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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LX, núm. 223
enero-abril de 2015
pp. 27-60
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Politólogo y doctor en Ciencias Sociales, El Colegio de la Frontera Norte. Profesor‐investigador en el Departamento
de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte. Director general de Docencia en la misma
institución, (México). Sus líneas de investigación son: gobernanza democrática, democracia deliberativa, rendición
de cuentas y cultura política. Entre sus últimas publicaciones destacan:
La representación política de cara al futuro:
desafíos para la participación e inclusión democráticas
(2014); “La deliberación como mecanismo de control democrá-
tico: precisiones analíticas y cuestiones emergentes” (2014) y “La democracia como política pública: oportunidades
para el fortalecimiento democrático” (2013). Dirección de correo: amonsi@colef.mx 
1
Este trabajo se benefició de las recomendaciones realizadas por los revisores anónimos. Les expreso un agradeci-
miento por sus observaciones y asumo la responsabilidad de lo que pudo quedar pendiente.
Hablar de política
Democracia deliberativa y participación discursiva en México
Talking about Politics
Deliberative Democracy and Discursive Participation in Mexico
Alejandro Monsiváis Carrillo
∗1
Recibido el 5 de mayo de 2014
Aceptado el 22 de agosto de 2014
RESUMEN
Este artículo defiende la pertinencia del es-
tudio de la deliberación para dar cuenta del
funcionamiento de los mecanismos de control
democrático en los regímenes políticos. Con
esa finalidad se realizan algunas precisiones
conceptuales sobre la democracia deliberati-
va y se proponen algunos lineamientos para el
análisis empírico, a la vez que se hace una valo-
ración del papel de la deliberación en la política
democrática en el México contemporáneo. Para
avanzar en el estudio de la dimensión delibe-
rativa del comportamiento político se analizan
indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional
de Cultura Política 2012 y se evalúan sus de-
terminantes. La evidencia muestra que existe
un desafío mayor en términos del desarrollo
ABSTRACT
Tis paper argues that it is necessary to promote
the study of deliberative politics in the analysis
of the mechanisms of democratic accountability
in political regimes. ±o advance this idea, it en-
gages in a critical examination of the model of
deliberative democracy and offers some guide-
lines for empirical research. Simultaneously, a
brief assessment of the role of deliberation in
Mexico`s contemporary democracy is provided.
Also, with the purpose of exploring the deliber-
ative dimension of political behavior in Mexico,
some empirical indicators obtained from the
National Survey of Political Culture 2012 are
analyzed. Te results show that developing de-
liberative capacities is a major challenge in this
country. Even when the evidence shows a mi-
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de capacidades deliberativas entre la ciudada-
nía. El trabajo sostiene que, a pesar del carácter
incipiente de los atributos deliberativos de la po-
lítica en este país, es necesario avanzar en una
agenda de análisis y de reforma institucional
con perspectiva deliberativa en las democracias
emergentes.
Palabras clave:
democracia deliberativa; parti-
cipación discursiva; comportamiento político;
opinión pública; México.
nor role for deliberation in Mexican politics, the
paper defends including the deliberative per-
spective in the agenda of political research and
institutional reform in emerging democracies.
Keywords:
deliberative democracy; discursive
participation; political behavior; public opinion;
Mexico.
Introducción
Un tema poco explorado en el estudio del comportamiento político en México es el de la
deliberación pública. Los estudios sobre comportamiento electoral, participación política
y opinión pública que tienen a México por objeto de análisis son numerosos y sofisticados
(Moreno, 2003; Morris y Klesner, 2010; Martí, Ortega y Somuano, 2011). Sin embargo, a pesar
de que el análisis del comportamiento deliberativo basado en encuestas va ganando terreno
(Fishkin, 2009; Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Mutz, 2006; Neblo, Esterling, Kennedy,
Lazer y Sokhey, 2010), todavía tiene poca presencia en este país el interés por conocer los
atributos del componente deliberativo de la participación política. La premisa de este tra-
bajo es que el estudio del comportamiento deliberativo constituye una importante área de
oportunidad en la investigación sobre opinión pública, participación política y democracia.
Esta premisa puede no ser obvia, a pesar del rápido crecimiento que han tenido en la
última década los estudios empíricos sobre la deliberación política (Delli Carpini, Cook
y Jacobs, 2004; Steiner, 2012). Para muchos, la deliberación puede resultar una práctica
políticamente inconsecuente que forma parte de una concepción de la democracia y la le-
gitimidad poco realistas (Posner, 2003: 107). Hay que comenzar, entonces, por defender el
caso. En la primera parte de este trabajo defenderé la relevancia de la perspectiva delibe-
rativa y la pertinencia de la investigación empírica en este campo. La apuesta consiste en
incorporar de manera sistemática las aportaciones del enfoque deliberativo en el estudio
de la política y la democracia.
El planteamiento que desarrollaré se basa en la idea de que el estudio de la deliberación
puede contribuir a conocer el funcionamiento de los mecanismos de control democrá-
tico (Monsiváis Carrillo, 2014). Con base en este planteamiento, en la segunda parte de
este trabajo abordaré la definición del concepto de deliberación y postularé que en el aná-
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lisis empírico de este concepto se pueden utilizar tres categorías: participación discursiva,
deliberación colegiada y deliberación política. En la tercera sección, a partir de fuentes se-
cundarias y las claves analíticas proporcionadas por el enfoque deliberativo, realizaré una
valoración general del papel que ha tenido la deliberación en la política democrática en
el México contemporáneo. La última parte del trabajo presenta un análisis de tres indica-
dores de participación discursiva con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura
Política 2012 (±²³U´, 2013). Este trabajo concluye con una reflexión general en la que se
señala que es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con
perspectiva deliberativa.
Democracia deliberativa: teoría normativa y análisis político
El interés por la deliberación tiene uno de sus orígenes contemporáneos en la teoría y la
filosofía políticas (Cohen, 1989; Habermas, 1998). El precepto de la deliberación ha contri-
buido a tener una comprensión normativamente más robusta de la política democrática que
la que proviene de las teorías elitistas y economicistas. A grandes rasgos, el enfoque delibe-
rativo se opone a una concepción “agregativa” de la política (Gutmann y Tompson, 2004)
-
la idea de que las decisiones democráticas no son más que el resultado de la agregación
de preferencias individuales
-
. Esta visión no es incompatible con la expresión de intereses
políticos autocentrados ni con las elecciones, la competencia política o las instituciones re-
presentativas (Mansbridge, Bohman, Chambers, Estlund, Follesdal, Fung, Lafont, Manin y
Martí, 2010). En cambio, se contrapone a la idea de que la democracia puede ser descrita
de manera suficiente empleando la analogía de un mercado (Elster, 2003), entendida como
un sistema en el que se intercambian, bajo consideraciones estratégicas, candidatos u ofer-
tas de política por votos. Los partidarios de la deliberación pública consideran que todos
los implicados por una decisión política deben tomar parte en su adopción a través de un
intercambio de razones y argumentos que sean convincentes y públicamente justificables
ante otros ciudadanos (Gutmann y Tompson, 2004; Cohen, 1997). Que esto sea posible y
de qué manera, es algo que ha sido discutido ampliamente.
