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La opinión de los estudiantes en el conflicto de 1999
por las reformas alReglamento General de Pagos de la UNAM
Gerardo L. Dorantes
Preámbulo
El siguiente documento —basado en mi tesis doctoral denominada
La construcción de la
agenda universitaria de pode—
comprende un somero recuento del conflicto universitario
que sirvió de marco contextual para examinar la manera en que se tomó la decisión de
reformar el Reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de
México a principios del año de 1999, que implicaba un aumento en las colegiaturas y que
generó un conflicto con los estudiantes y el cierre de la institución por diez meses, la más
larga de su historia.
El documento ilustra la dinámica inicio-desarrollo-expansión del problema con la
finalidad de conocer la manera en que la propuesta del rector Francisco Barnés alcanzó el
estatus de agenda institucional y cómo la contrapropuesta, formulada por los estudiantes,
impidió su implementación.
¿Qué ocurrió?,¿Cómo ocurrió?,¿Por qué ocurrió?
y
¿Cómo
evitar que vuelva a ocurrir?
, constituyen las principales interrogaciones.
El referente de este recuento, es la opinión de los estudiantes en torno al conflicto a
partir de una encuesta representativa aplicada a 766 estudiantes, los días 22, 23 y 26 de
marzo de 1999. Comprende desde que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público le comunicaron al rector Barnés, a finales de 1998, que el presupuesto
universitario para el siguiente año sería recortado, hasta su renuncia al cargo en noviembre
del siguiente año
149
Introducción
El 22 de abril de 1999, el entonces rector de la UNAM, Dr. Francisco Barnés, se dirigió a la
comunidad universitaria y a la opinión pública en los siguientes términos:
Hoy ha concluido el despojo de los planteles docentes de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Por más de una semana, un grupo de estudiantes ha venido
apropiándose por la fuerza de edificios, bibliotecas, aulas, laboratorios y centros de
cultura de la institución. De nada ha valido la voluntad expresa de la mayoría de los
universitarios de no recurrir a la suspensión indefinida de labores.
En todos los periódicos de ese día habían aparecido otras declaraciones donde el
rector afirmaba:
Nos encontramos en un momento de definición del futuro de la Universidad ante la
amenaza de una inminente suspensión de actividades. El pretexto para ello es la
actualización del Reglamento General de Pagos que aprobó el Consejo
Universitario el pasado 15 de marzo. La Universidad debe ser gratuita sólo para
quienes no puedan pagar una módica colegiatura y, por equidad, quienes sí puedan
hacerlo, deben contribuir a que la institución pueda brindar mejores servicios
educativos a todos los estudiantes.
Asimismo, identificaba como promotores del problema –iniciado a raíz de su
propuesta para reformar el Reglamento General de Pagos que implicaba un aumento a las
colegiaturas– a “grupos que siempre han estado a la espera de cualquier oportunidad para
fracturar el marco constitucional vigente”; entre ellos, señaló a actores externos que
financiaban el movimiento estudiantil con el fin de obtener rendimientos políticos.
De esta manera, se anunciaba el inicio de una contienda entre la rectoría y los
estudiantes que habría de paralizar las actividades docentes de la UNAM durante 295 días,
la más larga de su historia, ante la inerme mayoría de los universitarios y la indiferencia del
gobierno federal, a lo largo de los cuales los medios informativos impresos nacionales
publicarían más de 25 mil notas abarcando todos los géneros periodísticos. Se había llegado
a un punto sin retorno de una contienda política en la que la institución en su conjunto
habría de perder. Estoy preparado para una huelga larga, habría dicho Francisco Barnés al
150
ex dirigente estudiantil de la UNAM, Carlos Imaz, constituido en el interlocutor válido de
los estudiantes en el inicio del conflicto.
Cuando a principios de 1999, de manera sorpresiva, se dio a conocer la propuesta
del incremento de las cuotas, muchos universitarios connotados le manifestaron al rector –
de manera directa, por interpósitas personas y públicamente–, la urgencia de no seguir
adelante con esa propuesta. Según el testimonio de Octavio Rodríguez Araujo, el rector
fue advertido de que tal medida habría de provocar un movimiento, principalmente
estudiantil, pero el rector desestimó esas opiniones pese a que fueron
fundamentadas con experiencias anteriores y con ejemplos de la situación del país
en ese momento y para el futuro inmediato.
1
Quizás en otro momento la propuesta del rector hubiera tenido alguna probabilidad
de prosperar, pero en ese momento el contexto preelectoral nacional se presentaba como
una condición adversa evidenciando que no era el año más adecuado para revivir
el asunto
del incremento de las cuotas universitarias.
Para México, 1999 fue un año de gran actividad política. Las candidaturas para
contender por la Presidencia de la República, por la jefatura de Gobierno del D. F., por la
Cámara Baja, por la mitad de los escaños en el Senado y por la representación popular en el
D. F. habrían de definirse. El problema del estado de Chiapas se encontraba latente y el
subcomandante
Marcos se había convertido en un símbolo, y sus métodos en un ejemplo,
sobre todo entre los jóvenes universitarios, para canalizar el descontento generalizado por
los efectos de la agudización de la crisis – que derivó en un creciente empobrecimiento de
las clases medias–, debida a la devaluación de enero de 1995. La reforma política, en cuyos
orígenes se encuentra, cabe reiterarlo, el histórico movimiento social del 68, había logrado
avances insospechados en la democratización de la cultura política, más de la población que
de la elites políticas.
.
La sociedad
mexicana, conformada por una población crecientemente urbana, con
mayores oportunidades educativas pero todavía con altos niveles de analfabetismo y bajo
grado de escolaridad, con lectores mejor informados y más aptos para sacar sus propias
conclusiones, experimentaba una importante evolución política. Se había convertido en una
población más plural y actuante, como quedó demostrado 14 años atrás, a raíz del sismo de
1
Octavio Rodríguez Araujo (comp.)
El conflicto en la UNAM,.
México, Ediciones El Caballito, 2000, p. 13.
151
1985, cuando la solidaridad de la gente rebasó al gobierno en la atención a los
damnificados. Múltiples organizaciones políticas y sociales con posiciones frecuentemente
violentas
2
, opositoras al gobierno –que mediante múltiples manifestaciones públicas, el uso
de medios de comunicación marginales y, crecientemente, la Internet–, irrumpían en el
escenario nacional y ganaban credibilidad entre la población
3
.
La multiplicación incontrolable de los cinturones de miseria que presionaban a la
Ciudad de México, aunado a un clima asfixiante de inseguridad pública con formas inéditas
de acción criminal y a un medio ambiente sumamente deteriorado, así como el aumento en
la tasa de desempleo –con la consecuente incapacidad de satisfacer las demandas
profesionales de los jóvenes–, terminaron por quebrantar la confianza de la gente en las
instituciones políticas y, particularmente, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
que detentaba el poder desde hacía más de 70 años.
En la última década, el PRI enfrentó el costo político del asesinato de dos de sus
miembros más connotados, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, cuya
falta de esclarecimiento, aunada a la sospechosa investigación del crimen del cardenal Juan
José Posadas –presuntamente en medio de una balacera entre narcotraficantes– puso en
evidencia la debilidad del sistema de justicia.
Diversos estados del país ya eran gobernados por el Partido Acción Nacional
(PAN), notablemente el de Guanajuato, a cuya cabeza se encontraba Vicente Fox, actual
Presidente de la República. Por primera vez en el siglo, la Ciudad de México era gobernada
por un miembro de la oposición, el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, quien para la mayoría
de los ciudadanos fue el legítimo triunfador de las elecciones presidenciales de 1988.
2
Un grupo organizado puede ser proclive a los actos violentos o a la amenaza, ya sea en respuesta
a que se le
haya impedido alcanzar beneficios tangibles del sistema durante un largo tiempo, ya como medida de presión
en un conflicto. El propósito esencial de la violencia es establecer la credibilidad del grupo ante los
encargados de tomar las decisiones.
3
La protesta pública, al atraer la atención hacia una causa particular, constituye una manera de moldear la
agenda, un canal por medio del cual los activistas pueden dar a conocer sus propuestas de asuntos que buscan
un lugar en las agendas (de los medios, la pública y la política), así como las alternativas de solución
correspondientes. La utilización de estos recursos se vuelven indispensables para evitar que “la cobertura
mediática socave el potencial político de la protesta”. Jackie Smith
et al,
”Comunicación y conflicto
comunitario”, en Graber, Doris (comp.),
El poder de los medios en la política,
Buenos Aires, Grupo Editorial
Latinoamericano, 1986, p.115
152
Al interior del Partido de la Revolución Democrática se había iniciado la contienda
por la presidencia de su comité directivo en el Distrito Federal, uno de cuyos candidatos,
Carlos Imaz, se había distinguido como líder en el conflicto de la UNAM de 1987
4
.
Para muchos universitarios, incluso para algunos colaboradores de Francisco
Barnés, el que su iniciativa coincidiera con el inminente cambio en la dirigencia del Partido
de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, de amplia influencia entre muchos
estudiantes, en el cual competían Dolores Padierna y Carlos Imaz, este último necesitado de
una causa para atraer su tradicional clientela estudiantil universitaria en apoyo a su
candidatura, fue el catalizador que potencializó el conflicto consecuente. Tal error de
cálculo político, como lo reconociera posteriormente, entre otros analistas universitarios, un
alto colaborador del rector en esa época, impidió prever el costo que tendría un equívoco de
tal magnitud.
Existían también numerosos precedentes históricos que alertaban sobre el riesgo
aumentar las colegiaturas ya que la mayoría de los intentos de reformar el reglamento
correspondiente habían derivado en conflictos estudiantiles. No obstante, el rector justificó
su decisión por la necesidad ayudar a subsanar la permanente insuficiencia de recursos, de
tal manera que con los dineros obtenidos de las cuotas pudieran costearse, sobre todo en el
futuro, las crecientes actividades sustantivas de la institución. Asimismo, Francisco Barnés
quería enviar una señal a la sociedad, sobre todo a quienes recurrentemente brindaban
apoyos económicos para la Universidad, de la sana intención de la institución de asumir la
corresponsabilidad en el financiamiento de los costos de la educación que otorga, casi de
manera gratuita.
Todo este incierto panorama aconsejaba una gran prudencia y sensibilidad en
cuanto a los temas y las condiciones en que cualquier iniciativa, ya fuera de la rectoría o del
grupo que iniciaba la protesta, debería colocarse en la agenda de la institución. Sobre todo
en asuntos que de antaño provocaban un gran resquemor en la institución.
Días antes de que se detuvieran las actividades, se le hicieron llegar a Francisco
Barnés –por conducto de su coordinador de asesores– los resultados de una encuesta
4
En el momento de escribir esta líneas, Carlos Imaz había solicitado una licencia provisional como Jefe
delegacional en Tlalpan
153
realizada entre los estudiantes donde se reflejaba la oposición al incremento de las cuotas y
una fuerte inclinación a considerar ilegítima su aprobación por el Consejo Universitario.
5
Una vez que estos datos, posteriormente puestos a disposición de los interesados,
advirtieron que la propuesta del rector no contaba con el consenso de los estudiantes, lo que
aumentaba el riesgo de ser derrotada, muchos universitarios se preguntaban por qué insistir,
al menos en el planteamiento original. Una respuesta fue que cuando los resultados de la
encuesta llegaron a manos del rector, el conflicto había adquirido una dinámica tal que ya
no era posible rectificar. Sea como fuere, las premisas del problema ya estaban planteadas y
por lo tanto el resultado definido.
El presente recuento comprende desde que las autoridades de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público le comunicaron al rector Barnés, a finales de 1998, que el
presupuesto para el siguiente año sería recortado, hasta su renuncia al cargo en noviembre
de 1999.
Este
somero recuento del conflicto universitario sirve de marco contextual para
ilustrar la dinámica inicio-desarrollo-expansión
del problema, con la finalidad de conocer
la manera en que la propuesta de Francisco Barnés alcanzó el estatus de agenda
institucional, y cómo la contrapropuesta, formulada por los estudiantes, impidió su
implementación
6
.
La encuesta de opinión de los estudiantes sobre el aumento de las cuotas de
inscripción de la UNAM
Con objeto de conocer las fuentes de información, el conocimiento y la opinión de los
estudiantes universitarios sobre el proyecto de reformas al Reglamento General de Pagos, el
22, 23 y 26 de marzo de 1999 –precisamente un mes antes de que se iniciara el paro de
actividades–, en mi calidad de director general de información de la rectoría, coordiné la
aplicación de una encuesta.
7
5
Gerardo L. Dorantes.
La construcción de la agenda universitaria de poder: la reforma de 1999 al
reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de México
, México,. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2004 (tesis doctoral ), tablas 5 y18.
6
Irwin
Sanders ha identificado cuatro fases por las que atraviesa un conflicto: iniciación, mayor apoyo,
presión y redefinición. Su desarrollo implica un esfuerzo por ganar empatía hacia su causa, lo que presupone
la movilización de personas a favor de cada uno de los contendientes. Irwin Sanders “The stages of a
community controversy: the case of fluoridation”,
Journal of Social Issues
n° 17,1961, p.55-65
7
G. L. Dorantes,
op. cit.,
Apéndice 1
154
El cuestionario, estructurado con preguntas cerradas y abiertas, se aplicó a 766
estudiantes de la UNAM, distribuidos de la siguiente manera: 128 alumnos de cuatro
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria 126 alumnos de cuatro planteles del Colegio
de Ciencias y Humanidades 128 alumnos de dos escuelas Nacionales de Estudios
Profesionales 384 alumnos de dos facultades de Estudios Superiores y 12 escuelas y
facultades de Ciudad Universitaria. Además de los alumnos de bachillerato, las entrevistas
abarcaron a los estudiantes de 52 carreras tanto de licenciatura como de posgrado.
