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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
,
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LIX, núm. 221, mayo-agosto de 2014, pp. (versión preprint) ISSN-0185-1918
A cuarenta años del golpe militar en Chile.
Reflexiones en torno a conmemoraciones y memorias
Forty Years after the Military Coup in Chile.
Reflections on Commemorations and Memories
Gilda Waldman

Recibido el 21 de febrero de 2014
Aceptado el 24 de marzo de 2014
Resumen
La conmemoración de los cuarenta años del golpe militar en Chile cobró en Septiembre del 2013 una
intensidad inusitada, sometiendo a revisión crítica las últimas cuatro décadas de la historia chilena. Como en
ninguna conmemoración anterior la memoria se instaló, de múltiples formas, como tema central del debate
político-cultural en el espacio público, impulsando a la sociedad a realizar un examen de conciencia para
enfrentar las responsabilidades individuales y colectivas en torno al golpe militar y la consecuente dictadura.
Este texto explora algunas de las razones que llevaron a esta explosión de la memoria, que marcó un vuelco
crucial en la historia chilena reciente.
Palabras clave: Chile; cuarenta años; conmemoración; memoria; golpe militar.
Abstract
The commemoration of the Fortieth anniversary of the
coup d'état
in Chile in September 2013 was
unexpectedly intense; even so that it forced a critical revision of the last four decades of Chilean history. Like
never before in past commemorations, memory was, in many ways, the central theme of the cultural-political
debate, which motivated society to make a conscience examination in order to face the individual, as well as
the collective, responsibilities around the coup and the dictatorship that emerged from it. This text explores
some of the reasons that guided said explosion of memory, marking a crucial turn in recent Chilean history.
Keywords:
Chile, forty years, commemoration, memory,
coup d'état
.
La autora agradece a Mariella Albrecht por su apoyo hemerográfico, las numerosas ideas que nutrieron este
texto y le permitieron comprender mejor la realidad del Chile de hoy.

Socióloga. Maestría y Doctorado en Sociología en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora Titular de la cátedra de Teoría Social en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM
, (México). Sus líneas de investigación son: historia y memoria,
literatura y sociedad. Entre sus últimas publicaciones destacan: “No-velar la historia. ‘A veinte años, Luz’
(Elsa Osorio): el secuestro de bebés y la violencia política en Argentina (2013); “Relatos de viajes. Hacia la
historia y la memoria” (2013) y “La historia en primera persona. Mirada(s) al pasado”. Correo
electrónico:waldman99@yahoo.com
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En Chile, en septiembre florece la primavera e irrumpe la memoria. En ese mes, en
que retornan las hojas a los árboles y la brisa cálida deja atrás los fríos invernales,
coinciden la celebración de “las festividades patrias” –que rememoran el aniversario de la
primera Junta Nacional de Gobierno constituida el 18 de septiembre de 1810 que marcó el
precedente para que el país iniciara su proceso de Independencia, consumada años más
tarde– con la rememoración del golpe militar del día 11 de Septiembre de 1973, el
acontecimiento más importante y definitorio del siglo XX en el país
1
cuyo legado permea
la vida de todas las generaciones que hoy lo habitan. La celebración festiva del “18” –
decretada como fiesta nacional desde 1837 desde la cúpula política para construir e
internalizar un sentimiento de comunidad que legitimara a la nación que se estaba
construyendo– (Peralta, 2007) ha quedado inscrita en la memoria colectiva no sólo como
momento fundacional del nacimiento de la República sino como símbolo patriótico y
emblema de “chilenidad”, celebrándose año con año con desfiles militares, misas de acción
de gracias, rememoración de los héroes nacionales y sobre todo, con fiestas populares en
las que a través de música, bailes y comida típica se reitera la importancia de esa fecha
como “esencia de nuestro ser nacional”. En cambio, el 11 de septiembre, punto de
inflexión en la historia reciente del país, sigue siendo desde 1973 y hasta la actualidad uno
de los principales motivos de polarización política.
2
Para quienes apoyaron al régimen
militar, el golpe se justificaba como la única salvación posible para prevenir una guerra
civil, argumento ligado con la idea de una “refundación institucional” en la que el año
1973 era asimilado a la Independencia de 1810 y se intentaba borrar de la memoria
colectiva los procesos constitucionales y las instituciones democráticas previas.
3
Para
quienes fueron sus víctimas, en cambio, el golpe fue una ruptura institucional que hizo
volar en pedazos la historia pública del país fracturando asimismo el sistema simbólico-
cultural que había dado sentido a la sociedad chilena, y dejando una estela de muertos,
detenidos-desaparecidos, exiliados, etc. Desde hace cuarenta años el debate sobre el origen
y
significado
del
golpe
militar
de
1973,
así
como
la
discusión
en
torno
a las
responsabilidades en torno al quiebre de la democracia chilena, –a pesar de sus claroscuros
y altibajos (Portales, 2004, 2010)– sigue siendo una fuente de controversia en el espacio
público, y las diversas memorias en torno a lo ocurrido antes, durante y después del 11 de
Septiembre persisten en una contraposición casi irresoluble en la que cada una busca
erigirse en la versión legitima y verdadera de ese periodo. (Winn, s/f; Candina Colomer,
2002,
Joignant,
2007;
Stern,
2006,
2010; Illanes,
2002).
Y
si
bien la
reflexión
historiográfica sobre la Independencia y la construcción de la nación sigue siendo un tema
sobre el que construyen y reconstruyen interpretaciones plurales y diversas (Jocelyn-Holt,
1999; Peralta, 2007; Silva, 2008), las memorias contrapuestas en torno al pasado reciente –
todavía presentes en la experiencia vivida de gran parte de la población actual– no sólo
permean las arenas sociales, políticas y culturales, sino que se actualizan y se transforman
a la luz de las políticas oficiales de la memoria, las acciones de las organizaciones de
derechos humanos, los procesos jurídicos, las coyunturas históricas, el juego de equilibrios
entre las fuerzas políticas, la aparición de nuevos actores sociales, etc., modificando
1
Encuesta Nacional Bicentenario 2007,
El Mercurio
4 de noviembre de 2007.
2
Un ejemplo fueron los graves enfrenamientos en un homenaje a Augusto Pinochet en junio del 2012 en el
teatro Caupolicán, donde se estrenaría un documental favorable al golpe militar.
3
En esta línea, es interesante destacar la resignificación del lenguaje. Así, por ejemplo, el golpe militar se
volvió “pronunciamiento”; el General Pinochet, “hombre providencial”; el combate a la ideología marxista,
“defensa de los valores occidentales y cristianos”, y la violación de los derechos humanos, “razón de Estado”.
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incluso con el transcurso del tiempo la relación entre la memoria hegemónica y las
alternativas como sucedió, en el caso chileno, con la conmemoración de los cuarenta años
del golpe militar.
Toda conmemoración es, sin duda, un acto de memoria, y como tal, un “
proceso de
reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para que se ensayen de nuevo
sucesos
y
comprensiones…remeciendo
el
dato
estático
del
pasado
con
nuevas
significaciones”
(Richard, 1998:29). En este sentido, no existe
una
sola memoria social
hegemónica sino memorias en disputa –sobre qué y cómo recordar– las cuales con el
transcurso del tiempo pueden modificarse e incluso revertir la relación entre lo que en un
momento pudo haber sido la memoria hegemónica y las memorias alternativas hasta cierto
momento marginadas del ámbito público que puedan existir en la sociedad.
