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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
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Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LIX, núm. 221| mayo-agosto de 2014 | pp. 207-220 | ISSN-0185-1918
207
Memoria y democracia. Una relación incierta
1
Memory and Democracy. An Uncertain Relationship
Elizabeth Jelin
Recibido el 24 de marzo de 2014
Aceptado el 16 de abril de 2014
Resumen
El artículo parte de una serie de constataciones sobre la creciente atención prestada a las memorias del pasado
reciente, especialmente en sociedades que han sufrido períodos de violencia política, dictaduras y guerras civiles.
Analizando el momento de la instalación de las marcas institucionales, territoriales y simbólicas (entendidas
como expresiones producidas por actores y movimientos sociales diversos y por políticas estatales que
responden a las demandas de estos actores sociales), se observa cómo las memorias del pasado reciente, de
sufrimiento y violencia política, actúan como estímulo de un sinnúmero de rituales, producciones culturales y de
búsquedas de interpretaciones y explicaciones. El artículo pretende poner en cuestión algunos de los supuestos y
sobreentendidos básicos implícitos en el “deber de memoria”: indagar en torno a la relación entre memoria y
justicia, entre memoria y democracia, y entre preservación-conservación y transmisión. Al analizar estas
relaciones, el trabajo se propone reubicar las memorias en el contexto de estructuras y procesos sociales más
amplios y de más larga duración, ligados centralmente a la persistencia de múltiples desigualdades sociales y a la
relación entre memoria y presente político. Para ello, se analizan algunos procesos institucionales estatales, en el
plano simbólico y en el ámbito de la educación y la transmisión, con el objetivo de presentar algunas situaciones
que permiten repensar y plantear nuevas preguntas sobre la relación entre memoria y democracia.
Palabras claves:
memoria; democracia; conmemoración; memorias del pasado reciente; violencia política.
Abstract
This paper begins with a series of findings on the increasing focus on the memories of the recent past,
particularly in societies that have undergone periods of political violence, dictatorships and civil wars. In
analysing the moment of installation of the institutional, territorial and symbolic marks (understood as
expressions produced by various actors and state policies and social movements that respond to the demands of
these social actors), one can see how memories of the recent past, suffering and political violence act as stimuli
for countless rituals, cultural productions, and a search for interpretations and explanations. This paper seeks to
question some of the basic assumptions and basic innuendos implicit in the "duty of memory": an exploration of
the relationship between memory and justice, between memory and democracy, and between preservation-
preservation and transmission. By analysing these relationships, this paper aims to relocate memories in the
context of broader and longer-lasting structures and social processes; centrally linked to the persistence of
multiple social inequalities and the relationship between memory and political present. To do this, some
institutional state processes are analysed, both at the symbolic level and in the field of education and
transmission, in order to present some situations that allow the task of rethinking and raising further questions
about the relationship between memory and democracy.
Keywords:
memory; democracy; commemoration; memories of the recent past; political violence.
1
Una versión previa de este artículo fue publicada en: Jelin, Elizabeth, (2013) “Memoria y democracia. Una
relación incierta” en
Política / Revista de Ciencia Política.
Vol. 51, núm. 2, pp. 127-142. La autora agradece los
comentarios recibidos a la versión anterior, expresados en el Foro “Memoria y democracia”, realizado en el mes
de abril de 2014, organizado por el Foro sobre Memoria Social e Historia Reciente, Núcleo de Estudios sobre
Memoria y la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social del Instituto de Desarrollo Económico y
Investigadora social. Doctora en Sociología. Investigadora Superior del Instituto de Desarrollo Económico y
Social, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (Argentina). Sus líneas de investigación
son: derechos humanos y ciudadanía, memoria, movimientos sociales, familia. Entre sus últimas publicaciones
destacan:
Los trabajos de la memoria
(2012);
Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el
mercado
(en coautoría con Esquivel y Faur) (2012) y “Sexual Abuse as a Crime Against Humanity and the Right
to Privacy” (2012). Correo electrónico: elijelin@gmail.com
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Este artículo parte de una serie de constataciones sobre la creciente atención prestada, en la
esfera pública y en el campo académico, a las memorias del pasado reciente, especialmente en
las sociedades que han sufrido períodos de violencia política, dictaduras y guerras civiles. En
efecto, las marcas institucionales, territoriales y simbólicas explícitamente ancladas en el
pasado reciente de violencia y represión han proliferado en el mundo contemporáneo. Se trata
de expresiones producidas por actores y movimientos sociales diversos y por políticas
estatales que responden a las demandas de estos actores sociales; algunas veces ocupando
posiciones en el Estado. Las justificaciones son diversas, incluyendo procesos individuales y
grupales
(expresión
y
elaboración
de
sufrimientos
vividos,
solidaridad
con
víctimas,
homenaje a quienes ya no están) y argumentaciones y creencias que ligan el “deber de
memoria” con la construcción de futuros más democráticos y sin violencias. En este segundo
caso, el énfasis está puesto en la preocupación por los legados y por la transmisión a las
nuevas generaciones, lo que podríamos llamar la dimensión “pedagógica” de la memoria.
Hay una extensa bibliografía que analiza el primer tipo de procesos y su justificación,
necesariamente ligados a los acontecimientos pasados: homenajes a víctimas, reconocimiento
simbólico de sufrimientos, demandas de reparaciones económicas y simbólicas, expresiones
de solidaridad, pedidos de justicia. Se trata de iniciativas de familiares y víctimas, de grupos
de solidaridad, que reclaman el reconocimiento y el homenaje a través de memoriales,
monumentos y otras marcas territoriales, de investigaciones históricas, de recolección de
testimonios o de archivos documentales. También entra en este proceso la elaboración
artística y performática realizada por múltiples actores y a través de múltiples medios como el
cine, la literatura, el teatro, las artes plásticas, etc. En suma, las memorias del pasado reciente,
de sufrimiento y violencia política, actúan como estímulo de un sinnúmero de rituales,
producciones culturales y de búsquedas de interpretaciones y explicaciones.