Las encuestas se aplicaron en las puertas principales de acceso, escogiendo a los
entrevistados de manera aleatoria con salto sistemático. El nivel de confianza de los
resultados globales es del 95% y el grado de error en la precisión es de más/menos 5%. El
cuestionario se dividió en cinco partes:
la primera
con objeto de identificar las fuentes
informativas mediante las cuales se obtuvo la mayor información sobre el aumento de
cuotas. En
la segunda
parte del cuestionario se indagó la opinión estudiantil con relación a
su futuro y las razones de sus respuestas, con el objeto de inferir su disposición frente al
conflicto. En la
tercera,
a partir de un análisis de contenido de los medios impresos con
relación al aumento de cuotas, se generaron 15 argumentos para evaluar el grado de
conocimiento y de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes con esos planteamientos (una
pregunta que incluye los 15 rubros).
Este segmento permitió establecer la correlación entre
el grado de información (aspecto cognoscitivo) y el grado de acuerdo (aspecto persuasivo)
promedio del estudiantado, según la frecuencia de aparición de determinados mensajes
publicados en los periódicos.
8
En la
cuarta
parte y mediante el mismo análisis de contenido
se obtuvieron 32 argumentos que fueron evaluados en pares mediante 19 preguntas. Cada
par de argumentos es excluyente, en tanto que uno es favorable al aumento de las cuotas y
el otro no; es decir, ambos miden el mismo concepto pero en posiciones opuestas. Este
segmento permite reforzar los resultados de la parte anterior con relación al aspecto
persuasivo de los mensajes seleccionados de los medios periodísticos. En
la quinta
parte se
aborda directamente la cuestión sobre la opinión de los encuestados en relación con el
aumento de las cuotas y con el paro estudiantil.
8
Maxwell McCombs y Donald Shaw, “The agenda setting function of mass media” en
The public opinion
quarterly.
Vol XXXVI, n° 2, 1972, pp.176-187, señalan que es posible encontrar efectos persuasivos en las
noticias
.
155
El conflicto universitario
El conflicto de 1999 en la UNAM con motivo de la reforma al Reglamento General de
Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de México constituyó una prueba del
antiautoritarismo en la institución
9
. Asimismo, puso de relevancia la insuficiencia de los
mecanismos vigentes para permitir y promover la participación de la mayoría de los
estudiantes en la toma de decisiones que les afectan
10
. Mostró, igualmente, la carencia de
una cultura política, básicamente de muchos estudiantes y grupos estudiantiles, culpa
atribuible más que a ellos a sus profesores, para canalizar sus demandas por la vía del
diálogo, la argumentación y la negociación propia de toda institución universitaria pública.
También, es el resultado de haber supeditado, desde siempre, las convicciones académicas
a los avatares de la política nacional, sin que por ello se defienda la posición conservadora
y desfasada de la realidad de separar política y Universidad. Refleja, en todo caso, la
disputa por hacer prevalecer los diversos intereses de los grupos legitimados de interés que
operan en su interior. En suma, exhibió la incapacidad de la Universidad para mantener la
estabilidad y el cambio institucional.
Por una parte,
la rectoría no
logró el apoyo necesario y suficiente de la comunidad
antes de oficializar su propuesta, por la otra, los grupos opositores, mediante la fuerza más
que por la razón, se apoderaron de la Universidad.
Muchos opinantes, algunos de ellos muy calificados, pasaban rápidamente desde
una condena de la protesta y la violencia que la acompañó, hasta la declaración de que en
realidad lo sucedido era una sanción lógica y necesaria para la política privatizadora del
gobierno y, en el ámbito de la educación superior, de la rectoría de la Universidad. Los más
avisados coincidían en que en la base del problema se hallaba la rígida configuración
política y administrativa de la Universidad y la esclerosis que padecen sus órganos de
decisión política. En opinión de Raúl Trejo, la estructura de la UNAM
9
El conflicto es un proceso dinámico que involucra una particular interacción entre los objetivos de dos o más
involucrados, con un cierto periodo de duración, que se desarrolla en un tiempo determinado y cuyas fuentes
están localizadas. En esta pelea participan dos contendientes: los pocos individuos activa y centralmente
implicados y el espectador.
10
El conflicto social siempre se refiere a las carencias que los miembros de una sociedad experimentan en
relación con sus expectativas; ya sea de carácter material o de posiciones políticas. Puede por tanto explicarse
en términos Lasswellianos de quién obtiene qué y cómo.
156
no reivindica necesariamente los valores académicos. Por eso, cada vez que hay un
conflicto en la Universidad, se recuerda el carácter autoritario y en varios sentidos
obsoleto del organigrama que comienza por la Junta de Gobierno, continúa en una
rectoría con gran concentración de atribuciones y prosigue en un Consejo
Universitario
con
limitaciones
formales
y
auto
restricciones
también
significativas
11
El profesor Santiago Capella, actual director de la Facultad de Química y consejero
universitario representante de los profesores de esta facultad durante el conflicto
universitario, explica que:
La imposibilidad de participar por las vías democráticas en el destino de la nación -
y eventualmente en el de la Universidad- entre otros factores, ha provocado “un
alejamiento general de la comunidad en la participación democrática en los espacios
universitarios, en particular aquellos que constituyen los órganos de gobierno, y con
ello, la desconfianza hacia los consejos técnicos, de Área y Universitario.
.. En
consecuencia se presenta una suspicacia permanente y generalizada sobre las
motivaciones de los actos de autoridad y la independencia de los representantes
electos que forman parte del gobierno universitario
12
La fobia de los universitarios en contra de cualquier acto de autoridad,
particularmente del gobierno, de ninguna manera puede considerarse gratuita. “Con la
obtención de la autonomía, la Universidad se constituye en un espacio opositor a los
gobiernos posrevolucionarios y, al mismo tiempo, en un espacio de libertad ante un sistema
político autoritario”
13
. Muestra de ello fue la lucha en pro de la autonomía, ocurrida en
1929 durante el mandato presidencial de Emilio Portes Gil; la protesta de 1958 encabezada
por los estudiantes de medicina en el Instituto Politécnico Nacional, y, fundamentalmente,
el movimiento estudiantil, y social, de 1968.
Por otro lado, las difíciles, contradictorias y cambiantes relaciones políticas de la
Universidad con el gobierno nacional, y de muchos universitarios con la rectoría –ambos
símbolos de autoridad–, han mantenido un discurso simplificador que incluso la defensa de
causas justas la lleva a cabo con una gran carga de maniqueísmo, que todavía es capaz de
impactar en los grupos estudiantiles menos favorecidos por el sistema social. Los grupos
11
Raúl Trejo,
El secuestro de la UNAM.
México, Cal y Arena, 2000, pp.
120-121.
12
Santiago Capella en Rafael Pérez Pascual (coord.), El d
iálogo: solución para los universitarios, México,
Universidad Nacional Autónoma de México.
, pp. 297, 298.
13
Javier Mendoza Rojas,
Los conflictos de la UNAM en el siglo XX.
México, Centro de Estudios sobre la
Universidad-UNAM-Plaza y Valdés, 2001, p. 223.
157
opositores a la rectoría, fundamentalmente los conocidos durante el conflicto como
ultras
y
megaultras
debido a sus posiciones más extremistas, crecientemente aislados del resto de
sus compañeros, manejaron una concepción de la autonomía universitaria confundida con
la impunidad y la extraterritorialidad, en gran medida acicateados por la indiferencia, sin
duda interesada, del gobierno. Si de ello se derivaron buenos resultados en el pasado, no
podía ocurrir lo mismo a la luz de los cambios experimentados en las mentalidades y en la
política nacional desde el último cuarto del siglo anterior.
Ante esta nueva escena, producto entre otros factores de las reformas electorales, el
principal debate político en la “disputa por la nación”, y por la misma Universidad, se ha
transferido, con todo y sus actores principales, de los escenarios universitarios a los
espacios políticos y, en creciente medida, a los medios de comunicación. El vacío generado
por los grupos que tradicionalmente operaban en la institución ha sido ocupado por una
nueva clase de liderazgos estudiantiles, con posiciones radicalmente divergentes, actitudes
rencorosas y excluida o auto excluida de los nuevos ámbitos de contienda política, cuya
clientela altamente ideologizada es reclutada entre los estudiantes provenientes de sectores
sociales en creciente depauperización.
No todos los males de la Universidad son culpa de una “rectoría aliada y
manipulada por el gobierno federal y sus patrones, los organismos financieros
internacionales”. Quienes se suman a esta posición ubican el conflicto universitario en el
marco de una teoría del complot, cuyo objetivo sería desaparecer a la Universidad. En el
caso de la UNAM, señala Pablo González Casanova,
no se puede descartar que el alza de las cuotas haya sido parte de un "complot
desestabilizador", cuyos efectos secundarios contribuirían a probar la
ingobernabilidad de la universidad de masas y la necesidad de su
desmembramiento y reestructuración –o de su cierre–, dentro de una lógica
privatizadora. Por lo pronto, más que descansar en esa hipótesis, que puede parecer
descabellada, conviene considerar el conflicto de la Universidad dentro del proceso
general de la globalización y el neoliberalismo.
14
Resulta más realista, entonces, aceptar que en la crisis universitaria intervinieron
una pluralidad de factores, por lo que para fines analíticos es recomendable aislar cada uno
de ellos, sin renunciar a la visión de conjunto. Se podrá reconocer así la responsabilidad de
14
Pablo González Casanova,
La universidad necesaria en el siglo XXI,
México, ERA, 2001, p. 16.
158
las autoridades universitarias, la del gobierno federal y la de los grupos políticos que operan
en el sistema universitario y fuera de él.
Más que la propuesta del rector para incrementar las colegiaturas, los tiempos y la
forma de tratar de implementarla han de ser considerados como un grave error político,
cuyo costo personal ya fue pagado, aunque todavía queda el saldo institucional: las
destrucciones al patrimonio universitario, el cierre largamente prolongado de las
instalaciones con el consecuente retraso educativo de los estudiantes y el trauma moral
inflingido a toda la comunidad. Los juicios sumarios que pretenden explicar sin más
matices lo que los contendientes se hicieron unos a otros, sólo desembocan en una cadena
de inadmisibles culpabilidades y exculpaciones. Sus fundamentos ideológicos y políticos
no pueden ser reducidos a un problema binario entre la rectoría y los estudiantes, por
mucho que así se haya tratado de presentar ante la opinión pública. El conflicto estudiantil
materializó la política electoral a ultranza de algunos grupos vinculados con el Partido de la
Revolución Democrática (PRD). A pesar de que algunos académicos querían evitar la
huelga, sus principales promotores no pudieron medir acertadamente sus posibilidades ni
prever las consecuencias, tanto para la Universidad como para el gobierno del Distrito
Federal, e incluso para su propia organización política, de una pérdida de control del
conflicto y la violencia e imposición ejercidas por los grupos opuestos, dentro y fuera del
propio partido, para lograr la dirigencia del movimiento. El problema tampoco puede
explicarse sólo en términos de una contienda al interior de un partido. La política educativa
universitaria de corte “neoliberal” tampoco puede ser el único factor explicativo, ya que
Francisco Barnés no pretendía lanzar una cruzada en contra de la educación gratuita.
Por ello, resulta indispensable acudir al examen de los planteamientos ideológicos y
políticos a mitad de camino entre los supuestos de un neoliberalismo religioso y una
oposición racional y libre de intereses partidistas, tanto para entender lo que ocurrió como
para diseñar una estrategia preventiva, en el sentido planteado por González Casanova,
quien advierte que:
sólo defendería a la Universidad Nacional, pública y gratuita, crítica y humanista,
un proyecto nacional pluripartidista, en que la resistencia del país y de la sociedad
civil no se desligue de la construcción de poderes democráticos y asuma el
problema social, cultural y educativo como esencial para imponer un sistema en
que se respeten los derechos de los individuos, de las etnias y de las naciones de
México y el mundo. En torno a ese proyecto general, los universitarios tendrían que
159
participar como contingentes de una fuerza cívica, nacional, social y democrática
que busque hacer realidad el diálogo efectivo para dominar y gobernar.
15
El debate ideológico en la educación superior
El conflicto en la UNAM puede entenderse a partir de una multiplicidad de factores, entre
los que cabe destacar, como lo advierte González Casanova, la respuesta de los estudiantes
en contra de un contexto social caracterizado por
un proceso de privatización del sector público y, por ende, de la educación que
imparte el Estado, dentro de un proyecto neoliberal que se combina con la
desnacionalización inmediata o mediatizada y con la restauración de dependencia
bajo nuevas formas globalizadoras.
16
En la encuesta que sustenta este trabajo se reflejaba ya la oposición de los estudiantes
a una presunta política privatizadora ya que el 65% de encuestados presumían que el
incremento de las cuotas conduciría inevitablemente a la privatización de la Universidad
.
17
De acuerdo con esta perspectiva, el incremento de las cuotas respondería más bien a
“la política educativa del Banco Mundial (que) consiste en presionar a los gobiernos para
que no subsidien la educación superior en los países en donde esto ocurre, como es el caso
de México”.
18
Tanto el Banco Mundial como la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico y la UNESCO, dice René Drucker “
exigen que
los consumidores
de los servicios educativos paguen cantidades
crecientes por los mismos, de tal forma que las instituciones de educación superior
se vuelvan auto financiables y utilicen los incentivos necesarios para lograr su
privatización, que no incluiría únicamente el cobro de colegiaturas, sino la
instrumentación de préstamos a los estudiantes mediante un sistema de
becas
, el
adiestramiento de los profesores como empresarios y la venta de la investigación,
como parte de las estrategias del Banco Mundial para modificar las estructuras de
las universidades públicas.
19
Santiago Capella, recuerda que:
15
Ibidem
, pp. 46 y 47.
16
Ibidem
, p. 16.
17
G. L. Dorantes,
op. cit.,
Apéndice 1, tablas 11 y 12.
18
Octavio Rodríguez Araujo (coord.). “El conflicto en la UNAM (1999-2000): dos opiniones sobre la
universidad pública” en O. Rodríguez Araujo,
op. cit
, p. 15.
19
René Drucker,
La Jornada,
México,
2 de junio de 1999.
