Artículo en PDF
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Sociedad y Política
La interacción entre los partidos políticos y los grupos parlamentarios:
un estudio comparativo entre España y México
G
EMA
S
ÁNCHEZ
M
EDERO
*
Resumen
En el presente artículo, se expone y analiza la rela-
ción que se entabla entre los partidos políticos y sus
grupos parlamentarios para determinar la influencia
que ejercen los primeros sobre los segundos en la
Cámara baja. Para tal comet ido, se han tomado como
estudios de caso los dos grandes partidos de México
y España, es decir, el
PRI
y el
PAN
;
el
PP
y el
PSOE
, res-
pectivamente. Lo anterior no tiene otro fin que el
de averiguar si la interdependencia y la interacción
que parecen dominar en las relaciones son hechos
aislados, propios de las democracias europeas, o si,
por el contrario, son fenómeno extensibles al resto
de las democracias. Asimismo, explorar hasta qué
punto los parlamentos modernos están perdiendo
relevancia a favor de los partidos políticos y qué
papel desempeñan aquéllos en éstos. Finalmente, se
analizan las diferencias existentes entre el sistema
parlamentario español y el mexicano.
Palabras claves
: partidos políticos, grupos parlamen-
tarios, parlamento, interacción,
PP
,
PSOE
,
PRI
y
PAN
.
Abstract
In the present article, an analysis of the relation-
ship established by the political parties and their
parliamentary groups is exposed to determine the
influence of the first on the latter in the House of
Representatives. Towards this goal, the two main
parties of Mexico,
PRI
and
PAN
, have been taken as
study cases as well as the two main Spanish parties
PP
and
PSOE
. The above has no other aim that to inves-
tigate if the inter dependency and interaction that
seem to dominate in the relationships are isolated
facts, common to European democracies, or, on the
contrary, are extended phenomena to the rest of the
democracies. Also, to explore to what extent are the
modern parliaments losing their relevance, in favor
of political parties and what role do they exert over
these. Finally, it analysis the existent differences
between the Spanish parliament and the Mexican.
Key Words
: political parties, parliamentary groups,
parliament, interaction,
PP
,
PSOE
,
PRI
and
PAN
.
J
*
Universidad Complutense de Madrid, Rectorado. Avenida Séneca, 2, 28040 Madrid, España.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
L
a actual estructura parlamentaria es conse-
cuencia directa de la paulatina sustitución de la
clásica democracia representativa por la deno-
minada
“democracia de audiencia”
, asentada sobre la
democracia masiva. Los organismos y las instituciones
políticas de los regímenes representativos pasan a ser
configurados por los partidos políticos y éstos, a su vez,
por sus líderes. Esto implica que los representantes son
elegidos por los electores y que aquéllos serán elegidos
por los partidos políticos, que terminan convirtiéndose
en la pieza clave del sistema demoliberal. El problema
es que, por ellos mismos, no pueden actuar directa-
mente en el Parlamento y para subsanarlo se integran
y se institucionalizan en él adoptando la forma de
grupo parlamentario, con el que, si no coinciden en
su totalidad, al menos sí se corresponden.
1
Los grupos
parlamentarios han resultado ser, por tanto, a la vez
órganos internos de la Cámara y órganos de expresión
de los partidos políticos.
2
Esta idea se traduce o ma-
terializa en la existencia de una coherencia ideológica
y programática que inevitablemente surge entre los
partidos y grupos parlamentarios a consecuencia de
la férrea disciplina ejercida por los primeros sobre los
segundos y, a su vez, por éstos sobre sus miembros.
3
Ello es así hasta el extremo de que los partidos po-
líticos llegan a condicionar no sólo la actuación del
grupo parlamentario, sino también, en mayor o menor
medida, su constitución, composición, organización
interna y financiamiento, como se demostrará a lo largo
de estas páginas.
En efecto, en el presente artículo se expone la
relación que se entabla entre los partidos políticos
y sus grupos parlamentarios a fin de determinar la
influencia que ejercen aquéllos sobre éstos en la Cá-
mara baja. Para tal cometido, se han seleccionado los
casos español y mexicano tomando como referencia,
en ambos casos, a los dos par t idos con mayor implan-
tación nacional, es decir, el Partido Revolucionario
Institucional (
PRI
) y el Partido de Acción Nacional
(
PAN
), en México, y el Partido Popular (
PP
) y el Par-
tido Socialista Obrero Español (
PSOE
), en España.
De esta manera, se podrá verificar la hipótesis que
alimenta este trabajo, a saber: pese a la autonomía
que les conceden los reglamentos de las cámaras, los
grupos parlamentarios mantienen una relación de
dependencia directa y contínua con su organización
partidista. Asimismo, se analizará cómo son, por qué
y dónde se producen las relaciones que se establecen
entre los partidos políticos y sus grupos parlamen-
tarios (si la interdependencia y la interacción que
parece dominar entre partidos y Parlamento es un
hecho aislado, propio de las democracias europeas,
o si, por el contrario, es un fenómeno extensible al
resto de las democracias en América Latina; hasta
dónde los parlamentos modernos están perdiendo
relevancia a favor de los partidos políticos y cuál es
el papel que están desempeñando los grupos parla-
mentarios en los mismos).
Introducción
1
Antonio Torres del Moral, “Pasado y presente del Parlamento”, en Cecilia Mora-Donatto, (coord.)
Relaciones entre Gobierno y Congreso.
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
2
Manuel Ramírez Jiménez,
“Grupos parlamentarios y sistema de partidos”, en
I Jornadas de Derecho Parlamentario
, Madrid,
Congreso de
los Diputados, 1984, pp. 127s
3
A. Torres de Moral,
op cit.
4
Manuel García Pelayo,
El Estado de partidos
, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 257.
La influencia que ejerce el aparato de los partidos políticos sobre los grupos
parlamentarios en las asambleas nacionales
Los grupos parlamentarios y los partidos políticos
son entidades formalmente separadas, el origen, el
lugar de actuación, las funciones que desarrollan e
incluso la naturaleza que ostentan cada uno de ellos
se presentan de forma diferenciada.
4
En efec to, sobre
el papel son organizaciones completamente inde-
Sociedad y Política
pendientes, es más, ni en el ordenamiento jurídico
español ni en el mexicano existe disposición alguna
que indique que los grupos parlamentarios expre-
san la voluntad de los partidos políticos, aunque
sí hay un reconocimiento explícito a la interacción
que se produce entre estas dos entidades. Así, para
averiguar el grado de autonomía que posee el grupo
parlamentario con respecto al partido político que
lo sustenta, se analizó la relación que se establece
entre ambos a la hora de constituir el grupo, definir
su composición y organización, fijar su actividad o
gestionar sus recursos.
La constitución de los grupos parlamentarios
Todos los estatutos de partidos, federaciones o
coaliciones, así como los reglamentos internos de
los grupos parlamentarios, imponen a sus militantes
la obligación de constituir un grupo parlamentario
desde el mismo momento en que resulten ser elegi-
dos como parlamentarios.
5
Así, los estatutos del
PP
afirman que los grupos parlamentarios del partido
están integrados por todos los candidatos elegidos
en sus listas electorales. En este mismo sentido, el
Estatuto del Grupo Parlamentario Popular (
EPP
) de-
termina que los grupos parlamentarios en las cámaras
lo constituyen aquellos senadores y diputados que
hayan obtenido su acta a través de la candidatura
del partido. En cambio, en los estatutos del Partido
Socialista Obrero Español no se hace ninguna men-
ción expresa a ello, aunque es cierto que se puede
deducir de su contenido. La única referencia que
es posible encontrar está en sus Estatutos y Regla-
mentos (
ER
-
PSOE
), donde se asienta que al grupo
parlamentario socialista lo forman los diputados y
senadores miembros del
PSOE
, así como aquellos inde-
pendientes elegidos en sus candidaturas y por los que
se incorporen o adhieran. Algunas disposiciones de
los órganos directivos van incluso más allá y exigen
a sus candidatos firmar un documento interno por el
que se comprometen a formar parte del grupo parla-
mentario.
6
Ni siquiera los diputados independientes
pueden ser ajenos a esta normativa porque, una vez
que pasan a integrar la lista electoral de un partido,
se ven sometidos a las mismas normas que el resto
de los miembros de la candidatura.
En México, a su vez, sucede algo parecido, por
ejemplo, el reglamento del
PAN
establece que cuan-
do en un órgano de poder público hubiera varios
funcionarios miembros del partido, éstos deberán
constituirse en grupo parlamentario. Es más, advierte
que en cada una de las dos cámaras del Congreso de
la Unión los legisladores postulados por el
PAN
se
integrarán en su grupo parlamentario.
7
Mientras que
en el
PRI
, el grupo parlamentario está constituido por
aquellos diputados afiliados a dicho partido que in-
tegren la correspondiente legislatura; además, éstos
deberán respetar y adquirir las obligaciones que se
establezcan en los documentos básicos del partido.
Llegados a este punto habría que preguntar
dónde reside, por lo menos en el caso español, la
autonomía que el ordenamiento concede a los grupos
parlamentarios y, por lo tanto, a sus miembros. Si
se atienden a las normas de los partidos políticos,
aquella autonomía casi no existe desde el momen-
to en que sus diputados tienen la obligación de
integrarse en el grupo parlamentario del partido,
o desde que el incumplimiento de esta disposición
conlleva la expulsión o la correspondiente sanción
que los estatutos prevean para este tipo de casos. No
obstante, los diputados podrían desligarse de esta
normativa interna al darse de baja en el partido, o
bien, acogiéndose a la disposición del Reglamento
del Congreso de los Diputados (
RCD
) que establece la
no obligación de incorporarse al grupo parlamentario
5
José Luis García Guerrero,
Democracia representativa de partidos y grupos parlamentarios,
Madrid, Congreso de los Diputados, 1996, p. 288.
6
En el Partido Popular es condición
sine qua non
para todo candidato la firma de un compromiso parlamentario donde se establece lo si-
guiente: “Me comprometo a formar parte del grupo parlamentario que decidan los órganos directivos del
PP
y dentro de aquél, a las comisiones
que me asignen, sometiéndome en cada momento a su disciplina interna” (en “Acta del Comité Ejecutivo Nacional”, 13 de abril de 1993).
7
Vid
., Partido Acción Nacional, “Reglamento de las Relaciones entre el
PAN
y los Funcionar ios Públicos de Elección Postulados por el
PAN
”,
México,
PAN
cionarios_publicos_de_eleccion.pdf N.E.).
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
del partido por el que han sido elegidos, aunque sí
deben hacerlo en uno si quieren desarrollar su acti-
vidad parlamentaria dentro de la Cámara.
8
Sin embargo, el
RCD
establece ciertos límites
que favorecen a las estructuras partidistas: “En
ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario
separado Diputados que pertenezcan a un mismo
partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamen-
tario separado los Diputados que, al tiempo de las
elecciones, pertenecieran a formaciones políticas
que no se hayan enfrentado ante el electorado.”
9
En
este sentido, por ejemplo, se dispone también que
“Los Diputados que no sean miembros de ninguno de
los Grupos Parlamentarios constituidos, podrán aso-
ciarse a alguno de ellos mediante solicitud que, acep-
tada por el portavoz del Grupo Parlamentario a que
pretenda asociarse, se dirija a la Mesa de la Cámara
[…]”;
10
asimismo, se sost iene que “Los Diputados que
adquieran su condición con poster ior idad a la sesión
constitutiva del Congreso, deberán incorporarse a un
Grupo Parlamentario […]. Para que la incorporación
pueda producirse, deberá constar la aceptación del
portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente.
En caso contrario quedarán incorporados al Grupo
Parlamentario Mixto”.
11
En cuanto a la posibilidad de cambiar de grupo
parlamentario, el
RCD
es muy restrictivo no sólo
porque debe contar con la autorización del portavoz
del grupo al que pretenden incorporarse, sino tam-
bién porque sólo podrán hacerlo dentro de los cinco
primeros días de cada periodo de sesiones.
12
Aunque
el Reglamento del Congreso permite a los diputados
desvincularse de su partido en la Cámara, establece
también ciertas dificultades para que puedan llevar
a cabo sus funciones al margen de la organización
bajo la que han sido elegidos. Éstas y otras disposi-
ciones
13
restringen la libertad de los diputados a tal
punto que éstos solamente pueden elegir el grupo
parlamentario en el que van a cumplir sus funciones
durante la Legislatura. Con ello, se tiende a potenciar
la organización partidista en perjuicio de la propia
autonomía de los grupos parlamentarios. Además,
el silencio normativo que el
RCD
guarda sobre todos
aquellos aspectos relacionados con la regulación del
funcionamiento interno de los grupos parlamentar ios
–como puede ser, por ejemplo, el procedimiento de
elección de los portavoces y de sus sustitutos–, per-
mite a los partidos fijar las pautas sobre su organiza-
ción a través de sus estatutos, lo que limita todavía
más la autonomía de sus miembros. Por tanto, si los
grupos parlamentarios se dotan de un reglamento
es porque así lo determinan los estatutos de sus
partidos, de esta manera éstos quedan totalmente
subordinados a la normativa partidista dado que sus
órganos ejecutivos son los que los impulsan y los
aprueban. Muchos estudiosos consideran que son, en
general, una prolongación política de la normativa
interna de los partidos políticos.
14
En el caso mexicano, los diputados nacionales
parecen disfrutar en principio de un mayor grado
de autonomía. Sin embargo, la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
8
Vid
. Congreso de los Diputados de España, “Reglamento del Congreso de los Diputados de España” (
RCD
en adelante), Madrid,
CDE
, 1982
9
Ibid
., numeral 2.
10
Ibid
., Art. 24, numeral 3. Sin embargo, algunos estatutos de partidos no reconocen tal posibilidad. Véanse si no los “Estatutos Aproba-
dos por el XV Congreso Nacional del Partido Popular” (
EPP
en adelante), donde se afirma que “[…] los grupos institucionales no aceptarán
en su seno a quien al tiempo de las elecciones figurase integrado en la candidatura de otra formación política” (Título Tercero, Art. 53,
numeral 2, en http://www.ppsanfernando.es/wp-content/uploads/2008/11/estatutos.pdf N.E.). A su vez, el artículo 5 de los reglamentos
de sus grupos se establece que “Podrán integrarse como miembros de los grupos del Congreso o del Senado los diputados o senadores de
procedencia distinta a la señalada en el artículo 1 cuya solicitud en tal sentido fuera favorablemente acogida por el grupo respectivo”.
Por su lado, el Partido Socialista Obrero Español también permite la adhesión o incorporación de diputados ajenos a sus candidaturas (
Vid
.
Partido Socialista Obrero Español, “Estatutos y Reglamentos”, (
ER
-
PSOE
en adelante) Madrid, PSOE, 2004 en http://www.psoealcaladelrio.
com/static/galerias/descargas/otros/ESTATUTOS_PSOE.pdf, o en http://www.psoe-regiondemurcia.com/www/archivos/EstatutosyRegla-
mentosFederales37congreso.pdf N.E.).
11
RCD
, op. cit.,
Art. 26.
12
Ibid
., Art. 27, numeral 1. N.E.
13
Ibid
., Arts. 23 y 24. N.E.