4
En el caso
chileno, la memoria social en torno a cómo procesar y re-interpretar el golpe militar y sus
consecuencias ha cambiado a lo largo de cuarenta años acorde a las circunstancias
históricas, el escenario socio-político, los debates historiográficos y los actores sociales en
juego, sin excluir el debate el debate sobre el proyecto de nación a construir. Durante la
década de los setenta y hasta los primeros años de la década siguiente, el gobierno militar
logró imponer en la sociedad chilena –a través de la represión, la desarticulación política y
el control de los medios de comunicación– una narrativa hegemónica: el golpe militar fue
un acto indispensable para salvar al país del caos en que lo había sumido el gobierno de la
Unidad Popular y para evitar que se implantara en Chile el comunismo. A su vez, de
manera dispersa y fracturada en un primer momento, refugiada primero en la memoria
individual o en grupos aislados, las memorias de resistencia, alternativas y transgresoras, de
víctimas y opositores a la dictadura fueron creando vasos comunicantes, expresándose, por
ejemplo,
en
las
acciones
de
los
familiares
de
los
detenido-desaparecidos
que
se
encadenaban al edificio del antiguo Congreso o realizaban protestas con las fotos de los
detenidos-desaparecidos, (Vidal, 1996 y 1997), en los bordados de las arpilleras (Agostin,
1996), o en la creación de redes culturales subterráneas y marginales que daban voz a los
nuevo escritores (Díaz Eterovic y Muñoz, 1986). En 1983, en el apogeo de la dictadura
militar después de la aprobación de la Constitución de 1980, la memoria hegemónica del 11
de septiembre reiteraba una representación del pasado que asumía al golpe como la única
opción para salvar al país del desastre, al tiempo que el general Augusto Pinochet hacía un
alarde de autoritarismo confirmando su propósito de mantener en el poder durante seis años
más y se insistía oficialmente en que esa fecha constituía una fiesta nacional que unificaba
a todos los chilenos en “el amor a la patria”. (Joignant, 2007: 36). Sin embargo, la crisis
económica que impactó severamente en la recién desregulada economía chilena se tradujo
en movilizaciones sociales y violentas protestas que alentaron la visibilización de las
memorias disidentes, a lo cual se agregó posteriormente que una represión más selectiva
pero igualmente mortífera posibilitó un relativo cambio en la opinión pública, factores que
contribuyeron a la victoria del “NO” en el plebiscito de 1988 y el paso a un régimen
político democrático. A partir de 1990, al tiempo que diversos grupos de Derechos
Humanos llevaban a cabo importantes movilizaciones y luchas cotidianas por dar a conocer
el horror de la dictadura militar y exigir Verdad y Justicia, los testimonios proporcionados
4
En esta línea, Enzo Traverso señala que pueden coexistir en una misma sociedad
memorias
fuertes
mantenidas por instituciones oficiales, pero también
memorias
débiles,
prohibidas y reprimidas (Traverso,
2007). A su vez, Michael Pollack habla de
memorias subterráneas
(Pollak, 2002) que transmiten recuerdos
disidentes a los de la memoria oficial.
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por las víctimas y sus familias sintetizadas, por ejemplo, en el Informe Oficial de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, así como la profusa publicación
de investigación histórico-sociológica (González y Contreras, 1991; Padilla, 1995; Del
Valle, 1997; Roninger
y Sznajder, 2005; García Castro, 2011), estudios sobre las
consecuencias de la represión (Reszcynski et al, 1991; Rojas, 2009), memorias (Arce,
1993), investigaciones periodísticas (Cavallo et al, 1997; Ahumada et al, 1989; Guzmán,
1998, 2000; Verdugo, 1989, 1998, 2001), testimonios sobre las experiencias carcelarias de
presos políticos (Valdés, 1978; Bitar, 1999; Cozzi, 2000, Montealegre, 2003; Muñoz, 2005;
Rivas, 2006), y documentales como “La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, y “La flaca
Alejandra”, de Carmen Castillo, entre otros materiales, documentaron las violaciones a los
derechos humanos y fortalecieron la memoria de la represión, dando voz a la memoria de
grupos e individuos que no encontraban espacio ni en la memoria hegemónica dictatorial ni
tampoco en la transicional. Si bien desde 1990 hubo esfuerzos gubernamentales para
esclarecer la naturaleza de los crímenes cometidos por el régimen militar
5
y se realizaron
una serie de actos simbólicos y rituales públicos orientados a reconocer que parte de la
historia reciente implicaba una prolongada etapa de sufrimiento colectivo, cuya memoria –
en especial la de quienes sufrieron sus devastadoras consecuencias– merecía ser relevada,
6
los esfuerzos gubernamentales de los gobiernos de la Concertación (Alianza de partidos de
izquierda y centro- izquierda que lideraron la transición democrática), si bien fueron
meritorios,
7
resultaron
insuficientes.
8
La voluntad
política
fue
la
de
privilegiar
la
gobernabilidad democrática aun “blanqueando” la memoria traumática del golpe militar
(Moulian, 1997; Richard, 1998) así como la de dirigir la mirada hacia el futuro para
mantener los logros económicos iniciados por el
gobierno militar, manteniendo la
participación social dentro de límites estrechos y establecidos jurídicamente desde el
gobierno. Ello implicó diluir
y desdibujar la memoria traumática
del pasado que,
ciertamente, sin desaparecer, quedó desplazada primordialmente a las iniciativas y acciones
de numerosas organizaciones sociales que promovieron, entre otros actos, la consolidación
5
Entre los que se puede mencionar, por ejemplo, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (1991)
que proporcionó información sobre el destino de más de dos mil ejecutados, detenidos y desaparecidos o, más
tarde, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o tortura (2004) que documentó casi treinta
mil casos de torturas. De igual modo, cabe mencionar los procesos jurídicos abiertos contra militares
encargados de organizar la represión y que hoy se encuentran encarcelados.
6
Por ejemplo, el funeral público organizado para dar sepultura oficial a los restos de Salvador Allende, la
inauguración del Muro Memorial al Detenido Desaparecido, la compensación a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos y sus familias, entre otros.
7
Entre estos esfuerzos se puede mencionar, por ejemplo, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación
(1991) que proporcionó información sobre el destino de más de dos mil ejecutados, detenidos y
desaparecidos, o el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o tortura (2004) que documentó
casi treinta mil casos de torturas. De igual modo, se puede mencionar el funeral público organizado para dar
sepultura oficial a los restos de Salvador Allende, la inauguración del Muro Memorial al Detenido
Desaparecido en el Cementerio General, y la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos. Asimismo, cabe mencionar los procesos jurídicos abiertos contra militares encargados de organizar
la represión y que hoy se encuentran encarcelados.
8
Ejemplo de lo anterior es que el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación no abarcó el número total
de desaparecidos, no aclaró totalmente su destino ni dio a conocer el nombre de los perpetradores. Por su
parte, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o tortura documentó sólo la tercera parte
del total de los casos de tortura. Asimismo, la justicia y el castigo se han desplazado a un espacio meramente
simbólico, eximiendo de responsabilidad penal a los principales actores de la violencia dictatorial. Cabe
recordar también que el General Augusto Pinochet murió sin ser sometido a juicio en Chile.
