durante el gobierno de Vicente Fox; en total cerca
de 127 mil 756 hectáreas del enervante al cierre de
2005. En lo que se refiere a plantíos de amapola, el
Ejército destruyó 150 hectáreas por día, un promedio
de cuatro mil 154 al mes, 116 mil 800 en el año 2005 y
766 mil 283 al finalizar el quinto año de gobierno Fox;
ello se traducía en 77 mil 311 hectáreas de esta droga.
Durante la vigencia del Plan Azteca, contemplado en
el Programa de Procuración de Justicia 2001-2006,
las Fuerzas Armadas mexicanas desmantelaron tres
mil 957 pistas de aterrizaje que eran utilizadas para
el tráfico de estupefacientes por los distintos carteles
de la droga, además de dos mil 137 campamentos y
diez mil 775 secaderos. En 2010, la situación no ha
cambiado y, por el contrario, el problema del narco-
tráfico consume todas las energías del gobierno que
ha sufrido los embates de los grupos criminales que
lo desafían y que territorializan su poder criminal,
9
como si se tratara de una reproducción perfecta de
lo que fueron los carteles de la droga en Colombia en
tiempos de Escobar Gaviria. Se ha llegado a afirmar
que algunos carteles mexicanos han sido asesorados
por guerrilleros y paramilitares colombianos con ex-
periencia en este tipo de actividades criminales.
Los planes antidrogas en Colombia y México
Finalizando la década de 1970, la demanda de ma-
riguana, especialmente en Estados Unidos, originó
en Colombia la fiebre por el dinero fácil con lo cual
crecieron los cultivos en algunas zonas del territorio,
especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta
reserva natural de condiciones climáticas favorables
para esa actividad ilícita y cercana a las playas del
Caribe. Este fenómeno ilegal representó para el país
la apar ición de nuevas modalidades de cr imen organi-
zado y el cambio de la cultura en diferentes regiones
del territorio nacional, en las que el dinero pasó a
reemplazar las sanas costumbres y los valores de la
8
Este plan era “el instrumento operativo, rector y coordinador de las acciones que realizaban las diferentes dependencias del Ejecutivo
para combatir el narcotráfico bajo un esquema integral, orientado a proteger la salud de los mexicanos, evitar la desintegración familiar y la
delincuencia juvenil, reducir los índices de violencia, inseguridad pública y corrupción; asimismo, coadyuvar con la comunidad internacional
a erradicar este cáncer social”. (
La Crónica de Hoy,
9
La territorialización del poder tiene relación con la presencia de grupos armados en sitios específicos de la geografía nacional y con
el ejercicio del poder, por coacción o por convicción de sus habitantes. Las seis variables estudiadas y denominadas “zonas periféricas, de
colonización, de precaria presencia estatal, de cultivos ilícitos, de explotación petrolera, y suburbanas”, se constituyeron en los objetivos
geoestratégicos de las
FARC
para plantearle al Estado y a la población civil, la guerra irregular que aún subsiste y que actualmente ha tomado
como alternativa coyuntural la más cruel de las variantes: el terrorismo. Lo más importante de esas seis variables, es el aspecto geográfico,
apropiado para practicar la guerra de guerrillas y mantenerse en actividad a pesar de las acciones del Estado; el segundo aspecto es el
económico, a partir de las mismas seis variables, porque permitió a los rebeldes desde la subsistencia elemental hasta el financiamiento de
una guerra cruel que exige elevados gastos para mantener el aparato bélico.
Vid
. J. L. Cadena Montenegro,
op. cit
., p. 202.
Cuestiones contemporáneas
51
nación. Se acuñó el término “traquetos” para señalar
a quienes traficaban con mariguana o formaban parte
del aparato criminal que cometía delitos colaterales
y que sólo creía en el poder del dinero.
Se pensó entonces que comprometer al Ejército
nacional de Colombia en el control de ese fenómeno
podría extirparlo o por lo menos minimizarlo, pero
bien pronto el país entero observó atónito cómo el
poder corruptor del dinero había infiltrado y penetra-
do la institución, que hasta entonces se consideraba
incólume en su ética profesional y en la moral de sus
hombres. Un general de nombre José María Villarreal
Abarca, comandante entonces de la Segunda Brigada
del Ejército con sede en Barranquilla y responsable
de la seguridad de la gran llanura del Caribe, resultó
involucrado de manera directa con una banda de
narcotraficantes que lo habían comprado para tener
facilidad de movimiento terrestre y acceso a los puer-
tos de embarque cerca de las ciudades portuarias de
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Hasta enton-
ces, en Colombia el Ejército había sido la institución
con mayor grado de confiabilidad y respetabilidad. El
general fue destituido y castigado disciplinariamente
pero se generó la idea en los mandos medios y en la
tropa que “si un general puede convertirse en nar-
cotraficante, ¿por qué a ellos les sería imposible?”.
