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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LVIII, núm. 218
mayo-agosto de 2013
pp. 233-270
ISSN-0185-1918
1
Agradecemos los comentarios a versiones preliminares de este documento por parte de Verónica Akle, Paola Angulo,
Alejandro Delgadillo, Mauricio Pérez, Guillermo Rosas, Edgar Villa y a los evaluadores anónimos de esta Revista.
Economista y Politólogo. Economista de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Economía de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Boston. Profesor e Investigador de la
Universidad Externado de Colombia, (Colombia). Codirector del Centro de Investigación en Economía Política de la
misma Universidad. Entre sus publicaciones destacan:
“An Institutional Teory of Direct and Indirect Rule”; “Assess-
ing health system performance: A model-based approach” y “Gradual Nash Bargaining with Endogenous Agenda: A
Path-Dependent Model”. Sus principales temas de investigación son: política comparada, economía política, resolución
de conFictos. Correo electrónico: julianj.arevalo@uexternado.edu.co
∗∗
Economista, Universidad Externado de Colombia. Investigador de la misma Universidad, (Colombia). Correo elec-
trónico: gabriel.angarita@est.uexternado.edu.co
∗∗∗
Economista, Universidad Externado de Colombia. Investigador en la ±undación para la Educación Superior y el
Desarrollo, (Colombia). Correo electrónico: wjimenez@fedesarrollo.org.co
Reformas electorales y coherencia ideológica
de los partidos políticos en Colombia, 1986-2013
1
Electoral Reforms and Ideological Coherence
of Colombian Political Parties, 1986-2013
Julián Arévalo
Gabriel Angarita Tovar
∗∗
Wilber Jiménez Hernández
∗∗∗
Recibido el 24 de febrero de 2013
Aceptado el 6 de marzo de 2013
RESUMEN
Este artículo muestra la evolución del sistema de
partidos colombiano en las dos últimas décadas.
Para ello se enfoca en los temas, ideologías y divi-
siones partidistas de una muestra representativa
de congresistas de las últimas cuatro legislatu-
ras. Se utilizan las técnicas de análisis factorial
y análisis de función discriminante y la base de
datos de las
Élites Parlamentarias de América La-
tina.
Este artículo muestra un efecto positivo de
la reforma política de 2003 sobre la coherencia
ideológica de los partidos y los movimientos po-
ABSTRACT
Tis article sets out changes which the Colom-
bian party system experienced throughout the
last two decades. It focuses on the topics, ideolo-
gy and party divisions present in a representative
sample of the last four legislatures’ congress
members. Tis study is based on factorial and
discriminate analyses, making use of the
Latin
American Parliamentarian Elites
database. Tis
article holds that the 2003 political reform had a
positive effect on Colombian parties’ and social
movements’ ideological coherence within Con-
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líticos colombianos en el ámbito del Congreso de
la República. También se discuten las reformas
electorales posteriores a la luz de estos hallazgos.
Palabras clave:
reforma electoral; sistema de par-
tidos; coherencia ideológica; reforma política.
gress. Electoral reforms are also discussed in the
light of these findings.
Keywords:
electoral reform; party system; ideo-
logical coherence; political reform.
Introducción
Durante los últimos años, parte de la escena política latinoamericana se ha caracterizado por
una creciente debilidad de sus partidos políticos, una estigmatización generalizada de los mis-
mos y el ascenso de líderes carismáticos con más poder que aquellos partidos a los que per-
tenecen. Algunas investigaciones explican este fenómeno como resultado del alto poder que
concentraron algunos partidos tradicionales (Coppedge, 1997), la insatisfacción generalizada
con las
formas
de participación y ejecución de las funciones representativas, acompañada de
grandes problemas de rendición de cuentas y legitimidad (Siavelis, 2009), o una desconexión
de los partidos frente a la sociedad civil (Luna y Zechmeister, 2005; Luna y Altman, 2011).
Una consecuencia indeseable de esta situación es que muchos políticos buscan alejarse
de las formas convencionales de participación política, para lo cual destacan las virtudes
de ser candidatos independientes y de participar en movimientos personalistas, con lo que
contribuyen a profundizar la crisis de los partidos y a un mayor detrimento de las instituciones
políticas (Arévalo, 2012).
Este trabajo tiene como punto de partida que un sistema de partidos con coherencia
ideológica es un requisito para el proceso de consolidación democrática, en tanto ofrece un
marco para la representación y gobernanza de este tipo de sistemas políticos (Linz y Stepan,
1996; Diamond, 1999), a la vez que considera que los partidos permiten la canalización de las
demandas de la población hacia los poderes públicos y transforman las distintas preferencias
de los ciudadanos en plataformas programáticas (Prieto, 2010).
Kitschelt, Hawkins, Luna, Rosas y Zechmeister (2010) definen un sistema de partidos
estructurado programáticamente como aquel en el que todos o la mayoría de los partidos
desarrollan lazos con el electorado a partir de sus agendas ideológicas, lo cual es fundamental
en la reducción de los costos que representa para el electorado la búsqueda de información
sobre los candidatos a cargos de elección popular. De igual forma, la coherencia ideológica de
los partidos facilita los procesos de respuesta y rendición de cuentas por parte de los políticos,
y elude las complicaciones inherentes a un sistema de partidos débil (Ames y Smith, 2010).
Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, Colombia se caracterizó por un
sistema bipartidista donde los tradicionales partidos Liberal y Conservador controlaban la
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vida política de la Nación. La crisis política y de representación generada por esta situación,
motivó el inicio de reformas que buscaban dar mayor apertura al sistema político, pero que
al mismo tiempo fueron aprovechadas para la creación de múltiples partidos y movimientos,
generando una importante desinstitucionalización política y el ascenso del personalismo
(Pizarro, 2002; Dargent y Muñoz, 2011). Como resultado de esta situación, a partir de 2003
el país se embarca en un proceso de reformas dirigidas a fortalecer los partidos políticos.
La reforma política de 2003, tema central de esta investigación, ha sido complementada con
reformas posteriores, todas ellas apuntando en la misma dirección.
A partir del análisis estadístico de encuestas a miembros del Congreso colombiano durante
las legislaturas en el período 1994-2010, sobre temas económicos, políticos, sociales y morales
–y su comparación a lo largo de cuatro legislaturas– este artículo argumenta que más allá de
reducir el número de partidos y listas al Congreso, la reforma política de 2003 tuvo el efecto
adicional de mejorar la coherencia ideológica de los partidos políticos colombianos en el
ámbito del Congreso de la República. Esto es, heurísticamente, que el grado de similitud de
las respuestas de dos congresistas pertenecientes al mismo partido o movimiento político a
preguntas sobre su ideología, es mayor que aquél entre dos congresistas de partidos o movi-
mientos políticos diferentes. Vale la pena enfatizar que este estudio se refiere exclusivamente
al ámbito del Congreso de la República, ya que a nivel regional las dinámicas que afectan el
funcionamiento de los partidos políticos, son bastante diferentes.
En la siguiente sección se presenta la evolución reciente del sistema electoral colombiano
haciendo especial énfasis en las reformas introducidas en el año de 2003. Seguido a esto, y
recurriendo a las técnicas de análisis factorial y análisis de función discriminante, se presentan
la metodología y los resultados principales de este estudio; posteriormente se considera
una hipótesis alternativa frente a la mejora en la coherencia ideológica encontrada a partir
del posible efecto que un líder personalista como Álvaro Uribe Vélez pudo tener sobre esta
variable. Finalmente, se presenta una breve discusión sobre algunas reformas posteriores
a 2003 hechas al sistema electoral, y en la última sección se exponen las conclusiones y
re±exiones del estudio.
Evolución del sistema electoral colombiano
Hasta finales del siglo pasado, el régimen político colombiano había sido considerado como
el de mayor continuidad institucional en la historia de América Latina (Archer, 1995: 164).
Sin embargo, el grado de penetración de los partidos en la vida política del país fue tal que
estos terminaron siendo bastante rígidos a la vez que presentaron importantes dificultades
para reaccionar ante los cambios del ambiente político (Archer, 1995: 199). Se trata de un
fenómeno similar a lo que se conoce en la literatura como
‘partidocracia’
, en el sentido de
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tener partidos políticos que monopolizan el proceso electoral y dominan el proceso legisla-
tivo (Coppedge, 1997).
Entre 1958 y 1991, la democracia colombiana fue clasificada con frecuencia como una
democracia “restringida” o “controlada”. Hasta 1991, las limitaciones a la democracia derivaban
de las restricciones y la competencia políticas introducidas por los pactos del Frente Nacional
de 1957 y que rigieron la vida política del país durante el período 1958-1974 (Bejarano, 2011).
Este período se caracterizó por el cierre de espacios políticos y electorales para movimientos
y partidos diferentes al Liberal y al Conservador, y la dificultad en la canalización de las
demandas de amplios sectores de la población, lo que a su vez se tradujo en malestar social
e inestabilidad política (Bushnell, 2007). Prueba de este inconformismo se encuentra en los
altos niveles de abstencionismo que han caracterizado las elecciones en Colombia (Pécaut,
2006). Roll (2003) califica a este sistema como de tipo
consocional bipartidista,
e ilustra cómo
los acuerdos entre los dos partidos dominantes generaron múltiples problemas que hacia
mediados de los ochenta terminaron en una profunda crisis política y de representación.
Como resultado de lo anterior, el sistema electoral colombiano comenzó a modificarse
significativamente desde mediados de los 80 y comienzos de los 90. Durante el gobierno de
Belisario Betancur (1982-1986), se propuso garantizarle a la oposición ciertos derechos hasta
entonces negados, se promovió la descentralización política, se anunció la modernización
de la Registraduría Nacional del Estado Civil –encargada de la administración del sistema
electoral– y se promulgó el Código Electoral (Sarabia, 2003).