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de sitios de memoria (Lazzara, 2003) y propusieron políticas públicas en materia de
memoria y derechos humanos, así como a diversas esferas del arte y la cultura o al ámbito
privado, sin lograr revertir del todo la memoria hegemónica implantada por la dictadura.
Las “batallas por la memoria” (Jelin, 2002, Illanes, 2002) quedaron atrapadas entre la
voluntad política de mantener, por una parte, la institucionalidad política y el orden
económico impuestos por el gobierno militar y, por la otra, la de satisfacer las demandas
enarboladas por quienes habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus
reclamos de apertura de espacios democráticos y de participación ciudadana. En 1993, para
la conmemoración de los veinte años del golpe militar, el General Augusto Pinochet
ocupaba la jefatura del Ejército chileno y reclamaba una Ley de Punto de Punto Final para
los delitos contra los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar, de modo que
la conmemoración de los veinte años del golpe militar fue virtualmente irrelevante.
9
El
horizonte de la transición en ese momento política atenuó las marcas adheridas al recuerdo
del pasado militar, disciplinando antagonismos y confrontaciones, y excluyendo el tema de
la memoria dictatorial en aras de una gobernabilidad que impidiera re-editar los choques
ideológicos que habían escindido al país en el país en el pasado, estableciendo una política
de reconciliación nacional que deje a la fecha del 11 de septiembre como un hecho del
pasado, sin mayor incidencia política sobre el presente. La detención de Augusto Pinochet
en Londres en 1998, ligado con las revelaciones judiciales sobre violaciones a los derechos
humanos, la presentación de las primeras querellas judiciales contra Pinochet ante la
justicia chilena, los primeros procesos contra militares acusados de secuestro y desaparición
de personas y, más tarde, las revelaciones sobre las cuentas bancarias de Pinochet y su
familia en Estados Unidos fueron un punto de inflexión crucial para inclinar la balanza en
la “batalla por las memorias” que se desarrollaba en Chile desde 1973, al punto que en
junio del año 2003 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre,
admitió la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los
derechos humanos cometidos durante la dictadura, pidiendo perdón por ello. (Agüero y
Herschberg, 2005). El año 2003 marcó, así, un primer vuelco en la “batalla por las
memorias”.
Bajo
la
Presidencia
del
socialista
Ricardo
Lagos
(2000-2006)
las
conmemoraciones del golpe militar fueron impulsadas desde la lógica de una política de
Estado y con toda la fuerza y espectacularidad que ello conllevó: recuperación de lugares
simbólicos
de
represión,
10
multiplicidad
de
espectáculos
culturales
y
artísticos,
proliferación de programas televisivos que difundían lo ocurrido el 11 de septiembre
abriendo la información al gran público y, en particular, la exaltación de la figura de
Salvador Allende –invisibilizada y demonizada por el régimen militar (Joignant, 2007).
11
Ciertamente, y a pesar de que la centralidad otorgada oficialmente a la figura de salvador
Allende corría paralela a la desvalorización de la figura de Augusto Pinochet, y de que los
sectores afines al gobierno militar continuaban exaltando los logros de la dictadura
argumentado que la violación de los derechos fueron “excesos” y errores humanos que
habría que comprender, perdonar y olvidar, ya en el año 2003 la visión de que el golpe
9
Después de 1990, los gobiernos de la Concertación, en un esfuerzo de conciliación, intentaron neutralizar la
fecha del 11 de septiembre, asumiéndola como un "día triste y de reflexión", y decretando su suspensión
como feriado nacional en 1998.
(
Colomer, 2002, Joignant, 2007).
10
Por ejemplo, el Estadio Nacional, donde fueron congregados y reprimidos miles de opositores al régimen
militar en los primeros días después del golpe, fue designado como un Museo Abierto. Al mismo tiempo, el
Estadio Chile fue rebautizado con el nombre de Víctor Jara.
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militar había constituido un acto de “salvación nacional” había perdido su carácter
hegemónico. El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o tortura, dado a
conocer en el año 2004, significó un giro radical en el reconocimiento público de la
masividad de la tortura como política gubernamental de la dictadura. Sin embargo, si bien
el año 2003 pudo haber sido un momento propicio para que la sociedad chilena hubiese
podido mirar en retrospectiva de manera crítica las últimas tres décadas de su historia
reciente, Septiembre de 2003: “pareció querer liquidar lo pendiente de un pasado
incompleto [.
..] para que la actualidad neoliberal, ya sin el lastre del peso de la culpa,
llegara a coincidir consigo mismo en la liviandad máxima de la no–carga y del descargo”
(Richard, 2004: 12-13) al tiempo que prevalecía el acuerdo tácito para no abrir en demasía
la caja de Pandora.
Pero fue en el año 2013 que la memoria sobre el 11 de septiembre del 1973 explotó
como nunca antes, paradójicamente bajo durante la presidencia de Sebastián Piñera, un
político de centro derecha y cuyo gobierno incluía a numerosos funcionarios civiles que
alentaron y promovieron el golpe militar, y casi en vísperas de una elección presidencial en
la que las dos principales candidatas, –Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, ambas hijas de
generales de la aviación pero que jugaron papeles antagónicos en el golpe militar– trajeran
el pasado de víctimas y victimarios al presente. Desde fines de agosto hasta el 11 de
septiembre
del
2013
Chile
vivió
una
irrupción
memorística
mucho
más
amplia
y
significativa que la que pudo haberse dado en décadas anteriores en torno a lo que significó
el mayor quiebre institucional de la historia nacional. Esta irrupción de procesos y eventos
del pasado desdibujados y evadidos por décadas se transformó, de hecho, en una suerte de
catarsis colectiva –en el marco, ciertamente, de una sociedad todavía dividida en torno a la
interpretación del pasado reciente– involucrando a una multiplicidad de actores sociales,
abriendo de nueva cuenta el debate en torno al golpe militar y la dictadura consecuente,
sometiendo a revisión retrospectiva y crítica las últimas cuatro décadas de la historia
reciente del país, reconstruyendo los recovecos de las complicidades del pasado, sacando a
luz el anonimato de las víctimas y la impunidad de los victimarios y obligando a la
sociedad a
realizar
un
examen
de
conciencia para
enfrentar
las
responsabilidades
individuales y colectivas en torno al golpe militar y la consecuente dictadura. Como nunca
antes, se rompieron los muros de silencio en torno a los horrorosos episodios de violación
de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, silenciados primero por el
clima de temor implantado durante la dictadura,
y después –parcialmente– por el
“blanqueo” del pasado aceptado por los partidos de la Concertación a cambio de una
gobernabilidad avalada por las cúpulas militares. Como nunca antes la memoria se instaló,
de múltiples formas, como tema central del debate político–cultural en el espacio público.
