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Cuestiones contemporáneas
97
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México
Año LVII, núm. 215, mayo-agosto de 2012, pp. 97-114, ISSN-0185-1918
El rol de los actores con poder de veto informal en la determinación
del gasto social en la Argentina post-neoliberal (2002-2008)
E
MILIANO
L
ÓPEZ
*
Recibido el 23 de febrero de 2012
Corregido el 11 de abril de 2012
Aceptado el 16 de abril de 2012
Resumen
El presente trabajo analiza la importancia de los acto-
res con poder de veto informal para la determinación
de algunas políticas públicas en Argentina luego de la
crisis del modelo neoliberal. En particular, se realiza
una relectura de los modelos estándar de actores con
poder de veto para incorporar a los movimientos de
desocupados que surgieron en Argentina en el pe-
ríodo de consolidación y crisis del neoliberalismo.
Asimismo, se analiza empíricamente la capacidad de
estas nuevas organizaciones para modificar el
statu
quo
de las políticas de gasto público social.
Palabras clave:
George Tsibilis, jugadores con veto,
jugadores informales, gasto público social, organi-
zaciones de desocupados, Argentina.
Abstract
The actual work discusses the importance of informal
veto players for the determination of some public po-
licies in Argentina after the neoliberal model crisis.
In particular, it realizes a new lecture of standard
models of actors with veto power to incorporate
unemployed movements that emerged in Argentina in
a period of consolidation and crisis neoliberalism. It
also evaluate the capacity of these new organizations
to act in pursuit of modifying the status quo of the
social expenditure policies.
Key words:
George Tsibilis, veto players, informal pla-
yers, social expenditure, unemployed organizations,
Argentina
B
*
Universidad Nacional de La Plata (
UNLP
), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (
IDICHS
), Calle 48 e/6 y 7
(1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Doctorando en Ciencias Sociales por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(
CONICET
) y profesor de la
UNLP
. Sus
principales líneas de investigación son políticas sociales y laborales en la Argentina, pobreza, modelos económicos de desarrollo y neode-
sarrollismo.
E-mail: emiliano_lopez@speedy.com.ar
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México
Año LVII, núm. 215, mayo-agosto de 2012, pp. 97-114, ISSN-0185-1918
L
a literatura sobre jugadores con poder de veto
para analizar las posibilidades de cambio de la
política pública, ha tomado relevancia como un
enfoque analítico que permite dar cuenta de las difi-
cultades (facilidades) de llevar a cabo nuevas polí-
ticas en contextos en los cuales se requiere el com-
promiso de más de un actor para tomar la decisión.
De acuerdo a Tsebelis “[…] los jugadores con poder
de veto son actores individuales o colectivos cuyo
consenso es necesario para un cambio del
statu quo
”.
1
En este sentido, los jugadores con veto pueden lograr
que un cambio en la política pública se realice o se
impida dependiendo de sus preferencias o aversiones
políticas.
Una variedad de estudios sobre esta materia se
ha llevado a cabo para el caso de América Latina.
2
Sin embargo, en la mayoría de los trabajos sobre el
tema se ha centrado el interés en un tipo particular
de actores: aquéllos cuyo poder de veto proviene del
diseño institucional. Es así que se ha prestado aten-
ción al poder de veto presidencial y a las posibilidades
condicionales de fijar la agenda por parte del Ejecu-
tivo en los países de la región, así como a los límites
que pueden encontrar los sistemas presidencialistas
en las coaliciones parlamentarias para modificar el
estado en el que se encuentran ciertas políticas,
entre otros temas relevantes.
Si bien estos aspectos resultan de importancia
para analizar el tipo de políticas públicas que pueden
ser modificadas y cuáles permanecen invariables por
la interacción de los distintos actores con poder de
veto, los jugadores informales en Latinoamérica
–tales como sindicatos, burocracias de aparatos
estatales específicos, movimientos sociales y entida-
des religiosas, entre otros– parecen poseer en ocasio-
nes la capacidad de imponer temas de agenda o bien
de rechazar cambios de política que no estén alinea-
dos con sus preferencias, en especial en ocasiones
de coyunturas globales como lo es, por ejemplo, el
caso del neoliberalismo.
En efecto, la crisis de esta corriente –como forma
político-económica que logró consolidarse de manera
hegemónica en los años noventa– fue acompañada
del surgimiento de gran número de movimientos
sociales –tales como las organizaciones de desocupa-
dos y la Central de Trabajadores de la Argentina (
CTA
),
entre otras– que impulsaron una serie de importantes
reclamos en lo referente a políticas de gasto público
social. En un contexto de desempleo masivo, pobreza
en niveles ampliamente superiores a los que el país
presentaba en décadas previas y una exclusión de
amplios sectores sociales de la vida política, dichas
demandas de incrementos del gasto público social
impulsadas por las nuevas organizaciones sociales
obtuvieron una legitimidad sin precedentes.
Por ello, en el presente trabajo, se analiza la in-
fluencia de los ‘nuevos’ movimientos sociales
3
en la
modificación del equilibrio de una serie de políticas
de gasto público social en Argentina en el contexto
post-crisis económica, política y social de 1998 al
2001. Asimismo, se examina el rol que cumplieron las
organizaciones de trabajadores desocupados como
actores con veto clave para la realización de las nue-
vas políticas de gastos sociales más universales.
Para llevar a cabo este objetivo, la investiga-
ción se divide en cinco secciones en las que: 1) se
Introducción
1
George Tsebelis,
Veto Players: How Political Institutional Work
, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 27.
2
Aníbal Pérez-Liñán y Juan Carlos Rodríguez Raga, “Veto Players in Presidential Regimes: Institutional Variables and Policy Change”
,
en
Revista de Ciencia Política
, vol. 29, núm. 3, 2009; G. Tsebelis y Eduardo Alemán, “Poderes de agenda condicionales en América Latina”, en
POST-data. Revista de Reflexión y Análisis Político
, núm. 12, agosto de 2007.
3
Aquí se utiliza la noción de nuevos movimientos sociales para el caso de América Latina como aquéllos que surgen en los años 60 y
se consolidan a través de su oposición a los proyectos neoliberales de la región. Específicamente en Argentina, una serie de movimientos
sociales de nuevo cuño se configuraron desde las resistencias populares gestadas en la década de 1990.
Vid
. Maristella Svampa y Sebastián
Pereyra,
Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras,
Buenos Aires, Biblos, 2003.
