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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LVIII, núm. 217
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Calidad democrática en América Latina:
¿proyecto o utopía?
Quality of Democracy in Latin America:
Project or Utopia?
César Cansino
Recibido el 28 de noviembre de 2012
Aceptado el 08 de diciembre de 2012
Licenciado y Maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ciencia
Política por la Universidad de Florencia (Italia) y Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense (España).
Catedrático-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Internacional de Estudios
Políticos Avanzados, (México). Director del Centro de Estudios de Política Comparada y de la Revista
Metapolítica
.
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de numerosos libros como:
La transición mexicana, 1977-2000
(2001) y
La revuelta silenciosa. Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina
(2010). Sus principales líneas
de investigación son: democracia, ciudadanía y espacio público. Correo electrónico: politicaparaciudadanos@gmail.com
RESUMEN
Este trabajo reconoce las limitaciones concep-
tuales de la categoría de calidad democrática al
tiempo que reconoce que si el modo más factible
para registrar, debatir y analizar la afi
rmación
de la democracia en cualquier país es
midién-
dola
en el tiempo (no en el inmediato sino en
el mediato), la novedad que el tema de la cali-
dad democrática expresa para América Latina,
tanto teórica como empíricamente debe com-
prenderse como la culminación sintética y
representativa de dos procesos políticos que han
tenido lugar en la región en los últimos veinti-
cinco años: el proceso de transición democrática
(el paso de regímenes autoritarios hacia formas
inequívocamente democráticas) y el proceso de
consolidación democrática (el fi
rme estableci-
miento y legitimación de las estructuras básicas y
ABSTRACT
While recognizing the heuristic limits of the
concept “democratic quality” this article argues
that measuring democracy over time is the most
adequate way to identify, discuss and analyze its
presence in every country. “Democratic quali-
ty” sheds new light on both concept elaboration
and empirical studies because it synthetizes two
political processes that have developed in the
region in the last twenty fi
ve years: democratic
transition and democratic consolidation.
T
i s
category allows us to defi
ne the current state of
Latin American countries in terms of their insti-
tutional and societal development of democratic
life. We can thus, at least in theory, observe and
propose an integrated improvement of existing
political regimes in a context in which modern
representative democracies are reorganized in
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egún datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (±²u³,
2004 y 2008), n´estra región presenta ´na extraordinaria paradoja: al tiempo q´e ha
podido mantener por más de dos décadas (no sin difi
c´ltades y con alg´nas excepciones)
gobiernos democráticos, enfrenta ´na creciente crisis social: se mantienen prof´ndas
desig´aldades, existen serios niveles de pobreza y el crecimiento económico ha sido
ins´fi
ciente. Res´ltado de todo ello, ha a´mentado la insatisfacción ci´dadana con esas
democracias –expresada por ´n extendido descontento pop´lar– generando en alg´nos
casos consec´encias desestabilizadoras.
Entre otras cifras eloc´entes aportadas por el
±²u³, destaca q´e poco más del 50 % de
q´ienes habitamos en esta parte del planeta estaríamos disp´estos a sacrifi
car ´n gobierno
democrático si con ello alcanzáramos ´n progreso socioeconómico efectivo. De hecho, la
gran mayoría de los latinoamericanos y latinoamericanas estamos insatisfechos con n´estros
políticos y representantes.
de intermediación de los ordenamientos demo-
cráticos). Con esta categoría se b´sca establecer
en q´é p´nto se enc´entran n´estros países en
términos del desarrollo instit´cional y societal
de la vida democrática. Es decir, la categoría per-
mite, en teoría, observar, identifi
car y proponer
el mejoramiento integral de los regímenes polí-
ticos existentes en la act´al reorganización de la
moderna democracia representativa (especial-
mente, en la imperiosa obligación de discernir
cómo dotarla de n´evos atrib´tos y derechos)
y aún en las vías de s´ mejoramiento. Con es-
tas premisas, el a´tor avanza sim´ltáneamente
en dos direcciones interrelacionadas:
a)
consi-
derar el modelo de “calidad democrática” para
analizar las democracias de América Latina y
caracterizar s´ problemática act´al; y
b)
exami-
nar la pertinencia del modelo en s´s capacidades
he´rísticas.
Palabras clave:
América Latina, democracia, ca-
lidad democrática, Estado de derecho, rendición
de c´entas.
terms of their new attrib´tes and rights. Based on
these premises, this article proposes two interre-
lated paths of analysis: a) considering the model
of “democratic q´ality” to analyze Latin Ameri-
can democracies and characterize their present
problems; and b) examining the relevance of this
model’s he´ristic power.
T
e main thesis holds
that not even the most visible long or short-term
transformations ´ndergone by o´r democratic
political legal codes, since its inception, are s´-
cient in and of themselves to bring ´s closer to
the democratic q´ality model, or in other words,
to the basis of a democratic State of law.
Keywords
:
Latin America, democracy, q´ality of
democracy, r´le of law, acco´ntability.
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El panorama se torna aún más preocupante si se observan los muchos défi
cits existentes
en los factores indispensables para la gobernabilidad democrática, tales como una prensa
libre, una sólida protección de los derechos humanos, un poder judicial independiente y
vigoroso, el respeto absoluto a la ley por parte de todos los actores políticos, entre otros
muchos indicadores que nos hablan del grado de materialización real del Estado de derecho
democrático o, para utilizar una terminología más reciente, del grado de “calidad democrática”.
Es a causa de estos “pasivos” de las democracias realmente existentes en América Latina,
que la ciencia política ha introducido la categoría de calidad democrática. La herramienta
pretende ser un instrumento útil para medir y comparar las democracias entre sí y establecer
qué tan “buenas” (o “malas”) son en los hechos, dependiendo de una serie de indicadores
de satisfacción ciudadana. Obviamente, en una primera impresión, se trata de una categoría
bastante imprecisa e insustancial como para depositar en ella esa tarea. Sin embargo, en los
últimos años, en su nombre se ha generado tal cantidad de investigaciones y disertaciones,
que no está de más considerarla para el estudio de los países latinoamericanos, no sin advertir
sus limitaciones explicativas.