Grave golpe para una organización militar que era
considerada el sostén de la democracia y cuna de los
valores ciudadanos.
El Ejército colombiano, acostumbrado a la prác-
tica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, asimi-
lada por la mayoría de gobiernos de América del Sur
durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982),
afrontó las dificultades del Estado para cumplir con
sus obligaciones y asumió, ingenuamente, funciones
no militares como vigilancia de la zona esmeraldera,
control del contrabando de café, control del narco-
tráfico, y otras que afectaron su profesionalización y
cuyo resultado fue que muchos militares cayeran en
el juego de intereses de los poderes locales.
10
La actividad militar para control del tráfico de
mariguana se denominó Plan Fulminante y se realizó
durante el gobierno del mencionado mandatario con
nefastos resultados para las fuerzas militares y de la
policía, las cuales afrontaron graves problemas por la
corrupción de algunos de sus hombres que terminaron
sucumbiendo ante el poder del dinero. Otros pasaron
incluso a formar parte de las bandas criminales que,
de manera violenta, aparecieron en el concierto
nacional como una nueva clase de ricos dispuestos a
entronizarse en todas las actividades de la sociedad.
El fracaso del control militar del fenómeno de narco-
tráfico, para el cual no estaba entrenado el ejército,
permitió dos hechos graves: 1) La proliferación de
cultivos en otras áreas del territorio nacional y 2) la
contaminación de su personal en actividades ilícitas
por la asimetría entre los bajos salarios, así como las
ofertas de las narcotraficantes para comprometerlos
o invitarlos a formar parte de su organización. Algu-
nos policías y militares en retiro formaron parte de
los grandes carteles de las drogas; otros terminaron
asesinados por sus jefes y compañeros de fechorías.
Las experiencias en el tráfico de mariguana indujeron
a delincuentes como Escobar y sus futuros socios a
conformar los carteles que luego comerciarían con
los derivados de la hoja de coca y amapola.
Tan funesto para Colombia ha sido el narcotrá-
fico que, durante el gobierno de Ernesto Samper
Pizano (1994-1998), las autoridades migratorias
norteamericanas prohibieron, por primera vez en
la historia del país, el ingreso a Estados Unidos de
seis generales del ejército, quienes habrían tenido
nexos con grupos de narcotraficantes. El mismo
presidente de la República fue notificado de la can-
celación de su visa e investigado por recibir dineros
del narcotráfico procedentes del cartel de Cali de los
hermanos Rodríguez Orejuela para la campaña en la
que resultó elegido. El tesorero de esa campaña fue
Fernando Botero, quien actualmente se encuentra
exiliado en México.
11
10
Elsa Blair Trujillo,
Las Fuerzas Armadas: una mirada civil,
Bogotá,
CINEP
, 1993, p. 12.
11
Comisión Ciudadana de Seguimiento,
Poder, justicia e indignidad. El juicio al presidente de la República Ernesto Samper Pizano,
Bogotá,
Editorial Utópica, 1996, p. 32.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
52
Esta estrategia fue publicitada por Washington y
Bogotá a finales de la década de 1990 como “un
Plan Integral para el Fortalecimiento del Estado,
la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz de
Colombia”, pero su verdadera metamorfosis lo llevó
a mostrarse como la solución militar del complejo
conflicto socio-político-militar de este país. Y es que
este plan da prioridad y asigna mayores recursos a su
componente militar, cuyas aristas llegaron al puerto
ecuatoriano de Manta, base norteamericana hasta
el 2009 a través de tres componentes: 1) La trans-
ferencia de tecnología de punta; 2) la inteligencia
electrónica y el rastreo satelital, que posibilitarían
el éxito del nuevo instrumento con miras a garantizar
la hegemonía de Estados Unidos en Sudamérica y 3)
la reconversión política y militar latinoamericana
hacia la “lucha antidrogas” y a las concepciones
estratégicas del antiterrorismo para neutralizar las
llamadas “nuevas amenazas internas”.