Por primera vez en cuatro décadas, desde múltiples foros y ópticas, los chilenos – incluso
quienes hubieran preferido no hacerlo– enfrentaron interrogantes no resueltas y deudas no
saldadas en una nueva oportunidad de reconocer y reflexionar sobre una parte de la historia
que había quedado subsumida en la negación y el silencio, sea en el silencio de las víctimas
que tenían miedo o querían olvidar o deseaban encontrar en él una estrategia de
supervivencia en medio de la impunidad, sea en el silencio de los que prefirieron no saber,
o en el de quienes pretendieron ocultar sus responsabilidad. Septiembre del 2013 obligó a
los chilenos, incluso a aquellos que habrían deseado desviar la mirada, a contemplar las
sombras del pasado, por más que muchos, para evitar convertirse en estatuas de sal, hayan
intentado olvidar, ignorar o fijar la mirada en el futuro.
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La explosión de memoria tuvo una multiplicidad de manifestaciones.
12
Por una
parte, diversos actores institucionales asumieron, por primera vez, su responsabilidad en el
quiebre institucional de la democracia y en la violación a los derechos humanos, en especial
las que tuvieron lugar durante los primeros años del régimen militar, pidiendo perdón y
exhortando a la justicia. Así, por ejemplo, la Asociación de Magistrados del Poder Judicial
declaró públicamente que:
El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor
esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso
estatal”, pidiendo perdón por haber incurrido en “acciones y omisiones impropias de su
función al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones, a prestar protección a
quienes reclamaron una y otra vez su intervención. El Poder judicial pudo y debió hacer
mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida
por el gobierno de facto.
13
A su vez, el presidente de la Corte Suprema, en nombre de esa institución, dio a
conocer una declaración pública en la que reconocía que los atropellos a los derechos
humanos ocurridos durante la dictadura “
en parte se debieron a la omisión de los jueces de
la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a los derechos
humanos e impedir que siguieran ocurriendo”.
14
Asimismo, los gremios de periodistas
demandaron a los medios de comunicación reconocer que fueron cómplices de la dictadura
al no investigar denuncias y aceptar las versiones oficiales. El Presidente del Colegio de
Periodistas señaló al respecto: “
Aquí no es que había una prensa que omitía. Había una
prensa que era directamente cómplice de las violaciones a los derechos humanos”.
15
Un
importante senador de la Unión Demócrata Independiente (el partido más conservador de la
Alianza de derecha) Hernán Larraín, también pidió disculpas, a título personal, por “
omitir
lo que debía hacer”
.
16
E incluso el Presidente Piñera hizo una polémica declaración:
Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los
atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay
muchos. Por de pronto, los que tenían las máximas responsabilidades del gobierno militar
sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que
fueron cómplices pasivos: que sabían o y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco
hicieron nada. También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de
12
Incluso algunas de éstas comenzaron antes de Septiembre del 2013. Por ejemplo, en julio de ese año, el
Consejo Municipal de la Comuna de Providencia, que había sido hasta el 2012 un bastión pinochetista,
aprobó el cambio de nombre de una importante arteria, denominada desde 1980 “11 de septiembre”, por el de
Nueva Providencia, su nombre original. Por otra parte, cabría mencionar que también ha aparecido una
memoria crítica, desde la izquierda, hacia algunos aspectos del pasado militante. Ejemplo de ello lo constituye
el documental “El edificio de los chilenos” (2010) en el que se reconstruye la historia y memoria de los niños
chilenos que fueron dejados en Cuba a finales de los setenta al cuidado de “padres sociales” mientras sus
progenitores, militantes del movimiento de Izquierda Revolucionaria, regresaban clandestinamente a Chile a
luchar contra la dictadura.
13
El Mercurio, 4 de septiembre 2013.
14
Diario Universidad de Chile, 6 de septiembre 2013.
15
Ultima Hora, 6 de septiembre 2013.
16
El Mercurio, 26 de agosto 2013.
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amparo que habrían salvar tantas vidas. También periodistas, que titularon sabiendo que lo
publicado no correspondía a la verdad.
17
Por otra parte, un verdadero boom editorial, referido tanto al período previo como al
golpe militar mismo y sus consecuencias se desató de manera explosiva y variada en
géneros y enfoques, redimensionando figuras y procesos con nuevas luces e información y
multiplicando las miradas a la historia reciente del país. Desde el registro fotográfico que
da cuenta de las esperanzas y temores de hombres y mujeres campesinos sureños durante el
año 1971 (Depardon, 2013) hasta los relatos y testimonios de catorce periodistas y
escritores que vivieron su adolescencia en dictadura y que rememoraron la experiencia de
crecer marcada por el temor y la incertidumbre (Contardo, 2013); desde el análisis de las
divergencias estratégicas al interior de la Unidad Popular, la radicalización de las
propuestas opositoras, y el ambiguo papel de la democracia cristiana que alentaron, entre
otros factores, el golpe militar (Varas, 2013) hasta la explicitación –a través de documentos
desclasificados– de cómo operó en Chile la inteligencia norteamericana durante el gobierno
de la Unidad Popular (Basso, 2013); desde la reconstrucción de la trayectoria política y
personal de Salvador Allende (Amorós, 2013) hasta la relación de Augusto Pinochet con
sus libros y el mundo intelectual al que siempre aspiró (Peña, 2013); desde el estudio de la
subjetividad política que guió la acción de los militantes del Movimientos de Izquierda
Revolucionaria y su apoyo a la lucha armada (Salinas, 2013) hasta las historias de los
grupos
y figuras que intentaron resistir el 11 de septiembre a la asonada militar
(Vidaurrázaga, 2013; Pérez, 2013), desde el análisis de la relación entre la violencia política
dictatorial y la vestimenta de quienes fueron sus víctimas (Montalvo, 2013) hasta la historia
de Villa Grimaldi, el peor centro de detención clandestina de la dictadura (Salazar, 2013);
desde la antología que reúne textos referidos al golpe militar aparecidos en diversos medios
extranjeros (Navia y Joignant, 2013) hasta el análisis del lugar que ocupó Chile en América
Latina y el mundo durante el gobierno de la Unidad Popular (Harmer, 2013) y la
recopilación de ensayos sobre el concepto de reconciliación y las divisiones políticas en
temas como el rol de las instituciones, la justicia y los derechos humanos (Larraín y Núñez,
2013); desde la reinvención literaria de las experiencias infantiles que rozan sin comprender
cabalmente la violencia política de inicios de la década de los ’80 (Fernández, 2013) hasta
la ficcionalización sobre los meses en que Augusto Pinochet estuvo detenido en una casa a
las afueras de Londres (Sepúlveda, 2013); desde la reconstrucción de parte de la historia
nacional del siglo XX a partir de la biografía de una aristocrática figura femenina que
encarna las transformaciones de la oligarquía chilena (Gumucio, 2013) hasta el relato de las
dolorosas paradojas del regreso del exilio (Parra, 2013; Dorfman, 2013). A su vez,
exposiciones, muestras de fotografía
y pintura, trabajos audiovisuales, conferencias,
seminarios académicos, coloquios internacionales, mesas redondas, muestras de cine,
exhibición de documentales, representaciones teatrales, conciertos, homenajes musicales a
las víctimas de la dictadura, marchas, romerías, vigilias, misas, actos culturales, velatones
en lo que fueron sitios de tortura, visitas guiadas por lugares de memoria, homenajes, etc.,
rememoraron,
de
las
más
diversas
maneras,
los
cuarenta
años
del
golpe
militar
reflexionando, de manera paralela, en torno a los últimos cuarenta años de la historia
nacional. Los medios de comunicación, incluso los que avalaron en su momento a la
dictadura, jugaron un papel crucial en la conmemoración de los cuarenta años del golpe
17
La Tercera, 31 de agosto 2012.