160
las razones que se presentaron para justificar la inconformidad fueron variadas,
pero predominaron dos líneas argumentales: la inconstitucionalidad de las cuotas y
las falta de consulta a la comunidad, ambas bajo el velo de una intención
privatizadora de la UNAM
20
Casi la mitad de los estudiantes encuestados, muchos de ellos seguramente por
ignorancia y otro de buena fe, estuvo de acuerdo en que el alza de las cuotas era
consecuencia de una política dictada por los organismos internacionales
21
, no obstante
habérseles señalado que las cuotas universitarias se establecieron con anterioridad al
surgimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial
22
.
En el terreno de la educación, las concepciones neoliberales se manifestaron desde
la presidencia de Miguel de la Madrid y notablemente durante la de su sucesor, Carlos
Salinas, como condición para la reforma estructural de la nación y consecuentemente de la
educación. Proyecto que en opinión de González Casanova
no sólo buscaba privatizar los servicios y los materiales didácticos, sino determinar
cuantitativa y cualitativamente las necesidades y los objetivos del saber y del saber
hacer. Al proyecto de privatización de la educación se añade un proyecto
humanitario de legitimación en tanto que a la educación y al educando
considerados como mercancías se asigna un
mezquino
programa de becas para
estudiantes pobres y aplicados. Los ricos se encargarán del mismo, de acuerdo con
su conciencia.
23
Quizás por ello, sólo el 35% de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo con la
posibilidad de socializar el costo de la educación mediante aportaciones realizadas por
aquellos que tuvieran mayores recursos económicos, a partir, seguramente, de la correcta
suposición de que una educación soportada por el Estado es justa en la medida en que
quienes tienen más posibilidades económicas deben contribuir más a su educación.
24
Los argumentos de aquellos y otros académicos y la opinión de los estudiantes
parecieran coincidir en que el movimiento estudiantil de 1999 no atacaba únicamente el
incremento de las cuotas, como muchos al principio creían, sino constituía una lucha a
20
S. Capella,
op. cit.,
p. 301
21
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 14
22
Ibidem
,tabla 13
23
P. González Casanova,
op. cit.,
p. 25.
24
G. L. Dorantes,
op. cit.
, tabla 12.
161
favor de la gratuidad de la educación superior, tal y como parece atestiguar la consejera
estudiantil por la Facultad de Filosofía y Letras, Lizette Jacinto:
Siempre creí en las demandas del movimiento estudiantil, en la intuición de que si
no defendíamos los puntos del pliego petitorio (del Consejo General de Huelga de
1999), los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial marcarían
las pautas a seguir en un país totalmente alejado de su realidad de primer mundo.
25
Este replanteamiento de la demanda original -que se limitaba a la suspensión del
aumento a las colegiaturas- constituyó la variable crítica para que más estudiantes se
involucraran en el conflicto al identificar sus intereses con esa nueva definición.
La protesta universitaria comenzó por exigir únicamente la abrogación de la reforma
al Reglamento General de Pagos, en ningún momento pidió eliminar las cuotas ya
existentes en tanto que se consideraban como simbólicas. Una vez iniciado el paro de
actividades, las demandas se multiplicaron. Tras los seis puntos del pliego petitorio del
CGH subyace un llamado a revisar toda la estructura de la institución. Tal y como señala
Rafael Pérez Pascual, “la mayor parte de los movimientos presentan demandas explícitas e
implícitas, tanto conscientes como inconscientes, y todas ellas van evolucionando y
adquiriendo carácter conforme se desarrolla.”
26
Abundando en las causas del conflicto, René Millán, Director del Instituto de
Investigaciones Sociales, considera que el movimiento del CGH puede ser el resultado de
dos dinámicas sociales:
una que se refiere a los trazos más marcados con los que se concluye el milenio en
nuestro mundo y otra que remite tanto a las formas y saldos de las políticas a partir
de las cuales se ha pretendido introducir a México en la lógica de aquellos trazos
como a la percepción de grandes grupos sociales sobre las “perversiones” de ese
proceso.
27
El llamado triunfo del capitalismo a partir de la caída del muro de Berlín y de las
políticas que se han empleado para introducirlo en México, así como las fuerzas sociales
que se les oponen, también estarían entre las razones del conflicto señaladas por Millán.
25
Lizette Jacinto, “Visiones retrospectivas, huelga de 1999-2000” en O. Rodríguez Araujo.
op.cit.,
p. 138.
26
R.
Pérez Pascual.
op. cit.,
pp. 263-264.
27
René Millán, “El CGH, obsesiones contra la modernidad” en R. Pérez Pascual,
op. cit.,
p. 279.
162
De acuerdo con la investigación de González Casanova, la política de las
autoridades de incrementar las cuotas responde a las recomendaciones hechas por diversos
expertos –contratados por el gobierno y por agencias internacionales– para mejorar la
calidad de las universidades públicas. Entre las acciones aconsejadas destaca la necesidad
de disminuir los subsidios gubernamentales para acabar con la gratuidad de la educación
superior, por lo que deberían aumentarse las colegiaturas –y crear un sistema de becas para
los estudiantes de escasos recursos pero buen desempeño–. Adicionalmente, recomendaban
reformar el Artículo 3° constitucional para que “se reconozca explícitamente la
imposibilidad (del Estado) de cumplir con la obligación de la enseñanza gratuita”.
28
La dinámica del conflicto universitario.
Con una gran base de apoyo de la comunidad y con una importante lista de éxitos
académicos y financieros a favor de la institución, en enero de 1997, Francisco Barnés
tomó posesión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en el patio
central de la Facultad de Química, de la que fuera director antes de ocupar la Secretaría
General de la UNAM. Cuando llegó a la rectoría, la Universidad gozaba de una estabilidad
conservadora, urgida de cambios y de soluciones a múltiples asignaturas pendientes, en
cuyo interior emergían cada vez más grupos excluidos de la toma de decisiones debido a
sus posiciones críticas. Su visión de largo plazo, su buena voluntad, su espíritu reformista y
su origen republicano avalaban tanto la percepción que tenía de sí mismo como la de
quienes lo conocían.
Gracias al notable avance de la Facultad de Química durante su gestión
, a su
participación directa en la reforma al posgrado –que ha permitido obtener el
reconocimiento de varias maestrías y doctorados en el padrón de excelencia del Conacyt– y
a la obtención de apoyos gubernamentales para los estímulos al personal académico,
Francisco Barnés contaba con un enorme capital político. No obstante, a principios de 1999
éste se había mermado a causa de los conflictos que entre algunos investigadores del área
de ciencias duras ocasionó su intento de reflejar en el presupuesto universitario los
impuestos a la importación de insumos en la materia, no obstante que ello obedeció a
28
P. González Casanova.
op. cit
., p. 41.
La carrera de Ingeniería Química ha sido reconocida nacional e internacionalmente (Periódico
Reforma
,
Suplemento Los Universitarios, agosto 2003).
163
presiones de la Secretaría de Hacienda. Tampoco resultó muy exitoso su intento de
fomentar que los investigadores extendieran sus funciones docentes, mediante la creación
de la figura de
catedrático
, pues entre algunos investigadores existía una predisposición
negativa para desempeñarse frente a grupo. Asimismo, estaba latente la inconformidad de
diversos estudiantes hacia sus reformas de 1997 –relativas al ingreso y la permanencia de
los estudiantes en la Universidad.
Durante los primeros meses de su rectorado, enfrentó con éxito algunos problemas
que se venían arrastrando desde hacía muchos años, que se habían constituido en tabúes y
que trababan muchas de las reformas que requería la institución como el de las
“preparatorias populares” y la existencia de algunos grupos de “porros” que asolaban
escuelas y facultades, notablemente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de
Acatlán. Además, promovió la modificación a los reglamentos General de Inscripciones y
de Exámenes que afectaban el “pase automático” y la permanencia de los estudiantes en la
institución. En lenguaje futbolístico, podría afirmarse que a la mitad del primer tiempo el
rector llevaba un marcador favorable de tres a cero.
Su programa de trabajo, denominado
Plan de Desarrollo de la UNAM 1997-2000,
se dio a conocer a la comunidad
con el propósito
–que nunca se consolidó– de recoger sus
puntos de vista. De los 11 programas estratégicos, el relativo a la
diversificación del
financiamiento
proponía acciones específicas para complementar el presupuesto
universitario, sobre la base de “estudiar, revisar y adecuar la generación de ingresos propios
incluyendo, los derivados de los servicios de educación”.
29
A finales de 1998, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda presentó
el proyecto de presupuesto para la UNAM con una disminución considerable respecto al
ejercicio anterior, lo que afectaría negativamente la operación institucional y los salarios
del personal académico. Ante esta situación, Francisco Barnés inició una fuerte campaña,
con el apoyo de muchos miembros de la comunidad universitaria y de la Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), así como de altos
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, para que la Cámara de Diputados y el
29
Francisco Barnés, “Plan de Desarrollo de la UNAM 1997-2000. Metas Institucionales y Programa de
Trabajo 1998”,
Gaceta UNAM
, Suplemento especial, 11 de mayo de 1998.
164
gobierno del presidente Ernesto Zedillo reconsideraran el monto presupuestal asignado a la
institución.
Poco después, la Subsecretaría de Educación Superior anunció que reasignaría a la
UNAM una cantidad, producto de las economías del sector, que respondía a la mínima de
las tres opciones que el rector había planteado a la comisión de educación de la Cámara de
Diputados. Si bien esta decisión no dejaba a la Universidad un mayor margen para
desarrollar nuevos proyectos, ya no era urgente, al menos financieramente, reabrir el tema
del aumento de las cuotas. Uno de los colaboradores cercanos del rector –al que por cierto
no le gustaba el fútbol– le aconsejó que “jugara con el marcador”: si contaba con la ventaja
de tres a cero lo recomendable sería esperar al segundo tiempo para meter el siguiente gol.
Sin embargo, no se trataba sólo de una imperiosa búsqueda de recursos
extraordinarios ya que por el momento se había recuperado la de todos modos precaria
estabilidad financiera de la Universidad. De ahí que el asunto del presupuesto no constituía
ya un problema urgente, por lo que parecía más recomendable canalizar a la agenda formal
otros asuntos más apremiantes, como, por ejemplo, el tema de la descentralización
universitaria, tal y como lo sugiriera un miembro importante de su staff. Si bien existían
muchos otros temas relevantes para incorporar a la agenda, al rector lo impulsaba la
necesidad de enviar una señal a la sociedad, y en particular a los egresados –a quienes se
había convocado para aportar dinero a la Universidad–, de la corresponsabilidad adquirida
por la institución, notablemente la de los estudiantes respecto de su educación.
No obstante la recuperación del monto presupuestal recortado, en las primeras
semanas de 1999, el rector Barnés envió al Consejo Universitario una propuesta de reforma
al Reglamento General de Pagos, donde se contemplaba el aumento de las colegiaturas. En
consecuencia, el propio Consejo elaboró el documento
Sociedad
Solidaria, Universidad
Responsable.
En él se enfatiza el carácter público de la UNAM y la responsabilidad del
gobierno federal de su financiamiento, pero también se reconoce la necesidad de
diversificar las fuentes para la obtención de recursos complementarios, con el fin de
optimizar el funcionamiento de la institución. El escrito insistía en que las estrategias de
diversificación de ingresos “de ninguna manera deben representar una barrera que impida a
los alumnos de escasos recursos acceder a ella (la UNAM)”.
30
30
Sociedad Solidaria, Universidad Responsable. Item
. n° 3. México, UNAM, 11 de febrero de 1999.
165
Adicionalmente, exhortaba a quienes se habían beneficiado de la educación
universitaria para que participaran en la campaña
UNAMos esfuerzos,
garantizando que se
daría cuenta pública tanto del origen como del destino de las contribuciones, y que
los recursos provenientes de las aportaciones voluntarias de alumnos y ex alumnos
y del pago de cuotas (que) se destinarían exclusivamente a fortalecer y ampliar sus
programas académicos, extender la cobertura de sus programas de becas y mejorar
los servicios educativos.
31
La pertinencia de esta aclaración se pudo comprobar en los resultados de la encuesta
realizada en marzo de 1999, en tanto que dos terceras partes de la población habían
objetado la transparencia en el manejo del presupuesto de la UNAM
32
.
La amplia difusión del documento justificatorio mencionado no fue suficiente para
convencer a los estudiantes de la pertinencia de la iniciativa del rector. Como lo señalara el
propio Francisco Barnés en su texto de renuncia
33
, su propuesta para reformar el
Reglamento General de Pagos “no fue compartida por todos por igual”, debido, en gran
medida, por la falta de una estrategia de consulta amplia como lo requería la magnitud de la
proposición, de la misma forma como se había logrado durante la rectoría de José Sarukhán
siete años atrás. Parece ser, además, que algunos de los datos en que se soportó la
proposición del rector Barnés, a principios de 1999, correspondían a los diferentes sondeos
de opinión que se habían realizado, varios año atrás durante el periodo rectoral anterior. En
todo caso, en un estudio de opinión elaborado en 1998 por la Secretaría de Planeación en
relación también con el aumento de colegiaturas, se aprecia que en el bachillerato la
mayoría de estudiantes estaba en contra de ese incremento, en contraste con los de
licenciatura y de posgrado. No se publicaron los resultados correspondientes a las
categorías
no sabe
o
no respondió.
34
Con relación a los procesos de consulta en ambos casos, Raúl Trejo, señala que:
A diferencia del proceso de construcción de consensos que emprendió en 1992 la
rectoría de la UNAM, ahora las autoridades de esa institución presentaron un
proyecto para incrementar las cuotas sin consultar a los universitarios. Quizá no
31
Ibidem.
Item
. n° 4.
32
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 17
33
12 de noviembre de 1999.
34
Salvador Malo, “¿Quiénes deben pagar la educación superior? en
Este país,
México, febrero de 1999, p.27
166
hace falta. Ese aumento ha sido discutido tanto y tantas veces, que difícilmente se
conocerían nuevos argumentos capaces de enriquecer el debate.