El papel de la deliberación en la política democrática ha sido objeto de numerosas con-
troversias en la teoría normativa, pero también ha suscitado el interés de la investigación
empírica (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Ryfe, 2005; Steiner, 2012; Tompson, 2008).
La cantidad y diversidad de estudios publicados sobre este tema se ha incrementado acele-
radamente en múltiples campos disciplinarios. µna de las causas de esta multiplicación es la
propia realidad política. Las iniciativas prácticas con componentes deliberativos no se han
sentado a esperar a que los teóricos decidan si la deliberación es necesaria para la legitimi-
dad democrática y si acaso es factible deliberar en un mundo donde se confrontan entre sí
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poderosos intereses. La deliberación es promovida en numerosos formatos institucionales
y encuentros colectivos que se vienen realizado durante los últimos años en un amplio es-
pectro de temas de la política pública, en los planos locales, nacionales e internacionales,
e involucrando a actores sociales, profesionales o activistas y académicos (Dryzek, 2012;
Fishkin, 2009; Goodin, 2008; Fung; 2007; Nabatchi, Gastil y Weiksner, 2012; Smith, 2009).
A pesar de este auge, los estudios realizados en México con esta perspectiva son toda-
vía escasos. La cuestión está, desde luego, en explicar las razones por las que tendría que
emplearse este enfoque para analizar los procesos políticos en México o en otros países
latinoamericanos. El argumento que sostengo es que la perspectiva deliberativa puede des-
empeñar dos funciones heurísticas en el estudio de la política democrática. Por un lado,
funciona como un ideal regulativo en el sentido de que establece una serie de parámetros
para orientar el diseño institucional, los procesos de reforma y la acción pública. Por el
otro, la teoría deliberativa está conformada por un conjunto de premisas y supuestos que
tienen que ser puestos a prueba empíricamente para explicar los fenómenos políticos. La
pregunta de fondo es qué tanto y de qué manera la política deliberativa está asociada empí-
ricamente con determinados atributos de los procesos y los resultados de la acción política.
Se puede poner a prueba, por ejemplo, qué tanto la deliberación tiene las consecuencias
esperadas en términos de capacidades o compromiso cívico en los ciudadanos, qué tanto
contribuye a adoptar decisiones políticas óptimas y hasta qué punto fortalece la legitimi-
dad de los procesos políticos.
Las dos funciones heurísticas de la perspectiva deliberativa de la democracia son rele-
vantes tanto para las democracias consolidadas como para las democracias “deficientes”
(Croissant y Merkel, 2004).
2
Si a este enfoque se le ha criticado por ser idealista, también
se le puede objetar que solamente puede funcionar apropiadamente en democracias fir-
memente establecidas, en las que las desigualdades sociales no socavan la posibilidad de
participar en condiciones de equidad, o en las que el gobierno de la ley protege efectiva-
mente los derechos de la ciudadanía.
Este planteamiento es poco convincente por dos motivos. En primera instancia, si se
parte de la idea de que no se debe promover la deliberación hasta que el Estado de derecho
no esté completamente establecido, la democracia firmemente asentada y las desigualdades
sociales no sean abismales, se está defendiendo una idea de dudosas credenciales democrá-
ticas. La deliberación es una forma de acción política intrínsecamente ligada a los derechos
políticos de los ciudadanos; si se postula que, por principio, no debe esperarse que una de-
mocracia “deficiente” sea deliberativa, sería como postular que no debe esperarse que los
2
Denomino “democracias deficientes” a los regímenes políticos que, sin ser sistemas autoritarios, adolecen de di-
versos déficits en su funcionamiento en tanto regímenes democráticos. Existe una amplia variedad de términos para
referirse a esas democracias de mediana y baja calidad. En este contexto, el uso del término es indicativo y no pretende
constituirse como criterio clasificatorio.
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ciudadanos ejerzan sus derechos políticos hasta que el sistema en su conjunto haya alcan-
zado un nivel óptimo de funcionamiento.
Si la premisa es que no debe esperarse que una democracia “deficiente” sea deliberativa
por razones que,
de facto
, limitan u obstaculizan la política deliberativa, entonces, por el
contrario, adquiere especial relevancia este enfoque. Es decir, en un sistema donde el po-
der público se ejerce en condiciones de discrecionalidad y opacidad en lugar de estar sujeto
a mecanismos de control democrático, es evidente que habrá pocos indicios de delibera-
ción pública significativa y eficaz. Por esas mismas razones, de hecho, esta situación invita
a recurrir a la teoría deliberativa para evaluar los atributos de esa situación y orientar las
posibilidades de una reforma institucional o de acción pública. Cuando un sistema político
padece de controles democráticos insuficientes o precarios es importante dar cuenta de cómo
los episodios o instituciones deliberativos, por escasos e incipientes que éstos sean, contri-
buyen a democratizar el ejercicio del poder público. Como ha señalado Dryzek (2009), la
construcción de capacidades deliberativas en los sistemas políticos es un componente fun-
damental en los procesos de democratización. Sirva como ilustración las aportaciones de
esta perspectiva para dar cuenta del lugar que han ganado diversas prácticas deliberativas
en el régimen autoritario vigente en China (He y Warren, 2011).
La deliberación como mecanismo de control democrático:
precisiones conceptuales
Una de las principales dificultades asociadas al estudio empírico de la deliberación consiste
en distinguir los componentes normativos de este concepto de los atributos que lo consti-
tuyen como un fenómeno político. En la teoría normativa, la deliberación hace las veces de
un dispositivo conceptual que ayuda a articular ideales como los de igualdad política, ra-
zonamiento público y legitimidad democrática. Como fenómeno político, la deliberación
política debe ser identificable por los atributos que la definen. Cuando se traslapan los idea-
les normativos asociados a la deliberación con sus atributos empíricos se está incurriendo
en un problema de confusión conceptual. En esta sección formularé un planteamiento que
nos permita estudiar la deliberación política como un fenómeno político empírico.
De inicio es necesario dejar de pensar a la democracia deliberativa como un modelo
político-normativo cerrado y auto-contenido (Warren, 2012). Una concepción tal se en-
cuentra en la definición que proporcionan dos influyentes promotores de esta perspectiva:
[La democracia deliberativa es] una forma de gobierno en la cual los ciudadanos (y sus represen-
tantes), en su condición de libres e iguales, justifican sus decisiones en un proceso de intercambio
de razones que son mutuamente aceptables y accesibles de manera general, con la finalidad de
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alcanzar conclusiones que son vinculantes en el presente para todos los ciudadanos, pero que
pueden ser impugnadas en el futuro (Gutmann y Tompson, 2004: 7).
3
Si se concibe a la democracia deliberativa como un sistema en el que la deliberación cons-
tituye el mecanismo primordial y exclusivo para la toma de decisiones democráticas, se
está adoptando una concepción de la política democrática irreal e inconsecuente. Desde
un principio, los ideales deliberativos estarían destinados al fracaso, pues aspiran a un sis-
tema político despojado de elementos constitutivos de la política, como son los intereses y
el poder. ±al visión pasa por alto que la deliberación es una forma de cooperación política
que puede contribuir a las decisiones colectivas articulándose con procesos de votación o
negociación.