Cuestiones contemporáneas
99
introducen los objetivos del trabajo; 2) se presentan
sintéticamente las nociones clave de los modelos de
jugadores con veto como herramientas para el aná-
lisis de la estabilidad de las políticas públicas; 3) se
dilucidan, para el caso argentino en el período post-
neoliberal, qué límites puede tener la perspectiva
de actores con poder de veto para el estudio de los
cambios en las políticas sociales ante la emergencia
de organizaciones sociales que han imputado las polí-
ticas de gasto público social de los años noventa;
4) se realiza una aproximación empírica del modelo
de jugadores con veto para el caso argentino, in-
corporando los movimientos sociales como actores
informales, además de los jugadores partidarios,
4
para encontrar los determinantes de la composición
del gasto público social; 5) se presentan algunas
conclusiones preliminares de la investigación.
El modelo estándar de jugadores con veto y sus principales resultados
El concepto de jugadores con veto es relativamente
‘joven’ al interior de la ciencia política moderna. Como
señalan ciertos autores,
5
pueden rastrearse algunas
nociones que se refieren a la capacidad de modificar/
mantener las políticas públicas en décadas previas,
pero el desarrollo del término
jugadores con veto
apa-
rece por primera vez en la obra de Tsebelis. De esta
manera, el modelo que se toma aquí como referencia
es el que dicho autor presenta en su libro
Veto Player´s:
How Political Institutional Work
.
6
En este texto de referencia, el politólogo griego
presenta un modelo para analizar la estabilidad po-
lítica con base en criterios de cantidad y distancia,
ideológica, de los jugadores con poder de veto. Éstos
son identificados por sus puntos ideales de preferen-
cias políticas en un mapa de curvas de indiferencia
circulares. Sin embargo, la política que concretamente
se está aplicando no se corresponde necesariamen-
te con el punto ideal de un jugador con poder de veto.
Por ello, Tsebelis propone un punto de
statu quo
(
SQ
)
que representa la ubicación espacial de la política
pública realmente aplicada por el actor institucional
que toma la decisión. Este esquema le permite definir
un par de conceptos relevantes a los fines de explicar la
estabilidad política. El primero de ellos es el
conjunto
ganador del statu quo
. Dicho conjunto está determi-
nado como todo el set de políticas que puede derrotar
–dadas las preferencias de los jugadores con veto– a
la política corriente (
SQ
). El segundo es el
núcleo o
Conjunto de Pareto
que representa el área de políticas,
o conjunto de políticas, que no pueden ser derrotadas
por ningún otro punto fuera de dicha área.
7
Una vez presentados estos dos conceptos, el ca-
tedrático de la Universidad de Michigan destaca dos
indicadores que permiten dar cuenta de la estabilidad
política, definida ésta como la imposibilidad de alterar
el estado de cosas prevaleciente. Estos indicadores
son el tamaño del
conjunto ganador del
statu quo
y
el tamaño del
núcleo
. Cuanto menor sea el primero,
mayores serán los niveles de estabilidad política;
cuanto mayor sea el tamaño del segundo,
mayor será
la estabilidad política.
El modelo se presenta en la figura 1, misma que
muestra tres jugadores con veto (
A
,
B
y
C
) cuyos pun-
tos preferidos de política se encuentran ubicados en
el plano marcados por las letras respectivas.
4
Con la categoría jugadores partidarios con poder de veto se hace referencia a aquéllos determinados por el sistema político –partidos
políticos– que se diferencian de los determinados constitucionalmente –llamados actores institucionales– tales como los poderes Ejecutivo
y Legislativo en las democracias modernas.
5
Mark Hallerberg, “Empirical Applications of Veto Players Analysis and Institutional Effectiveness”, en Thomas König
et al
. (eds.),
Reform
Policy and Policy Change. Veto Players and Decision-Making in Modern Democracies
, Londres, primavera, 2010, pp. 21-42.
6
G. Tsebelis,
op. cit.
Versión castellana,
Jugadores con veto: Cómo funcionan las instituciones políticas
, México, Fondo de Cultura Económica,
2006, 406 pp. N. E.
7
Cabe señalar que un problema del enfoque de jugadores con poder veto es, precisamente, cómo se determina el diámetro de las diversas
curvas de nivel que representan preferencias. Son precisamente estas preferencias políticas de los diversos actores, ya sean institucionales
o informales, lo que toma como dado este tipo de modelos.
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El
winset
del
statu quo
–W(sq)– está dado por el área
rayada que expresa la intersección de las curvas de
indiferencia circulares de los agentes. Por su parte,
el núcleo está representado por el triángulo que une
los puntos
A
,
B
y
C
.
8
Con base en este modelo pueden extraerse dos
conclusiones relevantes que son comentadas por Tse-
belis.
9
En pr imer lugar, a mayor número de actores con
poder de veto mayor será la estabilidad política, pues-
to que más grande será el núcleo y menor el W(sq). Así,
si se incorpora al modelo un actor
D
, puede verse que el
Conjunto de Pareto
, o
núcleo
, se expande mientras que
el W(sq) se reduce. En la figura el núcleo se expandirá
en el área delimitada por la línea punteada. Más difícil
será, en este caso, cambiar la política corriente ante
la presencia de más jugadores con veto.
En segundo, si existe más distancia ideológica
entre los jugadores con veto también será más factible
que el
statu quo
prevalezca. Esto se produce a causa
de que, ante la mayor distancia ideológica, el
Conjunto
de Pareto
se expande y el W(sq) se reduce, cumpliendo
con las condiciones de mayor estabilidad política a
través de ambos indicadores.
Por último, puede observarse que las posibilida-
des de modificar la política corriente en este mode-
lo dependen de cuál de los jugadores puede fijar la
agenda política (actuar como
agenda setter
). El juga-
dor con veto que logra fijar la agenda posee una ven-
taja significativa en acercar la política efectivamente
aplicada a su punto óptimo preferido. De esta manera,
el
agenda-setter
podrá elegir su política preferida su-
jeto al
winset
del
statu quo
que está determinado por
el resto de los actores con veto. Por ello, la ventaja
distributiva del fijador de agenda se ve diezmada por
el incremento en el número de jugadores con veto y
por la mayor distancia ideológica que exista entre
ellos. Es decir, menor será la posibilidad de alterar el
statu quo
aun para el jugador
agenda setter.