14
Enrique Guerrero Salom,
El Parlamento. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace?,
Madrid, Editorial Síntesis, 2004, p. 115.
Sociedad y Política
(
LOCG
) considera que los grupos parlamentarios son
el conjunto de los diputados según la afiliación del
partido y sólo permite la constitución de un grupo
parlamentario por partido,
15
aunque se admite la
posibilidad, si bien no se señala explícitamente, de
que los diputados puedan cambiar de grupo parla-
mentario o, incluso, que no se integren en ninguno.
16
No obstante estas diferencias, los reglamentos de
los grupos parlamentarios mexicanos son muy si-
milares al de los españoles. Por ejemplo, el Partido
Revolucionario Institucional establece que su grupo
parlamentario estará integrado por los afiliados del
partido que hayan concurrido a las elecciones y por
aquellos diputados que soliciten ingresar en el mis-
mo.
17
Por tanto, al igual que en el caso español, se
permiten a los diputados integrarse en otro grupo
parlamentario distinto al que corresponde el parti-
do por el que concurrieron a las elecciones pero, lo
que es más importante, permite la no adscripción
a ningún grupo parlamentario; claro está que esto
supondrá la exclusión en las lista para los próximos
comicios. Además, la constitución de un partido
político en México resulta ser mucho más restrictivo
que en el caso español, ya que dichas organizacio-
nes deben presentar una declaración de principios,
un programa de acción, unos estatutos, además de
demostrar que cuentan con 3,000 afiliados en, por
lo menos, 10 entidades federativas, o bien, con 300
afiliados en, por lo menos, 100 distritos electorales
uninominales. Es más, los partidos políticos mexi-
canos pueden perder su condición en el registro si,
por ejemplo, no participan en un proceso electoral
federal ordinario o cuando no hayan obtenido en la
elección federal ordinaria inmediata anterior por lo
menos el 2% de la votación emitida en alguna de las
elecciones para diputados, con lo cual, la aparente
libertad que disfrutan los diputados para integrarse
o no en un grupo parlamentario queda condicionada
por este tipo de restricciones que obligan a los par-
lamentarios a someterse a la disciplina del partido
para poder continuar con su carrera política, dada
las dificultades que existen para poder presentarse
a unos comicios.
18
La composición de los grupos parlamentarios
Si la constitución del grupo parlamentario está pro-
fundamente marcada por las directrices del partido,
no lo está menos por su composición. En España, la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)
otorga a los partidos políticos la facultad de nombrar
a los integrantes del grupo parlamentar io mediante la
designación de candidatos a las Cortes Generales.
La nominación de éstos es el acto de designación de
un partido.
19
Así, se establece que “Pueden presentar
candidaturas o listas de candidatos: a) los partidos y
federaciones inscritos en el registro correspondiente,
b) las coaliciones constituidas según lo dispuesto
en el apartado siguiente, y c) las agrupaciones de
electores que reúnan los requisitos establecidos por
las disposiciones especiales de la presente ley […]”.
20
15
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos” (
LOCG
en
adelante), en
Diario Oficial de la Federación
, México, 3 de septiembre de 1999
(
Capítulo Tercero, Art. 26, numerales 1
y 2), en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168.pdf, o en http://leyco.org/mex/fed/168.html N.E.
16
Ibid
., Art. 30. N.E.
17
Vid
. Partido Revolucionario Institucional, “Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”, México,
PRI
, 2001 (Colección Política
y Partidaria) (
EPRI
normatividad/estatutos.pdf N.E.
18
Vid
. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” (Cofipe en adelante),
en
Diario Oficial de la Federación
, México, 31 de diciembre de 2003, (Libro Segundo, Título Segundo, Arts. 24 al 32), en http://normateca.ife.
org.mx/internet/files_otros/COFIPE/COFIPE14Ene08yNotaArtInvalidados.pdf Asimismo, José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca,
“Regulación jurídica de los partidos políticos en México”, en Daniel Zovatto (coord.),
Regulación jurídica de los partidos políticos en América
Latina
, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 579-640. N.E.
19
Maurice Duverger,
Los partidos políticos
, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 374.
20
Cortes Generales, “Ley Orgánica del Régimen Electoral General” (Loreg en adelante), en
Boletín Oficial del Estado (
BOE
)
, núm. 147, Madrid,
20 de junio de 1985 (Título Primero, Capítulo VI, Sección II, Art. 44, numeral 1, incisos a, b, c,), en http://www.senado.es/leyelect/indices/
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Con estas disposiciones, la Loreg no deja lugar a
dudas y sólo los par t idos, federaciones o coaliciones
pueden presentar candidaturas sin condición alguna
ante la Junta Elec toral, mientras que a las agrupacio-
nes electorales se les exige el aval del 1% de los ins-
critos en el censo electoral de la circunscripción por
la que concurren a las elecciones.
21
Se precisa, ade-
más, que todas las candidaturas que se presenten, al
igual que las posteriores papeletas electorales,
deben expresar claramente junto con el nombre y
apellidos de los candidatos incluidos en ella, la de-
nominación, las siglas y el símbolo del partido que
las promueven.
22
En México, a su vez, el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es
menos exhaustivo que la legislación española a este
respec to pues se limita a fijar las condiciones que de-
ben respetar los ciudadanos para poder presentarse
como candidatos a diputado federal o senador. Eso
sí, señala que cualquier organización de ciudadanos
que quiera concurrir a unos comicios federales deberá
constituirse en partido político; en el caso de las
agrupaciones políticas nacionales sólo podrán par-
ticipar en los procesos electorales federales cuando
lleguen a un acuerdo con algún partido político o
coalición. Por lo tanto, el código electoral mexica-
no, al igual que su homólogo español, atribuye a los
partidos políticos la capacidad de presentar candi-
daturas a las elecciones; incluso, como se mencionó
líneas arriba, sanciona la posibilidad de extinguir su
personalidad jurídica a todos aquellos partidos que
no hayan obtenido por lo menos el 2% de la votación
en alguna de las elecciones federales ordinar ias para
diputados, senadores o presidente de los Estados
Unidos Mexicanos. Esta última disposición hace que
la legislación mexicana sea más restrictiva que la
española, dado que únicamente concede la posibili-
dad de presentar candidatura a los partidos políticos
con cierta consolidación organizativa.
23
Otro punto a tener en consideración es el financia-
miento. En España, el Estado solamente subvenciona
a posteriori
los gastos que originan las actividades
electorales de las candidaturas que obtengan repre-
sentación en la Cámara, es decir, sólo financia a los
partidos, federaciones o coaliciones que han con-
seguido escaños en las Cortes Generales;
24
aún más,
únicamente concede adelantos a aquellos partidos,
federaciones o coaliciones, que en las elecciones
anteriores hubieran obtenido algún representante,
para ayudar a sufragar parte de los gastos que les
pueda ocasionar la contienda electoral. Por lo tanto,
se está limitando la posibilidad de presentar candi-
daturas alternativas que compitan en igualdad de
condiciones con la de los grandes partidos, puesto
que todo el procedimiento elec toral genera unos gas-
tos desmesurados que solo pueden ser soportados
por aquellas organizaciones políticas o agrupaciones
electorales que cuenten con el suficiente respaldo
financiero.
25
En México, en cambio, se concede finan-
ciamiento público incluso a aquellas organizaciones
políticas que no cuenten con representación en la
Cámara del Congreso de la Unión.
26
Puesto que, en uno y en otro caso, la normativa
electoral habilita prácticamente sólo a los partidos
21
Ibid
., Título Segundo, Capítulo V, Sección II, Art. 169, numeral 3.
22
Ibid
., Título Primero, Capítulo VI, Sección II, Art. 46, numeral 1 y Art. 46, numeral 4.
23
Vid. supra
, nota 18.
24
“El Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de acuerdo con las siguientes reglas: a) 21,167,64 euros
por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado; b) 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada
candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos hubiera obtenido escaño de Diputado y c) 0,32 euros por cada uno de los votos
conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño por Senador”, en Loreg,
op. cit.
, Título II, Cap. VI, Art. 175, numeral 1.
25
Desde que las campañas electorales se articulan en función de los medios de comunicación, los partidos y los candidatos han pasado
de contar con un grupo de entusiastas a un complejo entramado de profesionales y medios técnicos que han hecho que los gastos se mul-
tipliquen. Por ejemplo, según los datos hechos públicos por el
PSOE
, los socialistas entraron en la campaña del 14-M con un presupuesto de
10.5 millones de euros (1,747 millones de antiguas pesetas), frente a los 11.42 millones de euros declarados por el
PP
.
Vid
. Juan Campmany,
El efecto ZP
, Madrid, Planeta, 2005, p. 247.
26
“Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se
trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo”,
en Cofipe,
op. cit
., Capítulo Segundo, Art. 78, numeral 2, inciso a.
Sociedad y Política
para presentar candidaturas, está claro que son éstos
los que deciden la composición de sus grupos par-
lamentarios. Para poder determinar si los grupos
parlamentarios tienen alguna capacidad de decisión
sobre el mismo, y, por tanto, sobre su composición,
se tendría que saber qué procedimiento se sigue a la
hora de elaborar una lista electoral. Normalmente, en
todos los partidos existe un Comité o una Comisión
Electoral que se encarga de elaborar las listas en fun-
ción de los informes que les presentan otros órganos
del partido y sus homólogos territoriales; aunque, en
otros casos, solamente se limitan a aprobar las pro-
puestas que son enviadas desde las organizaciones
regionales y provinciales. En la práctica, la opinión
de los órganos inferiores es respetada en la medida
en que coincide con los intereses de los dirigentes
nacionales.
27
Por tanto, el poder que tienen los órganos ejecu-
tivos sobre este proceso es enorme. Además, el hecho
de que el sistema electoral español se base en una
fórmula proporcional de listas cerradas y bloqueadas
no hace más que incrementar su poder. Esta fórmula
electoral concede un poder excesivo a los aparatos
de los partidos, convirtiendo las elecciones en un
mero trámite de refrendo, por parte del electorado,
de los nombres propuestos por aquéllos.
28
El voto
hacia un partido implica la aceptación del orden
en el que los candidatos están ubicados en la lista
electoral configurada por el mismo.
29
Algunos han
afirmado que el establecimiento de un sistema de
listas abiertas vendría a contrarrestar el poder que
sobre dicho proceso ejerce el aparato del partido.
Sin embargo, es un hecho demostrable que allí don-
de funciona este sistema tampoco ha mejorado la
capacidad de selección del elector, primero, porque
las posibilidades del sistema no han sido utilizadas
por aquel; segundo, porque puede favorecer el voto
clientelar cuando la red es controlada.
30
En España, los Estatutos del Partido Popular son
claros al respecto; las listas electorales son elabo-
radas y aprobadas por los comités electorales que se
constituyen a tal efecto a nivel nacional, regional,
provincial, insular y local. Al Comité Electoral Na-
cional le corresponde elaborar y aprobar la candida-
tura del partido al Parlamento Europeo; ratificar las
candidaturas que se presentarán en las elecciones
legislativas, las autonómicas y las municipales de
capitales de provincia; designar a los candidatos a
las presidencias de los gobiernos de las comunida-
des autónomas, presidencias de las diputaciones y
alcaldías de las capitales de provincias; y validar a
los senadores autonómicos que sean elegidos por los
respectivos Comités Electorales Regionales.
31
En cuanto a las elecciones legislativas, las listas
electorales han sido elaboradas desde 1979 por las
organizaciones territoriales correspondientes, aun-
que siempre ha habido un órgano en la estructura
central del partido con capacidad para ratificar o
modificar las propuestas que le eran presentadas.
32
En un primer momento, fueron las oficinas provin-
ciales las que confeccionaban las listas que decidían
la composición del grupo parlamentario, después las
Juntas Provinciales y, finalmente, los Comités Elec-
torales Provinciales. El papel que juegan los órganos
regionales en este proceso queda reducido al de mero
trasmisor de la propuesta que realizan los órganos
provinciales a los órganos nacionales. En cambio, el
de los órganos locales es el de informar al Comité
Electoral Provincial de los candidatos que este mismo
presente. En todo caso, es cierto que la normativa
popular deja cierta discrecionalidad a sus órganos
territoriales para que propongan y elaboren las candi-
27
Fernando Flores Giménez,
La democracia interna de los partidos políticos
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1998, p. 228.
28
Ramón Cotarelo,
“El sistema de partidos”, en José. F. Tezanos
et al
. (eds.),
La transición democrática española
, Madrid, Sistema, 1989.
29
Tània Verge Mestre, “Dimensiones de la representación política y partidos políticos. Concepciones partidistas de la democracia en el
PSOE
, el
PP
e
IU
”, en Antonia Martínez (ed.),
Representación y calidad de la democracia en España,
Madrid, Tecnos, 2006.
30
Roberto L. Blanco Valdés,
Los partidos políticos. Temas clave de la Constitución española
. Madrid, Tecnos, 1990, p. 39.
31
Vid
.
EPP
,
op. cit.
, Capítulo Cuarto, Sección Primera, Art. 49, numeral 1.
32
Elena María, García-Guereta Rodríguez,
Factores externos e internos en la transformación de los partidos políticos: el caso del
PP
, Madrid,
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 2001, p. 485. En un principio, era la
JDN
la que aprobaba y modificaba las propuestas
que le eran remitidas por los órganos territoriales; desde 1982 los estatutos nacionales han atribuido dicha competencia al Comité Electoral
Nacional.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
daturas a las elecciones generales; aquí el peso de los
presidentes regionales en la organización nacional
es fundamental para hacer prevalecer su criterio,
pero la última palabra sobre las mismas siempre la
tiene la cúpula dirigente gracias al Comité Electoral
Nacional. Cabe recordar que, originariamente, el
presidente y el secretario general eran elegidos por
el Congreso Nacional y los vocales lo eran por la Junta
Directiva Nacional (
JDN
), pero en 1986, los estatutos
concedieron al presidente del partido la potestad de
nombrar al presidente del mencionado comité; en
1989, atribuyó al Comité Ejecutivo Nacional (
CEN
)
la facultad de designar al secretario general y a los
seis vocales, salvo el de Nuevas Generaciones;
33
en
1990, todos los miembros fueron propuestos por el
presidente y, evidentemente, todas las personas que
componían el Comité fueron de la máxima confianza
de éste. El férreo control que ejercían los dirigentes
del partido sobre este órgano aumentó aún más
cuando, en 1993, su presidente pasó a ser miembro
nato del
CEN
.