12
En el marco de las diversas operaciones antinar-
cóticos puestas en marcha bajo el Plan Colombia, se
inscribió el programa de fumigaciones generaliza-
das de cultivos ilícitos en Colombia con el químico
Roundup Ultra. Este programa representó la columna
vertebral de la alianza bilateral contra las drogas. El
notorio incremento de las fumigaciones que condujo
a una reducción de las áreas sembradas en Colombia,
constituye un éxito local aparente que enmascara el
profundo fracaso de esta estrategia analizada en su
conjunto. El hecho de que cada año se intensifique
la erradicación (en 2003, por ejemplo, se fumigó
mucho más que en 2002) no debe ser interpretado
como el éxito de una política, sino, al contrario, como
la confirmación de su fracaso, pues es señal de que
cada vez hay más hectáreas sembradas con hojas de
coca y amapola
.13
Inaugurado por el gobierno del ex presidente Bill
Clinton en el 2000, el Plan Colombia se convirtió en
el eje de la política antidrogas del gobierno de su
sucesor, George Bush, en la región andina. Hasta el
2004, Estados Unidos había dest inado 2,800 millones
de dólares para su operación, pero las expectativas
eran que la región recibiría unos 700 millones de dó-
lares al año, buena parte de los cuales se invertirían
en asistencia militar para las fuerzas militares colom-
bianas. Según cifras suministradas por el gobierno
estadounidense –con base en datos de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia,
CIA
, sobre las hectáreas de coca
cultivadas y de las fumigadas–, a finales de 2002 había
en Colombia 144,450 hectáreas cultivadas. Durante
2003 se fumigaron 139,000 de ellas; no obstante, a
finales de 2003, quedaban 113,850 sin ser tocadas. Es
decir, a pesar de la gran inversión y el enorme costo
de las operaciones de fumigación durante 2003, esto
sólo representó en la práctica la erradicación de unas
30 mil hectáreas nada más.
14
En el mes de junio de 2003, se puso en marcha una
nueva fase del Plan Colombia, bautizada como el Plan
Patriota, cuyo objetivo era la intensificación de la
lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, hacien-
El Plan Colombia
12
Robinson Salazar Pérez, “Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y Plan Puebla Panamá”, en
Revista Reflexión Política,
año 4,
núm. 8, 2002, p. 112.
13
La acción generalizada de fumigaciones mediante aspersión aérea resultó también en la destrucción de cultivos lícitos y, no en pocos
casos, de cultivos de pancoger que forman parte de proyectos de desarrollo alternativo. Mientras las fumigaciones avanzan a paso acelerado,
los programas de sustitución de cultivos pueden tomar años antes de que comiencen a dar sus primeros frutos. De ahí que la erradicación
de los cultivos ilícitos, para que sea efectiva, debe hacerse de manera voluntaria y gradual, al paso que los cultivos alternativos vayan
generando una nueva estructura económica que sustituya la economía del narcotráfico.
14
El Consejo de Relaciones Exteriores (
CRE
) –un importante centro de estudios en Washington– publicó un extenso informe sobre la polí-
tica de Estados Unidos para América Latina, titulado “Andes 2020”. En él, se anuncia el fracaso del Plan Colombia que oficialmente debería
llegar a su término a finales de 2005. Est informe afirma, además, que la política estadounidense, en ese marco, otorga excesiva importancia
a los aspectos militares descuidando los socioeconómicos.
Vid.,
Julia E. Sweig (dir.),
Andes 2020. A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Region
,
Nueva York, Council on Foreigns
Relations Press, 2004. El documento está disponible en línea en se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/14822/ipublicationdocu-
ment_singledocument/8EDA9145-66BB-4D5A-AECA-FE1042A34E30/en/2004-01_Andes2020.pdf N.E.
Cuestiones contemporáneas
53
do énfasis en las actividades contrainsurgentes.
15.
Esta nueva fase, puso en operación 18,000 hombres
de fuerzas especiales tipo comando, entrenados y
equipados para hacer penetraciones profundas en
territorio insurgente durante largos períodos. En los
últimos meses de 2003 se produjeron varias visitas
a Colombia de los más altos representantes de la ad-
ministración Bush: el secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld; el secretario de Estado, Collin Powell;
Richard Myers, de la Casa Blanca y John Walters, el
Zar Antidrogas. Al año siguiente, este gobierno le
solicitó al Congreso aumentar el número de efectivos
militares y contratistas permitidos en Colombia como
asesores e instructores.
