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15
Palabras clave:
educación superior, uni-
versidades,
fnanciamiento
educativo,
inequidad presupuestaria
Abstract
This article approaches From an integral
optics, problematic in the fnancing to the
superior education and the unequal treat-
ment oF which the Institutions oF Superior
Education in the allocation oF the subsidy
are object, that worsens the origin diFFe-
rences and under which they lose those
that more delays warn. In this scene oF
insuFfciency oF resources, one narrow re-
lation between the local Directors oF the
universities and Congresses considers like
central subject ±ederal and, under the op-
tics in beneft oF a greater knowledge oF
the legislators with respect to the univer-
sities and a commitment shared by its to-
tal development. ±inally, the attributes oF
a fnancing policy are exposed that Frees
to the superior education oF conjunctural
crises and it allows a suitable insertion in
the national project.
Sociedad y Política: México hoy
Resumen
En este artículo, el autor aborda, desde
una óptica integral, la problemática en el
fnanciamiento a la educación superior y
el trato inequitativo y desigual de que son
objeto las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) en la asignación del subsidio,
cuestión que agudiza las diFerencias de
origen y bajo la cual pierden las universi-
dades en las que más rezagos se advier-
ten. En este escenario de insufciencia de
recursos, el artículo plantea como tema
central una más estrecha relación entre los
rectores de las universidades y los con-
gresos Federal y local, bajo la óptica de
Favorecer un mayor conocimiento de los
legisladores respecto a las universidades
y un compromiso compartido por su ple-
no desarrollo. ±inalmente, se exponen los
atributos de una política de fnanciamien-
to que libre a la educación superior de
crisis coyunturales y le permita una ade-
cuada inserción en el proyecto nacional.
Financiamiento y relación de la universidad pública
con los congresos de la Unión y estatales
José Martínez Vilchis*
*
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Edifcio Central de Rectoría, Instituto
Literario n° 100, col. Centro, C.P. 50000, To-
luca, Estado de México.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
16
Los recursos fscales limitados y sus desaFíos
Toda discusión sobre educación su-
perior debiera iniciarse por aquellos
obstáculos que le impiden desarro-
llarse. Entre ellos destaca, induda-
blemente, el del fnanciamiento. El
mayor desaFío en nuestro país sigue
siendo la carencia de una política
de fnanciamiento sostenido y cre-
ciente para la educación superior.
La crónica escasez de Fondos para
este nivel educativo plantea desa-
Fíos a ser resueltos de inmediato y
urge a tomar seriamente acciones
de desarrollo y mejoramiento. Para
atender el reclamo de las universi-
dades públicas con criterios claros,
participativos y equitativos en el
otorgamiento del subsidio se debe
superar, por tanto, el reto de resol-
ver el complejo proceso de deter-
minación de costos.
Las tensiones fnancieras
Es indiscutible que la educación es
uno de los instrumentos más pode-
rosos para reducir la pobreza
1
y que,
no obstante su carácter estratégico
para el desarrollo, su fnanciamien-
to representa uno de los ámbitos de
mayor polémica y conflicto, en par-
ticular para la educación superior
donde se discute su sostenimiento
a cargo de Estado bajo la concep-
ción de bien público.
En el contexto de México, de
Fuertes restricciones fnancieras
y de nuevos y viejos desaFíos, la
polémica se aviva desde la com-
petencia sectorial por los recur-
sos públicos donde se evidencia
la aguda escasez de recursos an-
te el crecimiento demográfco; la
incertidumbre sobre el modelo de
desarrollo económico que debe
animar el crecimiento y el desa-
rrollo sustentable; la competencia
por el fnanciamiento ante progra-
mas de educación, salud, seguri-
dad, medio ambiente y atención
a grupos marginados; la incapa-
cidad del modelo impositivo para
procurar una mayor disponibilidad
de recursos y la competencia en-
tre las propias instituciones pú-
blicas de educación superior.
2
La globalización económica tam-
bién ha venido a incrementar las
tensiones fnancieras; la Formación
proFesional con parámetros inter-
nacionales para la movilidad de
proFesores y alumnos y la incursión
de la investigación y el posgrado
en nuevas áreas, muestran la insu-
fciencia de las Fórmulas tradicio-
nales para asignar el presupuesto
así como el costo por alumno o la
plantilla del personal académico.
En el escenario internacional re-
saltan diFerencias y desventajas.
Con ciFras de hace diez años, Ori-
vel y Latapí mostraron ya que el
gasto por alumno en México era
casi seis veces menor al de los paí-
ses miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
3
Para el 2003
–con los datos más recientes de la
1
Diversos organismos internacionales le otorgan una elevada importancia a la educación en el crecimiento económico y la sitúan como con-
dición necesaria en el desarrollo sustentable, entre los que destacan el Banco Mundial [BM], la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] y el Banco Interamericano
de Desarrollo [BID].
2
Magdalena ±resán y David Torres, “Tendencias en el fnanciamiento de las instituciones de educación superior públicas”, en
Revista de la
Educación Superior
, Volumen XXIX, n° 113, enero-marzo del 2000, México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
3
±rancois Orivel, “L’allocation des resources par èléve le systeme éducatiF Français: point de vue d’un economista”, en
Revue Français de Péda-
gogie
, n° 105, octubre-diciembre de 1993, p. 16; Pablo Latapí, en
Proceso
, 2 de mayo de 1994. Ambos citados en Romualdo López Zárate,
El
Financiamiento a la Educación Superior 1982-1994
, México, ANUIES, 1996 (Colección: Biblioteca de la Educación Superior).
17
organización– la tendencia dismi-
nuye pero no cambia, México gas-
ta por estudiante 1.6 veces menos
que el promedio de los países de la
OCDE.
4
(
Vid
. Tabla 1).
Por su parte, el análisis del f-
nanciamiento educativo en países
latinoamericanos, motiva serías re-
flexiones. En 1998 la OCDE citaba
que países como Chile (1.85%),
Perú (1.32%), Argentina (1.14%) y
Brasil (1.07%) superaban el presu-
puesto total de México destinado
a educación superior como porcen-
taje del PIB, mismo que se ubicaba
en 0.89%.
5
Para revertir esta tendencia,
la administración Federal se com-
prometió en el año 2000 –en el Pro-
grama Nacional de Educación– a
aumentar los recursos destinados
a educación superior para alcanzar
la meta del 1% como porcentaje
del PIB. Sin embargo, la propues-
ta chocó indeFectiblemente con la
realidad, pues se estima que a 2006
la ciFra se ubique en 0.57% del
PIB.