Estas reformas iniciales fueron acompañadas por transformaciones fundamentales
incorporadas en la Constitución de 1991 y las leyes posteriores –en particular la ley de
partidos de 1994–. No obstante, para algunos autores, estas transformaciones sólo terminaron
generando un sistema bipartidista fraccionado, sin ideología alguna y en trance hacia modelos
entonces no identificados (Roll, 2003: 156). Esta situación imposibilitó cualquier intento
de disciplina partidista, dificultó la coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo,
e impidió la formación tanto de una coalición de gobierno estable, como de una oposición
coherente con la capacidad de supervisar al gobierno y de ofrecer una alternativa viable al
mismo (Bejarano, 2011).
Ejemplo de lo anterior es que en su trabajo sobre sistemas de partidos en Latinoamérica
para finales de siglo, Kitschelt
et al.
(2010: 95) identifican a Colombia como el único país
de su muestra para el cual no es posible encontrar dimensiones ideológicas sobre las cuales
agrupar a los congresistas de los distintos partidos.
Esta situación empieza a cambiar a partir de 2003, cuando se lleva a cabo una reforma
política que incluye temas como los requisitos para alcanzar la personería jurídica, las listas
que pueden presentar los partidos que aspiran al Congreso de la República, la financiación
estatal de los partidos políticos y la democracia interna de los mismos, entre otros. Esta
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reforma apuntó hacia el fortalecimiento de los partidos y la estructuración del sistema de
partidos, y ha sido complementada con otras reformas posteriores.
Así, la historia reciente del sistema electoral colombiano se puede agrupar en tres
grandes períodos: el primero (1958-1982) se caracteriza por el contexto del bipartidismo
Liberal-Conservador asociado al Frente Nacional y a los primeros años luego de su terminación
formal. El segundo período (1982-2002), por una apertura del sistema político que condujo
a la aparición de una multiplicidad de partidos y movimientos políticos que resultó en una
creciente dificultad de los partidos de actuar como verdaderas colectividades que canalizaran
las demandas de los ciudadanos. El tercer período (a partir de 2003) se ha caracterizado por
un esfuerzo en crear reglas que permitan institucionalizar y fortalecer los partidos políticos.
En esta sección se presentan las reformas institucionales resultantes de la crisis política de
Colombia durante los años ochenta, y que estuvieron orientadas a mejorar la representación,
reducir el clientelismo y facilitar las condiciones de existencia para partidos y movimientos
políticos. Se inicia con la presentación de los cambios generales que introdujeron las
reformas de finales de los ochenta y comienzos de los noventa (que no fueron modificadas
sustancialmente en los años subsiguientes). Luego se presentan aquellas que fueron el centro
de discusión en la reforma política de 2003 y que estuvieron orientadas a atacar la profunda
desinstitucionalización del sistema de partidos sufrida por el país hacia finales del siglo pasado
y comienzos del presente.
Reformas electorales relativamente estables
Las principales reformas electorales que han permanecido relativamente estables en el pe-
riodo de análisis de esta investigación son la elección popular de alcaldes y gobernadores, las
circunscripciones electorales para la elección del Congreso, la pérdida de investidura de los
congresistas, la doble vuelta presidencial y la restitución de la vicepresidencia.
Hasta 1986, únicamente en las elecciones regionales se elegían diputados y concejales;
estas elecciones se llevaban a cabo de forma simultánea a las legislativas. El Presidente de
ese momento, Belisario Betancur, promovió la descentralización política en términos de
la elección popular de alcaldes –hasta entonces designados por los gobernadores de cada
departamento– quienes a su vez eran designados por el Presidente. Esta iniciativa surge de la
combinación de varios aspectos: la posición minoritaria del partido de gobierno nacional en las
entidades sub-nacionales (O’Neill, 2005), la intención de adelantar negociaciones con grupos
armados ilegales (Eaton, 2006), y la presión de múltiples movimientos sociales (Buenahora,
1996; Vargas y Sarmiento, 1997). Tras estas reformas iniciales, en la Constitución de 1991
se aprueba la elección popular de gobernadores, al tiempo que se desligan las elecciones
regionales de las elecciones legislativas.
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También como resultado de la nueva Constitución de 1991, la circunscripción electoral
para la elección del Senado pasa de ser de carácter departamental a una de carácter nacional.
Con esto se buscaba atacar las redes clientelistas y particularistas, así como facilitarle
la tarea electoral a partidos y movimientos restringidos a distritos departamentales de
tal forma que pudieran adquirir votos en todo el territorio nacional (Botero, 1998). La
elección de los miembros de la Cámara de Representantes sigue siendo de circunscripción
departamental, pero incluye nuevos departamentos, al igual que una circunscripción
electoral para Bogotá. Aparecen también las circunscripciones especiales para Senado y
Cámara de Representantes: dos Senadores adicionales por las comunidades indígenas y
cinco Representantes por grupos étnicos, minorías políticas y colombianos residentes en
el exterior.
1
El excelente desempeño de los movimientos no tradicionales en la elección de
la Asamblea Nacional Constituyente, que alcanzaron entre el 41.9% y el 63.4% del total de
los votos (dependiendo de a quiénes se incluya), le dio la razón a quienes afirmaban que la
ampliación de las circunscripciones electorales serviría al propósito de facilitar el acceso
de las minorías políticas a las corporaciones públicas (Sarabia, 2003).
Otro rasgo importante de las reformas llevadas a cabo durante esta coyuntura es
la referente a la pérdida de investidura, que
consiste en una sanción jurídico-política
que desarrolla el principio de moralidad de la función pública y es independiente de la
sanción legal que el acto del congresista pueda causar. Entre las causales más frecuentes
de pérdida de investidura se encuentran el tráfico de inFuencias y la indebida destinación
de dineros públicos.
±inalmente, se restableció la figura del Vicepresidente luego de su eliminación en la
reforma Constitucional de 1910. Su objetivo es que sea éste quien reemplace al Presidente
en sus ausencias temporales o absolutas; a partir de entonces la elección del Presidente y
Vicepresidente es por mayoría absoluta con un mecanismo de segunda vuelta.
1
La circunscripción para integrar la Cámara de Representantes sufrió una transformación superficial en la reforma
constitucional de 2005 al establecerse una circunscripción internacional para que los colombianos residentes en el
exterior escogieran quién los representara. Así, los representantes elegidos por circunscripción especial se redujeron
de 5 a 4. La reforma también estableció un representante adicional por circunscripción territorial por cada 365.000
habitantes o fracción mayor a 182.500 sobre los primeros 365.000. Además, se determinó que a partir de las eleccio-
nes legislativas de 2014, se reajustará la base para la asignación de curules en la misma proporción del crecimiento
poblacional. No obstante, en el caso de que algún departamento se vea perjudicado con el nuevo reparto, se garantiza
como mínimo el mismo número de curules que correspondieron a cada una de las circunscripciones territoriales al
20 de julio de 2002 (Vanegas, 2008: 124). El acto legislativo 01 de 2013 modificó nuevamente las circunscripciones
especiales, eliminando la circunscripción para minorías políticas y agregando una curul para la circunscripción
internacional.
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Reforma Política de 2003: principales elementos
Antecedentes
Las reformas electorales comentadas han permanecido relativamente invariables y permi-
tieron ciertos avances en el sistema político colombiano: la elección popular de alcaldes y
gobernadores dio vida a la demandada descentralización política (Falleti, 2010); la aparición
de la circunscripción electoral nacional para el Senado colaboró para que partidos distintos
a los tradicionales pudiesen acceder a dicha Cámara (Botero, 1998: 322); y la irrupción de la
pérdida de investidura dio los primeros pasos en busca de las herramientas para moralizar
y depurar el Congreso (Restrepo, 2007: 43).
Adicionalmente, uno de los objetivos principales de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1990, era la generación de garantías para la formación y sostenimiento de nuevos partidos
políticos distintos a los dos tradicionales, así como dar espacio a la representación de las
minorías,
2
por lo cual se relajaron las condiciones para la incursión de partidos y movimientos
políticos. Una consecuencia de esto fue el crecimiento explosivo en el número de partidos
políticos y listas a cargos de elección popular, que resultó en una creciente dificultad de los
partidos de actuar como verdaderas colectividades que canalizaran las demandas de los
ciudadanos. Autores como Pizarro (2002: 359), calificaron el sistema de partidos colombiano
hacia finales del siglo pasado como “el más ‘personalista’ del mundo”. La atomización
que
vivió el sistema de partidos colombiano durante el cambio de siglo se caracterizó por una
reducción del peso electoral de los partidos tradicionales –en particular el Conservador– y
el crecimiento masivo, aunque inestable, de terceras fuerzas (Pizarro, 2002: 361).
En este sentido, una de las principales debilidades de los partidos colombianos tras las
nuevas reformas radicó en su pérdida de poder de nominación. A partir de la Constitución
de 1991, los políticos se nominan a sí mismos, organizan su campaña, diseñan su estrategia
electoral y recolectan fondos de forma autónoma; los partidos, por su parte, quedan relegados
a dar avales a los diferentes candidatos. El escenario pasó de ser uno en que los partidos
elegían a sus candidatos a uno en que los candidatos eligen a sus partidos (Pizarro 2002:
367-369, Londoño, 2010).
En abril de 2003, los partidos tradicionales colombianos –Conservador y Liberal–presu-
miblemente los más afectados por la crisis institucional, con el apoyo de los denominados
congresistas independientes, impulsan una reforma política orientada a establecer barreras
más fuertes a la creación de partidos (Holguín, 2006).
3
Con esto se esperaba que los partidos
2
Esta fue una de las peticiones realizadas por el Movimiento 19 de Abril (M-19) en el proceso de paz con el gobierno
de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
3
Vélez, Ossa y Montes (2006) identifican como las principales explicaciones tras la reforma política de 2003: los cam-
bios en las condiciones para la competencia política motivados por la Constitución de 1991, la presencia de líderes con
vocación de cambio y el equilibrio al interior del Congreso, fruto de su misma fragmentación.
