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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LVIII, núm. 218
mayo-agosto de 2013
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ISSN-0185-1918
1
Este artículo se deriva del trabajo de investigación colegiado
Citizens, Mayors and Democracy in the City,
coordinado
por la Dra. Joanna Howard del
Centre for Urban and Public Policy Research
de la Universidad de Bristol, con la colabo-
ración del Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la ±NAm.
Doctora en Ciencia Política por la Universidad ²acional ³utónoMa de ´éxico. Profesora e Investigadora del Centro de
Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la MisMa Universidad, (´éxico). Entre sus publicacio-
nes destacan:
Teorías y problemas contemporáneos. Reflexiones desde la ciencia política
(2009),
Élites y desarrollo
(2010) y
Dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales del cambio climático
(en prensa). ´ieMbro de diversas asociaciones
acadéMicas nacionales e internacionales: Consejo ´exicano de Investigación en Ciencia Política (donde actualMente es
Presidente del CoMité Directivo), Centro LatinoaMericano de ³dMinistración para el Desarrollo, ³sociación LatinoaMe-
ricana de Ciencia Política y la International Political Science ³ssociation. Correo electrónico: viesca@unaM.Mx
∗∗
´aestro en Estudios Políticos y Sociales y Doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la Universi-
dad ²acional ³utónoMa de ´éxico. Profesor Investigador en la Universidad IberoaMericana, (´éxico). Fue Consejero
Electoral Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal en 2003, 2006 y 2009. ³ctual Consejero Electoral
del µ¶· en el Consejo Local del Distrito Federal. Sus líneas de investigación son: procesos políticos y elecciones, ins-
tituciones electorales y Prepuestos Públicos Federales. Fundador del Consejo ´exicano de Investigación en Ciencia
Política. Entre sus publicaciones recientes destacan:
Para qué sirve el poder legislativo en México
(2007), “Elecciones
Federales 2009. Una Mirada desde los Consejos Distritales” (2009), “Construcción de ciudadanía y Mejora en los proce-
sos de elección política. Entre el escepticisMo y la desconfianza” (2012). Correo electrónico: enrique.gutierrez@uia.Mx.
∗∗∗
Licenciada en Ciencias Políticas y ³dMinistración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-
dad ²acional ³utónoMa de ´éxico. ³ctualMente realiza su de tesis con la investigación 
El presupuesto participativo de
la Ciudad de México ¿Participación ciudadana con resultados? 
Estudió el DiploMado 
Los Derechos Humanos y la reforma
constitucional del 10 de junio del 2011
, iMpartido por la CoMisión ²acional de Derechos HuManos y la H. CáMara de
Diputados LXI Legislatura. Participó coMo Consejera Electoral del Distrito Electoral XXVIII del Instituto Electoral del
Distrito Federal en el proceso electoral 2011-2012. Correo electrónico: garciasanchez¸ordeMaria@gMail.coM
Presupuesto público sin participación ciudadana.
La necesidad de un cambio institucional en México
para la consolidación democrática
1
Public Budget without Participation
Te Need for Institutional Change to Consolidate Democracy in Mexico
Karla Valverde Viesca
Enrique Gutiérrez Márquez
∗∗
Flor de María García Sánchez
∗∗∗
Recibido el 6 de febrero de 2013
³ceptado el 12 de Marzo de 2013
RESUMEN
En los últiMos treinta años, ´éxico ha avanza-
do en la consolidación de un Marco institucional
ABSTRACT
Over the last thirty years, ´exico has un-
dergone an iMportant consolidation of its
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particularmente centrado en el ámbito político
electoral. De forma paralela, este proceso de li-
beralización política fue acompañado por una
importante transformación y liberalización
económica financiera. Sin embargo, la realidad
mexicana confirma que ambos procesos resultan
insuficientes sin un adecuado tratamiento de los
problemas sociales. En efecto, el tránsito de un
sistema político sin competencia hacia uno de
corte democrático no garantiza mejores con-
diciones de vida para la población en general;
entre otras cosas, porque la participación de la
ciudadanía en diferentes ámbitos de la vida pú-
blica es prácticamente nula. En este trabajo se
reFexiona en torno a la participación ciudadana
como mecanismo democrático fundamental. En
particular se resalta el ejemplo de los presupues-
tos públicos participativos como elementos que
contribuyen en la consolidación y mejora de la
calidad de la democracia, pero cuyo impacto (tal
y como lo revelan los ejercicios de Presupuesto
Participativo en la Ciudad de México) es aún in-
cipiente.
Palabras clave:
presupuesto público participati-
vo; participación ciudadana; democracia.
institutional framework, focused primarily on
the electoral and political system. Tis process
of political change was accompanied by a sig-
nificant transformation and liberalization of
the financial and economic system. Mexico’s
current situation proves that both processes do
not yield satisfactory results when social prob-
lems are le± unattended. In fact, the transition
from a noncompetitive political system to a more
democratic one, has not guaranteed better living
conditions for most of the population, in part
because there is practically no participation in
public life on behalf of most of the citizenry. Tis
article reFects on the fundamental importance of
citizens’ participation in democracy. Particular
attention is paid to public participative budgets
as factors which may contribute to democracy’s
consolidation and quality, but which have had
negligible impacts thus far as is illustrated by
public participative budgets initiatives that have
been held in Mexico City.
Keywords:
Participatory Public Budget; citizen
participation; democracy.