Para el 2007 el escenario no es
muy alentador, el presupuesto que
propuso el ejecutivo Federal repre-
sentaba el 0.51% del PIB, una ten-
dencia contraria a lo estipulado en
la Ley. Después de constantes po-
lémicas e intensas negociaciones
entre rectores, diputados, autori-
dades de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP,
se reasignaron al sector más de 8
mil 200 millones de pesos, ciFra
que permitirá ejercer en este año
el 0.59% del PIB, sólo una décima
más que el año anterior y aproxi-
madamente lo mismo que se asig-
naba al sector en 1995.
4
Organization For Economic Cooperation and Development (OECD; en español, OCDE),
Education at a glance indicators
, Paris, Organisation For
Economic Cooperation and Development, 2005.
5
Ibid
., 2001.
6
Secretaría de Educación Pública (SEP),
Programa Nacional de Educación 2001-2006. Poder Ejecutivo Federal
, México, SEP, 2001, p. 197.
7
Carlos Velasco, “Urgente, invertir en la educación superior: UNAM. Ciencia e investigación son las palancas del progreso, afrma De la ±uente”,
en
El Universal,
martes 21 de septiembre del 2004, p. 10.
Contradicciones, controversias e incumplimiento de la ley
Mientras el progreso de los países
desarrollados en materia de educa-
ción continúa, las decisiones sobre
el fnanciamiento a la educación
superior en México aFrontan nue-
vas contradicciones y controver-
sias. No obstante que el gobierno
Federal ha reconocido la insufcien-
cia de los recursos destinados a la
educación superior y la importan-
cia de incrementar las aportaciones
fnancieras para atender las nece-
sidades de las instituciones y del
crecimiento con equidad y calidad
de la oFerta educativa,
6
la austeri-
dad del Presupuesto de Egresos de
la ±ederación ha reflejado recursos
limitados con eFectos reiterados en
el sector. Los casos más evidentes
han sido en 2005 y 2007, don-
de los recortes proyectados por el
Ejecutivo ±ederal tuvieron que ser
restituidos con la reasignación de re-
cursos a cargo de los diputados.
En 2005, la aceptación del recurso
de controversia constitucional que
el presidente de entonces, Vicen-
te ±ox, interpuso ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se
acompañó de la suspensión provi-
sional de recursos por más de cua-
tro mil millones de pesos.
A pesar de que esta incerti-
dumbre aFectó a diversas institu-
ciones del sector educativo y de
otros ramos, en la arena mediá-
tica sólo parecieron escucharse
entonces las voces de los acto-
res con mayor peso político como
la del Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Juan Ramón de la ±uen-
te, quien reclamó en su momento
que era imposible alcanzar mejores
niveles de competitividad y pro-
ductividad con las disminuciones
presupuestales en educación supe-
rior y en ciencia y tecnología;
7
o
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
18
la del ex-secretario de Educación
Pública, Reyes S. Taméz Guerra,
quien ya advertía: “mientras no
haya reformas estructurales no
habrá mayores ingresos para el
gobierno y en consecuencia esta-
rá limitada la inversión en cien-
cia y tecnología”.
8
En el 2007, la intervención
de la Cámara de Diputados mos-
tró por segunda ocasión mayor
compromiso con las necesidades
de la educación, sin embargo, la
lección a rescatar es que esta si-
tuación no puede mantenerse in-
terminablemente. El desarrollo de
las instituciones públicas de edu-
cación superior, y en particular el
progreso de las universidades es-
tatales, no debe depender de una
decisión discrecional o del buen
ánimo del ejecutivo y legisladores,
es necesario construir espacios de
participación y cooperación que
permitan la deFnición de criterios
claros sobre la asignación y dis-
tribución de los recursos que ca-
da año se destinan al sistema de
educación superior, así como con-
sensos que articulen estos crite-
rios al proyecto de desarrollo so-
cial y económico que requiere el
país. En este marco, el modelo de
Fnanciamiento desarrollado por
la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) podría
constituir la mejor opción en la
que pueden coincidir institucio-
nes educativas y gubernamenta-
les. Tarea tan simple y a la vez
tan difícil.
De seguir esta tendencia en el F-
nanciamiento es previsible que una
vez más se quede sin observancia
la reforma al artículo 25° de la Ley
General de Educación, que obliga
al Estado —federación, entidades
federativas y municipios— a des-
tinar recursos crecientes al rubro
educativo hasta alcanzar el 8 por
ciento como porcentaje del PIB
9
y
que, además, el presupuesto edu-
cativo siga estando en el centro de
continuos conflictos y de polémicas
negociaciones.
10
La oportunidad histórica del bono demográfco
y de una política de Estado
Mientras la inversión en educa-
ción superior como proporción del
PIB prácticamente ha permaneci-
do sin cambios desde hace más de
12 años —ha oscilado entre .57%
y .66 % del PIB
11
— las oportuni-
dades para los jóvenes decrecen.
En la opinión de Roberto Rodrí-
guez, investigador del Centro de
Estudios
Sobre
la
Universidad
(CESU) de la UNAM, “no hay cre-
cimiento en el número de oportu-
nidades para los jóvenes que sea
adecuada a la proporción de es-
tudiantes que están saliendo del
8
Alejandro Torres y Juan José Arreola, “Sin reformas se limitará apoyo a ciencia: Tamez. Rubio Oca niega desinterés del gobierno en la educación
superior”, en
El Universal
, miércoles 22 de septiembre de 2004. p. 17.
9
Para refrendar tal propósito, el Congreso incorporó en el Presupuesto de Egresos de la ±ederación del 2003, una serie de condiciones en la
administración de recursos a cargo del Ejecutivo. En ellas se especiFcaba que, en caso de que los ingresos del gobierno federal fueran menores
a los previstos para el cumplimiento del déFcit público, los eventuales recortes no se podrían realizar a los programas sociales, sólo en los
rubros de servicios personales, en difusión y en renglones no vinculados directamente con la atención a la población.
Vid
., Poder Ejecutivo
±ederal, “Decreto por el que se reforma el Artículo 25 de la Ley General de Educación”, en
Diario Ofcial de la Federación,
30 de diciembre del
2002, sección segunda.
10
A un año de que Fnalizara la administración de Vicente ±ox Quesada, el secretario de educación pública indicó que la falta de reformas estruc-
turales fue el principal impedimento para cumplir la decisión del Poder Legislativo de destinar el 8% del PIB a la educación.
Vid
. Nurit Martínez,
“SEP: Difícil cumplir con 8 por ciento del PIB a educación”, en
El Universal,
martes 6 de septiembre del 2005, p. 14.
11
ANUIES, Consolidación y avance de la educación superior en México.
19
bachillerato.”
12
Investigadores del
Centro
Nacional
de
Evaluación
(CENEVAL), advierten que “de se-
guir las mismas condiciones de
acceso a la educación y capacita-
ción de la población, tal como ha
sucedido en los últimos 20 años,
México requerirá de 33 años pa-
ra llegar al equivalente de los 12
años de escolaridad promedio que
alcanzó Estados Unidos en el año
2000. Escenario que se verá com-
plicado porque la población que
deberá cursar estudios superiores
a la educación básica crecerá de
aquí al año 2010, cuando alcance
su máximo histórico de 21.2 mi-
llones de personas”.