El Plan Colombia debió concluir oficialmente a
finales de 2005, lo que hubiera significado que, a
partir de ese momento, toda la responsabilidad del
programa de aspersiones con glifosfato recayera
sobre las autoridades colombianas. Ésa fue una
perspectiva que inquietó al gobierno colombiano
debido a los costos de estos programas que el país
no estaba en condiciones de asumir, razón por la
cual, Colombia gestionó una prolongación de los
programas hasta el 2009. Sin embargo, a comien-
zos del 2010, el Plan Colombia continúa vigente y
aunque se escuchan rumores sobre la reducción del
apoyo económico al mismo por parte del presidente
Obama, las operaciones se mantienen y existe en el
ambiente nacional la sensación, apoyada en cifras,
de que el Plan ha fracasado pues el negocio de las
drogas es tan rentable que difícilmente tendrá final
en un país con la mejor posición geográfica para su
producción, proceso y distribución.
16
Es conveniente advertir que la mayor parte de
recursos económicos suministrados por el gobierno
de Estados Unidos, se han ejecutado por parte de
contratistas de ese país que se desempeñan como
asesores. Colombia por su parte debe invertir por lo
menos tres veces más del presupuesto norteame-
ricano, en virtud de lo cual, el rubro de defensa
anualmente es muy superior a los de educación,
salud, recreación e inversión social.
17
La historia reciente en Colombia enseña que el
mayor gasto en pertrechos militares no soluciona el
problema de la violencia. Desde 1950 hasta 1956 los
índices de violencia han ido de la mano con los índices
del gasto militar que al finalizar el siglo
XX
alcanzaba
4.5% del
PIB
. Colombia es el país de Latinoamérica
con el mayor monto de recursos en gasto militar;
mientras el mundo gasta 2.9% del
PIB
, el promedio
en Latinoamérica es de 2.3% y en Colombia 4.5%.
18
15
Oficialmente llamada Campaña Militar J.M.,
el Plan Patriota fue una respuesta militar al problema de las drogas que, en la actual coyun-
tura internacional, ha quedado asociado al terrorismo, reduciéndolo en consecuencia a un asunto de seguridad. A nombre de la “derrota al
terrorismo y su fuente de financiamiento”, el Plan contribuyó significativamente al agravamiento de la crisis humanitaria y de la situación
de confinamiento y pobreza de las poblaciones del sur de Colombia.
16
Desde antes de su activación, el Plan Colombia suscitó, a nivel regional y global, la más aguda controversia de distintos sectores, desde
académicos y analistas hasta gobiernos de países vecinos y de la propia Unión Europea. Una controversia que ha seguido expresándose a
lo largo de estos años de operación del Plan y que confirman lo advertido desde el comienzo por las críticas: que un plan que desconoce la
realidad socioeconómica colombiana y enfatiza en sus aspectos represivos para lograr sus objetivos, no obstante las multimillonarias cifras
que ha invertido, es un plan destinado al fracaso.
17
El anunciado fracaso del Plan Colombia no obedece solamente a factores regionales como el desplazamiento de cultivos a otras áreas,
o a las complejidades del multimillonario mercado de las drogas, sino también al enfoque miope e incoherente de la política antinarcótica
aplicada. La fórmula combinada de “fumigación-desarrollo alternativo” contenida en el Plan, simplemente no funciona, porque la fumigación
y el desarrollo alternativo no son, como lo pretende Estados Unidos, las dos caras de una misma moneda, sino dos propuestas incompatibles
y mutuamente excluyentes.
18
Miguel E. Cárdenas,
La guerra y la paz en la segunda mitad del siglo XX en Colombia,
Bogotá, Academia Colombiana de Ciencias Económi-
cas/ECOE Ediciones, 1999, p. 48.
El Plan Mérida
También llamado iniciativa
Mérida o Plan México, es
un tratado internacional de seguridad establecido
por Estados Unidos en acuerdo con México y los países
de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para
combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
54
acuerdo fue aceptado por el Congreso de Estados
Unidos y activado por el presidente George W. Bush
el 30 de junio del 2008.