Introducción
El largo proceso de democratización iniciado en México desde hace varias décadas, se pre-
senta hoy como el sustento de un reconocido avance en materia electoral. Pese a este logro,
las perspectivas del horizonte democrático terminan por diluirse ante el espectro de fenóme-
nos permanentes que dan cuenta de la compleja pluralidad del entramado social, el progre-
sivo deterioro de la economía y la profunda desigualdad social que caracteriza al país. Datos
recientes dados a conocer por el
Informe de Pobreza de 2010-2012
, del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (²O³´VAL) revelan que en México, aunque el
número de personas en pobreza extrema descendió de 13.0 a 11.5 millones, aquéllas que vi-
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ven en situación de indigencia aumentó, al pasar de 52.8 a 53.3 millones. En lo que respecta
a los estudios sobre carencias sociales, la mayoría de la población padece al menos una de
ellas y sólo el 19.8 % no vive en condiciones de pobreza ni se encuentra en situación de vul-
nerabilidad (CON±VAL, 2013).
En efecto, México es un ejemplo claro donde los marcos institucionales resultan
insuficientes para irrumpir el círculo vicioso entre sociedades más democráticas, más
desiguales y menos participativas (Boutros-Ghali, 2003: 11) puesto que al estar excluidos
de la economía y de la sociedad, la mayoría de sus habitantes no participan y cuando lo
hacen, es en el contexto de un marco formal pero sobre la base de que su inFuencia política
es y será intrascendente (C±PAL, 2000). ²as cifras en México confirman esta necesidad por
articular gobiernos democráticos con desarrollo social, en términos de la calidad de vida
para su población.
Sobre las democracias latinoamericanas en general, existen algunos esfuerzos por deter-
minar el grado de su evolución. ³l respecto, destaca la construcción de dos Índices básicos
propuestos por el ´rograma de µaciones Unidas para el Desarrollo a través del documento
Primer Informe sobre la Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos
y ciudadanas
(PN¶·, 2004), el Índice de Democracia Electoral (I·±) y el Índice de ³poyo a
la Democracia (IA·).
¸on base en datos obtenidos por el Índice de Democracia Electoral, las democracias en
²atinoamérica pueden definirse como
democracias electorales
. Esto es, democracias celebran
elecciones periódicas, en sociedades donde la distribución del ingreso se define por la inequidad
y la desigualdad. En términos de ciudadanía social, lo anterior significa que existe un conjunto
de la población sin posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos, puesto que la exclusión y
la diferencia social impiden promover una democracia de ciudadanía. Esta última, entendida
como aquélla que utiliza las libertades políticas como palanca para construir la ciudadanía
civil y social. En relación con el Índice de ³poyo a la Democracia, los resultados reFejan
tres tendencias generales. Una primera pauta define la existencia de una preferencia de los
ciudadanos relativamente baja por esta forma de gobierno. Una segunda directriz revela una
valoración de la ciudadanía por encima de la democracia e incluso el retiro de su apoyo a un
gobierno democrático, si éste fuera incapaz de resolver sus problemas económicos. ²a tercera
tendencia identifica que en los países con menores niveles de desigualdad, los ciudadanos
tienden a apoyar más la democracia, aunque prefieren expresarse a través de organizaciones
que no estén vinculadas con la política.
³demás de estos esfuerzos, es importante mencionar que al inicio de este siglo, los países
del mundo firmaron la Declaración del Milenio donde buscaron alcanzar los llamados
¹bjetivos de Desarrollo del Milenio (O·º). ´ese a esta voluntad de cooperación internacional,
los avances en términos de reducir a la mitad la pobreza extrema; disminuir la cantidad de
muertes infantiles; proveer educación a todos los niños y niñas del mundo; reducir la cantidad
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de enfermedades infecciosas y forjar una nueva alianza mundial para obtener resultados, han
sido limitadas (CEPAL, 2012).
±ctualmente, los debates sobre la calidad de la democracia y aquellos que establecen una
relación entre su efectividad y la consecución del desarrollo, no están agotados. Sin embargo,
parece existir un consenso que reconoce que la participación ciudadana es un eslabón
indispensable en el vínculo entre ambos. ²s decir, un mecanismo que puede promover la
intervención de los ciudadanos en los problemas públicos y con ello mejorar la calidad de
vida de las sociedades.
Presupuesto Público Participativo como cambio institucional para la consolidación
democrática
± lo largo de los últimos años y en toda ±mérica ³atina, se han ido desarrollando prác-
ticas democráticas novedosas. ³os ´resupuestos ´articipativos (PP), experiencia de reno-
vación democrática y de gestión pública, surgido en la ciudad de ´orto ±legre, Brasil, es
hoy una práctica emblemática.
±l cosechar excelentes resultados de participación, recau-
dación fiscal y mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad, esta experiencia
llamó la atención mundial siendo galardonada por la ONU-HAµITAT hacia mediados de los
años noventa.
2
± partir de lo anterior, se han desarrollado en todo el mundo prácticas de
PP en los distintos niveles de gobierno, sobre todo en ámbitos locales. ²stos mecanismos
buscan garantizar los derechos de ciudadanía para importantes sectores de población his-
tóricamente excluidos, a la vez que intentan reformar la legitimación de la toma de deci-
siones. ²ntre los ejercicios latinoamericanos destacan aquellos promovidos en ciudades
como Montevideo y Buenos ±ires (±bers, 2000; ±vritzer, 2002; ±vritzer y ¶avarro, 2003;
Baierle, 1998; Gret y Sintomer, 2003).
²n el marco de los problemas de la gobernabilidad y la legitimidad democráticas que
define a muchos países en la actualidad, resulta indispensable regresar la mirada hacia aquellas
propuestas innovadoras que han puesto de manifiesto la existencia de límites,
tanto desde el
punto de vista político y operativo/administrativo como del legal. ²ntre otras cosas, porque
algunos suponen que el PP parece contraponerse de manera alternativa y excluyente con el
ejercicio de una democracia meramente representativa.
