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ESEÑA
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RANSICIÓN
DEMOCRÁTICA
,
CONFLICTIVIDAD
POLÍTICA
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LVIII, núm. 218
mayo-agosto de 2013
pp. 271-276
ISSN-0185-1918
H
ay dos grandes aciertos de El Colegio
de México al editar esta obra: 1) haber
seleccionado el tema de la transición demo-
crática en México y 2) habérselo encargado
a José Woldenberg.
La transición a la democracia en México
marcó el rumbo político de nuestro país
durante el último cuarto del siglo XX, pues
puso en el centro de la agenda política el
extendido reclamo social de contar con elec-
ciones limpias, justas y competitivas. Fue lo
que Mauricio Merino denominó “la transición
votada”. Ésa es, ni más ni menos, la relevancia
del tema de esta historia mínima que quiere
ofrecer a un gran número de lectores una
narrativa concisa pero bien documentada de
un período que si bien puso su atención en
las elecciones –como bien dice Woldenberg–
tuvo consecuencias más allá de lo electoral,
impactando profundamente al sistema de
partidos y de la representación política en
nuestro país (p. 13).
Efectivamente, al concluir la transición,
la pluralidad se había instalado y ninguna
fuerza política o fracción parlamentaria podía
imponer su voluntad. Se trata, dice el autor, de
“un texto panorámico, explicativo, pedagógico,
que pone el acento en la dimensión federal
e intenta ilustrar algunos de los momentos
más sobresalientes en varios estados” (p. 16).
José Woldenberg ha sido un estudioso de la
transición a la democracia a profundidad, con
una mirada crítica, pero siempre apostando al
impulso del desarrollo democrático. Además,
Licenciada en Sociología y Maestra en Ciencia Política, UN±². Doctora en Ciencias Sociales, El Colegio de Michoacán.
Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Profesora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la ³niversidad ´acional Autónoma de México, con licencia (México). Miembro del Sistema
´acional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones se destacan:
La cultura de-
mocrática
(1994) y
Los partidos políticos frente al escrutinio. De la Fiscalización a la transparencia
(2012). Sus principales
líneas de investigación son: federalismo electoral, transparencia y partidos políticos en México. Correo electrónico:
jacqueline.peschard@ifai.org.mx
Transición democrática, conflictividad política
y la herida de la desconfianza
Democratic Transition, Political Conflict and Distrust Wound
Woldenberg, José, (2012)
Historia mínima de la transición democrática en México
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México, El Colegio de México
.
Jacqueline Peschard
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fue un actor comprometido con ella desde
distintas trincheras. Primero como militante
de la izquierda democrática y después como
árbitro de los comicios federales en una
época en la que la función electoral devino
una verdadera política de Estado. Fue testigo
privilegiado a la vez que operador de la
transición democrática.
La transición fue un período de cons-
trucción de instituciones, de formación de
consensos, no sólo entre las fuerzas políticas,
sino entre diferentes actores que fueron adop-
tando y comprometiéndose con la demanda
de que el voto se contara y contara para la
conformación de los poderes y la represen-
tación política. A diferencia de hoy en día en
que priva el desencanto frente a la fortaleza de
las instituciones, la transición fue una época
de ánimo esperanzador y aunque estuvo lejos
de ser un trayecto lineal, sí dibujó un círculo
virtuoso en el que los procesos de negocia-
ción pacífica aparecían como herramientas
eficaces para desactivar el con±icto social y la
inconformidad política existentes, y alcanzar el
objetivo de que nuestros gobernantes surgieran
de comicios democráticos.
El texto tiene por objeto dar cuenta de
lo que fue ese trayecto, de la mecánica de
la transformación, caracterizada por una
secuencia de creciente con±ictividad política y
de operaciones reformadoras que permitieron
que el marco institucional garantizara que la
voluntad de los ciudadanos decidiera en las
urnas. Fueron, es cierto, reformas electorales
de muy diferente calado, que surgieron siempre
como respuesta a protestas sociales importan-
tes y que resultaron a veces preventivas como
la de 1977, o muy reactivas y hasta regresivas
como la de 1986, o de gran proyección como
la de 1996.