34
En el
PSOE
, es el Comité Federal (
CF
) el encargado
de ratificar las propuestas que le sean presentadas
por la Comisión de Listas que, por otra parte, él
mismo ha nombrado en su primera reunión después
del Congreso Federal. Por lo tanto, es el
CF
el órgano
que ostenta la máxima competencia a este respecto
ya que no sólo designa a la mayoría de los miembros
de la Comisión y ratifica sus trabajos, sino que, ade-
más, mediante la elaboración del correspondiente
reglamento, fija el procedimiento de elección de los
candidatos y los criterios en los que se debe basar
el mismo. Pero tan impor tante es el papel que juega el
Comité Federal como el de la Comisión Ejecutiva Fe-
deral (
CEF
). Hay que tener en cuenta que esta última
nombra a parte de la Comisión de Listas y propone
al
CF
el candidato a presidente del Gobierno, que
evidentemente alguna potestad tendrá sobre la
composición definitiva de las listas electorales. Poco
se sabe sobre este proceso; en principio, cuando se
trata de elecciones generales, son las agrupaciones
locales, en asamblea extraordinaria convocadas a tal
efecto, las que proponen mediante listas abiertas a
sus candaditos. La Comisión Ejecutiva Municipal o
Local, o si no los propios asistentes a la asamblea,
enviará la propuesta a la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial y ésta, o en su defecto el Comité Ejecutivo
Regional, elaborará una candidatura en base a todas
las alternativas presentadas para que sea sometida
a la aprobación del Comité Provincial o Regional,
según corresponda. Una vez que dicho comité da el
visto bueno a la lista que le ha sido presentada, la
Comisión Ejecutiva Provincial o Regional la remitirá
a la Comisión Federal de Listas para que emita su
opinión antes de su aprobación definitiva por el
Comité Federal. En este dictamen se podrá incluir,
siempre y cuando se razone, los nombres de otros
candidatos que no hayan sido propuestos por los
órganos provinciales o regionales. En cualquier ca-
so, para proceder a su elaboración deberá tener en
consideración el parecer de las secretarías generales
regionales, el de un representante de cada comisión
ejecutiva provincial, el del secretario general de las
Juventudes Socialistas y el del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Pero como se ha afirmado,
en definitiva, quien tiene la última palabra sobre las
candidaturas del Partido Socialista es el
CF
porque a
él le corresponde ratificar las decisiones que hayan
tomado los distintos órganos territoriales y la Co-
misión Federal de Listas.
33
NN
.
GG
es la organización juvenil del Partido Popular.
34
Un diputado del
PP
nos dijo lo siguiente sobre el proceso de la conformación de las candidaturas: “Yo creo que el proceso de elaboración
de las listas es bastante complejo como para poderlo explicar de forma sencilla porque depende de múltiples factores. Básicamente, yo
creo que al hacer la candidatura de una determinada circunscripción, la provincia tiene un margen de maniobra importante y su papel es
preponderante, pero Madrid también lo tiene. ¿En qué se traduce eso en la práctica?, depende de muchos factores, porque no lo es lo mismo
hacer la lista de Valencia que la de Ciudad Real. No es lo mismo que el presidente regional del partido sea uno que acaba de llegar y que
no tiene mucho poder en ese ámbito a que forme parte del grupo de los barones y de los destacados. En definitiva, es una operación en la
que intervienen fundamentalmente el presidente regional y la dirección nacional”. Aunque el mismo diputado después reconoce: “Yo diría
que el partido asume los criterios parlamentarios a la hora de confeccionar las listas, y por eso se fija en las necesidades del grupo o en las
indisciplinas que ha podido haber en el grupo”. Entrevista personal de la autora.
Sociedad y Política
Si se observa todo el procedimiento tal como
aquí se ha descrito, se puede sostener que las can-
didaturas son elaboradas respetando los principios
democráticos de abajo hacia arriba y que el grupo
parlamentario, objeto de este escrito, puede influir
en el mismo participando a través de sus miembros
en las asambleas locales cuando éstas propongan a
sus candidatos y emitiendo su opinión en los res-
pectivos órganos ejecutivos del partido como en
la propia Comisión Federal de Listas. Sin embargo,
pese a ello, la composición de las candidaturas
sigue siendo decidida desde el aparato del partido.
En primer lugar, porque el reglamento asigna a la
Comisión de Listas y a la Comisión de Garantías,
órganos que dependen de la ejecutiva del partido,
la máxima competencia para organizar los procesos
electorales internos; en segundo, porque el Comité
Federal es el que establece los criterios de selección,
designa a la mayoría de los miembros de la Comisión
Federal de Listas, nombra al candidato al presidente
del Gobierno y decide sobre cualquier acuerdo pre o
postelectoral con otras fuerzas políticas y sobre la
celebración de primarias; en tercero, porque la
CEF
es
la que elabora el calendario que debe seguir toda la
organización del partido para elegir a sus candidatos,
nombra a parte de los miembros de la Comisión de
Listas y, en caso de llevarse a cabo las elecciones
primarias, proclama al candidato a la Presidencia del
Gobierno; finalmente, porque la Comisión de Listas
puede intervenir en coordinación con las direcciones
federales, regionales y provinciales en cualquier mo-
mento del proceso. Por tanto, el poder del aparato
es tal a la hora de determinar la composición de las
candidaturas que sólo se ha visto disminuida en parte
por la instauración de las elecciones primarias. No
obstante, este procedimiento sólo se ha habilitado
para candidaturas unipersonales, además de las seve-
ras restricciones que se han establecido para celebrar
este procedimiento.
35
Esto ha conducido a que sólo se
hayan celebrado una vez “primarias” para seleccionar
al candidato a presidente de gobierno.
36
En el
PAN
, por su lado, es la Comisión Nacional de
Elecciones, cuyos miembros son designados por el
presidente del partido, el órgano competente para
organizar los procesos de selección de candidatos a
cargos de elección popular a nivel federal, estatal
y municipal. Los miembros activos eligen, en una
contienda estatal, a los candidatos a diputados
locales de representación proporcional y de mayo-
ría, asimismo, mediante esta elección, ordenan las
propuestas de candidaturas de los mismos. Además,
hay que tener en consideración otra cuestión. Los
miembros activos del partido de un municipio junto
con el comité directivo municipal respectivo pueden
presentar propuestas de precandidatos a la elección
municipal, de la cual surgirán tantas fórmulas como
distr itos elec torales federales comprenda el munici-
pio; en caso de los distritos con dos o más municipios,
las propuestas de precandidaturas se llevan a una
elección distrital de la cual surge sólo una propuesta.
Asimismo, los comités directivos estatales pueden
hacer hasta tres propuestas adicionales, mismas que
se presentan en la elección estatal; en ésta, se elige
y ordena el número de propuestas que corresponde a
cada entidad. A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional
del partido puede hacer hasta tres propuestas por
circunscripción. De esta manera, se obtiene la lista
de candidatos de cada uno de los estados conforme a
35
Las severas restricciones que se imponen para designar una candidatura a las elecciones primarias ha permitido al aparato del partido
seguir controlando en la mayoría de las ocasiones el procedimiento y el nombramiento de sus candidatos a cargos públicos. No olvidemos
que la nominación de candidatos se reserva a: 1) la Comisión Ejecutiva Federal, por mayoría; 2) un 15% de los miembros del Comité Federal;
3) el Consejo Territorial, por mayoría; y 4) El 7% de los afiliados del
PSOE
, teniendo en cuenta que los afiliados solamente podrán apoyar a
una candidatura de las que pretenda presentarse. Además, cuando la institución se encuentre gobernada por los socialistas, sólo se aplicará
el sistema de primarias si lo solicita la mayoría del Comité Federal para el caso de la Presidencia del Gobierno o del Comité Regional para
la Presidencia de las Comunidades Autónomas.
Vid
.
ER
-
PSOE
,
op. cit
., “Normativas reguladora de los Cargos Públicos”, Título III, Capítulo I,
Art. 37, numeral 2.
36
En la única ocasión que se han celebrado elecciones primarias para designar el candidato a la Presidencia del Gobierno, el candidato
oficial de la ejecutiva, Joaquín Almunia, cayó derrotado por Josep Borrell. El resultado que arrojaron las elecciones fue el siguiente, de los
207,774 votos emitidos (54.18%), Borrell consiguió 114,254 (54.99%) y Almunia 92,806 (44.67%). La victoria de Borrell fue considerada
como el triunfo de la militancia frente al aparato del partido, como demuestra el hecho que fuera la candidatura más votada en 14 de las 17
comunidades autónomas. Sólo Castilla La Mancha, Andalucía y el País Vasco dieron su confianza a Almunia.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
la fracción anteriormente descrita, después se inte-
gran las listas circunscripcionales en función de los
siguientes criterios: 1) los primeros lugares de cada
circunscripción serán ocupados por las propuestas
del Comité Ejecutivo Nacional, 2) enseguida, de
conformidad con el porcentaje de votos obtenidos
en la última elección a diputados federales por el
partido en cada entidad, se enlistarán en orden
descendente las fórmulas de candidatos que hayan
resultado electos en primer lugar en las elecciones
estatales de cada una de las entidades de la circuns-
cripción y 3) se ordenarán las fórmulas restantes. Es
éste un modelo descentralizado de elección de los
candidatos donde los miembros del partido tienen
un alto nivel de participación. Aunque, si se observa
realmente el procedimiento y la ordenación final
de la lista, la realidad es otra muy distinta, ya que
finalmente los primeros puestos de la lista electoral
son los ocupados por los candidatos designados
por el Comité Ejecutivo Nacional y después por los
primeros candidatos de las distintas entidades del
partido que, precisamente, en la mayoría de los
casos, corresponderá con los hombres más afines a
las cúpulas dirigentes, con lo cual la capacidad de
influencia de los militantes de base en este proceso
no es la que parecía en un principio.
En cuanto al
PRI
, es el Consejo Político Nacional
el órgano competente de regular el procedimiento
para seleccionar a los candidatos del partido, que
puede ser a través de elección directa o por con-
vención de delegados. En esta selección, los elec-
tores de una jurisdicción determinada participan
con voto directo, personal y secreto y se realiza
mediante miembros inscritos en el registro par-
tidario o simplemente miembros y simpatizantes.
Para la primera modalidad –elección directa– el
listado actualizado y validado por los órganos
competentes debe ser puesto a disposición de los
aspirantes, anexándolo al dictamen favorable. A
su vez, el listado de votantes que se elabore como
resultado del proceso tiene que ser remitido a la
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo
Nacional para los efectos conducentes. El segundo
procedimiento –el de la convención de delegados– se
conforma por los electores de la siguiente manera:
1) el 50% de los delegados está integrado por los
consejeros políticos del nivel que corresponda, los
consejeros políticos de los niveles superiores que
residen en la demarcación y los delegados de los
sectores y organizaciones electos en sus asambleas
respectivas en proporción a su participación en
el Consejo Político del nivel correspondiente; 2) el
50% restante, por delegados electos en asambleas
electorales territoriales en los términos que esta-
blezca la convocatoria respectiva. Aunque se trata
de un procedimiento más descentralizado que el del
PAN
, sólo la primera de las modalidades comentadas
permite hablar de un proceso que verdaderamente
aboga por la democracia interna del partido; en
todo caso, son los miembros del partido los que de-
ciden la composición de los grupos parlamentarios.
Mientras, en la segunda modalidad, la influencia del
aparato del partido vuelve a ser importante desde
el mismo momento que controla el procedimiento
de elección de los consejeros y delegados, por no
hablar de las condiciones que se fijan para ostentar
este tipo de cargos.
Así, en los cuatro casos estudios (
PP
,
PSOE
,
PAN
y
PRI
), la cúpula dirigente nacional ejerce una gran
influencia a la hora de elaborar las listas que deter-
minarán los representantes a las distintas elecciones.
Si bien existe cierta descentralización en el proceso y
aparentemente éste sigue las pautas de ‘abajo-hacia
arriba’, la última palabra reside, sin embargo, en la
cúpula dirigente. Además, gracias a las entrevistas
que se efectuaron para este estudio, se ha compro-
bado que el papel que desempeñan en este proceso
los grupos parlamentarios es prácticamente irrele-
vante, en el mejor de los casos queda limitado al de
una mera consulta para algún caso determinado o la
puntualización sobre alguna cuestión.
La organización interna de los grupos
parlamentarios
Los ordenamientos jurídicos, español y mexicano,
conceden total libertad a los grupos parlamentarios
para que se organicen internamente. En España, el
único requisito que les exige es que se doten de un
Sociedad y Política
portavoz y de sus eventuales sustitutos.
37
En Méxi-
co, los partidos cuyos candidatos hayan obtenido
representación deberán comunicar a la Cámara la
denominación del grupo parlamentario, el documen-
to donde consten los nombres de los diputados que
lo conforman y el nombre del coordinador del grupo
parlamentario.
38
En cualquiera de sendos casos, los
grupos parlamentarios suelen elaborar para cada
legislatura un reglamento, más o menos complejo,
donde se fijan sus órganos, tanto unipersonales
como colegiados; se establece la forma de su elec-
ción; se regula sus convocatorias y sus reuniones
y se contempla la disciplina de voto. No obstante,
esta autonomía de la que parecen gozar los grupos
parlamentarios está en parte condicionada por los
reglamentos de las cámaras, por los estatutos y por la
cúpula dirigente del partido. Primero, porque gracias
al silencio normativo que existe en los reglamentos
de las cámaras a este respecto, los partidos pueden
fijar las pautas de organización y funcionamiento de
sus grupos parlamentarios; segundo, porque con el
paso del tiempo los estatutos establecen más medi-
das que permiten al partido ejercer un mayor control
sobre el grupo parlamentario y tercero, porque la
constitución del grupo parlamentario está decidida
por la ejecutiva del partido con anterioridad a las
elecciones.
En el
PP
, desde 1989, se adoptaron medidas
estatutarias que han garantizado el sometimiento
del grupo parlamentario a la disciplina del parti-
do.
39
A partir de entonces, al
CEN
se le atribuye la
competencia de aprobar los reglamentos del grupo
parlamentario y de nombrar y cesar a los portavoces
y a los cargos directivos del mismo. Por si esto no
fuera suficiente, en 1993 los estatutos concedieron
la presidencia del grupo parlamentario al presidente
del partido, integrando directamente en su Consejo
de Dirección al secretario general y al tesorero na-
cional del partido. Estas reformas estatutarias han
repercutido directamente en la organización interna
del grupo parlamentario restándoles autonomía, no
tanto para su quehacer diario como para sus grandes
líneas de actuación. Y es que el hombre designado
por el presidente del partido, el portavoz del grupo,
es el que dirige los trabajos del grupo parlamentario,
marca la estrategia a seguir y coordina las acciones de
los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado
y del Parlamento Europeo. Sin embargo, no siempre
ha sido así; anteriormente el presidente, el portavoz
y los portavoces adjuntos eran elegidos por el pleno
del grupo a propuesta de sus propios miembros,
limitando con ello la capacidad del partido para
influir en este procedimiento, más aún cuando el
grupo parlamentario se componía de una amalgama
de diputados de distinta procedencia.
En el
PSOE
, la primera referencia que sus estatu-
tos hacen al grupo parlamentario es en 1976. Desde
entonces, todos sin excepción han dedicado uno
de sus títulos al grupo parlamentario por lo que su
funcionamiento ha estado regulado a partir de ese
momento por una doble normativa: los estatutos del
partido y los reglamentos del grupo parlamentario.
Pese a ello, el grupo contaba con cierto margen de au-
tonomía hasta el punto que sus cargos eran elegidos
en el pleno a propuesta de sus propios miembros, lo
que indica la escasa preocupación que durante estos
años suscitaba el grupo parlamentario para el parti-
do.
40
Sin embargo, a par t ir de 1988, coincidiendo con
los primeros connatos de enfrentamiento interno, la
situación cambió y los estatutos empezaron a incluir
medidas encaminadas a incrementar el poder del
partido sobre el grupo parlamentario. No obstante
esto, su reglamento interno sigue reconociendo su
autonomía organizativa y política en el ámbito de la
actividad parlamentaria, siempre que se cumpla con
los compromisos adquiridos en el programa electoral
y con las directrices que emanan del Comité Federal y
de la Comisión Ejecutiva Federal.
