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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LVIII, núm. 217
enero-abril de 2013
pp. 61-78
ISSN-0185-1918
La nueva dinámica política de América Latina:
temas para una agenda de investigación
T
e New Political Dynamics in Latin America:
±opics for a Research Agenda
Bernardo Sorj
∗∗
Recibido el 17 de noviembre de 2012
Aceptado el 30 de noviembre de 2012
RESUMEN
Las transformaciones sociales en América Latina
han generado nuevos fenómenos que los discur-
sos políticos dominantes, pero también parte
de las ciencias sociales, no consiguen expresar
o bien buscan ocultar. Para ejemplifi
car estos
fenómenos el artículo analiza: 1) la emergen-
cia de nuevos poderes de veto sobre el sistema
democrático, distantes de las formas en que se
expresaban tradicionalmente; 2) la celebración
del surgimiento de “nuevas clases medias”, que
indican que la región sufrió cambios profun-
dos en su estructura social, pero que confunde
un conglomerado estadístico con una categoría
social en realidad fragmentada, con difi
cultades
de encontrar una expresión política propia; 3)
Este texto sólo fue posible gracias al intercambio de ideas realizado en un taller con Danilo Martuccelli y Sergio
Fausto. Obviamente ellos no son responsables por los errores, pero seguramente fueron fundamentales en los
eventuales aciertos.
∗∗
Doctor en sociología por la Universidad de Manchester. Director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y
del Proyecto Plataforma Democrática, (Brasil). Profesor catedrático de Sociología de la Universidad Federal de Río de
Janeiro. Profesor visitante en varias universidades europeas y de los Estados Unidos. Autor de 27 libros y más de cien
artículos publicados en distintos idiomas. Coordinador de SciELO
Latin American Social Sciences Journals English
Edition
. En su vasta obra destacan los libros:
El desafío latinoamericano: cohesión social y democracia
(2008) y
Vai embora
da casa de teus pais
(2012). Sus principales líneas de investigación son: el impacto social de las nuevas tecnologías, las
relaciones internacionales, teoría social, América Latina y democracia. Correo electrónico: besorj@attglobal.net
ABSTRACT
Social transformations in Latin American have
generated new phenomena which dominant
political discourse, but also some studies of the
political dynamics, are unable to express and
even seek to conceal. To illustrate these devel-
opments the article analyses: 1) the emergence
of new veto powers on the democratic system,
quite diff
erent from the traditional one; 2) the
celebration of the rise of “new middle classes”, a
statistical conglomerate that refers to important
social transformations but does not constitute a
social category nor has a clear political expres-
sion; 3) the current debate on the regulation of
the media, in which we argue that it express-
es relevant socio-technological and political
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el debate sobre la regulación de los medios de
comunicación, donde argumentamos que por
detrás del debate legítimo sobre la necesidad de
una acción pública en este sector se esconden
dinámicas complejas e intereses poco democrá-
ticos, tanto de gobiernos como de empresas; 4)
los partidos políticos y la difi
cultad que tienen
para expresar diferencias entre las generaciones
y sectores sociales emergentes; 5) la sociedad ci-
vil, que se transformó profundamente y que no
puede ser tratada como un todo homogéneo y
necesariamente virtuoso. Concluimos que la
consolidación de la democracia exige del investi-
gador y de los actores políticos la superación de
paradigmas analíticos e ideológicos que fueron,
y continuando siendo, dominantes en la región.
Palabras clave:
América Latina, democracia, po-
deres de veto, clases medias, partidos políticos,
sociedad civil.
Introducción
E
n las últimas décadas, parte de los estudios sobre la dinámica política de la región se
identifi
caron peligrosamente con los discursos políticos, olvidando que éstos, independiente
de su orientación ideológica, son –por su función– simplifi
cadores y opacos en relación con los
procesos sociales que los producen, a la diversidad de intereses que los motivan y encubren.
La demonización del “neoliberalismo” (o, aunque minoritaria, su defensa) fue, y continúa
siendo, un pretexto para la pereza intelectual y la apología de la participación popular y de
las identidades étnicas, al tiempo que no se contemplaron las formas de manipulación y
orientación anti-democráticas que a veces asume. A su vez, la inF
uencia del pensamiento
económico tecnocrático, asociado en particular a organizaciones internacionales, limitó los
parámetros del pensamiento sociológico para dar cuenta de la real dimensión de los problemas
y llevar a cabo una denuncia fundamentada y sólida de la desigualdad social.
Ciertamente, la ciencia política no puede estar ajena a los discursos y realidades políticos,
pero su tarea es analizarlos críticamente, mostrando la complejidad de la trama social subyacente
y las consecuencias no intencionales y contradictorias de la acción de los actores sociales, que
changes but is being held in a way that conceals
undemocratic interests, both from governments
and companies; 4) political parties and their dif-
culty to represent emerging social groups and
generational diff
erences; 5) civil society, which
became fragmented and tanned by local political
culture and should not be treated as an homoge-
neous and virtuous universe. We conclude that
the consolidation of democracy requires from
researchers and political actors to overcome the
analytical and ideological paradigms that were,
and still are, dominant in the region
.
Keywords:
Latin America, democracy, veto
powers, middle classes, political parties, civil so-
ciety.
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no son inherentemente portadores de cualidades virtuosas o reaccionarias. Hemos elegido,
para ejemplifi
car los aspectos contradictorios y las consecuencias inesperadas de la dinámica
política y de los procesos de cambio social: 1) la emergencia de nuevos poderes de veto sobre el
sistema democrático, que actúan en forma explícita o implícita paralizando el funcionamiento
de las instituciones o derrumbando gobiernos; 2) las “nuevas clases medias”, para argumentar
que la estructura social de los países de la región sufrió enormes transformaciones, pero
que indudablemente la noción de “nuevas clases medias” esconde más que aclara el cambio
social en curso y poco dice sobre su impacto posible en la dinámica política; 3) el debate
sobre la regulación de los medios de comunicación, para argumentar que detrás del debate
legítimo sobre la necesidad de una acción pública en este sector, se esconden intereses poco
democráticos, tanto de gobiernos como de empresas; 4) los partidos políticos, y la difi
cultad
que han evidenciado en expresar y representar a los diferentes sectores sociales y las nuevas
generaciones; 5) la sociedad civil, que se transformó profundamente y que no puede ser
tratada como un todo homogéneo y necesariamente virtuoso.