Con una visión así, de paso, se reducen drásticamente las posibilidades de promover un
diálogo entre la investigación empírica con perspectiva deliberativa y cualquier otro tipo de
análisis político. Si la investigación empírica sobre la deliberación se limita a aquellos casos
en los que es posible observar procesos de decisión y actuación política de índole estricta-
mente deliberativa, este tipo de investigación puede aportar muy poco a la explicación de
los fenómenos políticos más prosaicos y comunes. Ésta es la receta para ampliar la brecha
entre la perspectiva deliberativa y el análisis político en sus distintas facetas. El problema
con esta tendencia es que impide dar cuenta de los atributos deliberativos que están pre-
sentes, de hecho, en los procesos políticos ordinarios. Una adecuada comprensión de esos
atributos puede resultar clave para explicar determinadas instituciones y prácticas políticas,
y puede servir también para orientar los procesos de reforma institucional.
Mi postura es que la democracia deliberativa, más que un modelo normativo auto-
contenido, debe ser considerada como una manera de poner énfasis en la centralidad que
tienen las razones y justificaciones públicas en la configuración de la opinión pública, las
decisiones políticas y la acción pública. La premisa es que la deliberación es una forma de
acción política que puede ser decisiva para promover el control democrático del poder pú-
blico (Monsiváis Carrillo, 2014). Para ser precisos, el control democrático (o
democratic
accountability
) es el proceso mediante el cual distintas instituciones y mecanismos políticos
promueven que el ejercicio del poder sea responsable y justificable ante aquellos sobre quie-
nes se ejerce tal poder (Borowiak, 2011: 9-13). Puesta de esta manera, la pregunta no debe
ser en qué medida las decisiones en un sistema político determinado se adoptan mediante
la deliberación
-
por oposición a las decisiones que se adoptan a través de negociaciones o
votaciones
-
. Antes bien, la pregunta debe ser en qué medida la deliberación es un medio
para configurar leyes, decisiones y políticas que sean auditables por parte de la ciudadanía
y justificables ante ella.
3
±raducción del autor.
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La deliberación como práctica política, por otra parte, es un fenómeno elusivo. A pesar de la
extensa discusión que se ha dado en torno a este concepto (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004;
Neblo, 2005; Rosenberg, 2007; Ryfe, 2005; Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen, 2005),
no se registra todavía el afianzamiento de una categoría empírica reconocida por distintos
analistas. El debate ya no reside en saber si la deliberación debe seguir un formato discursivo
formal y riguroso, o si diversas figuras retóricas y formas de comunicación pueden ser tam-
bién parte de un proceso deliberativo. Aunque se asume que la deliberación puede realizarse
empleando diversos recursos comunicativos, las diferencias más importantes residen en
saber qué tan amplio o restrictivo debe ser el concepto de deliberación. Para algunos, ésta
se manifiesta por igual en las conversaciones cotidianas sobre política, en las discusiones
informales o en toda comunicación no coercitiva sobre las propias preferencias políticas
(Dryzek, 2000: 6). Para otros, la deliberación es un fenómeno político poco frecuente, que
se realiza en circunstancias poco habituales y que demanda a los interlocutores desarrollar
habilidades cognitivas y de comunicación especiales (Ryfe, 2005). Por ejemplo, Tompson
(2008: 502-503) concibe a la deliberación como un intercambio de argumentos y razones
sobre un desacuerdo para llegar a una decisión vinculante que sea democráticamente legí-
tima
-
una postura similar es defendida por Cohen (2007)
-
.
La ventaja de adoptar una definición más abarcativa, como la propuesta por Dyzek
(2000:6), es que se puede poner atención a los aspectos que hacen de las conversaciones
políticas informales un elemento del sistema deliberativo (Mansbridge, 1999).
El inconve-
niente de esta postura es que tiene poca capacidad de diferenciación analítica, borrando la
diferencia que existe entre la argumentación política que informa los procesos de decisión
pública y las charlas cotidianas de carácter informal sobre asuntos políticos generales. De
manera simétrica, suscribir las tesis de Tompson (2008) y Cohen (2007) ayuda a delimi-
tar más claramente la política deliberativa, pero deja fuera de la teoría otras modalidades
de comunicación política que no están relacionadas directamente con la toma de decisio-
nes, pero que pueden ser políticamente relevantes.
Para discernir el papel que juega la deliberación en la política sostengo que es necesario
asumir que la noción de “deliberación” se compone de atributos políticos que no pueden ser
capturados en una definición unitaria. Las distintas manifestaciones de la política delibera-
tiva no se ubican a lo largo de un mismo continuo. Las diferencias entre una conversación
política informal, el debate en un foro público y la discusión legislativa, no son simplemente
de orden o grado. Son formas de interacción política cualitativamente diferentes.
El primer paso para llegar a una concepción empírica de la deliberación es reconocer
que toda forma de acción política deliberativa es una instancia de comportamiento coope-
rativo entre dos o más actores, esto permite separar el proceso de cooperación política de
la forma y los contenidos de la comunicación que se lleva a efecto. La ventaja de esta distin-
ción analítica es que ayuda a que la calidad de la comunicación política sea concebida como
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una variable. De esta manera, la evaluación de la calidad de la deliberación se puede reali-
zar mediante instrumentos específicos.
4
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los
fenómenos deliberativos se diferencian entre sí a partir de cuatro dimensiones: a) autoriza-
ción formal; b) propósitos del diálogo; b) carácter resolutivo del diálogo, y c) obligatoriedad
de la resolución adoptada.
La primera dimensión se refiere a si es necesario que quienes forman parte de un in-
tercambio político comunicativo hayan recibido previamente algún tipo de autorización
formal, ya sea de tipo electoral, estatutario o administrativo. La segunda dimensión remite
al propósito del diálogo: si solamente se desea proporcionar información acerca de las pro-
pias preferencias políticas o de los propios valores, experiencias y/o actitudes políticas, o si
además se pretende persuadir o convencer a los interlocutores políticos. La tercera dimen-
sión se origina en el carácter resolutivo de la comunicación política. La comunicación es
resolutiva cuando contribuye a adoptar una decisión pública. Esta decisión, sin embargo,
puede no ser vinculante. De ahí que la cuarta dimensión explore si la resolución adoptada
se convierte en obligatoria o no. Estas dimensiones permiten distinguir tres tipos de polí-
tica deliberativa.
Cuadro 1
Tipos de política deliberativa
Dado un proceso comunicativo en el que se intercambia información sobre
preferencias y posiciones políticas, y/o se tiene como finalidad persuadir a los
interlocutores:
Tipo de deliberación
Ejemplos:
1.
Para participar no se requiere
contar con una autorización
institucional.
2.
El intercambio no habrá de
producir ninguna resolución o
decisión en particular.
Participación discursiva
(Jacobs, Cook y Delli
Carpini, 2009)
Conversaciones
informales sobre lo
público y la política.
1.
Se requiere autorización
institucional para participar en el
diálogo.
2.
El intercambio habrá de producir
una resolución o decisión
específica.
Deliberación colegiada
Encuestas deliberativas.
Foros públicos.
Consejos consultivos.
4
Véase: Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen (2005).
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Tipo de deliberación
Ejemplos:
Se requiere autorización institucional
para participar en el diálogo.
El intercambio habrá de producir una
resolución o decisión específica.
La resolución adoptada tiene un
carácter vinculante y obligatorio
Deliberación política
Decisiones de órganos
reguladores.
Decisiones legislativas.
