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Resumen
En este artículo, el autor realiza un análisis filosófico-político de la disociación entre la noción
política de
ciudadanía
y la comunicación mediática, con el propósito de comprender el es-
tatus político del derecho a la expresión pública. En el trabajo se sostiene que la comunica-
ción ya no es más un
acto político
y por ello ya no conserva la característica imprescindible
llamada
performabilidad
, que abarca la polémica, la visibilidad, la accesibilidad, la posibi-
lidad de preguntar, de replicar y de discutir. En este tenor, el autor destaca que mientras en
las constituciones la definición de ciudadanía está anclada a un carácter asociativo y discur-
sivo, los nuevos medios de comunicación hacen posible la desarticulación de la implicación
antropológica necesaria en el acto comunicativo; esto porque tal parece que la reunión pública
ya no es una necesidad humana para realizar el intercambio de ideas y para formar y con-
formar las opiniones, pues los medios de comunicación están invadiendo este espacio. Como
consecuencia, existe una contradicción entre el sistema democrático y las prácticas de co-
municación sin participación pública.
Abstract
This article carries out a philosophical and political analysis about the dissociation between
the concept of citizenry and media communication in order to understand the political status
of the freedom of speech. The article argues that communication is no longer a political act
and consequently it does not maintain the inherent performance characteristic which entails
the polemics, the visibility, the accessibility, the possibility to ask, answer and discuss. In this
way the author highlights that whereas constitutions link the definition of citizenry to as-
sociative and discursive character, the new mass media allows its disarticulation from the
anthropological implication needed in the act of communication. This is attributed to fact that
the public meeting is no longer a human need to carry out an interchange of ideas, form and
reform opinions because media are invading this space. As a consequence, we find a con-
tradiction between the democratic system and the practices of communication without public
participation.
Palabras clave:
soberanía, opinión pública, consenso, performabilidad, comunicación polí-
tica, democracia, representación pública, valores simbólicos, ciudadanía, valores simbólicos,
mediatización.
*
*
.
Traducción de Francisco Dávila Aldás. Transcripción de Artemisa de la Rosa Ruiz.
**
.
Maison des Sciences de l’Homme,
54, boulevard Raspail, 75270 Paris cedex 06 - París,
Francia.
Comunicación mediática y
consenso democrático.
Una investigación sobre las
transformaciones de la obligación
política*
L
INO
R
IZZI
**
100
Presentación de la problemática
L
os valores simbólicos de la república y de la democracia se fun-
damentan en la noción política de
ciudadanía
. La variación his-
tórica e ideológica de su significado no oscurece su constante polí-
tica, que se finca en el poder legitimo, cuando éste es el resultado de
un acuerdo entre los ciudadanos. Ahora bien, la capacidad cívica
de poder realizar una acción es ciertamente el recurso primario del
ciudadano que se ejerce a través de dos libertades fundamentales:
la de comunicación y la de asociación. El espacio público, por su lado,
es un lugar abierto al consenso y al disenso. Es allí donde los juicios
sobre las instituciones se expresan y se conforman las opiniones so-
bre las políticas.
Este modelo clásico de la ciudadanía y de la libertad parece estar
muy alejado de las acciones y de los actores que se legitiman en la es-
fera pública. El poder igual de intervención en la formación de la
voluntad política parece escindirse a tal punto que la comunicación
política no tiene mucho que hacer con la política efectiva y, por tan-
to, no puede resignarse a que la democracia sea únicamente un ré-
gimen fundado sobre las elecciones. Se percibe que el proceso tra-
dicional de legitimación que encuentra en el evento público su lugar
de legitimación es puesto en peligro por la transformación de los
actores y de la naturaleza de la comunicación. El acto comunicativo
—en ausencia de un público de hombres que se han juntado y que
disponen de tiempo para discutir— sufre una pérdida de las ca-
racterísticas institucionales que son el meollo, el centro, del acto de
asociación. La comunicación, por tanto, se ve afectada por una pér-
dida de la “performabilidad”, esto es, de la característica fundamen-
tal de comunicación. Ésta ya no es un fenómeno
situado
en el pro-
ceso asociativo. Una conexión en red (sea por la radio, la televisión
o por internet) no es un acto de asociación ni un evento público.
Ahora bien, a pesar de que el modelo de ciudadanía está lejos de
ser el pivote central de la vida pública real, no puede dejar de ser el
presupuesto ideal de la comunicación política. Mientras que en nues-
tras constituciones, la definición de ciudadanía está anclada en una
situación
asociativa y discursiva,
los nuevos medios de comunica-
ción ponen o hacen posible, técnicamente, la desarticulación de la
implicación antropológica:
reunirse
en público ya no es una nece-
101
sidad para realizar el intercambio de ideas y para formar y confor-
mar las opiniones. Una comunicación frecuente por esta vía, ya no
es más el indicativo de una consolidación de los lazos sociales. La
simetría entre los actos de emisión y de recepción se ha roto: la emi-
sión de los medios de comunicación se produce fuera de la pre-
sencia práctica del destinatario y en ausencia de toda forma de in-
teracción. La consecuencia de ello es hasta ahora una paradoja, ya
que la comunicación ya no es más
un acto político
y, por ello, ya no
conserva justamente las características preformativas que son: “la
polémica”, la visibilidad, la accesibilidad, la posibilidad de pregun-
tar y de replicar y de discutir. El resultado al cual los actores llegan
ya no es el de la persuasión recíproca; la discusión más abierta no
puede darse porque, como decía Aristóteles, falta la confrontación
dialéctica
: ésta es realmente la que le da valor al acto comunicativo
y lo que distingue el uso democrático del antidemocrático de la co-
municación.
En la medida en la cual las nuevas formas de comunicación y de
conexión desplazan a las modalidades tradicionales de manifesta-
ción de la opinión pública, éstas ya no van acompañadas de un aire
modernizador, sino que remplazan y aún más, hacen que se pierda
la autonomía asociativa y se efectúe, además, un desplazamiento del
poder de iniciativa. En otros términos, se trata de una transforma-
ción de la “performabilidad” que afecta a uno de los pilares consti-
tucionales del sistema democrático; esto es, a la conformación y a
la manifestación del
consenso
. La “mediatización” aumenta la po-
sibilidad de conectarse, pero aminora la posibilidad de la mediación
social. Ahora bien, cuando la mediatización toma el lugar de la me-
diación política, se produce una situación paradójica. Se produce un
“consenso” que escapa, que está lejos de las características de la ac-
ción y del principio democrático. Se trata de un consenso sin acción,
de algo doméstico, anodino, de un régimen de pasividad informática.
Como afirmamos anteriormente, se pierde la mediación política, ya no
hay consenso. La formación del
consenso
en un público de meros
oyentes se aleja de la posibilidad real de realizar el acto de asociación
al cual los ciudadanos acuden, concurren. Aún más, la pérdida de
la simetría en cuanto al ejercicio del poder de iniciativa hace difícil la
manifestación pública del desacuerdo, del disentimiento.
Cuestiones contemporáneas
102
En relación con esto, hemos manifestado que la comunicación
mediática corre el peligro de constituir una sociedad aparte, fuera
de las acciones propias de la ciudadanía. Así, la experiencia de ser
un sujeto que tiene una dignidad comunicativa, que acrecienta el sen-
tido de pertenencia, que puede replicar, que puede entender, que
puede participar, parece retroceder. Una multiplicación de signos y
de signos de los signos que se da en los medios de comunicación
conlleva un proceso progresivo de “metaforización” y “desrealiza-
ción”, sea de las modalidades de participación o de las representacio-
nes políticas, hasta realmente presentar aspectos de “autismo”; dado
que la intervención en la realidad deviene virtual, ya no se puede
participar directamente en ella. Ahora bien, según el principio del
Estado de derecho democrático, es preciso que cada ciudadano
conozca la Ley y pueda escoger a los gobernantes; o sea que el ciu-
dadano posea, por tanto, el máximo de conocimientos sobre las
modalidades en las que se desenvuelve la vida política.