41
A partir de 1994
37
RCD
,
op. cit
., Título Segundo, Capítulo Cuarto, Art. 24, numeral 2.
38
LOCG
,
op. cit
., Título Segundo, Capítulo Primero, Art. 14, numeral 4.
39
E. M. García-Guereta Rodríguez,
op. cit
., p. 417.
40
Paloma Román Marugán, “El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología (1975-1982)”, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1986 (tesis doctoral).
41
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Disposiciones Generales, Capítulo Uno, Art. 3, numeral 4; Título Tres, Capítulo Uno, Art. 18.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
la Comisión Ejecutiva Federal tiene la posibilidad de
presentar candidatos a portavoz, secretario general
y secretario general adjunto, además de poder desig-
nar a los parlamentarios que ocuparán los puestos
que les ha correspondido en la Mesa del Congreso.
Pero, a diferencia del estatuto popular, se continúa
permitiendo a los miembros del grupo parlamentario
respaldar a otras candidaturas ajenas a la de la cúpula
ejecutiva del partido. Aunque es difícil que dentro
del propio grupo parlamentario puedan prosperar ini-
ciativas que contradigan las directrices provenientes
de la organización federal, más cuando la elección
del portavoz, del portavoz adjunto, del secretario
general y del Comité Director se realiza después de
cada congreso federal ordinario del partido.
En cambio, en México, no sucede exactamente
lo mismo, no por lo menos en los dos partidos que
son objeto de este estudio ya que en sus estatutos
no hay ningún apartado dedicado en exclusiva a
los grupos parlamentarios. Los estatutos del
PAN
no hacen ninguna alusión directa a su grupo parla-
mentario, únicamente se mencionan su organización
y funcionamiento en el propio reglamento de los
grupos parlamentarios. Por tanto, parece ser que
los grupos parlamentarios de este partido disfrutan
de total autonomía no sólo para organizarse sino
para actuar en las respectivas cámaras en las que
obtenga representación, otra cosa muy distinta
es que no exista ni disciplina ni unidad de acción
con el partido. Prácticamente lo mismo sucede
con los estatutos del
PRI
, donde aparecen ninguna
disposición alusiva a sus grupos parlamentarios,
solamente se hace referencia a la elección de sus
cargos electos.
Además de lo apuntado hasta ahora, habría que
recalcar que los partidos políticos han impulsado
otros tipos de iniciativas que a
priori
parecían estar
dirigidas a promover la incorporación de los diputa-
dos nacionales a los órganos de dirección y, por tanto,
implicarlos en la vida del partido aunque realmente
responden a otros mecanismos de control sobre el
grupo parlamentario. En este sentido, el
PP
ha inte-
grado, como miembros natos de la Junta Directiva
Nacional, a todos los parlamentarios nacionales; sin
embargo, en los órganos de máximo nivel, como son
el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Dirección
y las reuniones de “maitines”, sólo lo ha hecho con
los portavoces de los grupos parlamentarios del
Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo. En
el
PSOE
, en cambio, el nivel de participación de los
parlamentarios en los órganos del partido es mucho
más reducido y el único trato diferencial que reciben
es considerar como miembro nato del Comité Federal
al presidente del grupo parlamentario de las Cortes
Generales y sólo en caso que el secretario general del
partido sea el que ocupe este cargo tendrán represen-
tación en la Comisión Ejecutiva Federal, aunque no
por su vinculación parlamentaria sino por la orgánica.
Con independencia de esto, al portavoz del grupo
parlamentario en el Congreso se le permite asistir a
las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal con voz
pero sin voto. Al margen de estas prerrogativas, los
parlamentarios socialistas pueden ser miembros de
cualquier órgano del partido siempre que se sometan,
como el resto de los militantes, a los procedimientos
de elección que los estatutos habilitan para cada uno
de ellos. En México, el
PAN
y el
PRI
, en el fondo, han
optado por una estrategia similar. En el primero, los
coordinadores de los grupos federales forman parte
del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional
y de la Asamblea Nacional (esta última en función
de su condición de miembro del Comité Ejecutivo
Nacional), que en definitiva son tres órganos sobre
los que se articula el gobierno del partido. Lo mis-
mo sucede en el
PRI
, los diputados son miembros de
pleno de derecho del Consejo Político Nacional que
es un órgano deliberativo de dirección colegiada
y el coordinador del grupo parlamentario es tanto
miembro nato del Comité Ejecutivo Nacional como
de la Asamblea Nacional. Por tanto, en ambos casos,
la presencia de representantes de los diputados na-
cionales en este tipo de órganos obedece, al igual
que en el caso español, a una política por parte del
ambos partidos de mantener coordinada y controlada
la actividades y acciones de sus cargos electos.
En cuanto a la conformación del aparato buro-
crático, los grupos parlamentarios en España dis-
ponen de ciertos recursos económicos con los que
contratar, al margen de la Cámara y del partido, a
su personal administrativo. Los locales y los medios
Sociedad y Política
materiales que utilizan para desarrollar su actividad
parlamentaria, son propiedad del Congreso que los
distribuye en cada legislatura en función del núme-
ro de sus componentes.
42
Sin embargo, como ninguna
disposición normativa les otorga personalidad jurí-
dica propia, se ven en la obligación de pedir ayuda
al partido para poder contratar al personal que ellos
mismos seleccionan, controlan y despiden.
43
De
nuevo, aparece en parte condicionada la autonomía
administrativa que parecía garantizar el Reglamento
del Congreso de los Diputados de España
44
puesto que
los grupos parlamentarios necesitan que los parti-
dos sean quienes contraten a su personal, viéndose
sometidos al control que éstos decidan ejercer sobre
este procedimiento. En los Estatutos del Partido
Popular se dispone que “los Órganos directivos de
los diversos Grupos propondrán al Comité Ejecutivo
del Partido la ordenación de los recursos materiales
de los que dispongan y el nombramiento y cese de
sus asesores y funcionarios”.
45
En el
PSOE
, en cambio, los estatutos no son tan
claros, sólo se sabe que el grupo parlamentario
debe presentar ante el Comité Federal un informe
anual sobre la actividad realizada. Se entiende que
dentro de éste se incluirá alguna mención especial
al personal que se ha contratado para llevar a cabo
la misma. No obstante, en una encuesta de derecho
comparado que fue promovida por la Presidencia
del Senado en 1976, el Grupo Parlamentario So-
cialista definió la relación laboral de su personal
administrativo como “trabajadores asalariados del
PSOE
(Comisión Ejecutiva Federal), con dependencia
funcional del grupo parlamentario, sometidos, por
tanto, al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio
de Empresa”.
46
Por tanto, una vez plasmada la firma
en el contrato laboral pasan a depender directamente
de los grupos parlamentarios para el desempeño de
las funciones asignadas. El Reglamento del Grupo
Popular atribuye al secretario técnico, bajo la direc-
ción del portavoz y en colaboración con el secretario
general, la responsabilidad del funcionamiento de los
servicios técnicos y administrativos necesarios para
el desarrollo de las actividades del grupo parlamen-
tario. En el
PSOE
, la dirección organizativa y política
del grupo parlamentario corresponde al comité
director, pero es el secretario adjunto el que tiene
encomendada la misión de asegurar la coordinación
técnica y administrativa.
En México, la Ley Orgánica del Congreso Federal
dispone que, de conformidad con la representación
de cada grupo parlamentario, “[…] la Junta de Coor-
dinación Política acordará la asignación de recursos
y locales adecuados […]”
47
para el desempeño de sus
funciones constitucionales, pero advierte que en
ningún caso se atribuirá capacidad de disposición
de los mismos a los partidos políticos. Ni siquiera
los estatutos del
PRI
y del
PAN
abren tal posibilidad,
por tanto, en principio, sus grupos parlamentarios
disponen de una mayor autonomía a este respecto
que sus homólogos españoles, es decir, son los
propios grupos parlamentarios los que ordena y dis-
ponen de sus recursos sin tener que estar tutelados
en todo momento por los órganos ejecutivos de sus
partidos.
La actividad de los grupos parlamentarios
Pese a la autonomía política que se reconoce a los
grupos parlamentarios para desarrollar su actividad
dentro de la Cámara, sus reglamentos y los estatu-
tos de los partidos imponen a los diputados una serie
42
Alejandro Sáiz Arnáiz,
Los grupos parlamentarios
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1989, p. 343-344.
43
J. L. García Guerrero,
op. cit.
, p. 501.
44
“El Congreso pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios, locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su
Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos. Las cuantías
se fijarán por la Mesa de la Cámara dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria”, en
RCD
,
op. cit
., Capítulo Cuarto,
Título Segundo, Art. 28, numeral 1.
45
EPP
,
op. cit
., Capítulo Cuarto, Título Tercero, Artículo 53, numeral 7.
46
A. Sáiz Arnáiz,
op cit.,
p. 186.
47
LOCG
,
op. cit
., Título Segundo, Capítulo Tercero, Art. 29, numeral 1.
48
J. L. García Guerrero
, op cit
., p. 258.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
de obligaciones como la defensa de los principios, del
programa y de las resoluciones acordadas por los ór-
ganos directivos del partido, de forma que el grupo
parlamentario exprese la voluntad del partido dado
que éste no puede realizar esta labor directamente
en las Cortes Generales.
48
De esta manera, los grupos
parlamentarios se han transformado en entidades que
permiten a los partidos hacerse presentes en el Parla-
mento y, por tanto, deben ser su viva imagen dentro de
la Cámara. Y es que los grupos parlamentarios tienen
una naturaleza compleja, puesto que son resultado de
la libre asociación de los parlamentarios individuales
y están estrechamente vinculados ideológica y orga-
nizativamente a los partidos que los sustentan.
49
Por
esta razón, los grupos parlamentarios son órganos
de la Cámara cuando desarrollan actividades estric-
tamente parlamentarias, y órganos de los partidos
cuando desempeñan actividades políticas.
50
En todo caso, una característica común a todos los
partidos políticos es el cumplimiento de las decisio-
nes adoptadas por los órganos de dirección. El simple
hecho de militar en un partido comporta aceptar
los principios en los que se cimenta su pensamiento
político, los programas de gobierno, la sujeción a los
estatutos, los reglamentos del partido y las directrices
acordadas por los órganos de gobierno.
51
En este sen-
tido, los estatutos socialistas advierten que es deber
de todo afiliado o simpatizante: “La defensa de los
intereses generales de la Organización, la Declaración
de Principios, Programas, Resoluciones y Estatutos
aprobados por sus Congresos, así como los acuerdos
legítimamente emanados de sus órganos de dirección
[…]”.
52
Es más, se específica que los miembros del
grupo parlamentario tienen la obligación de “ […]
acatar la declaración de principios y resoluciones
aprobados en el Congreso Federal del Partido […]” y
en los órganos de dirección.
53
Por su lado, los populares
siguen una línea parecida cuando exigen a sus mili-
tantes “Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás
normas que constituyen el ordenamiento interno del
Partido, las instrucciones y directrices emanadas de
sus Órganos de Gobierno y grupos institucionales, y
ajustar su actividad política a los principios, fines
y programas del Partido Popular”.
54
En el
PRI
y el
PAN
sucede prácticamente lo mismo.
En el primero, los militantes, por el hecho de serlo,
tienen que “Acatar y difundir a plenitud los principios
que el Partido sustenta en sus Documentos Básicos
y los instrumentos normativos señalados […]” en
los estatutos.
55
En el segundo, los miembros activos
tienen como obligación asumir y cumplir los princi-
pios de doctrina del partido, además de tener que
ajustar su conducta a los mismos.
56
Por lo tanto, se garantiza la libertad de expresión
siempre y cuando no se contradigan las resoluciones
fijadas desde la ejecutiva del partido.
57
El cumplimiento de estos deberes no queda
limitado a los afiliados, sino que se extiende evi-
49
Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui, “Los grupos parlamentarios en el constitucionalismo europeo”, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Derecho, 1987 (tesis doctoral) p. 106.
50
Ana María Ortells Miralles,
La constitución de los grupos parlamentarios
,
Valencia, Temas de las Cortes Valencianas, 2003, p. 29.
51
J. L. García Guerrero,
op cit
., p. 523.
52
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Uno, Capítulo Segundo, Art. 7, numeral 2, inciso b.
53
Ibid
., Título Séptimo, art. 75.
54
EPP
,
op. cit.,
Título Primero, Capítulo Primero, Art.7, numeral 1, inciso b.
55
EPRI
,
op. cit
., Título Primero, Capítulo Cuarto, Art. 35, inciso II.
56
Partido Acción Nacional, “Estatutos del Partido Acción Nacional” (
EPAN
en adelante), México,
PAN
, XIII Asamblea Nacional Extraordi-
naria, Tlahui Educa, 2001 (Política Partidaria) (Capítulo Segundo, Art. 10, numeral II), en http://www.tlahui.com/libros/pdf/email/estpan.
pdf N.E.
57
En entrevista personal de la autora, un militante panista describió, con respecto al funcionamiento de Acción Nacional, lo siguiente:
“La autonomía es mucha. Creo que efectivamente las líneas fundamentales de la actuación del grupo son establecidas por los órganos de
dirección del partido. Algunas decisiones en torno al sentido del voto en algún punto especialmente importante no han sido tomadas por el
Consejo de Dirección del grupo sino por el Comité Ejecutivo del partido. Personalmente, opino que la línea política fundamental es decidida
por los órganos de dirección del partido; es razonable y lógico, porque evidentemente éste es el grupo parlamentario de un partido, y es el
partido el que tiene las siglas con las que nos presentamos a las elecciones, el que tiene 600,000 militantes y el que tiene una estructura.
Las líneas políticas fundamentales las establece sin duda el partido; ahora bien, la puesta en práctica de esas líneas políticas y la dirección
de la actividad parlamentaria, la formulación de iniciativa y la dirección del sentido del voto, en la mayor parte de los casos, lo fija el grupo.
Yo creo que el grupo en la práctica tiene bastante autonomía, dentro de la sujeción de líneas fundamentales establecidas por el partido.”
Sociedad y Política
dentemente a todos los parlamentarios en su doble
condición de miembro del grupo parlamentario y de
afiliado del partido. Los diputados independientes
tampoco quedan exentos de este tipo de obligacio-
nes ya que su integración en el grupo parlamentario
conlleva implícita la aceptación de la normativa que
los regula. Así, los estatutos socialistas sostienen
que los diputados que no estén afiliados, pero que
quieran inscribirse en su grupo parlamentario, deben
acatar la declaración de principios y resoluciones
aprobadas por el partido.
58
Aunque el reglamento
socialista reconoce la autonomía organizativa y
política del grupo parlamentario, éste deberá estar
siempre orientado por la declaración de principios
y las resoluciones aprobados en el Congreso Federal
del Partido.
59
Aunque más parco que los estatutos del
PSOE
, el
EPP
también dispone la obligación de los miembros
del grupo parlamentario de “Respetar pública y
privadamente el honor y la imagen del Partido, de
sus Órganos y de todos sus afiliados”, así como la de
“Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás nor-
mas que constituyen el ordenamiento interno del
Partido, las instrucciones y directrices emanadas de
sus Órganos de Gobierno y grupos institucionales, y
ajustar su actividad política a los principios, fines
y programas del Partido Popular”.