En mi opinión, tal y como lo planteé en otro libro (Cansino, 2008) el éxito de esta categoría
se debe más a las limitaciones actuales de la ciencia política para producir saberes relevantes
(por lo que cualquier cosa nueva medianamente original sacude a la pequeña comunidad
de politólogos) que por los méritos inherentes a la propia herramienta. Como quiera que
sea, si asumimos que el modo más factible para registrar, debatir y analizar la afi
rmación
de la democracia en cualquier país es
midiéndola
en el tiempo (no en el inmediato sino
en el mediato), la novedad que el tema de la “calidad democrática” expresa para América
Latina, tanto en términos estrictamente conceptuales como en el terreno de la investigación
empírica orientada a identifi
car los problemas y llegar, incluso, a proponer distintas estrategias
de mejoramiento, debe comprenderse como la culminación sintética y caracterizante de
dos procesos políticos que han tenido lugar en la región en los últimos veinticinco años,
aunque con muchas difi
cultades y disparidades: el proceso de transición democrática (el
paso de regímenes autoritarios hacia formas inequívocamente democráticas) y el proceso de
consolidación democrática (el fi
rme establecimiento y legitimación de las estructuras básicas
y de intermediación de los ordenamientos democráticos).
Con el modelo de calidad democrática se busca establecer en qué punto se encuentran
nuestros países en términos del desarrollo institucional y societal de la vida democrática. Es decir,
la categoría de calidad de la democracia nos permite, en teoría, observar, identifi
car y proponer
el mejoramiento integral de los regímenes políticos existentes en la actual reorganización de la
moderna democracia representativa (especialmente en la imperiosa obligación de discernir cómo
dotarla de nuevos atributos y derechos). Incluso, se puede decir que la noción de “mejoramiento”
de la democracia es deudora de la concepción sociológica sobre el Estado y la política, desde
el momento en que su preocupación central es preguntarse sobre las condiciones necesarias
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(sociales, económicas y propiamente políticas) que permiten, en primer lugar, el
nacimiento
o
la
recuperación
de una democracia posterior a una experiencia anti-democrática, para abordar
posteriormente el problema de sus distintos desarrollos y, por último, su perdurabilidad en el
tiempo y/o eventual regreso a una forma autoritaria o de otro tipo anti-democrático.
1
Con estas premisas, en este ensayo me propongo avanzar simultáneamente en dos
direcciones interrelacionadas:
a)
considerar el modelo de calidad democrática para analizar
las democracias de América Latina y caracterizar su problemática actual; y
b)
examinar la
pertinencia del modelo en sus capacidades heurísticas.
2
¿Qué es (y qué no) la calidad democrática?
Desde su constitución como disciplina con pretensiones científi
cas, es decir empírica, de-
mostrativa y rigurosa en el plano metodológico y conceptual, la ciencia política ha estado
obsesionada en ofrecer una defi
nición empírica de la democracia, una defi
nición no conta-
minada por ningún tipo de prejuicio valorativo o prescriptivo; una defi
nición objetiva y lo
sufi
cientemente precisa como para estudiar científi
camente cualquier régimen que se presuma
como democrático y establecer así criterios de comparabilidad bien delimitados.
3
1
Ya Norberto Bobbio (1955) advertía la necesidad de profundizar en el conocimiento
real
de los regímenes políticos
l
l
y particularmente de la democracia, dado que –insistía– sólo a partir del conocimiento y de la información recabada
por medio de distintas técnicas (
in primis
, la estadística y los estudios de opinión y encuestas) es posible saber:
a)
la
perdurabilidad o no perdurabilidad de un régimen político en el horizonte temporal;
b)
la posibilidad de orientar
o no distintas propuestas que los propios estudiosos pudieran tener para la solución adecuada de los problemas
institucionales y de “arraigo” social frente al régimen democrático; y
c)
el compromiso cívico necesario –aunque el
propio Bobbio era escéptico en este punto– para resguardar institucional y socialmente al régimen democrático.
2
Para este estudio retomo algunos lineamientos teóricos y metodológicos avanzados en un trabajo precedente:
Cansino y Covarrubias (2007).
3
La pauta fue establecida desde antes de la constitución formal de la ciencia política, en la segunda posguerra en
Estados Unidos, por el economista austriaco, Joseph Schumpeter, quien en un libro de 1942 (
Capitalism, Socialism
and Democracy
) propuso una defi
nición “realista” de la democracia distinta a las defi
niciones idealistas que habían
prevalecido hasta entonces. Posteriormente, ya en el seno de la ciencia política, en un libro cuya primera edición data de
1957,
Democrazia e defi
nizioni
, el politólogo italiano Giovanni Sartori insistió puntualmente en la necesidad de avanzar
hacia una defi
nición empírica de la democracia que permitiera conducir investigaciones comparadas y sistemáticas
sobre las democracias modernas. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en 1971 del famoso libro
Poliarchy.
Participation and Opposition
, de Robert Dahl, que la ciencia política dispuso de una defi
nición aparentemente confi
able
y rigurosa de democracia, misma que adquirió gran difusión y aceptación en la creciente comunidad politológica al
grado de que aún hoy, casi cuatro décadas después de formulada, sigue considerándose como la defi
nición empírica más
autorizada. Como se sabe, Dahl parte de señalar que toda defi
nición de democracia ha contenido siempre un elemento
ideal, de deber ser, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego.
De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de “poliarquía” para referirse
exclusivamente a las democracias reales. Según esta defi
nición, una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada
por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos (inclusión).
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El interés en el tema se ha movido entre distintos tópicos: estudios comparados para
medir –según indicadores preestablecidos– cuáles regímenes son más democráticos; las
particularidades de los procesos de transición a las democracias o democratizaciones; las
crisis de las democracias, el cálculo del consenso, la agregación de intereses, la representación
política, etcétera. Sin embargo, la defi
nición empírica de democracia avanzada por la ciencia
política, parece haberse topado fi
nalmente con una piedra que le impide ir más lejos. En
efecto, a juzgar por el debate que desde hace una década se ha venido ventilando en el seno
de la ciencia política en torno a la así llamada calidad de la democracia, la pertinencia de la
defi
nición empírica de democracia largamente dominante se ha puesto en cuestión, si de lo
que se trata es de evaluar qué tan “buenas” son las democracias realmente existentes.