35
Si bien el 19% de los encuestados estaba en completo desacuerdo respecto a que la
Universidad buscara fuentes de financiamiento alternas al subsidio federal, sobre todo si se
trataba de un aumento a las colegiaturas, los datos obtenidos reflejaban un alto porcentaje
de indecisos, que alcanzaba el 42%, cuya reacción a favor de sus compañeros era de
esperarse
36
.
Al respecto, Adrián Sotelo, escribe:
Es fácil comprender que las causas del conflicto de la Universidad y de la huelga
estudiantil se derivaron tanto de la forma como se impusieron las reformas, sin el
consenso de la comunidad universitaria, como de sus efectos en los bolsillos de los
estudiantes y de sus familias.
37
Entre los estudiantes que comenzaron a organizarse desde el día siguiente en la
Facultad de Economía, la propuesta del rector, convertido en el enemigo común de los
estudiantes, rápidamente adquirió una connotación negativa, al ser bautizada como el “Plan
Barnés”, término cargado de un sentido emotivo estratégico que lo adscribía a la idea de un
complot en contra de la educación superior
38
. Tanto la idea de la conspiración como la
connotación simbólica adscrita al programa del rector fueron hábilmente manejadas por la
Asamblea Estudiantil Universitaria, constituida con la finalidad de impedir el aumento de
las cuotas. Sus miembros más connotados provenían del antiguo Consejo Estudiantil
Universitario (CEU), así como de distintas organizaciones y grupos de estudiantes de
35
Raúl Trejo,
La Crónica de Hoy,
México, 19 de febrero de 1999.
36
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 16
37
Adrián Sotelo Valencia,
La huelga en la UNAM a finales de siglo,
México, El Caballito, 2000, p. 88
38
Un recurso frecuentemente empleado en los movimientos sociales es el uso de símbolos. Las disputas que
utilizan símbolos con mayor peso tienden a potencializar su acceso a la agenda formal más que quienes no
explotan símbolos relevantes. La noción de “peso del símbolo” significa que algunos son más poderosos para
evocar la respuesta pública. Los símbolos más poderosos son los que poseen una mayor carga emotiva.
Murray Edelman ha contribuido al estudio de la construcción de la agenda al distinguir en el lenguaje
utilizado para dirigirse a la audiencia el manejo de símbolos de referencia, basados en datos y hechos, y de
símbolos condensacionales, sustentados en la emotividad o en
recompensas ideales. Una de las técnicas
simbólicas más exitosas remite a la “teoría del complot”, que consiste en crear un enemigo común, a través de
estereotipos que personalizan el conflicto y confieren al oponente el rol de un “gigante malvado”, cuyos
adeptos piensan y responden en la misma forma. Murray Edelman
, The symbolic uses of políticas
, URBANA,
University of Illinois Press, 1964, pp.78-79
167
diversas filiaciones políticas e ideológicas de nuevo y viejo cuño, tradicionalmente
excluidos de los procesos de decisión universitarios y adiestrados más en las tácticas de
movilización que en la política y el diálogo para la negociación. Algunos de sus líderes
habían tratado de impedir violentamente las reformas de 1997, evidenciando en esa ocasión
su capacidad y recursos para convocar movilizaciones y eventualmente bloquear las futuras
iniciativas del rector
39
.
A pesar de las manifestaciones en contra del “Plan Barnés”, y concretamente con su
propuesta de elevar las colegiaturas, el 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario
aprobó las reformas al Reglamento General de Pagos. La sesión no fue efectuada en la de la
Torre II de Humanidades donde originalmente habían sido convocados los consejeros
universitarios en virtud que la sede del Consejo en la torre de rectoría estaba ocupada por
los estudiantes, sino en el Instituto Nacional de Cardiología, en el viejo barrio de Tlalpan.
Duró 20 minutos y contó con 98 votos (70% del total) a favor del incremento de cuotas
semestrales, aunque para acallar el clima de protesta, y ya de manera innecesaria, se decidió
disminuir el monto propuesto por la rectoría, que pasó de 30 y 20 días de salario mínimo a
20 en la licenciatura y 15 en el bachillerato, y aplicar el cobro a partir de la siguiente
generación, como estaba planteado en la propuesta original.
40
El espectro de las cuotas, así,
quedó oficialmente revivido.
Afuera de “Cardiología”, un gran número de estudiantes manifestaban su
descontento con acciones violentas. Entre las principales objeciones estaban el cambio de
sede, interpretado como un intento deliberado de excluir a los 39 consejeros “que no
votaban igual que sus directores, con posiciones críticas en su interior, no alineados con la
autoridad y en pro de la negociación”
41
, y la precipitación con que se decidió aprobar la
modificación al Reglamento General de Pagos.
Al día siguiente, los consejeros aparentemente excluidos de la sesión hicieron
pública su inconformidad, señalando que “fuimos privados de nuestro derecho a discutir
sobre los puntos de la convocatoria. Consideramos que este procedimiento pone en tela de
39
La intensidad de una disputa se relaciona con el grado de compromiso de las partes contendientes acerca de
posiciones mutuamente incompatibles y con los recursos comprometidos en la pelea; de ahí que la intensidad
siempre puede variar.
40
Cfr
.
Reglamento General de Pagos por Trámites Escolares
y Servicios Educativos
aprobado por el
Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria del 7 de junio de 1999 en
Gaceta UNAM
, 2 de agosto de
1999.
41
Carola García Calderón, “Un consejo en busca de credibilidad” en Rodríguez Araujo,
op. cit.
p. 93.
168
juicio la legitimidad de los acuerdos que se tomen”.
42
La queja de quienes posteriormente
formarían el grupo Consejeros Universitarios Independientes se tradujo en la irremediable
pérdida del apoyo que el rector había ganado entre muchos otros universitarios.
La paradoja de esta reunión (.
..) fue que a partir de ella muchos estudiantes y
académicos que antes estaban a favor de las cuotas se convirtieron en sus
opositores (.
..) Peor aun, con esa reunión se erosionó todavía más a los cuerpos
colegiados de la Universidad, llevando al Consejo Universitario al desprestigio ante
la comunidad y la opinión pública.
43
La “ilegitimidad” de las condiciones en que sesionó el Consejo Universitario, fue
denunciada por la Asamblea Estudiantil Universitaria y por los Consejeros Universitarios
Independientes, y se reflejó en la oposición de las tres cuartas partes del alumnado, de
acuerdo con los datos que siete días después de la aprobación del incremento fueron
revelados en la encuesta
44
.
La protesta se tradujo en varios mítines y manifestaciones, en dos -de un total de
cinco a lo largo del conflicto-, “manifiestos a la nación”, en diversos paros escalonados y
en una Consulta General Universitaria -primera de una serie de tres-, para muchos con un
alto grado de manipulación, dedicada al tema del aumento de cuotas
45
.
El 23 de abril de 1999, Carlos Imaz -ex dirigente del movimiento estudiantil de la
UNAM de 1986- consideraba “que la actual respuesta de los universitarios es más
inteligente, creativa y más dispuesta a la lucha que la que él encabezó hace 13 años”.
46
Manifestó, incluso, estar al lado del movimiento estudiantil. Seis meses después, Imanol
Ordorika, también ex dirigente ceuísta,
declaraba:
Lo que hay aquí es la actitud de un sector del CGH que tiene un profundo desprecio
por los académicos a pesar de que nosotros nos hemos pronunciado
42
Ibidem
, p. 96. El juego clave de símbolos que rodea cualquier sistema se relaciona con la noción de
legitimidad. En un conflicto entre grupos, el éxito dependerá, en buena medida, del uso de símbolos de
legitimidad disponibles así como de la demostración de que los oponentes no han vinculado esos símbolos a
su postura.
43
O. Rodríguez Araujo.
op. cit.
, p. 21.
44
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 18
45
Según William Gamson, existen conflictos que generan divisiones convencionales, en tanto que ambas
partes no cuestionan la legitimidad de los medios utilizados; también los hay rencorosos, cuando las partes
consideran que se utilizaron métodos injustos y carentes de escrúpulos.
Vid
. Roger Cobb y Charles Elder
Participación en política americana: la dinámica de la estructuración de la agenda
, México, NOEMA, 2000.
46
Yolanda de Garay.
Historia de un movimiento estudiantil 1999-2001.
Edición digital:
carlydega@correo.unam.mx, capítulo 4, p. 2.
169
consistentemente al señalar que las demandas son justas y que los estudiantes han
tenido derecho a la huelga. No obstante todas esas cosas, este sector del CGH
considera que los académicos son sus adversarios y sus enemigos.
47
La Asamblea Estudiantil Universitaria se transformó en el Consejo General de
Huelga, e inició los preparativos para la suspensión de actividades que habría de
constituirse en un paro estudiantil de casi diez meses de duración. Su organización fue del
tipo horizontal –en contraste con la de tipo vertical tradicional- aunque apoyada en grupos
externos
48
.
Con relación a la forma en que se configuraron las asambleas, Sotelo comenta que:
Esta forma
novedosa de organización
, que reivindica en los hechos la fórmula
zapatista del “mandar obedeciendo”, es el
secreto
de la
fortaleza
del movimiento y
de su
perdurabilidad
durante más de nueve meses de huelga, hasta que la represión
de las fuerzas de seguridad del Estado la rompió.
49
Por ese entonces, el mismo Imaz declaró a la revista
Proceso
que en una reunión
celebrada para discutir el problema del aumento de las cuotas, el rector Barnés le había
asegurado que estaba preparado para una huelga larga.
50
A la semana siguiente, a través del
mismo medio, el rector desmintió tal afirmación. Posteriormente, matizó el asunto
señalando que lo afirmado por Imaz se había dado en el contexto de la búsqueda de un
acuerdo infructuoso con su interlocutor.
La entonces consejera estudiantil Jacinto señala que “aunque el rector dijo estar
preparado para una huelga larga (…), la Universidad no lo estaba”.
51
Tal revelación pudo haber tenido un impacto significativo en la comunidad
universitaria, ya que de conformidad con los datos revelados en la encuesta, el 59% de los
estudiantes universitarios dijo consultar regularmente dicha publicación para mantenerse
informado
52
.
47
Ibidem
., cap. 9, p. 8.
48
El soporte material de organizaciones fuera de la comunidad
es una variable crucial en el desarrollo de un
conflicto.
49
A. Sotelo,
op. cit
., p. 90
50
Proceso
, junio de 1999.
51
L. Jacinto.
op. cit.,
p. 135.
52
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 19
170
Antes del paro, parecía factible evitar el conflicto, ya que el 34% de los estudiantes
encuestados estaban en desacuerdo con la huelga general frente a un 32% que sí la apoyaba.
Sin embargo, no se vislumbró que el 33% restante, que no tenía definida una posición clara
al respecto, se movilizaría en favor de la huelga
53
. “En su lógica pragmática, -dice
González Casanova- las autoridades no pensaron que la opción racional de quienes ya eran
estudiantes de la Universidad, consistiría en identificarse con quienes todavía no lo eran. En
suma, la lógica tecnocrática no funcionó.”
54
Quizás intuyendo lo anterior, algunos de los miembros más destacados de la
comunidad universitaria, incluso del equipo del rector, le manifestaron su preocupación por
el conflicto en ciernes y le propusieron algunas soluciones que iban desde la suspensión
temporal de la medida, en tanto no se consultara más ampliamente, hasta su conversión en
cuotas voluntarias. Hubo quienes se ofrecieron como mediadores, en la consideración de
que aún era posible llegar a un acuerdo. Por ello, representantes de la rectoría aceptaron
reunirse con los líderes estudiantiles originales. La posibilidad de lograr un acuerdo que
evitara el paro de actividades aún era viable, pues el conflicto todavía no había pasado al
control de los grupos llamados
ultras
55
.
La valoración de esa oportunidad se encargó a la Secretaría de la Rectoría,
responsable de los asuntos de política estudiantil, instancia a la que se le había asignado la
elaboración del proyecto de Reglamento General de Pagos y la estrategia para su
implantación, a pesar de que dicha labor era competencia de la Secretaría General,
reafirmando el carácter político de la propuesta. También asistió un representante de la
Coordinación de asesores del rector. Sin embargo, a pesar del enorme riesgo de una huelga,
asumido por ambas partes, no se pudo lograr un acuerdo satisfactorio que reorientara los
inminentes acontecimientos, poniendo en evidencia que no se contaba con una estrategia de
negociación, lo que determinó el curso y el desenlace del conflicto
56
.
53
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 21
54
P. González Casanova.
op. cit.
, p. 77.
55
“Es extremadamente difícil predecir el resultado de una pelea observando el principio, porque ni siquiera
sabemos quién más va a entrar en ella”.E.E. Shatschneider,
El pueblo semisoberano: la democracia
norteamericana vista por un hombre práctico
, México, UTEHA, 1967, p.50 .
56
Las partes pueden fracasar en lograr acuerdos, entre otros, en los siguientes casos: cuando una de ellas se
encuentre en desventaja en una definición particular y las consecuencias tentativas les resulten inaceptables;
cuando una de las partes tiene fuerza potencial fuera del conflicto específico, que podría utilizar en su
beneficio, y cuando existen percepciones diferentes acerca de lo que involucra el conflicto. Si las partes
171
Todo parece indicar que los contendientes
olvidaron que al principio es bastante
fácil restringir el alcance del conflicto. De hecho, que, a la manera clásica, el mejor
momento para tratar un conflicto es antes de que estalle, ya que una vez iniciada la disputa
resulta difícil detenerla porque son pocas las probabilidades de que una pelea se desarrolle
en privado. La desafortunada valoración de los representantes políticos del rector no
supieron que el equilibrio de las fuerzas reclutadas en un movimiento social casi nunca
permanece constante, debido a que es improbable que los participantes al inicio del
conflicto constituyan una muestra representativa de la comunidad. “Cualquier intento de
prever el resultado de una pelea calculando la fuerza de los contendientes originales es
probable que resulte inútil.