60
Por su lado, los estatutos y normativas del
PRI
y
el
PAN
no contemplan disposiciones a este respecto,
aunque es cierto que para presentarse a las eleccio-
nes federales cualquier organización de ciudadanos
debe constituirse como partido, por lo tanto, se
entiende que ya queda asumido el respeto a los
principios de la organización política.
En definitiva, los distintos estatutos o reglamen-
tos de los partidos obligan a sus respectivos grupos
parlamentarios –y, por tanto, a sus miembros–, al
cumplimiento de las distintas directrices proceden-
tes de sus órganos de gobierno.
Otra cuestión muy diferente es el método que
el aparato del partido emplee para conseguir que
el grupo parlamentario defienda sus postulados
programáticos dentro de la Cámara y no se aleje de
ellos en el desarrollo de su actividad parlamentaria.
Es un hecho que los estatutos de los partidos y los
reglamentos de los grupos parlamentarios tienden a
articular ciertos mecanismos dirigidos a potenciar y
garantizar los ámbitos relacionales entre ambos con
el objetivo prioritario de dominar mejor la acción del
grupo parlamentario. El partido se asegura su con-
trol mediante diversas técnicas como, por ejemplo,
la designación de sus integrantes y de sus cargos
directivos y la aprobación de sus reglamentos. En
este sentido, por ejemplo, son los portavoces –cargos
que normalmente son designados por la directiva de
los partidos– los que deciden qué diputados son los
que van a intervenir en el Pleno o en las comisiones
de la Cámara o los que indican el sentido del voto
del grupo parlamentario a todos los diputados que
lo integran. El control del partido sobre el grupo
parlamentario también se consigue a través de los
canales de comunicación y coordinación así como
por medio de medidas sancionadoras que se impo-
nen a los parlamentarios cuando no cumplen con las
directrices del partido.
El
ER
-
PSOE
sostiene que es el pleno del grupo par-
lamentario el que atenderá todas las cuestiones que
puedan plantearse en la actividad parlamentaria,
salvo aquéllas en las que se hayan manifestado con
anticipación el
CF
o la
CEF
.
61
En el
PP
, es el
CEN
el que
establece los criterios y las pautas de trabajo que de-
ben seguir los grupos institucionales que representan
En otra de ellas, un diputado del
PP
señalaba que: “Sobre el papel es el
CEN
el que marca las directrices del grupo, pero la realidad es que
el grupo lleva el trabajo parlamentario a diario. No es el partido el que impone las preguntas, las interpelaciones, las materias que van a
control y las iniciativas parlamentarias, eso se hace desde el grupo habida cuenta que los
CEN
se reúne una vez al mes y las
JDN
tres o cuatro
veces al año; por tanto, no es un órgano funcional para dirigir la acción del grupo parlamentario. La actuación del grupo parlamentario se
dirige desde el Consejo de Dirección, que está a la vez controlado por esas líneas políticas que se dictan desde los “maitines” y ésa es la
verdadera estructura. Aunque nuestro grupo pese a todo goza de mucha autonomía”.
58
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Séptimo, Art. 80.
59
Ibid
., Art. 75.
60
EPP
,
op. cit
., Título Primero, Capítulo Primero, Art. 7, numeral 1, incisos a y b.
61
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Siete, Arts. 74-81
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
al par tido en las distintas asambleas parlamentarias,
mientras que es el secretario general el que se en-
cargará de realizar el seguimiento de los mismos. En
el
PRI
es la Asamblea General la que debe tomar los
acuerdos sobre asuntos relevantes pero siempre co-
municándoselos al Comité Ejecut ivo del par t ido.
62
Y en
el
PAN
, es la Mesa Directiva la que elabora y presenta
los proyectos del programa legislativo; además, en su
primera reunión, convocada por el Comité Ejecutivo
Nacional, se discutirán los lineamientos para la inte-
gración y el funcionamiento del grupo parlamentar io.
Por si no fuera suficiente, el coordinador del grupo
debe presentar un informe de las actividades del gru-
po parlamentario en cada sesión ordinaria del Consejo
Nacional del partido. Es más, en estos dos últimos
casos se establece que los reglamentos de los grupos
parlamentarios deben encontrarse en concordancia
con la declaración de principios, el programa de acción
y los estatutos del partido.
Pero, ¿cuáles son los canales de comunicación que
se han establecido para hacer llegar al grupo parlamen-
tario las decisiones que son tomadas en los órganos
de gobierno del partido? La normativa de todos estos
partidos ha habilitado ciertos mecanismos que están
dirigidos a informar a los parlamentarios de las reso-
luciones dictadas desde la dirección de los mismos.
Los reglamentos del
PSOE
prevén a este respecto que
cuando los órganos directivos del grupo parlamentario
lo estimen oportuno, las sesiones del Pleno incluirán
un punto de información política por parte de un
miembro de la
CEF
. Sin olvidar, que al inicio de la misma
se distribuirá a los parlamentarios los documentos
que fijen la posición política del partido. Además, la
coordinación está garantizada por el establecimiento
de reuniones periódicas a las que acuden los ministros,
los políticos del partido y del grupo parlamentario
especializados en un área concreta.
63
En el
PP
, los diputados, al igual que cualquier
otro militante, tienen derecho a recibir información
periódicamente sobre las decisiones que tomen los
órganos colegiados del partido y sobre las políticas
que se desarrollen en las distintas instituciones pú-
blicas. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Po-
pular ha integrado a todos sus parlamentarios como
miembros natos de la Junta Directiva Nacional, del
Congreso Nacional y de la Convención Nacional. Sin em-
bargo, ha sido curioso comprobar cómo, en la nor-
mativa interna del grupo parlamentario, no se hace
mención a ninguna de estas cuestiones. En cualquier
caso, los parlamentarios gozan de una información
pr iv ilegiada que garant iza la correc ta transmisión de
las decisiones acordadas por los órganos de gobierno
del partido. Desde el Congreso Nacional, celebrado en
el 2004, los responsables de cada una de las secreta-
rías de áreas del partido mantienen una relación muy
estrecha con el portavoz del grupo en la comisión de
su misma área temática.
En el caso del
PRI
, el reglamento establece que los
miembros de este instituto político tienen derecho a
obtener el apoyo del grupo parlamentario a la hora
de desempeñar su trabajo, y a ser puntualmente in-
formados de las actividades del grupo parlamentario.
Además, el coordinador del grupo tiene que poner
en consideración de la Asamblea, que es el órgano
integrado por todos los diputados, el programa de
trabajo del grupo parlamentario antes de cada pe-
riodo ordinario. En cuanto al
PAN
, todos los miembros
del grupo parlamentario deben recibir información
sobre las actividades que el mismo realice, para ello
la Mesa Directiva deberá elaborar y presentar los
proyectos del programa legislativo, presupuestos o
cualquier otro informe que tenga que se presentado
ante el pleno del grupo parlamentario. Además,
cualquier funcionario público deberá mantener una
comunicación permanente con su comité correspon-
diente, y en concreto con la Secretaría de Acción
Gubernamental.
No obstante, aunque en algunas ocasiones los
estatutos o los reglamentos no lo recojan de forma
expresa, el canal de comunicación entre el partido y el
grupo parlamentario lo conforman el presidente,
el portavoz o el coordinador. El presidente del Grupo
62
RGPRI
,
OP
.
CIT
., Título Tercero, Capítulo Uno, Arts. 83-89.
63
Pilar Gangas Peiró,
El desarrollo organizativo de los partidos políticos españoles de implantación nacional
, Madrid, Instituto Juan March
de Estudios e Investigaciones, 1995, p. 161.
Sociedad y Política
Parlamentario Socialista en las Cortes Generales
es miembro nato del
CF
y acude a las reuniones de
la
CEF
con voz pero sin voto cuando desempeña las
funciones de portavoz del grupo. Mientras que en el
Partido Popular, el presidente de éste preside tam-
bién el grupo parlamentario al tiempo que el portavoz
es miembro nato de la
JDN
, del
CEN
, del Comité de
Dirección, de la Convención Nacional y del Congreso
Nacional, además de ser uno de los pocos miembros
que acude a las reuniones de “maitines”.
64
En el
PAN
, el coordinador del grupo parlamentario
forma parte del Comité Ejecutivo del partido, además
debe presentar un informe sobre las actividades en
cada reunión ordinaria del Consejo Nacional. En el
PRI
, el coordinador del grupo parlamentario es miem-
bro nato del Comité Ejecutivo del partido.
La inclusión en los órganos de gobierno del grupo
parlamentario de determinados cargos del partido
también obedece a esta necesidad que tiene la fuerza
política de transmitir sus instrucciones al grupo. En
este sent ido, el secretar io general y el tesorero nacio-
nal del Grupo Parlamentar io Popular se han incorpora-
do a la estructura de su Consejo de Dirección, al igual
que el presidente del partido desde el mismo instante
en que se unificaron las presidencias del partido y
la del grupo parlamentario. La Comisión Ejecutiva
Federal del
PSOE
puede designar como presidente del
grupo parlamentario al secretario general del partido,
en cuyo caso, automáticamente se le concede las
funciones de portavoz y, por tanto, se convierte en
miembro del Comité Director. Además, el hecho de
que los miembros del grupo parlamentario continúen
vinculados a sus unidades orgánicas respecto a su
actividad parlamentaria también contribuye a ello.
De esta manera se consigue un doble cometido, la
canalización de información y el control. El hecho de
que el presidente, el portavoz o el coordinador del
grupo parlamentario acudan a las reuniones de los
órganos de dirección del partido y que miembros de
éste se integren en las del grupo parlamentario, no es
más que otro sistema de control que ha establecido
el par tido para garantizar que los diputados cumplan
con las funciones que les han sido atribuidas, así
como instrumento fundamental de comunicación
mediante el cual el partido trasmite sus directrices
al grupo parlamentario y le mantiene informado en
todo momento de sus actuaciones.
Otro rasgo a destacar del funcionamiento parti-
dista es el establecimiento de órganos de apoyo a la
actividad parlamentaria del grupo. Así, en el
PP
, los
cargos electos reciben apoyo de la Asesoría Parla-
mentaria así como del secretario técnico, mientras
que la coordinación ordinaria con el grupo parla-
mentario recae en el Comité de Dirección del partido
desde el mismo instante que se han incorporado a
él los portavoces de los grupos parlamentarios. En
el
PSOE
, a su vez, los parlamentarios son informados
y asesorados por los gabinetes jurídico y técnico,
mientras que la coordinación ordinaria corre a cargo
de las respectivas secretarias de la
CEF
y del
CF
. En
el
PRI
, los miembros del grupo parlamentario tienen
derecho a obtener el apoyo del grupo parlamenta-
rio para la realización de su trabajo parlamentario
y para la elaboración de iniciativas, además de re-
cibir el apoyo del grupo parlamentario para realizar
labores de gestoría ante cualquier unidad. Además,
se constituyen una serie de órganos destinados a
tal fin, éstos son el Consejo Consultivo y el Comité
de Estudios Legislativos. En el
PAN
, son los distintos
coordinadores los encargados de dirigir la asesoría
de sus respectivos ámbitos.
Como señala Duverger,
65
los par t idos han emplea-
do una serie de mecanismos para evitar que los
parlamentarios dominen sus estructuras orgánicas
y, por lo tanto, su ac t iv idad parlamentar ia. Estos me-
canismos son la elección de sus miembros, el nombra-
miento de sus cargos directivos, la aprobación de sus
reglamentos o estatutos, la imposición de sanciones
64
Inmediatamente después de las reuniones de “maitines”, el portavoz del grupo parlamentario convoca la reunión semanal del Consejo
de Dirección del grupo para organizar las actividades semanales.
Vid
. Pablo Oñate Rubalcaba, “Congreso, grupos parlamentarios y partidos”,
en María Anto Martínez Rodríguez (ed.),
El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento
, Madrid, Tecnos, 2000 (Colección:
Semilla y Surco. Ciencia Política), p. 119.
65
M. Duverger,
op. cit
.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
o el requer imiento que algunos par t idos exigen a sus
diputados de firmar una dimensión en blanco. Los
tres primeros han sido de sobra abordados en los dos
apartados precedentes, y no es necesario abundar
en ellos. Sólo mencionar al respecto que, gracias a
este tipo de políticas, actualmente en la mayoría de
los partidos existe una perfecta simbiosis entre las
direcciones del partido y del grupo parlamentario,
con lo que cada día es más difícil que este último se
vea libre de la disciplina a la que lo somete el primero.
En todo caso, los diputados actúan con arreglo a su
conciencia, aunque eso vaya en contra de la posición
de su partido. En España existen algunos casos en
los que los diputados de un grupo parlamentario han
votado en contra de las directrices marcadas por los
órganos de dirección de su grupo. Así, por ejemplo,
en la VIII Legislatura, los diputados del
PP
Celia
Villalobos y Federico Trillo rompieron la disciplina
de voto en el debate de los proyectos de ley sobre
el matrimonio entre homosexuales y la reforma de
divorcio. Pero también se han dado casos el
PSOE
:
en la misma legislatura, siete diputados socialistas
rompieron la disciplina del grupo parlamentario en el
debate sobre el financiamiento de la Iglesia. Álvaro
Cuesta, Ángel Martínez Sanjuán y Francisco Garrido
apoyaron la enmienda de Izquierda Verde que pedía
corregir lo que ent ienden como ‘sobrefinanciamiento’
de la Iglesia católica en los presupuestos del Estado
de 2006. Otros cuatro, Victorino Mayoral, Juan Luís
Rascón, Delia Blanco y Carmen Alborch, se abstuvie-
ron. La enmienda de Izquierda Unida fue rechazada
con 307 votos en contra (Partido Socialista Obrero
Español, Partido Popular, Convergencia i Unió, Parti-
do Nacionalista Vasco y Coalición Canaria), 18 a favor
(Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya
y Bloque Nacionalista Gallego) y 7 abstenciones (tres
del Grupo Mixto).
66
La cuestión es que todo diputado
que se salta la disciplina de voto resulta ser sancio-
nado económicamente por su grupo parlamentar io;
67
dependiendo del asunto del que se trate, podría ser
excluido por su partido político en las siguientes
listas electorales.
68
Por tanto, la disciplina de voto
sólo puede ser burlada, sin ser penalizada, cuando
la cámara establece una votación con voto secreto,
o bien, cuando el partido político se encuentra do-
minado por un clima de conflictividad interna entre
las distintas facciones que pugnan por el poder de
la organización.
En cuanto al sistema sancionador, los estatutos
de los partidos suelen articularlo de manera bastante
minuciosa y exhaust iva. Los par t idos pueden sancio-
nar directamente a los grupos parlamentarios, o a sus
miembros, en su condición de afiliados. Respecto a
lo primero, los estatutos del
PSOE
contemplan la po-
sibilidad de que la Comisión Ejecutiva Federal pueda
suspender o anular las actuaciones de los órganos
que integran el partido cuando resulten contrarias
a las normas estatutarias.