Todos los procesos de conmemoración, de marcas territoriales y recuperaciones, de
consagración de fechas, de cambio de nombre a las calles o de iniciativas de este tipo son
actos conmemorativos que tienen al menos dos etapas. En un primer momento, su instalación
responde a una demanda de un grupo humano de emprendedores que intentan inscribir ciertos
sentidos a fechas o a lugares, físicos o simbólicos. Nunca sucede por azar, sino que es
producto de la presencia de sujetos activos en un escenario político de lucha en el presente, un
presente ligado a acontecimientos pasados. Sabemos que aun cuando los promotores y
emprendedores traten por todos sus medios de imponerlos, los sentidos nunca están
cristalizados o inscriptos en la piedra del monumento o en el texto grabado en la placa. Estos
no son más que un soporte, lleno de ambigüedades, para el trabajo subjetivo y para la acción
colectiva, política y simbólica, de otros actores, en otros momentos históricos y en otras
coyunturas político-sociales posteriores. Al respecto, hay monumentos y memoriales “que
trabajan”, que promueven una labor de memoria activa, que despiertan en quienes se
confrontan y encuentran con ellos una reflexión y una voluntad de acción para intervenir en el
presente y en el futuro. O sea, una intención pedagógica anclada en una interpelación activa
antes que en una transmisión de información más pasiva.
La segunda etapa, que puede coincidir temporalmente con el momento de la
instalación, refiere a la intención “pedagógica”, a la significación que se quiere dar a la
conmemoración para el resto de la gente y para las generaciones futuras. Insisto: nadie puede
asegurar que el sentido que quisieron darle los iniciadores de la conmemoración se mantenga
en
el
futuro. Se
requiere
para
esto
la
presencia
de un
grupo
humano
que
active
permanentemente el sentido de esa conmemoración y promueva la transmisión del sentido
que se le dio originalmente a la marca. Pero no hay garantía de que otros tomen esa bandera.
Antes bien, hay quienes ven en la instalación de la marca o el monumento una oportunidad de
incitar a la reflexión y a la acción en el futuro, a través de marcas que choquen, disturben o
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provoquen al/a visitante.
2
De lo contrario, muchas de las marcas conmemorativas se pueden
convertir en mobiliario urbano habitual, o pueden cobrar sentidos no previstos.
O sea que,
además del acto de homenaje, toda marca ligada al pasado tiene inscripta en sí misma un
horizonte de futuro, una idea de que lo que se inscribe hoy (en relación con el ayer) carga un
mensaje para mañana, una intención de intervenir para que el futuro sea mejor, para que no
repita los errores y horrores del pasado.
Este texto trabaja especialmente sobre el segundo tema, que toma como eje el
horizonte de futuro, el impacto o efecto de la memoria en los cambios sociopolíticos que se
quieren ver plasmados. El objetivo es poner en cuestión algunos de los supuestos y
sobreentendidos básicos implícitos en ese “deber de memoria”: la relación entre memoria y
justicia, entre memoria y democracia, y entre preservación-conservación y transmisión. Al
analizar estas relaciones, el trabajo se propone reubicar las memorias en el contexto de
estructuras y procesos sociales más amplios y de más larga duración, ligados centralmente a
la persistencia de múltiples desigualdades sociales y a la relación entre memoria y presente
político.
En el momento fundacional de las transiciones, hubo una consigna clara que, dicho de
distintas maneras, se repetía una y otra vez: “nunca más”. Implícita en esta consigna estaba la
idea de que era necesario crear las condiciones para que la violencia vivida no se repita
“nunca más” en el futuro. ¿Cómo interpretar esta consigna? ¿Qué es lo que no hay que
repetir? ¿De qué condiciones se estaba hablando? Surge en un primer momento un mandato,
un “deber de memoria”, ligado a la idea de “recordar para no repetir”. Pero, ¿qué era lo que
había que “recordar para no repetir”? Puesto de manera tajante, ¿la violencia o las
condiciones que le dieron origen?
El argumento central vinculaba la memoria de la violencia y las atrocidades pasadas
con la construcción de sistemas democráticos, y la transmisión de esas memorias como
fundantes de una ciudadanía democrática en el futuro. En realidad, hace veinte o treinta años,
en el momento de las transiciones postdictatoriales en el Cono Sur, teníamos la certeza de que
había una relación necesaria entre la activación de las memorias del pasado represivo y los
procesos de institucionalización democrática. Esa certeza se convirtió en un
slogan
y tanto el
mundo académico como el mundo activista y los políticos/as progresistas lo dieron por
supuesto. Muchas y muchos lo siguen dando por supuesto. Me refiero a la idea de que hay
que recordar para no repetir, de que sólo recordando y teniendo una política activa en relación
con el pasado dictatorial se podría construir democracia hacia el futuro. Este era el supuesto y
el motor del compromiso político que estaba por detrás de aquel proyecto. Pasados los años,
este supuesto se convirtió en una gran pregunta: una política activa de memoria ¿es condición
necesaria para la construcción democrática? Y cuando digo construcción democrática me
refiero a diferentes ámbitos y niveles de la vida pública, incluyendo también las propuestas
pedagógicas.
Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Qué aspectos específicos de
la democracia están ligados a la activación de qué memorias del pasado dictatorial y de
violencia? Propongo desarticular y descomponer la relación entre memoria y democracia, y
explorar en qué aspectos concretos de la democracia opera la activación de memorias del
pasado dictatorial. Para ello, analizaré algunos procesos institucionales estatales, procesos en
el plano simbólico y en el ámbito de la educación y la transmisión. No es el objetivo presentar
un análisis exhaustivo de todos los procesos y dimensiones de cambio en estos ámbitos, sino
presentar algunas situaciones que nos permitan repensar y plantear nuevas preguntas sobre la
relación entre memoria y democracia.
2
En esta línea se ubican los trabajos artísticos de Horst Hoheisel, el movimiento contramonumento en Alemania
(Young, 1993 y 2000), y la obra de Julian Bonder en el memorial de la esclavitud de Nantes.