..el equilibrio de fuerzas en cualquier conflicto no constituye una
ecuación fija hasta que
todos
están implicados
57
Poco después, durante la inauguración de unas oficinas de Vinculación Universitaria
en el centro de la ciudad, el rector Barnés le solicitó al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
entonces jefe de gobierno del D. F., que pidiera a sus colaboradores ubicados en la
Secretaría General del gobierno capitalino que se abstuvieran de intervenir en el conflicto,
de lo cual el rector había mostrado evidencias. Antonio Santos, ex líder del CEU en 1986 y
secretario particular de Rosario Robles, había declarado:
Defender la gratuidad (de la educación) es un problema de coherencia política
personal, y sigo pensando hoy, con mejores razones y
posibilidades,
que debemos
defender esa opción para abrir la oportunidad de un desarrollo incluyente de
amplios sectores sociales mexicanos en ese proceso deshumanizado de competencia
global.
58
En una ocasión anterior, el rector se había reunido con el propio Cárdenas para
conocer su opinión respecto de la posibilidad de incrementar las cuotas, medida a la que
aparentemente el también dirigente perredista no habría puesto objeción, señalando que la
analizaría junto con sus más notables colaboradores universitarios. No obstante, para
mediados de febrero declaró: “no soy autoridad para aprobar iniciativa alguna”.
59
contendientes no llegan a un acuerdo privado el resultado del conflicto será una función de las fuerzas
relativas de los participantes y del contagio a otras personas o grupos.
57
Ibidem
, p. 6
58
Y. de Garay.
op. cit.
, cap. 2, p. 5. (las cursivas son nuestras.)
59
Ibidem.
, p. 44.
172
Posteriormente, volvió a declarar que la aprobación al aumento de las cuotas era un
“atropello a la Constitución”, pronunciándose a favor de la gratuidad de la educación,
opinión que compartían el 61% de los estudiantes
60
.
Finalmente, ante la falta de acuerdos entre los contendientes, el 20 de abril de 1999
estalló el paro estudiantil en demanda, básicamente, de la abolición del Reglamento
General de Pagos.
61
. Posteriormente, se añadirían, entre otras peticiones, la derogación de
las reformas de 1997
62
, la anulación de los vínculos con el CENEVAL
63
y “la creación de
un espacio de diálogo y resolución sobre los problemas que enfrenta nuestra Universidad”.
De esta manera, la oposición al incremento de las cuotas rápidamente se transformó en la
exigencia de realizar un amplio ejercicio de reflexión sobre la UNAM, mediante un
“congreso resolutivo”, en las condiciones que los paristas determinaron. En tales
circunstancias, un problema de aparente carácter económico se redefinió, como era de
esperarse, en una protesta de carácter político: “Debemos admitir que de lo que se trata
finalmente es de que en el conflicto de la Universidad se están proyectando problemas
sociales que no le corresponden a la institución.”
64
La incapacidad tanto de la rectoría como de los estudiantes para abrir
oportunamente las instancias de negociación influyó en que la conducción del movimiento
se transfiriera a los
ultras
, reafirmando la apreciación de Shattschneider en el sentido de
que “es tan grande el cambio en la naturaleza de cualquier conflicto.
..que es posible que los
participantes originales pierdan todo el dominio sobre el mismo”
65
. La consecuencia fue el
paso de un liderazgo aparentemente dispuesto al diálogo y a la negociación a uno que por
su difusa estructuración, confusa ideología y posiciones radicales se hallaba inclinado a
actuar violentamente y con poca disposición a la negociación. Muchos de éstos, que
subrayaban y exageraban su antagonismo con los moderados, sobre todo por su
identificación con el Partido de la Revolución Democrática, habían aparecido en el
escenario político universitario desde el último movimiento estudiantil en 1986; otros
60
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 20
61
Cfr
. Primer Pliego Petitorio del CGH, publicado el 20 de abril de 1999.
62
Estas reformas afectaban el pase automático a licenciatura y limitaban el tiempo de permanencia de los
estudiantes en la UNAM. Cfr. “Principios y criterios para el ingreso de los estudiantes a la Universidad y
permanencia en la misma”,
Gaceta UNAM
. México, 26 de mayo de 1997.
63
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación determina la realización de un examen único de
ingreso a bachillerato, así como una evaluación general de conocimientos a los egresados.
64
Marcelino Perelló en J.r
Mendoza Rojas.
op. cit.
,
p. 234.
65
E.E. Shattschneider,
op. cit.
, p.4
173
trabajaban políticamente desde hacía más de 30 años en forma aislada -como era el caso de
algunos profesores y ex profesores de la Facultad de Ciencias. Algunos de ellos formaban
parte del propio PRD, aunque de la corriente interna antagónica a los moderados,
identificada con el líder de colonos René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna, quienes
hasta el desenlace del conflicto conformaron el comité de prensa del CGH.
Lo anterior se comprueba al repasar un párrafo de un documento generado por una
de las organizaciones más radicales del movimiento:
...este control de la base estudiantil fue vital para impedir las maniobras de los
grupos estudiantiles afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que
realizaron reiteradas negociaciones con la rectoría, a espaldas de las decisiones
del CGH con el fin de levantar la huelga a cambio de migajas.
66
Esta generación de opositores que incluía a múltiples grupos tales como, “En
lucha”, CLETA, “Conciencia y Libertad”, “Rebeldía”, “Contracorriente”, “Coalición de
Políticas”, difería de los antiguos ceuístas no sólo en los medios y estrategias que
empleaban. La elite de la vieja guardia ya se había graduado, incluso posgraduado en el
extranjero, básicamente en los Estados Unidos; algunos ya habían pasado a formar parte del
gobierno del Distrito Federal o pertenecían a algún partido político, fundamentalmente al
de la Revolución Democrática, mientras que la mayoría de los nuevos líderes y sobre todo
sus seguidores aún eran estudiantes que procedían de los estratos sociales más bajos y
muchos de ellos pertenecían a organizaciones políticas marginales y muy adiestradas en
movilizar contingentes y en el uso de la retórica vacía de contenido real. Su condición
social, aunada al hecho de no haber logrado una legitimación en la arena política
institucional –por lo que sus demandas permanecieron al margen de la agenda de poder
universitaria–, contribuyó a que adoptaran con celeridad posiciones radicales.
Existen evidencias de que la mayoría de las coaliciones se han formado por
intereses creados tiempo atrás, por lo que los antagonistas les resultan familiares,
identificados por antiguas contiendas. Por ello lo más probable es que la lucha se lleve a
cabo entre los grupos que se benefician manteniendo las viejas alianzas y los que exigen un
nuevo tratamiento. No obstante, existe el riesgo de que las minorías puedan olvidarse de las
66
Agrupación Contracorriente,
Hacia el encuentro Internacional de Estudiantes convocado por el CGH
.
México, abril de 2000, p. 4.
174
alianzas caducas y convertirse en minorías aisladas y violentas, como quedó demostrado en
el conflicto universitario.
Muchos de los grupos estudiantiles más radicales no habían pasado por la etapa de
conciencia que caracterizó, por ejemplo, a la generación de 1968, quienes informaban de
sus políticas y debatían sus estrategias. En términos de Todd Gitlin
67
, esos grupos
“expresaban una decepción radical hacia las organizaciones liberales y de izquierda
existentes, hacia sus promesas y definición de expectativas, lo que se manifestaba en sus
formas de expresarse y en su estilo de hacer política”. Veamos:
El movimiento estudiantil marca, sobre todo, el nacimiento de una nueva
generación, la
generación de la ruptura
, formada por jóvenes inconformes,
poseedores de una mentalidad profundamente rebelde, que aun cuando no está
claramente estructurada, revela una clara actitud de ruptura y oposición con la
nueva dictadura
que hoy por hoy domina el planeta.
68
Casi desde el inicio se podían identificar varios objetivos perseguidos por los grupos
radicales que ocuparon posiciones clave en el conflicto y cuyo origen en la izquierda
militante no se alcanzaba a rastrear en luchas anteriores. Mediante una jugada de “varias
bandas”, parecía que una de las finalidades del movimiento era expulsar al PRD de la
Universidad para mermar su clientela tradicional y orientarla hacia otras opciones políticas
partidistas, además de excluir a la Universidad del proyecto de educación superior del país.
Posición que compartían con otros partidos políticos y con diversos organismos
empresariales. Días antes de las elecciones del año 2000, en un sondeo informal que realicé
entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, casi la mitad se orientó a
favorecer con su voto al Partido Acción Nacional.
No fue sólo la imposibilidad de ambas partes para negociar al principio del conflicto
lo que promovió la radicalización del movimiento. Influyó, además, el cálculo erróneo de
quienes desestimaron la situación prevaleciente aislando a los segmentos radicales y
permitiendo asumir las actitudes ultrarradicales de sus líderes. Pasaron por alto, también,
que fuerzas políticas mayores estaban nutriendo el conflicto.
67
Todd Gitlin, “Convertir a los movimientos de protesta en temas periodísticos” en Doris Graber (comp.)
El
poder de los medios en la política,
Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano,
1986,
pp. 289-302
68
Arturo Ramírez, “Palabra del CGH”, en
El testimonio de los huelguistas.
México, Ediciones del Milenio,
2000, p. 1.
175
Tanto los estudiantes moderados y sus antecesores, cuya presencia se evidenció
públicamente a lo largo del conflicto, como las autoridades universitarias y el gobierno
trataron de asimilar las nuevas condiciones de la contienda y reorientarla, pero fracasaron
en su, a veces desesperado intento. Las fragilidades y contradicciones internas, con el
apoyo involuntario de la rectoría, que más tarde desbaratarían la organización y el liderazgo
inicial del movimiento, ya formaban parte del conflicto desde su inicio: “en su comienzo
como organización contradictoria y masiva estuvo su fin”.
69
A principios de junio, después de intensas negociaciones entre representantes del
rector y Carlos Imaz, para entonces Presidente del Comité Directivo del PRD en el Distrito
Federal, entre otros asesores de los estudiantes moderados, el Consejo Universitario aprobó
una modificación a la reforma, convirtiendo las cuotas obligatorias en aportaciones
voluntarias, sugerencia que había hecho el propio ex dirigente a Francisco Barnés tres años
atrás
70
. Dicha medida pudo constituir una solución al inicio del conflicto, ya que entre los
estudiantes encuestados prevalecía un sentimiento de justicia y equidad en torno a la
educación universitaria. Los datos de la encuesta demuestran que un 61% de la población
consideraba que la UNAM debería ser
gratuita para todos aquellos alumnos que
verdaderamente lo necesitan
71
.
Pero también el 51% se pronunció a favor de que
los
alumnos con más posibilidades económicas deben contribuir más a la Universidad que
aquellos de bajos recursos económicos
. Esta respuesta sólo recibió una desaprobación del
18%
72
.
No obstante, a casi dos meses de iniciado el paro, y ante la ausencia de acuerdos, el
clima político había cambiado notablemente, por lo que la medida de convertir las cuotas
obligatorias en aportaciones voluntarias ya
resultaba insuficiente para detener el conflicto.
El sentimiento de justicia inicial se había desvanecido ante la emergencia del rumor –
difundido por los opositores a la reforma– de que una vez implantadas las cuotas sería
imposible frenar la privatización de la UNAM, ya que si se permitía el ajuste de
colegiaturas en razón de los ingresos familiares, se abriría la puerta a que ese cobro se
generalizara indiscriminadamente. Más aún, la opinión de los estudiantes manifestada en la
encuesta
refleja que el 53% pensaba que las estadísticas proporcionadas por las autoridades
69
Ibidem
.
,
p. 298.
70
Cuauhtémoc Cárdenas, en aras de distender el conflicto, manifestó su apoyo a las aportaciones voluntarias.
La Jornada,
5 de noviembre de 1999, p.43
71
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 23
72
Ibidem
tabla 26
176
universitarias respecto a los ingresos familiares de los estudiantes fueron manipuladas para
justificar el aumento de las cuotas
73
En lugar de entender que con la decisión del Consejo Universitario de convertir las
cuotas obligatorias en aportaciones voluntarias los estudiantes habían ganado el punto que
había iniciado el conflicto y por tanto festejar el triunfo de su movimiento, las posiciones
radicales y la extensión del pliego petitorio escalaron el problema anticipando su desenlace.
Todo era ya una cuestión de tiempo
74
.
Además de que las demandas se habían multiplicado, el grupo que inició la protesta,
como ya se ha dicho, había perdido irremediablemente el control del movimiento debido a
la emergencia de nuevos actores con distintas posiciones más radicales y argumentos,
aunque básicamente retóricos, más convincentes.
Si rectoría pensó que con las reformas al RGP (Reglamento General de Pagos) del
7 de junio, que al parecer fueron acordadas previamente con miembros prominentes
del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal gracias a
los
buenos oficios
de la Secretaría de Gobernación, los estudiantes llamados
moderados tendrían la posibilidad de ganar la mayoría en el CGH, se equivocó,
hizo un cálculo erróneo o alguien la engañó.
75
Desde el inicio del conflicto, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, integró
un gabinete de crisis encabezado por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, en
el que participaban el secretario de Educación Pública, Miguel Limón, el subsecretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco y el director general del Centro de Investigaciones en
Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello, así como el rector Barnés. Ocasionalmente,
fueron invitados altos representantes de los medios de comunicación. A partir de que el
secretario de Gobernación inició su precampaña por la presidencia de la República, después
de haber declarado que según los servicios de inteligencia de la dependencia a su cargo
existían pruebas de la presencia de líderes ajenos a la universidad, el gabinete de crisis se
reconfiguró. El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Diódoro Carrasco, asumió
una posición más dura que la de su predecesor. A diferencia de Francisco Labastida, quien
73
Ibidem
,
tabla 22
74
Lewis Coser considera que uno de los rasgos más importantes en cualquier conflicto es lo que las partes
concuerdan en considerar la terminación de conflicto. La frecuencia de los conflictos y la naturaleza del
rompimiento afectarán los términos en que finalice una contienda, Lewis
Coser,
Continuities in the study of
social conflict
”, New York, Free Press, 1967,p. 43
75
O. Rodríguez Araujo.
op. cit.