Este texto es un intento de mapear algunas de las más destacadas transformaciones sociales
y políticas por las que están atravesando las sociedades latinoamericanas y los desafíos
que éstas plantean a la construcción de instituciones democráticas en la región. Nuestro
objetivo es identifi
car problemas y plantear hipótesis que, esperamos, sean desarrolladas en
investigaciones futuras. Para tal fi
n, acudimos a la forma de ensayo, que ofrece mayor libertad
para desarrollar el argumento sin tener que referirnos a cada paso a autores específi
cos, lo
que no implica desmerecer la amplia bibliografía que existe sobre los temas tratados y que
hicieron posible este artículo. En trabajos previos, he analizado de manera sistemática y
crítica parte de la producción conceptual y de la investigación empírica que han acompañado
a nuestro campo de estudio. (Sorj y Martuccelli, 2008; Sorj, 2010; 2012; Sorj y Fausto, 2011 y
Sorj, 2013) Resulta pertinente aclarar que, como todo texto que se refi
ere a América Latina,
las referencias nacionales que el autor tiene en mente son siempre selectivas y en mi caso las
principales, pero no únicas, son a los países sudamericanos.
Los nuevos (y antiguos) grupos de veto
Uno de los cambios más importantes que se ha dado en la dinámica política de la región
en las últimas décadas ha sido el surgimiento de nuevos actores con capacidad de vetar
gobiernos y/o el funcionamiento de las instituciones democráticas. Durante buena parte
del siglo XX, los poderes de veto se concentraron en el interior de los grupos dominantes,
generalmente a través de la instrumentalización de las fuerzas armadas, y tendieron a excluir
del juego político a ciertos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, analfabetos),
así como a partidos políticos (peronismo, la±Alianza Popular Revolucionaria Americana,
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comunistas). De cierta forma las democracias bi-partidistas excluyentes (Venezuela, Co-
lombia) realizaron una tarea similar.
¿Qué ha cambiado en este proceso? La apertura del juego político y, sobre todo la democra-
tización de la sociedad, junto con la crisis de los partidos tradicionales –muchas veces acelerada
por los regímenes autoritarios–, abrieron el juego a la participación pero simultáneamente
fragilizaron el sistema institucional. De este modo, el ejercicio del veto se ejerce de otra manera
en América Latina, tanto del lado de los grupos dominantes, como de los sectores populares.
Así, podemos distinguir cuatro tipos de poder de veto:
1.
El veto político de sectores populares minoritarios
, que controlan recursos territoriales o
poseen una amplia capacidad de movilización. Es el caso de los sindicatos peronistas en
Argentina (donde desde 1928 ningún gobierno no peronista elegido democráticamente
consiguió fi
nalizar y llevar a cabo un proceso de transición pacífi
ca de la presidencia) y
de los grupos indígenas en Bolivia o Ecuador, que fueron responsables de la destitución
o la renuncia de varios presidentes. En este grupo puede incluirse, hasta cierto punto, a
algunos sectores del Partido de los Trabajadores en el Brasil, que intentaron derrumbar
al presidente Fernando Henrique Cardoso al inicio de su segundo mandato, con la
campaña “Fuera Fernando Henrique”, que incluyó la “marcha sobre Brasilia” que
terminó siendo abandonada.
2.
El veto al funcionamiento de las instituciones democráticas,
en el cual encontramos variantes
múltiples que van desde un desarrollo exacerbado del presidencialismo y nuevas formas
de liderazgos neo-populistas, al ataque de la separación de poderes y al poder judicial, a la
sociedad civil y a la prensa opositora. Este veto es una manera de violentar –en nombre de
las mayorías– el derecho de las minorías: se veta la libertad de expresión de la oposición
y su legitimidad dentro de la democracia. El objetivo fi
nal es eliminar la alternancia de
poder, pues el presidente “representa al pueblo” y las oposiciones no son legítimas. Como
resultado, aparecen autoritarismos electos: una disociación entre el origen del poder
(elecciones más o menos libres) y el ejercicio del poder (abusos, control de la prensa,
ataques a la oposición, uso del dinero público o de los controles fi
scales para estrangular
a opositores, etc.). El caso de Hugo Chávez en Venezuela fue ejemplar.
3.
El veto económico.
Una in±
exión central en el modo tradicional del ejercicio de poder
de veto de la derecha. Es un veto del poder económico que toma la forma de una
confi
scación tecnocrática, justifi
cado con el “TINA” (
T
ere is no altenative
). El fenómeno
no es exclusivamente latinoamericano, pero en algunos países de la región asumió formas
extremas, sustentadas en el recuerdo de los descalabros macroeconómicos producidos por
los antiguos populismos. Estos descalabros hicieron que la demanda por la estabilidad
económica no haya sido una exclusividad de las élites, por el contrario, contó y sigue
contando con el apoyo de amplios sectores de la población. Pero la continuidad de un
discurso político que se esconde en la objetividad técnica tiende a sustraer lo económico
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del juego político. Más que vetos a gobiernos, se trata del ejercicio del poder de veto a
políticas específi
cas: los grupos económicos, nacionales e internacionales, transforman
e instrumentalizan supuestos ideológicos que aparecen como ciencia económica (de
Menem a Fujimori) y despolitizan la economía. Esta confi
scación se presenta siempre
como mera imposición de la realidad. O sea, es una decisión política que no se asume
como tal. Su principal consecuencia sobre la democracia es que no permite gestionar los
con±
ictos sociales distributivos ni permite visibilizar correctamente aquellas situaciones
en las que se afecta la calidad y el estilo de vida de comunidades originarias (tal es el
caso de la inversión en minería y sus efectos sobre la población indígena, las formas
tradicionales de producción agrícola y el impacto sobre el medio ambiente, como puede
observarse a lo largo de toda la región).