Una contra-
dicción se ha constituido entonces en el sistema democrático entre
las prácticas de comunicación sin participación y la autorrepresenta-
ción constitucional de la ciudadanía
.
Dentro de la óptica anterior, nos proponemos indagar lo que ya
ha sido trabajado de una manera muy amplia y aguda de modo sin-
crónico y diacrónico en las ciencias de la comunicación, en las cien-
cias del derecho, en la ciencia política y en la sociología, pero que
cada una de las disciplinas lo ha visto de modo separado. Lo que nos
proponemos hacer en esta reflexión política sobre los conocimien-
tos adquiridos, es dialogar de algún modo con ellos, articularlos y
sacar las consecuencias en el terreno de la transformación del con-
senso, de la obligación y de la representación política. Deseamos ha-
cer una observación de contraste entre las acciones justificadas por
las nociones que deben develar en que medida la comunicación me-
diática representa una etapa en la transición democrática o es una
ruptura con ella, cuando la misma no es más que una forma de mo-
dernización de las mismas prácticas políticas y cuando ella deviene
un relevo de las relaciones de obligación en la esfera pública.
El interés de esta indagación no es decir algo nuevo sobre la co-
municación mediática, sino acercarnos hacia una
comprehensión
si-
nóptica de las transformaciones que afloran en la comunicación y
en sus efectos. Es decir, intentamos realizar una reflexión sobre las
103
implicaciones políticas a partir del
status questionis
establecido en
los saberes específicos de las disciplinas, sin pararnos a investigar so-
bre los límites de las mismas. En este sentido, se trata de una aproxi-
mación
filosófico-política
que tiene la intención de profundizar so-
bre las razones actuales de una primacía de lo “público”, pero no
sobre los fundamentos del mismo.
El propósito es entonces tratar, en la época de la comunicación
mediática, sobre el estatus político del derecho de expresión. Desde
el punto de vista de esta libertad democrática, la comunicación será
observada en el dominio de las relaciones internacionales, dentro de
la obligación que implica el consenso y el juicio moral.
Tratamos de responder a tres grupos de preguntas: 1) ¿Cuál es el
estatus de los actores que producen la opinión publica internacional?
¿En qué medida, cuando la comunicación está afectada por los acto-
res fuera de la comunidad política, ésta es compatible con la trans-
formación independiente y autónoma del consenso? 2) ¿Si toda obli-
gación política está fundamentada sobre la mediación y sobre el
acuerdo entre las partes, el consenso democrático no está entonces
ligado indisolublemente a la formación discursiva e interactiva de la
comunicación? ¿La comunicación mediática se inscribe, entonces, en
un proceso de institucionalización ordinario de la opinión pública
o introduce un nuevo poder que cambia las relaciones y también
cambia las relaciones y los actores institucionales? 3) ¿Si la democra-
cia es un régimen político, en que momento ésta se hace
real
? ¿Las
diferentes formas de conformismo no determinan de una manera he-
terónoma las ideas comunes y no afectan entonces a la noción pre-
política de “público”? ¿La transformación del principio capital de la
democracia, que es la autonomía de la opinión, no está rebasando
los presupuestos básicos del sistema político?
Soberanía aérea y opinión pública internacional
Comenzaremos considerando el
estatuto jurídico
de la comuni-
cación en relación con la soberanía interior y exterior del Estado.
El cambio cada vez más importante, desde el fin de la guerra fría,
es el advenimiento de la posibilidad técnica de una comunicación
civil a escala mundial. Esto determina una nueva forma de poder:
Cuestiones contemporáneas
104
el control de los flujos de información, dando acceso al control de
la sociedad. Lo que se llama comúnmente “la crisis del Estado” se
remite a la redefinición actual del dominio de sus competencias en
el nuevo cuadro de las relaciones internacionales. Cabe preguntar-
nos si el Estado, al no ser ya soberano en el universo cerrado de un
territorio o de una nación, ha dejado de ser la fuente de toda ley que
él mismo impone y que debe hacerla respetar. En los sistemas in-
ternacionales y federativos, el Estado es cada vez más el negociador
de la norma que él produce junto con otros agentes. Por esto es aún
la fuente de la legitimidad en el interior y es el poder supremo que
hace respetar todas las leyes dentro de su territorio.
No se trata entonces del fin de la soberanía del Estado, que es la
condición del derecho y de la necesidad de éste para el desarrollo
del orden democrático. Cuando un orden mundial es necesario, nin-
gún poder público situado por encima de los poderes particulares
es posible fuera de una comunidad política organizada; de la misma
manera, ninguna voluntad se fundamenta sobre el consenso demo-
crático si no está situada en una comunidad particular. Lo que cesa,
sin embargo, es la identidad del derecho y del poderío concebido
como una fuente última. En el cuadro de las nuevas relaciones entre
los Estados y la sociedad internacional, se trata específicamente de
comprender cuál es la transformación de la competencia de la
terri-
torialidad
en relación con el control del espacio aéreo, lo que se lla-
ma la “soberanía aérea”.
¿El espacio extra-atmosférico:
res nullius o res omnium
?
Según la doctrina clásica de la soberanía, el espacio político esta de-
finido por el control que el Estado ejerce sobre un territorio. Por su
jurisdicción directa, el Estado ejerce su poder sobre el suelo, sobre
el subsuelo y sobre el espacio atmosférico. Este poder originario re-
leva de un acto de ocupación
manu militari
por la parte de un pue-
blo. La soberanía, en relación con el derecho internacional, es “reco-
nocida” como la expresión de una apropiación colectiva del suelo
y de una exclusión de éste a otros actores o sujetos que no perte-
necen a la soberanía de ese Estado. La voluntad del ocupante se
manifiesta a través de un modo imperativo por el que el suelo puede
ser tomado en propiedad por el primero que lo ocupa: el acto a partir
105
del cual el título de propiedad se expresa es un acto de
occupatio
rei nullius. En
efecto, las relaciones entre Estados territoriales han
estado marcadas por la reivindicación de los derechos originales de
propiedad: la historia del derecho internacional ha sido en gran
parte una historia de la ocupación de los territorios. En el cuadro de
los Estados, el derecho es un acto de reconocimiento de un Estado
de hecho de un acto de poder ejercido sobre un bien entendido co-
mo una
res
de la cual el Estado dispone libremente en tanto que
propietario. La ausencia de límites en la actualización de la voluntad
hace que este acto tenga la misma naturaleza que tiene el derecho
privado.
Esta forma de adquisición de la soberanía, a la que hemos hecho
mención, no es la forma de soberanía en la que el Estado despliega
su poderío en la esfera extra-atmosférica. La conquista del espacio,
en efecto, no se activa ni se inicia a partir de una ocupación como
la que se hizo en la conquista de América o en las conquistas colo-
niales: la luna y los cuerpos celestes no pertenecen a nadie. Las re-
laciones entre el Estado y el espacio situado por encima de la at-
mósfera quedan determinadas por una interdicción de soberanía
nacional, porque se trata del espacio extra-atmosférico. La soberanía
está negada para garantizar a cada Estado un derecho igual de ac-
ceso mediático, es decir, un derecho igual de explotación de la co-
municación extraterrestre. El control en términos de “territoriali-
dad” se ejerce sobre el espacio atmosférico, pero no sobre el espacio
extra-atmosférico. Como la alta mar y los fondos marinos, los “cuer-
pos celestes” son bienes comunes de la humanidad; no se trata, por
tanto, de que éstos sean una
res nullius,
es decir una cosa que no
pertenezca a nadie; se trataría, más bien, de una
res omnium
, es decir
de una cosa que pertenece a todos. Ahora bien, el espacio extra-
atmosférico, en tanto tal, no ha sido explícitamente declarado “bien
comun de la humanidad”.
¿Uso y ocupación del espacio?