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más estructurados, los que han tenido más arraigo en la sociedad y dependen menos de
una figura carismática, resultaran beneficiados. El gobierno de ese momento, en cabeza
de Álvaro Uribe –que había iniciado su carrera dentro del Partido Liberal pero que llegó a
la presidencia como independiente–se oponía a la reforma ya que de cierta manera iba en
dirección contraria al referendo que se proponía por esa misma época y que tenía objetivos
similares a los de esta reforma (Prieto, 2010).
A continuación se presentan los principales elementos constituyentes de esta reforma,
junto con sus motivaciones específicas y algunos de sus efectos.
Personería jurídica y umbral
Para que un partido o movimiento político
4
esté formalmente constituido y pueda acceder
a todas las prerrogativas que ofrece el Estado, debe tener personería jurídica. Previo a la re-
forma política de 2003, de acuerdo con la Ley 130 de 1994, ésta se podía obtener de tres for-
mas diferentes: con 50.000 votos en la última elección al Congreso; consiguiendo represen-
tación dentro del mismo; o acreditando un respaldo popular con 50.000 firmas. Ahora bien,
al ser estos requisitos fácilmente superables –la base electoral en 1994 era de cerca de siete
millones cuatrocientos mil votantes; y en 2002 de más de once millones de votantes– se dio
vía libre a la proliferación de las llamadas “microempresas electorales”.
5
Ante este escenario, la reforma política de 2003 se propuso generar una metodología para
que los partidos demostraran su vigencia en el marco de la representación política. Con este
propósito, se estableció que la única vía para que los partidos obtuvieran –y mantuvieran– la
personería jurídica, sería consiguiendo no menos del 2% de los votos válidos en las elecciones
al Congreso. Además, se acordó que ese mismo porcentaje sería el umbral que debería obtener
una lista para poder participar en la repartición de curules. En el caso de las circunscripciones
4
La Ley 130 de 1994 diferenció los partidos de los movimientos en la medida que definió a los primeros como “insti-
tuciones permanentes que reFejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y
contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elec-
ción popular y de inFuir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”, mientras los segundos son detallados
como “asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para inFuir en la formación de la voluntad política o para
participar en las elecciones”. Sin embargo, en efectos prácticos no existe distinción alguna entre partidos y movimientos;
la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, les asigna los mismos derechos y obligaciones.
5
Este término fue acuñado por Pizarro (2002) y se entiende como las expresiones de las agrupaciones de facciones
personalistas en la arena electoral, las cuales conforman un grupo heterogéneo al que se le reconoce como partido y que
se caracterizan por la ausencia de una estructuración ideológica clara. Encuentra sus fuentes en la definición de
Partido
Atomizado
(Sartori, 2005), que es aquel que está fragmentado dirigente por dirigente, con pequeños grupos que giran
en torno a líderes personalistas, cada uno de los cuales suele ser miembro del parlamento.
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de minorías, éstas tan sólo requerirían conseguir representación en el Congreso para obtener
y mantener su personería jurídica.
6
De acuerdo con la votación en las elecciones legislativas de 2006, ese 2% representa algo más
de 180.000 votos, requisito mucho más exigente de conseguir que las 50.000 firmas requeridas
antes de la reforma. Esta mayor exigencia hizo que se pasara de casi 60 partidos o movimientos
políticos en 2002 a 16 en el 2006, y a 12 luego de las legislativas de 2010 (Figura 1).
7
Figura 1
Evolución del número de partidos y listas al Senado.
0
50
100
150
200
250
300
350
1994
1998
2002
2006
2010
Listas al Senado
Partidos
Fuente:
Registraduría Nacional
El efecto del umbral fue evidente para las elecciones al Senado de 2006. Sólamente la
mitad de los partidos que se presentaron a elecciones lograron superarlo y de esta forma
conseguir representación. Además, es de destacar que la otra mitad se caracterizó por estar
predominantemente compuesta por movimientos personalistas que se vieron destinados
6
Como se verá más adelante, a partir de 2014 entra en vigencia una nueva modificación de esta norma con la cual la
personería jurídica se obtiene y se mantiene mediante la obtención del 3% de los votos válidos en las elecciones al Senado
o Cámara de Representantes.
7
Ver el listado de los Movimientos y Partidos con Personería Jurídica Vigente en la Registraduría Nacional del Estado
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a desaparecer o a reestructurarse luego de no haber conseguido su personería jurídica
(Rodríguez-Raga y Botero 2006).
8
Listas únicas, bloqueadas y voto preferente
La Constitución de 1991 no estipuló el número de candidatos o de listas que un partido podía
presentar para una contienda electoral, con lo que cada partido estaría en capacidad de pre-
sentar varias listas simultáneamente. No obstante, a pesar de que tampoco había una dispo-
sición legal respecto a si las listas debían ser bloqueadas o no, hasta 2003 el régimen electoral
previó que fuesen listas bloqueadas (Vanegas 2008: 131); es decir, los partidos estipulaban el
orden de los candidatos en las listas, sin que el elector pudiese modificarlo.
Con respecto a las listas múltiples, se interpretó que éstas estimulaban una mayor
fragmentación de los partidos políticos. Al presentar múltiples listas, con distintos candidatos
para los mismos puestos, se propiciaron divisiones internas en los partidos: los líderes de
cada lista realizaban campañas por separado, y no era extraño que unos hicieran campaña
en contra de otros.
A partir de lo anterior, en el planteamiento y debate de la reforma política hubo
consenso sobre el establecimiento de listas únicas, de tal manera que los partidos, al sólo
poder presentar una lista, deberían llegar a acuerdos sobre su conformación y así evitar
la fragmentación. Ahora bien, probablemente el punto más álgido de toda la discusión
reformista se situó en si dichas listas únicas habrían de tener un orden fijo en sus candidatos
(lista bloqueada) o si dicho orden podría ser modificado por el elector (voto preferente).
Finalmente, se aprobó una figura
sui generis
en los sistemas electorales, según la cual
cada partido tiene la capacidad de decidir si usa o no el voto preferente. Las críticas no
se hicieron esperar: se entendió que en vez de crear una regulación seria del quehacer
de los partidos, se les estableció un menú de posibilidades que confunden aún más a la
ciudadanía (Vanegas, 2008: 133).
Los efectos de disminuir la oferta electoral desbordante por medio de las listas
únicas –en conjunto con el umbral y los requisitos de personería jurídica– han sido
contundentes: en 2002 participaron para el Senado 63 partidos y movimientos políticos,
entre los cuales aportaron 319 listas, mientras que para 2006 se presentaron 20 partidos
con sus respectivas 20 listas únicas. Como se vio en la Figura 1, esto tuvo un impacto
importante sobre el número de listas, así como en aquellas que obtuvieron la personería
jurídica, es decir, las listas ganadoras.
8
Algunos de estos movimientos eran tan personalistas que en su mismo nombre aparecía el de su líder. Ejemplos de
esto son: “
Visionarios con Antanas Mockus”
y “
Dejen Jugar al Moreno”,
de Carlos Moreno de Caro.
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La inclinación por el voto preferente en buena medida evidencia el arraigo personalista
en la política colombiana. En las elecciones al Senado de 2006 tan sólo uno de cada cinco
electores dio un voto de partido; adicionalmente, nueve de las diez listas ganadoras de
curules hicieron uso de la opción de voto preferente. La única lista bloqueada que alcanzó
al menos una curul –presentada por el Movimiento ±IRA, el cual tradicionalmente
promociona el voto de partido– fue la que obtuvo la votación más baja y por poco no
supera el umbral del 2%.
Organización Democrática de los Partidos
La Constitución de 1991 estableció que la ley no podría establecer exigencias en relación
con la organización interna de los partidos. El tema de la democratización interna que-
daría pospuesto, más allá de que al Estado le fuera asignada la tarea de colaborar con la
realización de consultas internas para escoger candidatos y con la elección democrática
de directivos (De la Calle, 2008). ²nte esta premisa constitucional, el desarrollo legal –Ley
130 de 1994– tan sólo demarcó que los partidos políticos
podían
realizar consultas internas
o populares para la toma de decisiones. Es decir, a los partidos políticos se les dio plena
autonomía en su organización.
Este escenario de excesiva libertad en el funcionamiento de los partidos, según el cual
éstos podían decidir si hacían consultas internas o no, no generaba garantías para que sus
afiliados y simpatizantes participaran en las decisiones que los afectaban. Los seguidores
del partido no podían participar en la conformación del mismo, de sus directivas, listas o
candidatos. De esta forma, se estimaba una carencia en la organización democrática de los
partidos (Vanegas, 2008: 108).
Con el objetivo de superar esta problemática, la reforma política transformó la premisa
constitucional sobre cómo se organizaban los partidos. La nueva fue un poco más clara
aunque no necesariamente redujo su ambigüedad: “los partidos y movimientos políticos se
organizarán democráticamente”.
9
²sí, se generó un nuevo modelo de organización dentro de
los partidos al incorporar formas más reales de participación de los afiliados y simpatizantes
en la toma de decisiones.
10
9
Fragmento de la nueva redacción del artículo 107 de la Constitución.
10
No obstante, si bien el nuevo margen de acción en la organización interna de los partidos se vio disminuido al
ponerse como principio que debería ser democrático, se esperaba una delimitación más clara por parte del legislativo.
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Financiación de partidos y campañas políticas
Colombia aplica la financiación mixta tanto para los partidos y movimientos, como para
las campañas electorales, pues concurren aportes públicos y privados. La reforma polí-
tica de 2003 introdujo importantes cambios en términos de la financiación de partidos y
movimientos políticos. En este respecto, la transformación más importante incorporada
por esta reforma fue el aumento en 2.7 veces de los recursos del Estado destinados al fi-
nanciamiento de los partidos y movimientos con personería jurídica, frente a los recursos
destinados en 2003.