4.
Finalmente podemos identificar un
veto “funcional”,
de índole estructural pero
también intencional, sustentado en el funcionamiento de mecanismos inerciales
del sistema, que se alimentan de una cultura política derivada del “individualismo
transgresor” (Sorj, 2013). La ineficiencia de las instituciones, acompañada de
la impunidad de los que ejercen funciones públicas, es utilizada para vetar la
expresión y, sobre todo, el ejercicio de los derechos. O sea, se trata de un veto a la
vez intencional y estructural, que tiene como función castrar el funcionamiento
efectivo del sistema legal y que está presente en gobiernos tanto de derecha como
de izquierda.
Este conjunto de vetos, a lo que se agrega las difi
cultades de construir oposiciones sólidas
y efi
cientes, hace que la democracia no cumpla su función como articuladora de lo social
ni habilite correctamente la dinámica de la representación política. Dentro de este cuadro
debemos reconocer la capacidad y habilidad demostrada por las actuales democracias de la
región en resolver situaciones de crisis políticas agudas durante los últimos veinte años, sin
recurrir al golpe de Estado (incluso cuando se bordeó la ilegalidad, como ocurrió en los casos
de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela). Al mismo tiempo, en muchos
países el sistema político tiene manifi
estamente cada vez más difi
cultad en gestionar las
demandas sociales y ofrecer una traducción institucional a los con±
ictos sociales (situación
que se da tanto en países con o sin sistemas de partidos sólidos, como lo demuestran las
difi
cultades de los gobiernos chilenos de la última época para gestionar los múltiples con±
ictos
sociales surgidos en torno a cuestiones como trabajo, las reivindicaciones de las comunidades
mapuches y los jóvenes estudiantes).
En otros términos, la democracia en la región –a pesar de las profundas crisis sufridas por
los partidos– es hábil en gestionar crisis políticas pero aun así se muestra débil para ofrecer
soluciones institucionales a los con±
ictos sociales y, sobre todo, en mejorar el funcionamiento
de las instituciones públicas.
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El estudio de la capacidad de los sectores sociales y las prácticas informales sustentadas en la
cultura política de vetar gobiernos y/o de paralizar o disminuir el cabal funcionamiento de las
instituciones democráticas, ciertamente no es exclusivo de la región. De hecho, estas tendencias
son cada vez más visibles en los países desarrollados, de modo que su investigación representa
un área con enorme potencial para llevar a cabo estudios comparados.
Las clases medias
El crecimiento económico de la última década ha producido una enorme cantidad de
publicaciones que celebran el surgimiento de un amplio grupo de nuevos consumidores,
denominados generalmente “nueva clase media”. Esto ha llevado a transformaciones en
el discurso político, inclusive de la izquierda, tradicionalmente centrado en la oposición
pueblo-(trabajadores)/oligarquía hacia un discurso promotor de las clases medias. El caso
brasileño es ejemplar, pues el Partido de los Trabajadores enfatiza actualmente su rol en
el ascenso de las clases medias, a lo que se agrega su papel en la disminución de la mise-
ria. En suma, los “trabajadores” y el “pueblo” dejaron de ser la base de la metanarrativa
política, que pasa a tener como objetivo “el fortalecimiento de las clases medias”. Cierta-
mente, la dicotomía pueblo/oligarquía continúa siendo instrumentalizada por gobiernos
“bolivarianos” que buscan la radicalización política y la deslegitimación de la oposición.
Esta celebración no se aplica al caso argentino, pues las sucesivas crisis económicas y el
crecimiento de la desigualdad han producido en su población la sensación de un achica-
miento y de empobrecimiento de las clases medias que se habían expandido y consolidado
prematuramente en relación con el resto de la región, con la excepción de Uruguay. Aun así,
en el caso argentino la “sensación térmica” (generalmente negativa) tiende a distanciarse
de la “temperatura” real, y de este modo esconde cambios importantes en la composición
de sus clases medias.
La importancia dada a las “nuevas clases medias”, más allá de los procesos efectivos de
movilidad social y de cambios en la estructura de ingreso y consumo, expresan una trans-
formación en el discurso político y en la representación de lo que constituyen efectivamente
las “clases medias”. Esta nueva percepción enfatiza el consumo de bienes durables y reúne un
conjunto muy heterogéneo de individuos que no están ni entre los más pobres ni entre los
más ricos. Por lo tanto, la nueva clase media no representa la simple expansión de los sectores
que tradicionalmente fueron incluidos en esta categoría, constituida por asalariados del sector
de los servicios, pequeños empresarios, generalmente comerciantes y dueños de pequeñas
ofi
cinas, distinguibles de los trabajadores industriales y de los dueños de grandes fortunas.
La “nuevas clases medias” expresan, sobre todo, una inF
exión en el discurso político que es
absorbida por la reF
exión sociológica modifi
cando el contenido de sus categorías. Las nuevas
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“clases medias” son defi
nidas no por la propiedad o posición en el proceso de producción
y distribución de riqueza, sino por el acceso a ciertos bienes de consumo, habitación y, en
menor medida, escolaridad, e incluye a buena parte de los trabajadores industriales.
Ciertamente, la expansión de estos sectores se relaciona con el aumento del ingreso, pero,
en buena medida, es producto de la masifi
cación del crédito fi
nanciero, y por lo tanto una
de sus características centrales es el endeudamiento. Por detrás del aglomerado estadístico
denominado “clases medias”, encontramos no sólo enormes diferenciales de ingreso –que se
mostrarían mayores si se considerase el patrimonio familiar– sino también enormes variaciones
en el tipo de empleo y acceso a los servicios y recursos públicos.