4
El tema de la calidad de la democracia surge de la necesidad de introducir criterios más
pertinentes y realistas para examinar a las democracias contemporáneas, la mayoría de ellas
(sobre todo las de América Latina, Europa del Este, África y Asia) muy por debajo de los
estándares mínimos de calidad deseables. Por la vía de los hechos, el concepto precedente de
“consolidación democrática”, con el que se pretendían establecer parámetros precisos para
que una democracia recién instaurada pudiera considerarse fi
rmemente institucionalizada y
legitimada, terminó siendo insustancial, pues fueron muy pocas las transiciones que durante
la “tercera ola” de democratizaciones, para decirlo en palabras de Samuel P. Huntington
(1991), pudieron efectivamente consolidarse. Por el contrario, la mayoría de las democracias
recién instauradas si bien han podido perdurar, lo han hecho en condiciones francamente
delicadas y han sido institucionalmente muy frágiles. De ahí que, si la constante empírica ha
sido la mera persistencia de las democracias instauradas durante los últimos treinta años, se
volvía necesario introducir una serie de criterios más pertinentes para dar cuenta de manera
rigurosa de las insufi
ciencias y los innumerables problemas que experimentan la mayoría de
las democracias en el mundo.
En principio, la noción de “calidad de la democracia” vino a colmar este vacío y hasta
ahora sus promotores intelectuales han aportado criterios muy útiles y sugerentes para
la investigación empírica. Sin embargo, conforme este enfoque ganaba adeptos entre los
politólogos, la ciencia política empírica fue entrando casi imperceptiblemente en un terreno
movedizo que hacía tambalear muchos de los presupuestos que le daban identidad y sentido
y que trabajosamente habían construido desde sus inicios, en los años cuarenta del siglo
pasado en Estados Unidos. Baste señalar que la categoría de calidad de la democracia adopta
criterios indiscutiblemente normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes,
con lo que se trastoca el imperativo de prescindir de conceptos cuya carga valorativa pudieran
entorpecer el estudio objetivo de la realidad. Así, por ejemplo, los iniciadores del uso de este
4
Entre los principales animadores del debate sobre la calidad democrática destacan Guillermo O’Donnell (2004a y
2004b); Philippe C. Schmitter (2004); G. Bingham Powell, Jr. (2004); David Beetham (2004) y Leonardo Morlino (2003).
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concepto en la jerga politológica –académicos muy reconocidos como Morlino, O’Donnell,
Schmitter, entre muchos otros–, establecieron como criterio de medición qué tanto dichas
democracias se aproximaban a (o se alejaban de) los ideales de libertad e igualdad inherentes
a la propia democracia. De este modo, la ciencia política ha dejado entrar por la ventana
aquello que celosamente intentó expulsar desde su constitución: los elementos abiertamente
normativos y prescriptivos.
Más allá de ponderar lo que esta contradicción supone para la ciencia política en términos
de su congruencia, pertinencia e incluso vigencia,
5
el asunto muestra con toda claridad la
imposibilidad de evaluar a las democracias realmente existentes por fuera de la adopción de
aquellos criterios que la politología siempre miró con desdén. Dicho de otra manera, lo que el
debate sobre la calidad de la democracia revela es que hoy no se puede decir nada interesante
y sugerente sobre la realidad de las democracias si no es recurriendo a una defi
nición ideal o
normativa de la democracia que oriente nuestras búsquedas e interrogantes sobre el fenómeno
democrático.
Tiene mucho sentido para los politólogos que han incursionado en el tema de la calidad de
la democracia partir de una nueva defi
nición de democracia, distinta a la que ha prevalecido
durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en los procedimientos electorales
que aseguran la circulación de las elites políticas que en aspectos relativos a la afi
rmación de
los derechos y obligaciones ciudadanos. Así lo entendió hace tiempo Philippe C. Schmitter,
quien explícitamente se propuso ofrecer una defi
nición alternativa: “la democracia es un
régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por
los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus
representantes” (Schmitter y Karl, 1993: 17-30).
Con esta defi
nición, se abría la puerta a la idea de democracia que hoy comparten muchos
politólogos que se han propuesto medir qué tan buenas (o malas) son las democracias realmente
existentes. La premisa fuerte de esta postura es considerar a la democracia desde el punto
de vista del ciudadano; es decir, qué tanto una democracia respeta, promueve y asegura los
derechos del ciudadano en relación con sus gobernantes. Así, entre mayor sea la capacidad de
los ciudadanos de elegir, sancionar, vigilar, controlar y exigir a los representantes que toman las
decisiones acordes a sus demandas y necesidades, mayor será la calidad de dicha democracia
y viceversa. En esa dirección contribuyó sobremanera el concepto de “democracia delegativa”
acuñado en 1994 por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell. Según esta concepción,
existen en el mundo varios tipos de democracias. En el caso de América Latina, más allá de
poder elegir a sus representantes periódicamente, los ciudadanos carecen de toda posibilidad
normativamente establecida para inF
uir en los asuntos públicos. Por muchas razones, en
estas democracias no maduraron una serie de preceptos jurídicos que aseguraran que los
5
Muy en la línea con lo que Sartori ha planteado recientemente sobre la crisis actual de la ciencia política (Sartori, 2004).
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ciudadanos sean siempre el origen y el fi
n de todas las decisiones políticas que les competen.
Más allá de las reglas e instituciones electorales, cuestiones como el gobierno de la ley o la
rendición de cuentas, han sido intermitentes o francamente inexistentes. De ahí que se trate
de democracias delegativas, pues una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes, les
delegan la función de gobernar por un tiempo determinado, durante el cual no podrán incidir
por carecer de las vías institucionales o jurídicas para hacerlo. En estos casos, los ciudadanos
no tienen la oportunidad de verifi
car y evaluar la labor de sus gobernantes.
Llegados a este punto, sólo había que agrupar los elementos dispersos para dar lugar a
una noción de democracia pertinente para los efectos de medir su mayor o menor calidad.
La síntesis y la propuesta más acabada elaborada hasta ahora fue propuesta por el politólogo
italiano Leonardo Morlino (2003), quien con gran atingencia resume en cinco puntos los
criterios para medir una democracia de calidad:
a)
gobierno de la ley (
rule of law
);
b)
rendición
de cuentas (
accountability
);
c)
reciprocidad (
responsiveness
);
d)
qué tanto la democracia en
cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia (respeto pleno de los
derechos que se extienden al logro de un espectro cada vez mayor de libertades); y
e)
qué
tanto, la democracia en cuestión, se aproxima al ideal de igualdad inherente a la democracia
(implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica). Así, prosigue el
autor, “una democracia de calidad o buena es aquella que presenta
una estructura institucional
estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento
legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos
” (Morlino, 2005: 38).