, p. 29.
177
consideraba que el rector era parte de la solución, asumió que Barnés era parte del
problema.
En el gobierno del Distrito Federal, también hubo cambios que incidirían en el curso
del conflicto. Su titular, Cuauhtémoc Cárdenas, al ser designado candidato a la presidencia
de la República por el PRD, fue sustituido por Rosario Robles, quien hasta ese momento
fungía como secretaria General de Gobierno y de cuya oficina habrían salido los recursos
para iniciar el conflicto. No obstante, frente al curso que habían tomado los
acontecimientos y que ya habían impactado a la ciudadanía, la nueva jefa de Gobierno del
D. F. y el rector, no obstante las discrepancias que anteriormente llevaron al rector a
solicitar su no intromisión en el conflicto, por instancias de la Secretaría de Gobernación
establecieron un canal de comunicación para buscar salidas urgentes. Conducto que se
rompió cuando presuntamente desde la Secretaría de Educación Pública se comento a la
prensa el contenido de una conversación sostenida en el mes de noviembre de 1999 entre
ambos actores en la que se discutía, junto con la propia Secretaría de Gobernación, la
participación de los estudiantes en un eventual congreso universitario. Tal publicación,
destacada a ocho columnas en el periódico
Reforma
76
, irritó a no pocos miembros del
Colegio de Directores de la Universidad que aún apoyaban al rector.
Al término del periodo vacacional de verano, se realizó un mitin en la plaza de
Santo Domingo en demanda de la reanudación de clases, pero sólo acudieron unos 30 mil
estudiantes –cifra muy baja, se dijo en la Presidencia de la República, en comparación con
los más de 270 mil que en ese momento conformaban la matrícula de la Universidad. Días
después, algunas autoridades y profesores se dirigieron a Los Pinos para pedir directamente
al presidente Zedillo que, mediante la aplicación de sus atribuciones legales, pusiera fin al
conflicto, pero el presidente se negó porque la solicitud no contaba con “el apoyo
mayoritario de la comunidad universitaria”, lo que se puso en evidencia ese mismo día
mediante una segunda concentración organizada en el Auditorio Nacional a la que
acudieron menos estudiantes que la anterior. En el gabinete de crisis se propuso, entonces,
la realización de un plebiscito, que podría reflejar la opinión adversa hacia el cierre de la
Universidad; sin embargo, el Secretario de Gobernación lo descartó con el pretexto que no
se tenían previstas las acciones a seguir una vez que se obtuvieran los resultados. La
76
Reforma
, noviembre de 1999, nota de Ivonne Melgar
178
incapacidad para admitir que se carecía de una salida negociada al problema, aseguró a los
grupos más radicales un alto grado de impunidad.
A pesar de que el conflicto era controlado irremisiblemente por paristas aún más
radicales, quienes llamaban neo-moderados a aquellos que mencionaban la posibilidad de
revisar el pliego petitorio, todavía se esperaba que la correlación de fuerzas en las
asambleas se inclinara a favor de éstos y los relacionados con el PRD, para que pudiera
pactarse un acuerdo con la rectoría. Esa postura, defendida hasta el final por los titulares de
la Secretaría de Gobernación, del gobierno del Distrito Federal y del PRD, llevó al
estancamiento del problema y restó margen de maniobra al rector. A lo largo del conflicto
surgieron muchas propuestas de solución. Todas fracasaron: la de la Comisión Plural de
Investigadores, la de los profesores eméritos, elaborada el 28 de julio y aprobada por el
Consejo Universitario; la de la Comisión de Encuentro, la del CCH Naucalpan, la del
Partido Obrero Socialista (POS), la del Sindicato de Trabajadores de la UNAM; la de las
cinco escuelas, ya en octubre,.
.. e incluso la de los empresarios, quienes vieron la
oportunidad para revivir su antigua demanda de cierre temporal o definitivo de la
Universidad.
El 26 de octubre,
al término de un homenaje a Justo Sierra en la Cámara de
Diputados, el rector sufrió una agresión verbal por parte de diputados perredistas quienes
demandaron su renuncia. Posteriormente, las fracciones parlamentarias del Partido
Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional acordaron ofrecer una disculpa
institucional al rector. Tres días después, Cuauhtémoc Cárdenas hace lo propio. Ante esto,
los más avisados analistas comprendieron que la salida de Francisco Barnés de la rectoría
estaba resuelta y acordada con el presidente de la república, quien hasta esa fecha se había
negado a aceptar la propuesta de sus secretarios de Educación y Gobernación,
respectivamente. “De esta mesa ni el presidente ni el rector se mueven” había afirmado de
manera tajante Ernesto Zedillo apenas dos meses atrás durante una reunión del gabinete de
crisis. Existía, pues, acuerdo entre el gobierno y el PRD, había nuevo rector; solo faltaba el
apoyo masivo de la comunidad y una coyuntura favorable.
El 5 de noviembre, el CGH inició una marcha que debería circular por el periférico,
partiendo frente a las instalaciones de Televisa. La presencia de un amplio contingente
estudiantil, de la policía montada, de representantes del gobierno del Distrito Federal y con
179
una cobertura inusitada por parte de los medios de información, el ambiente alcanzó uno de
los momentos más álgidos desde el inicio del conflicto enrareciendo más el ambiente
político y descartando, de manera definitiva, un muy poco probable arreglo entre las partes.
El 12 de noviembre, a siete meses de iniciado el paro, sin el apoyo de la comunidad
universitaria
77
, de muchos titulares de las dependencias académicas, –según consta en un
documento que circuló en el Colegio de Directores– y de los miembros del gobierno que al
principio del año estaban del lado del rector, Francisco Barnés se vio obligado, la tarde
siguiente de una reunión con los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, a
presentar su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM, la que pocas horas después la
aceptó
78
. El presidente de la república ya estaba convencido de que resultaba más oneroso
sostener al rector en su cargo que sustituirlo.
En su texto de renuncia, Francisco Barnés responsabilizó de los acontecimientos a
tres relevantes actores en el conflicto. A los grupos radicales,
ultras
y
megaultras,
quienes
desde el inicio marginaron y expulsaron a los estudiantes
moderados
, con lo que se habían
adueñado de la conducción del movimiento, rehusándose a la búsqueda de una salida
negociada. A los grupos políticos ajenos a la Universidad, cuya injerencia complicó las
posibles soluciones. Y al clima de impunidad prevaleciente, consecuencia de la falta de
intervención de las autoridades nacionales y locales durante el conflicto.
No obstante el gran apoyo con el que contaba al inicio de su gestión producto de su
impecable “hoja de servicios”, las concepciones liberales del rector Barnés en torno a la
educación y su peculiar forma de entender la política le impidieron contender con el
conflicto universitario que además de provocar la huelga más larga en la historia de la
Universidad, ocasionó la suspensión de todas las reformas que había logrado instrumentar
durante los tres años que duró su gestión al frente de la rectoría. Su compromiso con
miembros de la administración saliente y con destacados representantes del sector
empresarial –de quienes recibió apoyo en sus diversas responsabilidades administrativas–,
así como su excesiva confianza en el gobierno federal, le imposibilitaron que actuara de
77
En la sesión del Consejo Universitario del día 10 de noviembre, sólo 64 consejeros habían respaldado al
rector para mantenerse al frente de la rectoría.
78
Una declaración emitida por el Secretario de Educación Pública, un día después de la renuncia del rector,
en una reunión de la ANUIES efectuada en Veracruz, responsabilizando a las autoridades universitarias del
conflicto estudiantil, se interpretó como una muestra de que Francisco Barnés ya no contaba con el apoyo del
gobierno (si es que alguna vez contó con él)
180
manera independiente. Su manejo del problema fue desafortunado al no poder articular las
diferentes posiciones de los grupos de poder universitarios y extra universitarios en torno a
su visión sobre la Universidad.
La controversia sobre la constitucionalidad de la gratuidad de la educación
Una breve revisión histórica de la Universidad permite mostrar que el cobro de cuotas a los
alumnos se remonta a 1914, cuatro años después de que Justo Sierra fundara la Universidad
Nacional de México. En 1916, mediante un acuerdo del C. Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Venustiano Carranza, se asignó la cantidad de cinco pesos como cuota
general sobre la base de que “la enseñanza que se imparta en las facultades universitarias y
en la Escuela Nacional Preparatoria deja de ser gratuita”
79
, sin que se manifestara oposición
alguna. A mediados de 1920, el rector José Vasconcelos eximió de ese pago a los
estudiantes de bajos recursos e instauró un programa de becas de manutención. En 1929,
con la obtención de la autonomía universitaria, en la Nueva Ley Orgánica quedó plasmada
la consideración de que la Universidad tendría que convertirse en una institución privada,
definiendo la obligatoriedad de pagar una cuota por los servicios educativos
correspondientes.
80
Para impulsar la autosuficiencia de la Universidad, se decidió que el
gobierno erogaría, por única vez, una cantidad específica, cuyos réditos deberían ser
suficientes para su mantenimiento.
El 24 de enero de 1936, durante la rectoría de Luis Chico Goerne, se aprobó el
primer Reglamento General de Pagos. En él se ratificaba el principio vasconcelista de que
la cultura universitaria no debería ser privilegio de ninguna clase social, por lo que la
Universidad debía abrir sus puertas a todos los estudiantes, incluyendo a quienes carecieran
de recursos económicos para sufragar las cuotas. Se aclaraba, también, que el deber
fundamental de los alumnos universitarios era contribuir, en la medida de sus posibilidades
económicas, al sostenimiento de su casa de estudios. El nuevo reglamento fijaba una cuota
única de inscripción de 10 pesos y diversas colegiaturas anuales.
Estas cuotas de ninguna manera fueron suficientes para satisfacer las necesidades de
la Universidad, por lo que bajo el rectorado de Fernando Ocaranza se acordó con el
gobierno federal un nuevo subsidio. En 1946, ante los problemas de financiamiento que
79
José Manuel Covarrubias, “Cuotas en la UNAM” en Pérez Pascual,
op. cit.
, p.33.
80
J. Mendoza Rojas.
op. cit.
, p.70.
181
sufría la institución, el rector Salvador Zubirán negoció con el gobierno un subsidio mayor,
y también emprendió la “Campaña de los 10 millones”, con el fin de recabar fondos.
81
Al
año siguiente intentó aumentar las cuotas de inscripción, colegiaturas y pagos por otros
servicios, lo que le costó la rectoría. La reforma al Reglamento General de Pagos realizada
por su sustituto, Luis Garrido, en 1950, permaneció vigente hasta 1999.
Durante más de tres décadas no se volvió a tratar el tema del incremento a las
cuotas. Fue hasta abril de 1986 cuando el rector Jorge Carpizo dio a conocer el diagnóstico
Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde señalaba
como uno de los principales problemas el que “muchos estudiantes no valoran el costo real
de su educación ni la aprovechan como debieran, defraudándose a sí mismos y a la
sociedad que paga sus estudios”.
82
A raíz del diagnóstico presentado por el rector Carpizo,
el Consejo Universitario aprobó tres aumentos a los pagos por servicios académicos: a las
cuotas de los estudios de posgrado, a los exámenes extraordinarios y a la expedición de
certificados escolares.
Dichos incrementos no prosperaron debido a la protesta que de noviembre de 1986 a
febrero de 1987 encabezó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y que culminó con la
suspensión de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario. A raíz de este
movimiento se acordó, también, la celebración de un congreso universitario, en el cual se
estableció que el problema del financiamiento universitario era responsabilidad del Estado.
En 1992, el sucesor de Jorge Carpizo, el Dr. José Sarukhán, después de una amplia
consulta entre la comunidad universitaria, anunció que elevaría las colegiaturas,
determinando incluso los nuevos montos a pagar. No obstante, por cuestiones de carácter
político, dicho proyecto no fue sometido a la consideración del Consejo Universitario.
Un eje recurrente en todos los proyectos de modernización educativa a nivel
superior ha sido el impulso de nuevos esquemas de financiamiento. La propuesta básica
consiste en que las instituciones educativas compartan con el gobierno la responsabilidad
81
Más de 40 años después, Francisco Barnés llevó a cabo una campaña similar a la que denominó “UNAMos
esfuerzos”.
82
Jorge Carpizo, “Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México” en
Hacia el
Congreso Universitario: compilación de documentos básicos.
México, UNAM, 1988, pp. 27-51.
182
de su financiamiento, mediante la venta de servicios y el aumento de colegiaturas.
Actualmente, muchas universidades estatales se han sumado a este proyecto.
83
La polémica en torno a la gratuidad o no de los estudios superiores fue el tema más
controvertido durante el periodo de referencia y, en gran medida, marcó el rumbo del
conflicto. Las autoridades universitarias aceptaban la gratuidad de la educación superior
sólo para los alumnos que verdaderamente carecieran de los recursos necesarios. Sin
embargo, sólo el 38% de los estudiantes encuestados expresó su conformidad con este
punto de vista, frente a un 62% que se inclinó por una educación gratuita para todos
84
.
La propuesta del rector se sustentaba en el principio de equidad, que podría
enunciarse como “que pague más quien más tenga”, en la medida en que no se puede tratar
por igual a los desiguales, mientras que los estudiantes se aferraron al principio de
gratuidad, entre otras razones debido a que el precepto constitucional al respecto no parece
ser lo suficientemente claro, lo que ha
promovido la percepción social en ese sentido.
La consideración anterior se basaba, entre muchas otras, en la interpretación de que
la UNAM, al ser parte del Estado, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, debía
ofrecer educación gratuita. Además, se argumentaba que en tanto que la mayoría del pueblo
mexicano sufraga la educación pública por la vía de los impuestos, resultaba injusto que se
pidiera una doble tributación.