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,
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Nueva Época, Año LIX, núm. 221, mayo-agosto de 2014, pp. (versión preprint) ISSN-0185-1918
militar,
algo
especialmente
sorprendente
en
un
país
caracterizado
no
sólo
por
la
concentración de medios impresos, radio y televisión en pocas manos privadas o por su
uniformidad informativa y homogeneidad ideológica (Sunkel y Geoffroy, 2001; González
Rodríguez, 2008; Monckeberg, 2009) sino también por la tendencia a entretejer política con
farándula. Fue la televisión la que jugó un papel central en la explosión de memoria con un
impresionante despliegue informativo y programación especial en todos los canales
nacionales. A la inversa de lo ocurrido no sólo durante la dictadura –donde existía un férreo
control de los medios de comunicación– sino también durante los gobiernos de la
Concertación que, en su la voluntad de privilegiar la “democracia de los acuerdos”
desalentaron la exhibición en televisión abierta de documentales sobre las violaciones de
derechos humanos durante el régimen militar o de películas de carácter crítico sobre
régimen pinochetista o la propia transición democrática (Portales, 2007) la televisión, a
diferencia de conmemoraciones anteriores, rompió su propia autocensura, se introdujo a
fondo en lo que fue la época dictatorial con nuevos antecedentes sobre ese período abriendo
de manera masiva al gran público imágenes, voces, documentales o películas que, a través
del
soporte audiovisual,
documentaron
crudamente
los
horrores
de
la
dictadura,
descorrieron los velos que cubrían la realidad de asesinados, torturas, exiliados y detenidos
desaparecidos, acapararon la atención de los chilenos y conmovieron a la sociedad.
Chilevisión, por ejemplo, paradójicamente filial del conglomerado Time Warner, inició
desde mediados de agosto la transmisión de “Chile: las imágenes prohibidas”, una serie
documental
de
cuatro
programas
que
incluía
material
de
archivo
de
noticieros
semiclandestinos filmados por televisoras extranjeras y que no habían sido presentados
nunca en televisión abierta, más allá de su exhibición previa en televisión por cable o en
circuitos marginales de cine. La serie reconstruía de manera puntual una serie de hechos
represivos y se complementaba con entrevistas a los protagonistas que aparecían en ese
material de archivo, dando nombre, apellido y rostro a las experiencias de quienes fueron
víctimas del terror dictatorial. De igual modo, este mismo canal produjo y transmitió la
miniserie “Ecos del desierto” que, aunque ficcional, no dejaba dudas sobre la crudeza de la
represión militar y la culpabilidad de altos mandos del Ejército en la macabra Caravana de
la Muerte, que recorrió el norte de Chile poco después del 11 de septiembre exterminando a
sangre fría a opositores políticos (Verdugo, 1989). A su vez, el resto de los canales
televisivos
–incluyendo
a
Televisión
Nacional
(canal
público
estatal
aunque
autofinanciado) prepararon emisiones especiales y programas con entrevistas a diversos
protagonistas políticos de la época.
18
Dichos programas alcanzaron un rating inédito para
programas ajeno a la entretención.
19
Por primera vez, la televisión tocaba temas evadidos
durante cuatro décadas y presentaba imágenes y voces que no habían tenido cabida
previamente en las memorias predominantes previas. La violación a los derechos humanos
cometidos durante la dictadura apareció en toda su desnudez. La narrativa vivencial, al dar
voz a experiencias autobiográficas que daban cuenta del dolor vivido por miles de
ciudadanos chilenos le dio una fuerte densidad emocional a lo transmitido. La fuerza
expresiva de las imágenes y los testimonios, que visibilizaban parte de los acontecimientos
18
Por ejemplo, algunos de los entrevistados fueron Roberto Thieme, uno de los fundadores del movimiento
nacionalista de derecha Patria y Libertad, y Andrés Pascal Allende, dirigente del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. De igual modo, se transmitió por televisión la confrontación entre el ex Comandante en Jefe
del Ejército, Juan Emilio Cheyre y Ernesto Lejderman, a quien Cheyre entregara a un convento a la edad de
dos años después de que un operativo del ejército asesinara a sus padres, militantes de izquierda.
19
La Tercera, 6 de septiembre 2013.
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horrorosos de la violencia política dictatorial, debilitó aún más la narrativa puesta en
circulación por la dictadura –la del golpe militar como “salvación” del país para evitar la
propagación del marxismo internacional– como también la de los gobiernos de la
Concertación –que preferían dejar atrás la página de la violación de los derechos humanos
en aras de la gobernabilidad y el futuro. Imágenes y testimonios en televisión abierta dieron
fe de que la sociedad estaba construida sobre ejecuciones, detenido–desaparecidos,
exiliados, y que la impunidad de los victimarios era (casi) total. A la opinión pública le
quedó claro que el tipo de sociedad que en Chile se venía construyendo desde 1973 era una
sociedad fundada en la violencia: la violencia dictatorial de las armas primero, y la
violencia de la economía de mercado después y que, por ejemplo, las secuelas del
terrorismo de Estado persistían, por ejemplo, en la aplicación de la ley de Seguridad
Interior del Estado –una legislación promulgada en 1958 pero actualizada en 1975 por la
dictadura, orientada a perseguir a quienes se oponían al régimen por crímenes cometidos
contra el orden público– contra las movilizaciones mapuches en el sur del país. Las
imágenes y las voces presentadas en televisión abierta desmentían toda pretensión de
enterrar o neutralizar el pasado dictatorial, desmantelaban la versión de que en Chile no se
violaron los derechos humanos como política de Estado, y ponían de manifiesto la
imposibilidad de mirar al futuro si se oculta o silencia la memoria de la represión.
Ciertamente, esta apertura de la televisión no fue en absoluto ajena a la búsqueda del
rating en un entorno mediático comercial y profundamente competitivo, pero sin duda
respondió también a una memoria en transformación,
20
a un clima social ávido de
información sobre lo ocurrido, a una nueva sensibilidad social que quería dejar atrás los
tabúes en torno a la memoria del pasado, abrir nuevas interrogantes y, sobre todo,
comprender cómo, por qué y en qué medida las huellas del régimen militar se mantenían en
la actualidad. Todo ello, ligada a un nuevo escenario político y cultural en el que aparecían
nuevos actores en escena que le daban un nuevo sentido a la memoria y, al tiempo que se
re-estructuraban las agendas y fuerzas políticas, exigían conocer más sobre lo sucedido en
el pasado, evidenciando que el Golpe de Estado ocurrido en septiembre de 1973 ocurrido
hace ya más de tres décadas no era un hecho histórico sepultado en el pasado, sino que, por
el contrario, la historia del presente estaba llena de pasado, y que el presente no se podía
explicar sin aludir ni comprender esa fecha. Septiembre del 2013 fue, en ese sentido, el
momento en que la sociedad chilena tuvo que enfrentar parte de su historia reciente: sus
últimas cuatro décadas.