2
²l ´rograma de Gestión ·rbana de la ONU en su sección para ±mérica ³atina, lo seleccionó como una de las 22 mejo-
res prácticas de gestión pública y fue distinguida como una de las 42 mejores experiencias de gestión urbana del mundo.
±sí mismo, en la ¸onferencia Mundial de la ONU sobre ´roblemas ·rbanos ¹±Bº»±» ºº, celebrada en ²stambul en
junio de 1996, ésta experiencia fue incluida como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la ±samblea
Mundial de ¸iudades y ±utoridades ³ocales.
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El falso dilema: ¿democracia participativa vs. democracia representativa?
Para algunos autores, la actual crisis en los sistemas de representación política no deriva sólo
o fundamentalmente de problemas coyunturales de la economía, de la presencia de políticos
corruptos o de otros fenómenos que puedan ser característicos de nuestra época, sino que
tiene mucho que ver con la forma en que las instituciones representativas fueron diseñadas
y el modo en el que actualmente funcionan (Abascal, 2004). Para Gargarella (2005), algu-
nos supuestos asumidos en los orígenes del sistema representativo resultarían contradicto-
rios con ciertas ideas que en nuestros días gozan de gran aprobación; como aquella según el
cual la participación de las mayorías en los asuntos públicos es valiosa y por ello ha de ser
incentivada. O bien, aquella que sostiene que la discusión colectiva mejora la calidad de las
decisiones que deben tomarse.
Autores clásicos sobre la teoría democrática (Held, 2000; Dahl, 1999), han reformulado sus
puntos de vista frente a tres sucesos que se han generalizado: la crisis que vive la representación
política; la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y la poca efectividad en las
decisiones de gobierno para satisfacer las demandas de la sociedad.
En el debate actual, parece existir un acuerdo para aceptar que la crisis de representación
política afecta a la calidad de las democracias. Esta situación pudiera explicar dos sucesos
importantes. El primero, circunscrito al ámbito teórico y al debate, reivindica la democracia
participativa en contra de la democracia representativa (Santos, 2003).
El segundo, asociado con
el comportamiento de la sociedad en países con sistemas de democracia representativa, revela
un incremento en la abstención electoral pero también un ascenso en la desconfianza de los
ciudadanos hacia los representantes y, en general, de lo que podríamos llamar lo político y lo
público
.
Al respecto, estudios que evalúan la percepción de corrupción en el gobierno desde la
visión del ciudadano, como el
Índice de Percepción de la Corrupción
elaborado por Transparencia
Internacional (2013), indican que dos terceras partes de los 175 países participantes obtuvieron
(en una escala del 0 al 100), una calificación menor de 50 con lo cual no sólo se evidencia que la
corrupción es un serio problema, sino que se traduce en altos índices de desconfianza.
En síntesis, más que cuestionar si la democracia participativa se contrapone con la democracia
representativa, es oportuno reFexionar si la actual crisis de la democracia puede resolverse
por medio de la sustitución de mecanismos de democracia directa. O por el contrario, si
es necesario cerrarle la puerta a estos mecanismos, por la idea arraigada en muchos de los
Estados modernos de que la toma de decisiones políticas unida a la complejidad creciente de
nuestras sociedades, impide el establecimiento de un sistema de democracia directa basado en
sus dos componentes centrales: la asamblea deliberativa de los ciudadanos sin intermediarios
y el referéndum.
Para hacer frente a esta situación, desde finales de los años ochenta, algunos gobiernos
locales y regionales latinoamericanos han buscado reinventar y reformular la relación entre
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gobierno y sociedad (Dunn, 2005; Held, 2000). En particular, se busca reforzar los vínculos
entre las decisiones políticas y los ciudadanos mediante la articulación de mecanismos y de
toma de decisión orientados a superar el actual divorcio entre los ciudadanos y las decisiones
de gobierno. Esta propuesta se cristaliza en la experiencia del PP, que entre otras cosas, refuerza
la consolidación de la democracia al incorporar a la ciudadanía en las tareas de vigilancia y
control del gobierno.
Gobiernos locales y desarrollo: la institucionalización del Presupuesto Participativo
a partir de Porto Alegre
En el gobierno municipal de la ciudad de ±orto Alegre, Brasil, nace en 1989 la idea y la puesta
en práctica del PP como resultado de una propuesta informal del Ejecutivo, donde invitaba
a los ciudadanos para que les informaran sobre sus necesidades más urgentes para poder así
incluirlas en el presupuesto (De Souza y Tarso, 1999). A partir de esta experiencia, se perfec-
cionó el modelo con la intensa participación de la ciudadanía, hasta institucionalizarse en la
cultura política de la ciudad, superando el cambio de partido en el gobierno en el año 2005
(Gobierno de ±orto Alegre, 2012).
Dada la importancia de la experiencia de ±orto Alegre, resulta relevante conocer el diseño
que se utiliza y recordar la existencia de múltiples experiencias que, si bien retoman la idea
promovida en ±orto Alegre de incorporar la participación de los ciudadanos en la distribución
de los recursos, adaptan su instrumentación acorde a sus condiciones específicas. Teniendo en
cuenta lo anterior y a partir de los resultados en la localidad brasileña, es posible identificar al
menos ocho etapas fundamentales que definen el proceso en la mayoría de los presupuestos
diseñados en América Latina (Albores, 2004):
1.
Reorientación del espacio para el diseño presupuestal.
El PP, se organiza a partir de la
consideración política de que no es el gobierno y sus técnicos los que elaboran los
presupuestos públicos y el plan de inversiones anual y plurianual de la ciudad. La
definición de los PP se realiza a partir de la discusión y el diagnóstico técnico-político
elaborado por tres ámbitos de intervención: la población en la base geográfica de la
ciudad; la población a partir de sectores temáticos y el propio gobierno municipal.