En realidad, las nuevas clases medias constituyen un universo muy fragmentado y heterogéneo.
Desde el punto de vista de la dinámica social y sus consecuencias políticas, una primera gran
diferenciación en el interior de las clases medias debe ser realizada entre aquellos que se encuentran
en el sector público (inclusive en empresas estatales) y aquellos que se ubican en el mercado
privado. La estabilidad del empleo le otorga a este sector una mayor capacidad de militancia
sindical y una actitud favorable hacia políticas estatizantes y de aumento del gasto público, del
cual generalmente se benefi
cian.
En el sector privado se encuentran desde pequeños empresarios y asalariados (tanto en el
sector de servicios como trabajadores industriales), hasta profesionales liberales. Este sector,
por lo general, es particularmente crítico a la carga impositiva de las cuales reconocen pocos
benefi
cios, pues deben lidiar en forma privada con los costos de salud, educación y seguridad.
Por ello, este sector es especialmente sensible al tema de la corrupción que es percibida
como una apropiación de los recursos que ellos proveen al Estado (en realidad los impuestos
asociados al consumo son costeados por toda la población, pero no tienen el mismo impacto
que los impuestos directos al ingreso).
Extendiendo esta línea divisoria entre aquellos benefi
ciados por el gasto público y aquellos
que no lo son, podrían localizarse sectores más próximos a los niveles de pobreza que reciben
ayuda pública directa y otros que no la obtienen. Ciertamente, en esta tipología básica existen
matices importantes, en particular aquellos que consiguen pagar poco o ningún impuesto
y que se extiende más allá de la llamada economía informal, incluyendo comerciantes y
empresarios de varios tamaños.
Lo que parece ser un rasgo general de estos sectores de clases medias –considerando
tanto la movilidad social ascendente y descendente– es una situación de inseguridad
posicional. El énfasis en los aspectos positivos e innegables del ascenso de una enorme
masa de personas al consumo de bienes y servicios en países como Perú, Brasil, Chile y
Colombia, lleva a subestimar el enorme potencial de malestar social asociado a la explosión
de expectativas y frustraciones derivadas del creciente endeudamiento de estos sectores. La
compra a crédito de buena parte de los bienes durables e inmobiliarios –desde productos
electrónicos a autos, pasando por la compra de viviendas (generalmente con intereses
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altísimos)–, los gastos cotidianos generados por el consumo a través de las tarjetas de
crédito, los costos mensuales fi
jos de consumo –como cable, telefonía celular, gasolina
y acceso a Internet–, a lo que debe agregarse gastos de seguro de salud y educación
(que comienzan desde muy temprana edad debido a la entrada masiva de las mujeres
al mercado de trabajo), hacen que buena parte de las clases medias vivan una presión
nanciera constante, potenciada por la demanda de aspiraciones a nuevos productos de
consumo cotidiano.
El malestar de los sectores medios, directamente proporcional con el nivel de educación e
información, se expresa en las expectativas frustradas en relación con la calidad de los servicios
públicos, de los cuales se sienten sus principales fi
nanciadores. Este malestar se incrementa a
partir de la percepción de despilfarro de los recursos públicos, periódicamente evidenciado
en la explosión de escándalos de corrupción donde los involucrados, en la mayoría de los
casos, salen impunes. En la medida que en el futuro el ciclo económico no sea favorable, este
malestar tenderá a aumentar, aunque sus manifestaciones son ya evidentes en el presente, como
puede constantarse en la revuelta de los estudiantes chilenos y la desconfi
anza generalizada
de la ciudadanía en los políticos y los partidos.
Las clases medias y la política
La celebración del ascenso de las clases medias desconoce la enorme difi
cultad de repre-
sentación política de estos sectores. De hecho, un rasgo de buena parte de los gobiernos
democráticos de la región en la última década ha sido el cuidado con “los de arriba” –con la
aceptación de los límites que el “modelo económico” impone sobre la asignación de recursos
públicos– y con “los de abajo”, que han sido efectivamente benefi
ciados por políticas nove-
dosas de distribución de recursos. En este sentido, los “del medio” son los más desatendidos
por el Estado. ¿Quién defi
ende, desde la política, a los sectores de clase media dependientes
del mercado que sienten una vulnerabilidad fi
nanciera y una inconsistencia posicional que
produce una ansiedad sobre el futuro, en particular entre los jóvenes? Aparentemente, nadie.
Y esto genera un espacio de electores disponible para ser cortejado por los partidos políticos,
muchas veces creados
ad hoc
, para captar este público.
En suma, las clases medias se encuentran en una especie de “sándwich”, y en general
son –política e ideológicamente– desorganizadas y electoralmente F
uctuantes. Los grupos
dominantes, que antes se apoyaban en los sectores militares, hoy se articulan directamente
con el Estado, cuyos ideólogos generalmente son formados por economistas. Los más pobres,
a su vez, son usualmente cooptados por las políticas sociales, con un costo fi
scal reducido, lo
que genera una base de sustentación electoral que nadie osa cuestionar.
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De esta forma, un alto porcentaje de las clases medias, en particular aquellos con niveles
de educación más elevados, se encuentran sin canales de representación política. Las
reacciones al sentimiento de abandono se expresan de variadas formas, desde la “bronca”
constante en países donde las clases medias son altamente politizadas, como Argentina,
Uruguay y Chile, al predominio de
exit strategy
, como en Brasil, donde se da un repliegue
hacia el mundo privado, cada vez más encapsulado en el mundo digital (Sorj y Martucelli,
2008).
En la medida que aumenta el número de personas que pagan impuestos y que sienten que
el Estado no retribuye adecuadamente, emerge la pregunta si es posible generar en torno a
ellos una agenda política. Hasta el momento, la respuesta parece negativa. Entre los factores
que limitan la formación de partidos políticos que los representen adecuadamente, podemos
indicar:
1.
