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1
El autor agradece a Jessica Estrada Castro y Mirta Rocha Piña, alumnas de la Facultad de Derecho de la UNA±, por su
generoso e invaluable apoyo con la presente investigación. ²na versión anterior del presente trabajo fue desarrollada
en el marco del proyecto: “La libertad de expresión y sus principales manifestaciones en el contexto democrático
mexicano”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA±, y patrocinado en parte por el Fondo de ³poyo a la
Observación Electoral, Programa de ´aciones ²nidas para el Desarrollo.
*
Licenciado en Filosofía en el Swarthmore College Pensilvania, Estados ²nidos. Doctor en Sociología Política por
la ²niversidad de California, Santa Cruz. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ²niversidad
´acional ³utónoma de México, (México). Miembro del Sistema ´acional de Investigadores, ´ivel II. ³utor de una
decena de libros, entre los que destacan:
Autenticidad y nulidad: por un derecho electoral al servicio de la democracia
;
Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad
;
Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de
cuentas y Estado de derecho
; y
Human Rights and Social Accountability
. Es también autor de alrededor de cuarenta
capítulos en libros colectivos, nacionales e internacionales, así como de numerosos artículos en revistas arbitradas.
Sus líneas de investigación son: democracia, procesos electorales, rendición de cuentas, transparencia, participación
ciudadana y combate a la corrupción. Correo electrónico: ackerman@unam.mx
Instituciones electorales, derecho a la información
y medios de comunicación durante las campañas
presidenciales de 2012
1
Electoral Institutions, the Right to Information and Mass Media
during the 2012 Presidential Campaign
John M. Ackerman
*
Recibido el 15 de junio de 2013
³ceptado el 20 de julio de 2013
RESUMEN
En el presente artículo se evalúa la actuación de
las autoridades electorales en México durante
las campañas presidenciales de 2012 en lo refe-
rente a la garantía del derecho a la información
de los ciudadanos. Por medio de una revisión
teórica de los conceptos de libertad de expresión
y derecho a la información, se argumenta a favor
de la necesaria complementariedad e interde-
pendencia entre ambos conceptos. Se explora la
manera en que las autoridades electorales abor-
daron el tema de la libertad de expresión en tres
ABSTRACT
This paper assesses the performance of Mexi-
can electoral authorities during the 2012
presidential campaigns concerning citizens’
right of information. By means of a theo-
retical review of the concepts of freedom
of speech and right of information a case is
made for the necessary complementarity
and interdependence of both concepts. The
paper explores the approach that electoral au-
thorities adopted on three different spheres,
namely, the “suggested guidelines” that were
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ámbitos de acción: la emisión de “sugerencias
de lineamientos” para la cobertura de las cam-
pañas electorales por las empresas de radio y
televisión; el monitoreo de la cobertura de las
campañas en los noticieros de radio y televi-
sión; y la organización y promoción de debates
electorales entre los candidatos a la Presidencia
de la República. Esta revisión revela que existe
una importante contradicción entre la teoría y
la práctica del If± y el T±²jf. Se concluye con al-
gunas reflexiones generales sobre la libertad de
expresión y el papel de los órganos electorales
en la política mexicana a la vez que se propo-
nen algunas reFormas que podrían Fortalecer la
libertad de expresión y el derecho a la inForma-
ción de los ciudadanos durante los próximos
eJercicios electorales.
Palabras clave:
³nstituto ´ederal Electoral; elec-
ciones; derecho a la inFormación; libertad de
expresión; empresas mediáticas.
submitted to radio and television agencies For
the coverage oF electoral campaigns; the mo-
nitoring oF campaigns coverage by radio and
µV news broadcasts; and the organization
and promotion oF electoral debates among
Mexico’s presidential candidates. µhis review
reveals a considerable clash between theory
and the If±’s and T±²jf’s practices. µhe paper
closes with some general remarks on Freedom
oF speech and the role oF electoral bodies in
Mexican politics, as well as with a proposal oF
various reForms that could reinForce Freedom
oF speech and the right oF inFormation in the
coming electoral campaigns.
Keyword:
´ederal Electoral ³nstitute; elections,
right to inFormation, Freedom oF speech, media
companies.
Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (¶²±·¸) ordena que las eleccio-
nes populares sean “auténticas” y “libres”
2
, no solamente el día de la Jornada electoral sino
a lo largo del proceso electoral en su conJunto. Las campañas, por eJemplo, son de capital
importancia. Sin campañas competitivas, equitativas e inFormativas, no se puede hablar de
un proceso electoral democrático. Es durante este período cuando la ciudadanía puede co-
nocer a los candidatos, los aspirantes están obligados a interactuar con la sociedad y todos
tienen la oportunidad para evaluar el pasado y visualizar un nuevo Futuro para la nación.
Se violan derechos si los ciudadanos no cuentan con suficiente inFormación para poder
eJercer libremente su voto el día de la elección. No basta que el ³nstituto ´ederal Electoral
(If±) y el µribunal Electoral del Poder ¹udicial de la ´ederación (T±²jf) garanticen el correcto
2
“La renovación de los poderes legislativos y eJecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódi-
cas” (
Constitución Política de los Estudios Unidos Mexicanos
, Art.41).
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conteo de los votos, sino que también deben asegurar una plena libertad de expresión y
derecho a la información durante las campañas electorales.
En el presente artículo evaluamos la actuación de las autoridades electorales durante las
campañas presidenciales de 2012. Específicamente, nos preguntamos en qué medida estas
autoridades hicieron todo lo legalmente posible para garantizar el derecho a la información
de los ciudadanos, sin proteger o dar ventaja a un candidato o posición política en particular.
La conclusión a la que llegamos es que hubo deficiencias importantes en la materia ya que
muchas acciones tomadas por las autoridades parecieron favorecer al candidato del Partido
Revolucionario Institucional (±²³), Enrique Peña Nieto.
El ensayo inicia en la segunda sección con una revisión teórica de los conceptos de libertad
de expresión y derecho a la información. Presentamos un argumento a favor de la necesaria
complementariedad e interdependencia entre estos dos conceptos. Demostramos que las mismas
autoridades electorales comparten esta posición ya que en sus sentencias recientes argumentan
que no existiría un conflicto o contradicción esencial entre estos dos términos. Una verdadera
libertad de expresión requiere de un pleno derecho a la información, y viceversa.
En el siguiente apartado, exploramos la manera en que las autoridades electorales abordaron
el tema de la libertad de expresión en la práctica durante las campañas presidenciales de 2012.
Examinamos tres ámbitos de acción claves: 1) la emisión de “sugerencias de lineamientos”
para la cobertura de las campañas electorales por las empresas de radio y televisión; 2) el
monitoreo de la cobertura de las campañas en los noticieros de radio y televisión; y 3) la
organización y promoción de debates electorales entre los candidatos para la Presidencia
de la República.
Esta revisión revela que existe una importante contradicción entre la teoría y la práctica
del ³F´ y el T´±JF. Si bien en teoría estas instituciones defienden una posición de avanzada
que da prioridad al derecho a la información y entiende la libertad de expresión como algo
que pertenece primordialmente a la ciudadanía, en la práctica su prioridad resulta ser una
defensa a ultranza de la “libertad” de las empresas mediáticas para determinar sus contenidos
de manera unilateral, así como militar a favor de sus candidatos preferidos.
µinalmente, concluimos con algunas reflexiones generales sobre la libertad de expresión y
el papel de los órganos electorales en la política mexicana. En este último apartado también
proponemos algunas reformas que podrían fortalecer la libertad de expresión y el derecho
a la información de los ciudadanos durante los próximos ejercicios electorales.
Teoría: de la libertad de expresión al derecho a la información
El ³F´ y el T´±JF están obligados a garantizar no solamente la legalidad de las elecciones, sino
también el cumplimiento de los principios constitucionales. Asimismo, desde la reforma
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al Artículo 1° de la Constitución en materia de derechos humanos, los derechos incluidos
en los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano forman parte del “bloque
de constitucionalidad” que debe regir los procesos electorales. Tal y como señala el mismo
±²PjF en su “Dictamen de Validez” de la elección para ³residente de la República de 2012,
“la declaración de validez o invalidez de una elección, según corresponda, se debe hacer con
base en el bloque de constitucionalidad y, por ende, en los principios y valores que dimanan
de éste y que irradian a todo el sistema Jurídico nacional” (±²PjF, 2012: 202).
La ´P²Uµ señala claramente en su Artículo 41 que los procesos electorales deben ser
“auténticos” y “libres” para poder ser considerados democráticos y, por lo tanto, válidos.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, algo “auténtico” es algo “acreditado de
cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concurren”. Es
decir, sería algo “genuino”, no “apócrifo” o “fraudulento”. El mismo concepto es retomado
en los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por
el Estado mexicano.