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Procesos institucionales estatales
Tanto en el título de este artículo como en su argumento uso reiteradamente la palabra
“democracia”. Es sabido que el concepto es controvertido, que hay múltiples sentidos y
múltiples adjetivaciones que lo califican: formal, real, sustantiva, participativa o delegativa,
entre otras. Quienes asocian y discuten la relación entre memorias del pasado violento
reciente, el horizonte democrático del presente y el futuro nos están hablando, en realidad, de
una multiplicidad de dimensiones y de concepciones de “democracia”.
3
Comencemos con los aspectos institucionales y formales de un régimen político
democrático. Una mirada sobre la transición postfranquista en España indica que frente al
silencio y represión de los recuerdos de la Guerra Civil durante los cuarenta años de
franquismo, hubo una explosión de recuerdos de la Guerra Civil en testimonios y múltiples
producciones culturales –tanto en el cine como en la literatura y en la música
. En términos
institucionales, sin embargo, la referencia al pasado se manifestó en una forma especial de
“nunca más”: que no se repitan enfrentamientos y conflictos tan profundos como el que llevó
a la Guerra Civil. En verdad, se hizo muy poco o nada en cuanto al reconocimiento estatal de
las violencias dictatoriales del pasado reciente, o de las atrocidades y sufrimientos de la
Guerra Civil de cuarenta años atrás. En el momento de la transición, el Estado no llevó
adelante ninguna política de justicia o de memoria que pusiera a las víctimas en el centro de la
escena (recordemos que el paradigma de los derechos humanos recién se empezaba a plantear
en el espacio internacional de los años setenta). No hubo juicios, e inclusive no se implementó
una política de remoción de los símbolos del franquismo, que hoy en día se piensa y se
promueve internacionalmente bajo el rótulo de “justicia transicional”.
En la superficie, parecería que se trató de una transición anclada en el silencio, o
incluso en la promoción del olvido. Sin embargo, al menos en la interpretación de Aguilar
Fernández (1996), se trató de una operación con un anclaje de la memoria en un tiempo
específico, que ayudaba a no repetir las condiciones institucionales en las que se agudizó el
conflicto que desembocó en la Guerra Civil. La mirada estaba puesta más bien sobre los
conflictos políticos que ocurrieron durante la Segunda República, y mucho menos sobre la
Guerra Civil y el franquismo. En realidad, la política de memoria en España es muy reciente:
la Ley de Memoria Histórica Española es del año 2007. La discusión sobre el pasado, sus
memorias y sus secuelas se han intensificado en la última década, cuando pasaron más de
setenta años desde la Guerra Civil y casi cuarenta desde la muerte de Franco (Vinyes, 2009).
Sin embargo, nadie duda de que en España la democracia formal
el sistema electoral, la
división de poderes, etcétera
está consolidada.
Algo análogo podría decirse de la transición en Chile, cuando las fuerzas políticas
democráticas armaron –y mantuvieron durante un par de décadas
una “concertación” entre
Democracia Cristiana y Socialismo que hubiera resultado impensable años antes. El intento se
orientó a no repetir la confrontación política pregolpe, reemplazando la confrontación por la
concertación.
En los dos casos, los actores políticos apostaron a una construcción del nuevo orden
que no fomente el tipo de conflictos del pasado. En España y en Chile, el diseño institucional
en el momento de la transición estuvo armado sobre la base de una memoria para no repetir,
no referida específicamente a la violencia de la guerra y a la dictadura, sino a las condiciones
institucionales dentro de las cuales se generó el campo de violencia. Ciertamente, no hay
incompatibilidad entre el énfasis de memorias concentrado en un momento histórico o en
3
La autora agradece especialmente el comentario de Aldo Marchesi en el Foro mencionado, por resaltar la
necesidad de identificar de qué democracia hablamos, dada la polisemia del término. El comentario de Marchesi
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otro. Desde un punto de vista normativo, ambas son igualmente válidas y aun necesarias, al
igual que las memorias de muchos otros momentos históricos vinculadas con conflictos y
violencias hacia grupos sociales subalternos, en una perspectiva de memoria de larga duración
en lugar de una definición de memoria reciente. Sin embargo, la realidad indica que hay una
historicidad en las memorias dominantes: los actores históricos “usan” o seleccionan los hitos
del pasado que activan para incorporar en las confrontaciones presentes, en escenarios
sociales y políticos en los que actúan. El pasado que reaparece, en las memorias, interactúa
entonces con las situaciones del presente.
En Chile y en España, como en muchos otros casos, hubo períodos de silencios
institucionales, que delegaron la activación de las memorias de las víctimas de la represión
estatal a otros ámbitos; por ejemplo, las políticas de reparación llevadas adelante en Chile o
las políticas de fomento a la actividad cultural desplegadas en muchos otros lugares. De ese
modo, algunas de las “cuentas pendientes” con el pasado en el ámbito estatal quedaron
relegadas, aunque no resueltas, por lo que reaparecieron años después. En este sentido, si se
mira el proceso de transición desde una noción más amplia de democracia, se evidencia que
quedaron y quedan muchas deudas pendientes.
4
El caso argentino fue diferente. El énfasis estuvo puesto en el ámbito de la justicia. En
el momento de la transición, una de las ideas guía centrales era que si había impunidad hacia
el pasado se llevaría la impunidad hacia el futuro, incluidas sus implicancias en la
construcción de un Estado de derecho. En Argentina hubo juicios cuando en otros lugares se
decretaban amnistías. Pero más allá del funcionamiento específico del aparato judicial en los
casos vinculados con la represión, cabe preguntar cuál es el efecto de la instrumentación de
juicios en la visibilidad social del aparato judicial y en la calidad de la institucionalidad
democrática. ¿Mejora el aparato judicial en su conjunto el hecho de haber enjuiciado a los
represores o de estar haciendo hoy en día juicios vinculados con la represión del pasado? Sin
ninguna duda –aunque esto sea tema de debate normativo y político por parte de numerosos
actores políticos y académicos en distintos lugares del mundo
hubo crímenes y estos deben
ser sometidos a la justicia, lo cual permite dirimir responsabilidades y culpas. Estos juicios
permiten también mostrar un sistema judicial que opera y actúa. Y eso resulta fundamental,
frente a una historia de larga data en que el Poder Judicial fue muy ajeno a la gran mayoría de
la población.