A primera vista, la noción de democracia de calidad aportada por estos autores resulta
muy sugerente para el análisis de las democracias modernas, a condición de considerarla
como un modelo típico-ideal que anteponer a la realidad siempre imperfecta y llena de
contradicciones. Por esta vía, se establecen parámetros de idoneidad cuya consecución puede
alentar soluciones y correcciones prácticas, pues no debe olvidarse que el deber ser que alienta
las acciones adquiere materialidad en el momento mismo en que es incorporado en forma
de proyecto o meta deseable o alternativa. Además, por las características de los criterios
adoptados en la defi
nición de democracia de calidad, se trata de un modelo abiertamente
normativo y prescriptivo que incluso podría emparentarse sin difi
cultad con la idea de Estado
de derecho democrático; es decir, con una noción jurídica que se alimenta de las fi
losofías
liberal y democrática y que se traduce en preceptos para asegurar los derechos individuales
y la equidad propia de una sociedad soberana y políticamente responsable.
La principal contribución del modelo de democracia de calidad es ofrecer una serie de
criterios mínimos indispensables de carácter normativo para hablar de una democracia efectiva:
gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, libertad e igualdad. En el seno de la
ciencia política en la que este modelo surge, quizá se desdibuje su potencial explicativo, pues
se presupone que las democracias pueden contar con alguno o algunos de estos criterios sin
dejar de ser democracias, si acaso son democracias imperfectas o en vías de consolidación.
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Contrariamente a este proceder, me parece que este modelo puede ser realmente valioso en
la medida que no admita gradaciones en el momento de emplearlo para analizar regímenes
políticos concretos. Dicho de otro modo, en estricto sentido, si en una democracia no operan
todos los preceptos defi
nidos por el modelo u operan de manera parcial, ésta no merece el
nombre de democracia, por más que se le añadan distintos adjetivos para establecer sus
insufi
ciencias o limitaciones (“imperfectas”, “inconclusas”, “delegativas”, “en transición”, etcétera).
Quizá estemos en presencia de un régimen democrático en lo electoral, pero
antidemocrático
en todo los demás. No hay por qué temer a los términos. Además, como modelo normativo,
el de la calidad democrática nos permite ganar en claridad acerca de las condiciones mínimas
e indispensables de carácter legal –centradas en el ciudadano– para califi
car de democracia a
un determinado régimen. Ganar en claridad en aspectos tales como la rendición de cuentas
o el imperio de la ley es una condición imprescindible para reconocer los défi
cits que, tarde
o temprano, deberán ser colmados en la perspectiva de mejorar nuestras realidades políticas.
Además, se trata de criterios normativos fácilmente reconocibles, ya sea porque deberán
estar formalizados claramente en las Constituciones nacionales vigentes a manera de garantías
y derechos para todos los ciudadanos sin distinción; o porque su efectividad se deduce de
las propias condiciones de libertad e igualdad existentes en la sociedad en cuestión. Desde
este punto de vista, tiene mucho sentido asumir, por ejemplo, que sólo puede hablarse de
democracia en sociedades donde las desigualdades extremas o la concentración inequitativa
de la riqueza han disminuido de manera efectiva. Tiene sentido porque la lógica sugiere que
una democracia efectiva no puede más que atender las necesidades y las demandas de las
mayorías, a las que se deben los gobernantes de turno, por lo que en presencia de desigualdades
oprobiosas hay algo que simplemente no está funcionando. Lo mismo vale para la noción
de libertad, que en este caso se traduce en derechos cada vez más efectivos y plenos para las
minorías de un país.
Por todo lo anterior, en general encuentro pertinente el modelo de calidad democrática.
Recurrir a él desde América Latina, por ejemplo, constituye una herramienta de primera
mano para advertir claramente los grandes défi
cits que los países de esta región tienen en
materia de democracia. Además, este modelo, por el hecho de provenir de una tradición de
pensamiento –a estas alturas muy arraigada e inF
uyente en Latinoamérica– heredera de la
vasta literatura politológica sobre transiciones a la democracia, asegura su fácil incorporación
a los esquemas de explicación dominantes entre sus intelectuales y académicos. En suma, su
impacto está asegurado en nuestras latitudes porque de manera clara y concisa ilustra sobre
un deber ser de la democracia históricamente ausente en prácticamente toda la región, pero
igualmente indispensable para mejorar las reglas e instituciones políticas existentes. En ese
sentido, este modelo me recuerda a otro que en los años ochenta del siglo pasado tuvo gran
inF
uencia en América Latina: la defi
nición mínima de democracia propuesta en su momento
por el fi
lósofo Norberto Bobbio (1984), pues con ella, los latinoamericanos pudimos reconocer
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sin f
orituras ni ambages las condiciones mínimas que nos permitían hablar de democracia,
en contextos donde el concepto había suFrido todo tipo de usos y abusos a manos de los
políticos e ideólogos de turno. Ahora, de lo que se trata es de sumar a la defi
nición mínima
de democracia otras condiciones de carácter normativo que fi
nalmente hagan las cuentas con
el ciudadano, principio y fi
n de la democracia. No es aventurado anticipar un gran éxito al
modelo de la calidad de la democracia en América Latina, pues existe ya en nuestros países
una conciencia muy desarrollada en torno al papel central del ciudadano en la construcción
de sus sociedades, papel que Fue largamente escamoteado y ninguneado por las elites locales y
que explica, en parte, la escasa atención que ha merecido en los arreglos normativos vigentes
en prácticamente toda la región.
Con todo, por su origen politológico, este modelo sigue atrapado en los esquemas de
democracia real dominantes en la disciplina. En ese sentido, para este enFoque, la democracia
es ante todo una Forma de gobierno basada en una serie de instituciones y procedimientos que
regulan la circulación permanente de las elites mediante el suFragio eFectivo. Como tal, una
democracia puede ser perFectible en la medida que incorpore más derechos y garantías para
que los ciudadanos puedan vigilar, controlar y sancionar a sus autoridades. La adenda es en
sí misma valiosa para enriquecer nuestro entendimiento de la democracia, pero ciertamente
insufi
ciente para quien intuye que la democracia es mucho más que una Forma de gobierno.