Así mismo, la reforma estableció que la cuantía de la financiación de las campañas de
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica sería por lo menos tres veces
la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo
del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo. Igualmente,
introdujo la financiación por parte del Estado de los espacios institucionales en radio y
televisión.
Con la reforma política de 2003 los gastos del Estado para la financiación directa de partidos
y movimientos políticos se incrementaron de manera importante: en 2003 se invirtieron
$7.9 billones, mientras que para 2004, este costo ascendió a $29.6 billones, y para 2011 fue
de $26.3 billones (Restrepo, 2011).
Dicha reforma también incluyó la financiación de las consultas internas de los partidos
mediante el mecanismo de reposición por votos depositados, así como la pérdida de investidura
por violación de topes, y la prohibición de la financiación de partidos y campañas por parte
de personas naturales o jurídicas extranjeras.
Algunos autores consideran que en Colombia la participación del Estado en la financiación
de partidos y campañas ha creado unas bases mínimas de equidad y ha permitido una
apertura democrática importante probablemente como respuesta al dominio del bipartidismo
tradicional (De la Calle, 2003).
Otras transformaciones en la reforma política de 2003
Desde la reforma Constitucional de 1968, las curules en Colombia se repartían mediante la
fórmula electoral del cociente natural, o método Hare. Esta fórmula presenta el problema
de que no logra repartir todas las curules en primera instancia, por lo cual se requiere esta-
blecer un mecanismo que otorgue los escaños sobrantes. Ante esta complicación, la reforma
política de 2003 estableció como fórmula para repartir las curules la cifra repartidora, o mé-
todo D’Hondt. Esta nueva fórmula electoral implica que cada partido obtendrá por medio
de la votación de su lista tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en su
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votación.
11
Aparte de que la cifra repartidora asigna eficientemente todas las curules, esta
reforma también tiene prevista la promoción de la unión de fuerzas en las elecciones: entre
más votos consiga la lista de un partido, más veces estará contenida la cifra repartidora, más
curules obtendrá y mayor será su representación dentro del Congreso.
La reforma política de 2003 también tomó medidas explícitas para dar avances en la
coherencia en el comportamiento de los militantes de los partidos políticos. Es así como
surgieron las iniciativas para la actuación en bancadas y la prohibición a la doble militancia que,
sin embargo, no fueron causales de inhabilidad para acceder a cargos de elección múltiple,
12
ni tampoco de pérdida de investidura.
13
Ahora bien, posteriores reformas políticas, como se
expondrá más adelante, dieron avances en la generación del marco regulador de estos dos
principios.
Como se ha mostrado, la reforma política de 2003 tuvo importantes efectos en la reducción
del número de partidos y de listas al Congreso de la República (Rodríguez-Raga y Botero
2006; Botero, 2006). Giraldo y López (2006), por ejemplo, destacan el marcado proceso de
agrupación y depuración del sistema de partidos a nivel de la Cámara de Representantes y
apuntan a la Reforma Política de 2003 como su principal causa.
En la siguiente sección se hace una evaluación estadística del impacto de la reforma
política de 2003 sobre la coherencia ideológica de los miembros de los partidos y movimientos
políticos colombianos en el ámbito del Congreso de la República.
Datos y análisis cuantitativo
En esta sección se presenta la evolución del sistema de partidos colombiano antes y después
de la reforma de 2003; se analiza la evolución en la coherencia ideológica de los partidos
políticos colombianos por medio de las técnicas de análisis factorial y análisis de función
discriminante. Para esto se utilizan las respuestas de una muestra representativa de congre-
sistas en las legislaturas que comprenden el período de 1994 hasta 2010; se utiliza la base de
datos del Proyecto Élites Parlamentarias de Latinoamérica (±²³´ Project) de la Universidad
de Salamanca.
11
Para mayor información sobre estos dos métodos electorales, ver Vanegas (2008: 142).
12
Sentencia del 3 de marzo de 2005 del Consejo de Estado.
13
Sentencia del 21 de mayo de 2004 del Consejo de Estado.
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Para este trabajo se siguió la metodología empleada por Kitschelt
et al.
(2010):
14
se incluyen
únicamente aquellos partidos cuyo número de miembros en el legislativo es igual o mayor
a ocho; como resultado de esto, el número de observaciones en la legislatura de 1994-1998
es de 55, y se incrementa progresivamente hasta alcanzar 98 en la de 2006-2010. A partir
de un total de más de 80 preguntas incluidas en la encuesta, se seleccionó un subconjunto
de acuerdo a la metodología desarrollada por los autores mencionados. Así, en cuanto a los
temas económicos, las variables incluidas son:
privatización de la industria, privatización de
los servicios, control de precios, creación de empleo, provisión de vivienda, seguridad social,
seguro de desempleo, cobertura de servicios básicos, más armas menos mantequilla, inversión
norteamericana e inversión Unión Europea.
Las variables de tipo político son:
democracia como
sistema de gobierno, partidos políticos son necesarios, elecciones mejor sistema y corrupción
como problema.
Las variables concernientes a temas morales y religiosos son:
aborto, divorcio,
ir a la iglesia y religiosidad.
Finalmente,
en cuanto a temas sociales, las variables incluidas
son:
crimen una amenaza, justicia funciona, revueltas sindicales una amenaza, violencia un
problema, importancia derechos de las minorías e importancia del medio ambiente.
La descripción detallada de cada una de estas variables, indicando la pregunta realizada
y los valores correspondientes a las respuestas, aparece en el apéndice al final del artículo.
Métodos
En su importante estudio de los sistemas de partidos latinoamericanos, Kitschelt
et al.
(2010)
utilizan las técnicas de análisis factorial y análisis de función discriminante para analizar el
grado de coherencia ideológica de los sistemas de partidos; para el caso de Colombia, los au-
tores incluyen los datos correspondientes a la legislatura de 1994 a 1998. En este trabajo, luego
de replicar tales resultados, se realiza un análisis similar para las legislaturas subsiguientes;
14
Kitschelt
et al.
(2010) estudian 12 países de Latinoamérica durante los últimos años para determinar si existen líneas
ideológicas que separen a sus partidos políticos y, de ser así, determinar las principales variables que explican tales divi-
siones. Estos autores encuentran una alta heterogeneidad en torno a las principales líneas de división de los legisladores
de los países de su muestra. Así, mientras que en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana
aparece una clara división ideológica en torno a temas económico-distributivos, ésta es ausente en Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En Uruguay, por ejemplo, el factor de división más importante captura aspectos
relacionados con la inversión extranjera, mientras que en Costa Rica se refiere a variables de carácter moral/religioso
y de derechos de minorías. Más aún, en todos los países de la muestra, las variables relacionadas con temas morales y
religiosos capturan importantes diferencias entre los congresistas, lo que podría indicar una representación de las divi-
siones existentes en la sociedad. Para los autores, los países con alto crecimiento económico antes de la Segunda Guerra
Mundial, largos períodos de competencia democrática después de 1945 e importantes divisiones históricas frente al
desarrollo de la política social, a los con±ictos Estado-Iglesia, o a las posiciones frente a la democracia y el autoritarismo,
fueron capaces de establecer una competencia programática partidista que persiste al menos hasta finales del siglo XX.
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esto permite ver la evolución de la coherencia ideológica antes y después de promulgada la
reforma electoral de 2003.
El análisis factorial es una técnica que permite representar un número relativamente grande
de variables en términos de un número relativamente pequeño de variables hipotéticas (factores).
En este sentido, se entiende que muchas de las variables presentan algún grado importante
de correlación, y que esta correlación es mayor en algunos subconjuntos de variables; tal
observación permite construir unos factores que den cuenta de la correlación observada entre
las diferentes variables (Kim y Mueller, 1978a, 1978b). Así, es usual que al analizar una base
de datos con cerca de 30 variables, como se hace en este artículo, la variabilidad observada
pueda explicarse por medio de tres o cuatro factores que resumen esta información.
Por su parte, el análisis de función discriminante permite identificar si las diferencias
observadas entre las observaciones están asociadas a grupos específicos (Klecka, 1980); en el
caso que se investiga en este artículo, el análisis de función discriminante permite determinar
si luego de encontrar temas que dividan a los congresistas de una legislatura, tales divisiones
están asociadas a divisiones entre partidos políticos, o si más bien estas divisiones se encuentran
al interior de los partidos (Rosas, 2005).
15
Resultados: Análisis factorial
La Tabla 1 muestra un resumen de los resultados del análisis factorial de las cuatro legislaturas
incluidas en este estudio. En cada columna se reportan únicamente las cargas factoriales mayores
que 0.5; el número entre paréntesis corresponde al factor que agrupa las variables. Al final de la
tabla aparece la proporción explicada por cada uno de los factores y el número de observaciones.
Legislatura 1994-1998
En los resultados del análisis factorial para la legislatura de 1994-1998 se encuentran cuatro
dimensiones ideológicas –o factores– que dividen a los congresistas colombianos. El primer
factor está caracterizado por variables económicas; el segundo factor por variables morales
15
Para un ejemplo reciente del uso de esta técnica en el caso del sistema de partidos políticos brasilero, ver Lucas y
Samuels (2010). A partir de encuestas a congresistas durante los últimos veinte años, los autores encuentran dos grandes
bloques ideológicos: uno conformado únicamente por el Partido de los Trabajadores (±²) y otro donde se encuentran
todos los demás partidos del estudio. Como era de esperarse, el ±² se encuentra hacia la izquierda del espectro ideológi-
co, mientras que los demás –
P
artido de Movimiento Democrático Brasileño, Partido de la Social Democracia Brasileña
y Partido del Frente Liberal– ocupan una posición hacia el centro-derecha, estadísticamente indistinguible entre ellos.