Fuente:
elaboración propia con base en Monsiváis Carrillo (2014: 482-485).
El primer tipo es la
participación discursiva.
Este concepto ha sido formulado por Cook, Delli
Carpini y Jacobs, (2007) y Jacobs, Cook y Delli Carpini (2009). Para estos autores la parti-
cipación discursiva es: “el encuentro de unos ciudadanos con otros en escenarios formales
o informales
-
cara a cara, o vía telefónica o por internet
-
para discutir temas de locales,
nacionales o internacionales” (
Ibíd
., 2009: 30). En pocas palabras, participan discursiva-
mente quienes comunican a otros sus opiniones y convicciones políticas, sin que para ello se
requiera ninguna autorización administrativa, estatutaria o electoral previa. La participación
discursiva tiene lugar en todos los sitios en los que se hable de asuntos públicos y colecti-
vos: en el ámbito doméstico, laboral o profesional. Esta comunicación tiene una finalidad
fundamentalmente expresiva, en la medida en que se comparten valores y hechos, pero es
también instrumental en tanto se busca persuadir a otros de las propias ideas. Como ha se-
ñalado Mansbridge (1999: 211), el habla cotidiana sobre política es un elemento clave de
un sistema deliberativo.
El segundo tipo es la
deliberación colegiada
. Esta forma de deliberación es el inter-
cambio comunicativo que se lleva a cabo cuando: a) quienes participan en el intercambio
han sido seleccionados o han obtenido alguna forma de autorización institucional para
ser parte del debate; b) el intercambio se da en condiciones de equidad y paridad; c) tiene
la finalidad de que la comunicación permita expresar los intereses, argumentos o preferen-
cias de cada participante, y d) se lleva a cabo con el propósito de adoptar una resolución que
no tiene un carácter vinculante. La deliberación colegiada se efectúa en aquellos foros
que han sido constituidos con el propósito de debatir asuntos públicos y emitir resolucio-
nes: encuestas deliberativas, consejos consultivos, etcétera.
La
deliberación política
propiamente dicha es la que se utiliza en la adopción de deci-
siones vinculantes con base en el intercambio de razones y justificaciones públicas. Como
señala Tompson (2008), esta deliberación presupone que existe un desacuerdo político
que obliga a debatir argumentos públicamente. El hecho de que la deliberación esté ligada
no solamente a las funciones expresivas y resolutivas de la comunicación
-
sino también a
(continuación)
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la obligatoriedad de las decisiones
-
implica que quienes participan en este debate han reci-
bido algún tipo de autorización, electoral o de otra índole. La deliberación política se lleva
a cabo en los parlamentos, los órganos estatales de regulación y vigilancia, y otras instan-
cias con capacidad para adoptar decisiones que se convierten en obligatorias.
Al distinguir los tres tipos de política deliberativa mencionados se puede avanzar ha-
cia el estudio de la interdependencia y articulación entre distintos contextos y procesos
deliberativos. Como han señalado los impulsores del “giro sistémico” en la democracia de-
liberativa (Dryzek, 2009; Mansbridge, Bohman, Chambers, Christiano, Fung, Parkinson,
Tompson y Warren, 2012; Parkinson, 2006), hace falta conocer no solamente los efectos
particulares de los minipúblicos u otras experiencias deliberativas puntuales, sino también
su relación con otras experiencias semejantes y sus consecuencias agregadas en el sistema
político. El estudio de la articulación entre las distintas modalidades descritas de política
deliberativa también permite reflexionar acerca de la relación entre los procesos políticos,
los ideales regulativos y el diseño institucional. Desde un punto de vista normativo, la deli-
beración debe ser, por ejemplo, inclusiva y pública. Pero desde un punto de vista analítico,
es necesario considerar esas normas como parámetros que varían dependiendo del contexto
y los escenarios institucionales en los que la deliberación tiene lugar. En lugar de pensar
que toda forma política deliberativa debe apegarse siempre a las mismas normas políticas,
es necesario indagar de qué manera los escenarios institucionales en los que transcurre la
deliberación promueven el equilibrio o la tensión entre distintas normas políticas y qué
consecuencias se desprenden de ello.
Democracia deliberativa… ¿en México?
Si se adopta la premisa de que la democracia deliberativa es un modelo en el que las decisio-
nes vinculantes se adoptan mediante la deliberación política, salta a la vista que el régimen
político mexicano no es una “democracia deliberativa”
-
y de hecho nunca lo será, pues tal
modelo de democracia no es factible
-
. En cambio, si se considera a la deliberación como un
elemento que contribuye al control democrático, cabe preguntarse en qué medida tal deli-
beración contribuye al control democrático en México. En esta sección abordaré este tema
de manera indicativa, trazando líneas generales que deben ser exploradas con mayor dete-
nimiento. Comenzaré discutiendo en qué medida el ejercicio del gobierno está sometido a
mecanismos de control y rendición de cuentas democráticos. Posteriormente, comentaré
el papel que tiene la política deliberativa en el sistema político mexicano.
Postulo que el control democrático en México enfrenta considerables retos. Esto se puede
constatar, en primera instancia, en los resultados del quehacer gubernamental. Se espera
que los gobiernos actúen como agentes de la ciudadanía, proporcionándoles soluciones a
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los problemas públicos y mejores condiciones de vida. La evidencia muestra, sin embargo,
que en múltiples áreas de la política pública los resultados son, en el mejor de los casos,
incipientes e inconsistentes. Por ejemplo, las últimas dos décadas no han dejado mejoras
impresionantes en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza o la disminución
de la desigualdad (Elizondo Mayer-Serra, 2010; Lustig, Lopez-Calva y Ortiz-Juárez, 2013).
Al mismo tiempo, se han registrado procesos de deterioro del bienestar social asociados a
la incapacidad de los gobernantes para enfrentar de manera eficaz diversos retos en el for-
talecimiento del Estado de derecho
-
de acuerdo con el World Justice Project (2014: 121),
México ocupa el lugar 79 de 99 países en materia de vigencia del Estado de derecho
-
. La co-
rrupción no sólo no ha sido erradicada en el sector público, sino que las administraciones
federales y los gobiernos subnacionales se han mostrado incapaces de acabar con la violencia
vinculada con el crimen organizado, de garantizar la procuración de justicia y la seguri-
dad ciudadana en un marco de derechos humanos (Aguayo y Treviño, 2010; Davis, 2006).
Por otra parte, los alcances del control democrático deben evaluarse a partir de la ca-
pacidad que tiene la ciudadanía para influir en la conducción de los gobiernos, requerir
justificaciones públicas y emitir sanciones de distinta índole. Para aproximarme a esta di-
mensión, consideraré por separado las características del régimen político y la relación de
los ciudadanos con la institucionalidad democrática. El planteamiento que pretendo for-
mular puede ser ilustrado con el gráfico 1, el cual presenta la distribución de los países
latinoamericanos en dos dimensiones: el nivel de desarrollo democrático alcanzado entre
2002 y 2013 (I±±-Lat, 2013) y el grado de satisfacción con la democracia entre 1995 y 2013
(Latinobarómetro, 2013). Los resultados que se muestran son consistentes con otras medi-
ciones de calidad de la democracia en la región.
La satisfacción con la democracia en México
-
únicamente por encima del nivel de Hon-
duras
-
ilustra que, por distintas razones, la opinión pública ha visto notoriamente frustradas
las expectativas que albergaba.
