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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Desde Tláhuac hacia la sociedad que queremos:
Notas para una agenda.
*
Elena Azaola
1
Toda condena de la violencia es estéril
si no va acompañada de
medios alternativos. Para ser realmente una alternativa a la no-
violencia, dichos medios deben tener la misma eficacia que los
procedimientos que emplea la violencia para alcanzar metas valiosas
como el poder, el bienestar, la paz, la libertad y
la justicia
(Norberto
Bobbio).
2
Resumen
El trabajo analiza el linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva que tuvo lugar en Tláhuac
en noviembre de 2004 a la luz de los conflictos que puso de manifiesto tanto en la coordinación entre las
instituciones
de seguridad pública federales y locales así como en las relaciones entre policías y ciudadanos.
Se enfoca el problema desde la perspectiva de la agenda de asuntos públicos por resolver para evitar que
linchamientos como estos vuelvan a producirse.
Abstract
The article analyzes the lynching of three members of the
Policía Federal Preventiva
that took place in
Tláhuac (a southern Mexico City’s suburb) on November 2004. This unfortunate event underlines the lack of
coordination between federal and local police forces as well as several existing problems in the relationship
between police forces and citizens. The problem is also seen under the perspective of the political agenda that
should be attended in order to avoid other cases like these.
Palabras clave
Linchamiento de policías – Ciudad de México
*
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Juárez 87, Tlalpan
México 14000 D.F.
1
Agradezco a Guadalupe Barrena quien colaboró tomando las notas de la conferencia que impartí y que
sirvieron para elaborar este texto.
2
Norberto Bobbio, “Es una alternativa la no violencia”, en:
El problema de la guerra y las vías de la paz,
Barcelona, Gedisa, 2000: 197-198, citado por Jorge García en: “Caín y las paradojas de la violencia”, inédito.
100
Introducción
El pasado 23 de noviembre en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, -un pequeño pueblo
que hoy ha quedado enclavado dentro de la Ciudad de México-, Víctor Mireles, Cristóbal
Bonilla y Édgar Moreno, oficiales de la Policía Federal Preventiva (PFP), fueron linchados
cerca de la plaza principal y a unos cuantos pasos de una escuela pública. Los dos primeros
perdieron la vida y el tercero quedó gravemente lesionado. Los hechos involucran la
controvertida participación de las autoridades de seguridad de los gobiernos local y federal,
quienes se mostraron incapaces de intervenir eficazmente para salvar la vida de sus colegas.
Los acontecimientos estaban a flor de piel cuando, apenas dos días después, presenté las
siguientes reflexiones en un evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales en el que se comentaba un libro sobre los orígenes de la institución policial en
México. Me pareció que la manera más responsable y respetuosa de acercarse a una herida
todavía abierta y dolorosa, como lo fue la muerte de dos policías que todos pudimos
presenciar de manera insólita y aberrante frente a la televisión, era intentar desmenuzar
estos hechos para, como lo propone Bobbio, encontrar una alternativa a la violencia así
como para extraer las lecciones que tuviéramos que aprender. Téngase en mente que no
disponíamos en ese momento de una “verdad” en el sentido que Foucault asigna a este
término cuando se trata del resultado que se construye siguiendo los pasos que el ritual de
los procedimientos judiciales impone, es decir, de una verdad jurídicamente construida.
3
Lo
que aquí decimos es apenas la “verdad” que se asoma detrás de las diferentes versiones que
han sido expuestas en los medios de comunicación o en los rumores que puede uno recoger
en la calle entre la gente común.
4
En primer término hay que decir que nos encontramos frente a acontecimientos que
nos permiten vislumbrar de manera condensada, que dejan traslucir, una buena parte de los
problemas que más preocupan tanto a los habitantes como a las autoridades de la Ciudad de
México. Se trata, en este sentido, de acontecimientos “densos” como los denominara el
3
Michel Foucault,
La verdad y las formas jurídicas,
México, Gedisa, 1984.