3
¶no de los derechos fundamentales más importantes incluidos en este bloque de
constitucionalidad, es precisamente la “libertad”, tanto de “expresión” como a la hora de
emitir el voto el día de las elecciones. El mismo ±²PjF señala que este principio cuenta con
dos dimensiones, “individual” y “social”, y que ambas son igual de importantes:
La libertad como derecho fundamental, concebido desde los derechos humanos de primera
generación, como una de los tres pilares de los Estados-Nación Democráticos, no se agota
con el disfrute individual de los suJetos de Derecho, sino que adquiere una dimensión social
que influye en la vida en sociedad y se traduce en la necesidad de todo colectivo, de gozar del
poder de decisión, sin influencia de algún tipo (±²PjF, 2012: 98).
En la resolución del Juicio de inconformidad SUP-jI·-359/2012 en que el “Movimiento
³rogresista” encabezado por Andrés Manuel López Obrador impugnaba la validez de la
totalidad de la elección presidencial, el ±²PjF amplía su argumentación con respecto a
la naturaleza de la libertad de expresión en particular en un contexto democrático. Los
magistrados explícitamente retoman los criterios de la Corte ¸nteramericana de Derechos
Humanos para señalar que:
En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e
informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que comprende el
derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica
también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. En consecuencia,
para el ciudadano
3
³ara mayor discusión de este tema, ver: Ackerman (2012).
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común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena, o de la información de que
disponen otros, como el derecho a difundir la propia
. (Énfasis agregado) (tEpjF, 2012b).
Uno de los casos más imPorTanTes en la maTeria resuelTo Por la CorTe InTeramericana
de Derechos Humanos (±²³´) es el caso de
Ricardo Canese vs. Paraguay
en que la CorTe
señala exPlíciTamenTe que:
µs Preciso que Todos Puedan cuesTionar e indagar sobre la caPacidad e idoneidad
de los candidaTos, así como disenTir y confronTar sus ProPuesTas, ideas y oPiniones
de manera que los elecTores Puedan formar su criTerio Para voTar. µn esTe senTido,
el eJercicio de los derechos PolíTicos y la liberTad de PensamienTo y de exPresión se
encuenTran ínTimamenTe ligados y se forTalecen enTre sí (±²³´, 2004:
Párr. 88 y 90).
µn oTras Palabras, de acuerdo con el tEpjF y la ±²³´, la liberTad de exPresión no incluye
solamenTe el derecho de los PolíTicos y los ciudadanos a comParTir lo que oPinan u observan,
sino También de la sociedad a informarse sobre lo que oPinan y observan los demás. La
liberTad de exPresión imPlica necesariamenTe y simulTáneamenTe el derecho a la información.
¶or eJemPlo, en la misma senTencia S·p-j²N 359/2012, el tEpjF señala que:
¸ener Plena liberTad Para exPresar, recolecTar, difundir y Publicar informaciones e ideas es
imPrescindible no solamenTe como insTancia esencial de auToexPresión y desarrollo individual,
sino como condición Para eJercer PlenamenTe oTros derechos fundamenTales y como elemenTo
deTerminanTe de la calidad de la vida democráTica en un País. ¶or consiguienTe, cuando un
Tribunal decide un caso de liberTad de exPresión, imPrenTa o información no sólo afecTa las
PreTensiones de las ParTes en un liTigio concreTo, sino También el grado al que en un País quedará
asegurada la libre circulación de noTicias, ideas y oPiniones, así como el más amPlio acceso a
la información Por ParTe de la sociedad en su conJunTo, condiciones Todas ellas indisPensables
Para el adecuado funcionamienTo de la democracia rePresenTaTiva (tEpjF: 2012b: 111-112).
Desde la redacción del ArTículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
exisTe una ínTima unión enTre el derecho a la información y la liberTad de exPresión:
¸odo individuo Tiene derecho a la liberTad de oPinión y de exPresión; esTe derecho incluye el de
no ser molesTado a causa de sus oPiniones, el de invesTigar y recibir informaciones y oPiniones,
y el de difundirlas, sin limiTación de fronTeras, Por cualquier medio de exPresión (ON·, 1948).
Como RoberTo ¹aba ha argumenTado, las liberTades de exPresión y de oPinión no sólo
Tienen que ver con la auTonomía Personal o con el derecho de los individuos a exPresar sus
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ideas. Este tipo de libertades también “aspiran a asegurar a los receptores la posibilidad
de apreciar la más diversa variedad de puntos de vista en torno a un tema determinado”
(Saba, 2004: 153). Ernesto Villanueva, enfatiza el mismo punto de una forma distinta. Para
él, el derecho a la información incluye tres elementos específicos: 1) El derecho a atraerse
información, 2) El derecho a informar y 3) El derecho a ser informado (Villanueva, 2003:
XVII).
El teórico holandés Mark Bovens, va aún más lejos en su argumentación. De acuerdo
con este autor, debemos conceptualizar el derecho a la información como la cuarta gran
ola de los derechos humanos, equivalente a los derechos civiles, políticos y sociales
caracterizados en los textos clásicos de T.H. Marshall (1950). Con el advenimiento de la
“sociedad de la información” el mundo necesita ajustar sus marcos constitucionales con
objeto de incorporar los nuevos derechos universales a la información. En este punto,
Bovens establece una distinción crucial entre transparencia definida como una cuestión
de “higiene pública” y los derechos a la información como un asunto de ciudadanía
(Bovens, 2002: 327).
Tales puntos de vista nos invitan a reconceptualizar el tipo de libertades cívicas –como la
libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión– no sólo como libertades
“negativas”, sino también como libertades “positivas”, de acuerdo con la distinción clásica
propuesta por Isaiah Berlin (2002). Las libertades de tipo negativo nos permiten escapar
de controles opresivos y externos. Ellas nos llevan a
“liberarnos de”
controles impuestos de
manera externa. En contraste, las libertades positivas nos permiten avanzar hacia nuestra
realización plena como seres humanos. Estas libertades nos llevan a
“liberarnos hacia”
el
cumplimiento de una meta en particular. Una vez que conceptualicemos las libertades de
expresión y de opinión como derechos
hacia
la realización de seres plenamente informados
–y no solamente como derechos para deshacernos
de
la censura– habremos ingresado al
terreno del derecho a la información entendido en su forma más amplia.
Entonces, para garantizar plenamente la vigencia de este derecho, habría que combatir y
controlar el “sesgo” o “manipulación” informativa de los medios de comunicación. La Real
Academia define a la manipulación como “
intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros,
en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia,
y al servicio de intereses particulares
”. De acuerdo con Yolanda Verdú Cueco, se pueden
deducir tres rasgos básicos de esta definición: la intencionalidad disimulada (porque se
reconoce ilegítima), la distorsión sutil y su funcionalidad para servir intereses que no son
los que corresponden.
En términos metodológicos, la autora concluye que:
Para analizar el sesgo, muchas veces fácilmente reconocible pero de difícil definición (algo así
como lo que sucede con el arte), hemos de atender a revisar minuciosamente y con detalle:
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la selección y uso de las fuentes, la selección léxica, las omisiones de aspectos o temas, la
limitación del debate a la versión oficial, la ausencia de contexto y el particular encuadre que
se ofrece del hecho o historia (Verdú Cuenco, 2009: 13-14).
Práctica: libertad empresarial sin información ciudadana
Si bien tanto el TEPjF como el IFE discursivamente defienden una sofisticada teoría de
la libertad de expresión que vincula este concepto tanto con el derecho a la información
como con el pluralismo en el debate público, en la práctica durante el proceso electoral de
la elección presidencial de 2012, estas instituciones sistemáticamente aplicaron una visión
minimalista y parcial del concepto. Los tres eJemplos más claros del limitado alcance de la
actuación de las autoridades en la práctica son, primero, el contenido de las “sugerencias
de lineamientos” emitidas por el IFE con respecto a la cobertura de los medios de comuni-
cación electrónicas de las campañas presidenciales; segundo, el contenido del monitoreo
del IFE, encargado a la UNAM, de la cobertura de los noticieros de radio y televisión de las
campañas presidenciales y, finalmente, la manera en que el IFE y el TEPjF interpretaron la
ley e intervinieron institucionalmente con respecto a los debates públicos entre los can-
didatos presidenciales. ±stos tres casos revelan una notable contradicción entre lo que las
autoridades dicen apoyar en teoría y lo que realizan en la práctica.