El gráfico 1 muestra que las instituciones y la política democrática en el país no se
destacan por haber tenido un proceso sostenido de cambio y fortalecimiento. El diseño
institucional de la democracia mexicana que ha prevalecido desde 1996 se caracteriza por
fragmentar el poder político en dos sentidos: en la estructura vertical del Estado
-
en tanto
favorece la discrecionalidad el ejercicio del poder subnacional en las entidades federativas,
a la vez que dificulta la coordinación política a escala nacional
-
y en un sentido horizontal
-
en tanto que la división de poderes y las características del sistema electoral han dificul-
tado la formación de mayorías legislativas representativas, estables y responsables
-
. Esta
estructura institucional es consecuencia del prolongado proceso de transición democrá-
tica que tuvo lugar en el país, el cual estuvo basado en negociaciones entre las principales
fuerzas políticas, las cuales establecieron los términos en los que se podía participar en la
competencia por los votos, la representación legislativa y el Poder Ejecutivo, pero dejaron
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en segundo plano la configuración de régimen político basado en un diseño institucional
integrado y coherente. La estructura institucional del régimen político tras la alternancia
no ha conseguido fortalecer un sistema integral de rendición de cuentas que fortalezca el
Estado de derecho (López-Ayllón y Merino, 2010), e inclusive las instituciones que fueron
creadas para garantizar y promover los derechos ciudadanos han sido colonizadas por in-
tereses partidistas y/o poderes fácticos (Olvera, 2010 y 2012).
Paralelamente, las relaciones entre ciudadanos, representantes y régimen político han sido
objeto de un pronunciado desgaste. De manera consistente, los estudios muestran que los
ciudadanos sienten desapego hacia las instituciones estatales, y en particular hacia las ins-
tituciones representativas (Del Tronco, 2012; Maldonado, 2013). No se trata sencillamente
de un distanciamiento crítico, sino de una compleja relación entre distintos determinantes,
como lo ilustra la causalidad recíproca entre la percepción de la corrupción y la descon-
fianza en las instituciones (Morris y Klesner, 2010).
Gráfco 1
Índice de desarrollo democrático en América Latina
Fuente:
elaboración propia con base en I±±-Lat (2013) y Latinobarómetro (2013).
Los mecanismos de la desafección política son diversos. Las denuncias de actos de corrup-
ción y arbitrariedad perpetrados por legisladores, gobernantes y funcionarios, seguidas de
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
80.00
60.00
40.00
20.00
Satis±acción con la democracia 1995-2013
Venezuela
Uruguay
R. Dominicana
Perú
Paraguay
Panama
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
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la falta de justicia cierta y expedita, contribuyen a alimentar el cinismo y el desencanto po-
lítico. La persistencia de rituales públicos basados en el culto popular a la personalidad de
los gobernantes alienta la reproducción de una cultura pública que continúa siendo pater-
nalista y autoritaria. La combinación de la desconfianza y el desapego hacia las instituciones
representativas con la persistencia de identificación con los principales partidos políticos
producen un “partidismo cínico” entre la población (Martí, 2013) y el surgimiento de ex-
presiones de protesta, como el movimiento de los “anulistas” del voto (Cisneros-Yescas,
2013) que denuncian las dificultades existentes para lograr que los representantes rindan
cuentas de manera efectiva.
Si el control democrático en México padece las deficiencias señaladas hasta aquí, ¿qué
se puede decir del papel de la política deliberativa en este contexto? La realidad es que la
deliberación ha desempeñado una función fragmentaria e incipiente como mecanismo de
control democrático. Esto no significa, sin embargo, que esté ausente. Aunque se requiere
una indagación más sistemática, en lo que sigue discutiré qué tanto se han desarrollado ca-
pacidades deliberativas entre los actores e instituciones públicos y qué tanto ésas han sido
consecuentes en términos de las decisiones públicas adoptadas.
Las capacidades deliberativas son disposiciones que permiten combinar recursos,
condiciones y habilidades para sostener una comunicación política. Las instituciones y
organizaciones cuentan con capacidades deliberativas en la medida en que tienen foros,
espacios y normas para el debate, la discusión y la decisión colectiva. Los grupos socia-
les y los individuos desarrollan capacidades deliberativas cuando pueden participar en
procesos de interlocución, debate y decisión con base en argumentos y justificaciones. El
desarrollo de capacidades deliberativas en las instituciones públicas y en los actores socia-
les ha seguido una pauta divergente y heterogénea en México. Desde la década de los años
ochenta del siglo pasado, y en especial a partir de los años noventa, se ha incrementado el
número de actores y organizaciones sociales con capacidades técnicas y de incidencia pú-
blica. En los principales centros urbanos del país
-
y en especial en el Distrito Federal
-
,
distintas organizaciones y movimientos sociales han conseguido posicionarse como interlo-
cutores públicos y como instancias de control gubernamental. Sin embargo, la distribución
de capacidades deliberativas en la esfera pública y en el campo asociativo sigue una pauta
polarizada y contrastante. Así como se registra la consolidación de un número limitado de
organizaciones (
think tanks
)
y de asociaciones altamente profesionalizadas que participan
activamente en los debates públicos, también existe un amplio conjunto de organizaciones,
movimientos e iniciativas que se caracterizan por la inestabilidad y la poca institucionaliza-
ción. A pesar de la diversidad y el dinamismo que tipifican al terreno asociativo, es reducido
el número de organizaciones prodemocráticas capaces de incidir en la agenda pública y en
la rendición de cuentas (±IVI±U², 2010; Somuano, 2010). En cambio, persisten las asocia-
ciones sociales, corporativas y gremiales estrechamente relacionadas con las redes políticas
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en las que se sostiene la captura de múltiples áreas del aparato estatal y gubernamental. Adi-
cionalmente, el desarrollo de capacidades deliberativas en las organizaciones y movimientos
sociales se ha visto limitado por la violenta censura del crimen organizado y el abierto ac-
tivismo que diferentes actores políticos en los tres niveles de gobierno han promovido en
contra de organizaciones civiles independientes, medios de comunicación locales, perio-
distas y defensores de derechos humanos.
Otro campo en el que se han fortalecido las condiciones para la deliberación es el de
las capacidades institucionales formales. Durante las últimas tres décadas, a la estruc-
tura institucional del Estado
-
basada en la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial en un sistema federal
-
se han incorporado distintos sistemas de órganos regu-
ladores autónomos o descentralizados que pueden desempeñar un rol clave en un sistema
deliberativo de control democrático y rendición de cuentas. El carácter colegiado de mu-
chos de estos órganos implica que el intercambio público de argumentos y justificaciones
adquiere centralidad para evaluar su desempeño. Aunque muchas de estas entidades es-
tán conformadas por comités de expertos y deben adoptar resoluciones bajo criterios
estrictamente técnicos, sus decisiones y pronunciamientos son objeto del escrutinio pú-
blico
-
es el caso, por ejemplo de los reguladores del mercado, como el Banco de México,
la Comisión Federal de Competencia Económica (creada a partir de la reforma consti-
tucional de 2013)
-
.