Los juicios de los años ochenta tuvieron un papel fundamental en los cambios en la
conciencia ciudadana y en el sistema de significados de la institucionalidad para grandes
sectores de la población argentina. Recordemos que en los países de América Latina, el Poder
Judicial siempre había sido un instrumento de poder de las burguesías y de los sectores
dominantes. Pero, al menos en la Argentina, esto empezó a cambiar con las demandas del
movimiento de derechos humanos. A comienzos de los años ochenta, cambió inclusive la
espacialidad de las marchas y de las demandas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. En el
pasado, las movilizaciones por demandas sociales y políticas de cualquier tipo
sindicales,
políticas o de otro tipo
tenían un recorrido conocido y reconocido: se desarrollaban en el
kilómetro que separa el edificio del Congreso Nacional de la Casa de Gobierno, interpelando
al Poder Legislativo y al Ejecutivo. En el momento de la transición, las marchas y reclamos
empezaron a ser triangulares, incorporando al Palacio de Justicia en el recorrido. Esta llegada
de grupos sociales al frente del Palacio de Justicia puede ser tomada como una expresión
espacializada, una metáfora espacial, de un cambio que tuvo consecuencias en términos de la
4
Para seguir con los casos de Chile y España, las políticas hacia los pueblos originarios en Chile y las políticas
inmigratorias en España actuales se alejan mucho de una noción inclusiva de democracia y de derechos. En estos
y otros puntos, agradezco especialmente a Pilar Calveiro sus comentarios a la versión anterior de este artículo.
Los comentarios de Pilar se encuentran en: <http://memoria.ides.org.ar/archivos/2271>.
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incorporación del Poder Judicial como una institución ante la cual la ciudadanía podía y
puede actuar para reclamar derechos.
Esta centralidad del Poder Judicial, que se mantuvo con altibajos durante treinta años,
tuvo efectos de diverso tipo. Por un lado, provocó lo que algunos califican como “excesos”,
en el sentido de lo que ahora llamamos “la judicialización de los conflictos políticos”. Frente
a una multiplicidad de conflictos políticos, en vez de que los actores del mismo se sienten
frente a la mesa de negociación política, la reacción es presentar esos asuntos e intentar
resolverlos en los estrados judiciales, con el peligro de la sobrejudicialización de los
conflictos políticos. Sin entrar a analizar la historia de los cambios en el Poder Judicial en las
últimas décadas, lo que puede decirse es que esa primera instancia de juicios a los
excomandantes, realizados en 1985, tuvo un efecto cultural significativo en cuanto a la
presencia de la instancia judicial como ámbito de reclamo de derechos ciudadanos. Pensemos,
por ejemplo, en la cantidad de juicios de jubilados que se han acumulado a lo largo de los
años. Son cientos de miles de jubilados que sienten que sus derechos han sido violados y que
por lo tanto pueden apelar al sistema judicial. O sea, la idea de que, si se violan derechos,
existe una instancia específica a la cual recurrir, es un producto cultural en cuya construcción
han jugado un papel central los juicios por las violaciones a los derechos humanos llevados a
cabo durante la dictadura. Luego, por supuesto, hay que analizar cómo funciona esa instancia;
si se puede confiar o no en la justicia. Pero la idea de que la ciudadanía dispone de espacios
institucionales en el Estado donde puede reclamar por sus derechos, y que el Poder Judicial es
una de esas instancias, es un aporte a la democracia de los juicios llevados a cabo en los años
ochenta, más allá del hecho específico de que se hayan juzgado y condenado a personas por
esos crímenes.
Por otro lado y de manera casi especular, la centralidad del Poder Judicial implicó el
movimiento opuesto, de “politización del aparato judicial”: demandas y disputas acerca del
reclutamiento y actuación de jueces, propuestas de “democratización” y confrontaciones entre
el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Quizás sea todavía temprano para analizar comparativamente y a escala mundial el
derrotero de la institución judicial post transición. A partir de los años ochenta, hay quienes,
en
distintos
lugares
del
mundo,
han
propuesto
amnistías
y
procesos
de
consenso
y
reconciliación, argumentando que llevar adelante juicios significa mantener o incluso
profundizar los conflictos políticos y la violencia, impidiendo que las heridas cicatricen.
Sobre la base de información recolectada y organizada sistemáticamente respecto de los
juicios llevados a cabo en el mundo por violación a derechos humanos, Kathryn Sikkink
(2011) detecta una “cascada de justicia”, un crecimiento exponencial de juicios y de tiempos
y períodos en que se llevan adelante estos procesos en el mundo. Es decir, se expande la
utilización del aparato de justicia para encarar estos crímenes. En segundo lugar, muestra que
es falso pensar que existe una opción entre alternativas excluyentes: juicios por un lado,
comisiones y otras medidas de atención a víctimas por otro. En otras palabras, no hay una
oposición entre “justicia” y “verdad”. Emprender un tipo de acción implica también llevar
adelante otras. Comisiones de verdad, juicios, reparaciones y otras medidas se potencian
mutuamente, en una espiral de “verdad, justicia y memoria”. Tercero, y esto importa aquí, no
hay evidencia alguna que indique que los juicios por violaciones a los derechos humanos
constituyen una amenaza a la estabilidad democrática. Por supuesto, no hay tantos casos ni
tanto tiempo transcurrido como para medir efectos en plazos más largos. Está claro que las
medidas institucionales de tratamiento del pasado no le hacen mal al sistema político. Queda
abierta la cuestión, sin embargo, de saber a qué aspectos institucionales les “hacen bien”.