Salvador Malo, el entonces Secretario de Planeación de la UNAM, señalaba:
Con frecuencia en nuestro país, la cuestión del financiamiento de la
educación superior, en particular en las instituciones públicas, se ha
planteado como un aparente dilema: o la educación la financia íntegramente
el gobierno o, de no hacerlo, éste incumple una obligación y la educación se
convierte en privada.
85
En ningún momento se debatió públicamente el monto que debería asignarse a las
cuotas o de los grupos socioeconómicos a los que se aplicaría el cobro. La discusión ni
83
Cfr
. “A strategy to improve the quality of mexican higer education. A report to the Secretary of Education
from the International Council of Educational Development”, diciembre de 1990, y “Reseña de las políticas
de educación superior en México”, reporte de los examinadores externos, OECD, 1966, citados en P.
González Casanova.
op. cit.
, pp. 37-43
84
G. L. Dorantes,
op. cit.
, Apéndice 1,tabla 25
85
Salvador Malo, febrero 1999,
op. cit.
,
.
, p. 23.
183
siquiera consideró si sería factible eximir –tal y como se mencionaba en la propuesta del
rector– a los alumnos cuyos ingresos familiares fueran menores a cuatro salarios mínimos.
Todo se limitó a discutir si debía pagarse o no por los servicios educativos superiores.
La postura a favor del aumento de cuotas estuvo avalada por connotados
constitucionalistas universitarios, y algunos articulistas, quienes señalaron que el Artículo
3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
no contempla que la
educación superior deba ser gratuita, puesto que al Estado sólo le corresponde garantizar la
educación básica. Postura ratificada en 1994 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al interpretar que constitucionalmente no hay razón para que las instituciones públicas no
cobren colegiaturas por sus servicios ya que “en ninguno de los preceptos constitucionales
se establece esa prerrogativa”.
Sin embargo, los estudiantes no tenían la misma opinión, pues el 61% de los
encuestados se inclinó por considerar que el aumento de cuotas en la Universidad era una
violación al artículo referido
86
.
En gran medida, las autoridades universitarias propiciaron que el asunto de la
constitucionalidad de su propuesta se convirtiera en el punto nodal del debate, pues lejos de
haber exaltado la intención equitativa que guiaba su reforma al Reglamento General de
Pagos, convocó a especialistas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones
Jurídicas para demostrar la legalidad constitucional del incremento a las colegiaturas. Al
introducir en el conflicto a actores que no contaban con el reconocimiento de la comunidad
estudiantil sino que, por el contrario, eran identificados como representantes de los estratos
más conservadores de la sociedad, facilitó aún más la aversión experimentada hacia su
medida. La declaración, ya referida, de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que el
aumento de colegiaturas era “un atropello a la Constitución”, había calado hondo entre los
estudiantes
87
.
A la luz de estos acontecimientos, el conflicto se redefinió y el debate se elevó por
encima de los límites de la discusión original, que rápidamente pasó a segundo plano. Este
escalamiento determinó que el principio de gratuidad se impusiera al de equidad, al que le
había apostado el rector.
86
G. L. Dorantes,
op. cit.
,
.
, Apéndice 1,tablas 3,20,24,40 y 41
87
Ibidem
,tabla 20
184
Antes de que iniciara la huelga, a instancias de algunos miembros del personal
académico de la Universidad, el rector se reunió con algunos líderes moderados,
particularmente de las facultades de Ciencias y de Ingeniería, pero no pudo concretar
ningún acuerdo. Cada una de las partes había puesto ya en juego sus fuerzas potenciales
para expandir de manera riesgosa e irreversible el problema: la rectoría, su aparato
administrativo y político y sus relaciones con el gobierno federal; el grupo iniciador del
conflicto –los moderados– recurrió al apoyo de la Secretaría General de Gobierno del
Distrito Federal
88
y, de acuerdo con declaraciones del entonces Secretario de Gobernación,
Francisco Labastida y mediante un video y unas fotografías publicadas en el periódico
Excelsior
, al del Partido de la Revolución Democrática. Acciones, si bien no inéditas en la
vida política mexicana, fuertemente, y con razón, criticadas, cuyo efecto fue enrarecer más
el clima político presente.
No obstante que a las autoridades les hubiera sido más conveniente localizar el
conflicto y buscar un arreglo inmediato, en contraste con sus adversarios, ambos
participantes emplearon los medios de comunicación como espacio de contienda: la
Asamblea Estudiantil Universitaria anunció públicamente que según su “consulta general
universitaria”, aparentemente poco nítida y por lo tanto no representativa de toda la
comunidad, 92 mil estudiantes estaban a favor de la abrogación del nuevo reglamento de
pagos y en pro de la huelga; en tanto, las autoridades publicaron 100 mil firmas que
avalaban la posición contraria. Los contendientes se enfrentaron, más que en una mesa de
negociaciones, en la arena de los medios, enfrascándose en una batalla de papel.
La búsqueda de la cobertura de los medios masivos, en tanto que puede ser
determinante en el destino de un movimiento social, es explicada por Gitlin:
Los movimientos políticos sienten que deben confiar en las comunicaciones en
gran escala para importar, para decir quiénes son y lo que se proponen a públicos
en los que intentan influir (.
..) Los medios masivos definen el significado público
de los movimientos, o, ignorándolos, los privan de un significado mayor.
89
88
La ex perredista Rosario Robles, entonces secretaria general del gobierno capitalino, desmintió haber dado
su apoyo a los paristas.
89
T. Gitlin,
op. cit
., p. 289
185
Asimismo, afirma que los líderes de los movimientos sociales “han aprendido a
hacer que el código periodístico trabaje para ellos mientras que los periodistas les han
extendido el privilegio de la legitimidad”.
90
En contraste, Smith, McCarty, McPhail y Boguslaw sugieren que la representación
de los movimientos sociales en los medios masivos puede complicar los esfuerzos de sus
dirigentes para conducir los mensajes hacia los medios políticos y decisionales
91
. “Una
razón de esta complicación es que los medios operan bajo lógicas que son independientes, y
a veces contradictorias, de las agendas de los movimientos sociales”.
92
Al principio del conflicto el tamaño del grupo en protesta era reducido, lo que no
fue un impedimento para que alcanzara una gran visibilidad pública y una enorme
intensidad, que de inmediato trascendió los límites universitarios
93
. Un aspecto importante
que extendió el conflicto más allá del grupo inicial constituyó la percepción de que en él
participaba la mayoría del estudiantado. En marzo, el 59% de los estudiantes encuestados
tenía la convicción de que la mayoría de sus compañeros estaba a favor del paro
94
. No
obstante, la encuesta revela que sólo el 32% apoyaba la huelga general como forma de
protesta por la actualización de las cuotas
95
.
A la manera de Noelle-Neümann
96
, se había
edificado la
espiral del silencio
universitario
Diálogo no es negociación
Ante la imposibilidad de los estudiantes de conformar una comisión negociadora para
iniciar el diálogo, el 11 de mayo, el rector convocó a cinco directores para integrar una
Comisión de Encuentro, con el fin de que “escuchara las diferentes propuestas que hacía en
ese momento la comunidad universitaria y que, eventualmente, pudiera llegar a un
90
Ibidem
, p. 299
91
Jackie Smith
et. al.
, “From protest to agenda building : description bias in
media
coverage of protest events
in Washington, D. C.”, en
Social forces.
Vol 79, Issue 4, EBSCOhost, Research Data Basis, June 2001, p. 3
92
Idem.
93
Michael Lipsky ha notado que los líderes de los movimientos sociales deben cumplir cuatro condiciones
simultáneas para aumentar las posibilidades de que sus demandas sean consideradas por los responsables de
toma de decisiones: proveer y sostener una organización comprendida por gente con la cual pueden o no
compartir valores comunes, articular metas y diseñar estrategias para maximizar su exposición pública a
través de los medios masivos, maximizar el impacto de terceras partes en el conflicto y tratar de optimizar las
oportunidades de éxito entre aquellos que sean capaces de garantizar sus objetivos. Michael Lipsky, “Protest
as a political resource” en
American Political Science Review
, 62,1968 p.1144
94
G. L. Dorantes,
op.cit.
, tabla 7
95
Ibidem
, tabla 21
96
Elizabeth Nöelle-Neumann.
The spiral of silence.
Chicago, University of Chicago Press, 1984.
186
encuentro con los paristas”.
97
En principio, escuchar suena fácil; sin embargo, hay que
recordar que la población universitaria abarcaba más de 300 mil personas, por lo que la
tarea implicó convocar a la comunidad a expresarse en relación con el conflicto. Para ello
se requería diseñar las estrategias que, una vez establecidas, permitieron recibir 537
documentos que se clasificaron según su procedencia. También se obtuvieron los
porcentajes de las posiciones a favor (15.3%) y en contra (35.2%) del conflicto planteado
por los estudiantes. Todo ello para
valorar
la posibilidad de un encuentro con los paristas.
98
Mientras tanto, la Universidad, salvo algunos institutos, estaba cerrada. Y el
Consejo General de Huelga presentaba formalmente su pliego petitorio, al que habían
agregado nuevas demandas además de la inicial. El reloj de los estudiantes se había
adelantado por mucho al de las autoridades.
No obstante el carácter resolutivo que posteriormente adquirió la Comisión de
Encuentro, la estrategia de los estudiantes radicales afloraba, al afirmar que
el espíritu del 87 (referido al movimiento estudiantil encabezado por el CEU)
se refrescaba, así, una vez más, en la lógica comunidad universitaria-CGH-
Comisión de Encuentro-Consejo Universitario-, quien debía aprobar, de
lograrse, los acuerdos entre las partes --donde este último habría de “asumir”
los resultados del diálogo. Es decir, después de la huelga, el conflicto
terminaba donde había comenzado (dónde si no), legitimando nuevamente al
antidemocrático Consejo Universitario que era justamente una de las aristas
del conflicto.
99
Fue hasta principios de junio, después de casi tres meses de la aprobación del
aumento a las cuotas, cuando la Comisión de Encuentro recibió el pliego petitorio del CGH.
En opinión de Rafael Pérez Pascual:
Ese tiempo tan largo y sus efectos políticos e ideológicos sobre el
movimiento favorecieron a las corrientes contrarias a la negociación que
buscaban la conducción del mismo (.
..) Una política mucho más decidida y
orientada a establecer esas negociaciones desde un principio le habría dado al
movimiento, y a la propia Universidad, una posibilidad de encontrar los
equilibrios necesarios para solucionar la situación conflictiva.
100
97
Cristina Puga, “La comisión de encuentro”, en R. Pérez Pascual,
op.cit.
,
p. 163.
98
En forma paralela, en diversos periódicos se publicaron 17 mil firmas de universitarios –15 mil de la
Facultad de Contaduría– que se pronunciaban en contra del paro.
99
Arturo Ramírez, “Palabra del CGH”, en
El testimonio de los huelguistas.
México, Ediciones del Milenio,
2000, p. 1.
100
R. Pérez Pascual.
op.cit.
, p. 271.
187
Asimismo, se hizo evidente la inviabilidad de llegar a una percepción compartida en
torno a los conceptos de diálogo y negociación, lo que delineó negativamente el resultado
de la confrontación. La necesidad de establecer el diálogo como vehículo para alcanzar sus
objetivos, es señalada por Pérez Pascual en los siguientes términos:
(en el diálogo) se definen objetivos, formas políticas y concepciones sobre el
movimiento mismo, se comienzan a presentar los fines, la ideología y la
cultura que implícitamente lo caracterizan y le proporcionan esas demandas
ocultas, casi inconscientes, que muchos movimientos generan y que ejercen
gran influencia en su desarrollo y consecuencias (.
..) en el cual ya se define
categóricamente que para los firmantes, el diálogo no es un proceso que
implique negociación (.
..) lo que implica negar la dialéctica de la realidad
social y fomentar una polaridad estéril.
101
Al principio, los grupos excluidos de los órganos de representación institucional,
ultras
y
megaultras
, se habían aliado con los estudiantes
moderados
, representados en el
Consejo Universitario, a pesar de que eran sus enemigos históricos. En virtud de la
legitimidad de que gozaban, esto grupos aprovecharon los ex ceuístas, para que les hicieran
la tarea de detonar el conflicto mediante la organización de la “consulta general
universitaria”. Inicialmente tuvieron que subordinarse a la dirección moderada, pero, como
era de esperarse, rompieron la alianza una vez estallado el paro. A partir de ese momento,
la divisa fue:
diálogo no es negociación
.
En el interior del CGH – dice González Casanova- triunfaron las corrientes
llamadas
ultras
, cuya base ideológica pareció menos clara que su
resentimiento social y que un autoritarismo y voluntarismo profundos
vinculados a agresiones verbales y físicas contra quienes no los seguían.
102
El conflicto se inició con una gran intensidad y compromiso de sus simpatizantes, lo
que se perdió conforme se postergaba su solución. Dice Lizette Jacinto: “los
ultra
s y
megaultras
ocasionaron en gran medida el desprestigio del conflicto, debido a sus
101
Ibidem.
, p. 265.
102
P. González Casanova,
op.cit.
, p. 81.
188
posiciones y actitudes extremistas. Tal es el caso del Bloque Universitario de Izquierda
(BUI) o
corriente en lucha
”.
103
Así, mientras al interior del CGH se libraba una contienda entre moderados y ultras,
entre las autoridades también había discrepancias entre quienes defendían la necesidad de
negociar y quienes presionaban para que las instalaciones universitarias se recuperaran
mediante el uso de la fuerza.
En esas circunstancias, el equilibrio de fuerzas en el conflicto no constituía una
ecuación fija hasta que los grupos radicales estuvieron implicados y alcanzaron las
posiciones de dirección mediante el desplazamiento de los moderados. Fue tan radical
(aunque previsible) el cambio en la naturaleza del conflicto, originado como consecuencia
de una ampliación en la participación de las “corrientes” –con diferentes ideologías e
intereses políticos– en el mismo, que los participantes originales perdieron todo dominio
sobre la contienda, confirmando que es más fácil iniciar una guerra que solucionar un
conflicto, que sólo hasta la intervención de los
ultras
mostró su verdadero rostro.