Sugerencias de lineamientos
±l 14 de septiembre de 2011, el ConseJo General del IFE aprobó por unanimidad el
²cuerdo CG291/2011 por medio del cual ratificó las “Sugerencias de lineamientos ge-
nerales aplicables a los noticiarios de radio y televisión respecto de la información o
difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos durante
el proceso electoral federal de 2011-2012” (IFE, 2011b). Llama la atención cómo este
documento refleJa una visión diferente de la libertad de expresión que la expresada en
nuestro primer apartado.
³or eJemplo, en lugar de argumentar a favor de una complementariedad entre la libertad
de expresión y el derecho a la información, en este documento el IFE presupone la existencia
de un conflicto entre ambos conceptos. ±n el Considerando 16 del ²cuerdo, el IFE señala
que “el obJetivo” del mismo es “encontrar un equilibrio entre el derecho a la información
de los ciudadanos (…) y la libertad de expresión de los medios de comunicación”. Y en el
texto mismo del “²cuerdo”, la sección de “³remisas” indica que lo que se busca es “conciliar
la libertad de expresión con el derecho a la información” (
Ibid
., 2011b: 6-7).
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Solamente es necesario “equilibrar” o “conciliar” dos posiciones que de otra manera
estarían en conflicto. Dos conceptos o principios naturalmente complementarios se podrían
sintetizar o unificar, pero no sería necesario equilibrar o conciliarlos.
También llama la atención que en la primera cita, el IfE coloca a los empresarios de
los medios de comunicación en el mismo nivel de importancia que los ciudadanos en
general. ±l equilibro necesario no se debe establecer entre dos derechos Fundamentales de
los ciudadanos, sino entre el derecho a la inFormación de los ciudadanos y “la libertad de
expresión de los medios de comunicación”. De la misma manera en que el ignominioso
caso de “Citizens United” en los ±stados Unidos colocó a las personas “morales” al mismo
nivel que las personas Físicas con respecto a la tutela de sus derechos “humanos”, el IfE aquí
también equipara la libertad de los medios a los derechos de los ciudadanos.
±n general, el derecho a la libertad de expresión se presenta como territorio exclusivo de
los medios, no de los ciudadanos. Queda totalmente Fuera, por ejemplo, cualquier exigencia
con respecto a la inclusión de una pluralidad de voces ciudadanas dentro de los medios de
comunicación electrónica.
Las “Sugerencias de lineamientos” tampoco incluyen medida coercitiva alguna o siquiera
elementos para aplicar una presión ética o moral hacia las empresas de radio y televisión.
±l texto del acuerdo dice explícitamente que:
Los lineamientos sugeridos no constituyen pautas coercitivas para los medios de comunicación, sino
que son y deben ser entendidos como guías orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento
y de ninguna manera imponer una conducta, en respeto a la libertad de expresión consagrada por
la Constitución Política de los ±stados Unidos Mexicano (
Ibid
., 2011b: 7).
Pero el texto del Acuerdo va mucho más allá de no “imponer conductas” a los medios de
comunicación. La mayoría de las “conductas” deseables que el IfE menciona en el documento,
son definidas de manera tan abstracta y ambigua que sería casi imposible asegurar su
cumplimiento aún en el caso de que la autoridad, o algún otro actor, quisiera hacerlo. Por
ejemplo, la autoridad señala que:
La equidad en la diFusión y cobertura inFormativa de las actividades de precampaña y campaña,
implican la igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos a eFecto de que ningún
contendiente tenga ventaja sobre otros en Función de su Fuerza electoral, propiciando, en la
medida de lo posible, que cualquier partido o coalición pueda contender en condiciones de
equilibrio en el proceso electoral (
Ibid
., 2011b: 8).
Posteriormente, el Acuerdo señala algunos puntos específicos. Por ejemplo, debería haber
“equidad” en “el número de entrevistas realizadas a los integrantes de las distintas Fuerzas
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políticas” y los noticieros deberían utilizar “los mismos recursos técnicos” para cubrir las
campañas de cada candidato. Sin embargo, no se establece un criterio formal para poder
evaluar hasta qué punto la “equidad”, el “equilibrio” o la “igualdad de oportunidades” hayan
sido violados en los hechos, generando así una “ventaja” indebida de uno u otro candidato.
Todo queda a la “libre” interpretación y determinación de los mismos medios electrónicos.
Llama la atención que uno de los puntos de mayor insistencia y especificidad en el Acuerdo
tiene que ver con el tema de los debates electorales. Los consejeros señalan sin rodeos que
“los medios de comunicación deberán impulsar los programas de debate, ya que se han
constituido como espacios para que los candidatos den a conocer sus propuestas a través del
libre intercambio de ideas” (
Ibid
., 2011b: 11). También indican que “los comunicadores deben
privilegiar el diálogo abierto entre los candidatos como un mecanismo de comunicación
con la ciudadanía, de modo que el electorado cuente con las herramientas suficientes que
le permitan ejercer su voto de manera informada” (
Ibid
., 2011b: 11).
Sin embargo, como veremos abajo, a la hora de llevar estas disposiciones a la práctica, las
autoridades –de manera sorpresiva– decidieron hacerse a un lado. Las campañas electorales
culminaron sin la realización de un sólo debate presidencial convocado por los medios
de comunicación y sin que el IFE hubiera emitido señalamiento alguno con respecto al
incumplimiento de estos lineamientos por parte de los medios de comunicación.
Monitoreo de radio y televisión
Una de las pocas acciones que llevó a cabo el IFE para generar un ambiente propicio para el cum-
plimiento de las “Sugerencias de lineamientos” por los medios de comunicación, fue el “Moni-
toreo de las Transmisiones sobre Campañas ±lectorales para Presidente de la República en el
Proceso ±lectoral 2011-2012” (F²³Y´ 2012: 5). ±ste monitoreo fue encargado a la µacultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la ¶N·¸ y se fundamentó en el Artículo 76, inciso 8 del Código
de ¹nstituciones y Procedimientos ±lectorales que establece que el Consejo General:
Ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre precampañas y campañas en
los programas de radio y televisión que difundan noticias. Los resultados de este monitoreo
se harán públicos cada 15 días a través de los tiempos de comunicación en radio y televisión
a disposición del ¹nstituto y demás medios informativos que al efecto se determinen por él
(Diario Oficial de la µederación, 2008).
±l 11 de octubre de 2011, se aprobó por unanimidad el Acuerdo CG337/2011
que ordena
la realización de monitoreos de las transmisiones sobre precampañas y campañas federales
del proceso electoral 2011-2012 en programas de radio y televisión que difundan noticias.
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El monitoreo se realizó del 30 de marzo al 27 de junio de 2012, con base en un catálogo de
493 noticiarios seleccionados por el Instituto.
Si bien la UNAM fue la institución responsable de llevar a cabo el monitoreo, el ±F² determinó
e impuso la metodología a seguir. El anexo del acuerdo CG412/2011
señala claramente que:
La ³niversidad ´acional µutónoma de ¶éxico (UNAM) recibirá por parte del ±F² la metodología
y las variables con las que se realizará el monitoreo y análisis de contenido de las transmisiones
en los programas de radio y televisión que difundan noticias sobre precampañas y campañas
electorales de los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República, Diputados
y Senadores del Congreso de la ³nión de los Estados ³nidos ¶exicanos, en los términos
expresados en los objetivos específicos de la presente metodología (±F², 2011: 3).
La metodología privilegió los aspectos cuantitativos del monitoreo por encima de los
cualitativos. El enfoque principal se centró en la medición de la cantidad de menciones y el
tiempo total dedicado a cada candidato y partido en los principales noticieros de televisión
y radio. ´o se realizó un estudio profundo del tipo o la calidad de cobertura para cada
candidato. Los únicos criterios cualitativos fueron, por un lado, la vigilancia de algunos
recursos técnicos básicos (como la utilización de “citas”, “voz”, “audio” e “imágenes” de los
candidatos en las notas, así como la jerarquización temporal de las notas dentro del noticiero)
y una evaluación general con respecto a la “adjetivización” de las notas.
Con respecto a la detección y la valoración de las piezas informativas “adjetivadas”, el
monitoreo utilizó un criterio limitado a incluir en esta categoría las notas “que presenten
verbalmente adjetivos calificativos y/o frases idiomáticas que se utilicen como adjetivos y sean
mencionados por los conductores y reporteros de noticiarios.” Es decir, solamente existiría
un sesgo si hubiera un adjetivo o burla, expresado directamente y explícitamente por el
reportero o el conductor. La construcción visual y conceptual de las coberturas simplemente
no fue objeto de análisis. µsimismo, todo señalamiento realizado por un “analista” o dentro
del marco de una “mesa de debate”, fue excluido totalmente del análisis cualitativo.