Es decir, se derrumba el argumento de un discurso coherente y diferenciado entre los principales partidos políticos; a
excepción del ±², todos los demás comparten sus posiciones y orientación ideológicas.
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y religiosas, junto a una variable de tipo económico; el tercer factor por variables de tipo ley
y orden junto a una de tipo moral; y finalmente aparece una última dimensión que se rela-
ciona con la importancia de los derechos de las minorías y del medio ambiente, junto a una
variable de tipo ley y orden.
Dentro del primer factor, que captura el papel del Estado en la economía, se encuentran las
siguientes variables:
privatización de la industria, control de precios, creación de empleo, provisión
de vivienda, provisión de servicios básicos, y seguro de desempleo
. Se encuentra que aquellos
congresistas que se posicionan en contra de la
privatización de la industria,
tienen opiniones
favorables
sobre la provisión de empleo, vivienda, servicios básicos y seguro de desempleo por
parte del Estado. Es decir, valores más altos en este factor están asociados a posiciones económicas
tradicionalmente asociadas con los partidos de izquierda. Asimismo, es de destacar que el primer
factor da cuenta de cerca del 19% de la varianza común en el espacio ideológico.
El segundo factor está caracterizado por variables religiosas, particularmente las
variables:
soy religioso
e
ir a la iglesia
. No obstante, también aparece una variable de tipo
económico que corresponde a la posición con respecto a la
inversión norteamericana
, lo
que indica un traslape de las dimensiones económica y religiosa: aquellos congresistas
que se consideran a sí mismos más religiosos y asisten más frecuentemente a servicios
religiosos, normalmente tienen posiciones más favorables con respecto a la inversión
proveniente de Estados Unidos.
La tercera dimensión, que comprende temas de
ley y orden
, consiste en las variables:
justicia
funciona, crimen como amenaza, revueltas sindicales como amenaza y divorcio
. Al igual que con el
factor 2, se encuentra que esta dimensión se traslapa con una variable de tipo religioso:
divorcio
.
Finalmente, la cuarta dimensión agrupa las siguientes variables:
importancia
derechos de
las minorías, importancia medio ambiente y violencia como problema
. Aquellos congresistas
que abogan por los derechos de las minorías igualmente lo hacen por el medio ambiente y
consideran que la violencia es un problema.
Como se puede observar, dados los resultados en las cuatro dimensiones, se evidencia cierto
traslape entre las variables de tipo económico, político y religioso, que muestra que aquellos
congresistas con posiciones más religiosas, tienen una postura favorable sobre la inversión
extranjera y discordante con respecto al funcionamiento de la justicia. Estos resultados son
similares a los presentados por Kitschelt
et al
. (2010).
Tabla 1
Análisis Factorial 1994-2010.
Temas
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
Privatización de la Industria
-0,61 (1)
0,56 (4)
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Temas
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
Privatización de los servicios
0,72 (4)
Control de precios
0,57 (1)
0,50 (1)
Creación de empleo
0,65 (1)
0,58 (1)
0,64 (1)
Provisión de vivienda
0,74 (1)
0,53 (1)
0,52 (1)
0,57 (1)
Seguridad social
0,63 (1)
0,63 (1)
Seguro de desempleo
0,50 (1)
0,60 (1)
0,65 (1)
0,62 (1)
Cobertura de servicios básicos
Inversión EE.UU
0,54 (2)
0,81 (2)
0,76 (2)
Inversión UE
0,83 (2)
-0,74 (2)
Inversión L.A
0,65 (2)
Justicia funciona
0,55 (3)
Crimen una amenaza
0,62 (3)
0,53 (3)
Revueltas Sindicales como amenaza
0,59 (3)
Violencia un problema
0,62 (4)
Ir a la iglesia
0,80 (2)
0,66 (3)
Aborto
-0,69 (3)
-0,69 (3)
Divorcio
0,50 (3)
-0,60 (3)
Religioso
0,78 (2)
0,66 (3)
0,54 (3)
Importancia derechos minorías
0,62 (4)
0,50 (1)
0,62 (1)
0,62 (2)
Importancia medio ambiente
0,71 (4)
0,69 (1)
0,51 (1)
0,72 (2)
Importancia de la corrupción
0,50 (1)
Factor 1
0,19
0,21
0,31
0,24
Factor 2
0,16
0,17
0,19
0,22
Factor 3
0,13
0,17
0,22
Factor 4
0,11
0,13
No. Observaciones
55
77
87
98
Fuente:
Élites Parlamentarias de Latinoamérica,
cálculos propios.
(
continuación
)
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Legislatura 1998-2002
En la legislatura de 1998-2002, nuevamente se encuentran cuatro dimensiones que permiten
diferenciar a los legisladores. Dentro del primer factor se encuentran variables de tipo econó-
mico y social
(
control de precios, creación de empleo, provisión de vivienda, seguro de desempleo,
importancia derechos de las minorías e importancia del medio ambiente).
Los congresistas a
favor de la intervención del Estado en la economía resaltan la importancia de respetar los
derechos de las minorías y de respetar el medio ambiente.
El segundo factor está determinado por variables
económicas,
y específicamente temas
relacionados con la
inversión extranjera
; el tercer factor está dominado únicamente por
variables de tipo
religioso
; y en el último factor corresponde a variables con respecto a
la
privatización de la industria y servicios.
Cabe mencionar que durante esta legislatura, los
temas relacionados con
ley y orden
no aparecen dentro de ningún factor, indicando que en
ese momento no se encontraron diferencias importantes entre los congresistas en cuanto a
sus posturas frente a este tema.
Legislatura 2002-2006
Durante este período, únicamente se observan dos factores que dividen ideológicamente a
los congresistas; varios de los temas cruciales en legislaturas pasadas –religiosos, ley y orden–
pierden relevancia. En el primer factor se agrupan las variables correspondientes a
seguro de
desempleo, provisión de vivienda, importancia derechos de las minorías, importancia del medio
ambiente y corrupción como problema
. El primer factor tiene una capacidad predictiva del
31%, el valor más alto observado en los diferentes factores. El segundo factor agrupa temas
relacionados exclusivamente con la inversión extranjera.
Legislatura 2006-2010
En la legislatura de 2006-2010, siendo la primera después de que entrara en vigor la reforma de
2003, se encuentran tres factores que separan ideológicamente a los congresistas de la muestra.
En el primer factor se agrupan variables de tipo económico –
provisión de seguro de empleo, abas-
tecimiento de servicios básico, seguridad social y la promoción de empleo–
;
aquellos congresistas
que consideran que el Estado debe proveer un seguro de empleo, igualmente consideran que el
Estado debe abastecer los servicios básicos, la seguridad social y promover el empleo. Este primer
factor tiene un poder predictivo del 24%. Legisladores con un alto puntaje en el primer factor
defienden puntos de vista económicos tradicionalmente atribuidos a la izquierda.
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El segundo factor está determinado por variables asociadas a temas relacionados con
derechos de las minorías y el medio ambiente
: congresistas que tienen una posición desfavorable
con respecto a los derechos de las minorías, de igual manera consideran que la conservación
del medio ambiente no es importante. Finalmente, el tercer factor agrupa variables de carácter
religioso
y de
ley y orden (aborto, divorcio, religiosidad y el crimen como amenaza).
De esta
manera, los congresistas que no están a favor del aborto ni del divorcio, son bastantes religiosos
y son más proclives a considerar el crimen como amenaza.
Fuerza Ideológica
Para revisar la evolución temporal de la división ideológica y tener una medida que per-
mita comparar las legislaturas de forma que podamos analizar el impacto de la reforma
de 2003, se toma la noción de
fuerza ideológica
desarrollada por Kitschelt
et al
. (2010).
Se analiza la evolución de la fuerza ideológica en las dimensiones económica, religiosa y
de régimen político. Esta medida consiste en tomar las variables incluidas en cada grupo
de preguntas, tomar el promedio de los valores absolutos de las cargas factoriales de cada
una de las variables incluidas en esta dimensión para cada uno de los factores, y tomar el
valor más alto de los observados. Así, a manera de ejemplo, la dimensión
económica
está
conformada por las variables:
privatización de la industria, privatización de los servicios,
control de precios, creación de empleo, provisión de vivienda, seguridad social, seguro de
desempleo, cobertura de servicios básicos
. Al computar este indicador para la primera le-
gislatura, se realiza el promedio de las variables incluidas en esta dimensión para los cua-
tro factores observados; el primer factor tiene una puntuación de 0.53, el segundo 0.12, el
tercero 0.11 y el último 0.13, con lo cual se toma como puntaje de la dimensión económica
la puntuación del primer factor 0.53.
La dimensión de
régimen político
incluye las variables:
democracia mejor sistema de
gobierno, partidos políticos necesarios, elecciones mejor sistema e importancia derechos de
las minorías
; y la dimensión religiosa agrupa las variables:
aborto, divorcio, asistencia a la
iglesia y religiosidad.
La evolución de los indicadores de fuerza ideológica en estos tres temas
aparece en la Figura 2. Como allí se observa, las dimensiones económica y religiosa presentan
un deterioro sostenido que sólo cambia su tendencia luego de la reforma de 2003; es decir,
antes de ésta, cada vez era menor la importancia de los temas económicos y religiosos como
factores que generaran diferencias ideológicas entre los congresistas de la muestra. Estos
temas recobran su importancia luego de la reforma política de 2003. Por su parte, los temas
políticos son en general menos importantes como generadores de divisiones a lo largo de
todo el período de análisis, y ni la desinstitucionalización de finales de siglo ni la reforma de
2003, logran impactar su fuerza de forma importante.
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Figura 2
Fuerza Ideológica
Fuente:
Elites Parlamentarias de Latinoamérica
, cálculos propios.