13
La lectura que corresponde a
los actores de las instituciones de
educación superior y a quienes to-
man las decisiones respecto a su
fnanciamiento, es que ésta es la
oportunidad histórica para impul-
sar el desarrollo nacional; el bo-
no demográfco que nos oFrece la
evolución de la población, arrancó
hacia 1980 y fnalizará en 2020.
14
El reto inmediato debe ser For-
mar a la generación mejor educada,
mejor preparada de toda nuestra
historia. La educación, la inves-
tigación, la ciencia, la cultura, la
tecnología son la soberanía del
siglo XXI. Si el conocimiento y la
educación superior debemos ver-
los como un bien social y a las
universidades autónomas como ins-
tituciones del Estado mexicano,
¿no debería reflejarse esta impor-
tancia en el fnanciamiento?
15
Pese a las diFíciles circunstan-
cias económicas motivadas por las
recesiones del pasado —lo que
plantea, de entrada, la necesidad
de atender los rezagos existen-
tes— y al diFícil entorno político
actual caracterizado por la com-
pleja relación entre el Ejecutivo, el
Congreso y los partidos políticos,
es necesario aceptar que no habrá
otro momento más importante que
el presente para construir consen-
sos a Favor del desarrollo sosteni-
do de la educación superior y de
su fnanciamiento que les permita
a las instituciones incrementar las
oportunidades de acceso a los jó-
venes y mejorar la calidad de su
oFerta académica.
Hay que impulsar y concre-
tar una política de Estado para la
educación superior con base en
acuerdos entre los diversos acto-
res políticos y educativos para la
consecución de las siguientes me-
tas:
Establecer mecanismos que re-
gulen la estabilidad del fnan-
ciamiento
con
presupuestos
sexenales y la asignación de
recursos excedentes que ingre-
san al país.
Desarrollar un nuevo esquema
de subsidio para las institucio-
nes públicas que sea, sobre todo,
participativo y equitativo al
tiempo que considere criterios
de desempeño y desarrollo ins-
titucional.
Precisar, constitucionalmente,
las competencias expresas y li-
mitadas de los ámbitos Federal,
estatal y municipal.
12
Ibid.
13
Nurit Martínez, “En rezago educativo, uno de cada tres mexicanos, indica estudio del Ceneval”, en
El Universal online,
jueves 31 de marzo de
2005.
14
Vid
. Consejo Nacional de Población (CONAPO), “La población de México: situación actual y desaFíos Futuros”, 2005, en http://www.conapo.
gob.mx y ±. Alba, “El cambio demográfco en México”, en Carlos Garrocho y Antonio Loyola, (coords.),
San Luis Potosí
:
Visión 2025
, México,
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, 2005.
15
Sesión Solemne de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 18 de agosto de 2004, en
Perfles educativos,
tercera época, volumen XXVI, n° 105 y 106, 2004, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad,
p. 194.
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
20
Las
reformas
al
Fnanciamiento
público de las instituciones esta-
tales de educación superior, comu-
nes en varios países, han girado
en torno a la búsqueda de nuevos
instrumentos para asignar los re-
cursos públicos y sobre la diversiF-
cación de las fuentes de ingreso.
16
En Argentina, Brasil, Chile, España
y México predominó como modelo
único, hasta comienzos de la dé-
cada de los noventa, el Fnancia-
miento no formal o
incrementalista
basado en la actualización del pre-
supuesto anterior sin que mediara
alguna consideración sobre los re-
sultados alcanzados con los fon-
dos recibidos. Durante el periodo
señalado, este modelo comenzó
a combinarse con otros mecanis-
mos constituyendo otra alternativa
(aunque la asignación
incremen-
talista
ha seguido determinando
el grueso de los recursos públicos
a las Instituciones de Educación
Superior). En este nuevo mode-
lo —denominado en Argentina
partida presupuestal de créditos
a distribuir
; en Brasil,
asignación
conforme a las necesidades y asig-
nación basada en el desempeño
; en
Chile,
aportes Fscales indirectos
;
en España,
programas-contrato
y en
México,
subsidio extraordinario a
las IES públicas
17
la asignación
se realiza con base en indicadores
de desempeño académico además de
que los recursos son de carácter
concursable.
La iniquidad en la designación del subsidio
16
Las fuentes de ingreso que tienen las Instituciones de Educación Superior mexicanas, y que se ha trabajado con mayor acento en las últi-
mas décadas, han sido: aportaciones directas y extraordinarias de la federación y
los estados, las cuotas o derechos de matrícula, créditos
educativos, donaciones, venta de servicios cientíFco-académicos de investigación, educación continua o permanente, préstamos Fnancieros
internacionales, contribuciones empresariales a la enseñanza e investigación, ingresos provenientes de bienes muebles e inmuebles, ingresos
provenientes de activos industriales o Fnancieros, renta de equipo cientíFco, deportivo y artístico, incremento o creación de cuotas por servicios
ofrecidos, empresas universitarias y cuotas a los sistemas incorporados.
17
Víctor Hernández Pérez,
El Fnanciamiento de la educación superior en México
, México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, LIX
Legislatura, Cámara de Diputados, 2005, p. 84.
18
R. López Zárate,
op. cit
. p. 108.
19
Ibid.
pp. 114 y 115.
Los recursos ordinarios para las universidades públicas estatales
Romualdo López, en su conocido
trabajo
El ±inanciamiento a la Edu-
cación Superior 1982-1994
, señala
que no parece existir un parámetro o
criterio claro para la participación de
la ±ederación y las entidades federa-
tivas en el Fnanciamiento a la edu-
cación superior; mientras algunas
reciben más del 50% de subsidio
estatal, en otras apenas llega el
5%.
18
Durante las décadas de 1980 y
1990, el subsidio federal mantuvo
un promedio del 67 y 68%. En los
quince años posteriores a 1980, la
participación de los estados ha os-
cilado entre el 31 y 32%. Al pare-
cer, el incremento de la educación
superior fue atendido fundamen-
talmente con recursos de la fede-
ración, sin mayor participación y
coordinación con los estados; sin
embargo, esta distribución nacio-
nal se rompe al analizar el subsidio
por institución. Para estos años,
la participación de la federación en el
presupuesto institucional registró
una proporción exactamente igual
año con año, por lo que se inFere
una asignación presupuestal inde-
pendiente al esfuerzo institucional,
bajo una política inercial, más que
equitativa y racional.
19
21
De 1972 a 1977 el subsidio fede-
ral giró en torno al criterio de “gas-
to por alumno”; a partir de 1978 se
opera bajo la plantilla del personal
universitario. Las desigualdades ge-
neradas por uno u otro modelo han
persistido con independencia de las
transformaciones o mejoras en el
desempeño institucional ocurridas
a lo largo de este período.