En suma, el ±F² no permitió a la UNAM realizar un análisis detallado sobre el sesgo
mediático en las coberturas de las campañas. µl contrario, la autoridad obligó a la institución
académica a limitarse a una actividad de contabilización de menciones y tiempos sin realizar
un ejercicio más profundo.
En consecuencia, el monitoreo arrojó resultados verdaderamente inverosímiles. De acuerdo
con el informe final del monitoreo, únicamente 3,853 de las 156,984 “piezas informativas”
(aproximadamente 2.5%) recogidas por la UNAM tuvieron alguna “valoración” (F·¸Y¹, 2012:
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16).
4
Asimismo, el estudio concluye que de todas las notas analizadas donde aparece Enrique
Peña Nieto en televisión, el candidato recibió únicamente 62 “valoraciones positivas” (
Ibid
.,
2012: 16), un dato muy difícil de creer para cualquier ciudadano que pudo seguir de cerca
las campañas electorales en la televisión. De acuerdo con el IF±, los medios electrónicos de
comunicación mexicanos serían de los más objetivos, neutrales y profesionales del mundo.
Otro problema con el monitoreo es que coloca en el mismo nivel a programas de cobertura
nacional (como los noticieros nocturnos de los canales 2 y 7), y los noticieros con mucho
menor cobertura que solamente llegan a los hogares en una o dos entidades federativas.
Al contabilizar únicamente la cantidad total de tiempo y no darle su peso relativo con
respecto a la “audiencia” correspondiente, se excluye información medular con respecto a
los verdaderos desequilibrios en la cobertura otorgada a cada candidato.
Pero aún con estos problemas metodológicos, el informe final todavía refleja que hubo
una importante ventaja mediática para el candidato del ²RI. En términos globales, Peña Nieto
recibió 30.64% del tiempo, Vázquez Mota 26.52% y López Obrador 26.36%
(
Ibid.,
2012: 10).
Pero esta ventaja reconocida por el IF± de 4% para Peña Nieto, muy probablemente esconde un
sesgo mucho más fuerte a favor del priísta en los programas de mayor audiencia y tomando en
cuenta tanto los analistas como la infinidad de recursos técnicos que utilizan los medios para
encuadrar y contextualizar sus notas y comentarios para influir en las opiniones del televidente.
Asimismo, si el lector profundiza en el análisis del informe final, se da cuenta de otros
datos sugerentes. Por ejemplo, dentro del universo de “valoraciones” reconocidas, existe un
fuerte sesgo a favor de Peña Nieto y en contra de López Obrador y Josefina Vázquez Mota.
Presentamos a continuación la tabla correspondiente del informe que resume la distribución
de todas las notas “adjetivadas” en radio y televisión:
Distribución de las notas “adjetivadas” en radio y televisión
Candidato
Piezas informativas
valoradas
Valoraciones
positivas
Valoraciones
negativas
Josefina Eugenia Vázquez Mota
1104
558
1231
Andrés Manuel López Obrador
891
477
974
Enrique Peña Nieto
747
668
480
Gabriel Quadri De La Torre
662
476
583
TOTAL
3404
2179
3268
³uente: (FC²YS, 2012: 18).
4
Aunque estrictamente hablando el universo para detectar la “valoración” no fue de 156, 984, sino de únicamente
136, 463 después de restar las 20,521 piezas informativas de opinión y análisis que no fueron sometidos a valoración
alguna.
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Cuando reducimos el universo únicamente a la televisión –excluyendo la radio– la
diferencia entre los candidatos se profundiza aún más: Peña Nieto tuvo 62 valoraciones
positivas y solamente 31 negativas, López Obrador 24 positivas y 83 negativas, mientras
que Josefina Vásquez Mota tuvo 37 positivas y 92 negativas.
En suma, entre las notas reconocidas por el IF± como “adjetivadas” existió un claro y
pronunciado sesgo mediático a favor del candidato del ²RI. Si bien la metodología aplicada reduce
el universo en que supuestamente existiría este sesgo y por lo tanto minimiza su impacto sobre
la elección y sus resultados, en realidad este sesgo probablemente fue mucho más generalizado.
Queda pendiente el desarrollo de una metodología alternativa para detectar con mayor certeza
y claridad este tipo de manipulación mediática en futuros ejercicios comiciales.
Otro dato interesante que arroja el monitoreo es la desigualdad entre los diferentes
“géneros” de cobertura para cada candidato. Por ejemplo, el informe final revela que Peña
Nieto tuvo casi dos veces más tiempo en la categoría “entrevistas” que López Obrador.
Mientras el priísta pudo hablar en vivo durante 145 horas, el candidato de las izquierdas
solamente pudo exponer sus puntos de vista durante un total de 79 horas (
Ibid
., 2012: 14).
Ni el informe final ni las autoridades han resaltado este dato. Sin embargo, el observador
ciudadano puede ver en este dato un claro sesgo a favor del priísta, ya que un porcentaje
mucho mayor de la cobertura para ese candidato fue en un formato mucho más accesible
y convincente para el votante común.
Debates electorales
Hubo dos momentos institucionales claves durante las campañas con respecto a los debates
electorales. Primero, cuando el Movimiento Progresista, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, solicitó la realización de 12 debates entre los candidatos presidenciales.
Segundo, cuando se solicitó al IF± la difusión por Cadena Nacional de los dos debates que,
por ley, fueron organizados por la autoridad. En ambos casos, las autoridades electorales
rechazaron las solicitudes recurriendo a argumentos sumamente cuestionables que generan
importantes dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de la actuación de los
consejeros y magistrados electorales.
1. sup-rap-94/20±2 (CAntidAd y convocAnteS PARA debAteS PReSidenciAleS)
Los consejeros electorales tendrían que haber aprovechado al máximo sus amplias facultades
constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal hubieran sido un período
ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación. Sin embargo, en
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los hechos, las instituciones electorales tomaron la opción de organizar únicamente los dos
debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos para
que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen
a encuentros entre los candidatos.
Al negarse a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera
sistemática y periódica, los consejeros electorales facilitaron una grave afectación a nuestro
derecho ciudadano a la información y pusieron en riesgo la autenticidad del proceso electoral.
También demostraron un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique ±eña
Nieto, a quien le convino reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas
con sus contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de ²nstituciones y ±rocedimientos Electorales de ninguna manera
prohíbe al I³´ organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos,
Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, incluso solicitaron a la autoridad
electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la
sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de no asistir
a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún
partido o candidato debería contar con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización
de estos encuentros.
µecordemos que en el año 2006, el I³´ participó activamente en la organización de dos
debates adicionales (ninguno requerido por la ley), sin haber primero recibido la venia o
el consenso de los aspirantes presidenciales. En 2012, sin embargo, la autoridad cambió de
criterio y decidió pedir permiso al candidato puntero antes de participar en la organización
de ejercicios adicionales.
Asimismo, la mayoría de los medios de comunicación electrónica no discernieron con
exactitud los alcances de la sentencia ¶UP-R·P-94/2012. Esta sentencia supuestamente habría
prohibido la organización de debates por los medios de comunicación. Nada más alejado
de la realidad. La sentencia prohíbe al I³´, no a los medios, organizar debates adicionales
a los dos incluidos en el Artículo 70 del Código Federal de ²nstituciones y ±rocedimientos
Electorales (¸¹³IP´). Este fallo también condiciona la participación del I³´ en ejercicios
adicionales al establecimiento de un consenso entre todos los candidatos.
Ambas decisiones del º´P»³ son cuestionables. Sin embargo, la sentencia del º´P»³ de
ninguna manera restringe a los medios para organizar libremente debates adicionales,
siempre y cuando no haya de por medio la compra o “adquisición” de espacios por algún
candidato o partido político. Lo grave es que la interpretación interesada de esta sentencia
podría formar parte de un esfuerzo de estos mismos medios electrónicos por sabotear la
reforma electoral que tanto les ha afectado financieramente.
Llama la atención que los principales conductores de noticieros y mesas de debate no
convocaron de manera independiente a debates entre los candidatos. Carmen Aristegui fue
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la única periodista que emplazó directamente a los candidatos presidenciales a un debate
público en una fecha y hora específicas. Nadie más, ni siquiera Tv U±AM, generó un contexto
de exigencia hacia los cuatro personajes que buscan la silla presidencial.
La
Litis
fijada por el TEPJF en el caso consistió en determinar si la autoridad responsable
realizaba una adecuada interpretación sobre el sentido y los alcances del artículo 70 del
COFIPE, pues los promoVentes consideran, primordialmente, que ésta es restrictiVa de los
derechos de la información y de libertad de expresión.