A diferencia de los países desarrollados, las políticas distributivas orientadas hacia los
sectores más pobres se sustentan en un consenso bastante amplio de la población.
2.
Como indicamos anteriormente, las clases medias son fragmentadas y heterogéneas,
con intereses diferenciados en relación con el Estado y los problemas que enfrentan.
3.
Se trata de sectores que tienen estrategias de inserción y ascenso social en un mercado
competitivo que enfatiza el individualismo y los vuelve poco propensos a la acción
colectiva.
4.
Amplios sectores de las clases medias aspiran a empleos públicos y, si bien una buena
parte de ellos nunca los obtendrá, la protección del Estado “maternal” continúa
siendo un objeto de deseo. El empleo público, como realidad o como aspiración,
continúa teniendo una importancia central en la región. Por ejemplo, en Brasil,
parte signifi
cativa y creciente (lo que se reF
eja en el número de candidatos en los
concursos para acceder a un empleo público) de los miembros de los sectores medios
emergentes con título universitario, desean ingresar en carreras públicas para asegurar
una renta y un estatus.
5.
Además de los determinantes socioeconómicos, hay que incorporar la dimensión
generacional al análisis de los sectores medios. En muchos países de la región, al contrario
de lo que acontece en buena parte de Europa, hay una presencia desproporcionada
de jóvenes en las “clases medias emergentes”, asociada al crecimiento económico y
al aumento de la escolaridad. Estos jóvenes, recién incorporados en el mercado de
trabajo, tienen como preocupación central sus carreras, el despliegue de estrategias de
sobrevivencia y poco esperan de la acción colectiva.
A pesar de las evidentes difi
cultades para la emergencia de un “partido de las clases medias”,
el hecho de que el discurso político valorice estos sectores medios no dejará de tener impacto
en la auto-representación de las personas y posiblemente generará movimientos políticos,
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inicialmente minoritarios, que buscarán canalizar los sentimientos de frustración analizados
más arriba, se articularán a partir de ideologías con las cuales estos sectores tienen afi
nidad
(como la ecología), utilizando las nuevas tecnologías de comunicación a las cuales estos
sectores tienen mayor acceso.
Partidos: ¿por qué se difi
culta la renovación del sistema partidario?
El derrumbe de los viejos sistemas de partidos ha venido de la mano de transformaciones en
la actividad política que difi
cultan el surgimiento y la consolidación de liderazgos políticos
con fuertes compromisos con la institucionalidad republicana, ya sea en la derecha como en
la izquierda. De todos modos, no podemos dejar de considerar el tema de la (baja) calidad
de la nueva clase política dirigente, pues –con la excepción de Uruguay, Chile y parcialmente
Brasil– la democratización reciente, barrió con la vieja pero no generó una nueva clase diri-
gente capaz de gobernar en forma responsable, honesta y democrática.
En este contexto, la consolidación de una “nueva derecha” o de una “nueva izquierda”
en América del Sur, que asuma la bandera de menos impuestos y/o más transparencia,
rendición de cuentas (
accountability
) y efi
ciencia del Estado, no nos parece viable a corto
plazo. De todos modos, es un tema en ascenso en la medida en que la carga tributaria tiende a
aumentar. Dada la tradición política de la región, tampoco se vislumbra la formación de una
derecha al estilo anglosajón y norteamericana, pues no hay una base fuerte para la difusión
del individualismo posesivo en América del Sur (aunque el individualismo sea un rasgo de las
nuevas clases medias sudamericanas, se trata de un tipo diferente, de espaldas a las normas
legales) (Sorj y Martuccelli, 2008).
El conservadurismo, en la mayoría de los países de América Latina, resulta ajeno a la
mayoría de la población que no encuentra mayores virtudes en el pasado, al tiempo que el
nacionalismo fue –en cierto sentido– capturado por la izquierda. El neoliberalismo tiene
viabilidad limitada pues el individualismo como ideología es débil y los grupos dominantes
están incrustados en el Estado. El tema de la inseguridad tiene potencial político-partidario,
pero puede ser capturado por todos los partidos, aunque los políticos de derecha que cuestionan
los derechos humanos encuentran en esta audiencia su principal apoyo. En resumen, ni el
neoliberalismo, ni el nacionalismo, ni el conservadorismo dan pie a una alianza política de
centro-derecha en Sudamérica. Al mismo tiempo, continúa abierto un espacio político que
puede ser llenado por un discurso que articule la demanda por más efi
ciencia y responsabilidad
del Estado, más seguridad pública y control de la criminalidad, aunados a temas como el
medio ambiente, que atrae especialmente a los jóvenes.
La ampliación de este espacio político está vinculada al peso creciente de los nuevos
sectores medios y al avance de la formalización de las relaciones económicas (formalización
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del trabajo informal, del empleo autónomo y de microempresas). Son estos sectores los que
pagan más impuestos y, esto es fundamental, no sienten que reciban contraprestaciones del
Estado, en tanto que su ascenso social les “obliga” a comprar cada vez más servicios básicos
en el mercado (principalmente salud y educación).
La ausencia de una base social e ideológica afín a la derecha no es simplemente un reF
ejo
de nuestra formación histórica, sino también de la incidencia sobre esta formación de los
procesos recientes de democratización. En los últimos veinte años, la “conciencia” de la
desigualdad social penetró en las élites, así como decantó en su seno la idea de que es deber
del Estado amortiguar el problema.