¿Si el uso del espacio extra-atmosférico no releva verdaderamente
de la ocupación física, se puede afirmar que este espacio no tiene
soberanía o soberano? La ocupación no es necesaria para el ejercicio
del poder, al menos hasta el momento en que el espacio aéreo no
Cuestiones contemporáneas
106
haya sido un bien delimitado como lo es el suelo. El espacio aéreo es
el sustrato para poner en ese lugar un bien producido (los satélites y
las redes para la comunicación). La propiedad del bien producido
es necesaria para la fructificación del bien “espacio extra-atmos-
férico”; desde el punto de vista de su fructificación, la no interdic-
ción, el uso, no es más una condición necesaria: el espacio no es más
que el sustrato. ¿Cuál es entonces la forma efectiva de adquisición
del
uso
?
Ciertamente, el Estado no es por sí mismo el sujeto que ocupa el
espacio, y el poder de ocupación no se remonta más al derecho
de conquista que se hace
manu militari
;
se trata, por tanto, de una
conquista
que es la consecuencia directa de una empresa tecnológi-
ca, es decir, del desarrollo del poder tecnológico que da el derecho
activo de explotar el espacio extraterrestre. Así, el primero que produ-
ce (el artefacto) es aquel que “ocupa” el espacio. Ahora bien, como
el ritmo de la innovación tecnológica es mucho más rápido que el
del reglamento jurídico —en tanto que la función tradicional del dere-
cho está puesta en causa porque ésta es desplazada continuamente
por los límites tecnológicos—, es entonces en la velocidad de pro-
ducción de los medios que reside la forma de territorización del es-
pacio aéreo. El tiempo de la innovación deviene la nueva forma de
ocupación primaria del espacio informático y mediático, es decir la
forma de su explotación.
¿Existen víctimas de esta conquista? En la medida en que la apro-
piación del espacio por el sujeto no es el objeto de un cuestionamien-
to de tipo estratégico o pragmático, el sentido de la propiedad del
espacio no está puesto en cuestión. La interdicción de la apropiación
en la medida que separa el derecho del poderío particular, impone
al derecho la necesidad de salir de una lógica privatizante del es-
pacio hacia una perspectiva en función del beneficio común. En la
tradición europea, para afirmar que un bien no releva del poderío
de un particular, se lo llama
público
. Los bienes comunes protegi-
dos del abuso por la ley pertenecen a esta esfera. Ahora bien, aun-
que el espacio extra-atmosférico sea objeto de la propiedad del Es-
tado, no es todavía un bien común. En tanto que medio civil de la
comunicación, no se ha transformado todavía en un bien de interés
público al mismo título que la educación, la salud, el medio am-
biente, etc. Su estatus incierto entra, por tanto, en contradicción res-
107
pecto del control público de la formación de las ideas que son acep-
tadas por todos.
El carácter “civil” del espacio comunicacional
¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza del espacio con respecto
a la comunicación? Ciertamente el espacio aéreo no es un estado de
naturaleza abierto a los actos de piratería; sin embargo, éstos pueden
darse, los poderes en este caso pueden ejercerse o también se puede
pasar por encima de ellos. El uso comporta fallas, ingerencias fren-
te a los cuales una tutela jurídica de los destinatarios es necesaria.
La determinación de la naturaleza del espacio comunicacional en el
proceso de institucionalización adquiere así una importancia capital
para cualificar los datos de los actores. Este problema apenas está
saliendo a la luz.
El espacio orgánico —es decir, visto en relación con la vida del
hombre— es un territorio habitado por un sociedad, definido por
las cualidades de la organización institucional y por una tradición
cultural. Los mismos geógrafos tienen, en efecto, un concepto del
espacio muy diferente de los geofísicos o de los geómetros, y no em-
plean los calificativos de cantidad. El espacio definido por la ex-
tensión es determinante para la organización política, dado que el
consensus
o el consenso social es determinante en el tejido de la
construcción de las relaciones sociales que los humanos instituyen
entre ellos mismos. Se trata, entonces, de un espacio semantizado
por la interacción y por la vida que lo modela y lo organiza: el espa-
cio político es físico y al mismo tiempo social y mental. Este espacio
se identifica entonces con una “cultura” y se distingue de otros espa-
cios por el distanciamiento cultural. Del mismo modo, el espacio
político no se fundamenta únicamente sobre una extensión “natural”
sin cualificación; su universalidad no puede ser adquirida sino me-
diante la impronta humana, o sea que su puesta en obra supone há-
bitos, prácticas y leyes instituidas por los hombres.
Soberanía cultural y autonomía política
¿El espacio es para todos un modo igual, un medio de libertad y de
autonomía? Dentro del estado actual de las relaciones internaciona-
Cuestiones contemporáneas
108
les en lo que concierne a la comunicación, es ciertamente la so-
beranía interior del Estado la que está más expuesta a los abusos.
La comunidad política corre el riesgo de perder su autonomía en lo
que concierne a la determinación de su propia esfera pública. Efec-
tivamente, el derecho a la autonomía política concierne a todo Es-
tado, independientemente del grado de evolución y sus medios de
comunicación; pero, ¿la conquista del espacio no constituye ella mis-
ma una fuente de heteronomía? Cabe afirmar que el riesgo es doble:
1) en la medida en que la primacía de lo público sea remplazada por
las relaciones y por los actores que dominan la sociedad civil global;
2) en la medida en que la voluntad colectiva pierde su autonomía
en su propia construcción. La autodeterminación democrática de
cada Estado presupone el que haya una comunidad política que se
forme de manera autónoma y para la cual los intercambios inter-
nacionales no se transforman en una exigencia del exterior.
Sin embargo, un orden jurídico que disciplina las acciones en el
espacio extra-atmosférico deja abierta la posibilidad de una influen-
cia del exterior sobre la opinión pública interior. Así, los actores del
exterior explotan, efectivamente, los espacios abiertos por las li-
bertades civiles. Una contradicción emerge, entonces, entre dos de-
rechos originarios: la libertad de información de los ciudadanos y la
autodeterminación del cuerpo político. Ciertamente un orden mun-
dial —en el cual los sujetos políticos no pueden ser más que los
agentes de un bien público, los Estados— es necesario, pero ¿un
Estado no puede ser soberano sin una comunidad culturalmente
instituida? Efectivamente, una voluntad común guarda su carácter
democrático solamente cuando emerge por autoconstitución inter-
activa; en otros términos, cuando la elite está ligada espectralmente
a la representación que la sociedad se hace de sí misma.
El sistema de Estados y la ciudadanía universal
En los tiempos en los que la información circulaba casi exclusiva-
mente al interior de las fronteras nacionales, el consenso político es-
taba bajo el control institucional de cada país; dicho en otros tér-
minos, provenía de la sociedad “doméstica” de cada Estado. Sería
importante estudiar cómo el desarrollo y una red mundial de comu-
109
nicación puede encontrar el equilibrio entre la cultura y la política
y cómo las vías tradicionales de formación de consenso se confor-
man a las exigencias de la nueva situación. La comunicación por sa-
télite da, en efecto, la posibilidad de efectuar un acto de comuni-
cación de un lugar a otro del planeta; es, entonces, técnicamente
posible llegar a cualquiera de los espacios políticos. Un actor pú-
blico o privado puede penetrar en la esfera de la soberanía de los
Estados y ejercer una influencia sobre los miembros de la comuni-
dad política. La libertad de información en el espacio extraterritorial
y nacional puede transformarse en una exigencia política de los Es-
tados tecnológicamente más desarrollados sobre la de los Estados
menos desarrollados.
El espacio extra-atmosférico es, por consiguiente, una vía para pe-
netrar en los Estados, gracias a la libertad de información; los actores
explotan el derecho de una libre información de los ciudadanos de
cada Estado. Pero ¿cuál es la lógica de este proceso? ¿Se trata cierta-
mente del encuentro en el seno de una comunidad de ciudadanos
universales o de una simple lucha de los Estados que no han dejado
en sus relaciones recíprocas el estado de naturaleza, esto es la ca-
pacidad que tienen los más fuertes de imponerse a los otros? El pe-
ligro está en que la lógica del poderío afecte la relación recíproca
entre gobernantes y gobernados. Ahora bien, dado que en el siste-
ma democrático el origen del poder depende del consenso, aquel
que domina la opinión pública (muchas veces el propietario de los
medios de comunicación) está en medida de determinar quién ejer-
ce el poder. De este modo se da una polarización entre la acción
estratégica dirigida hacia la maximización del poder y la interven-
ción discursiva orientada hacia el alargamiento máximo del consen-
so. La preeminencia de una u otra de las lógicas en el uso de la co-
municación determina la naturaleza real del régimen político. Una
democracia donde la información sería utilizada por grandes grupos
restringidos para imponer a los “elegidos” (aquéllos designados por
estos grandes grupos) sería una democracia representativa de almas
muertas. El acceso fácil al espacio de comunicación puede, en efec-
to, transformar a éste en un lugar para el ejercicio de la
desinformación
política. Pero el recurso a la difusión de la información falsa para
inducir una acción que haga daño al adversario es parte del arte de
la guerra y no entra entonces en las relaciones de ciudadanía.