También se toma como referencia el instrumento de rendición de cuentas del grado
de cumplimiento del presupuesto del año anterior, unido a las propuestas elaboradas
por el gobierno para el ejercicio siguiente. Estos dos elementos, son los que dan inicio
a un proceso de debate y de toma de decisiones en las asambleas ciudadanas de base
territorial y de base temática (áreas de intervención pública).
2.
Organización de las asambleas territoriales y temáticas
. ±ara la definición de necesidades
y la toma de decisiones se organizan asambleas territoriales y temáticas que funcionan
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a través de rondas. En la primera ronda de asambleas territoriales y temáticas, se eligen
delegados de asamblea (proporcionalmente al número de asistentes), repartidos entre
las diversas candidaturas (en caso de existir varias de ellas). Estos delegados pasan a
integrar el llamado Foro de Delegados de la región o temática. En una segunda ronda,
los ciudadanos eligen de manera directa, en cada una de las regiones y temáticas, dos
consejeros titulares y dos suplentes para representarlos en el llamado Consejo del
Presupuesto Participativo (±O²). Cada una de las regiones y temáticas elige dos consejeros
titulares y dos suplentes para representarlos en dicho Consejo. En este supuesto, la
elección es también proporcional en función de las candidaturas presentadas.
3.
Definición de necesidades
. En las rondas de debate, calendarizadas y estructuradas a lo
largo del año, las regiones y las asambleas temáticas eligen y priorizan jerárquicamente las
obras y servicios, las políticas sectoriales de carácter horizontal y las obras estructurales
para la ciudad.
4.
Participación del gobierno
. Las propuestas del gobierno en los debates se circunscriben,
prácticamente, a documentar las previsiones de ingresos y gastos y a establecer el nivel
de gasto imprescindible (gastos de personal, mantenimiento de los servicios públicos,
actuaciones no previsibles.)
5.
Reglamento del Consejo del Presupuesto Participativo (±O²).
El reglamento del Consejo
es elaborado por el propio organismo en función de las propuestas y los debates
ciudadanos y sin intervención del gobierno de la ciudad. En él se establece que el
mandato de los consejeros es de un año de duración, pudiendo ser reelectos una sola
vez consecutivamente.
6.
El papel de los ciudadanos
. A partir de este proceso de organización ciudadana, se
delega su representación
en los consejeros que integran el ±O² para que elaboren, en
cogestión
con el gobierno, el presupuesto público, las actuaciones plurianuales y el
plan de obras y servicios del año siguiente.
7.
Mecanismos de control: Foro de Delegados Regional o Temático
. La representación
delegada en el ±O², puede ser revocada
en cualquier momento por el Foro de Delegados
Regional o Temático, convocado especialmente para este fin con un plazo de quince
días de anticipación.
8.
Definición y aprobación del presupuesto.
Una vez concluido el proceso de rondas de
asambleas territoriales y temáticas que han fijado las respectivas prioridades, el ±O² (con
presencia de representantes del gobierno con derecho a voz), discute y delibera sobre
la estructura presupuestaria teniendo en cuenta las prioridades fijadas regionalmente
y temáticamente, así como las expuestas por el propio gobierno. Sobre la propuesta
final decidida en el ±O², un organismo técnico denominado Gabinete de Planeamiento
(³´²µ´N) redacta la propuesta concreta para ser enviada al ámbito legislativo municipal
y así proceder a su deliberación y aprobación en sede parlamentaria.
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La institucionalización del pp rePresenta una nueva forma de toma de decisiones y con
ello, desPierta un gran interés fuera de las estrictas fronteras donde se inició. SuPone que las
ciudades modernas sean, de alguna manera, actores Políticos. En este sentido, el gobierno local
debe de ser Promotor, debe hacer, emPrender, intervenir y no sólo administrar los servicios
(Albores, 2004:12). Así, la ProPia actividad de los gobiernos locales Puede contribuir a la
eliminación –o al menos reducción– de las diferencias sociales.
Con la incorPoración de los ciudadanos en un nuevo esPacio Público, el pp incentiva
la creación de un novedoso centro
de decisión que junto con el gobierno resPalden la
democratización y la acción Política. Vale le Pena mencionar que en algunos casos como
±orto Alegre, este nuevo centro de decisión resultó fundamental Para generar redistribución
de ingresos y servicios, Pero además, la gestión de los recursos Públicos Por Parte de la
ciudadanía ha imPactado al hacer conciencia sobre sus derechos y las vías existentes
Para hacerlos válidos, al tiemPo que ha coadyuvado en la solución de Problemáticas en
otros ámbitos Políticos y sociales, entre los que destaca la desarticulación de redes del
clientelismo Político.
Presupuestos participativos en Europa
En el viejo continente los pp constituyen un doble reto. ±or un lado, el conjunto de Países Pre-
sentan diferencias en cultura Política, democracia y métodos PresuPuestarios, que imPactan
necesariamente en los diseños de los pp. ±or el otro, existen muchas exPeriencias con Pocos
Puntos en común. Es decir, el pp en EuroPa es muy heterogéneo.
A Pesar de las diferencias y de las distintas modalidades que las exPeriencias instrumentadas
hasta ahora revelan, es Posible decir que los pp se asientan, Por lo menos en tres criterios: la
ParticiPación debe imPlicar discusiones sobre el PresuPuesto Público; tiene que organizarse a nivel
de la ciudad y no sólo a nivel del barrio; y debe rePetirse con Periodicidad (Sintomer, 2007; 204).