En este sentido, una plataforma política tanto de centro-derecha como –y particu-
larmente– de centro-izquierda, deberá tener un objetivo mayor: el de proponer que la
protección de los más pobres y la movilidad social no estén vinculadas al abandono de
servicios públicos universales. En otros términos, deberá tener un proyecto que considere
el retorno de las clases medias a los servicios públicos. Esta puede ser la base de una agenda
social-demócrata renovada en la región. Esta nueva agenda debe recuperar la tradición
republicana e integrar principios como el bien común, la ética y la meritocracia. Este esfuerzo
exigirá una renovación del discurso político que llegue a los más variados sectores de la
sociedad, pues en América Latina tanto la derecha como la izquierda republicana fueron
casi siempre clubes de notables.
En este contexto, la investigación sobre los desafíos de la representación política deberá
incluir el tema generacional. Son escasos los estudios sobre el papel de los jóvenes y las
relaciones intergeneracionales en la dinámica política de la región. En general, el tema fue
tratado como parte de la historia intelectual o de las élites, en particular el papel desempeñado
por el movimiento estudiantil. En la actualidad, el énfasis se trasladó hacia los problemas
sociales de la juventud: marginalidad, violencia, el uso de drogas, entre otros.
En América Latina, nos encontramos en las antípodas de la situación de la mayoría de
los países del norte, donde el incremento de las expectativas de vida hace que los jóvenes
asuman los costos de las pensiones de los adultos mayores o el desempleo en economías
semi-estancadas. En esos países, el sentimiento generacional preponderante es el de declive
y deterioro de las condiciones de vida en comparación con la generación de sus padres. Se
trata de una situación que provoca un potencial conF
icto generacional, aunque en parte es
sofocado por la propia crisis que ha fortalecido los lazos de solidaridad intergeneracional a
nivel familiar.
No se trata de que América Latina reproduzca el ciclo europeo. El contexto cultural se ha
modifi
cado en forma radical. Hoy, la reivindicación es por participar, en forma individual, en
el mundo del consumo. De hecho se trata de un mundo construido en torno a la imagen de
la juventud. Es la juventud la que más y mejor domina los nuevos medios de comunicación e
información, la que mejor se adapta a un mercado de trabajo extremadamente competitivo e
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intenso y aparece como amenaza a los más viejos, y la que asume el modelo de representación
del
self
(sea en la ropa o en la apariencia física) que deviene referente para las otras generaciones.
f
f
Pero esta cultura juvenil aún no ha encontrado canales de representación política.
La renovación de la vida partidaria representa un enorme desafío de innovación política
capaz de ir más allá de las ideologías vinculadas con las nociones de efi
ciencia/mercado y su
contraparte Estado/proveedor (generalmente asociado a un discurso nacionalista y populista),
que logre tejer nuevas relaciones entre lo individual y lo colectivo (en lo cual, hasta ahora,
se especializaron los neo-populismos) y que permita la renovación de las élites políticas, las
cuales en la mayor parte de los países han sufrido una enorme degradación.
Hasta que esto no suceda continuará siendo dominante el sentimiento de alienación
frente al sistema político y la ampliación del espectro de los electores indefi
nidos, cuyo
voto puede modifi
carse en cada elección. Actualmente, sólo los pobres y los muy ricos
están “ubicados”. En el centro del cuerpo electoral existe una nube de electores medios
sin posiciones fi
jas, que permiten el surgimiento de “partidos” políticos que son más
aventuras de fi
libusteros, así como de líderes bien intencionados pero sin apoyo de
organizaciones con sustentabilidad, cohesión y un mínimo de disciplina interna. Los dos
casos más exitosos que lograron cohesionar un mensaje ético con el tema medioambiental
han sido los de Marina Silva en el Brasil y el de Enrique Ominami en Chile. No es casual
que ambos llegaron a movilizar prácticamente el mismo porcentaje de electores. Pero en
ambos casos el futuro es indefi
nido.
El desajuste entre la demanda potencial por más transparencia, responsabilidad y
efi
ciencia del Estado –por un lado– y la oferta política –por el otro–, no es sufi
ciente
para generar un grave problema de inestabilidad social y política, siempre y cuando el
crecimiento económico se mantenga elevado (o sea, que el Estado posea una capacidad
razonable de distribuir los frutos del crecimiento acelerado). Asimismo, es evidente que
el escenario cambiaría ante una signifi
cativa desaceleración del crecimiento que ponga en
jaque el proceso de ascenso, con una combinación explosiva de frustración de expectativas
materiales y enojo moral.
Los países con mayor capacidad de lidiar con este escenario serán –en teoría– aquellos
que estén más preparados para activar mecanismos de amortiguación ante los efectos
económicos y sociales de la crisis, con mayor madurez en sus instituciones y menor
polarización entre sus clases dirigentes. Sin embargo, más allá de los ciclos económicos,
no se puede olvidar que el crecimiento genera conF
ictos; la movilidad social que se viene
observando en muchos países de la región, viene acompañada de nuevas demandas y
expectativas tangibles y simbólicas en relación a la política y al Estado. Se trata de un
desafío tanto para los que adhieren a una perspectiva conservadora, que pone el acento
en la estabilidad, como para aquellos portadores de una perspectiva liberal-democrática,
atentos a que los conF
ictos sociales encuentren vías de expresión y resolución al nivel del
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sistema de representación política, ampliando la agenda pública, y la plena realización
de los derechos.
En caso de producirse una crisis económica más prolongada, podrían surgir en los países
más maduros de la región, ofertas electorales competitivas que reclamen una ruptura con el
“modelo económico”, lo que puede llevar a nuevas aventuras inF
acionarias que desestabilicen
el sistema democrático.
Los medios de comunicación
El debate sobre el papel de los medios en América Latina se construye en torno a muchos
supuestos que carecen de investigación empírica. Buena parte del discurso “critico” que de-
nuncia el poder de los medios de comunicación, supone un público pasivo sin autonomía de
discernir y fi
ltrar la información. Si así fuese, los partidos de izquierda en América Latina,
nunca podrían haber ganado una elección. Igualmente, este tipo de lectura supone un interés
de la población por la información política que claramente no se distribuye por igual entre los
diferentes sectores sociales. Inclusive, entre los sectores de clase media es variado el interés
en temas políticos: muy alto en Argentina, sólo en parte en Chile y particularmente bajo en
Brasil. Igualmente, poco se ha estudiado cómo los medios expresan y refuerzan la tendencia
de sentir lo político como algo externo y su impacto en banalizar y producir apatía a partir
de la constante repetición de temas y denuncias.