Figura 1
Modelo estándar de jugadores con veto
Fuente: elaboración propia.
8
Con relación a la nota anterior, es claro que la figura es sólo indicativa y el tamaño de las curvas de nivel fue arbitrariamente determi-
nado por el autor del presente artículo.
9
G. Tsebelis,
op. cit
.
Cuestiones contemporáneas
101
Si bien el modelo es más extenso, estas intuicio-
nes centrales permitirán realizar un análisis sobre
el cambio en ciertas políticas sociales en Argentina
luego de la crisis del neoliberalismo. La aparición de
nuevos actores con poder de veto y un corrimiento
ideológico de los actores existentes, permite dar una
explicación –parcial, por supuesto– de los cambios
en ciertas dimensiones del gasto público social.
Antes de realizar este análisis con base en el mo-
delo de jugadores con veto, se presenta un breve re-
paso de los nuevos actores informales que surgieron
a través de la crisis del neoliberalismo en Argentina
como respuesta a los cambios evidenciados en el
gasto público social.
La evolución del gasto público social y los movimientos de desocupados
como nuevos jugadores con veto
Se ha estudiado de manera detallada el surgimiento
de las nuevas organizaciones sociales en la década de
1990 en Argentina,
10
así como su incidencia en la vida
política del país. De ellas, las que más impacto social
y político han tenido son, sin duda alguna, las organi-
zaciones de desocupados. Al nuclear el grueso de la
nueva movilización política de los sectores populares,
éstas fueron tomando consistencia como ac tor con ca-
pacidad de rechazar las políticas neoliberales que im-
plicaban, en gran medida, un deterioro sin precedentes
de sus condiciones de vida. Los principales mecanis-
mos para impugnar estas polít icas, propias del idear io
neoliberal, deben rastrearse en las formas novedosas
de acción directa que permitían luego establecer ne-
gociaciones con el poder estatal, lo que en definitiva
retoma la idea de Tilly
11
sobre el papel preponderante
de los movimientos sociales para democratizar la
política pública.
La mencionada pauperización de las condiciones
de vida, se reflejó en el cambio de las políticas so-
ciales previamente realizadas. Hasta mediados de la
década de 1980, las políticas sociales se encontraban
más bien dirigidas a los trabajadores asalariados. Así,
las formas de organización política, las identidades
y las modalidades de protesta llevadas a cabo por
los sectores populares antes de 1990, se canaliza-
ban institucionalmente a través de los sindicatos.
Estas organizaciones se encontraban integradas al
aparato institucional aproximadamente desde la
década de 1940. La institucionalización de las orga-
nizaciones sindicales permitió la generalización de
los beneficios sociales –seguro de salud, jubilación,
asignaciones familiares, etcétera–, así como también
avances significativos en términos salariales.
12
Co-
mo señalan Ringold y Rofman,
13
la influencia de las
organizaciones sindicales en lograr mayores niveles
de beneficios sociales fue central.
14
Por otra parte, la
prestación de servicios públicos a bajo costo –o en
su caso gratuitos como salud y educación– también
formaron parte del esquema de gasto público y social
en los años previos a este lapso.
10
M. Svampa y S. Pereyra,
op. cit.
; Graciela Delamata,
Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires
,
Buenos Aires,
EUDEBA
, 2004; Andrés Schipani, “Organizando el descontento: movilizaciones de desocupados en la Argentina y Chile durante
las reformas de mercado”, en
Desarrollo Económico
, vol. 48, núm. 189, abril-junio de
2008.
11
Charles Tilly,
Social Movements
1768-2004, Boulder, Paradigm Publishers, 2004.
12
Mariano Féliz y Pablo Pérez, “Conflicto de clase, salarios y productividad. Una mirada de largo plazo para la Argentina”, en Julio César
Neffa y Robert Boyer (coords.),
La
economía argentina y su crisis (1976-2003). Análisis institucionalistas y
regulacionistas,
Buenos Aires,
UBA
-
IIHES
/
CONICET
-
CEIL
,
PIETTE
, 2004, pp. 175-221.
13
Dena Ringold y Rafael Rofman, “Argentina: políticas de transferencia de ingresos hacia el Bicentenario”, en Guillermo Cruces
et al
.
(eds.)
,
Los programas sociales en
Argentina hacia el Bicentenario. Visiones y perspectivas,
Buenos Aires, Banco Mundial, 2008, pp. 25-49.
14
“Los programas de seguridad social correspondientes al sector formal, incluidas las jubilaciones, las asignaciones familiares y las
prestaciones por desempleo, evolucionaron a partir de iniciativas surgidas originalmente de los sindicatos para brindar cobertura a sus
afiliados.”
(
Ibid
., p. 28).
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De esta manera, la característica saliente de los
programas de gasto público social anteriores a la
etapa neoliberal fue la universalidad, en un marco de
bajo desempleo, altos niveles de integración social a
través del empleo y reducidos niveles de pobreza.
Este marco cambió radicalmente desde media-
dos de los años ochenta. Desde ese momento, las
políticas sociales y de empleo que habían estado
articuladas fundamentalmente en torno al conjunto
de los trabajadores asalariados se re-convirtieron
progresivamente hacia la adopción de políticas pú-
blicas que ganaron en selectividad y focalización.
Los criterios de universalidad perdieron relevancia
a la par de la creciente desorganización de los tra-
bajadores asalariados y el empeoramiento de sus
condiciones de vida.
15
Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem
(1989-1995; 1995-1999), se terminó por consolidar
la tendencia a la focalización del gasto social con la
aparición de los programas de empleo temporario o
Planes Trabajar.
16
En forma de diferentes proyectos,
el gasto público social se orientó a contener lo que
se convertiría en el eje de la nueva conflictividad
social hacia mediados de la década del noventa: los
trabajadores desocupados.
17
Sin embargo, la política
de desregulación y privatización de los derechos y
servicios sociales previamente adquiridos, hicieron
que los planes focalizados se tornaran cada vez más
insuficientes para resolver estos conflictos sociales
en el marco de niveles masivos de desempleo, pobreza
y pérdida de derechos laborales.
La tendencia decreciente en el gasto público
social comenzó en los primeros años de los 90 y se
profundizó a medida que la historia avanzaba hacia la
crisis del modelo neoliberal. Durante ésta, la tasa de
crecimiento del gasto público social se redujo en más
de un 30% en términos reales entre 1998 y 2001.