En otros casos, por tratarse de entidades más directamente vinculadas a la rendición de
cuentas públicas y la institucionalidad democrática
-
los órganos asociados al acceso a la in-
formación pública y gubernamental o la gobernanza electoral
-
, las deliberaciones que tienen
lugar en los consejos decisorios de estas entidades tienen un alcance público más amplio.
De forma paralela, los órganos autónomos que cumplen funciones de supervisión y contra-
peso en la garantía de derechos ciudadanos, también pueden contribuir con sus agendas,
resoluciones y pronunciamientos a una deliberación pública vigorosa. Esto ha sido señalado
en relación con órganos unipersonales, como los
ombudsman
(Monsiváis-Carrillo y Brena,
2011: 476-479), pero tal apreciación es aplicable también a otras entidades públicas, como
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Gubernamental (±²³±), el Instituto Nacio-
nal Electoral (±´µ), sus contrapartes subnacionales, y otras agencias regulatorias.
De igual manera, en los últimos años, en los tres niveles de gobierno
-
federal, estatal y
municipal
-
, se han incorporado una amplia variedad de formatos de consulta y participa-
ción pública que pueden describirse de manera genérica como “innovaciones democráticas”.
Entre los nuevos instrumentos se encuentran la promulgación de leyes de participación
ciudadana, la creación de disposiciones para impulsar la participación y la contraloría so-
cial, diversos instrumentos públicos para la rendición de cuentas, y en algunos pocos casos
la implementación de presupuestos participativos. En su conjunto, estos instrumentos han
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abierto la posibilidad de promover la deliberación en comités, comisiones, consejos y otras
formas de incidencia pública (Hevia, Vergara-Lope y Ávila Landa, 2011).
El balance del fortalecimiento de las capacidades deliberativas en las instituciones esta-
tales y gubernamentales, sin embargo, es mixto. A pesar de la creación de nuevos marcos
institucionales y normativos, persisten considerables desafíos para que la deliberación sea
en ellos una práctica común y consecuente. Son pocas las experiencias derivadas de la crea-
ción de estos instrumentos que hayan sido eficaces y duraderas. En la gran mayoría de los
casos su función es retórica y decorativa. Cuando se consigue ir más allá, como en algu-
nos consejos consultivos, es difícil trascender los formalismos y las inercias institucionales
(Montes de Oca, 2014). Como regla general, las iniciativas para ampliar el potencial de-
mocrático, participativo y deliberativo en los espacios estatales y gubernamentales se han
encontrado con la dificultad de transformar diversas estructuras y relaciones de poder entre
intereses creados. Los órganos reguladores y garantes de derechos han seguido trayectorias
de desarrollo institucional que culminan en la colonización partidista de esas institucio-
nes (Olvera, 2010). Con todo y las innovaciones participativas de por medio, gobernantes,
militantes partidistas y servidores públicos han mostrado una obstinada resistencia a la ren-
dición de cuentas y la contraloría social (Isunza, 2012). Sin dejar de apelar en el discurso a
las bondades de la participación ciudadana, numerosas iniciativas han sido capturadas por
intereses de los partidos o grupos políticos, convirtiéndose en instrumentos de patronazgo
o clientelismo (Tejera Gaona y Rodríguez Domínguez, 2012).
El punto en el que resulta más visible la desarticulación entre los procesos de delibe-
ración pública y la adopción de decisiones políticas es en las relaciones de representación
democrática. En el contexto de un entramado institucional en el que existen pocos mecanis-
mos para combatir la impunidad o incentivar la responsabilidad de los servidores públicos,
los gobernantes y los políticos rara vez se ven en la necesidad de formular justificaciones
públicas consecuentes. La configuración de agendas y el transcurso de los procesos legisla-
tivos difícilmente quedan enmarcados en procesos deliberativos que puedan ser objeto de
escrutinio público. Dos procesos distintos pueden servir de ilustración. El primero es el que
tuvo lugar a raíz de los “Diálogos por la Paz” en 2011, cuando el presidente Felipe Calde-
rón sostuvo dos encuentros con los representantes del “Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad”. Lo inédito de estos diálogos fue que el titular del Ejecutivo federal accediera a
debatir con los representantes de un movimiento social que reivindicaba una ruta diametral-
mente opuesta a la del gobierno en materia de justicia, seguridad y combate al narcotráfico.
A pesar de las condiciones iniciales propicias para el diálogo que pudieron configurarse, el
desarrollo del proceso mostró las notorias dificultades que enfrentan los gobernantes
-
en
este caso, la administración calderonista
-
para comprometerse de manera consecuente con
una política deliberativa (Monsiváis, Pérez y Tavera, 2014).
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El segundo ejemplo lo constituye el proceso de reformas encabezado por la admi-
nistración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre diciembre de 2012 y
mediados del año 2014, el gobierno del priísta Peña Nieto consiguió la aprobación de
once reformas estratégicas y la aprobación de más de 80 leyes secundarias. Luego de dos
sexenios de gobiernos sin la capacidad de alcanzar acuerdos sobre temas clave para el
país, la aprobación de las reformas en materia energética, fiscal, laboral, telecomunica-
ciones, transparencia, competencia económica, electoral, entre otras, constituyó un logro
mayor en términos de operación política. Dejando de lado la discusión sobre el valor in-
trínseco de cada una de esas reformas, el proceso político que se siguió estuvo basado en
el apoyo que le proporcionaron los partidos de oposición al partido del presidente. Este
apoyo se basó inicialmente en el “Pacto por México”, suscrito en diciembre de 2012 por
los tres principales partidos políticos del país. Aunque tuvo que ser ratificado en mayo de
2013 para aprobar un “Adéndum” relacionado con la limpieza de las elecciones, y a pesar
de que en diversas ocasiones los partidos de oposición renegaron o renunciaron a dicho
acuerdo, este “Pacto” permitió al gobierno superar en diversas coyunturas las divisiones
partidistas y sacar adelante su agenda legislativa. El proceso de reformas en su conjunto,
sin embargo, careció de componentes públicos sustantivos de deliberación y justificación.
Los propósitos, alcances y contenidos de las reformas no se debatieron ni se justificaron
en foros legislativos o espacios constituidos para tal fin, sino que fueron producto de ne-
gociaciones estratégicas, efectuadas a puerta cerrada. Es cierto que la deliberación cerrada
al público puede mejorar la calidad del debate y los productos políticos, pero debe com-
pensarse con mecanismos de publicidad y control (Chambers, 2004). En este caso, más
allá de las reacciones coyunturales o de la propaganda gubernamental en medios masi-
vos de comunicación, los procesos de justificación pública del “Pacto por México” y las
reformas efectuadas fueron pasados por alto.
Participación discursiva en México
Las encuestas de opinión pública son un instrumento empleado por un número creciente
de analistas para investigar la dimensión discursiva del comportamiento político. De ma-
nera sistemática, Fishkin (2009) ha utilizado encuestas en sus experimentos deliberativos.
Otros especialistas han aplicado encuestas diseñadas expresamente para indagar compor-
tamientos deliberativos (Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Neblo, Esterling, Kennedy,
Lazer y Sokhey, 2010) o han empleado encuestas para contrastar hipótesis específicas sobre
la disposición a debatir con puntos de vista opuestos al propio (Mutz, 2006). Sin embargo,
en México y otros países de América Latina, los comportamientos políticos discursivos no
han sido plenamente incorporados a los instrumentos de medición que se han aplicado.