Cuestiones contemporáneas
110
Se impone, entonces, en la opinión pública internacional un de-
ber de lealtad democrática, sobre todo porque el poder mediático
amplifica las estrategias de manipulación. Una comunicación com-
patible con la ciudadanía universal tiene que tener una cualidad éti-
ca. Ella se propone llevar el conocimiento a la gente y tiene como
finalidad llegar a que la misma se percate del mismo; al contrario de
la propaganda que no tiene el objetivo de comunicar, sino de ejercer
una influencia, de determinar la voluntad, de provocar una acción
a la cual un actor correctamente informado no podría razonablemen-
te jamás consentir. Un uso anómico del espacio extra-atmosférico
(fuera de la naturaleza) de la función que tiene la comunicación
—es decir de una libertad civil, para manipular—, puede paradóji-
camente representar un retorno al estado de naturaleza, dado que
el poder de los dueños de los medios de comunicación puede des-
truir la sociedad tanto en el dominio público como en el dominio
privado.
Un espacio internacional de comunicación plantea el problema
de una esfera de obligación sin soberanos; no siendo el espacio in-
ternacional de comunicación “una naturaleza” sin una impronta hu-
mana, se compone de actos cuyo estatus de responsabilidad debe
ser definido por un concepto de “público” que tenga una dignidad
civil. El abandono del actuar estratégico, que releva de la
arcana im-
perii
de los Estados o de una
lex mercatorum
de los particulares, no
puede por tanto producirse si el derecho internacional no suscita un
libre consentimiento que llegue a las
leyes públicas
: si no se disocia
el derecho (público-privado) de la fuerza, la comunicación queda
como una parte integrante de la estrategia. Todo esto nos conduce
a examinar nuevamente la estructura perfomativa e interpersonal de
la obligación.
La forma propia del consenso democrático
Es necesario considerar el entorno funcional en la comunicación en
relación a un modelo democrático de acción. La relación que con-
viene mejor al consenso democrático no es ciertamente la acción
que privilegia el resultado; la eficacia a todo precio forma parte del
dispositivo dictatorial de “producción” y “reproducción” del consen-
111
so. La especialización mediática de la comunicación nos pone enfren-
te de la ambivalencia de la función del poder: una especialización
creciente se acompaña habitualmente de una “delegación” involunta-
ria de la capacidad directa de manejar una actividad. ¿Cómo, enton-
ces, los efectos de la especialización de la comunicación se manifies-
tan en la comunidad política?
La calidad práctica de las relaciones y de las conductas públicas
resulta de una sensibilidad difusa acerca de lo que cada uno “debe a
cualquier otro”; una serie de actos y de niveles de reciprocidad se re-
produce en la autoridad de las instituciones políticas y la falta de
éstos hace que la sociedad caiga en la anomia (es decir, que se que-
brante el orden y las normas establecidas en la misma). La comuni-
cación mediática, entonces, correría el riesgo de reducir la condición
de interlocutor (isología: igualdad para expresarnos) común, pro-
pia de los ciudadanos, a una condición disimétrica entre emisores
y público. ¿Sustraerá ésta a los ciudadanos del poder de interven-
ción, quitándole a la política su carácter de práctica pública? ¿Estas
preocupaciones conciernen menos a la esfera de la deliberación de-
mocrática, que queda limitada a un sujeto restringido o también ata-
ñen al gran público que participa de la obligación política? ¿Cuáles
son los niveles de “participación” en una comunidad política?
Una ruptura en la antropología política
Es necesario, en primer lugar, discernir la naturaleza “funcional” de
los actos de los medios de comunicación; vale hacer hincapié en
que esos actos son verdaderamente “emisiones” y que la ausencia
de toda reciprocidad y de sinergia quita a la palabra “comunicación”
su verdadero sentido y es totalmente abusiva. La “mediatización” ha
transformado al sujeto constitucional en la esfera pública: en el pú-
blico de los auditores, o sea de actores tan alejados de la “comu-
nidad” de ciudadanos que aparecen como una “masa” informe de
actores totalmente alejados del concepto activo de “pueblo”. Ahora
bien, aunque los medios de comunicación acrecientan la posibilidad
de comunicación, ello no es el índice de un aumento de la parti-
cipación “democrática” en el sentido del ejercicio de las competen-
cias civiles. Dado que la conexión en red da a los individuos y a los
grupos sociales la posibilidad de intervenir directamente sobre la
Cuestiones contemporáneas
112
formación de una ley, ésta no conduce hacia una extensión pública
de la mediación política. ¿Se trata tal vez solamente de un cambio de
la forma de participación que engendrará una nueva actitud política?
La experiencia histórica que tenemos sobre ciertos acontecimien-
tos nos permite establecer comparaciones instructivas que pueden
ser aclaratorias. Así, los fenómenos que acompañan la reducción de
la tasa de asociación política, tales como el retroceso de la autono-
mía asociativa y de la argumentación, llevan al aislamiento civil y
han sido característicos de los regímenes antidemocráticos. La ob-
servación sincrónica nos enseña que las democracias de los más
fuertes, explotando la necesidad del embeleso de la modernización
tecnológica que tienen los más débiles, desarrollan los dispositivos
mediáticos más sofisticados para someterlos.
La posibilidad estratégica de llegar a la “masa” por parte de los me-
dios de comunicación, ha hecho de la acción pública de “juntarse”
una cuestión superflua: la “comunicación de masas” no hace o no
crea la necesidad de una “asociación de masas”. Así, a causa de la
desarticulación entre la asociación y la comunicación, el sujeto po-
lítico se ha transformado: la “masa” ha perdido el poder de perfor-
mabilidad, la forma propia, peculiar, de la que disfrutaba al menos
cuantitativamente el concepto de “pueblo”. El poder de los me-
dios tecnológicos remplaza al poder de la “masa”. Así como la presen-
cia de las armas atómicas han hecho inútil que una armada perma-
nente exista, del mismo modo los medios de comunicación han
inutilizado una parte permanente de la masa. El pueblo, en tanto que
conjunto de actores reunidos en un lugar público, ya no es necesario,
mientras que el actor que actúa sobre la masa, en tanto que fuente
del acto, queda fuera de la comunicación pública.
Se ha revertido así la relación de “representación”: ésta se pre-
senta del siguiente modo: el mandante que autoriza el mensaje que-
da detrás de las bambalinas, el mandatario que se articula direc-
tamente al público es portador de una obligación que no releva del
mismo. Los medios televisivos se acompañan de una modalidad
de acceso al público ciertamente regulada, pero “no pública”, tocar
a un público no es llevar a cabo un acción en el espacio público, es
decir accesible o abierto a todos. La “autorización” de acceso a los
medios de difusión lleva a la comunicación fuera de la esfera pú-
blica, es decir a la estructura de poder. Una comunicación que es
113
“representativa”, sin delegación implica forzosamente una pérdida
de la performabilidad del sujeto político y un metamorfosis de los
medios de obligarse en público, al menos como esto se entiende en
las tradiciones democráticas.
La disponibilidad para el cumplimiento
de la obligación universal
El uso del espacio público se modifica por un doble movimiento
de uniformización y privatización del mensaje. El himno nacional
era antes el primer mensaje público que llegaba al espíritu de los
niños, hoy día son las canciones de la publicidad las primeras que
ellos aprenden. Las relaciones mediatizadas (las que realizamos con
los medios de comunicación) deben afectar la disposición hacia la
obligación política, es decir, la forma de las relaciones entre gober-
nantes y gobernados. Es importante en este sentido captar la estruc-
tura de la ligazón social en la historia particular de las comunidades
políticas.