Resultados: análisis de función discriminante
Los resultados del análisis de función discriminante para las legislaturas estudiadas generan
un número reducido de dimensiones activas de competencia electoral, tal como lo sugiere
la literatura sobre sistemas de partidos (ver, por ejemplo, Downs (1957), Kitschelt (2007) o
Kitschelt,
et al.
(2010)).
Resultados: Análisis de función discriminante
Como se mencionó anteriormente, el propósito del análisis de función discriminante es de-
terminar si las dimensiones que dividen a los congresistas encontrados con el análisis facto-
rial, se traducen en diferentes bloques de partidos políticos.
La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de función discriminante para las cuatro
legislaturas. Para facilitar la interpretación de los resultados en la tabla solo se reportan
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las funciones discriminantes cuyos Λ de Wilks son estadísticamente significativos. De
igual forma, en cada columna sólo se reporta el coeficiente estructural de cada variable
que sea mayor que el punto de corte, que para este caso se establece como el 40% por
encima del promedio de los valores absolutos de todos los coeficientes estructurales; en
la primera legislatura el punto de corte es 0.66, de tal manera que únicamente se reportan
los coeficientes mayores a este número. Adicionalmente, se reportan los autovalores y las
correlaciones canónicas.
La dimensión que aparece permite distinguir entre los dos partidos presentes en esta
legislatura y combina diferentes elementos. Específicamente, los congresistas del Partido
Conservador se consideran a sí mismos más religiosos, no perciben la violencia como un
problema, favorecen la privatización de la industria, la intervención del Estado en la creación
de empleo y provisión de vivienda, y se oponen al control de precios; los congresistas de la
base de datos pertenecientes al Partido Liberal tienen posiciones contrarias a éstas.
Legislaturas 1998-2002 y 2002-2006
En las dos siguientes legislaturas, correspondientes a los periodos de 1998-2002 y 2002-
2006, a pesar de que se observan diferencias ideológicas entre los congresistas, éstas no se
traducen en divisiones a nivel de los partidos políticos. Las dimensiones encontradas sólo
son estadísticamente significativas al 19%, por lo cual en la Tabla 2 no se reportan los coefi-
cientes estructurales. Los resultados obtenidos en el análisis de función discriminante para
estas legislaturas reiteran la falta de organización a nivel ideológico por parte de los partidos
observada en los resultados del análisis factorial y de fuerza ideológica.
Legislatura 2006-2010
En la legislatura de 2006-2010, el análisis de función discriminante subraya que las diferen-
cias observadas en los legisladores se traducen en dos dimensiones ideológicas partidistas.
La primera dimensión permite clasificar un grupo de partidos con posiciones más favorables
con respecto a la privatización de los servicios, que no consideran que el Estado deba proveer
seguridad social, que rechazan el aborto como una opción legal, que consideran que el crimen
no es una amenaza, que califican favorablemente la labor adelantada por la justicia, observan
las elecciones como un buen mecanismo, y no consideran que la corrupción sea importante.
Dentro de este grupo de partidos se encuentra el Partido de la U y el Conservador. Por otra
parte el partido Liberal
y Polo Democrático
están asociados con posiciones contrarias con
respecto a estos temas, y Cambio Radical con posiciones más moderadas.
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La segunda dimensión distingue entre el Partido Conservador
que no considera conveniente
la inversión proveniente de EE.UU ni de la Unión Europea, está en contra del aborto, concibe
que la justicia no funciona adecuadamente y no considera la violencia como un problema–, y el
Partido de La U, con posiciones opuestas a estas. Por otro lado, con posiciones más moderadas
frente a estos temas, se observa a los partidos Liberal, Cambio Radical y Polo Democrático.
Tabla 2
Análisis de Función Discriminante 1994-2010.
Temas
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
(1)
2006-2010
(2)
Función 1
Función 1
Función 2
Privatización de la Industria
0,68
Privatización de los servicios
0,41
Control de precios
-1,03
Creación de empleo
0,76
Provisión de vivienda
0,99
Cobertura de servicios
básicos
-0,43
Inversión EE.UU
0,78
Inversión UE
0,47
Justicia funciona
0,43
0,43
Crimen una amenaza
-0,47
Violencia un problema
-0,86
0,40
Aborto
-0,65
0,39
Soy religioso
0,68
Elecciones mejor sistema
0,55
Importancia de la
Corrupción
-0,54
Promedio
0,47
0,27
0,25
Punto de Corte
0,66
0,38
0,36
F
1,93
1,30
1,22
2,30
1,4
Prob>F
0,0467
0,1944
0,1931
0,00
0,01
Correlación canónica
0,811
0,63
0,63
0,85
0,67
N
55
77
87
98
98
Autovalor
1,94
0,688
0,67
2,60
0,85
Fuente
:
Elites Parlamentarias de Latinoamérica
, cálculos propios.
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La distinción encontrada en la dimensión 2 entre el Partido Conservador y el Partido de
La U –clasificados como los dos más a la derecha del espectro ideológico, de acuerdo con
la dimensión 1– coincide con otros estudios recientes que enfatizan al menos dos tipos de
derecha: una de carácter oligárquico, asociada a una economía doméstica fuerte y posiciones
morales más tradicionales –en este caso el Partido Conservador– frente a otra de carácter
tecnocrático donde el comercio internacional juega un papel determinante, y se asocia a
valores más modernos –en este caso, el Partido de la U–. Ver: Bowen (2011).
Sin embargo, en Arévalo
et al
. (2013) se encuentra que al analizar las votaciones de los
miembros de estos partidos para determinar en qué medida las diferencias ideológicas se
traducen en votaciones de leyes, tal correspondencia es limitada. Si bien presentan coherencia
entre ideología y votaciones en temas como el aborto, la lucha contra el crimen, la política
fiscal y la importancia de los partidos, se encontraron inconsistencias en temas de comercio
internacional, derechos de las minorías, y lucha contra la corrupción.
La Figura 3 muestra los centroides correspondientes a las dos dimensiones: en el eje
horizontal, se muestra el espectro ideológico de la primera dimensión, con una clara
distribución que ubica al Polo Democrático más a la izquierda, seguido del Partido Liberal
y Cambio Radical, mientras que a la derecha se encuentran los partidos Conservador y de
la U. Esto coincide con las opiniones generales que se tienen sobre la ubicación ideológica
de estos partidos. En particular, es llamativa la cercanía ideológica entre el Partido Liberal
y Cambio Radical, la cual no dista mucho de la realidad, hasta el punto que en reiteradas
ocasiones se ha hablado de un proyecto de reunificación liberal como resultado de la fusión de
estos dos partidos. En el eje vertical aparece la segunda dimensión, donde se puede observar
la diferencia mencionada entre los partidos Conservador y de la U, que, como se mencionó
antes, representan dos tipos de derecha política.
Finalmente, la Tabla 3 incluye un ejercicio de validación cruzada con el cual, a partir de
las respuestas de cada congresista y las respuestas típicas de su partido, se busca predecir el
partido al que cada uno de ellos pertenecería; una vez que se hace esta predicción, se compara
con el partido al que el congresista efectivamente pertenece. Como se puede ver en la Tabla,
de los 8 congresistas de la muestra que pertenecen al Polo Democrático, se predicen 8 como
pertenecientes a este partido, lo que da una efectividad del 100%. Algo similar ocurre para
el Partido Conservador, donde de 15 miembros, 14 son predichos correctamente, lo que da
una efectividad del 93.3%. Las tasas de efectividad para los demás partidos son relativamente
menores, lo que indica cierta ambigüedad respecto a sus agendas programáticas. No obstante,
de este ejercicio se deduce la existencia de un claro partido de izquierda (el Polo Democrático)
y un claro partido de derecha (el Partido Conservador), lo que favorece la estructuración
programática del sistema de partidos colombiano.
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Figura 3
Dimensiones Ideológicas, 2006-2010
Polo Democrático
Cambio Radical
P. Conservador
P. Liberal
P. de la U
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Fuente:
Elites Parlamentarias de Latinoamérica
, cálculos propios.
Tabla 3
Validación Cruzada. (Clasifi
cación Correcta de los Congresistas en los Partidos).
Partido
C. Radi-
cal
Conservador
Liberal
P. de la U
Polo
Otros
Total
C. Radical
9
0
2
0
0
2
13
%
69,23
0,00
15,38
0,00
0,00
15,38
100
Conservador
0
14
0
1
0
0
15
%
0,00
93,33
0,00
6,67
0,00
0,00
100
Liberal
2
0
17
0
1
3
23
%
8,70
0,00
73,91
0,00
4,35
13,04
100
P. de la U
1
1
0
15
0
3
20
%
5,00
5,00
0,00
75,00
0,00
15,00
100
Polo
0
0
0
0
8
0
8
%
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
100
Otros
2
0
1
2
0
15
19
%
10,53
0,00
5,26
10,53
0,00
73,64
100
Total
14
15
20
18
9
22
98
%
14,29
15,31
20,41
18,37
9,18
22,45
100
Fuente:
Elites Parlamentarias de Latinoamérica
, cálculos propios.
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Vale la pena destacar el resultado encontrado para el Polo Democrático, que es el único que
se ha mantenido en la oposición en los últimos años. Esto coincide con resultados de otros
estudios; en particular, para el caso de Brasil, Gaylord (2012) encuentra que la construcción
de plataformas ideológicas coherentes y con efectividad se encuentra principalmente en los
partidos de oposición.
En suma, los resultados observados van en concordancia con los planteamientos iniciales en
términos de apoyar la hipótesis según la cual la reforma política de 2003 contribuyó al fortalecimiento
del sistema de partidos políticos colombianos en el ámbito del Congreso de la República.