4
Para elaborar este trabajo también he tenido en mente los testimonios de numerosos policías que he
entrevistado durante los últimos años como parte de una investigación que se halla en curso sobre la policía
de la Ciudad de México. Algunos datos preliminares han sido expuestos en: Elena Azaola, “Las debilidades
de la fuerza pública de la Ciudad de México”, conferencia impartida en la Universidad de Oxford, junio de
2004.
101
famoso antropólogo Clifford Geertz.
5
Es decir, de acontecimientos que condensan
numerosos factores sociales o que son capaces de poner al descubierto, en un sólo evento,
el entramado de circunstancias más significativas por los que atraviesa una sociedad en un
momento determinado. Nuestra propuesta es, entonces, tomar sólo unos cuantos hilos de la
madeja con el fin de desentrañar algunas de las lecciones que este acontecimiento nos
pueden ofrecer.
Al mismo tiempo, nos parece que de este modo intentamos dar un sentido a la
violencia sin razón que sufrieron los policías, es decir, expresar nuestro deseo de que su
muerte no haya sido en vano y de que, si logramos aprender de ella, nadie más tenga que
sufrir una muerte así. Analizar los hechos que llevaron a la muerte de los policías como un
acontecimiento “denso”, parece una forma de honrarlos y salir del horror que la
circunstancia nos provoca. Dirigir, así, nuestra mirada hacia todo cuanto la lectura de los
acontecimientos que proponemos nos indica que es necesario cambiar, será nuestra forma
de honrar su memoria.
Sólo si nos damos a la tarea de preguntarnos ¿qué sucedió? y ¿por qué?, estaremos
en condiciones de poder identificar aquello que como sociedad debemos superar,
así como
de contribuir a diseñar un nuevo modelo para las instituciones policiales y un nuevo rumbo
para las relaciones entre policía y sociedad. De la densidad de este acontecimiento podemos
valernos, en otras palabras, para elaborar la agenda que se requiere tanto para encausar los
cambios que es preciso emprender en las instituciones policiales, como aquellos que hacen
falta para construir otra clase de vínculos entre policía y sociedad. Un saldo positivo que no
debemos desdeñar es el repudio generalizado que estos hechos suscitaron: No hubo nadie
que los justifica. Éste es, quizás, el único hecho positivo que encontramos al lado de una
cadena de infortunios y que vale la pena resaltar ya que, por un momento, elimina la
distancia, que a menudo adquiere la forma de confrontación, entre policía y sociedad. Es
por ello que no debemos perderlo de vista.
En el intento por retomar algunos hilos de la madeja que quisiera desenredar, me
pareció importante destacar ocho puntos que, considero, nunca debieron haber ocurrido y
no debieran repetirse si la sociedad que queremos es una en la que autoridades y
ciudadanos se sometan por igual al pacto que impone vivir dentro de un Estado
5
Clifford Geertz,
The interpretation of cultures,
Nueva York, Basic Books, 1973.
102
democrático de Derecho. Los ocho puntos que, considero, no deberían tener lugar en un
Estado con estos atributos, son:
Una policía distante, por encima de la comunidad
Según una de las versiones que se han difundido sobre el linchamiento, el primer
contacto de algunos miembros de la comunidad con los agentes de la PFP consistió en
preguntarles quiénes eran y qué estaban haciendo en el pueblo. De acuerdo con esta
versión, los oficiales respondieron que no tenían por qué dar explicaciones a los vecinos ni
rendirles cuentas.
De haber sucedido así, éste sería el primero de una serie de eventos desafortunados
que podría ilustrar la naturaleza de los contactos que cotidianamente ocurren entre policías
y ciudadanos. En este caso lo que se pone en evidencia es la existencia de un modelo
mediante el cual la policía no se concibe como una institución que tiene como prioridad el
servicio a la comunidad. Un modelo policial alternativo colocaría a la sociedad en primer
plano y entrenaría a sus agentes de tal modo que actuaran en consecuencia con esta premisa
ante cualquier circunstancia. En un modelo alternativo,
no cabría
una respuesta que
colocara a la policía por encima y en confrontación con la comunidad.