La experiencia europea de la creación de la esfera pública se fun-
damenta sobre una actitud personal que conforma la acción, dando
la primacía a las acciones “públicas”. Esto hizo posible el
Estado de
derecho
. El Estado moderno, luego el Estado nacional y finalmente
el Estado democrático fueron etapas que condujeron hacia el ensan-
chamiento de la comunidad política, puesto que crearon un con-
junto de hábitos, de habilidades y de conductas públicas. Se hizo un
enorme esfuerzo de mediación que ha afirmado cada vez más un
es-
tatus común
de ciudadanización, que sobrepasa las restricciones
confesionales, étnicas, sociales y locales.
La constitución de una comunidad política no ha sido exitosa en
todos los lugares en donde el Estado se ha afirmado, pues un dere-
cho de Estado no hace un Estado de derecho. Este proceso ha dado
resultado donde se ha constituido un universo fundamentado sobre
una “sensibilidad” común que rehúsa las discriminaciones en la apli-
cación de los principios universales y, sobre todo, que es capaz de
“reconocer” las razones del derecho. El resultado político más inte-
resante no es solamente tener una constitución escrita, sino la ca-
pacidad (
habitus
) de obligación universal, sostenida por la práctica
de una cultura civil. De esta disposición a la universalidad relevan
Cuestiones contemporáneas
114
tanto las obligaciones frente a la ley del Estado como la relación de-
mocrática entre gobernantes y gobernados. Finalmente, la búsqueda
del consenso fundamenta una obligación pública efectiva cuando la
acción que se despliega tiene como objeto la integración de la comu-
nidad política. Y esto es posible porque la flexibilidad de las conduc-
tas públicas no llega hasta la contradicción con los principios; por
ello no pueden coexistir los desaparecidos y
habeas hábeas.
Esta actitud acerca del respeto de los principios constituye verda-
deramente el control y el ajuste (
check and balance
) del propio sis-
tema democrático. Lo anterior expresa la disposición hacia la ciuda-
danización inscrita en los principios del derecho, esto es, la práctica
de una verdadera identidad jurídica entre las clases. La manifesta-
ción del “nosotros” común exige el hábito, la costumbre de formular
una opinión; expresa la capacidad de la comunicación, la posibili-
dad de expresar en público el consentimiento y de argumentar el di-
sentimiento, el desacuerdo. Éstos son los elementos permanentes y
constitutivos del orden democrático a partir de los cuales la media-
ción política se manifiesta.
La relación elemental del consenso
¿El remplazo de los actores del espacio público por los “públicos”
o del propio pueblo “por el público”, no nos hace correr el riesgo
de llevar la virtud civil a un virtuosismo simplemente
estético
? Efec-
tivamente, pero ello depende de las relación a partir de la cual la
comunicación mediática (la de los medios de comunicación) se re-
laciona con el público. Es cierto que se trata de un poder sobre la
opinión pública y no de un poder que sale de la opinión pública,
y esto es totalmente diferente del poder de comunicar que se sitúa
en un grupo o en una asociación. Se trata de un poder socialmente
constituido que no ejerce la facultad de comunicar, sino que la ex-
plota. Visto desde la perspectiva de la libertad de expresión, este po-
der está caracterizado por una situación no dialogal donde existe cla-
ramente un déficit de reciprocidad.
La debilidad de la dimensión dialogal releva de la noción “impe-
rativa” del “derecho”, que en la tradición moderna deriva de la no-
ción de “soberanía”. El Estado ha aparecido desde hace mucho tiem-
po como el único actor de la política, lo que ha elevado los poderes
115
del Estado —necesarios para hacer el derecho efectivo— a la dig-
nidad de ser la fuente del derecho, dignidad que releva de la comuni-
dad política. Ésta es una ambigüedad que viene de la tradición
moderna del derecho natural que deriva del derecho del mismo
sujeto: el individuo natural, el individuo propietario, el Estado en
tanto que individuo político. Se ha considerado la relación del de-
recho a partir del sujeto del poder, en tanto que el sujeto del poder
y el del derecho desarrollan dispositivos totalmente diferentes los
unos de los otros. Así, si se les considera como modalidades inter-
personales a partir de las cuales los actores se relacionan práctica-
mente los unos con los otros, su estructura aparece opuesta: reco-
nocer una potencia (militar, política y económica) y reconocer un
derecho se distinguen por
la relación del uno a otro
. Un potencia es
reconocida fuera de todo derecho, porque ésta se impone y lleva a
un orden o en todo caso a una negociación; reconocer un derecho,
por el contrario, está fuera de todo poder, pero concierne a la razón
en tanto que sentimiento de pertenencia común y universal.
El actor que ejerce un derecho actuando según la lógica del po-
der —la referencia histórica es el
dominium
— presume que este
poder es originario. Como actúa
por su propio derecho (iure propio)
,
tiende a establecer una relación de alteridad que contradice la dis-
posición a una ciudadanía universal; no reconoce ningún derecho,
es decir ninguna razón, al que no tiene la fuerza de reivindicarla. La
tendencia a absorber el derecho en una pura relación de poder es
la manifestación de la ruptura de la relación respecto del otro, es una
patología realista que acompaña a la antropología política. Una es-
tructura monocrática y personalista del poder tiende a superponer-
se al principio interpersonal de la obligación de respecto de los
otros. El objetivo ético de la legislación por consenso es aquel que
guarda la primacía de la relación respecto del otro.
Las actividades constitutivas de una comunidad política pueden
resumirse en la capacidad de desarrollar acciones sinérgicas, desti-
nadas a ligar a un grupo humano. La prioridad asignada a la coo-
peración nos conduce a la localización civil de la actividad política.
Ésta se sitúa en la esfera pública gracias al carácter interactivo de la
voluntad colectiva. El origen civil del poder que se instaura por el
consenso comporta una antropología dialogal en la cual la legitimi-
dad consiste a ponerse a prueba en relación con el otro. El derecho
Cuestiones contemporáneas
116
que resulta de esta acción es un acto constitutivo de la sociedad,
dado que se fundamenta sobre las condiciones intersubjetivas que
hacen posible la manifestación y la aceptación de las razones.
En un sistema democrático, la identidad del derecho con el Esta-
do no se fundamenta con una serie de actos de autojustificación. Una
situación de isonomía discursiva (de igualdad legal de un discurso
de cualquier sujeto) es polifómica. La pluralidad es un acto origi-
nario. Al contrario de lo que sucede con el poder, el derecho —en
tanto que
consensus iuris—
no puede manifestarse sobre una estruc-
tura no dialógica de la acción; no es suficiente que una acción o una
ley sean deliberadas y queridas por un legislador para que ellas sean
justas; éstas deben igualmente ser
reconocidas
como justas por el
destinatario. El principio formador del derecho —y no solamente su
práctica— está anclado en las razones del otro.
La isología como condición de la isonomía:
1
la promesa
Que una acción bipolar de reconocimiento sea la relación elemen-
tal del derecho se prueba por la promesa, “es decir, por la naturaleza
de la obligación civil”. Semánticamente, la legitimación proviene del
lex
que significa “ligar” las partes distintas entre ellas:
lex est com-
munis rei publicae sponsio
(
Digeste
I,3). La obligación nace de una
situación dialogal: la
sponsio
(dar su palabra) es el acto por lo cual
los romanos de la República se comprometían solemnemente a res-
petar un pacto.
Spondio, respondeo, responsus
, expresan una perfor-
mabilidad (un perfeccionamiento de la acción) que releva a la vez
de la capacidad jurídica (isonomía) y de la capacidad discursiva (iso-
logía). La responsabilidad civil es un compromiso asumido por parte
de los agentes libres en tanto que son capaces de responder de sus
propias acciones. Así, las acciones reconocidas adquieren una re-
ciprocidad universal dado que ellas constituyen un universo de per-
tenencia (
Res publica)
constituida por los principios que cada uno
puede reivindicar. En ese sentido, la ligazón social presupone el
beneficio político de la pertenencia.