Para el 2006, el presupuesto fe-
deral asignado a 72 Instituciones de
Educación Superior (IES) ascendió
a más de 42 mil 200 millones de
pesos.
20
De estos recursos, el 66%
lo ejercieron tan sólo siete insti-
tucionesl del país: la Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y las univer-
sidades de Nuevo León, Guadalaja-
ra, Puebla, Sinaloa y Veracruz. En la
asignación presupuestal, destaca-
ron los recursos para la UNAM que
ascendieron a 16 mil 800 millones
de pesos (61% del presupuesto de
este grupo). Esta cantidad fue su-
perior en seis puntos porcentuales
al subsidio que recibieron 65 uni-
versidades públicas —entre ellas la
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM). En otros términos,
la Universidad Nacional recibió
el 40% del subsidio; las seis uni-
versidades de mayor asignación el
24% y las restantes IES el 34%.
No es casual la aparición de un
movimiento de rectores al inte-
rior de la ANUIES para solicitar un
mayor espacio de participación y
discusión ante el tema del Fnan-
ciamiento con las autoridades fe-
derales de los poderes Ejecutivo
y Legislativo. Como resultado, al
inicio de la década de los noventa
se creó en el seno de esta asocia-
ción el Consejo de Universidades
Públicas e Instituciones AFnes
(CUPIA).
21
En
el
ejercicio
presupuestal
2007, las 34 universidades públi-
cas estatales recibieron en pro-
medio 668.5 millones de pesos.
Sin embargo, sólo 12 de ellas se
ubicaron por arriba de esta cifra.
Las que históricamente registran
la mayor asignación presupuestal
son las universidades de Nuevo
León, Guadalajara, Puebla, Sinaloa
y Veracruz. La Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM)
recibió, a su vez, 692.6 millones
de pesos
22
ubicándose en el lugar
número 12 de la asignación, no
obstante ocupar el segundo lugar
nacional en programas educativos
(PE) reconocidos por su calidad
académica, el octavo en matrícu-
la, el noveno en personal docente
de tiempo completo y el segundo
en PE ofertados. (
Vid
. Tabla 2).
Durante el periodo 2001-2007,
las universidades estatales que más
dinero recibieron fueron las mismas.
Los primeros lugares prácticamen-
te no se movieron; la asignación
sólo varió entre las instituciones
con menos apoyos. Si bien en to-
das ellas el subsidio ordinario se
incrementa año con año, de acuer-
do a un factor de actualización,
ello en nada disminuye las brechas
existentes en el Fnanciamiento.
Este mecanismo sólo atina a repro-
ducir las diferencias y las distan-
cias de origen. (
Vid
. Tabla 3).
Respecto a la asignación del
subsidio ordinario estatal (autori-
zado inicial), se observan diferen-
cias en el compromiso que asumen
los gobiernos locales para Fnanciar
el desarrollo de sus sistemas educa-
tivos. En 2006 la Universidad Autó-
noma del Estado de México recibió
970.2 millones de pesos y se ubi-
có en cuarto lugar. Resalta que el
mayor apoyo Fnanciero para esta
universidad provino del gobierno es-
tatal y que cada vez aumenta más
la diferencia que mantiene con la
aportación de su homólogo federal.
(
Vid
. Tabla 4).
Como se observa, las universi-
dades con mayor monto asigna-
do son aquellas que también se
encuentran en los primeros lu-
gares de asignación del subsidio
federal, como las universidades
de Guadalajara, Veracruzana y de
Nuevo León. Sin embargo, las di-
ferencias son notorias respecto a
la demanda potencial que consti-
tuye la población de 20 a 24 años
de edad. En el 2005, de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informá-
tica (INEGI), había en México 9
20
Universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades tecnológicas, universidades públicas estatales con apoyo
solidario (upeas) y otras instituciones.
21
R. López Zárate,
op. cit
., p. 83.
22
La asignación inicial fue de 633 millones de pesos.
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
22
millones de personas en este rango
de edad. Las entidades federativas
con mayor porcentaje de población
en esta categoría son el Estado de
México, el Distrito Federal, Jalis-
co y Veracruz.
23
(
Vid
. Tabla 5).
Aunque el Distrito Federal re-
gistra la segunda demanda más
alta de educación superior, habría
que recordar, sin embargo, que
hasta antes de la reforma al ar-
tículo 22° constitucional, recien-
temente aprobada en la Cámara
de Diputados del Congreso de la
Unión, esta entidad federativa no
erogaba
recurso
presupuestario
alguno. Por otro lado, el gobier-
no del Estado de México destinó
para el 2007 el 34% del total de
sus participaciones netas al sos-
tenimiento del sistema educativo
estatal. Es importante referir que
el Estado de México eroga de for-
ma directa un gasto en educación
de una proporción mayor a cual-
quier otra entidad, producto de la
inequidad que existe en la asig-
nación presupuestal por parte del
gobierno federal. El presupuesto
que se destina dentro del ramo 33,
sin considerar los recursos que pro-
ceden de los fondos federales para
la educación, equivale al 49% del
total de las participaciones federa-
les que le corresponden a la enti-
dad, monto que representa el 48%
del gasto público total destinado a
la educación del Estado.
24
La competencia por el subsidio extraordinario
A partir de la década de los no-
venta, el gobierno federal puso en
marcha programas especí±cos pa-
ra otorgar recursos concursables
25
adicionales al subsidio de las IES
públicas. Estos programas impli-
carían un cambio fundamental en
la relación entre el Estado y las
instituciones de educación supe-
rior al establecer, por una parte,
mecanismos para la transmisión
de recursos extraordinarios con el
±n de contribuir al fortalecimiento
de las condiciones para el trabajo
académico y de investigación. De
esta manera, se alentaron la am-
pliación de instalaciones, el desa-
rrollo de sistemas administrativos,
el mejoramiento de la infraestruc-
tura de cómputo y de las comuni-
caciones así como la creación de
bibliotecas, talleres, centros para
el aprendizaje de lenguas y labo-
ratorios. Por la otra, introduciendo
un esquema de rendición de cuen-
tas
(
accountability
)
—cuidando
respetar la autonomía de las mis-
mas— con el que administraría el
subsidio extraordinario y evitaría
una distribución indistinta de los
recursos hacia las universidades.