18
Más allá de esta evolución general del gasto pú-
blico social, resulta necesario contemplar con mayor
detalle la evolución de los distintos conceptos que
lo conforman. El concepto de gasto público social
incluye tanto el erogado en servicios públicos como
todos los relacionados a programas de empleo o pla-
nes de transferencia de ingresos. Dado el objetivo
del presente trabajo, son estos últimos conceptos
los que interesan centralmente. Así, la proporción de
los gastos en seguridad social en relación al total del
gasto público social se presenta en la figura 2.
Se aprecia en esta última que el gasto en progra-
mas que apuntan a combatir el desempleo –programas
de empleo y seguro de desempleo– se mantuvo en
toda la década de los noventa en niveles reducidos
en relación al gasto público social total. En promedio,
estos gastos representaron un 2.1% del gasto social
entre 1991 y 2001.
Estas observaciones permiten dar cuenta, al me-
nos de manera preliminar, de que el ‘nuevo’
statu quo
de la política de gasto público social era la concre-
ción de programas focalizados, fragmentarios y con
montos
per capita
pequeños. Las políticas sociales
universales, que incluían desde el acceso generalizado
a la seguridad social hasta la creación de un sistema
de salud y educación público y gratuito de carácter
masivo, habían permitido a los sectores populares
‘aislar’ su supervivencia de los ciclos producidos en el
mercado de trabajo. El abandono de la universalidad
de los beneficios sociales –cumpliendo a rajatabla
con las prescripciones del Consenso de Washington–,
15
Maristella Svampa,
La sociedad excluyente
.
La Argentina bajo el signo del neoliberalismo
, Buenos Aires, Taurus, 2005.
16
Fabián Repetto,
Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las trayectorias de Argentina y Chile,
Buenos Aires, Prometeo, 2001.
17
M. Féliz, “La reforma económica como instrumento de disciplinamiento social: la economía política de las políticas contra la pobreza y
la desigualdad en Argentina en los ‘90”, en Sonia Leguizamón (ed.),
Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras,
discursos y actores
, Buenos Aires,
CLACSO
/
CORP
, 2005, pp. 275-321.
18
Además de esta pérdida de relevancia del gasto público social, y en consonancia con las recomendaciones del Consenso de Washington
en etapas recesivas del ciclo económico –como es el caso de la economía argentina ante la mexicana de 1994-1995–, la política propicia
para reactivar la economía debía pasar por la reducción del gasto público a fines de lograr una “mayor austeridad” y “eficiencia del aparato
estatal”.
Cuestiones contemporáneas
103
logró individualizar el acceso al bienestar social.
19
Por ello, las formas de organización colectiva de los
sectores populares que habían permitido los éxitos
en materia de política social –principalmente, la or-
ganización sindical– también se diluían y se requerían
nuevas formas organizativas que les permitieran a
estos sectores algún poder de veto sobre el nuevo
statu quo
de la política pública que los perjudicaba
abiertamente.
Es en este contexto que irrumpen en escena los
movimientos de trabajadores desocupados, impug-
nando estas reformas hacia mayor restricción de las
políticas sociales y, por tanto, exigiendo a las ins-
tituciones vigentes un cambio de las mismas.
20
Las
organizaciones de desocupados lograron imponer su
capacidad de veto ante las políticas sociales neolibe-
rales a través de la acción directa y, al mismo tiempo,
obtuvieron, al menos hasta 2002, un impor tante con-
senso social sobre la necesidad de reforma de estos
programas para permitir el acceso a ingresos mínimos
de subsistencia.
Vale la pena profundizar aquí en un interrogante
clave a los fines del trabajo: ¿a través de qué meca-
nismos las organizaciones de desocupados, en tanto
que actores informales, lograron imponer su capacidad
de veto al
statu quo
de las políticas de gasto social
focalizado, en particular, en el gasto destinado a pla-
nes de empleo? Para responder a esta pregunta deben
señalarse al menos dos elementos importantes. En
primer lugar, las organizaciones de desocupados desa-
rrollaron una forma original de acción directa para
la Argentina de la segunda mitad del siglo
XX
(el pi-
quete urbano) que permitió atraer la atención de las
distintas instituciones estatales, dado el alto nivel
de desorden que generaban en términos del funcio-
namiento cotidiano de las grandes urbes. De esta
manera, la práctica del
piquete
como nueva acción
social, permitió a los movimientos de desocupados
Figura 2
Estructura del gasto público social consolidado excluyendo servicios públicos
Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Nota: el porcentaje de gasto en cada concepto se obtuvo en relación al gasto público social excluyendo todos los conceptos referidos a servicios públicos.
19
M. Féliz,
op. cit
.
20
M. Svampa y S. Pereyra,
op. cit
.
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plantear sus demandas –principalmente por subsidios
al desempleo y planes de empleo genuino– como una
‘cuestión’ a resolver por el Estado.
21
A través de estas
prácticas, las organizaciones lograban la apertura de
mesas de diálogo con las autoridades de los aparatos
estatales que debían encargarse de estos reclamos
–principalmente, el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación–, ingresando en un proceso de negociación
cara a cara entre los actores formales e informales
que, en ciertas ocasiones, permitió modificaciones
del s
tatu quo
de la política social.
En segundo, este proceso de ‘canalización insti-
tucional’ de los conflictos informales en relación a
políticas públicas concretas, no puede disociarse de
un cierto ‘clima de época’ ligado a la crisis profunda
del neoliberalismo en tanto modelo de sociedad.
22
Esta
situación generaba una creciente falta de legitimi-
dad del
statu quo
de la mayoría de las políticas esta-
tales, entre ellas, y particularmente, de las políticas
sociales focalizadas. Es así que las demandas con-
cretas de los nuevos actores colectivos –expresados
parcialmente en las organizaciones de desocupados–
tuvieron eco, por mayor inclusión económica, en el
conjunto de la sociedad civil y permitieron poner en
jaque los ejes sobre los que se llevaba a cabo la política
social en general.
En definitiva, lo que se pretende destacar aquí es
que, al menos en lo que se refiere a políticas sociales,
los movimientos de desocupados como expresión más
importante de los nuevos movimientos sociales en
Argentina se convirtieron en actores con capacidad
de impugnar el
statu quo
de la política y, por tanto,
se erigieron como jugadores con veto informal. La
respuesta del Estado ante las demandas informales
fue la “institucionalización conflictiva” de estas
demandas,
23
es decir, una respuesta parcial ligada al
otorgamiento de un monto de recursos mayor a estas
organizaciones sin modificar de raíz la política social
en su conjunto.