1
.
La isología o capacidad discursiva es la igualdad del discurso de cualquier individuo
frente a otro y es el fundamento de la isonomía o capacidad jurídica o legal del mismo discurso.
En otros términos, cada palabra o argumentación de un ciudadano tiene igual valor que la
de otro cuando habla o argumenta y, por tanto, ambas palabras o los argumentos tienen igual
valor legal. Nota del traductor.
117
La isonomía es entonces un bien socialmente difuso que no se li-
mita solamente a la igualdad delante de la ley; una restricción de este
tipo implicaría una absorción de la actividad política en la forma del
derecho positivo, especializado por los poderes de gestión. El rol o
función de la mediación es dar una consistencia real al hecho de que
los ciudadanos reconocen y reivindican su pertenencia política. Así,
en tanto que lógica de la confrontación, el reconocimiento es la dis-
posición que permite tanto la resolución de los conflictos como la
constitución de las identidades sociales y la integración de las iden-
tidades más expandidas. Si el reconocimiento se extiende como una
condición práctica general, entonces el consenso mismo deviene la
categoría normativa de la esfera pública y se convierte en la cate-
goría constitutiva de la comunidad política. Ésta se presenta como
la expresión de una voluntad comunicativa que maximiza la coope-
ración civil, cuyo opuesto es el esquema de la estimulación pablo-
viana y de la aclamación acrítica.
Mediatización, mediación y heterología
2
Para que el consenso guarde el carácter práctico de “reconocimien-
to” es necesario salvaguardar los aspectos preformativos de la comu-
nicación ya antes señalados. Es en el dominio de la comunicación
mediatizada (o sea la que realizan los medios de comunicación de
masas) que el reconocimiento tiene lugar y de este reconocimiento
resulta la legitimación. Cabe preguntarse si esta forma de manifes-
tación pública de una voluntad particular tiene o establece alguna
relación con los destinatarios del mensaje. ¿No existe en esta comu-
nicación una falla de la relación de isonomía (de capacidad jurídica)
entre los actores públicos? La comunicación mediática crea, efecti-
vamente, en la formación del consenso, una nueva situación antro-
pológica cuya perspectiva política está todavía lejos de ser bien
entendida y evaluada. Ninguna de las constituciones democráticas
presupone que los actores constitutivos de la voluntad política pue-
dan ser producidos en una situación que separa la comunicación de
la participación. El ciclo de institucionalización democrática del po-
Cuestiones contemporáneas
2
.
El vocablo indica o se remite al discurso del otro, que no toma en cuenta el discurso de
los otros, o sea de las palabras y de los argumentos que éstos expresan, dado que es impuesto,
fuera de una situación dialogal. Nota del traductor.
118
der —participación, deliberación, representación— ha sido pensado
en el ciclo de la performabilidad de la comunicación entre el “pú-
blico” y el “orador”.
El modelo comunicativo está situado dentro de la posibilidad
real
de una asociación, de una reunión en la cual el actor se comprome-
te al manifestar su opinión, o sea ejerciendo el derecho activo de to-
mar la palabra. En este caso, los sujetos interactúan según los modos
y los tiempos determinados por la voluntad de persuadirse recípro-
camente, de llegar a un acuerdo. El ciclo de los actores comunicativos
se desarrolla según un esquema de acción y de reacción recíproca y
reiterativa. La comunicación no se realiza, es decir no llega a su fin
si los actores no cumplen este conjunto de deberes y si no ponen en
obra las capacidades exigidas: hacerse comprender, hacerse escu-
char y poder responder. El discurso se despliega entonces según la
virtualidad interactiva de los actores, en tanto que en la comunica-
ción mediática se estable verdaderamente una relación de emisión,
pero sin la posibilidad física de interlocución; el actor guarda en el
peor de los casos una virtuosidad
estética
,
lo que nos lleva a formu-
larnos una tercera pregunta.
El juicio moral del régimen democrático
¿Los sistemas democráticos son evaluables?, y si lo son, ¿quién o quié-
nes los pueden evaluar? El cuestionamiento parece extraño: si un
orden político es legítimo, es precisamente por el consenso de sus
miembros; ¿cómo, entonces, éste podría liberarse de las capacida-
des o posibilidades de ser controlado por ellos mismos? ¿Cómo pode-
mos pensar que el sentimiento de la libertad y su naturaleza demo-
crática no conciernen a los ciudadanos? En efecto, llegamos a esta
paradoja por una suerte de desbordamiento de los niveles de nor-
matividad que, por la naturaleza heterogénea del poder democrá-
tico, tienen que estar separados.
La opinión pública es finalmente necesaria para asegurar el con-
trol público del poder. ¿Sin embargo, puede ser independiente de
otros poderes al punto de situarse como un contrapoder? ¿El poder
democrático se puede reconocer como
es
o como él
quiere
que se
lo vea? Hay que preguntarse, necesariamente, si el poder mediático
119
trata de favorecer una nueva forma, una nueva tendencia de los
sistemas democráticos que intentan escapar del juicio sobre los lí-
mites del sistema político.
Hipótesis sobre el holismo democrático
Un debilitamiento del juicio moral ha sido inducido a comienzos del
siglo
XX
por un retorcimiento epistemológico de la ciencia positiva
del derecho. Una reducción del derecho a las solas normas positi-
vas aparece como una declaración de modestia de parte de la ciencia
jurídica, pero se trata de una extensión de su pretensión. Una reduc-
ción del objeto de investigación solamente al derecho positivo im-
plica una validación superior de esta forma de normatividad, gracias
a su certidumbre epistemológica superior
vis a vis
de otras formas
de normatividad. Estos saberes especializados se han declarado se-
parados de la moral y, a su vez, han debilitado la noción del Estado
por medio de conceptos
categóricos
últimos, convirtiendo enton-
ces sus teorías especiales en teorías generales: “el Estado no es más
que poder” (Weber), ha sido el presupuesto sobre el cual se ha fun-
damentado la ciencia política; “el Estado no es más que un sistema
de normas que constriñen” (Kersen), ha sido el presupuesto que se
ha erigido en la base de la aproximación continental (europea) del
derecho. Un uso expansivo de estos presupuestos epistemológi-
cos particulares tiende, por un lado, a establecer una alternativa en-
tre los valores éticos del derecho y los valores (certidumbre-eficacia)
exigidos por la ciencia, y este mismo uso ha subordinado el propio
juicio moral a los datos científicos.
En un Estado democrático la acción política debe justificarse y ser
reconocida en su lado “laico” y discriminatorio. Así, la investigación
del bien y de lo justo queda como el objeto de una facultad común
que articula opiniones alrededor de una idea de
libertad
. Esto im-
plica no solamente que el juicio sobre un régimen político sea po-
sible, sino que también sea de una naturaleza no cognitiva, por lo
tanto, alejada de modalidades cognitivas de la ciencia.
La democracia reposa sobre el postulado de equivalencia de los
actores a pesar de su diferente competencia expresiva. Los bienes
comunes tales como el “derecho” tienen una doble cara: el senti-
miento de lo justo es común a todos, pero su explicación racional
Cuestiones contemporáneas
120
exige, sin embargo, una capacidad que no todos poseen. La es-
pecialización sobre lo justo “está reconocida” bajo las condiciones
de un pacto general de servicio público: “nosotros, los expertos, nos
comprometemos a perfeccionar los conocimientos en lo que res-
pecta al derecho, a la educación, a la salud, a la seguridad, etc., para
que cada uno de nosotros pueda disfrutar de esos bienes, según una
medida de excelencia que ninguno por sí mismo podría llegar a ob-
tenerla”. Es, por consiguiente, la
lealtad
a los principios del sistema
político que califica la conducta democrática; así, la ciencia jurídica
por sí misma no ha impedido el prestar servicio a los regímenes
antidemocráticos.