Ya que el pp es una innovación latinoamericana, al imPlementarse en las condiciones
euroPeas, existen ciertas diferencias que se Pueden resumir en seis características
básicas:
1.
En la mayoría de los casos hay más informalidad, las reglas son menos claras y Precisas.
2.
Son Procesos que vienen desde arriba.
3.
No son instrumentos de inversión de las Prioridades sociales.
4.
Están ligados con un movimiento de modernización del Estado, Pero los imPerativos
de la modernización son muy diferentes a los de América Latina.
5.
Son Procesos consultivos y no deliberativos.
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6.
El valor de la justicia social o distributiva y la progresiva eliminación del clientelismo,
son valores importantes para las experiencias latinas. En Europa se centran más en
democratizar la democracia y mejorar la gestión pública
.
La historia de los PP europeos es muy reciente. La mayoría de las experiencias donde
tuvieron sus inicios, datan de mediados de la década pasada e incluyeron ciudades pequeñas
o medianas como Sevilla, Córdoba, Getafe, Albacete y Jerez de la Frontera en España; Roma
XI y Venecia en Italia; Hamm, Berlín Lichtenberg y Berlín Marzahn en Alemania
;
Salford,
en Inglaterra, y la región de ±oitou-Charentes en Francia.
El incremento en el número de ciudades que han buscado incorporar esta experiencia en
sus gobiernos locales, nos hace suponer que en los próximos años tendremos más elementos
para el análisis a partir de sus resultados en el ámbito global.
Participación ciudadana y Presupuestos Participativos en la Ciudad de México
No es sino
hasta la incorporación del término “gobernabilidad democrática” que
es posible
articular la participación de la ciudadanía en el propio desarrollo de las funciones guberna-
mentales. La gobernabilidad democrática surge como forma de superar la crisis de inmovilidad
e incapacidad de respuesta del Estado a las demandas sociales, a partir del reconocimiento
y la incorporación de la sociedad a la cuestión pública (±rats, 2001).
La idea de corresponsabilidad y buen gobierno otorgan solidez y dinamismo al vínculo
entre la ciudadanía y el gobierno, entendiendo como ineludible la colaboración para la
solución de los problemas colectivos. Además, dicho vínculo puede explicar, en parte, por
qué la preocupación actual en materia democrática transita de la búsqueda de transparencia
y certeza electoral, a la efectividad de los gobiernos democráticos para asegurar mejores
condiciones de vida, mayores grados de participación y, sobre todo, de inclusión social.
±ara analizar el caso mexicano, algunos autores como Saltalamacchia y Ziccardi (2005:31-97)
describen al menos cuatro diferentes tipos de participación:
1.
Participación institucionalizada
: corresponde a la contenida en el marco legal y
normativo.
2.
Participación autónoma
: organizada desde la propia sociedad (movimientos populares
y las organizaciones civiles).
3.
Participación clientelística
: identificada a partir de individuos y autoridades que se
relacionan a través del intercambio de bienes y favores, (corporativismo).
4.
Participación incluyente o equitativa
: se promueve la participación de toda la ciudadanía
independientemente de toda clase social, género y pertenencia religiosa o partidaria.
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Esta clasificación nos indica la importancia de analizar a fondo los procesos participativos,
ya que algunos tipos de participación abonan en el fortalecimiento de la democracia,
mientras que otros pueden tender a debilitarla. Por otro lado, la institucionalización de la
participación refiere a la importancia de ofrecer un espacio en el marco normativo a la relación
entre sociedad y gobierno, como derecho para la defensa de los intereses particulares de los
ciudadanos. Su relevancia estriba en que contempla la necesidad de proveer instrumentos
y canales propios al ciudadano para la expresión de sus necesidades pero, sobre todo, para
fomentar su participación en la vida pública de forma directa, sin la intermediación de ningún
partido político o grupo de interés, en un ámbito que trasciende lo electoral en los ámbitos
de gestión de los asuntos de interés público.
Asimismo, la participación institucionalizada reFeja el reconocimiento de este canal
por parte del gobierno como medio para
generar legitimidad y mejores resultados en la
acción gubernamental (que a la larga se reFejará en mayores niveles de gobernabilidad
democrática). Es precisamente este tipo de participación, la que más promoción ha tenido
en los últimos años en México. Se puede ubicar el período del Presidente Salinas de Gortari
(1988-1994) como el momento en que la participación cobró relevancia en las políticas
federales, particularmente a través del Programa Nacional de Solidaridad (±RO²³´OL). De
esta forma, la participación de los ciudadanos en el ámbito público se introduce como un
medio para que la sociedad asuma algunas de las tareas antes asignadas al Estado, dado
el progresivo adelgazamiento del aparato gubernamental, generando al mismo tiempo
legitimidad (Cunill, 1991: 23).
En ese contexto, el Distrito µederal es hasta el momento el mejor ejemplo del esfuerzo
institucional para la construcción de ciudadanía y de participación ciudadana en el país.
Por sus características, complejidad y diversidad, resulta una instancia de análisis de gran
relevancia e interés. Se trata de un territorio heterogéneo, plural en cuanto a su composición
poblacional, urbanizado, sede de los Poderes de la Unión del Gobierno µederal, centro de
debate para la opinión pública y para la proyección de demandas y movimientos sociales.
En efecto:
¶a extensa gama de necesidades e intereses que se producen en el entorno urbano se potencia
con las profundas desigualdades socio-espaciales, con los altos niveles de segregación y
fragmentación y con el alto impacto de las restricciones del gasto público para la atención
de las necesidades de la población. Estas circunstancias hacen de éste, un espacio conFictivo
que requiere de un gobierno democrático que sea capaz de contener los procesos de escisión
social y construir condiciones de mayor inclusión (Álvarez, 2006: 53).