De los antecedentes, se desprende que el candidato ²ndrés ³anuel López ´brador presenta
un escrito solicitando al IFE la realización de doce debates diVersos a los ordenados por el
artículo 70 del COFIPE, y que para su transmisión sea factible la suspensión de los
spots
de los
partidos políticos para suplir el tiempo asignado al µstado. µsta solicitud la hace apelando a
una interpretación conforme al ²rtículo 1° de la ¶onstitución, los tratados internacionales
en materia de derechos humanos y otras disposiciones legales que permiten maximizar
el derecho fundamental a la información de los ciudadanos, con base a la aplicación del
principio
pro homine.
µn el acuerdo ¶G118/2012, por el que se da respuesta al candidato, el IFE sostiene que:
1.
µl ²rtículo 70 del COFIPE es una norma de carácter impositiVo, puesto que impone
obligaciones a cargo de la autoridad, correspondientes en la realización de dos
debates, de forma que no es posible interpretar extensiVamente esta disposición,
pues el legislador fue quien delimitó el contenido de este deber. La realización de
dichos debates constituye, por tanto, una obligación y no una facultad, como lo
señala el peticionario.
2.
La transmisión de estos debates (²rtículo 70) también impone una obligación a
los permisionarios públicos, por lo que imponer la transmisión de nueVos debates
implicaría una carga no preVista en la ley, afectando con ello los principios de legalidad
y certeza jurídica que el ·nstituto debe obserVar.
3.
La suspensión de los mensajes y promocionales de los partidos políticos constituye
una excepción a la prerrogatiVa que les ha sido reconocida por el ²rtículo 41 de la
¶onstitución, y que en realidad no es potestatiVo para el ·nstituto la suspensión de
dichos
spots
, sino que se trata de una autorización que la misma norma otorga a los
permisionarios públicos y a los priVados que decidan transmitir en ViVo los dos debates
cuya organización corresponde al ·nstituto. La naturaleza de la norma no es facultatiVa
para la autoridad, sino para los permisionarios, por lo que el IFE no puede permitir o
aValar discrecionalmente la suspensión solicitada, ya que ello significaría un detrimento
a las prerrogatiVas de los partidos políticos y una extralimitación de sus facultades,
implicando nueVamente una Violación a los principios de legalidad y certeza.
4.
Respecto a la solicitud del peticionario de que, en todo caso, se haga uso de la facultad
que tiene el IFE conforme al artículo 73 del COFIPE, para determinar lo conducente
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y cubrir el tiempo faltante en caso de que el tiempo otorgado no sea suficiente para
cumplir con sus funciones y fines, el Instituto señala que esta norma sólo es aplicable
en caso de que ocurran situaciones excepcionales o contingentes que hagan necesario
el uso adicional de tiempo, lo que en el caso no acontece.
5.
Al dar respuesta al peticionario, el ±FE sostiene que la negativa de realizar los doce
debates solicitados no implican detrimento alguno para la ciudadanía o los candidatos,
pues en todo caso se deja abierta la posibilidad de que se organicen debates convocados
por la sociedad o por acuerdo de los mismos candidatos, por lo que no se afectan
los derechos a la información ni la libertad de expresión de unos y otros.
6.
La defensa adicional que hace el ±FE respecto de su postura, es que al dar respuesta
al peticionario, se realiza una interpretación conforme a la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos e incluso a jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el carácter restrictivo de su
interpretación del artículo 70 para no realizar más de dos debates, encuentra su
fundamento en que ningún derecho es absoluto, ya que encuentra sus límites en
otros derechos y que, en el caso particular, estos derechos se encuentran protegidos
por el Artículo 41 constitucional, respecto de las prerrogativas de los partidos
políticos de acceder a radio y televisión mediante los tiempos del ²stado, por
lo que la imposición de transmitir más debates a los ordenados por el Artículo
70 derivaría en una afectación a los permisionarios y a los partidos políticos,
al imponer nuevas obligaciones y restringir sus prerrogativas, respectivamente
(±FE, 2012).
Respecto de los actos controvertidos, la Sala Superior señala que:
Interpretación del Artículo 70:
²l ±FE debe atender a situaciones jurídicas reguladas por
el legislador, que en el caso del Artículo 70 previó la obligación a cargo del Instituto de
intervenir en la realización de únicamente dos debates, mismos que son los únicos que
pueden transmitirse por televisión y radio, por ello, dada la prohibición de adquirir tiempo
adicional en radio y televisión, el ±FE únicamente está obligado a realizar gestiones para su
mayor difusión respecto de esos debates. De la misma forma, los permisionarios sólo tienen
obligación de transmitir los debates ordenados por el artículo en mención y, en todo caso, la
autorización a éstos de suspender los
spots
de partidos políticos únicamente opera respecto
de los dos debates en mención.
Asimismo, se señala que se pueden celebrar debates diversos a los señalados por el Art.
70 y en la organización de los mismos no se prohíbe al ±FE su participación, sin embargo,
la Sala dice que sí existe el deber jurídico de no transmitir (prohibición) esos debates por
radio y televisión. ²s decir, el ±FE los puede organizar pero no tiene ninguna otra obligación
a su cargo, ni él ni los permisionarios, de realizar cualquier otra acción.
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El Artículo 70 no establece propiamente derechos a favor de los ciudadanos que
requieran una interpretación amplia, sino que en realidad se trata de una obligación a cargo
de la autoridad electoral y de los permisionarios públicos, por lo que es necesario que su
interpretación sea estricta para que, de esta forma, no se dé una extralimitación de sus
atribuciones y con ello una afectación a derechos de terceros o la imposición de mayores
cargas a los permisionarios a las ya previstas por la norma, lo que sí afectaría los principios
de legalidad y certeza.
Protección del Derecho a la Información y Libertad de Expresión:
La Sala señala que el
Acuerdo 99 en realidad no limita la libertad de expresión y el derecho a la información de
los candidatos y la sociedad, pues se deja abierta la posibilidad de realizar más debates a
los estrictamente obligatorios para el IF± y, aunque la modalidad para dichos debates sea
distinta, ello no implica un criterio restrictivo y que, en efecto, existe una maximización
de estos derechos.
En el sentido explicado respecto del Artículo 70, la Sala Superior señala que el artículo
no establece propiamente derechos ciudadanos, sino que impone obligaciones a cargo de
la autoridad electoral, por lo que no requiere una interpretación a la luz del principio
pro
persona
o
pro homine
.
Legalidad de los Acuerdos 99 y 118 del Consejo General:
Se concluye que la autoridad
electoral tiene potestad para establecer la forma en que se celebrarán los debates que el
Artículo 70 dispone, por lo cual puede emitir los acuerdos necesarios para cumplir con
dicha función, mismos que encuentran sustento legal en las facultades de reglamentación
que tiene dicha autoridad.
Inconstitucionalidad del Artículo 70 ±OF²³´:
La Sala concluye que la norma no es incons-
titucional ya que a través de ella se regula parte del nuevo
modelo de comunicación social
,
mismo que no encuentra contravención con los Artículos 1º, 6, 35 y 41 constitucionales,
ya que el establecimiento de únicamente dos debates no limita la libertad de expresión ni
el derecho a la información y que, por el contrario, estos derechos –si bien son importantes
dentro del contexto del debate democrático– también establecen límites racionales que
no deben ser pasados por alto. En este caso, el Artículo 70 que establece la regulación de
los debates cuya organización está a cargo del ²nstituto, debe ser interpretado a la luz del
Artículo 41 constitucional, específicamente en lo que se refiere al acceso a radio y televisión.
Este artículo tampoco es inconstitucional en razón de que no se prohíbe la realización de
debates que permitan a la sociedad contrastar las propuestas y a los candidatos exponerlas,
sino que únicamente obliga al IF± a participar en la realización de dos debates y a los
permisionarios públicos a transmitirlos.
Alcances del Artículo 73 del ±OF²³´:
La Sala concluye que es infundado el agravio del
actor con respecto a su interpretación del Artículo 73, mismo que prevé la posibilidad
del ²nstituto de determinar lo conducente en caso de que el tiempo del Estado no fuera
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suficiente para cumplir con sus fines y funciones, puesto que de ser correcto el análisis
del actor respecto del Artículo 70 y la posibilidad del IFE de realizar más debates a los que
señala la ley, “no sería necesario para la autoridad aplicar lo dispuesto en el Artículo 73,
bastaría con que se autorizara la realización de más debates en los términos precisados”
en el Artículo 70. Además de que refuerza el argumento de la responsabilidad al señalar
que esta disposición aplica en situaciones extraordinarias, aún cuando la norma no lo
prevea expresamente.