Una comunidad desprovista de alternativas, empujada a la ilegalidad
En el origen de la agresión que sufrieron los policías, otra de las versiones sitúa el
rumor que se habría esparcido en la comunidad acerca de que éstos habrían secuestrado o
pretenderían secuestrar a niños de una escuela pública a los que previamente habrían
fotografiado.
Cabe señalar que dicho rumor podría parecer verosímil a la luz de casos en
los que algunos elementos de la policía efectivamente han tomado parte en organizaciones
delictivas dedicadas al secuestro. No obstante, aun en el caso extremo de que se tratara de
policías que hubieran tomado parte en hechos delictivos, (lo que ninguna de las versiones
que hasta ahora se conocen habría confirmado), nada justifica la violencia exacerbada que
contra ellos ejercieron algunos habitantes del lugar hasta ocasionarles la muerte por golpes
e incluso que se les prendiera fuego antes de morir. Este grado extremo de violencia no
103
debe ser pasado por alto sino que, por el contrario, debe inducirnos a la reflexión. ¿Qué
puede explicar esta violencia, esta furia de algunos habitantes de la comunidad allí
desplegada? Habremos de resguardarnos de ocultar el origen de esta violencia tras las
explicaciones que se contentarían con pensar que narcotraficantes o guerrilleros habrían
utilizado a los habitantes del lugar en una operación previamente calculada para proteger
sus intereses. Aún si hubieran sido instigados por miembros de organizaciones delictivas, la
pregunta permanece: ¿qué llevó a algunos habitantes de la localidad a actuar de ese modo?
Otras versiones afirman que también hubo policías de otras corporaciones que
tomaron parte en el linchamiento. De ser el caso, no podemos eludir la pregunta: ¿de dónde
viene esta brutal descomposición que conduce a un oficial de policía no sólo a dejar de
intervenir para ayudar a un colega, sino a participar activamente en su agresión hasta la
muerte, tan sólo por
pertenecer a una corporación distinta?
Aunque seguramente no lograremos dar respuesta a estas interrogantes, considero
que esta violencia exacerbada revela un nivel igualmente elevado de rencor social, de
desencuentro entre sectores, de desgarramiento del tejido social. Nos muestra que algunos
grupos quizás se encuentran en los bordes, en el límite de la exasperación, como lo
manifiesta la furia incontenible que caracterizó estos hechos. Si tuviera que arriesgar alguna
hipótesis para explicar este grado de violencia, comenzaría señalando que la distancia que
existe entre el orden jurídico y la realidad cotidiana de la mayor parte de los habitantes de
nuestro país, no sólo podríamos observarla en hechos como éstos. Además de que, de dicho
distanciamiento, no son sólo responsables los habitantes sino también, en buena parte, las
autoridades. La hipótesis que arriesgaría es que la falta de respeto de la legalidad por parte
de las autoridades, propicia la falta de respeto a la ley por parte de las comunidades y se
constituye, quizás, en uno de los motores que impulsan la rabia acumulada. Otra hipótesis,
para la que no habría más que consultar los principales indicadores acerca de la distribución
de la riqueza en el país, sería que la violencia es el resultado de una sociedad que se
encuentra profundamente marcada y agraviada por sus enormes desigualdades, por sus
injusticias cotidianas. Durante las últimas décadas nuestro país ha salido de una crisis para
entrar en otra y sus habitantes han visto que una y otra vez se reducen las posibilidades que
tienen para obtener un empleo y un salario dignos, en otras palabras, para insertarse de
manera legal a la sociedad. Lo que, en cambio, se ha incrementado, son las posibilidades de
104
inserción tanto en el mercado informal como en las actividades para-legales e ilegales.