Mucho se ha escrito sobre el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de
la información en la dinámica política. Las transformaciones microscópicas que la Internet
tiene y tendrá en forma creciente, no han dislocado aún a la prensa escrita como la principal
fuente que defi
ne –aunque sea por reacción– la agenda de las élites y de los políticos. Es
desde ella que estos temas son retomados por otros medios o, si fueron iniciados en otros
medios, obtienen su legitimidad efectiva cuando la prensa escrita los retoma y posiciona en la
agenda pública. La prensa clásica de calidad sigue siendo la principal fuente de legitimidad a
nivel de los medios. Por lo tanto, la prensa escrita continua siendo el “cerebro” y la televisión
la principal diseminadora de la información. Consecuentemente, debemos entender a los
medios como un sistema en el que los diarios producen las noticias, los canales de televisión
las eligen y difunden y la Internet las comenta (nueva fuente de información, pero sobre todo
de confi
rmación de las creencias de los internautas).
El ataque que muchos gobiernos han realizado a los medios en nombre de la lucha contra
la concentración de la propiedad y en nombre de una mayor participación social, es fruto
de la conjunción de diversas dinámicas: 1) la región se ha caracterizado, en comparación
con Europa o los Estados Unidos, por una diminuta participación estatal en los servicios de
transmisión y una falta de regulación que favorezca el acceso de grupos de interés público a
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los medios audiovisuales; 2) la transformación tecnológica en curso genera la necesidad de
actualizar la regulación de los diversos medios y sus interrelaciones, al tiempo que introduce
nuevos actores en el área de producción y transmisión de contenidos, permitiendo nuevas
alianzas entre ellos y los gobiernos; 3) las campañas políticas son realizadas cada vez más
a través de los medios de comunicación; 4) los gobiernos, que no encuentran partidos de
oposición robusta, identifi
can en los medios una de las principales fuentes de articulación de
posiciones críticas y buscan acallarlas, desarrollando en paralelo estrategias de comunicación
directa salteando los medios tradicionales o fi
nanciando con recursos públicos canales de
prensa ofi
cialista, en general de carácter local. Esta dinámica está presente tanto en gobiernos
de derecha como de izquierda (Sorj, 2012).
El debate en torno de la concentración de los medios de comunicación –foco central de
preocupación tanto de gobiernos como del sector privado– no debe estar orientado sólo
a limitar la oligopolización, sino que debe incluir también temáticas vinculadas al sector
público y los gastos de publicidad, considerando que los organismos públicos difícilmente
consiguen asegurar su autonomía frente al gobierno de turno. En los casos en que se
substituyen las empresas de comunicación privada por las estatales, no estamos frente a la
solución del problema, sino frente a su agravamiento. El tema de la regulación de los medios
de comunicación ciertamente deberá enfrentar la formación de oligopolios en el sector
privado, pero igualmente los recursos destinados a la publicidad gubernamental deben ser
reducidos al mínimo y deben estar asociados a campañas de interés público y ser distribuidos
en forma transparente.
Nuevamente nos enfrentamos a un área donde los estudios internacionales comparados
pueden ser extremadamente útiles. La “sociedad de la información” es en parte realidad y
en parte espejismo, pues el poder del Estado y de los grupos económicos continúa vigente
pero ciertamente afecta de modo diverso a los distintos sectores sociales y generacionales,
así como a los viejos y nuevos actores del sistema de comunicación y el papel regulador o
interventor del Estado.
La “sociedad civil”
El concepto de sociedad civil en América Latina, como en el resto del mundo, invoca un
conjunto de organizaciones extremadamente variadas, desde las tradicionales organizaciones
de barrio, organizaciones religiosas, corporaciones profesionales y sindicatos al universo de
las O±G. Son estas últimas, en realidad, el foco de la imaginación política y de la investigación
sociológica en las últimas décadas cuando se habla de sociedad civil. Las O±G en América
Latina son un fenómeno nuevo: se trata de organizaciones formadas por activistas sociales
que tienden a transformar su dedicación en fuente de sustento o complementación de ingreso
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y que no reivindican su legitimidad en nombre de la representación de un grupo social deter-
minado, sino de la causa que representan. Su proyección en América Latina estuvo asociada
al papel que tuvieron durante las dictaduras en la defensa de la democracia y, posteriormente,
por mantener vigente la reivindicación de la defensa de la memoria de los desaparecidos y
la promoción de los derechos humanos (Sorj, 2010).
Si bien se distinguen del mercado (donde el objetivo es el lucro) y del sistema político
(donde el objetivo es el poder), ni las antiguas ni las nuevas formas de expresión de la
sociedad civil son inmunes o disociables de intereses económicos y de formas internas
de burocratización y de prácticas autoritarias. En suma, las
ONG no son inmunes a la
influencia de la dinámica social y, menos aún en contextos de culturas políticas donde
es común el uso de mecanismos de cooptación y relaciones poco transparentes con el
Estado.
La pregunta, entonces, es ¿Cuál es el papel de la sociedad civil –y en particular de las
ONG– en
el nuevo cuadro político democrático de la región? Si bien continúan teniendo relevancia en
relación a la divulgación de temas específi
cos, como, por ejemplo, la ecología, la prevención
del VIH, la legalización del consumo de drogas, en contextos donde emergen tendencias
autoritarias es posible identifi
car en muchos páises un cierto agotamiento y dislocamiento
del papel de esta forma de organización dentro del sistema político. El agotamiento pasa,
en buena medida, por tratarse de organizaciones formadas por profesionales cuyo sustento
depende de fi
nanciamiento en su mayoría externo a la organización, ya que a diferencia de
gran parte de sus congéneres europeas y estadounidenses, no tienen base de sustentación
en las aportaciones de personas o instancias que las apoyen. Esto lleva a que sus iniciativas
dependan y tengan la duración de los fi
nanciamientos externos.