Vale la pena señalar que para Woldenberg,
como para muchos otros autores, el inicio
de la transición se ubica en la reforma de
1977, aquella que Rafael Segovia llamó “la
Reforma Política con mayúscula” y que abrió
la representación en la Cámara de Diputados
a los entonces partidos de oposición, con
lo cual se transformó el mosaico de fuerzas
políticas, aunque ello no se traduciría de inme-
diato en que las elecciones fuera competidas
(p.30). El fin de la transición lo coloca en las
elecciones de 1997, en las que el ²³I perdió
por primera vez la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados y la oposición ganó
el gobierno del Distrito Federal. Para él, lo
ocurrido en el año 2000 que trajo la alternancia
pacífica y ordenada en el Ejecutivo Federal,
fue posible justamente porque la transición
estaba ya concluida (p.116). Pienso que le
asiste la razón: para 1997 ya estaban sentadas
las bases institucionales para garantizar la
plena competencia, asidero de la pluralidad
y condición indispensable de la democracia.
Considero que la propuesta de fechas
precisas para marcar el inicio y la conclusión
de la transición democrática es importante
porque demuestra que para Woldenberg, no
se trató de un evento único o ejemplar, sino
de un proceso y que es posible identificar un
horizonte delineado y concreto que fue el de
edificar elecciones democráticas.
Al ir haciendo el recuento de cada una de
las fases de la transición, Woldenberg recrea
cómo fueron evolucionando las demandas
concretas que iban dando pie a las diferentes
reformas cuyo cometido era otorgarle con-
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fianza a las elecciones, siempre identificando
en qué contexto social y político se fueron
sucediendo.
Si bien, al inicio el reclamo estuvo
centrado en que el sistema electoral y el de
representación se abrieran a la participación
de nuevas corrientes políticas, en un ambiente
caracterizado por la ausencia de libertades
políticas, los cambios se dieron como él dice:
“por goteo” y con un claro control del sistema
sobre los mismos (p.34). La gradualidad del
proceso se debió justamente al hecho de que
el régimen fue abriendo solamente aquellos
espacios de participación para la oposición
que eran indispensables, sin poner en riesgo
el triunfo del partido hegemónico.
Sin embargo, ya para el inicio de los años
ochenta, las oposiciones vivían “una etapa
de acumulación de fuerzas, un embarneci-
miento progresivo” (p.36) que les permitía
llenar plazas públicas y colocar problemas y
soluciones en la agenda pública, es decir, a
pesar del dominio del poder sobre el proceso
de cambio, al menos desde la oposición de
izquierda a la que pertenecía Woldenberg,
había una visión optimista, favorable al avance
del reclamo democrático.
El año1988 tiene un lugar especial en este
recuento que le permite a Woldenberg hablar
de “los momentos perdidos de la historia”, a
los que se refería H. R. Trevor-Roper, aquellos
momentos en los que lo que pudo haber sido,
no fue (p.65). Es cierto, las elecciones de 1988
fueron un parteaguas en la historia electoral
porque una oposición desprendida del propio
partido del régimen logró desafiar al sistema,
sometiéndolo a un cuestionamiento de tal
magnitud que el gobierno fue incapaz de
probar su triunfo en las urnas. La coyuntura
crítica hizo evidente que las normas existentes
no eran capaces de ofrecer a la oposición
una participación en la organización de los
comicios, para legitimar los procesos.
Las elecciones de 1988 crearon una crisis
mayor, porque demostraron en un sólo evento
que la organización de las elecciones y la forma
como se contaban los votos –sin vigilancia
de la oposición ni de la sociedad– generaban
un sentimiento de agravio que ya era inso-
portable. Las normas electorales no ofrecían
imparcialidad para contendientes y ciudadanos
y, además, provocaban una creciente polari-
zación entre el poder y la oposición.