Por ello, es menester considerar otros modelos de democracia para los cuales ésta es también
una Forma de sociedad, una Forma de vida. El tránsito a este tipo de posiciones es importante,
pues quizá las democracias realmente existentes pueden incorporar en sus arreglos normativos
preceptos cada vez más justos y amplios para perFeccionarse, como sugiere el modelo de
la calidad democrática. Pero al mismo tiempo, es muy probable que sigan atrapadas en
disputas mezquinas por el poder, que supediten nuevamente a los ciudadanos y sus eventuales
conquistas. A fi
nal de cuentas, el entendimiento del poder en clave realista lleva a reconocer
que el peso de los intereses creados no tiene reparos de ningún tipo. De ahí que, aceptando
la utilidad que en un primer momento puede tener el concepto y el análisis de la calidad
democrática, es importante hurgar también en otros modelos de democracia –quizá menos
realistas– para identifi
car la capacidad instituyente de la sociedad en una democracia en la
cual el hecho de que las elites busquen siempre imponer sus reglas y condiciones, más que
una limitante sea comprendida como una posibilidad de resistencia, subversión o afi
rmación
creativa y participativa de la sociedad.
Además, en estricto sentido, el tema de la calidad de la democracia no es nuevo. Es tan
viejo como la propia democracia. Quizá cambien los términos y los métodos empleados para
estudiarla, pero desde siempre ha existido la inquietud de evaluar la pertinencia de las Formas
de gobierno: ¿por qué una Forma de gobierno es preFerible a otras? Es una pregunta central
de la fi
losoFía política, y para responderla se han oFrecido los más diversos argumentos para
justifi
car la superioridad de los valores inherentes a una Forma política respecto de los valores
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de formas políticas alternativas. Y aquí, justifi
car no signifi
ca otra cosa más que argumentar qué
tan justa es una forma de gobierno en relación con las necesidades y la naturaleza de los seres
humanos (la condición humana). En este sentido, la ciencia política que ahora abraza la noción
de calidad de la democracia para califi
car a las democracias realmente existentes no hace sino
colocarse en la tradición de pensamiento que va desde Platón –quien trató de reconocer las
virtudes de la verdadera República, entre el ideal y la realidad– hasta John Rawls (1971) –quien
también buscó afanosamente las claves universales de una sociedad justa–, y al hacerlo, esta
disciplina pretendidamente científi
ca, muestra implícitamente sus propias inconsistencias e
insufi
ciencias, y quizá, su propia decadencia. La ciencia política, que se reclamaba a sí misma
como el saber más riguroso y sistemático de la política, el saber empírico por antonomasia, ha
debido ceder fi
nalmente a las tentaciones prescriptivas a la hora de analizar la democracia, pues
evaluar su calidad sólo puede hacerse en referencia a un ideal de la misma, nunca alcanzado
pero siempre deseado.
Calidad de la democracia en clave latinoamericana
Sirvan las premisas teóricas y conceptuales previas para sustentar una tesis para América Latina,
que aunque dramática no pretende ser paralizante: por los rasgos dominantes de su tradición
política confi
gurados desde su etapa independiente, por las características específi
cas de sus
transiciones democráticas en el último cuarto del siglo pasado y por sus procesos inconclusos
y truncados de consolidación democrática, la calidad de la democracia –entendida como la
culminación de un proceso de mejoramiento institucional y normativo con el tamiz de la
ampliación de derechos civiles y políticos de los ciudadanos en relación con sus autorida-
des– sigue siendo más una aspiración legítima que una realidad constatable en prácticamente
todos los países de la región, incluyendo aquellas democracias que han mostrado los mejores
avances en lo que a gobernabilidad y legitimidad se refi
ere. La tesis, decíamos, es dramática,
pero al menos tiene en nuestro continente una atenuante nada despreciable: pese a que las
condiciones de libertad e igualdad a las que se refi
ere la noción de calidad democrática se
mantienen en nuestros países muy por debajo de las conquistadas en las democracias más
avanzadas del mundo, ello no ha sido impedimento para la afi
rmación de una ciudadanía cada
vez más crítica, demandante y participativa, quizá incluso en mayor grado que la existente en
aquellos países en los que se han satisfecho muchos de los défi
cits apreciados en los nuestros.
Es claro que las naciones latinoamericanas tienen más desafíos que resolver en este terreno,
más anhelos por conquistar, más reclamos por demandar, por lo que la inmovilidad y la apatía
pueden marcar la diferencia entre una sociedad avasallada y una en movimiento. Además,
si en el pasado autoritario todavía reciente de nuestros países, la inexistencia de condiciones
mínimas de libertad e igualdad no fue impedimento para la acción y la contestación de muchos
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ciudadanos, aún a costa de arriesgar su propia integridad, con más razón ahora, en el seno de
democracias en construcción, observamos cotidianamente una ciudadanía más involucrada
en los asuntos públicos y menos predispuesta a la opacidad a la que quieren reducirla siste-
máticamente las elites políticas y las oligarquías locales, manteniendo edifi
cios normativos
endebles, mezquinos y obsoletos en lo que a derechos y garantías ciudadanas se refi
ere. La
apreciación es importante si a los muchos défi
cits institucionales y normativos que acusan
nuestras democracias anteponemos algo más que causas justifi
cadas o lugares comunes. La
realidad es que la afi
rmación y la construcción de ciudadanía en América Latina ha debido
navegar históricamente a contracorriente, en negativo, sustrayéndola a quienes insisten en
negarla sistemáticamente por convenir a sus intereses.
Por lo demás, como ya se estableció, ninguna de las jóvenes democracias de la región
califi
ca cuando se las mide con el rasero de la calidad democrática, por más que se puedan
establecer diferencias de grado o magnitud en cada uno de sus indicadores de un país a otro.
Más aún después de dos décadas de vida democrática, de cierto desarrollo del estado de la
discusión y de las iniciativas sobre qué democracia deseamos y podemos edifi
car en el corto
y el largo plazo, estas reF
exiones quedaron enclaustradas en una concepción
tout court
de la
democracia donde incluso se llegó a pensar que ésta sería la llave para resolver todos nuestros
males, ya que se creía que en el momento en que cayeran las dictaduras, las imperfecciones
de la propia democracia serían un asunto menor.
Nuestras democracias siguen en espera de nuevos atributos, ahora muy distintos a los que
impulsaron en su momento los actores partidarios de la democratización. Por ello, y he ahí
el valor de la noción de calidad democrática, resulta fundamental en la actualidad refi
nar la
discusión y sobre todo la perspectiva de democracia que se puede construir en el porvenir.
Más aún, considerando los múltiples sondeos realizados en la región, donde se corrobora
que el grueso de nuestras ciudadanías ha dejado de creer en sus autoridades y representantes.