Sin embargo, aunque estos recur-
sos resultaron fundamentales para
apoyar los esfuerzos por ampliar
la capacidad institucional y mejo-
rar la calidad académica, su im-
pacto en los procesos de innova-
ción y desarrollo aún no se ob-
serva con claridad. Lo anterior, no
sólo por la insu±ciencia que ta-
les recursos representan ante los
rezagos y problemas que advier-
ten las instituciones, sino también
por lo irregular de estas asignacio-
nes lo que las coloca en la incer-
tidumbre ±nanciera rompiendo la
continuidad de los proyectos de
desarrollo y agudizando las dife-
rencias entre ellas, pues las capaci-
dades entre una y otra institución
de origen no son homogéneas y en
la competencia por tales recursos
pierden quienes más rezagos ad-
vierten.
23
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
XII Censo General de Población y Vivienda 2000
, México, (INEGI), 2001.
24
Poder Ejecutivo Estatal,
Presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México
2005
25
Como el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD)
en 1996; el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en el 2001; los Proyectos de Investigación Cientí±ca Básica (PICB), el Pro-
grama Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) y el Programa de Ampliación de la Oferta de Educación Superior (PAOES) en el 2002.
23
En la perspectiva de los recur-
sos PIFI,
26
desde 2001 que inició el
programa hasta 2006, se han otor-
gado 6 mil 900 millones de pesos
a proyectos elaborados por las IES
públicas. De ese monto, sólo se
asignaron 3 mil millones aproxima-
damente a nueve de las 34 IES (la
UAEM se ubica en la décimo prime-
ra posición de asignación con 290.3
millones de pesos distribuidos en
85 proyectos apoyados).
Este panorama evidencia que
las universidades con los apoyos
extraordinarios más altos son las
que presentan un considerable nú-
mero de proyectos; por citar un
ejemplo: en el periodo 2002-2006,
por cada proyecto autorizado para
la Universidad del Carmen, la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León
registró once y por cada peso asig-
nado a la primera, ésta recibió trece.
Esto signifca que las di±erencias
en la capacidad institucional, y por
tanto en el acceso a recursos, son
muy signifcativas.
Las di±erencias también se ob-
servan entre las IES que reciben
el mayor benefcio económico; si
seleccionamos a las universidades
públicas autónomas que han ob-
tenido los recursos extraordinarios
PIFI más altos, podemos notar
que las universidades de Yucatán,
Nuevo León, Baja Cali±ornia, Gua-
dalajara y Sonora se han ubicado
dentro de los diez primeros lugares
en las seis convocatorias del pro-
grama. Por su parte, las de Hidalgo y
San Luís Potosí se han ubicado en
cinco convocatorias y en cuatro
emisiones las de Colima, Puebla y
la Veracruzana, dentro de las diez
más benefciadas, y las Universi-
dades de Cd. Juárez y Sinaloa han
entrado a este grupo en dos y tres
ocasiones respectivamente; mien-
tras, Coahuila sólo lo ha hecho en
una única ocasión, en el 2001.
La Universidad Autónoma del Es-
tado de México, a su vez, se ubicó
dentro de las diez más benefciadas
—noveno lugar en 2005 y 2006—
sólo en dos emisiones del PIFI. Sin
embargo, al término del periodo
2001-2006, ocupa la posición núme-
ro 11 por el monto total obtenido.
Si bien los esquemas de fnan-
ciamiento a la educación superior
por parte del gobierno se diversif-
can, la generalización de criterios
mantiene la tendencia a benefciar
a las universidades que han reci-
bido más recursos descuidando a
aquéllas que se encuentran en pro-
ceso de consolidar su nivel acadé-
mico. (
Vid
. Tabla 6).
La UAEM, aun cuando en las
seis convocatorias del PIFI ha reali-
zado una planeación participativa
y ha atendido los requerimientos
exigidos por la Federación a través
de sus programas, su alcance por as-
pirar a una mayor asignación conti-
núa siendo limitado pues no fgura
siquiera entre las diez universidades
de mayor fnanciamiento. Aunque se
han destinado recursos crecientes a
la UAEM, éstos no han sido en la
proporción requerida para alcanzar
las metas propuestas en los PIFI; ade-
más, se han visto menguados por el
manejo discrecional los subejercicios y
recortes presupuestarios en aras de
privilegiar lo urgente por encima
de lo prioritario y lo estratégico.
26
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Este mismo sustituyó a los recursos otorgados por el Fondo para la Modernización de la
Educación Superior (FOMES).
Conclusiones
La Fortaleza de la Unidad y la Diversidad
Los recursos fscales limitados, la
iniquidad en la asignación del sub-
sidio y los actuales e±ectos de la
globalización económica, limitan
la plena realización de la educa-
ción superior como “un medio es-
tratégico para acrecentar el capital
humano y social de la nación y la
inteligencia individual y colectiva
de los mexicanos; para enriquecer
la cultura con las aportaciones de las
humanidades, las artes, las ciencias y
las tecnologías y para contribuir
al aumento de la competitividad
y el empleo requeridos en la eco-
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
24
nomía basada en el conocimiento.
Es también factor para impulsar el
crecimiento del producto nacional,
la cohesión y la justicia social, la
consolidación de la democracia y
de la identidad nacional basada en
nuestra diversidad cultural, así co-
mo para mejorar la distribución del
ingreso de la población.”
27
Aunque este sea un propósito
inalcanzable plenamente, nada limi-
ta el sostenimiento y diversiFcación
de los esfuerzos por alcanzarlo. Has-
ta ahora, los modelos de Fnancia-
miento —incrementalista y basado
en el desempeño— no han con-
templado las necesidades de di-
versa composición y magnitud que
tienen las instituciones de educa-
ción superior y cuya solución las
pondría en mejor condición para
contribuir, desde su misión y per-
Fl, en un solo proyecto de nación.
La capacidad de gestión y el ac-
tual esfuerzo por cubrir indicado-
res de desempeño académico
28
son
las estrategias de sobrevivencia en
la competencia por los recursos del
Fnanciamiento público.
Las IES comparten propósitos
y rasgos de funcionamiento que
permiten su agrupación y tratamien-
to como el régimen jurídico (uni-
versidades públicas autónomas,
federales o estatales; instituciones
dependientes del Estado; institucio-
nes privadas libres e instituciones
privadas reconocidas por la SEP;
gobiernos de los estados o los or-
ganismos descentralizados del Es-
tado) o el tipo de oferta educati-
va (subsistemas universitario, tec-
nológico, universitario-tecnológico
y de educación normal). No obs-
tante la fuerte heterogeneidad de
las instituciones de educación su-
perior,
29
ya sea por factores de ca-
rácter normativo y organizativo
30
o
los concernientes a múltiples ele-
mentos internos y externos del de-
sarrollo institucional
31
, éstas dejan
al descubierto la inequidad del tra-
tamiento único que han sostenido
los modelos de Fnanciamiento. Las
tipologías que contribuyen a pre-
cisar las características y necesida-
des de cada una y a propiciar una
mejor comprensión de los fenóme-
nos que se producen dentro y fuera
de ellas —así como a deFnir polí-
ticas y estrategias adecuadas para
su desarrollo y consolidación co-
mo la aprobada desde 1998 por la
ANUIES—
32
simplemente han que-
dado en el olvido.