En la siguiente sección se discute la incorporación
de estos actores en el modelo estándar y se busca
una interpretación sobre los determinantes de los
cambios del
statu quo
de la política de gasto social
que, como muestra la figura 2, se presentaron desde
2002 en el país.
Jugadores con veto y estructura del gasto: una aproximación empírica
para el caso argentino
La sección previa permite dejar en claro dos cues-
tiones relevantes. La primera de ellas se refiere al
‘nuevo
statu quo
’ respecto de la política social lle-
vada a cabo por el Estado en los años noventa. De
acuerdo a los principios esbozados en el Consenso
de Washington, el gasto público social se mantuvo
en niveles bajos, aun cuando los indicadores econó-
mico-sociales mostraban el peor desempeño en la
historia reciente del país. En segunda instancia, se
expone de qué manera surgieron en este contexto
nuevas formas de organización política que precisa-
mente llevaron adelante los reclamos y las impugna-
ciones a la política social vigente, constituyéndose
en actores políticos novedosos. Así, los movimientos
de desocupados fueron las organizaciones arquetípi-
cas de estos nuevos movimientos sociales.
En esta sección, se responde empíricamente una
interrogante clave: ¿estas nuevas organizaciones se
convirtieron en jugadores con veto determinantes
para que se produjeran cambios significativos en la
estructura del gasto público social luego de la crisis
del neoliberalismo?
21
Gabriela Bukstein, “Tiempo de oportunidades: el movimiento piquetero y la democratización en la Argentina”, en Ciska Raventós (comp.),
Innovación democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América Latina
, Buenos Aires,
CLACSO
, 2008.
22
M. Svampa,
op. cit
.
23
Ana Dinerstein
et al
., “Notas de investigación sobre la innovación organizacional en entidades de trabajadores desocupados en la
Argentina”, en
Realidad Económica
, núm. 234, 2008.
Cuestiones contemporáneas
105
Organizaciones de desocupados como jugadores con
veto partidarios
24
La presentación del modelo de jugadores con veto
antes descrita, permite avanzar en la posibilidad de
incluir actores informales en la determinación de las
políticas de gasto público. Es posible retomar tres
aspectos planteados por el modelo de Tsebelis que
resultan útiles para verificar la capacidad de modificar
el
statu quo
de la política de gasto social: la cantidad
de actores con veto, la distancia ideológica entre ellos
y la posibilidad de algún jugador de fijar la agenda.
En el análisis de los actores formales partidarios
25
se contempla la posibilidad de que el incremento del
número de jugadores no sea condición suficiente
para aumentar la estabilidad política. Si la distancia
ideológica en la dimensión izquierda-derecha es lo
suficientemente grande entre un número más reduci-
do de jugadores, puede lograrse una mejor estabilidad
política –más dificultad para cambiar el
SQ
– con un
menor número de jugadores en relación al escenario
con mayor cantidad de jugadores con preferencias
políticas más cercanas.
26
Por su par te, el
agenda-setter
ve limitada su ventaja distributiva ante la presencia
de una mayor amplitud ideológica entre los diferentes
partidos intervinientes.
En este sentido, la distancia ideológica resulta
central en la determinación del
set
de políticas
públicas elegido y, por tanto, en las posibilidades
de alterar el
statu quo
. Analizado desde este pun-
to de vista, pareciera que el surgimiento de nuevas
organizaciones sociales que ponen en cuestión las
formas institucionales vigentes para la ejecución
de políticas sociales implicarían una mayor estabili-
dad política y el
statu quo
de políticas de gasto social
focalizado no se cambiaría. ¿Cómo es posible enton-
ces que la presencia de nuevos jugadores informales
más ‘radicalizados’ políticamente pueda visualizarse
como un factor que favorece el cambio de política?
La hipótesis teórica que se plantea aquí, reto-
mando los elementos del apartado previo, acerca de
los mecanismos de acción colectiva, negociación
y resultados de política, es la siguiente. Las orga-
nizaciones de desocupados tuvieron, sobre todo a
partir de la crisis del neoliberalismo, una capacidad
sustancial para fijar la agenda en lo que respecta a la
estructura del gasto social. Esta capacidad de fijar
la agenda pública radica en la utilización de la acción
directa como mecanismo de presión hacia el siste-
ma institucional. Como se dijo, esta acción directa
que privilegiaba el ‘corte de calles’ como método
de protesta, lograba abrir canales de diálogo con
los poderes estatales o los actores institucionales.
Así, en los años 1998-2001 las organizaciones de
desocupados se convirtieron en fijadores de agenda
en lo que atañe a la política de gasto en planes de
empleo a través de la movilización de recursos (capa-
cidad de acción directa a través del piquete) y de la
obtención de resultados (apertura de mesas de diá-
logo con representantes estatales). Ahora bien,
como se dijo previamente, esto no permite
per se
que se incrementen las posibilidades de modificar
el
statu quo
tal como desearía el
agenda setter
. Por
ello, la capacidad de fijar la agenda por parte de las
organizaciones de desocupados fue acompañada de
una traslación de las posiciones ideológicas de los
demás jugadores con veto hacia un punto más cer-
cano al óptimo de dichas organizaciones. Es así que
puede pensarse que la estabilidad política se redujo
en materia de gasto público social por dos motivos
que se dieron conjuntamente: una mayor capacidad
de fijar la agenda por parte de las organizaciones
24
Es necesario recordar aquí que la noción de actores partidarios se refiere, principalmente, a aquellos actores determinados por el sis-
tema político. Es así que los partidos políticos formales son los actores partidarios típicos en las democracias modernas y los que disputan
el control de los órganos de gobierno a través de los procesos electorales.
25
Se dejará de lado aquí la discusión sobre los jugadores institucionales con veto, tales como distintos poderes del Estado.
26
G. Tsebelis y Eric Chang, “Veto Layers and the Structure of Budgets in Advanced Industrialized Countries”, en
European Journal of Political
Research
, vol. 43, 2004.