Estas son sólo algunas consideraciones de entre otras que podrían hacerse.
6
La autoridad inmediata sin liderazgo ni responsabilidad
Otra de las versiones que circulan sobre estos hechos se refiere a la participación
que en los mismos tuvo la Jefa de la Delegación. Se dice –y ella misma así lo confirmó–
que estuvo presente en el momento que se inició el linchamiento hasta que juzgó que no
podría controlar la situación y entonces se retiró. Si este fue el caso, esta actitud no se
explica ni se justifica de modo alguno. Siendo la máxima autoridad de la demarcación, y
precisamente por la dificultad que la situación ofrecía, debió permanecer en el lugar. No se
explica el hecho de que hubiera abandonado el sitio, conociendo el riesgo que existía para
la vida de los policías y para resguardar el orden y la seguridad entre los pobladores. Si
consideraba que los elementos con los que contaba no eran suficientes para controlar la
situación, debió haber solicitado todo el apoyo que se requería tanto de las autoridades
locales como de las federales a las que pertenecían los policías que estaban siendo
agredidos. En cualquier caso, la Jefa de la Delegación debió haber permanecido y agotar
todos los recursos.
Que no lo hubiera hecho muestra una distorsión importante en la
manera de concebir y asumir sus responsabilidades en tanto que autoridad máxima de la
demarcación.
La solidaridad entre policías soslayada por el enfrentamiento político
Resulta difícil de creer que ninguna de las corporaciones policiales, ni locales ni
federales, hubieran logrado hacerse presentes oportunamente, mientras, casi de manera
simultánea, todos podíamos presenciar por televisión la forma en que los policías estaban
siendo brutalmente asesinados. A pesar de las llamadas de auxilio que hicieron a sus jefes
6
Entre ellas cabría reflexionar también en el clima de pánico moral que existe en el país con respecto al
“robo” de niños, clima que al parecer habría dado lugar para que al menos alguna parte de quienes
participaron en el linchamiento lo hiciera bajo el temor de que los policías efectivamente estuvieran ahí para
sustraer niños de la comunidad, de acuerdo con un
rumor que se habría hecho correr. Sobre estos temas
pueden consultarse: Philip Jenkins,
Moral Panic, Changing concepts of the child molester in modern
America,
New Haven, Yale University Press,
1998 y, Elena Azaola y Richard Estes,
coords., La infancia
como mercancía sexual. México, Canadá, Estados Unidos,
México, Siglo XXI Editores.
105
los oficiales linchados, y que también fueron transmitidas por televisión, se les dejó morir
sin que los mandos policiales ordenaran que se les brindara todo el apoyo necesario y de
manera inmediata.
Este hecho envía un mensaje francamente desalentador a los integrantes
de todos los cuerpos de policía del país: también ellos pueden ser abandonados de manera
poco solidaria y responsable como les ocurrió a sus compañeros en Tláhuac. Esta omisión
grave por parte de las autoridades nunca debió de haber ocurrido. Si pensamos en el modelo
de policía que necesitamos y en la sociedad que queremos, este hecho revela otro tema
también urgente que hay que incorporar a la agenda: el de la necesidad de coordinar de
manera eficaz a las diversas fuerzas policiales tanto locales como federales. La ausencia de
este tipo de coordinación queda al descubierto en hechos tan lamentables como los que aquí
analizamos, pero también afecta de manera cotidiana a los ciudadanos que esperarían que la
seguridad pública mejorara.