Si bien en algunos casos las ONG son atacadas por gobiernos autoritarios porque
no se ciñen a su voluntad (±enezuela, Bolivia, Ecuador), en buena parte de los países
de la región, con el proceso de democratización pasaron a integrar la cultura política
local. La búsqueda de financiamiento las transformó en apéndice de la cooperación
internacional de fundaciones nacionales o extranjeras, fueron integradas como servicios
complementarios en actividades asociadas a la implementación de las políticas públicas,
o pasaron a ser utilizadas por empresas privadas como instrumento de actividades de
“responsabilidad social”. En algunos casos, fueron directamente cooptadas por gobiernos
de los cuales pasaron a ser parte de su “base de apoyo”, o utilizadas por gobiernos,
partidos y políticos para desviar recursos públicos (para financiar la actividad política
y/o uso personal) y por el sector privado para evadir impuestos y canalizar beneficios. En
suma, las ONG, que tuvieron un papel importante en la lucha por los derechos humanos
y por la apertura política democrática, pasaron a tener un problema interno de falta de
transparencia y precisan de una regulación que asegure, en particular cuando se trata
del uso de recursos públicos, una mayor transparencia.
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Por otro lado, las “viejas” formas de asociación no pueden ser descartadas (sindicatos, grupos
religiosos, asociaciones, grupos profesionales). Muchas de ellas se renovaron (como es el caso
de grupos religiosos evangélicos) y continúan teniendo un papel no desdeñable.
Tan pronto como las
ONG perdieron su impulso innovador, comenzó a surgir en la región, al
igual que en otras partes del mundo, un activismo virtual, sobre el cual es prematuro juzgar sus
consecuencias. Seguramente, son relevantes como canal de difusión de ideas, de movilizaciones
puntuales y organización de campañas de opinión, en particular en los sectores jóvenes y clases
medias, pero difícilmente tendrán la capacidad de consolidar un espacio colectivo de reF
exión
y acción sustentada (Sorj y ±liveira, 2007).
Conclusiones
Los procesos de democratización en curso no son irreversibles ni garantía de acceso a
democracias de mayor calidad. La individualización, el repliegue hacia la vida privada, la
desconexión creciente entre identidad personal e identidad colectiva, nos alejan de los esce-
narios típicos de los años sesenta caracterizados por una fuerte polarización política y social,
parálisis decisoria y “desempate” militar. ²o nos rodean los viejos fantasmas del pasado. Hoy
los desafíos son de otra naturaleza. Tienen que ver con dos procesos interrelacionados pero
conceptualmente distintos: la creación de una ciudadanía de más alta intensidad y la creación
de un nuevo espacio público que recupere el sentido de la política como forma de acción
colectiva, sin retroceder a la híper-politización e ideologización mesiánica de los años sesenta.
El desafío de América Latina es reunifi
car los dos grandes conjuntos de valores que
fundamentan la democracia pero que se han bifurcado y confrontado políticamente durante
el siglo XX: instituciones independientes y justicia social; democracia de los procedimientos y
democracia participativa; voluntad de la mayoría y libertad de las minorías y de los individuos;
democracia formal y democracia substantiva. La dimensión liberal de la democracia no ha
sido aun sufi
cientemente internalizada, ni en la izquierda ni en la derecha. En el primer caso,
predomina el movimientismo –cuando no ciertas teologías revolucionarias–. El segundo, es
hoy un espacio dominado por el pensamiento tecnocrático. En todo caso, el contenido al
cual se refi
ere el concepto de democracia en la región no cristalizó en un consenso mínimo
asumido por la mayoría de la población. La reivindicación de derechos y libertades individuales
es fuerte en sectores de las capas medias, pero la caracterización de la democracia es mucho
más indefi
nida en otros grupos sociales.
Se trata de asumir un proceso de aprendizaje por parte de los ciudadanos y de los actores
sociales y políticos de modo que logren interiorizar que no hay estabilidad institucional
posible si los derechos sociales y los derechos institucionales no van juntos, que no existe
oposición entre individuo y colectivo, entre voluntad de los gobiernos y autonomía de los
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poderes y que el gobierno de la mayoría no es democrático si no asegura a los individuos y
a las minorías el derecho de disentir y exigir de los gobiernos.
La democracia como mecanismo de legitimidad de los gobiernos está profundamente
arraigada en América Latina y continúa siendo su principal horizonte utópico. Lo que
asombra, retrospectivamente, es su fuerza a lo largo de todo el siglo XIX y XX: a pesar de los
frecuentes golpes de Estado, de sus evidentes límites, todos los gobernantes –incluso a través
de fraudes electorales organizados– tenían que plegarse a su regla. Esta utopía se expresó
con diversos lenguajes (liberales, socialistas, populistas) y aunque siempre estuvo activa,
nunca logró plasmarse en la realidad (con excepciones como las de Uruguay y Costa Rica).
Un elemento importante a destacar es que en esta utopía política siempre hubo una escisión
entre un anhelo democrático movimientista (en la cual el individuo se disuelve en la masa)
y un anhelo democrático procedimental, donde las reglas son aplicadas en forma universal
y las instituciones son respetadas.
Lo que ha cambiado es que, al calor de la ola de democratización social y cultural por la
cual la región atravesó en las últimas décadas, asistimos a una diferenciación de problemas
y sobre todo, al menos tendencialmente, a la exigencia de una mayor transparencia en el uso
de recursos públicos, el fi
n de la impunidad y una mayor valorización de las instituciones
democráticas como un bien común.
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