Lo que caracteriza a una “opinión” es el hecho de que ésta sea
jurídicamente posible; ésta es una manifestación de la libertad de ex-
presión independientemente de su
status
de verdad que los saberes
positivos pueden atribuirle. El juicio político se expresa por parte de
una actor diferente de aquel que delibera, exactamente porque fren-
te al poder no queda sino la razón que se ejerce: es el único poder
que tienen los gobernados. El juicio político sobre una acción po-
lítica está respaldado por el principio democrático que se da entre
los actores que no gobiernan. Si ésta pertenece a la esfera de los
deliberantes, el elemento democrático se desmoronaría por la fu-
sión de los actores, “es decir de los poderes”. El juicio político, en-
tonces, forma parte de la división “democrática” de los poderes y la
medida de esta división es la libertad concedida a los destinatarios
de este poder.
Las razones morales del juicio
Una deliberación política está determinada por una responsabilidad
institucional que se despliega en el orden de la decisión posible. La
posibilidad del error es, por tanto, lo que da la competencia “a los
no profesionales” de juzgar la manera en que los bienes comunes
son administrados (Montesquieu, EdL, I, 2do. cap., 2). Esta facultad
forma parte del sentido común de los propios actores y es expresada
por la opinión de los mismos, que ya es un juicio que ellos ejercen.
El juicio se distingue de la deliberación por el hecho de que está
diferentemente “situado”. El sujeto que juzga al poder no está com-
121
Cuestiones contemporáneas
prometido con su ejercicio, es simplemente el destinatario o el que
sufre o soporta al poder. No solamente su interés con respecto a la
acción política es diferente del interés del actor que la ejerce, sino
también su criterio de conocimiento: éste juzga una acción en
relación con el sentido común, es decir sobre una noción “pública”
del bien y del mal. La calificación de una acción como liberal o
liberticida, democrática o totalitaria, pertenece a la ética del cuerpo
político.
Ahora bien, el que puede juzgar de mejor manera una acción es
aquel que observa su desarrollo. El “espectador” que juzga está fren-
te a una acción que se manifiesta ante él mismo o que ya se cum-
plió. El conocimiento de una acción cumplida da la ventaja de la
distancia emotiva —dado que las pasiones se han debilitado o se han
apagado. Pero, para ser objeto del juicio político, la acción no está
lejos de caer fuera de la actualidad: “la historia siempre llega tarde”
—como lo remarcaba Hegel— para concernir a la acción política.
El juicio político no pertenece a los muertos, sino a los espectado-
res que están comprometidos por su pertenencia política y son
responsables civilmente ante la acción política que pertenece a una
situación todavía cargada de posibilidades. Al juzgar a distancia, el
sujeto vislumbra un horizonte más amplio de comprensión, tiene
una mirada independiente que pone en evidencia los límites del
espíritu en la deliberación y en la acción. Por otro lado, el sujeto
representa un poder capaz de poner en claro el acotamiento de las
perspectivas en la acción política y así puede tener una base para
evaluar el estado de las promesas de un buen gobierno, sobre las
cuales se funda y se confirma la obligación del mandato entre los ciu-
dadanos y representantes.
El juicio moral postula un punto de vista del ciudadano anclado
en su condición de hombre. El juicio de un actor “laico” sobre una
acción política estuvo, desde los orígenes, ligado a la idea moder-
na de soberanía popular, de una mediada necesaria y complemen-
taria de la competencia específica del legislador. El ejercicio del jui-
cio está justificado antropológicamente por la posibilidad del error
humano, y ontológicamente porque la decisión política no llega
jamás a reflejar las opiniones de todo los miembros de la comunidad.
Esto hace que los gobernantes, aun los que actúan haciendo todo
lo posible para no equivocarse, puedan desencadenar efectos im-
122
previstos: todos no saben hacer leyes buenas —afirmaba Marcilio de
Padua—, pero todos comprenden cuando estas leyes son malas.
¿Quién podrá juzgar mejor que los destinatarios de la ley? La fuen-
te del juicio no es aquí la competencia jurídica, sino la razón porta-
dora de una cultura civil.
La acción política, en tanto que se sustenta sobre la lealtad a los
principios, a la justicia de las deliberaciones, a la honestidad de los ac-
tores, no puede ser conocida sino por la descripción de lo negativo
de la
libertad
(falta de una acción, no cumplimiento). Las acciones de-
ben ser evaluadas en tanto que disposiciones o patologías de las per-
sonas públicas en relación a los principios democráticos. Montaigne,
en primer lugar, después Montesquieu y luego Bacaria, han fijado
de un modo irrecusable la distinción del papel entre aquel que ejerce
el poder político y aquel que ejerce el juicio moral: “para saber si la
acción de un poder es buena o mala, preguntad a las víctimas”. He
allí la prueba capital de la pertenencia política, así como de la cues-
tión sobre el
status
de “civilidad” que acompaña al sistema demo-
crático.
Una teoría “local” sobre el despotismo
La exclusión del juicio moral de la política ha debilitado la carga nor-
mativa de la opinión pública. Sin embargo, ésta es reciente, así como
es reciente la democracia de las masas, la cual está ligada —en la
tradición continental europea— a la evolución de los saberes que
identifican a la acción política con el Estado: el derecho, así lo hace.
Los análisis modernos de la desviación del poder político, por ejem-
plo, todos concentrados sobre la forma general de las constitu-
ciones, parecen, desde hace mucho, inadecuados para explicar las
patologías particulares del sistema democrático. Esto, al menos, por
tres razones: 1) porque la supresión de las libertades se inscribiría
necesariamente en un cambio del régimen político, en la antítesis
democracia-totalitarismo; 2) porque se suponía que los actores es-
taban encuadrados dentro de la división de los dominios de la acción
—social o política, privada o pública—, mientras que en la comuni-
cación éstos practican la ubicuidad; 3) porque, en fin, la teoría del
totalitarismo presuponía que la libertad de expresión había sido
123
suprimida y reemplazada por una ideología única, públicamente
impuesta por el poder estatal.
El diagnóstico liberal —salvo excepción— presupone, en efecto,
que toda ideología se afirmaría a través de los poderes del Estado
y que por consiguiente ésta se presentaría como una voluntad “ma-
nifiesta”, coherente y conforme con los principios del régimen po-
lítico. Pero esto no llega a explicar las patologías endémicas del
régimen democrático. Se excluyen, en efecto, las posibilidades de
desestabilización que caracterizan a los sistemas democráticos: 1) la
explotación legal de las libertades civiles, es decir la vía privatizante;
2) la explotación de la posición legal de los poderes públicos. Se
excluye el hecho de que la patología pueda afirmarse explotando
el distanciamiento entre la acción legal y la acción legítima que so-
lamente las garantías liberales permiten. El diagnóstico fundamen-
tado sobre una epistemología que reduce los principios liberales a
las garantías formales frente al sistema totalitario, ha sido durante lar-
go tiempo sobreentendido como una autoinmunización del régimen
democrático, olvidando la crítica “local” de los poderes en una de-
mocracia. Para ser admitidos actualmente en la sociedad política in-
ternacional, la forma democrática del Estado se ha hecho indispen-
sable; esto significa que un ejercicio dictatorial del poder no puede
manifestarse más públicamente, ni ser encarnado en una persona
como antes sucedía. La posibilidad técnica de reproducir por el con-
ducto de los medios de masas una comunicación en sentido único
y sin que lo parezca, representa ciertamente un medio extraordina-
rio de dejar en el anonimato al que ejerce el poder.