Unanimidad para la realización de debates en que se solicite al IfE su intervención:
La
Sala señala que el IFE tiene potestad para determinar los requisitos que deberán cubrir
los debates que organice, puesto que el mismo Artículo 70 señala que el ±nstituto tiene
atribuciones para determinar las formas en que se celebrarán debates diversos a los ordenados
en dicho precepto, por lo que se concluye que también tiene atribuciones para disponer
lo necesario para su celebración y para imponer los requisitos que considere pertinentes
para su concreción, máxime cuando esta autoridad electoral tiene a su cargo realizar sus
funciones con objetividad, certeza y legalidad, por lo que se considera que la unanimidad
es una medida idónea, adecuada y racional.
²n este sentido, en lo sustancial, la Sala Superior resuelve
confirmar
ambos acuerdos
controvertidos.
2. sup-rap-198/±01±: (DifUSión de debAteS y SolicitUd de CAdenA NAcionAl)
²l miércoles 30 de abril de 2012, el IFE calló de frente a la abierta provocación de parte de
las principales televisoras del país, que decidieron transmitir tanto un partido de fútbol
como un programa de entretenimiento en sus canales estrella durante el horario del debate
presidencial. Con su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación (³E´OB) la trans-
misión en Cadena Nacional del debate, la autoridad electoral abdicó de su responsabilidad
de garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
²ntre los siete consejeros que votaron en contra de la solicitud, destaca la posición de
María Marván quien, al ser recordada por sus colegas de la utilización por el IFE de cadenas
nacionales durante elecciones previas, señaló:
²videntemente, hay momentos en los que se puede pedir Cadena Nacional. Creo, para decirlo
con todas sus letras, que la voluntad del legislador no le dio por decisión o por omisión al
IFE, a esta autoridad electoral, ninguna posibilidad de obligar a las concesionarias. La ley
claramente dice y ahí no se equivocaron en la ley, bueno, no sé si se equivocaron o no, no hay
un error de impresión; dice: “las permisionarias deberán”, “las concesionarias podrán”, a eso
creo que es a lo que nos tenemos que atener (µ´IFE, 2012: 58).
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Lo que Marván aparentemente quiso decir es que la ley no faculta al IFE para obligar a
los concesionarios a transmitir el debate. Tiene razón. Sin embargo, la consejera se confunde
porque lo que estaba bajo discusión no era la posibilidad de que la autoridad electoral
impusiera directamente la Cadena Nacional, sino solamente que solicitara de la manera más
atenta a las autoridades correspondientes que pudieran intervenir para asegurar el derecho
a la información de los ciudadanos.
Marván concluyó que “llamar a Cadena Nacional por una decisión de una concesionaria,
creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de este país y me
parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia” (
Ibid
., 2012: 58).
±n otras palabras, es más importante para la “vida democrática” proteger a las principales
televisoras que defender a los millones de mexicanos que no tendrán la opción de ver el
debate debido a la decisión unilateral de los medios.
Por su parte, el consejero y distinguido jurista Sergio García Ramírez, sostuvo que “las
otras autoridades conocen cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones y sabrán cómo
ejercerlas, sin necesidad de que les aconsejemos o sugiramos cómo deben desempeñarlas”
(
Ibid
., 2012: 13). Sin embargo, la ley señala que es atribución del IFE, no de la ²E³OB, “realizar
las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número
posible de estaciones y canales” (
Ibid
., 2012: 27). Asimismo, el artículo 2 del ´OFIµE ordena
que el IFE “contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales”.
Pero es Leonardo Valdés quien falló de manera más marcada en su responsabilidad
constitucional. La ley señala claramente que el Consejero Presidente tiene la facultad unilateral
y discrecional de “establecer los vínculos entre el ¶nstituto y las autoridades federales (…) en
sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de
los fines del ¶nstituto”. Como bien lo recordó el mismo consejero Marco Antonio ·años, el IFE
frecuentemente pide apoyo a otras autoridades. Ha firmado convenios de apoyo con la ²E³OB
en materia de seguridad, así como acuerdos con las ¸uerzas Armadas para la vigilancia de las
bodegas que todavía contienen las boletas electorales de 2006. Pero en lugar de atreverse a
solicitar directamente el apoyo al gobierno federal para el crucial tema de los debates, Valdés
prefirió diluir su responsabilidad en un desgastante debate entre los consejeros.
Nunca se propuso obligar a ningún ciudadano a ver el debate. Al contrario, lo que se
buscó fue garantizar que todos tengan la posibilidad de atestiguar el evento político, algo que
solamente se podrá lograr con su transmisión por los canales de mayor cobertura. Si una
persona no quisiera atender la Cadena Nacional, siempre existe la opción de simplemente
apagar el televisor. También era importante demostrar la fortaleza de la autoridad ante el
abierto acto de sabotaje de parte de las principales televisoras.
±n el juicio ante el ¹EµJF, el Movimiento Progresista tuvo como agravios los siguientes:
- Violaciones directas a la Constitución, en sus Artículos 6 y 41, frac. V, contraviniendo
los principios electorales de objetividad, certeza, y legalidad. Además, consideran que
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el ifE vIola el Artículo 70, párr. 3 del COfiPE, al omItIr realIzar las gestIones necesarIas
a fin de propIcIar la transmIsIón del prImer debate entre la candIdata y los candIdatos a
la presIdencIa en el mayor número posIble de estacIones de radIo y canales de televIsIón
y de garantIzar el derecho a la InFormacIón de los cIudadanos para la emIsIón lIbre del
suFragIo.
±sto es así, porque a tan sólo tres días del debate no había certeza de que este se trasmItIera
en el mayor numero de estacIones de radIo y canales de televIsIones, nI tampoco se
garantIzaba la cobertura en todo el terrItorIo nacIonal
(en este último punto le asiste la
razón al actor).
- ²ndebIda FundamentacIón y motIvacIón de la negatIva de aprobar el acuerdo.
- VIolacIones al Artículo 1° constItucIonal, párr. 3°, toda vez que el ifE Faltó al cum-
plImIento de su oblIgacIón de promover, respetar, proteger y garantIzar los derechos
humanos reconocIdos en la ³onstItucIón y en los tratados InternacIonales de los que
MéxIco es parte, de conFormIdad con los prIncIpIos de unIversalIdad, InterdependencIa,
IndIvIsIbIlIdad y progresIvIdad, Interpretando las normas relatIvas a tales derechos de
conFormIdad con dIchos ordenamIentos, FavorecIendo en todo tIempo la proteccIón
más amplIa a las personas.
- VIolacIón al Artículo 41, base V, al dejar de observar los fines del ²nstItuto.
- VIolacIón al Artículo 109, párr. 1 del COfiPE, que establece que el ³onsejo General
del ²nstItuto ´ederal ±lectoral es el órgano superIor de dIreccIón, responsable de vIgIlar
el cumplImIento de las dIsposIcIones constItucIonales y legales en materIa electoral, así
como de velar porque los prIncIpIos de certeza, legalIdad, IndependencIa, ImparcIalIdad
y objetIvIdad guíen todas las actIvIdades del ²nstItuto.
- VIolacIones a los Artículos 4, 5, FraccIón ²V y 6 de la Ley ´ederal de RadIo y TelevIsIón,
ya que la ley Impone a los dIstIntos órganos del ±stado de la admInIstracIón públIca y los
organIsmos públIcos, promover la transmIsIón de programas de dIvulgacIón con fines
de orIentacIón socIal, cultural y cívIca.
- ³olaboracIón con autorIdades Federales.
- VIolacIón del Artículo 118, párr. prImero, Frac. 2 COfiPE.
µor su parte, el ifE en su InForme cIrcunstancIado expresa que dentro de las accIones
necesarIas para lograr la adecuada dIFusIón del debate presIdencIal en comento, había
notIficado a dos mIl trescIentos treInta y cInco concesIonarIos y permIsIonarIos de la radIo
y televIsIón del país; que de este conjunto, a quInIentas setenta y sIete estacIones de radIo y
canales de televIsIón que son permIsIonarIos públIcos, se les comunIcó la oblIgatorIedad de
la transmIsIón del debate y que estaban a su dIsposIcIón todos los requIsItos técnIcos para
cumplIr con dIcha oblIgacIón y que al resto de los concesIonarIos y permIsIonarIos, se les había
turnado InvItacIón para que se sumaran al esFuerzo para conseguIr la dIFusIón del debate.
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El tepjf raTificó la d±cisión d±l Ife d± no soliciTar la Cad±na Nacional ±n bas± a los
sigui±nT±s argum±nTos:
1.
El Ife ±s la única auToridad FaculTada Para adminisTrar los Ti±mPos d±l EsTado.
2.
No Ti±n±n FaculTad±s Para ord±nar la Cad±na Nacional.
3.