Es indudable que las versiones que los jefes de las corporaciones policiales han
expuesto para intentar explicar por qué fue imposible que la fuerza pública acudiera a evitar
el linchamiento, no han resultado convincentes. Más aún, queda la impresión de que lo que
habría provocado la parálisis que les impidió tomar las decisiones que se requerían de
manera oportuna, es la guerra política que prevalece entre autoridades locales y federales y
que habría extremado la posición de vulnerabilidad en la que, quizás, ambas autoridades se
habrían sentido colocadas. Este supuesto quedó confirmado unos días después cuando
varios funcionarios locales y federales fueron destituidos de sus cargos aun antes de que
concluyeran las investigaciones que deberían haber permitido deslindar las
responsabilidades de cada quién. En cualquier caso, y dado el contexto antes descrito, las
renuncias no han dejado satisfechos a propios ni ajenos, pues lejos de verse como un acto
que permite reconocer la responsabilidad, se les mira, más bien, como actos que forman
parte de la escalada política.
Otro hecho que ha llamado la atención es el de la presencia de algunos oficiales de
policía de corporaciones distintas a las que pertenecieron quienes estaban siendo agredidos,
y quienes no actuaron para impedir el linchamiento bajo el argumento de que no estaban en
funciones o de que no tenían órdenes de sus superiores para intervenir. De ser esto cierto,
estaríamos ante otro hecho que nunca debió haber ocurrido si se piensa que, más allá de su
deber profesional, faltaron al deber humano más elemental de preservar la vida. Colocar en
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un primer plano, en un caso como éste, la orden de sus superiores, preocupa por el olvido
que representa ignorar en primer término su condición humana. Bajo el
modelo de policía
y de sociedad que queremos no puede olvidarse, bajo ninguna circunstancia, colocar en un
primer plano el deber de preservar la vida.
Los altos mandos insensibles en un plano humano elemental
Ante la gravedad de los hechos ocurridos, frente a la pérdida de la vida de los dos oficiales
linchados y el grave estado de salud de quien logró ser salvado por elementos de la policía
judicial que intervinieron en el último momento, las autoridades no mostraron un esencial
sentido de humanidad. Luego de la
cadena de errores que hemos destacado, la ausencia de
los altos mandos se hizo evidente. Los funcionarios de mayor rango permanecieron
ausentes en el momento en que ocurrían los hechos, ausentes frente a los deudos de los
oficiales linchados y ausentes frente a sus responsabilidades con la sociedad. No se registró
ninguna reacción verdaderamente espontánea que revelara una mínima empatía con las
familias de los policías muertos.
La autoridad incapaz de reconocer sus errores
Cuando llegó el momento de asumir responsabilidades, el enfrentamiento político entre las
autoridades locales y federales ocupó de nueva cuenta el lugar principal. En ningún caso las
autoridades locales ni federales estuvieron dispuestas a reconocer los errores organizativos,
logísticos, de cadena de mando, de inteligencia, de coordinación, de gestión, de eficacia y
de toma de decisiones que los hechos habían dejado al descubierto. Quedaba sólo un
cúmulo de preguntas sin responder: ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué impidió que se
tomaran las decisiones necesarias? ¿Qué medidas se tomarán para subsanar esos errores?
¿Qué pasos se adoptarán para impedir que casos similares se vuelvan a repetir? En lugar de
responder a estas preguntas, las autoridades se centraron, de nueva cuenta, en la discusión
sobre quiénes deberían renunciar, más como un castigo político para los adversarios que
como un paso encaminado a corregir los errores y las deficiencias que los acontecimientos
habían revelado. Como si destituir a algunos funcionarios resolviera en forma automática
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las carencias y las deficiencias en las instituciones policiales. Centrar la atención en las
destituciones nos parece desafortunado porque la desvía o tiende una cortina de humo sobre
los verdaderos problemas que quedaron sin resolver.
Tampoco se ha explicado, por ejemplo, por qué en casi todos los linchamientos
ocurridos con anterioridad (24 tan sólo en la Ciudad de México durante los últimos 3 años)
no se ha buscado presentar ante la justicia a los responsables y de qué manera este hecho
pudo haber sentado un precedente que hiciera pensar a los agresores que también en este
caso tendrían garantizada la impunidad.