19
El Plan Mér ida demoró var ios meses para ser orga-
nizado y llevado a la práctica. Entre las instituciones
norteamericanas involucradas se encuentran el De-
partamento de Estado y el Departamento de Justicia,
el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la
Agencia Central de Inteligencia (
CIA
), el Buró Federal
de Investigaciones (
FBI
), la Administración de Cum-
plimiento de Leyes sobre las Drogas (
DEA
) y, por parte
de México, el Congreso de la Unión, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la Armada, la Secretaría
de Seguridad Pública (
SSP
), la Procuraduría General
de la República (
PGR
) y el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen).
20
En 2005 se incrementó la violencia al tratar de
establecerse un cartel en Michoacán y cerca de 500
personas fueron asesinadas como resultado de reyer-
tas libradas entre carteles rivales por el control del
territorio. El 12 de diciembre del 2006, por órdenes
del presidente Felipe Calderón, fueron despachados a
Michoacán 6,500 militares para retomar el territorio
controlado por distintos carteles. Dos días después,
el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy,
anunció un operativo similar en su estado con la
cooperación del gobierno federal. Este operativo co-
menzó en diciembre del 2006 en la ciudad fronteriza
de Tijuana. Al comienzo de 2007, estos operativos se
extendieron a los estados que conforman el Tr iángulo
Dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa. En febrero del
2007, el gobierno federal extendió dichos operativos
a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. En res-
puesta a esta ofensiva oficial, el crimen organizado
trató de asesinar al diputado federal de Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Se estima que para esa fecha se habían
desplazado aproximadamente unos 25,000 soldados
a las zonas afectadas.
Durante los primeros 18 meses de la presidencia
de Calderón, el gobierno mexicano había invertido
aproximadamente siete mil millones de dólares en la
guerra contra el narcotráfico. Con base en reportes de
la prensa mexicana y estadounidense, se estima que
durante 2006 hubo unos 2000 asesinatos relaciona-
dos con el narcotráfico, otros 2,300 asesinatos duran-
te 2007 y cerca de 2,500 durante los primeros cinco
meses del 2008. La mayoría de los muertos fueron
narcotraficantes eliminados por car teles r ivales o por
fuerzas de seguridad; algunos ciudadanos inocentes
también han caído víctimas de los narcotraficantes.
Entre 2006 y 2008 han perecido aproximadamente
550 policías, soldados y oficiales mexicanos en
enfrentamientos, emboscadas y asesinatos.
21
Como
sucedió en Colombia hace unas décadas, los carteles
del narcotráfico se pelean el territorio para expandir
sus actividades delictivas.
La mayor parte de las armas utilizadas en este
conflicto, provienen de Estados Unidos desde tiem-
pos inmemoriales. “Uno de los principales traficantes
internacionales de armas (nazi, ex miembro de la
SS) ha establecido oficinas en México y, desde aquí,
según sus propias palabras, realiza operaciones en
Centroamérica para combatir el comunismo. Gerhard
Georg Mertins, de 63 años, gusta narrar sus hazañas
durante la guerra como miembro de las tropas se-
lectas de Hitler; actualmente se describe a sí mismo
como comerciante en logísticas.”
22
El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete
de asistencia con un costo de 1,600 millones de dóla-
res a aplicarse en el plazo de tres años. El paquete no
19
La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto armado que se desarrolla entre los principales carteles de tráfico de cocaína y
las Fuerzas Armadas. México es la ruta principal por la que transita la cocaína y otras drogas destinadas al consumo de los norteamericanos
principalmente; el gobierno estadounidense calcula que los narcotraficantes mexicanos captan unos 23 mil millones de dólares al año.
20
Desde los primeros años de la posguerra fría se ha tratado el narcotráfico como un asunto de seguridad. Esta situación ha evolucionado
hasta alcanzar su actual articulación con la lucha antiterrorista. El tratamiento equivocado del terrorismo le ha dado un nuevo impulso a
la militarización de la guerra contra las drogas.
21
Tras varios meses de lucha en la denominada guerra contra el narcotráfico, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (
CNDH
), por violaciones cometidas por parte del Ejército, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le
pidió al presidente Calderón evitar el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el mandatario respondió
que éstas seguirían comprometidas en esa lucha hasta alcanzar la victoria.
22
Manuel Buendía Tellezgirón,
La ultraderecha en México,
México, Océano, 1984, p. 136.