Estos no son más que ejemplos de algunas vinculaciones –inciertas, no directas o
lineales
entre las maneras de elaborar respuestas al pasado reciente y la conformación de
instituciones más democráticas. En revisiones más amplias, otros ejemplos pueden ser
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añadidos. Además, quedan sin responder las preguntas acerca de los efectos institucionales
específicos de las “políticas simbólicas de memoria”. Para ello sería necesario hacer un
análisis
comparativo
de
la
calidad
institucional,
viendo cómo
fueron
aplicados los
instrumentos que ahora se llaman “justicia transicional”, y si eso tuvo algo que ver con lo que
pasó en el desarrollo institucional posterior a los períodos dictatoriales.
Procesos sociales, culturales y simbólicos
Sólo recientemente el paradigma de los derechos humanos se ha ido incorporando en la vida
social. Fue en los años setenta, frente a los procesos represivos de las dictaduras del Cono Sur
(primero Uruguay, luego Chile y después otros países), que comenzó a extenderse la
interpretación de lo que estaba ocurriendo como “violación a los derechos humanos” (Keck y
Sikkink, 1998; Markarian,
2006). Hasta
ese
momento,
y
aun
cuando
los
países
latinoamericanos habían sido promotores y signatarios de la Declaración Universal de 1948,
los conflictos políticos y la violencia represiva eran interpretados en clave de “ganadores” y
“perdedores”
antes
que
como
“víctimas” y
“victimarios”.
A
partir
de
la
expansión
internacional del nuevo paradigma, el encuadre de los derechos humanos, su vigencia y las
condenas a las violaciones se fueron tornando hegemónicos.
En relación a ello, varias cuestiones gravitan, y quiero plantear como hipótesis la de
un posible desacople en la relación entre memoria del pasado reciente y la expansión de una
cultura de los derechos humanos. Inicio la revisión desde Argentina, donde desde mediados
de la década de los setenta se forjó un movimiento de denuncia y lucha contra los crímenes
que se estaban cometiendo durante la dictadura. De manera gradual pero muy sostenida, esos
crímenes se fueron interpretando en la clave del paradigma de la violación a los derechos
humanos. Sin ninguna duda, los derechos humanos fueron violados sistemáticamente: se
llevaron a cabo torturas, desapariciones, asesinatos, privación ilegítima de la libertad,
apropiación de niños nacidos en cautiverio –todos ellos crímenes espantosos que atentan
contra la vida y la integridad de las personas
. En la terminología y la normativa internacional
actual, estos actos son crímenes “de lesa humanidad” y no prescriben.
Ahora bien, a partir de la instalación del paradigma de los derechos humanos en el
mundo durante los años setenta, el conjunto de organizaciones y el desarrollo del activismo
que reclama por los crímenes cometidos durante las dictaduras es caracterizado y denominado
“movimiento de derechos humanos”. Como consecuencia, al menos en Argentina, la
expresión “derechos humanos” quedó pegada a la dictadura. Pero es sabido que la noción de
derechos humanos es mucho más amplia, y la pregunta que queda abierta es bajo qué
condiciones la atención prestada a la memoria de las dictaduras ayuda u obstruye la
aceptación social y estatal de una concepción amplia de los derechos humanos, que incorpore
una perspectiva universal de derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y
culturales, individuales pero también de incidencia colectiva.
Dada la intención de enfrentar e intentar resolver o mitigar los efectos y legados de las
dictaduras, las políticas de la memoria societales y estatales han incluido el reconocimiento
simbólico por parte del Estado, la recuperación y el señalamiento de los centros clandestinos
de detención, las conmemoraciones en fechas significativas, las disputas acerca de museos,
memoriales y archivos. Están también las políticas judiciales y las económicas o de políticas
sociales vinculadas con la “reparación” a las víctimas.
Aparece aquí una nueva cuestión con la noción de derechos humanos. Además de
tratar de saldar las cuentas con las víctimas de la represión y la violencia de la historia
reciente, ¿qué otras dimensiones incluye esta noción? A menudo, la experiencia es de una
disociación o segmentación, como si se tratara de dos ámbitos diferentes. Uno, el de las
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dictaduras; otro, que a menudo no se denomina “derechos humanos”, que se liga a otras
cuestiones. Reitero algo ya dicho: los derechos humanos remiten a algo mucho más amplio
que las violaciones que ocurrieron en tiempos de dictaduras. Los derechos de los presos en las
cárceles, el derecho al trabajo y toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales,
así como los reclamos territoriales por parte de los pueblos originarios, son parte de la agenda
de derechos humanos. Sin embargo, en el sentido común asimilado en el Cono Sur, la
expresión “derechos humanos” está más ligada a las memorias de la dictadura que a la
situación de un niño de la comunidad indígena wichi que se muere de hambre en la Provincia
del Chaco. Para muchos de las y los protagonistas de las luchas ligadas a la memoria del
pasado, la relación entre las memorias de la dictadura y la construcción de una cultura de los
derechos humanos más amplios no es el tópico dominante; lo es el reclamo por más y más
políticas de memoria. Pocas veces se amplía el campo de demandas para vincular unas y
otras.
En este punto, además, es importante mirar la temporalidad de los fenómenos a los
que nos estamos refiriendo. Hay un tiempo “corto” de las dictaduras y la violencia y la
transición posterior, período en el que estamos inmersos ahora. Y hay un tiempo “largo” de
conformación de estructuras sociales e históricas, donde las desigualdades de poder, las
discriminaciones y exclusiones ocupan otros lugares. Cuando se estudian las memorias de
grupos específicos, aparece la condensación del tiempo largo y el tiempo corto; hay memorias
de larga duración y memorias más cortas, las cuales están interrelacionadas. En su estudio
sobre las memorias de la última dictadura en comunidades del norte de la Argentina, Ludmila
da Silva Catela trabajó en torno a las nociones de “memoria larga” y “memoria corta” (da
Silva Catela, 2007). Esta cuestión está también presente en el trabajo de Kimberly Theidon
sobre las memorias de las mujeres en comunidades indígenas del Perú (Theidon, 2007). En el
trabajo etnográfico en este tipo de comunidades, la dictadura, la represión y la violencia del
pasado reciente se superponen con discriminaciones y violencias estructurales de muy larga
data, lo cual hace que el pasado reciente sea interpretado en claves de más larga duración. En
otro contexto, como lo ocurrido en Japón (luego del terremoto, el
tsunami
y la fuga radiactiva
de 2011), mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de la memoria de Hiroshima en la vivencia actual
de la población japonesa de Fukushima?