No obstante –y a la par que después de 1988
se desató una espiral de conFictos en distintos
puntos del país– en 1989, la izquierda pudo de-
jar atrás su histórica atomización para formar
el Partido de la Revolución Democrática, y el
Congreso fue capaz de emprender un proceso
reformador que colocó los cimientos firmes
para la edificación de elecciones confiables.
Es cierto, como dice Woldenberg, que fue un
momento plástico, porque la crisis electoral
desató tensiones en comicios locales, pero
paralelamente se abrió una oportunidad para
el avance institucional.
±ue entonces que se creó el Instituto
±ederal Electoral (²³´), el Tribunal ±ederal
Electoral (µ¶²³´) y que se puso en el centro
de la demanda la construcción de un padrón
electoral confiable y vigilado para asegurar su
integridad. Ello permitió que en las elecciones
de 1991 se contaran bien los votos con un pa-
drón nuevo y sometido al escrutinio de todos
los partidos. Sin embargo, se pudo apreciar que
el terreno del juego era desparejo, impidiendo
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que se realizaran elecciones disputadas. El
foco de atención se movió, entonces, hacia el
tema del dinero en las contiendas y el acceso
equitativo de los partidos a los medios de
comunicación.
Ahí arrancó la fase más intensa de la
transición que desembocó en que en menos de
siete años (entre 1989 y 1996) se promulgaran
cuatro reformas al código federal y que incluso
una de ellas, la de 1993, no pudiera aplicarse
en una contienda electoral, al ser rebasada y
superada por la subsecuente de 1994.
En el contexto del levantamiento zapatista
y del asesinato del candidato del Partido Re-
volucionario Institucional a la Presidencia, las
elecciones de 1994 pusieron en el centro a la
inequidad en la competencia y fue la propia
autoridad electoral quien documentó, “la
oceánica disparidad en las condiciones de la
competencia” (p.105). Según el informe de
los Consejeros Ciudadanos del ±F², “el ³´±
erogó en 1994, 71.4% del dinero gastado en
los comicios presidenciales (…) mientras que
el ³µN gastó 17.8%, el ³´D 6.05% y los seis
partidos restantes el 4.8%” (pp.104-105). Una
asimetría evidentemente agraviante.
Ese fue el gran asunto de la reforma de
1996 que dotó de autonomía constitucional al
±F² y creó el Tribunal Electoral que calificaría
la elección presidencial, enterrando definiti-
vamente la calificación política de la misma,
en manos del Colegio Electoral de la Cámara
de ¶iputados. ¶icha reforma finalmente
dio al ¶istrito ·ederal un gobierno propio,
con autoridades elegidas por voto popular y
diseñó un esquema de financiamiento público
equitativo para todos los partidos políticos que
sería fiscalizado por el ±F², al igual que una
fórmula de acceso a medios de comunicación
más equilibrada y un esquema para resolver
las controversias electorales en manos de un
órgano especializado del Poder Judicial.
El gran objetivo de la reforma de 1996
fue construir un terreno de juego electoral
capaz de soportar una contienda electoral
democrática en la que cualquiera de los
competidores pudiera erigirse en el ganador.
Aunque el proceso de deliberación de la
reforma de 1996 duró veinte meses, fue la pri-
mera ocasión en que, en su parte constitucional,
fue apoyada por todas las fuerzas políticas
con representación en el Congreso, dando
cuenta de cómo ya para entonces estaban bien
identificados los problemas que se querían
atacar para construir los acuerdos necesarios.