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Año LVII, núm. 215, mayo-agosto de 2012, pp. 97-114, ISSN-0185-1918
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de desocupados, a través del mecanismo planteado,
con posiciones ideológicamente lejanas del
statu
quo
en materia de gasto social y el corrimiento de
los partidos políticos existentes hacia posiciones
más cercanas en cuanto a la política de gasto social
a las postuladas por los actores informales. Estas
intuiciones sobre el incremento de las probabilidades
de modificar la política pública ante la aparición de
los nuevos actores con veto se presentan a conti-
nuación:
En esta figura se expone la idea de que la fijación de
agenda en materia de gasto público social por parte
de nuevos actores informales, se ve fortalecida si,
además de la capacidad de fijarla en base a moviliza-
ción de recursos, se produce además un movimiento
de las posiciones ideológicas de los actores preexis-
tentes (Partido
A
1
, Partido
B
1
y Partido
C
1
) hacia
posiciones más cercanas en el espectro ideológico
a las preferidas por los nuevos movimientos. Esto se
expresa en la traslación de posiciones desde
A
1
,
B
1
y
C
1
hacia
A
2
,
B
2
y
C
2
para cada partido que forma
parte de la estructura institucional vigente. De es-
ta manera, las posibilidades de modificar la política
pública desde
statu quo
1 a
statu quo
2 se tornan
elevadas.
Una cuestión que queda por responder es cuál es
el mecanismo que provoca el desplazamiento de los
actores con poder de veto formal ante la irrupción en
escena de los informales (los nuevos movimientos).
El que se propone aquí está relacionado, como se ha
mencionado previamente, a dos elementos: la capa-
cidad de acción directa de las nuevas organizaciones
y el grado de legitimidad política de estos métodos
de protesta social en el contexto de crisis del neoli-
beralismo.
27
Tal mecanismo es el siguiente: dado que
los actores partidarios formales necesitan proponer
políticas que se encuentren cercanas a la posición del
votante mediano, la movilización política y la acción
directa de los actores informales, como formas de
expresar sus opiniones políticas respecto al gasto
Figura 3
Actores informales como agenda
setter
y
translación de las posiciones ideológicas de los actores previos
Nuevas
organizaciones
Statu quo 2
Partido A1
Statu quo 1
Partido B1
Partido C1
Partido C2
Partido B2
Partido A2
Gasto social
elevado y
universal
Gasto social
bajo y
focalizado
27
Para un análisis de la relación entre los cambios políticos generales y la mayor legitimidad de nuevas formas de lucha política impulsada
por movimientos sociales de nuevo cuño para impulsar modificaciones en las instituciones vigentes,
vid
. Claus Offe, “New Social Movements:
Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, en
Social Research
, vol. 52, núm. 4, invierno de 1985.
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social en programas de empleo, generan un costo para
los partidos institucionalizados en términos de votos.
Esto es, si las movilizaciones de los actores informales
a través de las nuevas prácticas de acción colectiva
poseen legitimidad entre los votantes, el elector me-
diano se encontrará más a la izquierda y, por tanto,
es conveniente para los partidos institucionalizados
proponer políticas de gasto acordes a estas nuevas
preferencias sociales.
Así, para obtener mejores pagos, la opción ra-
cional en materia de gasto social se situaba más a la
izquierda en la crisis en relación al resto del periodo
de los años 90.
La complejidad de este análisis radica en que no
es posible aislar de manera concluyente el efecto que
tuvo la práctica, que expresaba demandas, de los
nuevos actores informales sobre los actores prexis-
tentes, formales, del cambio en la posición ideológica
de estos últimos debido al clima de ‘época’ en el que
el proyecto neoliberal –en particular, sus políticas
sociales inherentes– vio socavada su legitimidad.
A pesar de la imposibilidad de aislar estos efec-
tos, como plantea Lucero,
28
es posible afirmar que
las nuevas organizaciones de desocupados dejaron
su huella en la política social general del Estado a
principios del siglo
XXI
, ‘politizando la focalización’
que tenía un carácter exclusivamente tecnocrático
por esos años. El mismo autor destaca que “La apari-
ción pública de la disputa desatada alrededor de los
programas de empleo transitorio, ha dejado al des-
nudo la falacia política de la tecnocracia como lógi-
ca política objetiva e imparcial de la administración
de políticas sociales”.
29
Un ejemplo concreto de la
importancia de estas organizaciones para condicionar
la posición ideológica de los partidos tradicionales,
puede verse por la decisión del poder estatal de po-
ner en práctica el Programa Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados (
PJJHD
) en 2002. De acuerdo a Freytes
Frey y Cross,
30
entre 2002 y 2003 los movimientos
de desocupados se convirtieron en un interlocutor
insoslayable para el gobierno nacional y los partidos
políticos tradicionales, sobre todo por la necesidad
de dichos partidos, actores con veto, de recomponer
la legitimidad estatal y del sistema de partidos que se
encontraba en una severa crisis. Las autoras señalan
que un resultado claro de esta cuestión fue que
[…] una de las primeras medidas de [Eduardo] Du-
halde [presidente de Argentina entre 2002 y 2003]
fue el abandono de la lógica focalizada de política
social, estableciendo el “Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados”; un amplio programa de subsidios des-
tinado fundamentalmente –por su bajo monto– a los
trabajadores desempleados pobres que llegó a tener
1 987 875 beneficiarios en abril de 2003.
31
En síntesis, si bien no es posible determinar con cla-
ridad cuánto del desplazamiento ideológico de los
actores partidarios se debe a la influencia de los movi-
mientos de desocupados y cuánto al clima general de
época o a las decisión autónoma de los par t idos tradi-
cionales, la mayoría de los estudios sobre este período
de la historia política argentina reconoce, en mayor
o menor grado, la interpelación sobre el Estado, la
sociedad civil y sus representantes partidarios que los
movimientos de desocupados lograron en torno a la
‘politización’ del problema del desempleo masivo
y la exclusión y, al mismo tiempo, la necesidad de
programas de empleo más amplios que los existentes
para combatirlos.
28
Marcelo Lucero, “Política Social y movimientos sociales: la irrupción de las organizaciones piqueteras”, en
Espiral
, vol.
XII
, núm. 35,
enero-abril de 2006, p. 26.
29
Ibid
., p. 23.
30
Ada Freytes Frey y Cecilia Cross, “Movimientos piqueteros: alcances de su construcción política”, en
Política y Cultura
, núm. 27, primavera
de 2007.
31
Ibid
., p. 134.
Cuestiones contemporáneas
108
La estimación del modelo para el caso argentino
Para aproximarse empíricamente al caso argentino y
construir los indicadores necesarios para ello, se han
tomado como base los estudios de Tsebelis y Chang
32
y el de Braüninger.