Ciertamente, la sociedad chilena había cambiado durante ese período. Tres décadas
de apertura económica habían provocado profundas modificaciones en el país y el modelo
de economía de mercado implementado por la dictadura se había implantado no sólo en la
práctica sino en la mente, la ideología y el corazón de la sociedad chilena. Su economía,
altamente competitiva, es actualmente la sexta mayor economía del continente en términos
del Producto Interno Bruto.
21
Chile posee la renta
per capita
más elevada de América
Latina, un crecimiento anual que alcanzó en 2012 el 4.5%, una inflación reducida y un
20
Un estudio titulado llevado a cabo por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, dado a
conocer a principios de Septiembre señalaba la creciente opinión
negativa de los ciudadanos sobre el
régimen militar de Augusto Pinochet
, en relación a mediciones anteriores. Según el sondeo,
el 76% de los
encuestados considera a Pinochet "un dictador"
, y 63% de las personas consultadas asegura que el golpe
de Estado de hace 40 años "destruyó" la democracia. Sólo un 16% considera que los militares tenían "razón"
al dar el Golpe de Estado. (La Tercera, 3 de septiembre 2013)
21
El País, 8 de enero 2013.
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superávit presupuestario del 1.4% (
CEPAL
, 2013). La pobreza absoluta se ha reducido, el
consumo se ha ampliado
y el bienestar material de la
gente se ha incrementado
notablemente ente 1990 y 2007 (Infante y Sunkel, 2009). La estructura social se ha
modificado en términos de una expansión de la clase media (aun a costa de un
endeudamiento excesivo), una mejora en los niveles de escolaridad (Encuesta
CASEN
2007),
y un alto nivel de colectividad digital. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer, al
mismo tiempo, que aún persisten en el país problemas de inequidad e injusticia social
(Drake y Jaksic, 1999), y que “
en Chile se mantiene prácticamente inalterada la muy
desigual distribución personal del ingreso que lo caracteriza: el ingreso autónomo del
20% más rico de la población supera 13 veces a aquel del 20% más pobre
” (Infante y
Sunkel,
2009:136).
La
agresiva
apertura
económica
se
ha
traducido
en
pautas
de
integración precarias a un mercado del trabajo caracterizado por la inseguridad laboral,
(Infante
y Sunkel, 2009), bajos sueldos, distribución inequitativa de oportunidades,
creciente polarización y exclusión social, precarización de los sistemas educativos y de
salud,
falta
de
perspectivas
futuras
para
los
jóvenes,
aumento
de
la
criminalidad,
indefensión frente al poder, etc. (Dammert, 2013), exceso de horas de trabajo, erosión de
los límites entre tiempo libre y vida personal que se traduce en trastornos de ansiedad,
depresión y deterioro en la salud mental (Valdés y Errázurriz, 2012). Políticamente, si bien
la democracia se ha consolidado, no se puede negar que predomina una baja confianza en
las instituciones, descontento con el sistema político, (Valenzuela and Damert, 2006), falta
de credibilidad en los partidos, (Schuster, 2008), disminución de la participación ciudadana,
desmovilización de organizaciones que jugaron un papel importante en la dictadura,
(Draker,
1999),
apatía
política,
poca
satisfacción
hacia
el
orden
democrático,
deslegitimación de las instituciones sociales y políticas, y desaprobación hacia el gobierno,
(Latinobarómetro, 2013). En el plano imaginario, el debilitamiento del Estado y la
transferencia de la responsabilidad de educación y salud pública al individuo, así como el
excesivo individualismo han traído consigo un debilitamiento de la identidad nacional
(Larraín, 2001) y la pérdida de valores colectivos, vínculos sociales y comunitarios
significativos. (Dammert, 2013). Ello se ha traducido subjetivamente en malestar social y
miedo al Otro (Lechner 2002), desconfianza (Latinobarómetro, 2011), frustración ante la
brecha entre las cifras del crecimiento económico y un desarrollo social y político
insuficiente, y desencanto ante la carencia de un horizonte de sentido que implique un
“proyecto de nación”. La oferta democrática ofrecida por la Concertación se desdibujó en el
marco de una sociedad marcada por la competencia económica, la corrupción (Rehren,
2004), la impunidad e ineficacia de la justicia, las limitaciones a la participación ciudadana,
la falta de transparencia y la preponderancia de poderes fácticos (Iglesia, empresarios,
medios de comunicación, entre otros) cuya fuerza política debilita los sistemas de
representación institucional. El “malestar social” que refleja las tensiones y frustraciones de
la población se liga entonces, ciertamente, con el legado económico y político heredado de
la dictadura y que los gobiernos concertacionistas no modificaron, suprimiendo sin duda la
represión dictatorial pero manteniendo sus ejes económicos y políticos y mimetizándose
con ellos. Este malestar social, ligado al desencanto ciudadano con la Concertación y el
desgaste de la misma, se expresaron en el apoyo electoral en diciembre del 2009 a las
promesas de cambio y de gobernar con eficiencia planteadas en su campaña por el
candidato de la Alianza de centroderecha, el empresario Sebastián Piñera. Pero los límites
borrosos entre política y negocios privados, los conflictos de interés y el carácter gerencial
de su gobierno, la ineficacia gubernamental y la incapacidad para resolver conflictos
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sociales –e incluso la presencia en el gabinete de figuras políticas que alentaron el golpe
militar– incrementaron el desencanto y la frustración.
22
Al mismo tiempo, la continuación
de un modelo económico y social proveniente de la dictadura pero que también había sido
mantenido durante los gobiernos de la Concertación –como asimismo el clientelismo
político y la falta de representatividad y participación– evidenciaba la mímesis entre los
proyectos de izquierda y derecha. La frustración ante el gobierno de Sebastián Piñera –
finalmente fiel a la ortodoxia económica del mercado desregulado y a la política
institucional proveniente del modelo dictatorial– y el desnudamiento de la “anestesia” que
la Concertación había logrado durante veinte años rompió los diques de contención
implementados por ésta, tanto en lo referente a la movilización social como en lo relativo a
neutralizar la memoria del pasado dictatorial. Por una parte, la sociedad chilena, ante el
desprestigio de la clase política y su incapacidad para resolver problemas sociales perdió el
miedo y salió a las calles para poner en la agenda sus propias prioridades. Expresión de ello
fueron, por ejemplo, el apoyo masivo a las manifestaciones estudiantiles del año 2011, o la
movilización en Magallanes en rechazo al alza del precio del gas. Por la otra, para la
opinión pública el argumento de que las violaciones a los derechos humanos se justificaban
por los logros económicos era ya insuficiente. Era necesario, entonces, ajustar las cuentas
pendientes con el pasado. Cuestionar críticamente el modelo de país implicaba recordar y
comprender el acontecimiento fundacional que le dio origen: el golpe militar del 11 de
septiembre de 1973. Comprender qué llevó a que Chile fuera el país que es en la actualidad
suponía mirar atrás y hacer un balance de las últimas cuatro décadas en términos de
desigualdad
económica,
democracia
y
derechos
humanos.