Cuestiones contemporáneas
55
incluye armas de fuego ni dinero. Durante el primer
año, la Iniciativa Mérida proporcionó a México 400
millones de dólares en equipo y entrenamiento. El
plan incluye un monto adicional de 65 millones de
dólares para las naciones de Centroamérica; el Con-
greso estadounidense también incluyó a Haití y a la
República Dominicana en la porción del paquete para
Centroamérica. Hasta noviembre 2009, se habían
otorgado solamente 214 millones de dólares de los
1,600 millones ofrecidos.
Además del empleo de la Fuerzas Militares en
operaciones contra el narcotráfico, el gobierno de
Calderón ha propuesto una serie de reformas en
materia penal como un nuevo código penal único
para toda la República, la autorización a la
PGR
para realizar espionaje telefónico y la posibilidad
de redadas sin orden judicial; estas propuestas han
sido ampliamente criticadas por algunas personas
e instancias, entre ellas Alfonso Navarrete Prida,
ex Procurador del Estado de México, mientras que
los que las apoyan argumentan que tales medidas
evitarán el escape de los delincuentes. Al inicio de
su gobierno, Calderón materializó una propuesta
mediante la cual se incrementó sustancialmente el
salario de los militares mexicanos.
23
En 2010 las protestas de diferentes organismos
por violaciones de los derechos humanos por parte
de las fuerzas militares en México, muestran a esta
institución como una de las más desprestigiadas al
servicio de un régimen que muchos califican de ultra-
derechista y amigo incondicional de la Casa Blanca.
Aunque los muertos y capturas de integrantes de los
carteles de las drogas se han incrementado, también
es cierto que ellas han sufrido duros golpes, incluyen-
do la muerte de oficiales de alto rango y autoridades
del poder ejecutivo. Como en la mayor parte de Lati-
noamérica, las fuerzas militares mexicanas están en
el epicentro del poder de las clases dominantes. Pero
además son una categoría social cuyos integrantes no
tienen una pertenencia de clase única.
24
La matanza
de Tlatelolco en 1968 y el enfrentamiento en Chiapas
con integrantes indígenas del movimiento
EZLN
que
portaban fusiles de madera que no disparaban, son
dos hechos negros que el pueblo mexicano no olvida y
que se constituyen en grandes motivos para repudiar
a su propio ejército. Las nuevas tareas asignadas
por el Estado sin el consenso ciudadano ampliarán
la brecha con resultados funestos.
Conclusiones
Las fuerzas militares son cuerpos instituidos para
garantizar los derechos de los ciudadanos, así co-
mo el normal desarrollo de todas las actividades
económicas, políticas, jurídicas y sicológicas de los
pobladores de un Estado y no para ejercer funciones
de policía, menos aún para actuar en actividades
de investigación de delitos comunes. En un Estado
serio deberían existir cuerpos especializados con el
entrenamiento adecuado, cuando las fuerzas mili-
tares son empleadas en actividades diferentes para
las que fueron establecidas, se corre el riesgo de
criminalizarlas. Eso ya sucedió en Colombia y en 2010
ocurre en México. En asuntos de seguridad y defensa
es importante saber que la formulación de una política
pública implica enlistar en orden de importancia todos
los elementos positivos o negativos y la clasificación
de los mismos con el fin de obtener la máxima eficien-
cia.
25
Cabe advertir que la eficiencia de un ejército
se mide por la exactitud en el planeamiento de las
operaciones militares, por el cumplimiento oportuno
de sus misiones, por el mínimo r iesgo calculado para la
integridad de los combatientes, por el apoyo inmediato
a la población civil, por la economía de medios, por
el correcto aprovechamiento de la tecnología, por el
23
En los primeros días de su administración, Felipe Calderón cumplió la promesa de mano dura e inició una serie de acciones en contra
del llamado crimen organizado y el narcotráfico, movilizando a un número considerable de elementos militares, a quienes pidió lealtad y
decisión para afrontar la lucha contra los focos de acción de dichos grupos dentro del país.
24
Mario Esteban Carranza,
Fuerzas armadas y Estados de excepción en América Latina,
México, Siglo Veintiuno Editores, 1978, p. 49.