El Ti±mPo d±l EsTado d±l cual gozan los ParTidos ±s diF±r±nT± al Ti±mPo Para d±baT±s.
4.
S± aT±ndió a las moTivacion±s ±sgrimidas Por los ParTidos, ya qu± duranT± la s±sión
±xTraordinaria d± 2 d± mayo d± 2012, Todos y cada uno Tuvi±ron la oPorTunidad d±
±xPr±sar sus argum±nTos y Fu±ron oídos Por los mi±mbros d±l Cons±Jo G±n±ral.
5.
S± Fundam±nTó y moTivó la n±gaTiva d± aProbar ±l acu±rdo, ya qu± Todos los Cons±J±ros
±sgrimi±ron duranT± la s±sión ±xTraordinaria cuál±s ±ran sus argum±nTos a Favor y
±n conTra d±l Proy±cTo.
6.
D±r±cho a la inFormación como d±r±cho humano. El tepjf ha r±conocido ±sT± d±r±cho
como un d±r±cho humano y ha ±sTabl±cido qu± Para qu± ±l ciudadano Pu±da ±J±rc±r
su d±r±cho d± voTo libr±m±nT±, d±b± T±n±r acc±so a la inFormación PolíTica diFundida
Por Todos los acTor±s acTivos (candidaTos y ParTidos PolíTicos) ±n una conTi±nda.
7.
EsTabl±c± ad±más, qu± ±l EsTado y sus div±rsos órganos ±sTán obligados a garanTizar qu±
Todos y cada uno d± los ciudadanos Pu±dan ±J±rc±r ±sT± d±r±cho, P±ro ±l ±J±rcicio d±l
mismo ±s oPTaTivo Para cada P±rsona. ²or lo TanTo, no s± Pu±d±n imPon±r m±canismos
qu± convi±rTan ±sT± d±r±cho y su ±J±rcicio ±n algo obligaTorio Para las P±rsonas, ya
qu± con ±llo ±sT± d±r±cho d±Jaría d± s±r Tal Para conv±rTirs± ±n una obligación. Sin
±mbargo, ±sTabl±c± qu± ±sT± d±r±cho Ti±n± límiT±s y no s± Pu±d± r±sTringir la lib±rTad
d± Pr±nsa ±n aras d± amPliar sin ProPorcionalidad ±l d±r±cho a la inFormación.
8.
L± asisT± la razón a la coalición ±n qu± ±l Ife no ha r±alizado las g±sTion±s n±c±sarias
Para qu± los d±baT±s s±an TrasmiTidos ±n Toda la R±Pública, Pu±s no hay c±rT±za ±n
qu± ±sTo ocurra, y lo inviTa nu±vam±nT± a r±alizar las g±sTion±s n±c±sarias.
Otros casos relevantes
1. Caso Nayarit
Algunos s±ñalan qu± ±n ±l caso ³Up-´µp-459-2011 (Caso NayariT), ±l tepjf habría Prohi-
bido la r±alización d± d±baT±s ±l±cToral±s. ²±ro ±n r±alidad, ±n ±sTa s±nT±ncia ±l tepjf dio
un bu±n Paso ±n la baTalla Por hac±r val±r los PrinciPios básicos ±n maT±ria ±l±cToral con su
s±ñalami±nTo d± la il±galidad d± la Transmisión d±l d±baT± ±nTr± Pr±candidaTos ±n NayariT
duranT± ±l Proc±so ±l±cToral d± 2010.
Lo único qu± s± sancionó ±n ±l caso d± NayariT Fu± la adquisición irr±gular d± un ±sPacio
±n la T±l±visión local Por ±l ²arTido Acción Nacional (pµ¶) y ±l ²arTido d± la R±volución
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Democrática (pRd). Si bien no existió un contrato ±e comPraventa formal que amPararía
la transacción entre estos Parti±os y la estación local ±e Televisa, el ²EpjF concluyó que era
evi±ente que se trataba ±e un tiemPo extraor±inario “a±quiri±o”, o en su caso “±ona±o” Por
la televisora, con el fin ±e ±ar a conocer las Posiciones Políticas ±e los Precan±i±atos ±e la
Posible alianza entre estos ±os Parti±os.
³ara tomar esta ±eterminación, la autori±a± consi±eró el hecho ±e que el ±ebate no tuvo
lugar ±entro ±e algún noticiero o Programa normalmente Programa±o Por la televisora, sino
que fue inclui±o como una transmisión extraor±inaria Previamente Pacta±a. Asimismo, es
±estacable que el ±ebate únicamente incluía a los Precan±i±atos ±el p´N y el pRd, excluyen±o
tanto a los can±i±atos ±el pRI como a los ±el p² y Convergencia.
Sin embargo, esta sentencia no es totalmente confiable Porque contra±ice en asPectos
imPortantes la ±ecisión ±el mismo ²EpjF resPecto a los Promocionales ±el quinto informe ±e
µnrique ³eña ¶ieto. µn este caso, los magistra±os ±eterminaron que los “contratantes” –es
±ecir ³eña ¶ieto– no tuvieron resPonsabili±a± alguna Por la transmisión ilegal ±e los
spots
a
nivel nacional. ³ero en el caso ±e ¶ayarit, el tribunal a±Ju±ica la resPonsabili±a± ±irectamente
a los que “a±quirieron” los tiemPos, el p´N y el pRd.
Habría que recor±ar que el marco legal en materia electoral no Prohíbe en absoluto la
exPresión ±e i±eas, sino solamente la mercantilización ±e la comPetencia Política. Hoy,
como siemPre, los noticieros y los canales ±e televisión y ra±io cuentan con total liberta±
Para ±ebatir asuntos Políticos, así como Para convocar a los can±i±atos y Precan±i±atos y
exPresar sus oPiniones libremente.
2. Caso tiempos de transmisión de
sPots
La sentencia ±icta±a Por el ²EpjF el 14 ±e sePtiembre ±e 2012, anuló las reformas al ·egla-
mento ±e Acceso a ·a±io y Televisión en Materia µlectoral, aProba±as Por el IFE el 27 ±e Ju-
nio, que re±ucían los Plazos Para la transmisión ±e los
spots
±e los Parti±os Políticos ±e cinco
a tres ±ías. µstas reformas se hicieron con el fin ±e facilitar un ±ebate Público más ±inámico
y robusto entre los ±iversos Parti±os y can±i±atos ±urante las camPañas electorales ±e 2012.
Las mo±ificaciones se Justificaron Plenamente Por la necesi±a± ±e a±ecuar el reglamento
a las exigencias ±e una camPaña Presi±encial que Presentaba una coyuntura ra±icalmente
±iferente a la ±e una elección interme±ia, como la ±e 2009, que únicamente renovó la
Cámara ±e DiPuta±os a escala fe±eral. Los cambios también encontraban resPal±o en el
artículo sexto constitucional, que garantiza nuestro ±erecho ±e acceso a la información, así
como en el Artículo 41 ±e la Carta Magna, que señala que el IFE es la autori±a± única Para
la a±ministración ±e los tiemPos ±el µsta±o en materia electoral.
³ero los magistra±os ±el ²EpjF anularon las mo±ificaciones ±el IFE Porque suPuestamente
la autori±a± no hizo las consultas necesarias a la Cámara ±e la ¸n±ustria ±e la ·a±io y la
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Televisión (cIrt), ni ofReCió sufiCien±es aRgumen±os ±éCniCos paRa jus±ifiCaR la modifiCaCión de
los plazos. Sin embaRgo, a la cIrt no le exigieRon ningún aRgumen±o ±éCniCo que demos±RaRa la
supues±a imposibilidad de CumpliR Con el nuevo pRoCedimien±o. TampoCo ±omaRon en Cuen±a
que la CámaRa empResaRial dejó pasaR onCe meses de deba±e sobRe la nueva Reglamen±aCión
sin habeR emi±ido opinión foRmal alguna.
En su sen±enCia, el t²PJF ColoCó ±oda la CaRga de la pRueba en manos del IF² e impuso
una seRie de CRi±eRios que debeRían RegiR la nueva Consul±a que ±endRían que RealizaR los
ConsejeRos eleC±oRales. ³oR ejemplo, exige que el IF² base CualquieR modifiCaCión, no en las
neCesidades fu±uRas, sino en la expeRienCia pasada Con la ±Ransmisión de los
spots
eleC±oRales.
También manda±ó que la jus±ifiCaCión sea es±RiC±amen±e “±éCniCa” y no “dogmá±iCa”. Es deCiR,
se deben pRivilegiaR los aRgumen±os de las RadiodifusoRas y ±elevisoRas sobRe la faC±ibilidad de
los plazos poR enCima de ConsideRaCiones más amplias sobRe la Calidad de la demoCRaCia o
la vigenCia de nues±Ras gaRan±ías Ciudadanas.