Este tipo de preguntas son las que se hace quien mira la realidad en un momento dado
con una perspectiva de memoria larga y de historia. Al respecto, recordemos lo que dice el
prefacio del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (
CVR
) en Perú:
De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el
quechua.
Se trata, como saben los peruanos, de un sector de la población históricamente
ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de
nuestra comunidad política.
La Comisión no ha encontrado bases para afirmar, como alguna
vez se ha hecho, que éste fue un conflicto étnico. Pero sí tiene fundamento para aseverar que
estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a
la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del
PCP
-Sendero Luminoso y
agentes del Estado por igual,
ese desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la
vida cotidiana de los peruanos
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003: 1-2).
Cuando hoy hablamos de memoria, estamos hablando de memoria del sufrimiento, de
la dictadura, de las violaciones a los derechos humanos, de la criminalidad del régimen, etc., y
las memorias que se rescatan y que los actores reivindican son memorias de esas situaciones
límite. La pregunta que queda en el aire es: más allá de las propias víctimas, ¿para quién
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resultan importantes estas memorias? ¿Qué recordar del pasado para construir qué tipo de
régimen? ¿Qué tipo de institucionalidad democrática?
5
La generalización del paradigma de los derechos humanos implica la centralidad de la
víctima y el reconocimiento de su sufrimiento, así como la intención de reparación. Esto
puede llevar a una creciente presencia de demandas ancladas en la autoidentificación como
víctimas, o sea, a una tendencia a la victimización. Ser víctima parece dar derechos –inclusive
a los perpetradores, como es el caso de los militares argentinos que se presentan públicamente
como víctimas o a los políticos que se presentan como víctimas de la manera en que son
tratados por los medios.
Definirse como víctima de violaciones implica poner el énfasis en las vejaciones que
se han sufrido, y esto implica al mismo tiempo dejar en segundo plano –o aun silenciar
la
capacidad de acción, como sujeto reflexivo y propositivo. De ahí la contradicción entre la
victimización presente en el paradigma de los derechos humanos y las demandas en clave
ciudadana. Si se piensan como alternativas excluyentes, pareciera que al hablar desde la
ciudadanía activa, se estuviera negando el dolor, el sufrimiento o la violación de los derechos.
Sentido educativo y pedagógico de la memoria y la transmisión.
¿A quiénes? ¿De qué?
Niños y jóvenes, con sus maestras, maestros y a veces con guías especializados, visitan sitios
de memoria, memoriales y museos. Se ven pasar los grupos, de diversas edades. En
Auschwitz o en Sachsenhausen (lugares que he visitado recientemente), pueden verse grupos
de alumnos de diversas edades –entre 8 y 10 años; entre 15 y 16
. Caminan, se detienen en
algún lugar donde reciben alguna explicación, y siguen. Como todo grupo infantil, algunos
están cerca de sus instructoras e instructores y escuchan lo que se les dice. Otros se distraen,
juegan entre ellos, miran para otro lado –todo lo que puede esperarse de grupos infantiles y de
adolescentes
. No sabemos qué pasa antes o después: con qué preparación llegan a la visita;
cuánto de lo que se les muestra o ven es discutido, analizado, problematizado antes de la
visita o al regresar al aula. Las “explicaciones” que se escuchan en el lugar del hecho son, en
realidad, descripciones literales de lo que se hacía en cada lugar del campo o sitio: “aquí, en
estas barracas, vivían los prisioneros”; “había lugar para ‘x’ número de personas, pero hubo
momentos en que vivían tres, cinco o cincuenta veces más”. “Los baños no alcanzaban”, “la
comida era escasísima”, “se los despertaba a tal hora y tenían que formar fila”. Las
descripciones narran el horror. No parece haber lógica o racionalidad de la acción que pueda
ser transmitida. Se trata de relatos del horror, donde había villanos y víctimas.
Mirando estas escenas, viendo a las y los niños correteando en la entrada al campo de
Auschwitz de la misma manera en que corretean en un día de campo o en una visita al
zoológico, la pregunta se impone: ¿para qué? ¿Cuál es el sentido pedagógico de la visita? ¿Es
un ritual, muchas veces repetitivo, parecido a izar la bandera en la escuela, o cantar el himno?
¿Es enseñanza de la historia? ¿Se trata de un propósito de formación cívica, de contribuir a la
5
Vinculando este punto con el anterior referido a los cambios institucionales, cabe recordar que en las últimas
décadas, las reformas constitucionales de los países de la región han reconocido muchos “nuevos” derechos,
ligados a discriminaciones y desigualdades históricas y estructurales, especialmente los derechos de los pueblos
originarios. En estos cambios, ¿tuvieron algún papel las memorias de las dictaduras y las violencias? ¿O fue el
producto de cambios en el clima internacional y en la correlación de fuerzas políticas internas a cada país?
Además, la pregunta es si los cambios normativos se manifiestan en las prácticas estatales (políticas dirigidas a
revertir desigualdades) y en las prácticas sociales (discriminación étnica y de género, entre otras). Estos son
cambios que apuntan a más democracia, pero ¿tiene que ver la memoria del pasado reciente con esta
implementación?
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formación de las y los ciudadanos solidarios, responsables, democráticos? No es el propósito
de esta sección del artículo participar en el debate sobre el para qué enseñar historia; tampoco
en los debates sobre la relación entre verdad y narración. Más bien, el objetivo es ingresar al
tema desde diversos programas y proyectos extracurriculares o extraescolares, ligados a los
sitios de memoria o a programas de extensión, no desde la enseñanza de la historia reciente en
el currículo escolar. ¿Visitas o paseos? Preparar materiales educativos, ¿de qué tipo?, ¿para
qué?