69
En el
PP
, el Comité Eje-
cutivo Nacional aprueba las sanciones que afecten a
la organización y el funcionamiento interno, aunque
no en el mismo sentido que recogen los estatutos
socialistas, y decreta la baja de aquellos afiliados que
estén incursos en los supuestos que son tipificados
como falta grave por los estatutos.
La normativa socialista tipifica como faltas graves
la manifestación pública en contra de las decisiones
o actitudes adoptadas por los órganos correspon-
dientes y la ofensa pública contra cualquier afiliado
u órganos del partido; como faltas muy graves: 1) el
abandono de los grupos inst itucionales; 2) el apoyo a
una moción de censura de otro partido por iniciativa
propia o contra un acuerdo expresamente adoptado
por los órganos directivos del partido; 3) la actuación
en contra de las decisiones que han sido dictadas por
los órganos de gobierno del par t ido; 4) el desempeño
de cargos públicos sin la autorización expresa de los
66
El País
, Madrid, 16 de noviembre de 2005.
67
Al momento de su incorporación al cargo, los diputados hacen un escrito en el que indican el número de cuenta bancaria donde desean
que sus retribuciones, como parlamentarios, sean ingresadas. Así, cuando el
GP
impone una sanción pecuniaria, puede restar directamente
la cantidad del sueldo del diputado.
68
En entrevista personal de la autora, uno de los diputados del Partido Popular reconoció que “El que rompe la disciplina del partido tiene
muchas papeletas para que no repita en las próximas elecciones generales, pero está claro que ello depende del tema del que se trate”.
69
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Tercero, Capítulo Primero, Art. 18.
Sociedad y Política
órganos competentes; o 5) la falta de honradez en el
desempeño de cualquier cargo público.
70
Este tipo de
faltas puede ser sancionado con la suspensión de la
militancia de más de un año y con un límite de dos
años; con la inhabilitación para desempeñar cargos
públicos por el mismo periodo o con la expulsión.
Las faltas graves sólo pueden ser sancionadas con la
suspensión y la inhabilitación entre un mes y hasta
un año. Para determinar la sanción que corresponde
a cada caso se tendrá en cuenta la existencia de in-
tencionalidad, los perjuicios causados a los intereses
del partido y la reincidencia en el supuesto de que
el afiliado hubiera sido sancionado.
71
Los estatutos populares dedican un amplio capí-
tulo a la regulación del régimen disciplinario, en el
que se distingue también entre faltas muy graves,
graves y leves. Para fines de este escrito, es menester
conocer las que aluden a la ac t iv idad de los cargos pú-
blicos y que se encuentran enmarcadas dentro de las
dos primeras. Se consideran como infracciones muy
graves: incurrir en cualquier forma de corrupción,
desoír las instrucciones que emanan de los órganos
de dirección, hacer públicamente declaraciones que
inciten a la desobediencia, actuar de forma contraria
a los principios y programas de los partidos, revelar
los acuerdos de los grupos institucionales, valerse de
tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar
mayorías de gobierno. Y como faltas graves: propagar
noticias por cualquier medio que desprestigien a los
grupos institucionales, manifestar públicamente
una opinión contra cualquier afiliado del partido,
suplantar o atribuirse cargos o funciones que no
le corresponda, asumir compromisos de carácter
político con otras formaciones políticas sin contar
previamente con la autorización de los órganos
correspondientes, desobedecer las instrucciones
de los órganos de gobierno y de representación del
partido o de los grupos institucionales, y no asistir
a las reuniones convocadas por los órganos del par-
tido. Las primeras pueden ser sancionadas con la
suspensión de militancia por un periodo de tiempo
que va entre cuatro y seis años, la inhabilitación
para desempeñar cargos públicos por igual periodo
de tiempo, e incluso con la expulsión. Para las faltas
graves, se establecen las mismas sanciones salvo la
expulsión, aunque éstas son recortadas a un periodo
de uno a cuatro años.
72
En el caso de los dos partidos mexicanos que son
objeto de estudio, van todavía más allá que sus ho-
mólogos españoles, ya que tanto uno como otro han
elaborado sendos reglamentos para la aplicación de
sanciones, es decir, para mantener la disciplina de la
organización. En el
PAN
tienen capacidad de impo-
ner sanciones: el Comité Ejecutivo Nacional, el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional, los Comi-
tés Directivos Estatales, los presidentes de los Comités
Directivos Estatales, los Comités Directivos Munici-
pales, los presidentes del Comités Directivos Muni-
cipales, la Comisión de Orden del Consejo Nacional
y las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales.
Por otra parte, las infracciones que son considera-
das como sancionables en el desempeño de sus
funciones como cargo público son, por ejemplo, la
desobediencia o contradicción de las normas con-
tenidas en los Estatutos, Reglamentos, Código de
Ética y demás disposiciones del partido; el ataque
de hecho o de palabra a los principios, programas y
a la dirigencia del partido; la no participación en la
realización de los objetivos del partido o de hacer-
lo de manera indisciplinada; no contribuir a los gas-
tos del partido mediante el pago de cuotas; apoyar a
candidatos de otros partidos cuando Acción Nacional
presente sus propios candidatos; afiliarse o colaborar
en la creación de otro partido político; aceptar ser
candidato de otro partido sin la previa autorización
del Comité Ejecut ivo Nacional, etcétera. Ellas or iginan
sanciones de amonestación, privacidad del cargo o
comisión partidista, cancelación de precandidatura
o candidatura, suspensión de derechos partidistas
(hasta por 3 años), suspensión provisional de los
derechos de miembro activo por actos de corrupción
(hasta por 1 año), inhabilitación para ser dirigente o
70
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Tercero, Capítulo Segundo, Arts. 40, 41.
71
Ibid
., Arts. 43- 47.
72
EPP
,
op. cit
., Título Primero, Capítulo Segundo, Arts. 10-14.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
candidato del partido (hasta por 12 años), declaratoria
de expulsión o expulsión, según como se considere
la gravedad de la infracción cometida, abriéndose
distintos procedimientos en virtud las mismas.
En el
PRI
, en cambio, es la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria el órgano específico encargado
de mantener la disciplina y el orden en el partido.
Entre los actos que considera como sancionables
son, por ejemplo, proporcionar a organizaciones
políticas contrarias al partido información reservada
que conozca por desempeñar un cargo partidario, por
desviaciones estatutarias o ineficacia política de
los dirigentes, realizar actos de desprestigio de las
candidaturas sostenidas por el partido u obstaculizar
las campañas respectivas, difundir ideas o realizar
actos con la pretensión de provocar divisiones del
partido, dejar de formar parte del grupo parlamen-
tario del
PRI
, desempeñar comisiones que le confiera
otro partido, etc. Y estos actos y muchos otros podrán
ser castigados con una amonestación privada, una
amonestación pública, una suspensión temporal de
derechos del militante, inhabilitación temporal para
desempeñar cargos partidistas, o expulsión.
El financiamiento de los grupos parlamentarios
En España, el grado de autonomía económica de la
que disponen los grupos parlamentarios depende,
en última instancia, de la propia voluntad de los
partidos políticos, ya que las subvenciones estatales
que son concedidas a ellos pasan a formar parte su
patrimonio. La Ley Orgánica de Financiación esta-
blece que “Los recursos económicos de los Partidos
Políticos estarán constituidos por: […] b) Las sub-
venciones estatales a los grupos parlamentarios de
las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos
previstos en los Reglamentos del Congreso de los
Diputados y del Senado […]”.
73
Además, el Estado les
asigna a ellos, y no a su organización parlamentaria,
una subvención anual en función del número de
escaños y de votos que hayan obtenido en las elec-
ciones generales para que puedan hacer frente a los
gastos que ocasionan su funcionamiento cotidiano.
Fieles a la línea marcada por esta ley, los estatutos
del Partido Popular sostienen que “los recursos del
partido estarán constituidos por las cuotas de todos
los afiliados y por las aportaciones voluntarias de
éstos; por las contribuciones económicas de los car-
gos públicos en el porcentaje que se determine por
el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones
oficiales que el Estado aporte al Partido y a todos los
Grupos Institucionales […]”.
74
En el
PSOE
, en cambio,
no hay ningún precepto normativo donde se haga
referencia explícita a los recursos de los que dispo-
ne el partido, aunque se puede intuir que no difiere
mucho de los populares. Es conocido que todos los
afiliados deben colaborar económicamente, “[…]
a través del abono de una cuota mediante domici-
liación bancaria”,
75
al sustento de partido; que las
asignaciones económicas que perciben los cargos
institucionales se ingresan automáticamente en la
cuenta corriente que el Comisión Ejecutiva Federal
ha habilitado para tal cometido,
76
y que las subven-
ciones estatales que reciban, con carácter general,
los grupos parlamentarios y los partidos también
forman parte de sus ingresos como regula ley. Por lo
tanto, el financiamiento de los grupos parlamentarios
se encuentra en directa relación con los partidos
políticos y las Cortes Generales.
77
La titularidad de la subvención estatal corres-
ponde, a su vez, al grupo parlamentario, estando
vinculada a la organización y funcionamiento de la
Cámara.
78
Tanto el Reglamento del Congreso como el
73
Juan Carlos I, Rey de España, “Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos”, Art. 2, numeral 1, en
Boletín Oficial del Estado (
BOE
)
núm. 158/1987, Madr id, 3 de julio de 1987, pp. 20169 a 20170, en http://www.judicatura.com/Legislacion/0562.
pdf N.E.
74
EPP
,
op. cit
., Capítulo Cuarto, Título Cuarto, Art. 54, numeral 2.
75
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Primero, Capítulo Segundo, Art.7, numeral 2, inciso k.
76
Ibid
., Título Séptimo, Art. 78.
77
J. L. García Guerrero,
op. cit.
78
Enrique Álvarez Conde,
El derecho de partidos
, Madrid, Editorial Codex, 2005, p. 323.
Sociedad y Política
del Senado disponen que sus respectivas mesas con-
signarán dentro de sus presupuestos una subvención
idéntica para todos y otra variable en función del
número de parlamentarios de cada grupo parlamen-
tario.
79
Además, “El Congreso pondrá a disposición de
los Grupos Parlamentarios, locales y medios materiales
suficientes y les asignará, con cargo a su Presupuesto,
una subvención fija idéntica para todos y otra variable
en función del número de Diputados de cada uno de
ellos”.
80
Aunado a estas subvenciones, la Constitución
española, en aras de garantizar la independencia de
los diputados en el cumplimiento de sus funciones,
reconoce también el derecho que tienen los parla-
mentarios a recibir una compensación económica
por el ejercicio de su actividad. El Congreso de los
Diputados, siguiendo la disposición constitucional,
fija una asignación básica y una serie de aportacio-
nes económicas de carácter complementario para
permitir que los diputados se dediquen plenamente
a su quehacer parlamentar io.
81
De esta forma, reciben
una retribución mensual fija y otra compensatoria que
vienen a cubrir los gastos que acarrean su función
(dietas de asistencia, gastos de viaje, teléfono, pago
de las cuotas de la Seguridad Social o de las mutua-
lidades a las que se encuentren afiliados, etcétera).
82
Naturalmente, estas asignaciones económicas están
limitadas a la duración de su mandato y no se prevé
ninguna prestación para el periodo que abarca el fin
de una legislatura y el inicio de otra.
Por su parte, la normativa del Partido Popular
concede a los órganos directivos del grupo parla-
mentario la facultad de proponer al
CEN
del partido
la ordenación de los recursos materiales de los que
disponga,
83
específicamente, corresponde a los Co-
mités Ejecutivos la aprobación de los presupuestos
del grupo parlamentario.
84
En cuanto a la partida
presupuestaria que el grupo parlamentario entrega
al
CEN
y a la cuota que impone a sus cargos institu-
cionales, no se sabe nada. Los estatutos del partido y
del grupo parlamentario son poco explícitos en este
sentido, la única referencia es considerar como uno
de los deberes de cualquier militante, incluso de los
simpatizantes, el “abonar con la periocidad señala-
da las cuotas correspondientes”
85
y cuya cuantía es
determinada por el
CEN
.
86
De lo que no cabe duda es
que todos los parlamentarios, sin excepción, están
sometidos a este régimen tributario que ha implan-
tado el partido, hasta el punto de que su negativa al
pago conlleva la pérdida automática de su condición
de afiliado.
En el
PSOE
, ocurre exactamente lo mismo que en el
PP
; la autonomía económica del grupo parlamentar io
está garantizada por la asignación económica que
recibe del Comité Federal, aunque debe presentarle
para su aprobación la propuesta anual de presu-
puesto. Pero los estatutos del Obrero Español van
más allá que la normativa de cualquier otro partido
porque, además del sistema de cuotas por el que se
rigen los partidos, obliga a sus diputados, incluso a
los no afiliados, a ingresar automáticamente toda su
remuneración en la cuenta corr iente que a tal efec to
designa la Comisión Ejecutiva Federal.
87
Por lo tanto,
los parlamentarios socialistas no perciben su retri-
bución directamente de la Cámara sino del órgano
ejecutivo del partido, mejor dicho, del director de
Finanzas y Recursos, una vez que éste ha deducido
la correspondiente cuota. La negativa a someterse
a este régimen económico conlleva la pérdida de
la condición de militante cotizante, pasando a ser
simpatizantes del partido.
En el caso de México, su Constitución concibe
a los partidos políticos como entidades de interés
79
J. L. García Guerrero,
op cit
., p. 488.
80
RCD
,
op. cit
., Capítulo Cuarto, Título Segundo, Art. 28, numeral 1.
81
Ibid.
, Título Primero, Capítulo Primero, Art. 8, numerales 1 y 2.
82
Ibid
., Art. 9, numeral 1.
83
EPP
,
op. cit
., Capítulo Cuarto, Título Tercero, Art. 53, numeral 7.
84
Ibid
., Título Segundo, Capítulo Tercero, Art. 35, inciso j.
85
Ibid
., Título Primero, Capítulo Primero, Art. 7, numeral 1, inciso j.
86
Ibid
., Título Cuarto, Art. 54, numeral 2.
87
ER
-
PSOE
,
op. cit
., Título Séptimo, Art. 78.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
público
88
y por ello les concede tres conceptos dife-
renciados para el otorgamiento del financiamiento
público y cuyos montos corresponde determinar al
Consejo General del
IFE
. Así, para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes se les concede
una cantidad a través de una fórmula que considera,
entre otros factores, el número y los costos míni-
mos de campaña para cargos de elección federal y
el número de partidos políticos que cuentan con
representación en el Congreso. De esta manera, el
30% del monto total que perciben por esta moda-
lidad de financiamiento se asigna igualitariamente
entre todos los partidos políticos con representación
parlamentaria y el 70% se distribuye de acuerdo con
el porcentaje de la votación obtenida sobre el total
emitido a nivel nacional por cada partido con repre-
sentación en el Congreso en la elección de diputados
inmediata anterior. Para gastos de campaña, se
emplea un criterio idéntico al anterior. Para activi-
dades específicas como entidades de interés público,
pueden destinarse hasta el 75% de los gastos com-
probados que hayan erogado los partidos políticos
en el año inmediato anterior.