Había también una voluntad del poder por
alcanzar una reforma que el Presidente Zedillo
llamó “definitiva” porque presumía que sería
determinante para conseguir elecciones que
cumplieran con los estándares internacionales
(“libres y competidas”). Zedillo había ganado
las elecciones con una ventaja de más de veinte
puntos respecto de su más cercano competidor,
pero las desigualdades en los recursos de los
partidos políticos habían dejado una sombra
de ilegitimidad en la contienda de 1994 que
catapultó la siguiente reforma electoral.
En el marco de la reforma de 1996, los
resultados de las elecciones de 1997 mostraron
que México había sido capaz de desmontar
pacíficamente un régimen autoritario, sin
elecciones competitivas, para dar lugar a
una naciente o germinal democracia, con
un sistema de partidos plural y un sistema
electoral confiable en el que el voto se contaba
y contaba para decidir el ganador. En esa
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elección, el prI PeRdió PoR PRimeRa vez el
gobieRno de la ciudad caPital y la mayoRía en
la CámaRa de DiPutados, algo inédito. Es PoR
eso que, efectivamente, ahí Puede colocaRse la
coRtina del fin de la tRansición a la democRacia,
entendida cReo yo, como la tRansición hacia
elecciones caPaces de haceR el mandato de los
electoRes la decisión sobRe el tRiunfo. Nada
más, PeRo tamPoco, nada menos.
Los datos que nos ofRece WoldenbeRg evi-
dencian la magnitud del cambio que significó la
tRansición a la democRacia duRante esos veinte
años y que se Resume en “la alteRnancia”: Si en
1977 sólo 4 de los más de 2400 municiPios del
País eRan gobeRnados PoR PaRtidos difeRentes al
prI, PaRa el 2000 ya lo hacían en 583; mientRas
en 1977 el prI contaba con mayoRía calificada
en 31 de los 32 CongResos del País, en 2000
ya sólo la tenía en uno de ellos. Más aún, si
en 1988 el prI gobeRnaba todas las entidades
fedeRativas, en el 2000 sólo lo hacía en 21, en
tanto que el pA± gobeRnaba 7 y el pr², 4. El
dato de las caPitales de los estados es todavía
más significativo, ya que PaRa el 2000 el prI
gobeRnaba 14, el pA± 12 y el pr² 6, es deciR,
los PaRtidos de oPosición habían ganado en
más de la mitad de las caPitales (P. 123).
OtRo dato más que da cuenta de la dimen-
sión de la tRansfoRmación que se oPeRó es el
Relativo a los RecuRsos Públicos de cada una de
las fueRzas Políticas contendientes en el 2000:
el prI contó con el 30.3% del financiamiento
Público, en tanto la coalición del pA± y el
³aRtido VeRde Ecologista de México (p´µ¶)
con el 30.1% y la del pr², pT, ConveRgencia,
³aRtido de la Sociedad Nacionalista (p·±) y
³aRtido ¸lianza Social (pA·) con el 34.78%;
es deciR, PoR PRimeRa vez en la histoRia, una
coalición oPositoRa tenía más dineRo Público
que el prI. ¸demás de un hecho inédito, estas
cifRas muestRan el alcance de la RefoRma de
1996 en lo Relativo a la fóRmula del financia-
miento Público PaRa aceRcaRse a la tan anhelada
equidad en los comicios.
Dice WoldenbeRg que en el 2000 Pasamos
la PRueba de que “el cambio de gobieRno Puede
RealizaRse de maneRa Pacífica, mediante una
comPetencia Regulada, sin RecuRso a la fueRza
PoR PaRte del PeRdedoR, sin Riesgo de involu-
ciones” (P.132). Sin duda la difeRencia entRe el
ganadoR y el segundo lugaR que fue de 6 Puntos
PoRcentuales, equivalentes a 2.4 millones de
votos que contRibuyó al Reconocimiento de los
Resultados PoR PaRte del PeRdedoR, el otRoRa
PaRtido hegemónico. SeguRamente, también
ayudó la voluntad Política del gobieRno en
tuRno PaRa ReconoceR la deRRota. En el 2000,
ningún PaRtido alcanzó la mayoRía absoluta en
la CámaRa de DiPutados ni en el Senado y esta
ciRcunstancia se ha RecReado sistemáticamente
en las subsecuentes elecciones, demostRando
que la voluntad de los mexicanos es que existen
equilibRios, Pesos y contRaPesos PaRa que
ninguna fueRza Política tenga la tentación
de volveR al Régimen autoRitaRio, de PaRtido
hegemónico que no RequieRe el ResPaldo de
ninguna otRa fueRza Política PaRa imPulsaR
sus Políticas Públicas.