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Esto constituye una importante área de oportunidad para la investigación del comporta-
miento político por medio de encuestas.
El análisis que se presenta a continuación está hecho con datos de la Encuesta Nacio-
nal de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas “Encup 2012”,
financiada por la Secretaría
de Gobernación del gobierno federal en México (Encup, 2012).
5
Esta encuesta no contiene
reactivos que pretendan analizar sistemáticamente la participación discursiva. Los indica-
dores disponibles miden la incidencia de hablar sobre política en situaciones cotidianas. Se
trata de una aproximación parcial, pues discutir sobre política con amistades o con otras
personas no necesariamente se traduce en otras formas de influencia política ni es un in-
dicador apropiado de la manera en que se podría deliberar cuando sea necesario adoptar
decisiones vinculantes de carácter público. Con todo, los indicadores disponibles proporcio-
nan información suficiente para realizar una exploración de los comportamientos políticos
discursivos en México.
Los indicadores de participación discursiva se pueden ver en el gráfico 2, junto con otros
indicadores de participación política. Este gráfico reporta la incidencia de ocho tipos dis-
tintos de actividades: conversar sobre política, persuadir a otros para votar por este o aquel
candidato, firmar documentos como señal de protesta o de apoyo a una causa, hacer soli-
citudes a funcionarios públicos o políticos empleando diversos medios, asistir a reuniones
de partidos políticos, colaborar con candidatos o partidos durante las campañas electora-
les o asistir a alguna reunión en la colonia, barrio o comunidad con el objeto de resolver
un problema común. De acuerdo con los datos de este gráfico, la frecuencia con la que se
participa en este tipo de actividades es considerablemente poca –en algunos casos menos
de 10% de la población las realiza al menos con cierta frecuencia
-
.
Las variables de interés en este estudio presentan el siguiente comportamiento: al me-
nos algunas veces 36.7% conversa con otras personas sobre política; 15.6% intenta persuadir
a los amigos para votar por ciertos candidatos y, 28.5% asiste a reuniones en la comuni-
dad, la colonia o el barrio. Esta última variable puede ser un indicador indirecto de una
cierta disposición a debatir o deliberar. A las reuniones de la colonia se asiste para partici-
par en la resolución de los problemas comunes, y esa participación suele ser debatiendo y
votando. Asistir no es igual a tomar la palabra, pero constituye en sí misma una experien-
cia de acercamiento a una discusión colectiva. Ahora bien, si se comparan los indicadores
de participación discursiva en México con los que encuentran Jacobs, Cook y Delli Carpini
(2009), se percibe una notoria diferencia. En el estudio (
Ibíd
, 2009: 37), 68% se involucra en
conversaciones políticas, 24% en conversaciones políticas por internet; 25% discute cara a
cara con otros sobre temas de interés público; 47% trata de persuadir a otros sobre su punto
5
La Encup 2012 es una encuesta representativa de alcance nacional y regional, con una muestra de 3 750 casos,
levantada en el mes de agosto de 2012.
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de vista con respecto a un tema público, y 31% reporta haber intentado influir en el sen-
tido del voto de otras personas.
Una primera aproximación a los determinantes de estos comportamientos se pre-
senta en el cuadro 2. Los datos sugieren que las formas de participación discursiva están
asociadas tanto con las condiciones sociales de las personas como con sus valores y dis-
posiciones políticas. Por ejemplo, las diferencias de proporciones entre personas del sexo
masculino y femenino son notorias cuando se trata de conversar sobre política y llevar a
cabo actos de persuasión electoral; también es característico el papel que juegan los altos
niveles de escolaridad en los resultados de las tres variables de interés; asimismo, es vi-
sible que la identificación con el Partido de la Revolución Democrática (±²³), así como
tener una ideología de izquierda, predispone a asistir a reuniones comunitarias, conver-
sar sobre política y persuadir a otros en materia electoral. Éstas y otras tendencias que se
registran en el cuadro 2 son analizadas de manera sistemática a través de un modelo que
se describe a continuación.
Gráfco 2
Frecuencia con la que se han realizado actividades participativas (%)
Fuente:
elaboración propia con Encup (2012).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 1
Platicar con otras personas sobre temas políticos
Convencer amigos para votar por candidatos
Asistir a reuniones que tienen por objeto
resolver los problemas del barrio, la colonia o la
Asistir a reuniones de partidos políticos
Trabajar para algún candidato o partido en
campañas electorales
Hacer solicitudes a políticos o funcionarios públicos
Firmar documentos en señal de protesta
Participar en manifestaciones a favor o en contra
del gobierno o por alguna causa
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Cuadro 2
Participación discursiva: tablas cruzadas
Asistir a reuniones
con objeto de resolver
problemas de la
comunidad
Conversar
sobre
política
Persuasión
electoral
Variables (%)
28.5%
36.5%
15.6%
Sexo
Masculino (48.7%)
29.2
42.5
18.7
Femenino (51.3%)
27.8
31
13
Edad
18 a 24 (16.5%)
22.3
32.4
14.9
25 a 34 (25.8%)
27
38.3
14.9
35 a 49 (30.7%)
31.6
36.5
16.2
50 o más (27%)
30.2
37.7
16.5
Escolaridad
Primaria o menos (33.1%)
27.2
29.2
12.2
Secundaria completa/
incompleta (30.2%)
27.9
36.2
14.9
Preparatoria o estudios técnicos
(23.5%)
27.9
38.4
17
Licenciatura incompleta o más
(13.2%)
34.3
52.7
23.8
Nivel socioeconómico
Clase media o más (14.6%)
30.1
52.1
24.5
Clase baja o menos (85.4%)
28.1
33.9
14.3
La democracia es preferible a
cualquier otra forma de gobierno
(58.3%)
30.4
40.2
16.2
Confianza interpersonal
(30.4%)
30.7
38.4
19.2
Identificación partidista
±AN (15.7%)
25.3
37.8
16.9
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Asistir a reuniones
con objeto de resolver
problemas de la
comunidad
Conversar
sobre
política
Persuasión
electoral
pri (33.6%)
28.1
38.2
16.9
prd (13.5%)
35.9
42.7
20.8
NInguno (31.1%)
25.8
29.7
11.1
Ideología
±zquIeRDa (15.4%)
35.1
43.7
21.7
CentRo (22.2%)
24.9
31.2
12.8
²eRecha (42.1%)
29
40.2
17.8
SIn IDeología (15.8%)
27
26.4
8.2
Fuente:
elaboRacIón PRoPIa con base en la EncuP 2012.
Con la finalIDaD De IDentIficaR los DeteRmInantes De las foRmas De PaRtIcIPacIón DIscuRsIva,
estImé el efecto que tIenen cuatRo conjuntos De vaRIables en los InDIcaDoRes seleccIonaDos:
conDIcIones socIoeconómIcas; RecuRsos PolítIcos; caPItal socIal y PaRtIcIPacIón, y actItuDes
y DIsPosIcIones PolítIcas.
6
Condiciones socioeconómicas.