Los resultados permiten mostrar que las diferencias ideológicas entre los partidos políticos
colombianos, luego de la reforma de 2003, se pueden agrupar en dos dimensiones: la primera
de ellas incluye temas económicos, sociales y políticos, (que en buena medida resemblan las
diferencias asociadas a la izquierda y la derecha). Por su parte, la segunda dimensión muestra
que a pesar de que haya partidos que compartan sus posturas en los temas que aparecen en
la primera dimensión, presentan importantes diferencias en otros. Este es el caso particular
de los Partidos Conservador y de La U, los cuales, a pesar de encontrarse a la derecha en el
espectro ideológico (en la primera dimensión), tiene posturas diferentes frente a temas como
la inversión extranjera y el aborto.
Vale la pena señalar que algunos de los temas (aborto y funcionamiento de la justicia)
aparecen en ambas dimensiones, lo que abre la posibilidad de que las variables que allí se
encuentran permitan diferenciar no sólo entre partidos de izquierda y partidos de derecha,
sino también al interior de cada uno de estos grupos. El caso de las posturas frente al aborto
es un claro ejemplo de ello.
Luego de la reforma política de 2003, esta situación muestra un importante avance frente
a lo sucedido a finales del siglo XX, donde los partidos políticos incluían en sus filas las más
diversas posturas. Igualmente, frente a los temas que generaban diferencias entre los partidos
colombianos hacia mediados de los noventas, también se ha dado una transformación
importante: mientras que antes los temas de privatización de la industrial, control de precios,
provisión de vivienda, creación de empleo y nivel de religiosidad, eran los que generaban
las principales diferencias, luego de la reforma estos son la privatización de servicios, el
funcionamiento de la justicia y las posturas frente al aborto.
Una hipótesis alternativa: Uribe y la polarización ideológica
Una posible explicación alterna al fortalecimiento en la coherencia ideológica de los partidos
que hemos observado en este análisis, es el papel de Álvaro Uribe Vélez como un líder caris-
mático capaz de movilizar a amplios sectores de la población. De acuerdo con esta hipótesis,
la mayor coherencia ideológica observada después de 2003 se debería a la intención de los
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congresistas encuestados de dar sus respuestas en relación con lo que respondería Uribe;
es decir, aquellos congresistas que simpatizan con Uribe estarían interesados en responder
como él lo haría, mientras que aquellos en la oposición buscarían hacerlo de forma contraria.
Para abordar la pregunta acerca del efecto polarizador de Álvaro Uribe de forma más
completa, se utiliza información acerca de la ubicación que los congresistas hacen de sí mismos
en el espectro ideológico. Si Uribe efectivamente genera alguna polarización, en la medida en
que la mayoría de los congresistas lo ubican en la derecha del espectro ideológico, aquellos
que simpatizan con él, tenderán a auto-ubicarse más hacia la derecha, mientras que aquellos
que se consideran sus opositores tenderán a auto-ubicarse más hacia la izquierda; es decir,
se esperaría que al comparar las distribuciones antes y después de que Uribe llegue al poder,
estas cambien, probablemente pasando de una distribución unimodal a una bimodal. Los
resultados de este ejercicio aparecen en la Figura 4.
Figura 4
Distribuciones de auto-ubicación ideológica por Legislatura.
0
1
2
3
2
4
6
8
10
0
1
2
3
2
4
6
8
10
0
1
2
3
2
4
6
8
10
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
0
1
2
3
2
4
6
8
10
kernel=epanechnikov, ancho de banda= 0.05
Como se puede observar, todas las distribuciones presentan un comportamiento similar
y no se genera la aparición de una distribución bimodal, como ocurriría en presencia de un
efecto polarizador importante por parte de Uribe. Para corroborar este resultado se realizó el
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test
de Kolmogorov-Smirnov que permite determinar si las distribuciones en las legislaturas
antes
de Uribe (1994-1998, 1998-2002) y
después
de Uribe (2002-2006, 2006-2010) son
estadísticamente iguales. Los resultados aparecen en la Tabla 4.
Tabla 4
Test de Kolmogorov-Smirnov
Grupo
D
Valor-p
Corrección
0 (Antes de Uribe)
0.0463
0.692
1 (Con Uribe)
-0.0626
0.510
Combined K-S:
0.0626
0.890
0.863
De esta forma, no se puede rechazar la hipótesis nula de que las dos muestras (antes de
Uribe y con Uribe) provengan de la misma distribución, con lo cual se concluye que el ex
mandatario no tuvo un efecto importante en la distribución de los congresistas en el espectro
ideológico.
Este resultado apoya la hipótesis central de este trabajo en el sentido de que fue la
reforma política de 2003 (y no la figura de Álvaro Uribe), lo que permitió una mejora en la
estructuración programática del sistema de partidos colombiano en el ámbito del Congreso.
Tal resultado contribuye a la hipótesis de algunos autores según la cual en lugar de contribuir
a la coherencia ideológica de los partidos, el papel del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe
estaba en debilitar los partidos, hasta el punto que en 2003 el mismo Presidente afirmara que
la democracia no necesitaba de partidos (Londoño, 2010).
Desarrollo posterior de los elementos de la reforma política de 2003
Han sido cuatro de los mencionados principales componentes de la reforma política de 2003
los que se vieron modificados en reformas posteriores: la actuación de bancadas, la prohi-
bición de la doble militancia, el umbral y la financiación. Los dos primeros elementos se
desarrollaron en búsqueda de una mejora en la coherencia en el accionar de los partidos; el
tercero con el objeto de dejar en la arena política a los partidos más fuertes; y el cuarto con
el ánimo de hacer un uso más eficiente de los pocos recursos estatales.
Como se comentó anteriormente, la reforma política del 2003 introdujo los conceptos de
actuación en bancadas y prohibición de la doble militancia con el propósito de mejorar la
coherencia partidista y a la espera de que el Congreso los regulara. La noción de la actuación
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en bancadas recibió desarrollo legislativo mediante la Ley de Bancadas;
16
por medio de ésta,
se establece que la actuación de los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un
mismo partido o movimiento político debe ser de manera coordinada y en bloque. Es decir,
en bancada. De tal manera que deben votar como grupo los proyectos de acto legislativo,
de ley, de ordenanza o todos aquellos debatidos al interior de las corporaciones públicas.
Sin duda, esto apunta a que los partidos sean cada vez más coherentes con sus principios y
la ciudadanía sepa qué esperar de ellos; y tal como se mencionó antes, se pueda hacer una
mejor idea de su etiqueta partidista y se disminuyan así los costos de información para los
electores. Ahora bien, cuando la votación gira en torno a asuntos de conciencia, la bancada
puede otorgar libertad en el voto a sus miembros; como por ejemplo, en la votación sobre la
regulación al aborto.
17
El principio que prohibía la doble militancia vio su reglamentación con la reforma política
de 2011. Se estableció que cada partido debe registrar a todos sus militantes ante el Consejo
Nacional Electoral, para así tener certeza de quiénes tienen obligaciones con su colectividad.
Obligaciones como sólo poder apoyar candidaturas de su partido y, en el caso de los directivos
de los partidos que pretendan ser elegidos en puestos de elección popular por otro partido
o formar parte de la dirección de estos, deben renunciar a su cargo mínimo un año antes
de tal postulación.
18
Con esta medida se espera evitar el desorden de representantes de un
determinado partido promocionando candidaturas ajenas –que incluso han llegado a darse al
partido “opositor” – y, evitar a su vez, las actitudes de malos perdedores que al no encontrar
el aval por su partido para representarlos en elecciones, busquen otro que sí se las de.
El requisito para la obtención de la personería jurídica, que era superar un umbral del 2%
en las votaciones al Congreso, aumentó con el acto legislativo 01 de 2009, más conocido como
la reforma política de 2009. El incremento fue de un considerable 50%, ubicando así el umbral
en el 3%, el cual es un listón alto tanto para nuevos movimientos como para aquellos viejos
que han visto reducido su caudal electoral. Este es el caso del Polo Democrático Alternativo,
el partido que en esta investigación presenta mayor coherencia ideológica; éste, luego de tener
resultados precarios en las elecciones regionales de 2011, tendrá que disputarse los votos de
los electores de izquierda y de opinión junto con el movimiento Progresistas, fundado por
Gustavo Petro, último candidato presidencial por el Polo y actual alcalde de Bogotá.
Parece sensato dar un periodo de espera para ver las implicaciones de este aumento notable
del umbral; aumento que se había pedido por expertos en derecho electoral como Vanegas
(2008), con la meta de dejar en la arena política los partidos que más representación ofrecen,
que, a su juicio, deberían ser alrededor de cinco.
16
Ley 974 de 2005.
17
Proyecto de acto legislativo número 06 de 2011, Senado.
18
Ley 190 de 2010 Senado y 092 de 2010 Cámara de Representantes (componentes de la reforma política de 2011).
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No obstante, los partidos políticos, luego de la reforma política de 2009, no solamente
deben preocuparse por superar el umbral del 3% en el momento de las elecciones, sino
también luego de que se le resten los votos obtenidos por candidatos que sean condenados por
delitos relacionados con grupos armados ilegales y de narcotráfico, o por delitos que atenten
la participación democrática o que sean de lesa humanidad. Adicionalmente se estipuló que
los partidos no podrán remplazar con otros candidatos a los miembros condenados por estos
delitos, por lo tanto la curul deberá permanecer vacía. Esta penalización ha sido conocida
como
la silla vacía
y constituye un castigo de responsabilidad política a los partidos que avalen
candidatos con este tipo de conductas, puesto que no sólo pueden perder curules sino que
pueden dejar de existir hasta que vuelvan a conseguir la personería jurídica.
Si bien la financiación de los partidos políticos no ha presentado cambios significativos
en su esencia, sí los ha visto en su forma. Se precisó en la reforma política de 2011 que los
anticipos y demás aportes estatales estarán dirigidos únicamente a los partidos políticos y
no a sus candidatos, por lo cual son las instituciones las que se hacen responsables de los
mismos. Y al igual que con los votos necesarios para adquirir y mantener la personería
jurídica, la financiación prestada a los partidos para las candidaturas de condenados por los
delitos recién mencionados, tendrá que ser devuelta.