DesPués de leeR el libRo de WoldenbeRg
y, a quince años de concluida la tRansición
a la democRacia, PaRece necesaRio un nuevo
texto que continúe el Recuento de nuestRa vida
Política en la PostRansición. Está claRo que
la PluRalidad se ha instalado, que tenemos
elecciones comPetidas, PoRque el que gana
hoy Puede PeRdeR mañana y viceveRsa, PeRo
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el tema del dinero en las elecciones, más allá
de los marcos institucionales regulados y
controlados, sigue siendo un elemento que
amenaza la credibilidad de las elecciones.
Tampoco acaba de asentarse “la aceptabilidad
de la derrota” en los pronunciamientos de
los perdedores como lo reclama una cultura
democrática, y ello ha reabierto la herida de
la desconfianza y la demanda inacabada de
nuevas reformas electorales.
Hoy, de acuerdo con las encuestas, más del
30% de la población duda que las elecciones
del año 2012 fueran limpias y ello revela la
falta de credibilidad de una parte importante
de la población en las instituciones electorales
que fueron producto de veinte años de tran-
sición. Sin embargo, los comicios muestran
un movimiento constante de la opinión de
los votantes que se registra puntualmente en
los resultados, evidenciando que la pluralidad
está viva y presente.
México tiene ya un sistema electoral que
ha probado ser capaz de organizar elecciones
sistemáticamente vigiladas en cada uno de
sus eslabones, por todas las fuerzas políticas,
justamente para garantizar que no es posible
alterar la voluntad de los electores. No obs-
tante, el peso del dinero en las contiendas sigue
dejando una percepción de falta de control
sobre los Fujos de recursos que candidatos
y partidos invierten en las elecciones y que
tienen un impacto en las decisiones de los
votantes.
Hoy, los actores políticos han vuelto a poner
en el centro de la agenda pública una nueva
reforma electoral con miras a establecer nuevos
controles sobre los dineros en las elecciones,
sin embargo, la construcción de acuerdos para
diseñar esa reforma son más complejos por
la pluralidad y la competitividad de nuestro
espectro político.
Tengo para mí que el problema del déficit en
la confianza del sistema electoral no está ya en
el circuito de la organización de las elecciones,
porque las autoridades siguen a la letra el guion
de la ley para cumplir con las diferentes fases
del proceso que tienen encomendadas, en
buena medida porque están sometidos a un
fuerte escrutinio. El problema está hoy en las
estructuras de poder con deficientes mecanis-
mos de control del ejercicio presupuestario y,
desde luego, en falta de un sistema integral de
rendición de cuentas para hacer más eficiente
la fiscalización sobre los partidos políticos que
hoy es fragmentada, a pesar de que se trata de
partidos políticos nacionales. Ciertamente,
esa es una historia que rebasa el tema de la
transición a la democracia, entendida como
el proceso para lograr autoridades surgidas de
procesos electorales sometidos a una estricta
vigilancia de todos los actores políticos. No
obstante, es un tema directamente vinculado
con la fase siguiente a la transición, la de la
consolidación de nuestra democracia.
Esta es una historia mínima, es cierto,
pero esencial para refrescar nuestra memoria
reciente y sobre todo para reconciliarnos y
apropiarnos de aquello que fuimos capaces
de construir pacíficamente en esos 20 años
de transición democrática.
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