25
Charles E. Limdblon, “La ciencia de ‘salir del paso’”, en
Luis F. Aguilar Villanueva (comp.), La hechura de las políticas,
México, Editorial
Porrúa, 2000, p. 201
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
56
sentido de pertenencia de sus miembros y, en síntesis,
por los resultados finales frente a las expectativas
de una sociedad entera
26
y no por la participación en
actividades ajenas a sus funciones impuestas por la
incapacidad de los dirigentes políticos para cumplir
con sus responsabilidades.
En Colombia, durante décadas, el narcotráfico,
con su enorme poder económico, fortaleció a las
guerrillas y consolidó el paramilitarismo, infiltrando
y penetrando muchas de las actividades nacionales,
incluyendo el poder legislativo a gran escala. Por su
cuenta miles de colombianos perdieron la vida, entre
ellos, promisorios políticos, magistrados del poder
judicial, directores de medios, jerarcas de la Iglesia,
miembros de las fuerzas militares, policías y hasta
exponentes del deporte
En época reciente, Colombia fue catalogada
como una narcodemocracia, un Estado canalla y un
Estado fallido. Como consecuencia, los ciudadanos
colombianos recibían un tratamiento ultrajante en el
exterior. Son pocos los países que permiten el ingreso
de colombianos sin visa por la presunción de que son
narcotraficantes. Ya se escuchan propuestas en algu-
nos países latinoamericanos en el sentido de imponer
la visa obligatoria para ciudadanos mexicanos.
El problema de salud pública causado por las
drogas no se ubica en las plantaciones de hoja de
coca o de amapola, sino en la cocaína y la heroína
cuya elaboración requiere de precursores químicos
y otras sustancias fabricadas en países del primer
mundo, generalmente los mismos en los que habi-
tan los drogadictos. Sin embargo, actualmente el
énfasis está en la erradicación y no en el control del
suministro de los insumos necesarios para su proce-
samiento, en el lavado de activos, en el crecimiento
del sector financiero con fondos negros, en el apoyo
a campañas políticas, en el tráfico de armas o en
el transporte y distribución de la droga. Cuando se
trata de la solución de tan grave problema, es con-
veniente comprender que la política es una ciencia
y su planeación corresponde no solamente a los
políticos encerrados en sus abstracciones, sino que
se hace con el consorcio de economistas, sociólogos,
politólogos, psicólogos sociales, militares y otros
profesionales afines.
27
Una política efectiva frente al narcotráfico debe-
ría tener como objetivo principal, la desorganización
de los mercados y el derrumbe de los precios, hechos
que por sí mismos desincentivarían el cultivo; este
objetivo se conseguiría más rápido y a menor costo
social al aumentar la eficacia del Estado para detectar
las empresas de exportación de drogas, extinguiendo
su dominio ilícito, perseguir el contrabando e inter-
ceptar las rutas del tráfico, incautación oportuna de
dineros, extradición de criminales solicitados por
otros países, extinción de dominio de las propiedades
mafiosas y controlar la venta de armas y aviones a
las mafias. Desde sus inicios el narcotráfico ha en-
contrado aliados en los Estados con diferentes pre-
textos; en unos países al dinero se le dice “economía
subterránea” y, en otros, “ventanilla negra”, pero lo
grave es que estos nombres se han oficializado y, para
algunos gobernantes, son el resultado de su eficaz
manejo económico. Así ha sucedido en Colombia y en
México durante muchas décadas. La adecuación de
las instituciones a las nuevas modalidades delictivas
y la organización de nuevos aparatos de inteligencia
así como la efectividad del aparato judicial son ne-
cesidades urgentes para dar respuesta al problema
del narcotráfico.
Desde Colombia, hace 24 años, el gobierno del
presidente Virgilio Barco inició una ofensiva política
y publicitaria en Estados Unidos para hacer corres-
ponsables de la lucha contra el narcotráfico a los paí-
ses consumidores. En ese entonces (1986) el gobierno
y el Congreso de Estados Unidos defendían la tesis
de que el origen del problema del narcotráfico era la
producción y la oferta de cocaína. En consecuencia,
la política de lucha contra este flagelo debía orien-
tarse a destruir cultivos, judicializar campesinos en
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, destruir pistas y
laboratorios clandestinos y perseguir aviones.
26
J. L. Cadena Montenegro, “Propuesta de evaluación de la eficiencia del ejército de Colombia” Bogotá, Universidad de Los Andes, 1999,
p. 38.
27
G. Bermúdez Rossi,
El poder militar en Colombia. De la colonia a la contemporaneidad,
Bogotá, Ediciones Expresión, 1992, p. 83.