19
Ahora bien, en las modificaciones a
la financiación estatal de los partidos y de las campañas electorales, ha quedado pendiente
un incremento de los recursos, el cual permita asemejarse a las condiciones de otras
democracias.
Conclusiones y refexiones Fnales
En esta investigación se presenta evidencia para creer que, a pesar del escepticismo frente
al verdadero alcance de las reformas institucionales, éstas sí pueden generar cambios en el
comportamiento de los partidos políticos. En este caso en particular, la reforma política de
2003, principalmente por medio de la adopción de listas únicas –aunque no bloqueadas– el
aumento del umbral para la obtención de la personería jurídica, la estipulación de una or-
ganización democrática dentro de los partidos y el aumento en la financiación estatal a los
mismos, sería la causante de la mejora en la coherencia ideológica de los partidos políticos
colombianos en el ámbito del Congreso de la República. Adicionalmente, se presenta eviden-
cia para rechazar la hipótesis de que la mejora en la coherencia ideológica de los partidos fue
causada por la figura polarizadora del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
19
Además de la pérdida de votos y la devolución de los aportes públicos para dichas candidaturas, los partidos políticos
que avalen candidatos condenados en los mencionados delitos también se someterán a multas monetarias y suspensio-
nes en la vigencia de su personería jurídica.
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Otro hallazgo importante en este estudio es el de la distinción entre los principales partidos
que se encuentran más a la derecha en el espectro ideológico, los cuáles, a pesar de coincidir
en ciertas posturas ideológicas, presentan diferencias importantes frente a ciertos temas, lo que
termina ubicando al
Partido Conservador
con posturas asociadas a una economía doméstica
fuerte y posiciones morales más tradicionales, y al Partido de la U
con posturas de carácter
tecnocrático, asociadas a una economía de mercado, proclive al comercio internacional y
posiciones morales más modernas. Valdría la pena presenciar en futuras investigaciones el
desarrollo de este hallazgo.
El camino hacia un sistema institucionalizado de partidos es largo. La reforma política de
2003 puede entenderse como un paso bien direccionado hacia este propósito, pero sólo un
paso de varios que deben darse. El desarrollo posterior de algunos elementos constitutivos
de la reforma política en cuestión, como se mencionó en la sección anterior, parece haber
estado bien orientado. No obstante, existen varios temas y debates pendientes, incluso sobre
el diseño de herramientas protagónicas de la reforma. En este sentido, resulta pertinente
analizar los requisitos para la obtención de la personería jurídica y el nivel óptimo del umbral:
la responsabilidad de los partidos y movimientos de refrendar su personería jurídica en cada
elección legislativa omite la posibilidad de una coyuntura electoral adversa y limita la capacidad
de asociación para fines políticos. Por su parte, niveles significativamente altos del umbral
pueden inducir a distorsiones en la coherencia política al fomentar alianzas pragmáticas sin
vinculación ideológica alguna, como se ha podido observar en algunos intentos recientes de
fusiones entre partidos políticos con plataformas ideológicas bastante diferentes.
En adición, es importante cuestionar hasta cuándo debería seguir vigente el voto preferente,
promotor del personalismo y, en cierta medida, antagonista del proceso de institucionalización;
hasta qué nivel aumentar el financiamiento estatal para que los partidos dependan menos de
terceros; y qué tanto falta por desarrollar conceptos como la actuación de bancadas, la prohibición
de la doble militancia y la organización democrática de los partidos para que sean llevados
a la práctica a cabalidad. Todo ello va de la mano del fortalecimiento y “despartidización” de
los órganos electorales –elementos ausentes en esta investigación– que puedan dar efectiva
regulación al cumplimiento de los parámetros partidistas.
Ahora bien, uno de los puntos neurálgicos que continúa pendiente de solución es la débil
capacidad de los partidos y movimientos políticos para canalizar las demandas sociales.
Prueba de ello es la falta de liderazgo de los partidos políticos ante las álgidas protestas sociales
llevadas a cabo a lo largo de 2013. En efecto, autores como Londoño (2010) señalan que a
pesar de la importancia de las reformas que se han realizado en los últimos años, estas no
han logrado modificar la percepción que los ciudadanos tienen de la política, principalmente
debido a que estas reformas no se han enfocado en atacar el carácter puramente individual
del proceso electoral en Colombia, donde los candidatos, más que los partidos, son quienes
determinan los resultados de las elecciones.
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Finalmente, quedan por verse los efectos que pueda tener el transfuguismo observado en la
legislatura 2010-2014, debido a las disidencias en el Polo Democrático y en el Partido de la U,
de los cuales se derivaron el movimiento Progresistas y Centro Democrático, respectivamente;
y el “Acuerdo de Unidad Nacional” –coalición de numerosos partidos en apoyo al gobierno
de Juan Manuel Santos– en la coherencia ideológica de los partidos en el legislativo.
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Apéndice
Preguntas de las encuestas del Proyecto Élites Parlamentarias de Latinoamérica incluidas
en el análisis.
A. Indique si se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones o
en su caso responda las preguntas de acuerdo a los siguientes criterios:
Mucho-4
Bastante-3
Poco-2
Ninguna-1
1.
(Inversión EE.UU)
Teniendo en cuenta el actual proceso privatizador que se realiza
en la economía colombiana, ¿qué grado de interés tiene Ud. en que el capital inversor
provenga de Estados Unidos?
2.
(Inversión Unión Europea)
Teniendo en cuenta el actual proceso privatizador que se
realiza en la economía colombiana, ¿qué grado de interés tiene Ud. en que el capital
inversor provenga de la Unión Europea?
3.
(Inversión Latinoamérica)
Teniendo en cuenta el actual proceso privatizador que se
realiza en la economía colombiana, ¿qué grado de interés, mucho, bastante, poco o
ninguno tiene Ud. en que el capital inversor provenga de Latinoamérica?
4.
(Más armas, Menos mantequilla)
¿Dígame, por favor, si Ud. cree que, para su país, es
mejor que se gastara más en defensa y fuerzas armadas que en partidas sociales?
5.
(Importancia de los derechos de las minorías)
¿Qué grado de importancia tienen hoy
en Colombia los derechos de las minorías?
6.
(Importancia del Medio Ambiente)
¿Qué grado de importancia tiene hoy en Colombia
el medio ambiente?
7.
(Elecciones mejor sistema)
En un contexto de pluralismo y amplia competencia
partidista, ¿hasta qué punto está Ud. de acuerdo con la afirmación de que las elecciones
son siempre el mejor medio para expresar unas determinadas preferencias políticas?
8.
(Partidos son Necesarios)
Hay gente que dice que sin partidos no puede haber democracia.
¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con esta afirmación?
9.
(Justicia funciona)
¿Qué grado de confianza le merece la actuación de la justicia en la
vida pública colombiana?
10.
(Crimen una amenaza)
¿Hasta qué punto cree Ud. que resulta hoy el crimen una
amenaza para la democracia colombiana?
11
. (Revueltas sindicales una amenaza)
¿Hasta qué punto cree Ud. que resultan hoy las
revueltas sindicales como una amenaza para la democracia colombiana?
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12
. (Violencia un problema)
¿Qué grado de importancia tiene hoy en Colombia la violencia?
13
. (Importancia de la Corrupción)
¿Qué grado de importancia tienen hoy en Colombia
la corrupción?
B. De acuerdo a los siguientes criterios, cual es su posición frente a los temas enumerados
en las preguntas 14 y 15:
- Totalmente a favor -5
- Se deberían ampliar los supuestos regulados por la legislación vigente- 4
- Sólo se debería admitir en los supuestos regulados por la legislación vigente -3
- Se deberían limitar los supuestos regulados por la legislación vigente -2
- Totalmente en contra – 1
14.
(Divorcio)
¿Cuál es su opinión personal sobre el divorcio?
15.
(Aborto)
¿Y su opinión personal sobre el aborto?
De acuerdo a los siguientes criterios, cuál de ellos resume mejor su actitud hacia el tema
de las privatizaciones
-Privatizaría todas las industrias-3
-Privatizaría aquellas industrias con escasa rentabilidad o que son estratégicas para el
desarrollo-2
-No privatizaría ninguna-1
16.
(Privatización de la Industria)
En el momento económico actual, ¿cuál de los siguientes
criterios resume mejor su actitud hacia el tema de las privatizaciones de la industria
estatal?
17
. (Privatización de los servicios públicos)
Y, en la misma línea, ¿cuál de los siguientes
criterios resume mejor su actitud personal hacia el tema de las privatizaciones de los
servicios públicos?
A continuación, me gustaría conocer su opinión sobre una serie de funciones tradicionales
del Estado. Pensando en términos generales, ¿dígame, para cada una de ellas, qué grado de
intervención mucho, bastante, poco o ninguno, debería asumir el Estado?
Mucho-4
Bastante-3
Poco-2
Niguna-1
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18. Control de precios
19. Provisión de vivienda
20. Creación de empleo
21. Seguridad Social
22. Seguro de Desempleo
23. Cobertura de Servicios Básicos
24
. (Ir a la Iglesia) ¿
Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos sin
contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas,
comuniones o funerales?
- Varias veces a la semana-5
- Casi todos los domingos y festivos-4
- Alguna vez al mes- 3
- Varias veces al año-2
- Casi nunca-1
25
. (Religioso)
De acuerdo con sus sentimientos y creencias religiosas, ¿en qué posición
de la siguiente escala se colocaría Ud., sabiendo que el “1” significa un mínimo de
religiosidad y práctica religiosa y el “10” un máximo de religiosidad y práctica religiosa?
26.
(Democracia como sistema de gobierno)
¿Con cuál de las dos siguientes frases está Ud.
más de acuerdo?
- La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno- 2
- En contextos de crisis económica e inestabilidad política, un gobierno autoritario puede
ser preferible a uno democrático-1
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