Ante la problemática de la esca-
sez de fondos para la educación su-
perior y la carencia de una política
de Fnanciamiento sostenido y cre-
ciente que otorgue viabilidad a los
objetivos de desarrollo y mejora-
miento, es necesario construir nuevos
argumentos, criterios, direcciones,
recomendaciones y formas de coor-
dinación y cooperación que mejoren
la objetividad, veracidad y equidad
en la asignación y distribución de
los recursos Fscales.
27
SEP,
op. cit
., p. 183.
28
Los sistemas de indicadores han sido bien vistos tanto por funcionarios como por miembros de la comunidad académica como soporte de las
pruebas deFnitivas del éxito de un programa o institución. Se exige a la evaluación más de lo que puede dar; la evaluación no es una demostra-
ción cientíFca o una prueba matemática. Pero incluso, éstas, como la evaluación, son fundamentalmente actos de persuasión. Los enunciados
cientíFcos nunca pueden ser ciertos, sólo pueden ser más o menos creíbles. Y la credibilidad es un término que pertenece a la psicología del
individuo, es decir, una palabra que sólo tiene sentido con respecto a un observador particular. Decir que una proposición es creíble es, en
último término, decir que una persona, con libertad para no creerla, la cree, o sea, que un observador, tras ejercitar el juicio y (posiblemente)
la intuición, opta por aceptar la proposición como digna de ser creída.
Vid
. Ernest R. House,
Evaluación, ética y poder,
Madrid, Ediciones Morata,
1997, p. 69.
29
Magdalena ±resán Orozco y Huáscar Taborga Torrico,
Tipología de las instituciones de educación superior,
México, Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior, 2000 (Colección Documentos).
30
Como lo pueden ser las diferencias por el estatus jurídico o el régimen legal de la institución (pública, particular, autónoma, no autónoma,
federal, estatal, etc.); la naturaleza institucional expresada en su razón social (universidades, institutos tecnológicos, de educación normal,
otras); la oferta educativa (de amplio o de reducido espectro); el nivel educativo de los programas que conforman su oferta de estudios (edu-
cación media superior y licenciatura, exclusivamente licenciatura, licenciatura y posgrado, exclusivamente posgrado); la forma de organización
académica (facultativa, departamentalizada, matricial, en
campus
o unidades, etc.) y el tamaño de la matrícula que puede tener un rango muy
amplio.
31
Relativos a las autoridades, a los académicos, a los alumnos, a los recursos económicos disponibles y a las características del entorno social,
político y económico de la entidad.
32
M. ±resán Orozco y H. Taborga Torrico,
op. cit.
25
Reflexiones para una política de Estado en educación superior
33
Javier Mendoza Rojas,
Problemas y desafíos en la planeación,
México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), 1995, p. 22.
34
Francisco Segrera López
et al
,
América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Perspectiva y prospectiva de la globalización
México, Miguel Ángel
Porrúa, 2004, pp. 17 y 37.
35
Ibid.
, p. 57.
36
Ibid
., p. 137.
37
Ibid.
, p. 350.
38
Ibid.
, p. 369.
39
Ibid.
, p. 388.
40
J. Mendoza Rojas,
op. cit
., p. 20.
41
Ibid
., pp. 21 y 22.
42
Poder Ejecutivo Federal,
op. cit
.
Ante la profunda desigualdad
existente en nuestro país en ma-
teria de desarrollo económico, social
y educativo, la educación superior
no debe regular su funcionamien-
to con predominio de valores eco-
nomicistas o gerenciales sobre los
académicos. La equidad y el desa-
rrollo sostenido deben ser los cri-
terios orientadores básicos de una
política nacional en tanto que la
calidad de proyectos universita-
rios se dejaría en manos de los
actores locales.
33
El objeto de la política nacio-
nal para la educación superior debe
ser la construcción del futuro, del
futuro deseable y factible, donde
todos los actores proyecten sus
expectativas y esperanzas y no
sólo las prioridades e intereses de
quienes ostentan mayores cuotas
de poder.
34
Entre los criterios de esta polí-
tica han de ±gurar la intención de
subrayar el carácter instrumental
de la economía para recuperar la
educación superior como servicio
público, la tarea conjunta entre
IES, sociedad civil y Estado
35
y la
reinstalación de principios éticos
en los mecanismos de ±nancia-
miento, coordinación, regulación
y cooperación.
La política habrá de ser integral,
con visión de largo plazo, pero con
acciones inmediatas que permi-
tan superar las condiciones y cri-
sis coyunturales así como la era de
la información y el consumismo
en la educación;
36
deberá, asimis-
mo, promover la integración del
conjunto de IES y otorgar mayor
sentido a la inversión, transfor-
mación y mejora de una educa-
ción superior de calidad y para
todos.
37
Una política que aliente
la más alta pertinencia de la edu-
cación superior para un desarrollo
con justicia social y no sólo pa-
ra la integración a los mercados
globales
38
y coadyuve a mantener
la responsabilidad del Estado, en
colaboración con la sociedad ci-
vil y los actores de la educación
superior, como máxima autoridad
normativa de la política educativa
nacional.
39
Una política que regu-
le la descentralización del ±nan-
ciamiento para la operación de las
universidades con la mayor parti-
cipación de los gobiernos estatales
pero sin injerencia en la determi-
nación de las políticas internas;
40
que asegure el sostenimiento del
servicio público educativo de la
universidad
pública
y
controle
el proceso de privatización de la
educación superior.
41
Finalmente,
una política que fortalezca el com-
promiso adquirido para el ±nan-
ciamiento a la educación superior
en los artículos 21° de la Ley pa-
ra la Coordinación de la Educación
Superior y 25° de la Ley General
de Educación,
42
por los poderes
Ejecutivo y Legislativo, la inicia-
tiva privada, las universidades y
la sociedad civil.
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
26
La pregunta es pertinente en
tanto que en los últimos dos
años, dado el creciente activismo
de diputados del nivel federal y
en los estados, es necesario argu-
mentar sobre el tipo y la profun-
didad de las relaciones que por el
bien de la educación deberán es-
tablecerse.
No hay que dejar de conside-
rar que cualquier relación de au-
toridades universitarias con otras
organizaciones externas pasa por
el respeto a la autonomía; la rela-
ción universidad– congresos no es
la excepción. Analicemos la opor-
tunidad de la gestión de recursos
por diversos actores, la capacidad
jurídica de las universidades pa-
ra relacionarse y la rendición de
cuentas vía auditorías.
43
José María Serna de la Garza,
El marco jurídico de las universidades públicas autónomas
, 3 de octubre de 2005, en http://bibliojuridica.org
44
“Sesión Solemne de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”…
op. cit
.