Cuestiones contemporáneas
57
El gobierno colombiano propuso otra alternativa:
además de combatir la producción y el tráfico, era
necesario tener una política de persecución a los
intermediarios que venden la droga en las calles
de Nueva York, a la entrada de los colegios, en las
discotecas y en los mismos edificios de instituciones
públicas. En una palabra, perseguir a los narcotrafi-
cantes tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Fue una dura batalla política que se acompañó de
una efectiva campaña publicitaria en los principales
diarios de ese país. Una batalla y una discusión que
ese gobierno llevó a la
ONU
y la
OEA
. El resultado fue
satisfactorio para Colombia. Puede afirmarse que
desde ese tiempo empezó a gestarse el Plan Colom-
bia que se volvió realidad en el gobierno de Andrés
Pastrana.
Desde entonces, en Estados Unidos se entiende
que la lucha contra el narcotráfico tiene dos caras:
productores y consumidores. Es tan necesario tener
una política de interdicción para capturar los grandes
cargamentos de droga que salen de nuestros países,
como una para perseguir a los vendedores, expen-
dedores y consumidores de droga en las principales
ciudades de Norteamérica. Tan importante es destruir
cultivos ilícitos, como impedir que la coca llegue a
manos de los estadounidenses en las discotecas. En
el 2010, el gobierno colombiano llegó a Europa con
este mismo mensaje al lanzar la campaña de “respon-
sabilidad compartida” y poner el dedo en la llaga de
los consumidores de cocaína del viejo continente.
Los europeos al dejarle a Estados Unidos el papel
de “policía del mundo”, se han hecho a un lado de
un problema que en nuestros países causa muchos
muertos para que sus drogadictos encuentren la fe-
licidad, y mejoren su calidad de vida bajo el pretexto
democrático del libre desarrollo de la personalidad,
con tolerancia y en algunos casos con financiación
estatal.
Por todo lo anterior, el discurso antinarcótico
debe reflejar hoy una política más elaborada. Ya no
basta una ofensiva política acompañada de una bue-
na campaña de publicidad. Hoy lo que se impone es
una política equilibrada contra las drogas teniendo
en cuenta, además de los asuntos policiales, temas
de salud pública, aspectos sociales y controles al
comercio de los precursores químicos y, sobre todo,
la antítesis entre política y ética, tan en desuso en
nuestros países, en los que el poder se obtiene por
encima de los intereses generales. La legitimidad, la
estabilidad y la existencia misma de un Estado, no
sólo dependen del buen desempeño en el manejo de
la economía, sino también del respaldo sociopolítico
y fundamentalmente de la eficiencia, predictabili-
dad, honestidad, transparencia y responsabilidad
de la maquinaria gubernamental. La seguridad del
ciudadano se constituye en un bien público, del
cual depende el libre ejercicio de sus derechos y la
realización plena de sus aspiraciones. Es el Estado el
responsable de proporcionar la seguridad ciudadana
mediante el monopolio legítimo de la fuerza con el
acompañamiento de instituciones fuertes que apli-
quen la ley cumplida y eficazmente.
El tema de las políticas públicas se constituye hoy
por hoy en un elemento fundamental para garantizar
el correcto funcionamiento de las instituciones esta-
tales, teniendo en cuenta que de su definición y de su
aplicación real, depende el grado de aceptación por
parte de los ciudadanos en la relación Estado-sociedad
civil. El ejército es una institución estatal y para su
funcionamiento requiere también de la aceptación ciu-
dadana. Es por esto que las decisiones sobre políticas
de seguridad y defensa deben ser fruto del consenso y
no, de alocadas determinaciones coyunturales toma-
das por pequeños grupos de especialistas militares sin
la asesoría de analistas en políticas públicas.
En cuanto a México, si los responsables de la lucha
contra los carteles no corrigen a tiempo el tratamiento
que por ahora han dado al problema del narcotráfico,
pronto tendrán unas fuerzas militares desprestigia-
das y un caos generalizado por el desorden público
causado por el terrorismo de las mafias actuales y las
emergentes. Ojalá se aprovechara las experiencias
dolorosas vividas en Colombia para aplicar a tiempo
los correctivos apropiados. Nadie desea la colombia-
nización… pero se está ya muy cerca.
Recibido el 9 de abril de 2010
Aceptado el 30 de abril de 2010
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
58
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