La génesis del conformismo democrático
Tocqueville, remplazando al actor político tradicional (el Estado)
por las asociaciones civiles, fue el primero en reflexionar sobre la po-
sibilidad de la coexistencia entre la democracia de
jure
y el des-
potismo de
facto
; así, un sistema fundamentado sobre los principios
democráticos puede transformarse en un despotismo en cuanto a
sus resultados. Puso, entonces, en relieve la paradoja de la libertad
en la democracia: la dialéctica de la sociedad civil debería incitar a
los ciudadanos a ejercer la libertad, cuando la acción colectiva tiende
Cuestiones contemporáneas
124
a reducirse a un
conformismo
que acorta la base liberal de la socie-
dad política; porque, para que haya opinión, es necesario que la ma-
nifestación pública del individuo sea posible. ¿Cómo se puede expli-
car el hecho de que la práctica social de la autonomía expresiva desa-
rrolle actividades políticas que llegan a una heteronomía voluntaria
de los actores? ¡Ciertamente el conformismo en las conductas es un
síntoma! En general, el conformismo es el comportamiento de un su-
jeto que no se manifiesta; así, la voluntad singular del individuo no
se revela en la acción pública. Parece tratarse de una acción orienta-
da por una voluntad diferente (heterónoma) de aquella que es la del
actor. Se trata entonces de evaluar una modalidad moral del sujeto:
el sentimiento de la “no libertad”.
En los lugares en los que el Estado de derecho se ha afirmado, no
se puede decir que la falta de espíritu crítico sea arrastrada por un
Estado de alineación política, dado que el principio moral democrá-
tico presupone que una voluntad sea libre cuando está personalizada:
los individuos son el capital civil de la democracia. El conformismo
es el resultado de una tendencia a la complacencia frente a los po-
deres que están situados; éste aporta ventajas a los actores en tanto
que particulares y lleva entonces a una erosión del capital civil; éste
se manifiesta también como una falta de distancia crítica en relación
al régimen político y a la forma de la sociedad. La conducta con-
formista debe definirse en relación al
principio
democrático en el
sentido que le da Montesquieu, referido en este caso al valor asig-
nado a la libertad de expresión. El conformismo debe, entonces, ser
llevado a la estructura de la acción colectiva y analizado en relación
a las acciones que se desarrollan entre los que ejercen el poder y los
que lo soportan. Una baja del nivel en el ejercicio de la libertad de
información, por ejemplo, puede nacer de ciertas formas de conver-
gencia entre poderes. La clase política puede expresar una demanda
de lealtad respecto de la prensa, avanzado un requerimiento de
información domesticado, suave, con respecto a sí misma: “ayú-
denos a comprender mejor lo que sucede, pero sobre todo no digan
nada diferente de lo que nosotros queremos comprender”. La tenta-
ción de las elites de hacer cuerpo y de convertir su función en poder
autorreferido se traduce en una restricción de la libertad civil, tanto
más que hay que subrayar que en la opinión pública el poder de opo-
sición y de crítica es débil, y aún podríamos decir que está ausente.
125
Representación pública de las opiniones sociales
La comunicación mediática ejerce un poder
selectivo
de representa-
ción del público, es decir de la sociedad por ella misma. Este poder
puede, paradójicamente, muy bien intensificar la acción de ocupa-
ción del espacio público reduciendo, al mismo tiempo, la pluralidad
expresiva de la sociedad. Sabiendo que la acción comunicativa se
despliega en una estructura social pluralista, no será, ciertamente, a
la acción de una ideología que le toque el papel de reducir las po-
sibilidades de expresión. Ahora bien, sabiendo que el poder de-
mocrático se funda sobre el consenso, aquel que quiere explotar la
opinión pública en su provecho debe adoptar una estrategia para
manejarla. Utilizando las libertades civiles, buscará poner en obra su
poder de sugestión directamente sobre la “sociedad de los priva-
dos”, es decir en la esfera doméstica: no tiene necesidad de ocupar
el espacio público para que las opiniones de los ciudadanos puedan
ser manejadas.
En el espacio mediatizado (que es el de los medios de comunica-
ción de masas), la estrategia de ocupación del territorio se desplie-
ga de otra manera, pero no menos masivamente, y precisamente es
en el control de los géneros expresivos y en el volumen de su di-
fusión que ésta tiene lugar. La comunicación puede ser presentada
públicamente, no en una pluralidad de géneros expresivos, pero en
la variación que se inscribe en el mismo género. Se puede señalar
una restricción de la posibilidad expresiva que puede acentuarse
hasta la ruptura de la pertenencia a una misma ciudadanía. En efec-
to, puede darse una pluralidad de opiniones entre los actores que
no tiene representación pública. Puede, entonces, haber una plura-
lidad social potencial que subsista con la opinión pública mono-
cromática. Se trataría entonces de una desimetría marcada entre la
pluralidad social y la representación pública, que modificaría por
tanto el carácter universal y la función integrativa de la esfera pú-
blica. La conformidad pública puede ser demandada no sólo por
razones abiertamente ideológicas, sino directamente por imperati-
vos técnicos. Por ejemplo, en el acceso a los medios se pone como
condición la
cuasi
renunciación a la froma
discursiva
: brevedad de
la intervención, predeterminación del lenguaje, predeterminación
del sujeto.
Cuestiones contemporáneas
126
¿Ortopraxis o autonomía?
La libertad individual en nombre de la cual el liberalismo limita el
poder del Estado, y la libertad política a partir de la cual la demo-
cracia legitima el poder de los ciudadanos, se fundamentan sobre
una idea “autoconstitutiva del sujeto”: la autonomía del individuo y
la autodeterminación del cuerpo político. El poder mediático pre-
senta una estructura que rearticula de una nueva forma al individuo
con el público, puesto que toca las dos dimensiones de la libertad:
sea la dimensión democrática en la esfera pública, o bien la di-
mensión liberal en la esfera privada. Este poder tiene la posibilidad
de franquear la línea que tradicionalmente garantizaba a los indi-
viduos una independencia impenetrable a la influencia social. La
idea de la libertad activa de expresión debe, entonces, ser recon-
siderada en ese contexto.
Los medios de comunicación de masa pueden, por otro lado, in-
fluenciar directamente a los individuos en la esfera “doméstica”,
escondiendo a los ciudadanos las acciones cuyos fines contradicen
el principio democrático. A diferencia de lo que vale en los regí-
menes gobernados por una ideología públicamente afirmada, el
límite de la libertad expresiva está determinado aquí por el control
del pasaje de la indistinción social a la aparición pública que exige
una conformidad ideológica no en su origen, pero, ciertamente sí,
en sus resultados. Una condición de acceso por razones de eficiencia
puede ser el medio de producir una conformidad que equivale, en
los resultados, a la que reivindica una ortodoxia.
Una suerte de
ortopraxis
se manifiesta igualmente en el domi-
nio de los saberes y resulta de un sesgo entre la experiencia que se
puede explicar y la experiencia que es expresada según los códigos
epistemológicos corrientes. Se exige una conformidad con los gé-
neros que privilegian el modo de saber positivo y realista; así, la
conformidad metodológica fija a la vez la agenda de los acercamien-
tos y el cuadro de las preguntas. Las víctimas de esta predetermina-
ción epistemológica serán forzosamente las formas “reflexivas” del
pensamiento, es decir aquellas que exigen de una gran libertad de
iniciativa y una distancia mantenida en relación a la acción: la crític'a,
la dialéctica, la comprensión, etc. Popper no dejaría de afirmar que
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una de las condiciones de existencia de la sociedad abierta es la
“institucionalización de la crítica”.
Un espacio de comunicación tiene que ser un bien verdadera-
mente “público” cuando se honra el pacto de fidelidad a la libertad,
es decir cuando el individuo dispone de la posibilidad de tomar en
sus manos una acción expresiva y de ejercer su facultad sin restric-
ción. Esta capacidad es disminuida cuando éste se ve constreñido
a escoger entre la expresión conforme a los códigos determinados
y/o encerrarse en una anómica reproducción de lo subjetivo. Es
igualmente verdadero que la expresión pública de la comunicación
llena un vacío de la actividad política. Si la comunicación política
toma una importancia creciente, es que la política no impone más
los principios claros de integración y que la comunicación recubre
una función de ocultamiento. Es por ello que es necesario reflexio-
nar sobre lo que nos liga a estar en la sociedad y lo que significa to-
davía dar nuestro consentimiento. Más allá de la organización cons-
titucional de las elecciones, este principio distingue los sistemas
democráticos de otros sistemas.
Recibido el 2 de marzo del 2002
Aceptado el 4 de abril del 2003 por invitación
Cuestiones contemporáneas
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