Ante la cadena de errores que hemos venido mencionando, consideramos que no
quedaba otra salida a las autoridades sino reconocerlos, ofrecer las disculpas necesarias a
los deudos y a la sociedad, así como ofrecer al mismo tiempo el compromiso de repararlos
adoptando las medidas necesarias para evitar que hechos similares volvieran a repetirse.
Hasta ahora ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por haberse mostrado incapaz
de proteger la vida de los oficiales de policía, ni ha reconocido que ello no tendría por qué
haber ocurrido. Tras los errores cometidos, esto último hace los hechos doblemente
desafortunados.
El exceso de los medios como única vía para solidarizarnos con la labor de la policía
A la cadena de errores hay que sumar el que los medios televisivos hubieran hecho de la
ejecución de los policías un espectáculo. También ellos, a través de sus reporteros, se
mostraron incapaces de colocar la vida humana en un primer plano y de haber hecho todo
lo que estaba a su alcance para impedir el martirio de los oficiales. El deber de informar,
evidentemente, no alcanza para excusarlos. Filmaron y registraron paso a paso cada uno de
los golpes y vejaciones en una conducta que, cuando menos, puede considerarse como
cómplice de los agresores. Parecían estar frente a una espectáculo valioso y codiciado para
su audiencia antes que frente a una acto que cualquier ser humano tenía el deber de
repudiar. Aun durante los siguientes días, la continua repetición de las imágenes y el hecho
de que siguieran contando con la audiencia para presenciarlas, nos llama a la reflexión pues
nos habla de una sociedad dispuesta a tolerar lo intolerable, a reivindicar la violencia así sea
como transmisores o espectadores.
108
El hecho, por otra parte, de que hubiera sido necesario que presenciáramos esas
imágenes para que la sociedad pudiera expresar su repudio a esa agresión y solidarizarse
con los policías, nos habla de la distancia enorme que hay que franquear para poder acercar
a policía y sociedad. Nos habla, también, de las dificilísimas condiciones en que los
policías desempeñan su trabajo, siempre en medio del recelo, la desconfianza, cuando no
del abierto repudio y la agresión por parte de la sociedad. El desencuentro es todavía más
grave si pensamos que no sólo la sociedad desconfía de la policía sino que también ésta
última se siente con sobrados motivos para tomar distancia de la población. De nueva
cuenta, cabe colocar estos hechos bajo la luz del modelo de policía que necesitamos, del
modelo de sociedad que queremos. Es preciso elaborar una agenda que siente las
condiciones que permitan revertir la desconfianza y construir lazos de solidaridad, sin tener
que apelar a sucesos tan extremos para sensibilizar a la sociedad respecto de la labor
policial.
La venganza como respuesta de la autoridad
Este último punto condensa y cierra el círculo de la cadena de sucesos que nunca debieron
de haber ocurrido. Me refiero a la escena, que también pudimos presenciar por televisión al
día siguiente, en que policías federales se presentaron en las casas de los supuestos
responsables derribando puertas, destruyendo objetos, golpeando y arrastrando a los
vecinos para que confesaran su participación o señalaran a los culpables. También de ello
los medios televisivos no omitieron hacer un espectáculo. Si primero fue un grupo de
ciudadanos los que se valieron de la venganza y fueron incapaces de acudir a la justicia,
después fueron las autoridades las que, desconociendo las formas y los procedimientos
legales, también acudieron al expediente de la venganza haciendo a un lado el derecho, la
razón y la justicia. El hecho preocupa especialmente porque en este caso no hubo voces que
se levantaran para condenar los abusos de la autoridad.
109
Conclusiones
Según afirma Max Weber, la política consiste en una lenta y tenaz superación de diversas
dificultades que tiene que cumplirse con pasión y discernimiento crítico al mismo tiempo.