¶os antecedentes de la participación ciudadana en la capital del país se remontan al año
de 1928, cuando a iniciativa del entonces Presidente Álvaro ·bregón, se eliminó la figura
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de Municipio Libre y en su lugar, se constituyó el Consejo Consultivo. No fue sino hasta
1993 que con la Reforma Política, se instituyeron varias figuras de participación ciudadana
con el objetivo de subsanar la inexistencia de los canales democráticos locales (Martínez,
2005; Mellado, 2001). Quizás por lo anterior, la Ciudad de México es una referencia para
comprender la relación entre la participación ciudadana y la calidad de la democracia.
Relación que ha llegado a establecer que la Ley de Participación Ciudadana trate de llenar
los vacíos institucionales asociados con el tema de contrapesos a la administración de
los Jefes Delegacionales. Por ello, los centros de atención en los debates de las leyes de
participación ciudadana de 1995 y 1998 fueron los Consejos Ciudadanos y los Comités
Vecinales.
Si bien es cierto que en dichas leyes no se reconoció al presupuesto público como materia
de participación, en contraparte se ha observado su impulso en otros ámbitos como es el caso
de la educación, el desarrollo social y la salud (Hevia e Isunza, 2010:100). La participación de
los ciudadanos en el control de los recursos públicos propicia que en el presupuesto público
se reFejen las necesidades reales de la población, mayor transparencia en el gasto público,
empoderamiento ciudadano a la vez que –de forma indirecta– coadyuva en el desmantelamiento
de estructuras clientelares.
Consultas Ciudadanas sobre el Presupuesto Participativo
en la Ciudad de México
La creación del ±± en la Ciudad de México se deriva de la aprobación de la Ley de Participa-
ción Ciudadana en el 2010. A la fecha, se han llevado a cabo cuatro Consultas Ciudadanas
para los años fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014.
Con base en el ciclo para analizar el ±± formulado por Yves Cabannes (2004a), es
posible destacar dos fases importantes. La primera, la de la de planeación, se enfoca en los
mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos identifican las necesidades más urgentes
de la comunidad. Concluye con la definición de necesidades y la delimitación de las acciones
definidas por la ciudadanía. La segunda fase se centra en el proceso de materialización de la
decisión ciudadana por parte de las autoridades. En esta etapa, se pone un especial énfasis
en la participación y supervisión de la ejecución por parte de la ciudadanía, con la intención
de proporcionar transparencia en los recursos públicos y los mecanismos que permitan la
rendición de cuentas.
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Gráfco 1
Ciclo de Presupuesto Participativo del Distrito Federal
Fuente:
elaboración propia a partir de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y las Convocatoria para las Consultas Ciudadana sobre
el ±±. La fecha de publicación de la convocatoria no es clara en la ley ya que en el art. 204 especifica dos
fechas diferentes de acuerdo a los diferentes incisos del art. 84, pero después de la última reforma dicho
artículo no tiene estos apartados. Sin embargo, menciona que la Consulta deberá efectuarse el segundo
domingo de noviembre.
Con base en el Gráfico 1, es posible identificar que en el caso de la Ciudad de México,
la primera fase se refiere al proceso concerniente a las Consultas Ciudadanas sobre el ±±. A
Ciclo del Presupuesto
Participativo del Distrito
Federal
INICIO
El IEDF publica la
convocatoria para
llevarse a cabo la
Consulta Ciuadadana
El IEDF valida los
resultados y les da
copia certificada a
las autoridades en la
materia
Aprobado el POA por
Finanzas, el Jefe de
Gobierno manda a la
ALDF su proyecto de
presupuesto para el
próximo año.
La ALDF aprueba el
presupuesto, donde
establece el monto
que recibirá cada
Comité de acuerdo
a su Delegación
La Delegación Politica
recibe los recursos,
se ejecuta el proyecto
y se entrega la obra a
los ciudadanos
An-
tes de la Consulta
se realizan foros informa-
tivos sobre los proyectos
a elegir. Se lleva a cabo la
Consulta Ciudadana sobre
el Presupuesto Participativo
el segundo domingo de
noviembre
La Delegación inte-
gra los proyectos ga-
nadores al Plan Anual
Operativo del próximo
año para que se lleve a cabo
el proyecto
El POA
delegaciónal es
enviado a la Secretaria
de Finanzas
para
revizarlo sí cumple con los
lineamientos emitidos por la
misma, y si no cambiarlo
El
registro de
proyectos por
parte de los ciudadanos,
primero ante la delegación
para analizar su vibilidad
y despues ante el IEDF
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partir del análisis de la Ley vigente en la materia y las cuatro convocatorias realizadas, esta
fase comprende los siguientes rubros:
1.
Convocatoria
. La publicación de la convocatoria para la consulta por parte del Instituto
Electoral del Distrito Federal (±²³´).
2.
Elaboración y registro de un proyecto
. Los ciudadanos preparan un proyecto a ejecutar
en su colonia, inscrito en al menos uno de cuatro rubros generales: prevención del
delito; obras y servicios; equipamiento; infraestructura urbana. Una vez diseñado,
entregan en la Delegación Política correspondiente, el proyecto para que sea analizado
con respecto a su viabilidad jurídica, técnica o financiera. Una vez que cuenta con el
visto bueno delegacional, el ciudadano registra su proyecto para la consulta frente
al órgano de representación ciudadana (Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo) o
ante la dirección distrital del ±²³´ que corresponda.
3.
Proyectos que participarán en la consulta.
Una vez que son aprobados en la Delegación
para su registro, los órganos de representación ciudadana realizan foros para informar
los distintos proyectos que van a participar en la consulta.