Conocer las
causas
y
consecuencias del golpe, las responsabilidades de civiles y militares, los atropellos
represivos cometidos durante la dictadura implicaba no sólo realizar una profunda revisión
de las últimas cuatro décadas, sino hacer un profundo ejercicio de memoria de un período
de la historia nacional que marcó la vida de generaciones de chilenos. A cuarenta años del
golpe militar, y a la luz de desafíos tales como pensar de nueva cuenta qué proyecto de país
se desea construir, la memoria del 11 de septiembre de 1973, fecha que signó el futuro del
país en tanto reorganizó la estructura económica, política, social y cultural, se volvió un
imperativo que sacudió el adormecimiento que había vivido el país bajo un marco
constitucional restringido, un orden socio-económico desigual y una política de la memoria
ambigua.
23
Sin duda, la explosión de memoria desatada en Septiembre del 2013 estuvo ligada a
la nueva sensibilidad social y a la apertura de tema hasta entonces más bien opacados–
estuvo relacionada con las movilizaciones estudiantiles del año 2011, la cuales gatillaron un
amplio cuestionamiento de la realidad post-dictatorial, y que percibían que el golpe y la
dictadura marcaron de manera decisiva su presente y su futuro. Hoy, alrededor del sesenta y
cinco de la población nació después del golpe militar. (Censo 2012). Coexisten, por tanto,
varias generaciones con memorias diversas sobre la historia nacional de los últimos
cuarenta años. Para quienes fueron protagonistas, actores o testigos directos del gobierno de
la Unidad Popular, el golpe militar y la dictadura –incluso aceptando la heterogeneidad de
22
En julio del 2013, el grado de aprobación del Presidente Piñera era de 39% y su nivel de rechazo alcanzaba
al 51%. www.elmostrador.cl, 9 de julio 2013.Al mismo tiempo, una encuesta del Centro de Estudios de la
Realidad Contemporánea dado a conocer en enero del 2013 señalaba una disminución del apoyo ciudadano a
la Concertación. www.emol.cl, 6 de enero 2013.
23
En palabras de Manuel Antonio Carretón:
“No hay proyecto de país que no implique la elaboración de la
memoria” (
Garretón 2003: 216).
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sus memorias– el 11 de septiembre de 1973, fue el evento clave en sus biografías. La
generación siguiente, que creció durante la dictadura militar, no sufrió en carne propia los
atropellos de la dictadura, pero vivió un entorno autoritario
24
en la que el entonces
Presidente Augusto Pinochet tenía el control absoluto sobre el país.
25
Esta generación “
que
sólo conocieron la democracia de oídas
” (Contardo, 2013:13) vivió el temor como
experiencia dominante, marcada por una sensación de fragilidad y amenaza en una
atmósfera social enrarecida, imposibilitada de involucrarse en proyectos colectivos y, por
tanto, resguardada en el ámbito de lo privado, perpleja frente a una realidad que los ubicaba
como “personajes secundarios” (Zambra, 2001:58) de la historia, fracturada entre el intento
de entender qué sucedía en el país y el imperativo de adaptarse a las prescripciones
dictatoriales. Pero ya las nuevas generaciones, en especial las más jóvenes nacidas bajo el
régimen democrático liderado por la Concertación, están cada vez menos cargados del peso
traumático de la dictadura, a lo cual la muerte del General Pinochet en diciembre del año
2006 contribuyó significativamente. Estas generaciones que nacieron en la era digital –y
por tanto, con un amplio manejo de las comunicaciones y a la información, pueden acceder
a miradas más amplias, plurales y diversas sobre la historia reciente del país y viven una
mayor autonomía respecto de herencias familiares, ideas religiosas o convicciones políticas,
etc. No han conocido otra realidad económica más que la del mercado global –y la primacía
del individuo como consumidor más que como ciudadano– ni otra realidad política que la
de democracia liderada por la Concertación y los cuatro años del gobierno de centro
derecha. Estos jóvenes crecieron en un país donde el tema de las violaciones a los derechos
humanos ocurridos durante la dictadura –un tema perturbador y molesto– era un asunto
difuso, cubierto por el silencio y la amnesia. Pudieron acceder a un mejor nivel de vida que
sus padres pero no vieron satisfechas sus expectativas de encontrar el mundo de libertad,
igualdad de oportunidad y horizontes de futuro que la democracia les prometió. Fueron más
bien receptores de discursos que apelaban al mérito individual y a la capacidad propia para
ascender socialmente.
Incorporados masivamente a la educación superior esperando
encontrar en ella un canal de movilidad social, se encontraron que no era así. Fue esta
generación, –o al menos parte de ella– la que expresó en sus movilizaciones el malestar
social de desesperanza y frustración de la etapa postdictatorial que recorría a gran parte de
la sociedad chilena, visibilizándolo y al mismo tiempo, expresando su deseo por un Chile
más justo, equitativo y democrático. (Figueroa, 2012). Ajena a los partidos políticos
tradicionales, haciéndose eco de una amplia mayoría ciudadana que hizo suyas las
demandas estudiantiles, para esta generación la política no debe ser sólo una actividad de
baja intensidad o encargarse sólo de garantizar el orden democrático y la estabilidad, sino
que exige participación y una discusión seria sobre los problemas fundamentales del país.
Fue esta generación –la de quienes fueron estudiantes secundarios en el año 2006 y no
vieron satisfechas sus demandas durante el gobierno de Michelle Bachelet– la que abogó
por el fin de una de herencias más cuestionadas del régimen militar: el alto costo de la
educación superior
26
y el alto nivel de endeudamiento asumido por muchas familias para
24
En palabras del escritor Alejandro Zambra: “
Mientras los adultos mataban o eran muertos, nosotros
hacíamos dibujos en un rincón”
(Zambra, 2011: 56).
25
Es célebre la frase de Augusto Pinochet: “No se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo
yo, que quede claro”, Revista Ercilla, 13 de octubre 1981.
26
La privatización de la educación, junto con la de la salud y la previsión social, fue una de las principales
políticas del régimen militar, descentralizando y municipalizando la educación primaria y media, dejando en
manos de la familia un asunto público como el de la educación y permitiendo el ingreso de sectores privados
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acceder a Universidad, planteando que la educación es un derecho y exigiendo educación
pública, gratuita y de calidad. Inserta en la era de la conectividad y la cibercultura, lo que se
manifestó en movilizaciones masivas de carácter performativo y visual, “
protagonista de
una puesta-en-escena que espera el horario estelar de los noticieros para una puesta-en-
cuadro”
(Cuadra, 2012), las movilizaciones cuestionaban, detrás del tema educativo, el
modelo económico-político chileno heredado de la dictadura que no concilia desarrollo y
equidad ni garantiza derechos sociales y humanos. En esta línea, las movilizaciones
estudiantiles –que redescubrían el espacio público– dejaban atrás la historia y la imagen de
la dictadura militar enfrentándose al Estado y rebelándose contra la pasividad de quienes,
durante las décadas anteriores, pretendieron que en el país “no pasaba nada”. Las
movilizaciones estudiantiles recogieron aspiraciones de generaciones estudiantiles previas
que también demandaron en su momento –fines de los sesenta e inicios de los setenta, un
momento de gran intensidad en la luchas sociales– mayor justicia y equidad. (Rojas, 1988;
Huneeus, 1988). Los jóvenes apelaron al pasado pre-golpe, cuando los jóvenes eran actores
y
protagonistas
indiscutidos
de
la
actividad
política
participando
en
partidos
y
organizaciones sociales en su afán de intervenir desde la universidad en la configuración de
un país diferente
27
No es casual, entonces, que la repolitización de las nuevas generaciones
tuviera como una de sus figuras icónicas a Salvador Allende, presente en pancartas y
consignas (Cuadra, 2012), rescatando en el imaginario social una tan figura emblemática de
la historia reciente del país, silenciada totalmente durante el régimen militar y virtualmente
desdibujada posteriormente. Las movilizaciones estudiantiles recuperaban, así, la conexión
con una historia que había sido interrumpida por el golpe militar. La amnesia salía de su
letargo y la memoria histórica se revitalizaba, lo cual abría la puerta para mirar al pasado,
exhibir de manera pública una memoria que hasta entonces había circulado más bien por
los márgenes y reconstruirla de manera colectiva. En esta línea, conocer qué, cómo, y por
qué se rompió el orden institucional en Chile significaba, para esas nuevas generaciones,
acceder a lo que fue la dictadura, y re-significar la memoria.