Hay diversos modelos o propuestas, implícitos y explícitos, en estos programas. En un
primer modelo, el énfasis está puesto en transmitir información sobre lo ocurrido, partiendo
del supuesto de que si se sabe qué pasó, esto incide directamente en la “formación”
(democrática, ciudadana, cívica, u otras denominaciones) de los sujetos. “Recordar para no
repetir” significa armar un relato fáctico de lo ocurrido y transmitirlo. En los períodos post
violencia, después de las catástrofes sociales, cuando la magnitud y naturaleza de lo ocurrido
todavía no están sistematizadas o encuadradas en una narrativa con sentido, se requiere una
etapa de organización de datos fácticos, de elaboración de un relato de lo ocurrido. Paso
previo a cualquier estrategia de transmisión. Cartillas, películas documentales y de las otras,
clases alusivas, fascículos, cronologías, etc., son los vehículos que se eligen con el fin de
transmitir
información. Muchas
visitas
guiadas
a
sitios
de
memoria
(ex
campos
de
concentración o de detención) organizan los recorridos reproduciendo de la manera más literal
posible el patrón de “lo ocurrido”.
La relación entre información y orientación o práctica ciudadana, sin embargo, no es
lineal o directa. La pedagogía contemporánea lo sabe. En consecuencia, cada vez más, la
estrategia de transmisión anclada en la información es complementada o incluso reemplazada
por otra que promueve la reflexión, y que recibe –según el programa del que estemos
hablando
nombres tales como “reflexión crítica”, “memoria democrática”, “memoria
histórica”, “procesos autónomos locales y regionales de esclarecimiento de la verdad y
construcción de las memorias”, entre otros. Todos estos programas comparten una idea
subyacente: el “deber de memoria”, el convencimiento de que existe un imperativo moral o
deber cívico de recordar el horror y que ese recuerdo –mediado ahora por la capacidad
reflexiva de los sujetos
es un antídoto para prevenir violencias y horrores futuros. Y hay
todavía algo más: que esa memoria y esa obligación moral de alguna manera aseguran la
formación de ciudadanos y ciudadanas con convicciones y prácticas democráticas.
Veamos algunos ejemplos. Desde el momento de su formación en 1999, la Comisión
Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires se propuso tareas educativas y de
transmisión.
6
Inicialmente, éstas consistieron en la elaboración de fascículos informativos,
organizados cronológicamente, sobre el régimen militar en Argentina y sobre la transición. En
el momento de su elaboración, la mayor parte de los y las docentes habían vivido durante la
dictadura, por lo cual tenían alguna experiencia personal sobre el tema. Años después, las
nuevas cohortes de docentes necesitaron saber qué pasó porque no tienen esa experiencia
vivida. Por eso, señala Sandra Raggio, en términos de su utilidad pedagógica, quizás estos
materiales tengan más utilidad en el presente que hace quince años.
A lo largo de los siguientes años, el programa fue cambiando de objetivos y
orientación. La escuela (secundaria o preparatoria) sigue siendo el lugar de conexión con el
programa, pero los objetivos y las actividades propuestas son muy diferentes. Hoy en día, el
programa intenta centrarse en los estudiantes y no tanto en el o la docente narrando la historia
6
Agradezco a Sandra Raggio, directora del Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la
Memoria de la Provincia de Buenos Aires, por su disposición a ser entrevistada y a compartir su experiencia en
dicho programa. La información sobre el Programa que ella brindó fue complementada con la información en el
portal y en publicaciones de la Comisión. Sus reflexiones sobre lo hecho ayudaron enormemente en la
elaboración de esta parte del artículo.
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reciente. Su propuesta se titula: “Los desafíos de la democracia en las luchas por la igualdad,
la memoria y los derechos humanos”. La pregunta a la que apunta responder es cómo generar
en la escuela un lugar ligado a la comunidad local, que recupere y trabaje sobre las cuestiones
del pasado dictatorial, pero también sobre la vigencia de los derechos humanos en la
actualidad. Como son los propios jóvenes quienes elaboran sus propuestas, los proyectos
pueden incluir temas ambientales o la violencia policial hacia los jóvenes. La experiencia
indica que en este programa de muy vasta escala (participan alrededor de 10.000 estudiantes
por año), los estudiantes enlazan el pasado y el presente de modos diversos y encuentran
vínculos inesperados.
La justificación del programa está en su portal:
Recordamos para el futuro, convencidos de la enorme potencialidad de la escuela para los
trabajos de la memoria. El punto de partida no fue sólo el mandato de
recordar como
imperativo
ético
de la educación en tiempos de democracia, sino el reconocimiento del
derecho a la
memoria
de las nuevas generaciones. Es decir, la escuela no como vehículo para la transmisión
de un legado sino como
espacio para la apropiación
de las experiencias pasadas. No se trata de
hacer repetir a los jóvenes el relato de los mayores, sino que puedan reelaborarlos, tamizándolos
en la trama de su propia experiencia. (…) No se trata sólo de una propuesta novedosa para
enseñar historia, sino sobre todo de una
intervención política para promover un trabajo sobre el
pasado que logre ampliar los marcos de la memoria social, incorporando las preguntas (y las
respuestas) de las nuevas generaciones
(Portal del Programa Jóvenes y Memoria, Comisión
Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires; resaltado mío)
.
7
Esta preocupación por incorporar la “apropiación”, la reflexividad y el papel activo
por parte de los y las jóvenes, y de los visitantes en centros clandestinos de detención de
manera más amplia, como estrategia de transmisión –antes que en una imagen más cercana a
la de una correa de transmisión mecánica
prevalece en las consignas de muchos otros
programas y propuestas. Que dicho objetivo se cumpla o no, queda como pregunta abierta.
8
En otros países, las propuestas son presentadas de manera análoga. En Colombia, por
ejemplo, se propone "La caja de herramientas":
(…) una herramienta pedagógica que ofrece instrumentos conceptuales, metodológicos, éticos y
psicosociales para que desde distintas voces y lugares de la sociedad, se impulsen procesos
autónomos locales y regionales de
esclarecimiento de la verdad y construcción de las
memorias.
Está dirigido a personas interesadas en formarse como gestores de memoria que
pueden ser hombres y mujeres con liderazgo en sus comunidades, maestros, funcionarios,
periodistas, jóvenes y trabajadores culturales.