89
Además, los partidos
políticos podrán conseguir financiamiento privado
en función de las aportaciones que realicen sus mili-
tantes a través de las cuotas obligatorias ordinarias y
extraordinarias, pero también a través de las aporta-
ciones de sus organizaciones sociales, los donativos
de simpatizantes siempre que no superen el 0.05%
del mismo concepto de financiamiento público, los
ingresos obtenidos por actividades promocionales
(conferencias, espectáculos, juegos y sorteos) y los
rendimientos financieros que les otorga los fondos y
fideicomisos que pueden crear los partidos políticos
con su propio patrimonio.
En este sentido, habría que mencionar que los
estatutos del
PRI
como los del
PAN
establecen que los
militantes tienen la obligación de pagar las cuotas
que fijen los órganos competentes de cada partido.
Además, en los reglamentos del grupo parlamentario
del Revolucionario Institucional se considera como
una de las obligaciones de los diputados cubrir las
cuotas y otras aportaciones de acuerdo al Reglamento
del Sistema Nacional de Cuotas.
90
En Acción Nacional
sucede algo similar: sus reglamentos sostienen que
los miembros tienen el deber de “Contribuir a los
gastos del Partido de acuerdo a sus posibilidades,
mediante el pago de las cuotas ordinarias y aporta-
ciones extraordinarias que establezcan los órganos
competentes”.
91
Al igual que en España, la Ley Orgánica del Con-
greso General concede a cada grupo parlamentario
mexicano una asignación de recursos y locales de
acuerdo a su representación en la cámara, además
de una subvención mensual integrada por una suma
fija de carácter general y otra variable en función
del número de diputados que los conformen.
92
De
ahí que cada grupo parlamentario designe entre sus
miembros una Comisión de Vigilancia que supervise
el manejo del fondo y revise los informes que el teso-
rero presenta al grupo para su análisis y aprobación.
Por su lado, el reglamento del grupo parlamentario
del
PAN
establece que el Comité Ejecutivo Nacional
del partido devolverá a sus diputados el 50% de la
aportación conseguida. Por tanto, queda claro que es
el propio partido el que gestiona sus recursos; para
ello, el grupo parlamentar io integrará, de sus propios
recursos institucionales, un fondo destinado a cubrir
exclusivamente los gastos que se presupuesten.
Además, en este reglamento se señala que los dipu-
tados federales deben contribuir al sostenimiento
del partido con una cuota del 15% sobre el total de
sus percepciones mensuales. Distribuyéndose ésta
de la siguiente manera: a) el 15% al fondo del grupo
parlamentario, b) el 20% al Comité Municipal del
distrito por el que fue electo el diputado, c) el 30%
88
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en
Diario Oficial de la Fede-
ración,
México, 5 de febrero de 1917, (Título Segundo, Capítulo Primero, Art. 41, numeral 1), en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1.pdf N.E.
89
Ibid
., numeral 2, incisos, a, b y c.
90
EPRI
,
op. cit
., Título Segundo, Art. 59, numeral II.
91
EPAN
,
op. cit
., Capítulo Segundo, Art. 10, inciso c.
92
LOCG
,
op. cit
., Capítulo Tercero, Art. 29, numeral 1.
Sociedad y Política
al Comité Estatal y d) el 35% al Comité Ejecutivo
Nacional.
El reglamento del
PRI
, en cambio, no es tan ex-
haustivo, simplemente se hace mención a la cons-
titución de un fideicomiso para el fondo de ahorro
que estará integrado por las apor taciones mensuales
de los diputados. Pero en ningún momento se alude
al destino de ese fondo, únicamente se sabe que el
coordinador será el que establezca los mecanismos y
los procedimientos que garant izan la transparencia y
manejo del mismo. Por tanto, en este caso, también
es el grupo parlamentario el que gestiona y dispone
de los fondos con total autonomía respecto a su
partido político.
Conclusiones
Este estudio permite sostener las siguientes con-
clusiones:
1º Los grupos parlamentarios son órganos de la
cámara pero con una gran interdependencia con sus
partidos políticos. Si bien los grupos parlamentarios
y los partidos políticos son entidades formalmente
separadas, en la práctica los primeros se comportan
como brazos de los segundos. No obstante que en los
ordenamientos español y mexicano no existe ninguna
disposición que indique que los grupos parlamenta-
rios expresen la voluntad de los partidos políticos,
sí existe un reconocimiento a la interacción que se
produce entre estas dos entidades. Para comprobar
este hecho, se analizó la influencia que tienen los
partidos en los siguientes aspectos: la constitución,
la composición, la organización, la actividad y el
financiamiento del grupo parlamentario.
a) En cuanto a la constitución, cabría mencionar
que en los cuatros casos objeto de estudio (
PP
y
PSOE
para España;
PAN
y
PRI
para México) la composición
de los grupos parlamentarios viene determinada
por la propia candidatura del partido político, ya
que serán los candidatos elegidos bajo sus siglas
los que se integrarán en el correspondiente grupo
parlamentario, salvo aquellos diputados que, sin
presentarse en sus candidaturas, deciden solicitar
su incorporación al grupo parlamentario. Habría que
señalar que la normativa española es mucho más
rígida que la mexicana a este respecto, es más, se
podría llegar a afirmar que el Reglamento del Con-
greso de los Diputados de España tiende a favorecer
a la organización partidista en perjuicio de la propia
autonomía de los grupos parlamentarios.
b) En cuanto a la composición, habría que decir
que si la constitución del grupo parlamentario está
profundamente marcada por las directrices del par-
tido no lo está menos su composición, ya que tanto
en el caso español como en el mexicano la norma-
tiva electoral concede total primacía a los partidos
políticos para presentar candidaturas. Además, es
el aparato del partido el que tiene la última palabra
y, por tanto, es él quien decide la composición y el
orden de las listas de candidatos, por mucho que
el procedimiento para la selección de cargos parezca
estar descentralizado. Aunado a ello, el sistema de
listas cerradas y bloqueadas, viene a favorecer la
‘paritocracia electoral’.
c) En cuanto a la organización, se puede indicar
que los ordenamientos español y mexicano otorgan
total libertad a los grupos parlamentarios para que se
organicen internamente, marcando solamente unos
requisitos mínimos. Sin embargo, sobre todo en el
caso español, los partidos políticos no han hecho más
que conferirse medidas estatutarias que garantizan el
sometimiento del grupo parlamentario a la disciplina
del partido; además, han promovido medidas que, más
que estar dirigidas a promover la incorporación de los
diputados nacionales a los órganos de dirección, han
supuesto una forma de control que permite reforzar
la obediencia de los parlamentarios.
d) En cuanto a la actividad, es viable señalar
que pese a la autonomía política de la que parecen
disfrutar los grupos parlamentarios para desarrollar
su actividad dentro de la Cámara, sus reglamentos y
estatutos imponen a los diputados una serie de obli-
gaciones, entre las que se encuentra el respeto a los
principios políticos y programáticos del partido, o el
mantenimiento de la unidad de acción. Existe desde
luego libertad de expresión, siempre y cuando ella no
contradiga las decisiones adoptadas por la dirección
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
de los partidos. En este caso, no existen práctica-
mente diferencias entre la práctica parlamentaria
española y su contraparte mexicana. Además, hay
que tener en cuenta otra consideración: la línea po-
lítica siempre termina siendo fijada por los órganos
directivos de los partidos, por mucho que sobre el
papel se atribuya esta competencia a los congresos
o asambleas federal, generales, o nacionales.
e) Por último, sólo resta afirmar que los grupos
parlamentarios se financian en función del montante
económico que les atribuyen sus respectivos partidos
por el resultado electoral obtenido, la aportación
económica de sus integrantes y los recursos que les
conceden las cámaras en función de su represen-
tación. En España, el aparato del partido no sólo
controla sino que muchas veces dirige cada una de
estas fuentes de financiamiento. En México, la cosa
difiere en algo respecto al caso español, al disponer
los grupos parlamentar ios de total poder de decisión
sobre los recursos que les concede las cámaras y sobre
el montante económico que les trasfiere el partido.
2º En este marco, es viable sostener que la au-
tonomía de los grupos parlamentarios se encuentra
continuamente condicionada por el control que
ejerce el aparato de los partidos políticos. De tal
manera, que la posición de los grupos parlamentarios
se encuentra fijada por el par t ido, desde el mismo mo-
mento que designa al por tavoz del grupo parlamenta-
rio y, como consecuencia de ello, surge la disciplina
de voto y la organización parlamentaria en torno a
los grupos parlamentarios. Lo curioso es que no se
trata un hecho aislado de las democracias europeas,
sino que también sucede en la mexicana aunque, eso
sí, en algunos casos –como en lo que respecta a la
organización, la actividad y el financiamiento–, son
algo más permisibles. Este hecho no está ligado a la
ideología de las organizaciones políticas ya que, en
todos los casos, el comportamiento de un partido
viene marcado por las mismas pautas de actuación
con independencia de su tendencia ideológica.
3º La interdependencia de los grupos parlamen-
tarios respecto al partido es una tónica dominante
(aunque con ciertos matices, como el que implica el
día a día del grupo parlamentario o, incluso, a la hora
de defender cier tas posiciones por par te de algunos de
sus miembros pese al riesgo que ello conlleva), lo
que ocasiona que sea prácticamente imposible que
un candidato al Parlamento alcance un escaño si no
está respaldado por un partido, es decir, si no va
en las listas que éste propone al cuerpo electoral.
Por otra parte, aceptar que la disciplina del parti-
do alcanza con toda su fuerza al grupo parlamentario
significaría poner en cuestión el mismo principio
de legitimidad de la decisión parlamentaria. No obs-
tante que el mandato imperativo haya perdido buena
parte de su vigencia, debe continuar prevaleciendo
como una garantía institucional del parlamento. Así,
el hecho que no se vote por partido sino por diputados
individualmente considerados, que éstos no puedan
delegar el voto, que las decisiones del grupo parla-
mentar io no sean jur ídicamente v inculantes para sus
miembros y que ni el par t ido ni el grupo pueda despo-
jar al diputado de su mandato, constituyen los límites
jurídicos a la “tendencia politológica a convertir al
Parlamento en una Cámara de par t idos”.
93
Por tanto, se
podría decir que la primacía de los partidos políticos
es incuestionable pero no absoluta, existiendo cierto
resquicio de independencia en la posible disonancia
entre el grupo parlamentario y el partido.
Recibido el 22 de mayo de 2010
Aceptado el 18 de marzo de 2011
93
M. García Pelayo,
op. cit
.
Sociedad y Política
Siglas utilizadas
CEF
: Comisión Ejecutiva Federal
CEN
: Comité Ejecutivo Nacional
CF
: Comité Federal
Cofipe: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
EPAN
: Estatutos del Partido Acción Nacional
EPP
: Estatutos Aprobados por el XV Congreso Nacional del Partido Popular (Grupo Parlamentario Popular)
EPRI
: Estatutos del Partido Revolucionario Institucional
ER
-
PSOE
: Estatutos y Reglamentos del Partido Socialista Obrero Español (Grupo Parlamentario Socialista)
JDN
: Junta Directiva Nacional
LOCG
: Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
L
OREG
: Ley Orgánica del Régimen Electoral General
PAN
: Partido de Acción Nacional
PP
: Partido Popular
PRI
: Partido Revolucionario Institucional
PSOE
: Partido Socialista Obrero Español
RCD
: Reglamento del Congreso de los Diputados de España
Bibliografía
Alcántara Sáez, Manuel y Flavia Freidenberg, “Organización y funcionamiento interno de los partidos
políticos en América Latina”, en Javier Q. Meléndez, (ed.),
Manual de gerencia política. Organización y
desarrollo de los partidos políticos
, Washington, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Interna-
cionales, 2002, pp. 33-46.
–––––––––– (eds.),
Partidos políticos de América Latina. Cono Sur
, Salamanca, Universidad de Salamanca,
2001.
Alonso de Antonio, José Antonio y Ángel Luis Alonso de Antonio,
Introducción al derecho parlamentario
,
Barcelona, J. M. Bosch Editor, 2000 (Manuales Universitarios de Bolsillo).
Álvarez Conde, Enrique,
El derecho de partidos
, Madrid, Editorial Codex, 2005.
–––––––––– , “El peligro partidocrático en el futuro funcionamiento de la Constitución española”, en Manuel
Ramírez (ed.),
El control parlamentario del gobierno en las democracias pluralistas (el proceso constitucio-
nal español)
, Barcelona, Labor, 1978 (Crónicas de las III Jornadas Internacionales de Ciencia Política
y Derecho Constitucional), pp. 215-229.
Aragón Reyes, Manuel y Ángel José Gómez Montoro (coord.),
El gobierno. Problemas constitucionales
, Ma-
drid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio, “A propósito del parlamento grupocrático”, en Juan Cano Bueso y
Antonio Porras Nadales (coords.),
Parlamento y consolidación democrática
, Madrid, Tecnos, 1994, pp.
85-89.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Auzmendi del Solar, Montserrat
Constitución, estructura, funcionamiento, disolución y extinción de los grupos
parlamentarios
, Victoria, Parlamento Vasco, 2001.
Baón Ramírez, Rogelio,
Historia del Partido Popular. Del franquismo a la refundación
, Madrid, Safel de
Ibersaf Editores, 2001.
Bastida Freijedo, Francisco, “El control del gobierno en el derecho constitucional comparado”, en Manuel
Ramírez, (coord.)
El parlamento a debate
, Madrid, Trotta/Fundación Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales “Lucas Mallada”, 1997, pp. 93-110.
Béjar Algazi, Luisa, “Representación parlamentaria y disciplina partidista: el caso de México”, ponencia
presentada en el
XXIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
, llevado a cabo en Was-
hington D.C., del 6 al 8 de septiembre de 2001.
Blanco Valdés, Roberto L.,
Los partidos políticos. Temas clave de la Constitución española
, Madrid, Tecnos,
1990.
Blondel, Jean y Maurizio Cotta (eds.),
The Nature of Party Government: A Comparative European Perspective
,
Londres, Palgrave McMillan, 2000.
Borjas Benavente, Adriana, “Estructura, organización interna y desempeño público del Partido de la
Revolución Democrática, 1989-2000”, Salamanca, Universidad de Salamanca/Facultad de Ciencias
Sociales, 2001 (tesis doctoral).
Botella, Joan “Parlamento y carreras políticas”, en Manuel Ramírez, (coord.)
El parlamento a debate
, Madrid,
Trotta/Fundación Centro de Estudios Políticos y Constitucionales “Lucas Mallada”, 1997, pp. 45-55.
Brown Araúz, Harry, “Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre
la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá”, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2004 (tesis doctoral).
Caamaño Domínguez, Francisco,
El mandato parlamentario
, Madrid, Publicaciones del Congreso de los
Diputados, 1991.
Campmany, Juan,
El efecto ZP
, Madrid, Planeta, 2005.
Cascajo, José Luis,
Partidos políticos y constitución: sistema de controles sobre los partidos políticos
, Bar-
celona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1996 (Working Paper, 60).
Cazorla Prieto, Luis María,
El Congreso de los Diputados (su significación actual)
, Madrid, Aranzadi, 1999.
Ciaurro, Gian Franco,
Le istituzioni parlamentari
, Milán, A. Giuffré, 1982.
Cillán-Apalategui García de Iturrospe, María del Coro, “Los grupos parlamentarios”, en
Segundas Jornadas
de Derecho Parlamentario
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1985, pp. 1197-1233.