Por lo tanto, preguntarse sobre qué tan buena es la democracia actual en América Latina
resulta un ejercicio sensato y oportuno, porque ello puede ser un indicio para saber cuál es
la verdadera situación en la que nos encontramos políticamente hablando: ¿confi
rmación y/o
retroceso de la democracia? Al mismo tiempo, con un diagnóstico más acabado y profundo de
su estado de salud, se habilita la posibilidad de transformar y mejorar nuestras democracias
realmente
existentes.
A la vista de los rezagos, las inercias y las asignaturas pendientes que han signado nuestras
realidades postransicionales, sólo desde la ingenuidad más rampante se puede afi
rmar que
la democracia en América Latina se encuentra en vías de una franca y segura consolidación.
Algo similar se puede decir con respecto a la calidad democrática. Así, por ejemplo, sin
considerar cuestiones colaterales al modelo de calidad democrática pero que siguen mostrando
enormes difi
cultades, como es el caso de los sistemas y prácticas electorales (que en algunos
de nuestros países no han generado la certidumbre y la confi
abilidad mínimas necesarias),
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o la arquitectura de sus sistemas de gobierno (donde el equilibrio efectivo y dinámico entre
los poderes es más una aspiración que un dato de hecho), son muy pocos los países que han
introducido en sus normatividades vigentes, mejores y más amplias prerrogativas ciudadanas
en materia de rendición de cuentas de las autoridades; o instrumentos legales efi
cientes para
impedir los abusos de autoridad, la corrupción política, la impunidad y la aplicación arbitraria
de la ley; o mecanismos normativos que obliguen y comprometan a las autoridades a actuar
en correspondencia con las ofertas de campaña que los llevaron al poder. Asimismo, tanto la
extensión de la ley para dar cobertura y protección a las garantías y derechos de las minorías
de todo tipo, como la disminución de la más que evidente inequidad social que lacera a todas
nuestras sociedades, siguen siendo promesas de marinero en nuestras democracias. En otras
palabras, ni las transformaciones más visibles y profundas, tanto en el largo como en el corto
plazo, experimentadas por nuestros ordenamientos políticos democráticos desde su propia
instauración, alcanzan por sí solas para aproximarnos siquiera mínimamente al modelo de
calidad democrática o, lo que es lo mismo, al basamento del Estado de derecho democrático.
Con todo, el propio modelo nos ilustra y clarifi
ca un camino por recorrer y una meta por
alcanzar en la perspectiva de mejorar nuestras pobres realidades democráticas.
Por lo demás, es momento de señalar que concebir a la democracia como una forma de
sociedad tal y como lo he propuesto antes, es decir, como un espacio público político de
deliberación en la que los ciudadanos se juegan los valores que han de articular a la sociedad,
no está reñida con la necesaria y urgente tarea de completar el andamiaje institucional y
normativo de corte democrático y que el modelo de calidad democrática desnuda claramente
en todas sus inconsistencias. Se trata más bien de una tarea muy importante como para dejarla
sólo en manos de los políticos profesionales o ingenieros constitucionales.
En efecto, sólo la existencia de un auténtico régimen de libertades y derechos individuales
ofrece a la ciudadanía su autonomía de acción y su consecuente responsabilidad cívica,
semilla de una sociedad con interacciones virtuosas, creativas y constructivas. Por el
contrario, una sociedad que no cuenta con auténticos mecanismos de protección de sus
derechos, que simula tenerlos o que los inhibe en pos de una supuesta protección superior
de los derechos sociales, trae como consecuencia una sociedad desigual, fragmentada, sin
solidaridad ni interacción cívica elemental. Si a alguien compete hacer valer y ampliar sus
derechos, es precisamente a la propia sociedad.
Con todo, para evitar caer en aspiraciones poco realistas, cabe reconocer que al
deterioro y la falta de maduración institucional de nuestras incipientes democracias, se
suma además la persistencia de ominosos factores, tales como:
a)
una cultura política
providencialista dominante en buena parte de nuestras sociedades (a partir de la cual
muchos ciudadanos siguen esperando y viendo los avances democráticos como dádivas
de los “de arriba”), alimentada en buena medida desde el poder político y las posiciones
de gobierno;
b)
actitudes y conductas patrimonialistas de parte de la clase política y de las
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burocracias partidistas, que siguen,
de facto
, expropiándoles a los ciudadanos la iniciativa
y la capacidad de decisión reales;
c)
poca o nula transparencia y rendición de cuentas de
partidos y gobiernos hacia la ciudadanía y, por ende, retroalimentación del círculo perverso
de la corrupción y la inefi
ciencia gubernamentales;
d)
prácticas partidistas corporativistas
y clientelares, que traducidas en acción gubernamental, refuerzan el rol de súbdito y no
así el de ciudadano activo y responsable; y
e)
en general, un clima de gran desconfi
anza
y descalifi
cación entre los actores partidistas y gubernamentales, que mina de entrada la
posibilidad de la construcción de una cultura del consenso y traba las posibilidades de
conformación de mayorías y coaliciones democráticas.
Pero volviendo a los indicadores de calidad democrática, considero que muchos de los
problemas de la democracia en América Latina tienen menor vinculación con los procesos
electorales turbulentos y poco confi
ables,
6
que con la persistencia de Estados inefi
cientes
que perpetúan la exclusión social.
7
En la actualidad, sólo tres países de América Latina
han podido establecer el imperio de la ley en un nivel cercano al de las democracias más
estables de Europa y Norteamérica: Chile, Costa Rica y Uruguay. Además, están entre las
naciones menos corruptas del mundo y cuentan con jueces altamente independientes, como
indicadores indiscutibles del imperio de la ley que debe prevalecer en todo Estado de derecho.
En el extremo opuesto, la mayoría de los países andinos y de Centroamérica tienen serios
problemas derivados de la ausencia de gobierno de la ley: los jueces están profundamente
politizados y son incapaces de controlar efectivamente la corrupción. Como resultado, sus
democracias están permanentemente en crisis. En un nivel intermedio están Argentina,
Brasil y México y pocos casos más como Panamá y República Dominicana. En todo caso, lo
que esta situación revela es que la inestabilidad política dominante en la región tiene menor
vinculación con procesos electorales poco democráticos que con la inexistencia de Estados
de derecho confi
ables que desalienten la impunidad, promuevan la rendición de cuentas
y la corresponsabilidad de las autoridades para con los ciudadanos y aseguren un efectivo
equilibrio entre los poderes mediante controles recíprocos. Lejos de ello, lo que prevalece son
legislaturas que no deliberan, cortes que no son imparciales ni independientes, y ejecutivos
que abiertamente se colocan por encima de la ley (Cameron, 2007).