Hay quienes aseguran que el conflicto reseñado se caracterizó como uno de los más
violentos en la historia de la Universidad.
La amenaza y la violencia fueron los recursos
favoritos de los grupos opositores más recalcitrantes. Constituyeron los medios para captar
la atención pública, aumentar su clientela política, atraer la atención de quienes elaboran la
agenda formal y, fundamentalmente, para apoderarse de las instalaciones universitarias y
mantener el control del movimiento. Pero no sólo a ellos pueden imputárseles actitudes
violentas. Sirvan de ejemplo los intentos de asalto que grupos aparentemente no
identificados perpetraron en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán y en
la Escuela Nacional Preparatoria n° 3. Aunque nunca llegaron a aclararse, éstos fueron
atribuidos al gobierno y a la rectoría. Hay cosas que el rector no debe conocer, señalaba un
cercano colaborador de Francisco Barnés.
En virtud de que la Comisión de Encuentro no pudo lograr un acuerdo con los
paristas que pusiera fin al conflicto, el Consejo Universitario aprobó en septiembre la
constitución de la Comisión de Contacto. Esta última, en contraste con la anterior, estaba
dotada para llegar a acuerdos con los estudiantes. No obstante, tampoco pudo acordar una
solución satisfactoria al problema.
103
L. Jacinto.
op.cit.
, p. 131.
189
Si se asume la hipótesis de Rafael Pérez Pascual, en el sentido de que muchos de los
que lucharon activamente en contra de la rectoría, “lo hicieron por estar inconformes con
los procedimientos de aprobación del Reglamento General de Pagos, por sentirse excluidos,
por sentir que se les había impuesto, más que por estar en desacuerdo con la adopción de
algún sistema de cuotas”
104
, se verificará la pertinencia de considerar los planteamientos de
Giandomenico Majone
105
, quien afirma que “en un sistema de gobierno que se guía por la
deliberación pública, el análisis profesional tiene menos que ver con las técnicas formales
de solución de problemas que con el proceso de argumentación”. En consecuencia, la tarea
de los analistas consiste, en gran parte, en la producción de evidencias y argumentos para el
debate público. Su aspecto argumentativo fundamental es lo que distingue al análisis de
políticas de las ciencias sociales académicas, por una parte, y de las metodologías para la
solución de problemas, tales como la investigación de operaciones, por la otra. Los
argumentos de los analistas pueden ser más o menos técnicos, más o menos refinados, pero
deben persuadir para que sean tomados en serio en los foros de deliberación institucional.
Conclusiones
La saludable y vertiginosa evolución política de la sociedad mexicana, iniciada a finales de
la década de 1970 y que infundió al sistema político un nuevo ímpetu, se hicieron visibles
en la UNAM. En esa medida, su funcionamiento se ha hecho más complejo debido a la
aparición de nuevos actores políticos que buscan insertarse en los mecanismos
universitarios de decisión para impulsar sus demandas a la agenda formal de la institución.
La rectoría se ha convertido en un actor más, aunque debido
a su gran dimensión e
influencia, y a sus abundantes recursos y medios, tiende a dominar el proceso de
construcción de la agenda. Esta situación debió conllevar, necesariamente, un cambio
profundo en la manera en que deben elaborarse las políticas universitarias.
Aunque al interior de la Universidad en las últimas décadas han emergido múltiples
y diversas organizaciones estudiantiles que buscan articular consensos y mayorías en torno
a sus demandas y proyectos, sobre todo de carácter político, no se percibe en sus órganos
formales de decisión la presencia de agrupaciones estudiantiles que aglutinen y concierten
104
R. Pérez Pascual.
op.cit.
, p. 264.
105
Giandomenico Majone.
Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas
, México,,
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 41.
190
todos los intereses de los alumnos, quienes se encuentran prácticamente aislados de las
instancias universitarias reales de poder. La mayoría de los estudiantes, salvo en
circunstancias coyunturales, se encuentra al margen de las actividades políticas y no
participa en el debate en torno a los problemas que les afectan. Solamente algunos grupos
que mediante procesos electorales, frecuentemente manipulados y por ello criticados, tienen
presencia, aunque de manera asimétrica y con poca capacidad de influencia real, en los
consejos técnicos, académicos y en el Consejo Universitario.
El conflicto vivido en 1999 en la Universidad puso al descubierto un problema de
índole distinta al meramente económico, no obstante la insuficiencia recurrente de sus
recursos financieros, que aparentemente originó el conflicto; esto es, la insuficiencia real de
la
participación de los estudiantes
en el proceso mediante el cual se tomó la decisión de
reformar el Reglamento General de Pagos, cuya capacidad de movilización no fue
analizada objetivamente durante la rectoría de Francisco Barnés. Evidencia, que la rectoría
no comprendió enteramente que para poder llevar a la práctica su reformador plan de
trabajo, manteniendo la estabilidad y la gobernabilidad de la Universidad, era necesario
promover la participación de la mayoría de los estudiantes, más allá de los grupos
reconocidos por las autoridades universitarias, en el proceso de toma de las decisiones
consecuentes y actualizar los mecanismos tradicionales para el efecto. Es decir , pasó por
alto la necesidad de revisar las concepciones del poder, de cambio y de
participación
política institucional.
En otras palabras, el enfrentamiento dio pie para analizar en profundidad los altos
riegos que para un sistema complejo, diferenciado y plural, diseñado para funcionar
mediante procedimientos democráticos –establecidos en su Ley Orgánica–, cuya
característica esencial es la proscripción del uso de la fuerza mediante la invocación del
diálogo y la razón para resolver las diferencias, como es la UNAM, significa la exclusión
de algunos grupos estudiantiles de influencia en la elaboración de sus políticas, quienes
ante la imposibilidad de participar mediante una representatividad efectiva en el proceso de
elaboración de políticas, se ven compelidos a utilizar la violencia para exigir la solución de
sus demandas poniendo en severo riesgo la gobernabilidad y, por ende, la sana estabilidad
del sistema universitario. El conflicto universitario reflejó, en última instancia, la disputa
191
por hacer prevalecer los diversos intereses de algunos grupos privilegiados que operan en el
interior de la Universidad.
Algunos elementos centrales que se encuentran en el origen del conflicto tuvieron
que ver con los participantes y con los procesos de toma de decisiones en la institución: en
el caso analizado, la rectoría y los cuerpos colegiados competentes y con la naturaleza y
comportamiento de los estudiantes, sobre todo quienes desarrollaban muy diversas
actividades de orden político, de manera organizada y no, en un entorno sobre
ideologizado, económicamente deprimido y electoralmente activo; es decir, con la
estructura de poder, con los mecanismos institucionales de control político y con los
procesos para
la elaboración de políticas institucionales, vigentes en 1999. En suma, con la
construcción de la agenda universitaria de poder.
A finales de 1998 se presentó en la UNAM un problema
reconocido y al que se
tenía que hacerle frente: la insuficiencia presupuestal para el año siguiente. Desde 1992,
durante el rectorado de José Sarukhán, en las áreas de planeación y desarrollo institucional
se encontraba disponible una propuesta de solución técnicamente viable, pero que por
razones políticas no pudo ser agendada: reformar el Reglamento General de Pagos para
aumentar los recursos operativos mediante el incremento de las colegiaturas. Además, tal
propuesta permitiría a Francisco Barnés -lo más importante a juicio del rector- enviar una
señal a la sociedad de la corresponsabilidad que asumía la institución en su sostenimiento.
Sin embargo, en el ámbito estudiantil no existía el consenso para su aceptación, es decir, no
había logrado el apoyo de todos los grupos de estudiantes que operaban en la Universidad.
En otras palabras, la propuesta no era políticamente factible. El gobierno Federal había
apoyado al rector, incluso presionado, en su propuesta, distorsionando más su cálculo
político. Por lo tanto, las posibilidades de impulsar la iniciativa, contrariamente a la
percepción de las autoridades universitarias, eran mínimas.
La lógica subyacente del camino que siguió la propuesta de Francisco Barnés puede
describirse, de manera sintética, de la siguiente manera: los funcionarios de las áreas del
análisis y diseño de políticas universitarias demostraron la existencia de una condición
problemática, aunque, por la reasignación presupuestal por parte de la Secretaría de
Educación Pública, no reunía las condiciones de un problema urgente: El recorte al
presupuesto para 1998 de la UNAM
por parte de la Secretaría de Hacienda. En
192
consecuencia, definieron el problema de acuerdo con un enfoque racionalista y propusieron
al rector una alternativa de solución técnicamente viable: el alza de las colegiaturas. Los
funcionarios
políticos, a pesar de las evidencias contrastantes, consideraron políticamente
factible dicha alternativa. El rector la eligió. Mediante los canales institucionales y con la
utilización de los medios informativos, la propuesta se difundió ampliamente, pero sin
someterse de manera eficiente a discusión con los estudiantes, quienes iban a ser los
directamente afectados por la elección. La respuesta fue insatisfactoria. No obstante, las
autoridades promovieron que las personas y los grupos institucionales y, fundamentalmente
las autoridades académicas, apoyaran públicamente su propuesta. Sin embargo, los grupos
estudiantiles, representados y no en el Consejo Universitario, y un gran número de
estudiantes se opusieron a la medida, argumentando que la solución al problema del
financiamiento era sólo obligación del gobierno federal y que, no obstante las
argumentaciones especializadas en contra, de acuerdo con el artículo tercero constitucional,
la educación universitaria debía ser gratuita. Así, lo que para la rectoría era una solución al
problema, no lo era para quienes se opusieron a su iniciativa. No existían ni se abrieron con
oportunidad los canales de diálogo y negociación. El gobierno, en contraste con su posición
inicial, tomó distancia del rector y aseguró la impunidad de los paristas. Los estrategas
políticos de la rectoría detectaron esas circunstancias pero no valoraron las consecuencias
de persistir en su intención. Incluso pensaron que podían manipular las variables, como fue
el caso de las condiciones bajo las que se aprobó el nuevo Reglamento General de Pagos en
el Instituto Nacional de Cardiología. La de la propuesta estaba cancelada. La reforma no se
implementó. El problema se volvió intratable para la rectoría. Al cabo de diez meses el
rector se vio obligado a renunciar a su cargo. Las importantes reformas que había logrado
poner en práctica desde 1997 se echaron para atrás.
En suma, el análisis y la definición del problema que originó la propuesta de
Francisco Barnés se realizó de manera unilateral, lo que condujo a subestimar la opinión de
importantes grupos estudiantiles que operan en la Universidad. El enfoque para abordarlo
resultó inadecuado, pues la alternativa de solución escogida privilegió su viabilidad técnica
sobre su plausibilidad política y social. La determinación, al chocar con el patrón de
receptividad de la mayoría de los alumnos, no cumplía con los requisitos para acceder a la
193
agenda pues se menospreciaron los costos que de insistir en ella acarrearía en la arena
política.
Otro componente crucial del fracaso de la iniciativa del rector constituyó la ausencia
de voluntad e imaginación política y la falta de eficacia de las autoridades responsables de
la política estudiantil para convencer a la mayoría de los alumnos y a los grupos más
representativos y beligerantes, de la controversial propuesta. Para ello, hubiera sido
necesario adscribir a todo el proceso que involucra la elaboración de políticas
institucionales una
agenda comunicativa
106
- a la manera de Luis F. Aguilar- valiéndose de
los múltiples foros de deliberación con los que cuenta la institución, así como de otros
canales y métodos de interlocución, que incluyera, se reitera, desde antes de la propuesta, la
información
oportuna a los todos los estudiantes y a todas sus organizaciones, en tanto que
iban a ser los más afectados por la decisión, no sólo los de nuevo ingreso, al resto de las
comunidades académicas y laborales y, por su relevancia, a los medios masivos; un
diálogo
directo con la mayoría de los involucrados para explicar las razones de la determinación
con objeto de promover la reflexión y confianza en la propuesta y, sobre todo, en la
autoridad, la
exposición argumental
sustentadas en evidencias factuales y valorativas reales
para probar y convencer a los interlocutores del curso de acción y el
debate
plural de las
ideas, con base en el reconocimiento de las diferencias y las similitudes de la diversidad
estudiantil y de las concepciones ideológicas y posiciones políticas de sus diferentes
organizaciones. Y, en todo caso, una
consulta pública
realista y eficiente.
Estos flujos comunicativos, colectivos, incluyentes y persuasivos, de interlocución
política, al darle conductos ágiles y sustento a la más amplia y efectiva participación
política estudiantil, hubiera facilitado la vertebración de los acuerdos y la conformación de
mayorías reales en torno a la proposición del rector, facilitado su acceso a la agenda formal,
ampliado su aceptación y logrado su implantación, ahorrándole a la Universidad el
conflicto resultante. O cuando menos, hubieran evitado la impugnación general que derrotó
la propuesta. También, hubieran sido muy útiles, de darse el caso, para resolver un conflicto
consecuente.
106
Luis F. Aguilar dice que para ser eficaz, la política debe incluir una doble dimensión y tarea: ser capaz de
resolver los problemas tecno-económicos que le plantea la realización de sus objetivos y tener la capacidad de
solucionar los problemas de comunicación que le plantea el público ciudadano.
Introducción
, en G. Majone,
op.cit.
, p.23-24
194
En fin de cuentas, tal como lo confirmara
el propio rector Barnés, “su propuesta no
fue compartida por todos por igual”, debido, en gran medida, a la falta de una estrategia
dialógica argumentativa que reclamaba la magnitud de la decisión. En suma, el conflicto
mostró que no fue posible articular
comunicación y política
.
Post Scriptum
El rector Juan Ramón de la Fuente presentó a la comunidad en el año de 2003 los once
puntos básicos del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México,
que se presentará en mayo del 2004
107
. El punto que encabeza la lista dice:
Ampliar la
participación de la comunidad en los cuerpos colegiados.
107
Gaceta UNAM
, 10 de noviembre del 2003
195
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