El propósito de este material (…) es ofrecer
herramientas para reconstruir
memoria histórica
que permitan explorar y entender modos de
empoderamiento de las voces silenciadas, subordinadas y suprimidas en el ámbito de la
memoria recogiendo sus experiencias como víctimas de vejaciones específicas, pero también
como actores sociales y políticos con capacidad transformativa (Centro de Memoria Histórica
de Colombia; resaltado mío).
9
7
Véase: <http://jovenesymemoria.comisionporlamemoria.net> [Consultado el 4 de octubre de 2013].
8
Por ejemplo: “La marcación progresiva de los más de 500 ex centros del horror en todos y cada uno de los
lugares del país donde se desplegaron, se
propone interpelarnos como sociedad,
promover la reflexión crítica
e
incentivar la
construcción de memorias democráticas
que tengan en cuenta la historia y las experiencias de
nuestro pasado reciente y sus vinculaciones con el presente”
(Portal de la Secretaría de Derechos Humanos de
Argentina;
resaltado
mío).
Disponible
en:
(Consultado el 4 de octubre de 2013).
9
Véase: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co> [Consultado el 4 de octubre de 2013).
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Esta revisión podría seguir con la exploración de numerosos portales y proyectos, ya
que es notoria la proliferación de propuestas pedagógicas que promueven recuperar o
“construir” memorias, ancladas en pasados de violencia y represión, para ligarlas con las
experiencias del presente. La terminología y adjetivación varían: “memorias democráticas”,
“memoria histórica”, “memoria social” o “memorias silenciosas”.
10
Hay en ellos una
intención formativa donde se espera que la capacidad reflexiva sobre el pasado que se
promueve ayude a la “formación ciudadana” de las y los jóvenes. En la práctica, es notorio
observar que cuando se deja intervenir a los jóvenes
o a otros que no son víctimas
en la
formulación de sus propios relatos y de sus propias interpretaciones de lo que les significan
las violaciones a los derechos humanos, las referencias a la violencia y a las dictaduras
pueden ocupar un lugar secundario, y cobran centralidad las experiencias propias vividas en
otros ámbitos –personales, locales, comunitarios
de las demandas por derechos.
La pregunta es inevitable y queda todavía sin respuesta: ¿qué sabemos sobre estas
relaciones entre pasado y presente/futuro? ¿Sobre los horrores y la construcción de una
democracia cotidiana en el hoy y en el mañana?
Para terminar
Está claro, al final de este breve recorrido, que hay más preguntas que respuestas. Implícito en
lo planteado hay una agenda de investigación para seguir poniendo en cuestión estos temas.
Para hacerlo, quizás convenga tener presentes algunos puntos.
En primer lugar, la importancia de historizar las memorias, de mirar la historia de las
memorias a lo largo del tiempo y no las memorias tomadas como sentidos cristalizados. Hay
una historia de los procesos institucionales y de los procesos simbólicos. Esta historia no es
azarosa sino que cada etapa y cada coyuntura implica abrir nuevas oportunidades; también,
cerrar u obturar otros procesos. En el plano pedagógico propiamente dicho, algunos de los
programas revisados hablan de “construcción de memorias”, lo cual supone pluralidad de
visiones y posibilidades de apropiaciones diversas. Esto está en el modelo y en la propuesta,
pero no siempre se cumple en la práctica –especialmente cuando se da simultáneamente el
predominio de un “deber de memoria” con un relato único o dominante
.
Es sabido que no hay una memoria única, sino que distintos actores y distintas
generaciones diferirán en el sentido que le dan al pasado. Para algunos hay también diversos
pasados, cortos y acotados (regímenes dictatoriales establecidos con un calendario político
centrado en los “acontecimientos”); procesos que se desarrollan en un tiempo más largo para
otros. A su vez, el énfasis en el “pasado reciente” puede opacar violencias y discriminaciones
en pasados anteriores o en condiciones estructurales. De ahí la necesidad de mirar las
memorias de corto plazo en un marco temporal mucho más largo.
El pasado es un objeto de disputa, donde actores diversos expresan y silencian,
resaltan y ocultan distintos elementos para la construcción de su propio relato. Lo que
encontramos es una lucha por las memorias, lucha social y política en la que se dirimen
cuestiones de poder institucional, simbólico y social. A su vez, los fenómenos de memoria se
manifiestan en distintos planos de la vida social: el plano institucional, el cultural, el
10
En el
kit
didáctico para docentes “Construyendo Memorias” del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos de Santiago, Chile, puede leerse: “
…busca mediar entre
memorias silenciosas
en la ciudad y la
significación que hagan los jóvenes a través de su activo trabajo de investigación. Unir el pasado con
experiencias personales y colectivas, es en sí mismo un acto ciudadano, que contribuye a la formación de un
juicio propio e interpretación de la historia reciente para aprender de ella fortaleciendo actitudes democráticas”
(resaltado
mío).
Disponible
en:
[Consultado el 4 de octubre de 2013).
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subjetivo. Si bien en este trabajo se presentaron algunos “pantallazos” de esta multiplicidad de
planos, diferenciando los procesos institucionales, simbólico-culturales y educacionales, el
desafío para la investigación es también el estudio de sus convergencias e interrelaciones.
Una palabra final: quienes actúan en función de un “deber de memoria” normalmente
tienen “un” relato y una interpretación del pasado, y es esa versión la que quieren transmitir a
quienes no tuvieron la experiencia o no comparten la interpretación dada. Llevada a su
extremo,
esta
postura
puede
contradecir
los
objetivos
pensados
hacia
el
futuro –la
construcción
de
una
ciudadanía
activa,
comprometida
con
la
esfera
pública
y
con
convicciones democráticas
. La paradoja planteada se da entre una transmisión unívoca y una
reflexividad y activismo ciudadano que, para que lo sea, no puede ser programado. En suma,
cuestionar el supuesto de la relación directa y lineal entre memorias y democracia implica
reconocer la complejidad de la realidad socio-política y reconocer también la incertidumbre.
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