6
Según el reporte del ±²³´ (2004) la mayoría de los países de la región cumplen con los criterios mínimos necesarios
para ser clasifi
cados como democracias electorales (
v. gr
.: derecho al voto, elecciones libres, elección pública de las
autoridades). Pero el mismo reporte apunta que el hecho de que exista democracia electoral no signifi
ca que la política
democrática en América Latina sea estable. En efecto, muchos países han vivido severas crisis políticas desde principios
de los años noventa: el fraude en Guatemala de 1994, el autogolpe en Perú en 1992, el autogolpe en Guatemala en 1993,
la crisis constitucional en Paraguay en 1996 y 1999, la reelección inconstitucional de Fujimori en 2000, la deposición de
Bucaram en Ecuador en 1997, la crisis de Venezuela en 2002, entre otros.
7
Por esta razón, O’Donnell (2001) ha propuesto mutar la raíz del concepto de democracia del régimen político al
Estado, es decir considerar ante todo el grado de concreción en cada caso nacional del Estado de derecho democrático.
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El problema de fondo es entonces la ilegalidad reinante. No es casual que América Latina
presente los índices de corrupción política más altos a nivel mundial.
8
Tan grave es el problema
que un estudio muy sugerente habla del retorno de los “Estados depredadores” para referirse a
varios países de América Latina (Diamond, 2008). Huelga decir que sin un Estado de derecho
democrático sin instituciones políticas y legales capaces de controlar la corrupción, no sólo se
compromete la estabilidad política sino que se vuelve inefectiva cualquier política de crecimiento.
La ilegalidad es un obstáculo para la democracia. Muchas razones podrían explicar su larga
persistencia en América Latina así como las muchas difi
cultades existentes para revertirla o
conjurarla, desde cuestiones históricas y culturales, hasta económicas y políticas. Así, por ejemplo,
la mayoría de las leyes vigentes en nuestros países no necesariamente son leyes legítimas en la
medida que las legislaturas que las promulgan con frecuencia son poco representativas de la
voluntad popular. Obviamente, esto lleva al constante cuestionamiento de las leyes, a su imposición
y acatamiento relativos, según sea el grupo social, político o económico que se sienta protegido
o afectado. Por otra parte, el peso de la tradición puede ser más fuerte que otros criterios a la
hora de aplicar la ley (
v. gr
.: con frecuencia los actores llegan a acuerdos por fuera de la ley pero
son tolerados por los benefi
cios que pueden reportar; las leyes pueden ser muy “permisivas” con
los intereses de actores poderosos; en ocasiones se toleran movimientos sociales ilegales para
que los gobiernos no aparezcan como represores e intolerantes, etc.) (Benítez Manaus, 2007).
Pero si el panorama resulta desalentador en América Latina en materia de Estado de derecho,
rendición de cuentas y responsabilidad de las autoridades ante los ciudadanos, los indicadores
restantes del modelo de calidad democrática –libertad e igualdad– salen todavía peor librados.
Sobre el primero, ya se han señalado los muchos défi
cits que existen tanto en el respeto pleno
de los derechos individuales como en su ampliación efectiva para cubrir aspectos todavía
ausentes, como las garantías a grupos minoritarios de todo tipo. En materia de procuración
de justicia, por ejemplo, siguen existiendo privilegios y exclusiones extralegales muy obvias.
Esta disfuncionalidad de los sistemas jurídicos deriva del hecho de que en América Latina,
a diferencia de lo ocurrido en países industrializados, la expansión de los derechos civiles
no se desarrolló como una pieza del sistema jurídico antes del establecimiento de derechos
asistenciales o políticos. Por el contrario, el proceso de
juridización
social de la región (desde
mitad del siglo XIX) implementó un Estado que en lugar de consolidar la esfera de autonomía
individual, promovió una supuesta responsabilidad social. En consecuencia, si los derechos
civiles o libertades individuales son el soporte fundamental de la pluralidad y la diversidad,
entonces el elemento liberal está ausente en las democracias latinoamericanas.
9
8
Véase el índice de corrupción anual elaborado por Transparencia Internacional <www.transparency.org>
9
Smith y Zingler (2006) clasifi
can a Bolivia, Honduras y Panamá como democracias iliberales (donde las elecciones son
sistemáticamente impugnadas), mientras Costa Rica y Uruguay son liberales, Paraguay y Perú, iliberales, y más recientemente
Chile y México han dejado de ser iliberales para convertirse en democracias liberales.
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En cuanto a la equidad, o sea la implementación progresiva de mayor igualdad política,
social y económica, no queda más remedio que reconocer que América Latina es la región más
inequitativa del mundo. En todos nuestros países, donde las mayorías son pobres y tienen escaso
acceso a la justicia, la voluntad de la mayoría es permanentemente frustrada por el poder de
las minorías –especialmente poderosos grupos económicos–, mientras que los derechos y las
libertades fundamentales no se protegen. El dinero y la política ejercen una inF
uencia corrosiva
permanente en las instituciones judiciales de la región y las cortes se vuelven instrumentos de
control político, manipulación y persecución.
±rente a este desolador panorama, la pregunta obvia es qué hacer. Ciertamente la magnitud
de los desafíos es tal que puede conducir a la parálisis, pero a fi
nal de cuentas lo que el
modelo de calidad democrática establece no es otra cosa que un conjunto de vacíos legales
y normativos en materia de Estado de derecho democrático que pueden subsanarse por los
canales institucionales y legislativos establecidos en cada contexto nacional a condición de que
exista la voluntad política de los diversos actores para hacerlo. No estamos hablando pues de
tramas metafísicas sino de reformas constitucionales ambiciosas pero plausibles. A guisa de
ejemplo, considérense las siguientes tareas: reconstruir los sistemas de justicia; perfeccionar
los mecanismos de control legislativo; establecer mecanismos efi
caces reguladores de los
grandes monopolios a fi
n de que los procesos de privatización y reducción del aparato estatal
y las inversiones extranjeras sean verdaderamente el nuevo motor de las economía; suprimir
las leyes de excepción del pasado, que cobijan fueros, refuerzan la concentración en exceso del
poder político en la rama ejecutiva y del económico en cada vez menos empresarios; así como
redefi
nir las competencias y los controles horizontales entre los poderes públicos. Obviamente,
es deseable que los cambios a las leyes se den con un consenso social amplio, para que tengan
proyección y sean incluyentes (Benítez Manaus, 2007).