4.
Consulta sobre proyectos a ejecutar.
La Consulta es organizada por el ±²³´ utilizando
dos modalidades: Mesas Receptoras de Opinión y un portal de Internet. El proyecto
ganador es aquel con mayor número de opiniones a favor.
5.
Validación de resultados
. El proceso de consulta concluye cuando el ±²³´ valida los
resultados de la consulta en sus direcciones distritales y envía copia de los proyectos
ganadores de cada Colonia a las autoridades competentes.
Sobre los resultados obtenidos en las consultas ciudadanas, es posible identificar algunos
elementos para analizar su impacto, en el ámbito en el que se aplican los recursos y el nivel
de gobierno que lo ejecuta:
Impacto que tiene en el desarrollo social y los rubros en los cuales podrían intervenir los
ciudadanos.
Al parecer, el µµ tiene un bajo impacto en el desarrollo social de la comunidad,
considerando que los rubros a los cuales se dirige se limitan a cuestiones muy básicas,
concentrándose en obra pública, sin intervenir en la distribución de los programas sociales.
Ámbito en el que se aplican los recursos
. En tanto su aplicación se circunscribe a la colonia, el recurso
público se fragmenta y no puede solventar proyectos más ambiciosos. Pese a ello, es de reconocer
la responsabilidad de los ciudadanos en proponer proyectos con mayor calidad. Por ejemplo, en
la Delegación de Milpa Alta se han realizado remodelaciones a centros de salud (±²³´, 2011b).
El nivel de gobierno que lo ejecuta
. Al ser las Delegaciones Políticas las ejecutoras
del µµ, este mecanismo conserva estructuras centralistas en términos administrativos
y financiero. Ello trae consigo que algunas Delegaciones cuenten con pocos recursos,
facultades y capacidades para hacer frente a los retos que supone ser el primer nivel de
gobierno de la ciudad.
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Un punto importante en este aspecto, es estudiar la forma en que participan los ciudadanos.
Al comparar la cantidad de opiniones emitidas en cada consulta con la lista nominal, el
porcentaje de participación se mantiene en un 2%.
3
Con base en el Gráfi
co 2, es posible
valorar que en la Consulta Ciudadana para el año fi
scal 2014, se logró una participación
atípica que se explica sólo porque en la jornada electoral conF
uyeron la elección de los
Comités Ciudadanos, los Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana, llegando casi al
10% de la lista nominal. Al parecer, esto indica que los citadinos están más acostumbrados
en participar para la elección de dichos órganos de representación ciudadana que en el ±±,
que en teoría tiene mayor incidencia en la toma de decisiones.
G r á f c o 2
Participación en las consultas ciudadanas
sobre el Presupuesto Participativo a nivel Distrito ²ederal (2011-2014)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
2011
2012
2013
2014
Opiniones emitidas en la Mesa de
Recepcion de Opinión
142482
144277
132156
740157
Opiniones emitidas por Internet
15581
137225
Total de opiniones
147737
877382
Número de Opiniones emitidas
Fuente
: Elaboración propia a partir de datos reportados en documentos institucionales del I³´µ (2011c
2011d, 2012ª y 2013).
3
Para las Consultas Ciudadanas sobre el Presupuesto Participativo del 2011 y 2012 se utilizó la lista nominal 6,570,9320.
(I³´µ, 2012b). Para la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo del 2013 se utilizó la lista nominal 7, 216,
860 con fecha de corte el 15 de mayo del 2012 (I³´µ, 2012c).
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La segunda fase del ciclo del pp en la Ciudad de México se refi
ere al Proceso de ejecución de
las decisiones ciudadanas tomadas en la Primera Parte. Con base en las funciones establecidas
en los artículos 201 al 204 de la Ley de ±articiPación Ciudadana vigente, Para las autoridades
que intervienen en el Proceso en su conjunto es Posible defi
nir que la resPonsabilidad descansa
en la fi
gura de los Jefes Delegaciones en tanto que los obliga a contemPlar en sus Programas
oPerativos y Planes anuales de PresuPuesto, los resultados de las consultas Para que sean
realizados los Proyectos seleccionados Por la ciudadanía. ±osteriormente, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, se aPrueba y toma en cuenta los resultados de la consulta en
el ±resuPuesto de Egresos del Distrito Federal. Además, ante dicha instancia, los ciudadanos
Podrán quejarse sobre el ejercicio y aPlicación de los recursos del pp en la Comisiones de
±articiPación Ciudadana y la de ±resuPuesto y Cuenta ±ública. Finalmente, el Jefe de Gobierno,
se limita a incorPorar al Proyecto de PresuPuesto que envía a la Asamblea Legislativa, los
Proyectos ganadores en las consultas. En el Gráfi
co 3 se sintetizan las temáticas que entre
2011 y 2013 han sido seleccionadas con mayor frecuencia.
G r á f c o 3
Consultas ciudadanas en el Distrito Federal
Frecuencia de rubros ganadores 2011-2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011
2012
2013
Prevención del delito
883
451
537
Obras y servicios
460
786
771
Equipamiento
402
306
282
Infraestructura urbana
402
188
190
Frecuencia de Menciones
Fuente:
Elaboración ProPia a Partir de datos del I²³´ (2011, 2011a y 2012).
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En el Distrito Federal, la ejecución y supervisión de las acciones de gobierno no contempla
la incorporación de la sociedad. En otras palabras, el diseño del proceso sólo permite participar
a los ciudadanos en la etapa de la planeación, dejando de lado el período en el cual se ejercen
los recursos públicos. Por lo tanto, los espacios de transparencia en el ejercicio y el diseño de
dispositivos de control o vigilancia ciudadana en las acciones de gobierno para ejecutar los
proyectos, es una tarea pendiente, puesto que hasta ahora, la inclusión de la participación de
los ciudadanos en esta etapa queda a voluntad del Jefe Delegacional en turno.