¿
Por qué incrementar la relación universidades-congresos, federal y local
?
La pluralidad como realidad nacional
Un gran número de autores que
han escrito sobre la sociedad actual
y sus relaciones señalan la existen-
cia de un número cada vez mayor de
actores sociales que intervienen en
una gama de relaciones muy diver-
sas, constituyendo una intrincada
red social de gestores y promotores
de sus propios intereses, legítimos
o no, que negocian la obtención de
los valores deseados con un número
fragmentado de autoridades guber-
namentales y no gubernamentales
(poliarquías).
En México y en el sector educa-
tivo superior, esto se identiFca con
las relaciones crecientes entre rec-
tores, entre rectores y autoridades
educativas y, más recientemente,
entre rectores y legisladores. Rela-
ción natural y lógica en los tiem-
pos de la pluralidad. Relación que
no debe sorprender ni considerarse
perniciosa. Debemos todos anali-
zarla como un encuentro digno de
los tiempos entre legisladores, au-
toridades educativas y universida-
des. El propósito es el mismo para
todos: obtener un número mayor de
recursos para la educación y mejo-
rar la educación que se brinda. Lo
importante es no disminuir la rele-
vancia ni degradar las funciones de
ningún participante sea éste auto-
ridad educativa federal (SEP), autori-
dad local, legisladores o rectores y
directivos de las IES.
Esta nueva relación, coordinada,
habrá de favorecer un mayor conoci-
miento de los congresos respecto a
las universidades y un compromiso
compartido por su pleno desarrollo.
Capacidad jurídica para su “relacionamiento”
Las universidades públicas, por
normatividad, no tienen limitante
alguna para promover y sostener
esta relación. Como organismos
descentralizados
con
personali-
dad jurídica propia y autonomía
técnica, pueden sostener relacio-
nes jurídicas a título propio con
los poderes del gobierno federal
y estatal y sus dependencias; su
operación no puede inscribirse en
las reglas de gestión administrati-
va y Fnanciera que aplican en los
organismos centralizados y des-
centralizados del Estado. Los al-
cances de esta autonomía están
determinados por la propia ley or-
gánica del organismo descentrali-
zado de que se trate.
43
Esta nueva relación entre las
universidades y los poderes del
Estado deberá aprender de las do-
lorosas lecciones desprendidas de
las luchas y avatares por la au-
tonomía: discrepar es una prerro-
gativa de la inteligencia, no un
pretexto para la violencia; coin-
cidir es un privilegio de la razón,
una consecuencia de la libertad,
no de la subordinación. Esta re-
lación debe dar cabal respeto a la
naturaleza crítica de la universi-
dad por parte del Estado, pues la
crítica, lejos de menguar la rela-
ción, la fortalece.
44
27
Se trata de una relación entre las
universidades y el Estado que forta-
lezca el respeto mutuo. Por un lado,
el respeto para los mandatos legales
de carácter general que rigen a la so-
ciedad mexicana y, por otro, el respe-
to a las formas de organización y go-
bierno de las universidades y a sus li-
bertades de cátedra, de investigación
y de creación. Pero también esta rela-
ción debe evolucionar para compartir
compromisos y responsabilidades, la
primera de ellas, la respuesta al le-
gítimo anhelo de la sociedad —a la
que nos debemos— porque los servi-
cios que recibe de ella sean cada vez
de mayor calidad y para beneFcio de
más amplios sectores.
45
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Restricciones de la Fnanciación”, en
Documento de
política para el cambio y el desarrollo en la educación superior
, París, UNESCO, 1995, p. 3.
46
“El gobierno instauró sistemas de Fjación de becas e ingresos, asimilables a salarios para los académicos, con presupuestos ajenos a los
dispuestos por el Congreso de la Unión para la universidad pública. En efecto, el Ejecutivo propició, por medio de organismos como el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la creación de un sistema paralelo de otorgamiento
de recursos para las universidades y de retribución del trabajo académico. Este sistema es ajeno a las leyes vigentes sobre la autonomía uni-
versitaria e ignora los preceptos constitucionales y los establecidos por la Ley ±ederal del Trabajo, originado así grandes diferencias salariales
por el mismo trabajo académico. La ley laboral establece que a trabajo igual corresponde salario igual, en la medida en que el nivel académico,
la jornada y las condiciones laborales en que se desempeña el trabajador académico sean también iguales. Las diferencias salariales entre
trabajadores académicos deben corresponder también a diversas categorías académicas en cuyo caso se justiFca la diferencia salarial por el
mismo trabajo. El Fnanciamiento que las diferentes agencias gubernamentales mencionadas otorgan selectivamente a las universidades públicas
autónomas y las diferencias salariales que propician entre académicos, deforman de facto el sistema legal vigente”.
Vid
. Javier Torres P.,
et al
,
“Autonomía y Fnanciamiento de la universidad moderna de México. Documentos y testimonios”, en
Cuadernos del CESU
, n° 42, 2003, México,
Universidad Autónoma del Estado de México, p. 116.
47
Renate Marsiske Schulte., “Historia de la autonomía universitaria en América Latina”, en
Perfles Educativos
, tercera época, volumen XXVI, n°
105-106, 2004, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México.
El sentido de las auditorías como rendición de cuentas
Otra responsabilidad, ineludible,
es con la rendición de cuentas so-
bre los recursos públicos que el Es-
tado nos asigna y que provienen de
la sociedad a la que nos debemos.
La UAEM ha sido de las primeras uni-
versidades cuyos estados Fnancieros
fueron examinados por la Auditoría
Superior de la ±ederación. Asimis-
mo, las auditorías que año tras año,
por propia normatividad, realizan a
nuestra universidad Frmas inde-
pendientes bajo dictamen previo
del Consejo Universitario, conFrman
nuestra convicción y compromiso por-
que estas prácticas, lejos de atentar
contra la autonomía, aumentan
la conFanza de la sociedad.
Esta relación, bajo una estructu-
ra permanente, abierta y transparente
de diálogo, reflexión, análisis, discu-
sión y cooperación entre los legis-
ladores y los responsables de las
universidades, favorecerá la distri-
bución de recursos tanto a partir
de criterios de política educativa
y Fnanciera como de prioridades
estatales e institucionales. En es-
te ámbito, no deberán ser factor
principal de gestión los estrechos
conceptos de recuperación de cos-
tos, búsqueda de Fnanciamiento
sustitutivo o de economías por
rendimiento interno. Los centros de
educación superior, sea cual fuere
su régimen normativo, tienen un
cometido de índole principalmen-
te público.
45
Esta relación para la gestión de
fondos especiales no habrá de inhibir
la participación de la SEP y la ANUIES
en la determinación de los recursos
para fondos generales, en la de-
Fnición de los criterios y reglas de
operación y en los criterios y mecanis-
mos para la planeación y evaluación
del sistema de educación superior.