Nuevos adjetivos para la democracia
Si en el pasado autoritario, vislumbrar el horizonte democrático obligaba a la cordura y la
mesura –una democracia de mínimos posibles antes que de máximos inviables, una demo-
cracia sin adjetivos–, mirar hoy a futuro, una vez que se han afi
rmado esos mínimos por la
vía de la transición, no puede hacerse sino ponderando realistamente los máximos posibles.
Y aquí, el tema de una democracia de calidad es lo más realista a lo que podemos aspirar; es
decir, una democracia que coloque al ciudadano en el centro de las decisiones, mediante el
fortalecimiento del Estado de derecho democrático.
El saldo actual en este rubro no podía ser más defi
citario. A veces tengo la impresión de
que más que una democracia, estamos viviendo una descentralización del autoritarismo;
esto es, que se repartieron los vicios del pasado entre los actores, e incluso que una especie
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de metástasis de la corrupción se fue por los conductos linfáticos hasta afectar todos y cada
uno de los órdenes políticos de nuestros países.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad de la democracia? Sólo en un sentido
tendencial. Si vamos a construir la democracia, hay que construir una democracia de calidad.
¿Y de qué valores estamos hablando? En primer lugar, los valores propios de la República,
entendida como el marco que contiene la pluralidad social, el espacio del consenso. El primer
elemento de la República como orden legal consentido por todos es el Estado de derecho, que
se funda en la justicia y tiene dos grandes vertientes: la obediencia a la ley, tanto por parte
de los ciudadanos (cultura democrática) como de la autoridad (rendición de cuentas). La
República conlleva, además, la idea de igualdad, igualdad frente a la ley e igualdad frente a
la sociedad. La República es, por defi
nición, incluyente, laica, imparcial y honorable.
El segundo conjunto de valores está asociado a la idea de la funcionalidad del Estado. Un
sistema democrático tiene que aspirar a ser funcional en la complejidad. El autoritarismo
vencerá como valor siempre que la democracia no sea efi
caz. Al sufragio efectivo debe
sucederle el gobierno efectivo: sistema de división de poderes, de formación de mayorías, de
representativos estables y que sean el espejo de las grandes corrientes políticas, económicas e
ideológicas de una sociedad. Asimismo, la funcionalidad del Estado exige la descentralización
territorial de los poderes públicos a través de métodos federalistas, municipalistas, autonómicos
y, fi
nalmente, debe ser regida por el principio de la subsidiariedad; es decir, que ninguna
autoridad superior ejerza funciones que puedan ser cumplidas por la autoridad más próxima
a la población.
El tercer y último apartado de valores que defi
nen la calidad de una democracia tiene que
ver con la ciudadanía. En última instancia, el Estado democrático es un Estado cuyo sustento y
legitimación es la soberanía popular, es decir, hasta qué punto la decisión o las decisiones de la
población determinan el curso de la acción del Estado. La República es el espacio del consenso; la
democracia es la arena de la controversia. Si no hay República, la democracia no puede funcionar.
¿Cómo canalizar la controversia de un modo creativo y que sea legítima expresión de la voluntad
de la población? Primero, es requisito una ciudadanía activa y reactiva. La democracia exige un
equilibrio con mecanismos de participación ciudadana en el núcleo de la vida municipal, en la
gestión y en la evaluación de los servicios públicos, y en todos los niveles de la actividad social
10
(Cansino, Cossío, Muñoz Ledo y Valadés, 2007).
Sin embargo, se impone aquí una precisión: lo más dinámico que poseen en la actualidad
las democracias del continente son sus ciudadanos. Si nuestras democracias se mantienen
muy por debajo de los estándares de calidad a los que se refi
ere la teoría, no es responsabilidad
de la ciudadanía, sino de las elites dirigentes que no han estado a la altura de sus pueblos.
Además, la ciudadanía se ha abierto paso con todo en su contra, incluso en contra de una
10
Debo esta clasifi
cación a Porfi
rio Muñoz Ledo.
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larga historia de agravios y ultrajes que aún hoy se empecina en someterla o ignorarla; y a
pesar de la ausencia –funcional para las elites gobernantes– de plenas garantías formales
y reales de los derechos humanos más elementales.
Vivir en democracia en América Latina es vivir al borde, en el fi
lo frágil y breve de un
vaso que corta y que en cualquier momento puede quebrarse. Los peligros que la amenazan
son tantos que apostar por su consolidación resulta en ocasiones ingenuo. Ahí están, por
ejemplo, los peligros de la (re)militarización, del predominio de los poderes fácticos, de la
corrupción desmedida, del populismo y la personifi
cación de la política, de la desigualdad
social y de la informalización de la política. Pero vivir en democracia en América Latina,
además del desencanto y la frustración que ha supuesto para muchos, es conquista y afi
rmación
permanente de ciudadanía, es decir, de hombres y mujeres libres que nos sabemos cada vez
más artífi
ces de nuestro destino, que intuimos que ninguna decisión que no haya emanado
de la propia sociedad, de sus necesidades y expectativas, de sus valores y posicionamientos,
será ilegítima e impopular. Vivir en democracia es, en suma, hacer democracia, inventándola
todos los días en los espacios públicos, en el encuentro cotidiano con los otros, es corroborar
que somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos sujetos de la política a condición de
participar en los asuntos públicos, debatiendo y opinando.
Por fortuna, nuestras sociedades no han dejado en ningún momento de hacer lo que les
corresponde: discutir, debatir, criticar, dudar, desconfi
ar, votar, cuestionar, exigir, demandar.
Nuestras sociedades quieren mejores leyes y mejores gobernantes, mejores instituciones y
mejores condiciones de vida. No quieren violencias ni imposiciones, no quieren guerras civiles
ni confrontaciones paralizantes. Por eso no se les puede pedir más de lo que son y pretenden
ser, en nombre de una mítica e irrealizable causa metasocial popular o revolucionaria en la
que sólo cree un puñado de iluminados. En realidad, en todas partes tenemos gobernantes
que no han estado a la altura de nuestras ciudadanías, pero sólo en democracia se puede
aspirar a cada vez mejores condiciones de libertad e igualdad.
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