7
El objetivo de estas reflexiones ha sido el de animar la construcción de los trayectos
políticos que es preciso recorrer para dar paso a la superación de acontecimientos como los
brevemente reseñados. Como nos lo recuerda Fernando Savater, la sociedad democrática no
es otra sino la que hace posible la búsqueda razonable de lo mejor, o la que permite a todos
elegir y participar igualitariamente desde su pluralidad de opciones en el futuro que va
construyéndose socialmente.
8
También nos recuerda que, en contraste con los regímenes
antiguos donde se consideraba que la sociedad habría de regirse por principios que le
venían impuestos por los dioses o los reyes, el régimen democrático nos ofrece la ventaja y
nos brinda la oportunidad de construir la sociedad que queremos. Es decir, a pesar de que
todo parece indicar que nuestro país no reivindica ni desearía que acontecimientos como los
de Tláhuac volvieran a repetirse, sin embargo quizás estamos todavía muy lejos de haber
aprendido las lecciones que estos acontecimientos debieron dejarnos así como de ejercer
plenamente nuestra facultad para diseñar, en los hechos, la sociedad en la que queremos
vivir.
Epílogo
Dos meses después del linchamiento, me tocó coordinar
9
una reunión que un grupo de
colonos de San Juan Ixtayopan solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal con el propósito de poder entablar un diálogo entre vecinos sobre lo ocurrido y
sobre la manera como los hechos habían afectado la vida de la comunidad. Les preocupaba
que el nombre del pueblo se asociara a esos hechos y que todos los habitantes fueran
considerados como responsables de manera indiscriminada.
7
Citado por Michelangelo Bovero en conferencia impartida en la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal el 25 de octubre de 2004.
8
Fernando Savater,
El valor de elegir,
Ariel, México, 2003: 142-143.
9
En mi calidad de integrante del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Al preguntar a los colonos ¿cómo se explicaban ellos lo que había ocurrido?, una
mujer de mediana edad, dijo:
“Fue por el coraje de que se hubieran robado a los niños”.
Un hombre de mayor edad, señaló:
“Yo pienso que todo esto es culpa del gobierno
porque la gente está muy presionada por la carestía, por la falta de gobernación, por la
falta de empleo. Este gobierno no se está dando cuenta y no hacen nada por componer la
situación…Lo que ocurrió fue como un escape de la presión, como en una olla express”.
Y
más adelante, agregó:
“En nuestro país las autoridades están por los suelos, hay que ser
insistentes con ellos. Las autoridades no hacen nada, uno pierde tiempo, va a exigir y no le
hacen a uno caso. Tenemos calma, pero luego la calma se pierde porque las autoridades
no hacen caso, por eso pasa lo que pasa”.
Otra mujer madura, dijo:
“Yo pienso que los hechos ocurrieron porque estábamos
convencidos de que eran secuestradores. La gente estaba convencida de eso, de que eran
policías pero eran secuestradores. Yo creo que la gente se sentía moralmente dolida de que
se hubieran llevado a los niños. Yo creo que cualquiera que sepa que se llevaron a los
niños, hubiera hecho eso”.
Por último, otra vecina, añadió:
“A mí me pareció injustificado pero no sé cómo
hubiera reaccionado si hubiera estado ahí y me hubieran dicho que se habían llevado a
mis hijos. A lo mejor hubiera reaccionado igual”.
En los testimonios anteriores parece prevalecer la opinión de que, dado que los
policías estaban siendo acusados de ofensas particularmente graves, la reacción por parte de
la comunidad era la que cabría esperar ante una situación como ésa. De ser acertada esta
lectura, no deja de llamar la atención que entregar a los policías a las autoridades ni siquiera
hubiera sido considerada como una opción, tanto en el momento en que ocurrieron los
hechos como al reconstruirlos dos meses después.
Desde la perspectiva que aquí nos hemos venido aproximando a estos hechos, queda
claro que mientras esta opción no cobre vigencia, no aparezca como viable ante la mirada
de los ciudadanos, las condiciones para que hechos similares vuelvan a repetirse,
permanecerán inalteradas.
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