33
En ambos trabajos, los autores
intentan dar sustento empírico a las relaciones exis-
tentes entre poderes de veto partidarios y composi-
ción del gasto público. En el presente artículo, a
diferencia de estos enfoques, se incluyen a los mo-
vimientos de desocupados como jugadores con veto
en la determinación del gasto público. Si bien estas
organizaciones no se encuentran reconocidas en el
sistema formal de partidos –son, de hecho, organiza-
ciones informales– se cree pertinente pensar en cier-
tas características que los asemejan a los jugadores
partidarios, formales. Aquí se tendrá en cuenta que
los movimientos de desocupados poseen al menos tres
características de los actores partidarios, aun cuando
no se encuentren definidos por el sistema político
institucional: son organizaciones con capacidad de
movilización y acción directa similar a los partidos de
masas en Argent ina, tales como el Par t ido Just icialis-
ta; poseen una propuesta programática específica, en
particular, referida a la demanda por trabajo y gasto
social; por último, pueden lograr que sus demandas y
propuestas se expresen electoralmente a través del
rechazo a los demás actores partidarios.
34
Por estas
características, se toma aquí a las organizaciones de
desocupados como actores ‘cuasi-partidarios’.
Debido a la escasa disponibilidad de datos para
realizar análisis de regresión para el período estudiado,
se ha llevado a cabo un análisis de correlación para los
años en los que hubo elecciones presidenciales enton-
ces (1989, 1995, 1999 y 2003). Esta investigación resul-
ta, por tanto, exploratoria de la hipótesis planteada, a
saber, que las organizaciones de desocupados fueron
determinantes como actores con poder de veto infor-
mal para modificar el
statu quo
de la política de gasto
público social efectuada en los años 90.
De manera similar a lo que proponen Tsebelis y
Chang,
35
la variable dependiente es la “distancia pre-
supuestaria” (
DP
), definida como la diferencia, en tér-
minos positivos, del valor de los diferentes ítems del
gasto público social y el valor que tomó ese mismo ítem
en el período previo. Para sintetizar los diferentes ítems
de gasto social en un indicador, se propone:
Donde
expresa cada concepto de gasto público social.
(1)
Los componentes del gasto social incluidos son: salud,
cultura y educación; vivienda y agua potable; promo-
ción y asistencia social; previsión social; programas
de empleo y seguro de desempleo y asignaciones
familiares. Estos datos fueron tomados para el perío-
do 1989-2003 de la Secretaría de Finanzas Públicas
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
e incluyen tanto los gastos de jurisdicción nacional
como los provinciales (gastos consolidados).
Los problemas para la construcción de indica-
dores se expresan con más claridad para aquellas
variables que pueden explicar el cambio en la es-
tructura del gasto público social. Como se mencionó
anteriormente, la variable clave que permite dar
32
G. Tsebelis y E. Chang,
op. cit
.
33
Thomas Braüninger, “A Partisan Model of Government Expenditure”, en
Public Choice
, vol. 125, núms. 3 y 4, 2005.
34
Estas organizaciones de desocupados fueron las principales impulsoras del “¡Qué se vayan todos!” en el año 2001, poniendo en cuestión
el sistema partidario vigente y logrando, al mismo tiempo, un amplio consenso en el resto de la sociedad civil.
Vid.
M. Svampa,
op. cit
.
35
G. Tsebelis y E. Chang,
op. cit.
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sustento a la hipótesis desarrollada es la posibili-
dad de que el horizonte ideológico de los diversos
partidos políticos se desplace hacia la posición del
nuevo actor con poder de veto. Para hacer operativa
esta variable se tuvieron presentes los aportes de
Tsebelis y Chang y de Laver y Garry,
36
en los cuales se
formulan indicadores sobre actores con poder de veto
partidario a través de los programas o manifiestos
políticos de cada partido. En este sentido, para el
caso argentino se tomaron los programas políticos de
los diferentes partidos (y movimientos) en los perio-
dos eleccionarios. Estos programas se caracterizaron
en una dimensión ideológica izquierda-derecha que
va de 1 a 10. El valor del índice se otorgó en base
a las proposiciones a las plataformas políticas que
los diferentes partidos y organizaciones elaboraron
en cada año electoral respecto del gasto público,
que es el aspecto ideológico que interesa aquí. Una
vez construido este índice se realiza un promedio
ponderado por el resultado obtenido en las eleccio-
nes para los partidos políticos y por la cantidad de
personas organizadas, en el caso de los movimientos
de desocupados.
Por último, para considerar realmente aquellos
actores que poseen poder de veto en cada periodo se
toma el criterio de Braüninger
37
de incluir sólo aque-
llos partidos que obtuvieron más del uno por ciento
de los votos en la elección correspondiente. Para el
caso de los movimientos de desocupados se traduce
la cantidad de personas organizadas como
proxy
de
la cantidad de votos que obtendría su plataforma.
Algebraicamente, el indicador de “posición ideo-
lógica promedio” (
PIP
) se calcula como:
(2)
Donde
es el indicador ideológico del gasto para cada actor con veto
; y
representa el porcentaje de votos obtenido por el actor
en cada elección.
Los valores del gasto social y del indicador de posición ideológica promedio en cada período se presentan
a continuación:
Cuadro 1
Indicador de posición ideológica y estructura del gasto social.
Argentina, periodo 1989-2003
Periodo
PIP
Número de veto
players (tamaño
mayor al 1% del
electorado)
Gasto Público Social (millones de $ de 2001)
Salud,
cultura y
educación
Vivienda
y agua
potable
Promoción
y asistencia
social
Previsión
social
Programas
de empleo
Asignaciones
familiares
1989
0.69
8
26.659
1.264
2.141
13.930
29
706
1995
2.00
5
47.109
1.708
2.587
21.253
567
1.876
1999
2.94
3
57.055
1.657
3.846
22.313
849
1.897
2003
0.69
9
35.894
903
3.015
14.025
2,633
996
Fuente: elaboración propia con base en datos de los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas Públicas, además de publicaciones periodísticas.
36
Ibid
. y Michael Laver y John Garry, “Estimating Policy Positions from Political Texts”,
American Journal of Political Science
, vol. 44, núm.
3, 2000, pp. 618-634.
37
T. Braüninger,
op. cit
.