Pero si las movilizaciones de los estudiantes rescataban al país pre-golpe, el país
también cambió en otro sentido: en la conmemoración de los cuarenta años del golpe
militar la figura de Augusto Pinochet estuvo virtualmente ausente. Su muerte, en diciembre
del 2006, cerraba un capítulo de la historia chilena. Después de más de veinte años de
finalización del gobierno militar, parte de la clase política que participó en él optó por
desvincularse de su propia historia. El descrédito por las acusaciones de corrupción, la
fuerza de las movilizaciones estudiantiles, y la evidencia de que la mayoría de la opinión
pública consideraba a Augusto Pinochet como una figura negativa de la política nacional,
28
se tradujo en que parte del partido Renovación Nacional, de derecha liberal –fundado en
1987 a partir de la reorganización de los partidos conservadores que existían previamente al
en la esfera de la educación superior. alentando en este caso, la proliferación de universidades privadas. En
1981, en plena dictadura militar, el gobierno de Augusto Pinochet dictó la Ley General de Universidades, que
desmembró, debilitó y desfinanció a las universidades estatales y permitió, a su vez, crear nuevas
universidades privadas. Lo anterior trajo consigo que, si bien se aumentó la cobertura y la oferta en educación
superior, la calidad de esta comenzó a disminuir considerablemente, a la par que el costo aumentaba
continuamente. Las universidades estatales y tradicionales, que hasta esa fecha eran gratuitas, comenzaron a
cobrar aranceles, los cuales fueron subiendo progresivamente. Con la llegada de la Concertación al poder este
modelo educativo se mantuvo.
27
El 62% de víctimas reconocidas oficialmente entre muertos y desaparecidos tenían entre 16 y 30 años.
28
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golpe militar de 1973– y al que pertenece el Presidente Piñera, se desmarcara de su ligazón
con los crímenes de la dictadura, remarcando su posición de constituir una fuerza de
derecha ligada sólo a los logros económicos alcanzados por la dictadura. Es en esta línea
donde se insertan las declaraciones del entonces Presidente Piñera quien, enarbolando la
bandera de haber votado por el “No” en el plebiscito de 1988, acusaba de “cómplices
pasivos” a quienes sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco hicieron
nada”,
29
así como su decisión de cerrar el Penal Cordillera, donde se encontraban recluidos
–en condiciones de privilegio – nueve militares de alto rango condenados por violaciones a
los derechos humanos y trasladarlos a la prisión militar de Punta Peuco. Esta decisión le
mereció a Sebastián Piñera violentas críticas del Partido Unión Democrática Independiente
(
UDI
),
30
fundado en 1983, cuyos dirigentes fueron la base civil de apoyo al gobierno de
Augusto Pinochet –y están, por tanto, ligados históricamente con su legado– pero que
quedó severamente debilitada al destaparse por televisión las violaciones a los derechos
humanos cometidos por la dictadura. La fractura en la Alianza por Chile, la coalición
integrada por Renovación Nacional y la
UDI
se inserta, ciertamente, en el juego de las
fuerzas políticas a futuro. Por una parte, el cierre del Penal Cordillera dejó sin banderas a la
Concertación: era un gobierno de centro-derecha el que terminaba con las concesiones de la
clase gobernante a los responsables de los crímenes dictatoriales. Por la otra, dicha fractura
llevó a la formación de un partido escindido de Renovación Nacional, “Amplitud”, fundado
en enero del 2014, de centro derecha liberal y desligada del lastre pinochetista, que convoca
a los independientes de centro y de derecha que no se sientan representados por los
partidos actuales”
,
31
rechaza las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
régimen militar, apoya reformas políticas que profundicen la democracia y alienta el voto
de chilenos en el extranjero.
Es cierto que la intensidad de la conmemoración por los cuarenta años del golpe
militar se desdibujó entre las cuecas, las empanadas y los rodeos de las festividades patrias
del “18”. Es cierto que los medios de comunicación no han vuelto a tocar el tema y que
Chile sigue siendo un país no reconciliado en su interpretación en torno al golpe militar. Sin
embargo, la memoria de la historia reciente ha ido cambiando a lo largo de las últimas
cuatro décadas como lo evidenció, sin duda, la conmemoración de Septiembre del 2013.
Los retos de Michelle Bachelet son fuertes: terminar con la desigualdad social, reconstruir
los lazos con los movimientos sociales, financiar una reforma educativa, garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, fortalecer la representatividad de la clase
política, atender los reclamos de los grupos sociales que demandan mejoras en sus
condiciones de vida y, política, atender los reclamos de los grupos sociales que demandan
mejoras en sus condiciones de vida y, ciertamente, hacer irreversible el castigo a la
impunidad, generar políticas públicas comprometidas con la promoción de una cultura
democrática, fortalecer la defensa de los derechos humanos y preservar la memoria. El
Programa de Gobierno de Michelle Bachelet estableció que:
Se deben desarrollar planes de educación y memora histórica tendientes a desterrar
definitivamente la posibilidad de que tan graves atentados a la vida y dignidad humana se
repitan y a fomentar una cultura de la paz y la tolerancia” dentro de las cuales “apoyaremos el
29
La Tercera, 31 de agosto 2013.
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La Tercera, 1 de octubre 2013.
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El Mercurio, 7 de enero 2014
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Nueva Época, Año LIX, núm. 221, mayo-agosto de 2014, pp. (versión preprint) ISSN-0185-1918
mantenimiento de las instituciones de la sociedad civil de defensa y promoción de los
derechos de las víctimas de los crímenes de la dictadura, especialmente de las que poseen una
trayectoria
histórica
y
simbólica
en
la
materia….Desarrollaremos
una
política
de
recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos
humanos, velando por su mantención básica y permanente. Desarrollaremos una estrategia
específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones.
32
Es cierto que la memoria de la historia reciente ha ido cambiando a lo largo de las
últimas cuatro décadas como lo evidenció, sin duda, la conmemoración de Septiembre del
2013. Pero también es cierto que existen todavía políticas de amedrentamiento contra
“sitios de memoria” donde se violaron derechos humanos durante el régimen dictatorial, y
que son extremadamente vulnerables en cuanto al financiamiento de su gestión.
33
La
“batalla por la memoria” sigue todavía pendiente.
32
Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018.
33
El Dínamo
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