El reto es construir una relación
con el Poder Legislativo que pro-
mueva la cooperación, franca, dis-
puesta y comprometida, en tareas
delicadas como la inaplazable actua-
lización de la legislación en materia
de educación superior y posgrado y
la elaboración de una Ley de Edu-
cación Superior. Una relación que
permita abordar los delicados pro-
blemas en torno a la autonomía
46
en sus esferas de autogobierno,
academia y Fnanciamiento.
47
Recibido el 23 de enero del 2006
Aceptado el 22 de mayo del 2006
Sociedad y Política: México hoy
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
28
Fuentes: Subsidio federal: Aspectos Financieros 2006. Subsecretaria de Educación Superior. http://ses4.sep.gob.mx/if/f2.htm.
PTC: La mejora de la calidad de las Universidades Públicas en el periodo 2001-2006. Subsecretaria de Educación Superior.
Matrícula y PE: ANUIES. Anuario estadístico de Técnico Superior Universitario y Licenciatura, 2004.
Tabla 2
Gasto por alumno y por nivel educativo (2003)
(Dólares estadounidenses)
País
Primaria
Secundaria
Superior
Francia
4,939
8,653
7,330
Alemania
4,624
7,173
7,282
Japón
6,350
7,238
m
Inglaterra
5,851
7,290
9,130
Estados Unidos
8,305
9,590
21,566
Dinamarca
7,814
8,183
10,190
España
4,829
6,418
6,563
Promedio OCDE
5,450
6,962
8,093
México
1,656
1,918
4,998
Tabla1
Asignación de subsidio federal ordinario 2007
No.
Institución
Abs.
%
Matrícula
PE
PTC
1
U.A. de Nuevo León
2,175,875,549
9.6
65,880
91
1,788
2
U. de Guadalajara
1,861,826,116
8.2
71,286
74
2,899
3
U.A. de Puebla
1,657,428,887
7.3
43,439
76
1,822
4
U.A. de Sinaloa
1,555,562,456
6.8
43,874
75
1,251
5
U. Veracruzana
1,151,601,453
5.1
47,839
104
1,650
6
U.A. de Tamaulipas
987,031,031
4.3
37,985
94
1,058
7
U.A. de Yucatán
854,338,156
3.8
10,630
29
718
8
U.A. de San Luís Potosí
853,641,250
3.8
20,315
48
688
9
U. Mich. San Nicolás Hgo
797,962,463
3.5
36,135
38
955
10
U.A. de Guerrero
766,491,360
3.4
22,416
43
856
11
U.A. de Baja California
724,070,016
3.2
32,532
66
1,006
12
U.A. del Edo. de México
692,618,488
3.0
34,389
126
918
13
U. de Colima
662,435,115
9.6
10,758
87
456
14
U.A. de Zacatecas
604,876,896
8.2
15,014
30
860
15
U.A. de Coahuila
593,237,838
7.3
21,674
75
554
29
Lugar que ocupan las IES de mayor asignación presupuestal, 2001–2005
Institución
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
U. A. Nuevo León
1
1
1
1
1
1
1
U. de Guadalajara
2
2
2
2
2
2
2
U. A. de Sinaloa
3
3
3
3
3
4
4
U. A. Puebla
4
4
4
4
4
3
3
U. Veracruzana
5
5
5
5
5
5
5
U. Michoacana
8
8
8
8
9
11
6
U. A. de Guerrero
9
10
10
10
10
8
10
U. A. de Baja California
11
11
11
11
11
12
11
UAEM
13
13
13
13
13
6
12
Nota: del 2001 al 2003 se considera el presupuesto ejercido; 2004 corresponde a la asignación inicial, 2006 precierre y 2007 au-
torizado inicial.
Sociedad y Política: México hoy
Tabla 3
Asignación del subsidio estatal ordinario 2006 [precierre]
No.
Institución
Monto Asignado
1
U. de Guadalajara
2,586,373.0
2
U. Veracruzana
1,208,974.7
3
U. A. de Nuevo León
1,198,143.1
4
U. A. del Estado de México
970,250
5
U. A. de Tamaulipas
601,635.7
6
U. A. de Baja California
540,619.9
7
U. A. de Coahuila
530,698.1
8
U. de Sonora
413,277.6
9
U. A. de Puebla
386,189.3
10
U. Michoacana de Sn. Nicolás Hgo.
326,431.2
11
U. de Guanajuato
284,865.8
Tabla 4
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
30
Entidades federativas con mayor población
de 20-24 años, 2005
Población 20-24
% de Población
años
20-24 años
Estados Unidos Mexicanos
8,964,629
100.0
Estado de México
1,250,151
13.9
Distrito Federal
765,641
8.5
Jalisco
601,671
6.7
Veracruz
582,248
6.5
Puebla
474,429
5.3
Guanajuato
425,409
4.7
Chiapas
383,455
4.3
Nuevo León
381,072
4.3
Michoacán
332,440
3.7
Oaxaca
281,999
3.1
Tabla 5
Tabla 6
Distribución de recursos extraordinarios PIFI 2001 – 2006
(Miles de pesos)
Institución
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PIFI 2001-2006
PIFI 1.0
PIFI 2.0
PIFI 3.0
PIFI 3.1
PIFI 3.2
PIFI 3.3
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
PA
Pos. Final
Monto Total
U.A. de Yucatán
5
3
2
1
3
2
111
1
389,928.53
U.A. de Nuevo León
2
8
5
3
1
1
166
2
387,137.36
U.A. de Baja California
8
7
6
4
2
3
84
3
364,971.21
U. de Guadalajara
10
2
8
5
4
5
91
4
350,566.73
U. de Sonora
7
5
3
7
5
6
108
5
346,215.20
U.A. de Hidalgo
13
10
10
6
6
7
85
6
320,090.10
U.A. de San Luis Potosí
4
1
1
2
-
4
117
7
318,316.79
U. de Colima
3
13
12
8
7
8
118
8
317,012.19
B.U.A. de Puebla
1
4
7
12
11
10
65
9
315,190.55
U. Veracruzana
14
6
4
10
10
11
150
10
301,518.26
U.A. del Edo. de México
12
14
13
11
9
9
85
11
290,351.22
U.A. de Sinaloa
9
9
9
18
18
16
130
12
241,180.78
U.A. del Carmen
33
34
34
30
34
25
15
34
28,053.12
1,078,694.5 1,274,766.6 1,289,347.1
1,135,161.7
Monto 34 UPE’s
.5
.6
.1
.7 1,113,106
1,043,252
6,934,327.83
PA: Proyectos Apoyados
Nota: El lugar que ocupa en esta tabla cada IES, es con referencia al monto total recibido en el PIFI en el periodo 2001-2006;
Pos.: Posición en que se ubicaron las UPEs para cada emisión del PIFI.
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