Colliard, Jean Claude,
Los regímenes parlamentarios contemporáneos
, Barcelona, Editorial Blume, 1981.
Contreras, Manuel,
Las actividades de los grupos parlamentarios
, Madrid, Tecnos, 1995.
Córdova, Arnaldo,
La formación del poder político en México
, México, Ediciones Era, 2008.
Sociedad y Política
Cotarelo, Ramón,
“El sistema de partidos”, en José. F. Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas, (eds.),
La transición democrática española
, Madrid, Sistema, 1989.
Crick, Bernard,
The Reform of Parliament
, Londres, Weidenfeld y Nicolson, 1968.
Döring, Herbert y Mark Hallerberg (eds.),
Patterns of Parliamentary Behaviour: Passage of Legislation Across
Western Europe
, Farnham, Ashgate Publishing, 2004.
Duverger, Maurice,
Los partidos políticos
, México, Fondo de Cultura Económica, 1957.
Fernández Martín, Manuel,
Derecho parlamentario español
, Madrid, Publicaciones del Congreso de los
Diputados, 1992.
Flores Giménez, Fernando,
La democracia interna de los partidos políticos
, Madrid, Congreso de los Dipu-
tados, 1998.
García Pelayo, Manuel,
El Estado de partidos
, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
Gangas Peiró, Pilar,
El desarrollo organizativo de los partidos políticos españoles de implantación nacional
,
Madrid, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1995.
García-Guereta Rodríguez, Elena María,
Factores externos e internos en la transformación de los partidos
políticos: el caso del
PP
, Madrid, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 2001.
–––––––––– , “Las características internas a los partidos y su incidencia en el comportamiento de los mis-
mos: el caso de
AP
/
PP
”, trabajo realizado en el marco del Seminario del Fórum de la
UPF
, Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra/Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, noviembre de 2001.
García Guerrero, José Luis,
Democracia representativa de partidos y grupos parlamentarios
, Madrid, Congreso
de los Diputados, 1996.
García Martínez, María Asunción,
El procedimiento legislativo
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987.
García Pelayo, Manuel,
El Estado de partidos
, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
Graham, Bruce D.,
Representation and Party Politics: A Comparative Perspective
, Oxford, Blackwell, 1993.
Guerrero Salom, Enrique,
El Parlamento. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace?
, Madrid, Editorial Síntesis,
2004.
Heidar, Knut, “Parliamentary Party Groups”, en Peter Esaiasson y Knut Heidar (eds.),
Beyond Westminster
and Congress: The Nordic Experience (Parliaments & Legislatures),
Columbus, Ohio State University Press,
2000.
––––––––––
y Ruud Koole (eds.),
Parliamentary Party Groups in European Democracies. Political Parties Behind
Closed Doors
, Londres, Routledge, 2000 (Routledge/
ECPR
Studies in European Political Science).
Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel, “El Estado de partidos y la vida parlamentaria”, en Manuel Ramírez,
(coord.),
El Parlamento a debate
, Madrid, Trotta/Fundación Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales “Lucas Mallada”, 1997, pp. 45-55.
Lajous, Adrián,
Los partidos políticos en México
, México, Premià, 1985.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
López Garrido, Diego, “Gobierno y Parlamento: dos modelos de relaciones internas (
UCD
y
PSOE
)”, en Anto-
nio Bar Cendón, José Ramón Montero Guibert, Fernando Pérez Royo, Hans Peter Schneider, Jordi Solé
Tura y Enrico Spagna Musso,
El gobierno en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía
,
Barcelona, Diputación de Barcelona, 1985, pp. 232-242.
Lucas Murillo de la Cueva, Enrique, “El Gobierno ante el Parlamento”, en Cecilia Mora-Donatto, (coord.),
Relaciones entre Gobierno y Congreso. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal,
México, Universidad Nacional Autónoma de México (
UNAM
), Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2002, pp. 273-308.
Martínez, Antonia (ed.),
El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimientos
, Madrid, Tecnos,
2000 (Colección: Semilla y Surco. Ciencia Política).
Martínez Sospedra, Manuel,
Introducción a los partidos políticos
, Barcelona, Ariel, 1996.
Montero Guibert, José Ramón, “Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales: notas sobre
el control parlamentario y la responsabilidad política en la Constitución española”, en Antonio Bar
Cendón, José Ramón Montero Guibert, Fernando Pérez Royo, Hans Peter Schneider, Jordi Solé Tura y
Enrico Spagna Musso,
El gobierno en la Constitución española y en los Estatutos de Autonomía
, Barcelona,
Diputación de Barcelona, 1985, pp. 203-229.
Mora-Donatto, Cecilia,
Las Comisiones Parlamentarias de Investigación como órganos de control político
,
México,
UNAM
, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
Morales Arroyo, José María,
Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales
, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1990.
Norton, Philip (ed.),
Parliaments and Governments in Western
Europe, Londres, Frank Cass Publishers, 2002
(
Parliaments in Contemporary Western Europe
, 1).
Oñate Rubalcaba, Pablo, “Congreso, grupos parlamentarios y partidos”, en María Antonia Martínez Ro-
dríguez (ed.),
El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento
, Madrid, Tecnos, 2000
(Colección: Semilla y Surco. Ciencia Política).
–––––––––– , “Las organizaciones del Congreso de los Diputados”, en Antonia Martínez Rodríguez, (ed.),
El
Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimiento
. Madrid, Tecnos, 2000 (Colección: Semilla
y Surco. Ciencia Política), pp. 69-94.
Ortega Santiago, Carlos Gonzalo, “Los parlamentarios y los grupos como sujetos de control parlamentario
en el procedimiento legislativo”, en
Sextas Jornadas de Derecho Parlamentario: Problemas actuales del
control parlamentario
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1995, pp. 739-770.
Ortells Miralles, Ana María,
La constitución de los grupos parlamentarios,
Valencia, Temas de las Cortes
Valencianas, 2003.
Paniagua Soto, Juan Luis, “Crisis del Parlamento”, en Román Reyes (dir.),
Terminología científico-social.
Aproximación crítica,
Madrid, Antropos, 1991.
Sociedad y Política
–––––––––– , “El modelo parlamentario en la Constitución española de 1978”, en Ramón Cotarelo (comp.),
Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)
, Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 1992.
–––––––––– , “La personalidad e indelegabilidad del voto de los parlamentarios”, en
Primeras Jornadas de
Derecho Parlamentario
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1984, pp. 349-354.
Peces Barba, Gregorio, “El papel del Parlamento en la democracia española”, en
AA
.
VV
.
, El
Parlamento
Europeo
, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1982, pp. 13-22.
Pérez-Serrano Jáuregui, Nicolás,
Los grupos parlamentarios
, Madrid, Tecnos, 1989.
–––––––––– , “Los grupos parlamentarios en el constitucionalismo europeo”, Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Derecho, 1987 (tesis doctoral).
Punset, Ramón,
Las Cortes Generales: estudios de derecho constitucional español
, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1983.
Ramírez Jiménez, Manuel, “Grupos parlamentarios y sistema de partidos”, en
Primeras Jornadas de Derecho
Parlamentario
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1984, pp. 109-141.
Rescigno, Giuseppe U., “Gruppi parlamentari”, en
Enciclopedia del Diritto
, vol. XIX, Milán, Giuffrè Editore,
1970, p. 795.
Reveles Vázquez, Francisco,
El
PAN
en la oposición. Historia básica
, México, Gernika, 1996.
–––––––––– ,
Partido Acción Nacional: los signos de la institucionalización
, México, Gernika, 2000.
Román Marugán, Paloma, “El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e
ideología (1975-1982)”, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, 1986 (tesis doctoral).
Sáiz Arnáiz, Alejandro,
Los grupos parlamentarios
, Madrid, Congreso de los Diputados, 1989.
Santaolalla López, Fernando,
Derecho parlamentario español
, Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
–––––––––– , “Partidos políticos, grupos parlamentarios y diputados”, en José Juan González Encinar (coord.),
Derecho de partidos
, Madrid, Espasa-Universidad, 1992, pp. 99-106.
Savignano, A.
I gruppi parlamentari
, Nápoles, Aristide, 1965.
Tesauro, Alfonso, “I gruppi parlamentari”, en
Rassegna di Diritto Pubblico
, vol. I, 1967, pp. 97-213.
Torres del Moral, Antonio, “Pasado y presente del Parlamento”, en Cecilia Mora-Donatto, (coord.)
Relaciones
entre Gobierno y Congreso. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional
México,
UNAM
, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 611-627.
Verge Mestre, Tània, “Dimensiones de la representación política y partidos políticos. Concepciones par-
tidistas de la democracia en el
PSOE
, el
PP
e
IU
”, en Antonia Martínez (ed.),
Representación y calidad
de la democracia en España,
Madrid, Tecnos, 2006.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Vilas Nogueira, José, “Relaciones Gobierno-Parlamento y sistemas de legitimación del poder”, en Manuel
Ramírez (ed.),
El control parlamentario del gobierno en las democracias pluralistas (el proceso constitucio-
nal español)
, Barcelona, Labor, 1978 (Crónicas de las III Jornadas Internacionales de Ciencia Política
y Derecho Constitucional), pp. 112-121.
Hemerografía
Alba Navarro, Manuel, “La creación de grupos parlamentarios durante la legislatura”, en
Revista de Derecho
Político
, núm. 14, 1982, pp. 79-96.
Bale, Tim, “Towards a Cultural Theory of Parliamentary Party Groups”, en
The Journal of Legislative Studies,
vol. 3, núm. 4, 1997, pp. 25-43.
Barrat I Esteve, Jordi, “Los procesos de selección de candidatos en los partidos políticos”, en
Cuadernos
de la Cátedra Fradrique Furió Ceriol,
núm 13, 1995, pp. 95-143.
Bastida Freijedo, Francisco, “Derecho de participación a través de representantes y función constitucional
de los partidos políticos”, en
Revista Española de Derecho Constitucional
, núm. 21, 1987, pp. 199-228.
Blondel, Jean, “Hacia un análisis sistemático de las relaciones gobierno-partido”, en
Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales
, año XXXIX, Nueva Época, núm. 156, abril-junio de 1994, pp. 31-45.
Del Águila Tejerina, Rafael, “Partidos, democracia y apatía: una interpretación”, en
Revista de Estudios
Políticos
, núm. 30, noviembre-diciembre de 1982, pp. 81-109.
Del Campo García, María Esther y María Luisa Ramos, “La paradoja partidista: institucionalización y re-
presentación en los partidos políticos latinoamericanos”, en
América Latina Hoy: Revista de Ciencias
Sociales
, núm. 16, agosto de 1997, pp. 29-40.
El País,
Madrid, 16 de noviembre de 2005.
Flores Giménez, Fernando, “El partido laborista británico, un modelo de cambio organizativo”, en
Revista
de Estudios Políticos
, núm. 102, 1998, pp. 259-280.
Granados Calero, Francisco, “Los grupos parlamentarios y su efecto expansivo en el funcionamiento de
las Cámaras”, en
Anuario de Derecho Parlamentario
, núm. 10, 2001, pp. 83-100.
Helms, Ludger, “Parliamentary Party Groups and their Parties: A Comparative Assessment”, en
The Journal
of Legislative Studies
, vol. 6, núm. 2, 2000, pp. 104-120.
Leoni, Francesco, “Los partidos políticos en el Estado moderno”, en
Revista de Estudios Políticos
, núm.
45, 1985, pp. 147-154.
Llera Ramo, Francisco José, “Partidocracia y democratización de los partidos”, en
Leviatán,
núm. 82,
2000, pp. 37-55.
Maiz Suárez, Ramón, “Hacia un Parlamento periférico: las Cortes Españolas en la Constitución de 1978”,
en
Zona Abierta,
núm. 22, 1978, pp. 55-77.
Sociedad y Política
Martínez Sospedra, Manuel, “La jaula de hierro: la posición del parlamentario en el grupo”, en
Anuario
de Derecho Parlamentario,
núm. 10, 2001, pp. 161-188.
–––––––––– , “Los defectos de la composición en la Constitución de 1978”, en
Anuario de Derecho Parlamen-
tario,
núm. 15, 2004, pp. 245-280.
Pulido Quecedo, Manuel, “El grupo parlamentario como titular del ‘derecho de voto colectivo’”, en
Reper-
torio Aranzadi del Tribunal Constitucional,
núm. 21-22, 2007, pp. 9-11.
–––––––––– , “El grupo parlamentario y sus vicisitudes reglamentarias: el caso de la disolución del grupo
parlamentario del Partido Riojano”, en
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional,
núm. 10, 2007,
pp. 9-11.
Ramírez Jiménez, Manuel, “Problemática actual del Parlamento”, en
Revista de Estudios Políticos
, núm.
87, enero-marzo de 1995, pp. 53-80.
–––––––––– , “Teoría y práctica del grupo parlamentario”, en
Revista de Estudios Políticos
, núm. 11, septiem-
bre-octubre de 1979, pp. 5-36.
Ripollés Serrano, María Rosa, “Las Cortes Generales: tradición y modernidad, de las funciones tradicio-
nales a la legitimación del sistema político”, en
Anuario de Derecho Parlamentario
, núm. 15, 2004, pp.
221-244.
Sánchez de Dios, Manuel, “La disciplina de partido en los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados”, en
Revista de las Cortes Generales
, tercer cuatrimestre, núm. 39, 1996, pp. 184-210.
Sanz Pérez Ángel Luis, “La naturaleza jurídica de los grupos parlamentarios. Una aproximación al proceso
de juridificación de los grupos parlamentarios”, en
Corts: Anuario de Derecho Parlamentario
, nº 10,
2001, pp. 331-368.
Documentos
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales”, en
Diario Oficial de la Federación
, México, 31 de diciembre de 2003.
–––––––––– , “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en
Diario Oficial de la Federación,
México, 5 de febrero de 1917.
–––––––––– , “Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, en
Diario Oficial de la
Federación,
México, 3 de septiembre de 1999.
Congreso de los Diputados de España, “Reglamento del Congreso de los Diputados de España”, Madrid,
CDE, 1982.
Cortes Generales, “Ley Orgánica del Régimen Electoral General
”,
en
Boletín Oficial del Estado (
BOE
)
, núm.
147, Madrid, 20 de junio de 1985.
Juan Carlos I, Rey de España, “Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Po-
líticos”, en
Boletín Oficial del Estado (
BOE
)
núm. 158, Madrid, 3 de julio de 1987, pp. 20169 a 20170.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Partido Acción Nacional, “Estatutos del Partido Acción Nacional”, México,
PAN
, XIII Asamblea Nacional
Extraordinaria, Tlahui Educa, 2001 (Política Partidaria).
–––––––––– , “Reglamento de las Relaciones entre el
PAN
y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados
por el
PAN
”, México,
PAN
, 1997.
Partido Revolucionario Institucional, “Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”, México,
PRI
,
2001 (Colección Política y Partidaria).
Partido Socialista Obrero Español, “Estatutos y Reglamentos”, Madrid,
PSOE
, 2004.
Partido Popular, “Acta del Comité Ejecutivo Nacional”, 13 de abril de 1993.
–––––––––– , “Estatutos aprobados por el XV Congreso Nacional Del Partido Popular”, Madrid,
PP
, 2004.
logo_pie_uaemex.mx