Con base en lo anterior, es posible reconocer que el actual mecanismo no fortalece la
consolidación democrática en la ciudad Capital. Llama la atención que la primera parte del
ciclo esté plenamente reconocida en la legislación, mientras que aquello que se refiere a la
participación y supervisión de las acciones de gobierno quede a voluntad de los gobernantes
y se someta a mecanismos y espacios informales.
Al no hacerse pública la información sobre los proyectos ejecutados, los ciudadanos no tienen la
oportunidad de cerciorarse de su puesta en marcha y de la forma en que se ejercieron los recursos.
La gobernabilidad democrática –y por ende mayor legitimidad frente a la ciudadanía– no será
posible hasta que los políticos permitan el acceso a la participación en áreas donde la ciudadanía
obtenga un mayor control sobre los actos de gobierno. Para mejorar su ejecución resulta necesario
impulsar una reforma administrativa dirigida hacia una mayor descentralización, permitiendo la
participación en temas de mayor impacto social, además de diseñar mecanismos de control ciudadano
en la etapa de ejecución y supervisión de los proyectos ganadores por parte de la Delegación.
A manera de refexión
La figura de los ±±, se constituye en un elemento que enriquece la democracia representativa
y como instrumento, impulsa la gestión urbana de los gobiernos locales. Algunos estudiosos
de éste mecanismo han señalado los prerrequisitos que parecen necesarios para que ésta sea
exitosa colocando el énfasis en la presencia de una “base mínima” de tradición de organiza-
ción social en la ciudad. Cumplidos estos requisitos previos, parece que es posible afirmar
que la puesta en marcha del ±± favorece un nuevo tipo de cultura política, entre los sectores
más pobres de la población y fomenta las redes sociales de confianza y solidaridad.
Por otra parte, el ±± genera un nuevo espacio público local, al reforzar el carácter deliberativo
de la decisión sobre los asuntos públicos y posibilitar la institucionalización de la democracia. A
su vez representa la construcción de una dimensión distinta de ciudadanía. La importancia de
ello radica en la posibilidad de legitimar sistemas democráticos en contextos de crisis social y
económica, con una deficiente institucionalidad en términos de desagregación y exclusión social.
En México, las dificultades de gobernabilidad que conllevan el deterioro económico y social,
nos enfrenta ante un panorama caracterizado por la vigencia de una
democracia incierta
, estancada
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desde la fase de la liberalización de la democracia política, que no llega a su consolidación. Lo
anterior se combina con una economía dependiente del capital extranjero y una sociedad que
busca nuevas soluciones a sus viejos y agudizados problemas (O´Donnell y Schmitter, 1988).
El tradicional papel del Estado mexicano como promotor del
desarrollo,
le obliga a no
descuidar sus compromisos con la política social. Un “Estado reducido no quiere decir Estado
marginado, sino más eficaz” (Medina, 1992:320). Por ello, la búsqueda de la eficacia se convierte
en una prioridad dentro de la reforma del Estado. Extender la democracia hacia medios de
promoción del
desarrollo
más eficaces, es una tarea pendiente que implica robustecer algunos
ámbitos de acción estatales donde el carácter de promotor del desarrollo económico y social,
adquiere un lugar fundamental.
Los alcances del modelo democrático estarán por definirse. El vínculo entre desarrollo y
democracia es un eje destacado del debate contemporáneo y requiere, entre otras cosas, de
instituciones y mecanismos adecuados que articulen los retos con los problemas concretos
que vive México. Las nuevas condiciones políticas en México marcan un nuevo arreglo en
el que los intereses y proyectos locales, regionales y estatales, cobran mayor importancia
en el ejercicio de la toma de decisiones, en la participación ciudadana y en la definición del
destino de los recursos públicos y su fiscalización. En este sentido, la incorporación de ±±,
Fexibles y multianuales, se convierte en un tema de reFexión fundamental. La incorporación
y participación activa de sectores que han quedado marginados en diferentes esferas de la vida
social y pública, plantea una necesidad para incorporarlos. No sólo por el déficit democrático
que ello implica, sino porque se vuelve necesario incentivar mecanismos de participación que
responsabilicen y hagan copartícipes a las instancias de gobierno y la sociedad en su conjunto.
Es importante que pensemos en mejores mecanismos de la democracia representativa
a la vez que se vuelve necesario indagar también en mecanismos propios de la democracia
participativa. Que para el futuro cercano deberían permitir que colaboren en la consolidación y
modificación de las reglas, los marcos, arreglos e instituciones que fortalezcan la participación
y la toma de decisiones de una manera colectiva. Los ±± en nuestro país, pueden ser el inicio
de un buen proyecto de transformación y de fortalecimiento de una democracia, ya que
permiten la participación de los ciudadanos en la vigilancia y control del gobierno, tanto en
el ejercicio de los recursos como en la toma de decisiones.
Existen muchas experiencias de ±± que se adecuan a las condiciones propias de la localidad
donde va ser aplicado. En este sentido, el ejercicio de la Ciudad de México es una experiencia
limitada, pues el énfasis se centra en la primera parte del ciclo del mecanismo, (planeación
gubernamental), dejando en la informalidad los procesos de control y vigilancia ciudadana
en el ejercicio de los recursos públicos.
La construcción y consolidación de la ciudadanía, supone el tránsito de una limitada
participación restringida en el ámbito electoral hacia una participación constante en el espacio
público, favoreciendo una mayor comprensión de la forma en que opera el gobierno.
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