La deCisión del t²PJF favoReCió a los medios de ComuniCaCión poRque pRivilegió el 
status
quo 
y dio mayoR impoR±anCia a la opinión de los empResaRios afeC±ados que a las neCesidades
de la Ciudadanía. Una au±oRidad eleC±oRal CompRome±ida Con la demoCRaCia y los deReChos
Ciudadanos ±endRía que habeR pRoCedido pReCisamen±e en sen±ido Con±RaRio. ³aR±iRía de una
valoRaCión de las CondiCiones espeCiales que se pResen±aRían duRan±e la pRimeRa eleCCión
pResidenCial que se efeC±uaba de aCueRdo Con las nuevas Reglas de ComuniCaCión. También
pRivilegiaRía la opinión de los Ciudadanos poR enCima de los in±eReses de las pRinCipales
empResas oligopóliCas de los medios eleC±RóniCos.
³eRo quizás lo más gRave es que, ±an±o en su sen±enCia Como duRan±e la sesión públiCa,
los magis±Rados hiCieRon eCo de maneRa explíCi±a del Chan±aje de la cIrt RespeC±o del posible
inCumplimien±o masivo de las pau±as publiCi±aRias y su amenaza explíCi±a de poneR en Riesgo
la validez de las eleCCiones pResidenCiales de 2012. La magis±Rada MaRía del ´aRmen Alanís
deClaRó que, de habeR avalado el nuevo Reglamen±o del IF², “inCluso se podRía llegaR a una
no deseable obs±aCulizaCión de la opoR±una difusión de mensajes de paR±idos polí±iCos
y au±oRidades eleC±oRales”. Asimismo, la sen±enCia del t²PJF habla de “evi±aR medidas
iRRaCionales y el ConseCuen±e en±oRpeCimien±o u obs±aCulizaCión de la opoR±una y adeCuada
difusión de los pRomoCionales”. ´on ±al de no pRovoCaR la iRa de los ConCesionaRios de los
medios eleC±RóniCos, los magis±Rados eleC±oRales pRefiRieRon daRles un lugaR de pRivilegio en
la ConfeCCión de las Reglas del juego.
Conclusiones y propuestas
Hoy somos ±es±igos de una veRsión “modeRna” de las pasaRelas pRiís±as de siempRe. An±es,
los “pReCandida±os” pRimeRo paseaban poR el país, se dejaban ±omaR fo±os y o±oRgaban en-
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trevistas a los medios de comunicación, pero pocas veces había confrontación o debate
entre ellos. Después de un tiempo, llegaba el momento del “dedazo” y del “destape” en que
“el ganador” se presentaba sonriente ante las cámaras como el “mejor posicionado”. Poste-
riormente, tal y como lo describiera con tanta claridad don Daniel Cosío Villegas, venían
la operación “cicatriz” y la “cargada” alrededor del candidato seleccionado de manera uni-
lateral por el presidente saliente.
México sabe mejor que casi cualquier otro país que la mera celebración de elecciones
populares no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. La regla a lo largo
de más de 200 años de vida independiente, con algunas excepciones, ha sido precisamente
la celebración de comicios carentes de valor democrático. Este contexto histórico eleva
las exigencias de los mexicanos con respecto a la calidad de los procesos electorales en
comparación con otros contextos donde el sólo hecho de celebrar elecciones populares
constituye un viraje histórico.
El principal obstáculo para la construcción de la democracia en México es el legado
histórico de simulación institucional y política. Si pretendemos que algún día la ciudadanía
confíe totalmente en la actuación de las autoridades en materia electoral y reconozca la plena
legitimidad de las elecciones presidenciales, los consejeros y los magistrados tendrán que
transformar radicalmente su manera de actuar.
El IF± existe no solamente para contar boletas electorales y administrar los tiempos de
radio y televisión. La única función de los medios de comunicación no es la de informar
sobre los acontecimientos del día a día. Ambos actores también tienen el deber de facilitar
un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir
cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto
razonado.
Lamentablemente, en 2012 las instituciones electorales no cumplieron con estas altas
expectativas del pueblo mexicano. Tal y como hemos documentado más arriba, tanto el
IF± como el ²±³JF tuvieron un desempeño deficiente y sesgado a la hora de defender el
derecho ciudadano de acceso a la información y libertad de expresión durante las últimas
campañas presidenciales.
Para evitar que un escenario similar se repita en el futuro, podemos proponer las
siguientes medidas:
1. Más debates, mejor organizados y difundidos
Habría que reformar el Artículo 70 del ´OFI³± para hacer obligatoria la organización de por
lo menos seis debates presidenciales, con asistencia obligatoria para los candidatos presi-
denciales así como garantizar su difusión en Cadena Nacional para asegurar su más amplia
difusión en todo el territorio nacional.
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2. “Encuestas Deliberativas”
Más allá de convocar a debates adicionales, el IfE también debería inFormar directamente
a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los car-
gos de elección popular a nivel Federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la
problemática nacional. No hace Falta que esté presente ninguno de los candidatos para que
los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la exitosa experiencia de las ±ncuestas Deliberativas, organizadas en una
docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de StanFord,
5
ha demostrado que entre más y mejor inFormación tienen los ciudadanos, más auténtica
y razonada es su participación electoral. ±stas encuestas se levantan entre grupos de
ciudadanos que previamente son inFormados sobre las trayectorias y las propuestas de los
candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir –como
en las encuestas tradicionales– el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos
mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a
elevar el nivel del debate.
3)
“Modelo italiano”
±n ²talia existe una legislación ejemplar con respecto a la regulación estricta de la equidad
de la cobertura de las campañas electorales por los medios electrónicos de comunicación
(Astudillo, 2008: 142). La ley regula a los medios de radio, televisión y escritos para que
estos otorguen a los partidos políticos un acceso equitativo a sus espacios, pero su objeto
no es únicamente éste, sino que además pretende garantizar un tratamiento equitativo en
la inFormación que los medios emiten (Parlamento ²taliano, 2000).
Por ejemplo, un rasgo importante de la ley es que prohíbe a las empresas radiotelevisivas
–desde la Fecha de convocatoria a elecciones y hasta el cierre de la votación– indicar, sugerir
o expresar, aunque sea indirectamente, el sentido o las preFerencias del voto (
Ibid
., Artículo
5.2.).
6
También se espera de los conductores de radio y televisión un comportamiento
correcto, equitativo e imparcial en la gestión de sus programas, por lo que no deberán
pronunciarse –incluso en Forma encubierta– en un sentido que influencie la libre elección
de los votantes (
Ibid
., Artículo 5.3).
Otra Forma importante en que la autoridad garantiza los derechos de los ciudadanos
y usuarios de los servicios audiovisuales, se hace con la vigilancia del pluralismo
de la
5
6
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione
radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
(Art. 5:
Programmi d’inFormazione nei mezzi radiotelevisivi”).
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información por medio de un sistema de monitoreo de 24 horas para recoger datos de las
emisiones de las cadenas de televisión nacionales y con ello intervenir oportunamente en
caso de violación a la ley en materia de publicidad o en las obligaciones de programación
en materia política y social. Todas las violaciones a esta ley –ya sea por particulares o
autoridades– serán perseguidas de oficio. Sin embargo, ello no impide que cualquier entidad
política pueda denunciar cualquier violación en un plazo de diez días después de ocurridos
los hechos. La autoridad llevará a cabo una breve investigación de los hechos denunciados,
en consulta con las partes. Esto deberá realizarlo sin demora en un plazo de 48 horas. En
el caso de violaciones en la trasmisión de los mensajes políticos (
messagi politici),
además
de ordenar la suspensión de la trasmisión de esos programas, llevará a cabo las siguientes
acciones:
La asignación de espacios gratuitos para la trasmisión de mensajes políticos a favor
de quienes hayan sido dañados o mal excluidos a fin de restablecer la equidad en
la contienda.
La restauración del equilibro entre los espacios de mensajes y el acceso a la comu-
nicación política.
Las emisoras de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, trato igualitario, la
objetividad, imparcialidad y la equidad en la trasmisión de los programas de información
política; para asegurar lo anterior, en los 120 días siguientes a la entrada en vigor de esta
ley, los medios de comunicación debieron adoptar un código de autorregulación y buenas
prácticas para poner en acto la ley (11-Quater). La autoridad será la encargada de velar por
el cumplimiento de estas disposiciones y del código de buenas prácticas de los medios de
comunicación a la vez que puede sancionar a los organismos de difusión ya sea con la orden
de trasmitir algún mensaje o con la prohibición de trasmitir otro (11-Quinquies).
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