Cuestiones contemporáneas
110
En el cuadro se aprecia que el ítem de gasto pú-
blico social que aumentó significativamente es el
que corresponde a Programas de Empleo, que es el
aspecto central de los reclamos de las organizaciones
de desocupados que aparecieron en escena luego de
1998.
38
A su vez, este cambio en el
statu quo
se co-
rresponde con la reducción significativa del índice de
posición ideológica promedio (pasó de 2.94 a 0.69),
lo que da cuenta de un ‘corrimiento a la izquierda’
del universo de jugadores con veto en lo que atañe al
gasto público.
En este punto, cabe señalar una interrogante cla-
ve con base al análisis realizado, mismo que se ha pro-
blematizado previamente: ¿es posible afirmar que el
resultado de un incremento del gasto social en progra-
mas de empleo se encuentra determinado por la
irrupción de los nuevos actores informales en la
escena política, o bien, se relaciona más a un ‘clima
de época’? Por desgracia, no es posible dar una res-
puesta concluyente sobre este aspecto y quedará
este problema como un eje de profundización de
la investigación realizada aquí. Sin embargo, dos
cuestiones importantes pueden plantearse para dar
una respuesta parcial al problema. En primer lugar,
la política pública en una situación de crisis insti-
tucional de gran escala –como la que se expresaba
en los años estudiados en Argentina– no necesaria-
mente responderá con políticas masivas de empleo e
ingresos ante el aumento de los niveles de desempleo
y pobreza que se presentaron. Basta ver lo ocurrido
durante toda la década de los noventa durante la
cual el crecimiento del desempleo y la pobreza fue
exponencial y en las respuestas casi nulas por parte
del Estado en términos de políticas laborales. Por el
contrario, se cree aquí que sólo si algún actor colec-
tivo presiona, demanda, genera conflicto político a
escala nacional a través de su acción, el poder estatal
puede verse forzado a responder estas demandas.
En segundo, las diversas luchas y múltiples de-
mandas de los nuevos movimientos sociales de Amé-
rica Latina en general, y en Argentina en particular,
que tuvieron como eje la resistencia al neoliberalis-
mo, fueron artífices, parciales, lógicamente, del ‘giro
a la izquierda’ en distintos países de la región.
39
Estos dos elementos, que deben ser profundizados
en futuras investigaciones, dan lugar a pensar que las
organizaciones de desocupados mediante la acción
directa –a través del piquete y del corte de ruta como
nueva metodología de protesta en un contexto de
crisis de legitimidad del régimen político tradicio-
nal–, incidieron en la modificación del
statu quo
de
la política de gasto social destinado a los planes de
empleo.
En la figura 4 se evidencian los resultados del
análisis de correlación entre el
PIP
y la
DP
. Puede
observarse que no existe una correlación negativa
muy fuerte para el caso de estos índices, lo cual
indica que deberían buscarse otros determinantes
de los cambios en la política de gasto público social
en la post-convertibilidad.
38
Entre las organizaciones de desocupados que se utilizaron en el trabajo se encuentran: Federación de Tierra y Vivienda, Corriente
Clasista y Combativa, Polo Obrero, Barrios de Pie, Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Teresa Vive, Movimiento de Jubilados
y Desocupados, Movimiento Teresa Rodríguez Movimientos de Trabajadores Desocupados y
CTD
Aníbal Verón. Todas estas organizaciones
reconocían en sus programas o demandas la importancia de un gasto público más universal y, principalmente, de la multiplicación de los
planes de empleo y de ingresos sin contraprestación. El número de participantes aproximado era de trescientos mil personas, de acuerdo a
los estudios de A. Schipani (
op. cit
) y de M. Svampa y S. Pereyra, (
op. cit.
). En proporción a los participantes en la votación presidencial de
2003, representa un 1.5% del total de los votos emitidos.
39
Emir Sader,
El nuevo topo
, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2008.
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Figura 4
Correlación de los indicadores para
DP
y
PIP
Fuente: elaboración propia con base en datos de los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas Públicas, además de publicaciones periodísticas.
A pesar de ello, si se toma la correlación entre el
PIP
y el gasto público en el concepto Programas de
Empleo, se evidencia una correlación negativa más
intensa, como se ve enseguida.
Figura 5
Correlación gasto en programas de empleo y
PIP
Fuente: elaboración propia con base en datos de los ministerios del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y publicaciones periodísticas.
Cuestiones contemporáneas
112
Este punto permite plantear que es precisamente en
el rubro de gasto fuertemente demandado por las
organizaciones de desocupados donde puede apre-
ciarse un cambio significativo del
statu quo
. Cuando
estas organizaciones irrumpen en la escena, fuerzan
a un corrimiento hacia la izquierda, aun de la política
pública preferida por los partidos tradicionales.
Así, el nuevo consenso de la mayoría de los acto-
res con poder de veto permitió una extensión de los
programas de empleo que pasaron de cuatrocientos
mil a cerca de tres millones de beneficiarios en
2003,
40
lo cual es un signo de cambio en la política
de gasto público social relevante hacia una mayor
universalidad y, en consecuencia, hacia el abandono
de al menos algunas de las premisas del Consenso de
Washington en materia de gasto social.
40
M. Svampa y S. Pereyra,
op. cit
.
Reflexiones finales
El presente trabajo plantea la hipótesis explorato-
ria de que los movimientos de desocupados se han
erigido, en el proceso de crisis del neoliberalismo,
en jugadores con veto informal relevantes para
determinar las políticas de gasto público social en
Argentina.
La posibilidad de fijar la agenda a través de la
capacidad de movilización y el corrimiento hacia la
izquierda, en cuanto a la política de gasto, del resto
de los jugadores con veto que estas organizaciones
provocaron, son las explicaciones centrales que se
destacaron en este artículo.
Los resultados empíricos avalan sólo parcialmente
la hipótesis. Los gastos sociales más universales sólo
se encontraron centrados en aquellos ítems del gasto
referidos a planes de empleo, mientras que los gastos
en educación, salud, cultura, v iv ienda, segur idad so-
cial se encontraron en 2003 aun en niveles muy inferio-
res a los que se presentaban en la Argentina pre-neo-
liberal.
A pesar de ello, el ítem referido a Programas de Em-
pleo es, precisamente, el que aparece como central en
las demandas de los actores informales mencionados.
Por ello, resulta importante profundizar en los estudios
empíricos sobre la hipótesis aquí planteada.
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