Una PRImeRa hIPótesIs a exPloRaR es que los comPoRtamIentos
PolítIcos DIscuRsIvos están InfluencIaDos PoR las conDIcIones DemogRáficas, socIales y econó-
mIcas De las PeRsonas. ³oR esta Razón, analIzaRé el efecto que tIene el sexo De los encuestaDos,
el gRuPo De eDaD al que PeRtenecen, el nIvel De escolaRIDaD alcanzaDo y su estatus socIoeconó-
mIco. Con base en la lIteRatuRa esPecIalIzaDa y los Datos Del cuaDRo 2, se PueDe antIcIPaR que
el sexo masculIno se asocIa más con actIvIDaDes De PaRtIcIPacIón, al Igual que los nIveles altos
De escolaRIDaD y De conDIcIón socIoeconómIca. La bRecha en el gRaDo De PaRtIcIPacIón Polí-
tIca alcanzaDo PoR hombRes y mujeRes PueDe RePRoDucIRse en este contexto. Las habIlIDaDes
necesaRIas PaRa PaRtIcIPaR en una DIscusIón PúblIca tambIén PueDen seR aDquIRIDas en ma-
yoR meDIDa meDIante las oPoRtunIDaDes que ofRecen los altos nIveles De escolaRIDaD y De nIvel
socIoeconómIco. Con ResPecto a la eDaD, Postulo que los jóvenes y los mayoRes De 50 años se
InvolucRan menos en la PolítIca que los aDultos que tIenen entRe 25 y 50 años De eDaD.
Recursos políticos.
³aRa InteRvenIR en una conveRsacIón sobRe PolítIca en una ReunIón De
vecInos o PaRa convenceR a alguIen De las ventajas De votaR PoR DeteRmInaDos canDIDatos
hace falta contaR con habIlIDaDes De comunIcacIón, PeRo tambIén con oPInIones e InfoRma-
6
Véase el anexo PaRa conoceR la oPeRacIonalIzacIón De las vaRIables que se DescRIben en este análIsIs.
(continuación)
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ción política. Por esta razón, postulo que variables como el interés en la política, el nivel de
información política con el que cuentan las personas y los hábitos de consumo noticioso
pueden ser determinantes de los niveles de involucramiento en diversas modalidades de
discusión política.
Capital social y participación.
Las condiciones socioeconómicas de las personas, su
interés por la política y su disposición a informarse sobre asuntos políticos deben ser con-
siderados junto con las experiencias de participación y asociativismo que han tenido. Para
evaluar estas experiencias, analizaré la influencia que tienen la confianza interpersonal y
diversas formas de participación pública y política en las variables dependientes. Una de
las hipótesis es que la confianza en otras personas facilita la disposición de los individuos
a dialogar con ellos, discutir e inclusive intentar modificar sus preferencias electorales. Del
mismo modo, otras formas de acción individual o colectiva pueden servir como mecanismos
de entrenamiento en las prácticas deliberativas. Analizaré, por lo tanto, qué tanto influyen las
iniciativas para organizarse con otras personas, asistir a manifestaciones, o emprender accio-
nes públicas; las diferentes manifestaciones de apoyo a causas de distinta índole; las acciones
dirigidas a contactar autoridades gubernamentales, y las expresiones de solidaridad hacia
personas en condiciones de desventaja.
Actitudes y disposiciones políticas.
Por último, sostengo que la participación discursiva está
influenciada por las convicciones político-normativas y las actitudes políticas de las personas.
Las concepciones que se tienen del deber ser de la política, la evaluación del entorno político
y otras actitudes pueden fungir como resortes o mecanismos que inducen la participación.
La evaluación de los efectos de estos grupos de variables los realicé mediante tres
modelos de regresión logística, cuyos resultados se exponen en el cuadro 3. Discutiré los
resultados de cada modelo por separado.
Cuadro 3
Determinantes de la participación discursiva
Asistir a reuniones del
barrio o comunidad
Conversar sobre
política
Persuasión
electoral
Razón de momios
(Error estándar)
Razón de momios
(Error estándar)
Razón de momios
(Error estándar)
Intercepto
.397 (.344)***
.102 (.352)**
.250 (.461)***
Condiciones socioeconómicas
Sexo: mujeres
1.01 (.083)
.671 (.073)***
.727 (.096)***
Edad: 25 a 50 años
1.06 (.086)
1.01(.079)
.902 (100)
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Asistir a reuniones del
barrio o comunidad
Conversar sobre
política
Persuasión
electoral
Estudios: preparatoria o más
.882 (.105)
.965(.103)
1.00 (.128)
Clase media o más
.871 (.149)
1.45(.146)**
1.47 (.152)**
Recursos políticos
Interés en la política
1.2 (.114)
1.69(.111)***
1.33 (.129)**
Información política
1.14 (.096)**
1.30(.101)***
1.25 (.116)**
Consumo noticioso
1.3 (.103)***
1.75(.102)***
1.46 (.135)***
Capital social y participación
Confianza interpersonal
1.05 (.094)
.932 (.089)
1.31 (.114)**
Activismo individual
1.51 (.092)***
1.36 (.094)***
1.55 (.120)***
Apoyo a causas
1.79 (.085)***
1.42 (.092)***
1.60 (.114)***
Acciones dirigidas a las
autoridades de gobierno
3.13(.084)***
1.93 (.082)***
1.64 (.113)***
Acciones solidarias
1.2 (.086)***
1.33 (.085)***
1.01 (.116)
Actitudes y disposiciones políticas
Identificación con la
democracia
1.16 (.086)*
1.19 (.089)**
.928 (.121)
Satisfacción con la
democracia
.820 (.089)**
.940 (.091)
.995 (.121)
Eficacia política externa
1.29 (.092)***
1.32(.095)***
1.10 (.116)
P±N
.813 (.144)
1.15 (.126)
1.22 (.163)
PR²
.947 (.125)
1.19 (.117)
1.23 (.143)
PRD
1.29(.163)
1.25 (.144)
1.22 (.181)
Izquierda
1.06 (.165)
1.15 (.159)
1.64 (.219)**
³erecha
1.03 (.147)
1.20 (.127)
1.54 (.171)**
Centro
.873 (.151)
.865 (.137)
1.15 (.190)
´=
3,436
3,437
3,438
µseudo ¶ Cuadrada (Cox y Snell)
.112
.118
.062
µredichos correctamente (%)
73.8
68.6
84.8
Fuente:
elaboración propia con base en la Encup 2012.
¶egresiones logísticas utilizando el módulo de muestras complejas del ·P··. La tabla muestra las
razones de momios. Entre paréntesis se muestran los errores estándar. *p ≤ .1, ** p≤.05, *** p≤.01
(continuación)
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Asistencia a reuniones con el objeto de resolver los problemas del barrio, colonia o comunidad.
Como se mencionó más arriba, este indicador no es estrictamente una medida de parti-
cipación discursiva. Se trata de un indicador de participación social o comunitaria. No
obstante, es una variable que mide la disposición a asistir a encuentros en los que se podría
registrar algún tipo de deliberación pública. Los resultados que se presentan en el cuadro 3
muestran que se trata de un fenómeno con características distintivas. Hay que destacar, an-
tes que nada, que este tipo de participación no parece estar asociado con las características
socioeconómicas de la población. Ninguna de las variables de ese bloque tiene una asocia-
ción estadísticamente significativa. Esto indica que el sexo, la edad (aunque en el cuadro 2 se
muestra que los menores de 24 años acuden menos a esas reuniones), la escolaridad y el estatus
socioeconómico no ejercen influencia: todos asisten (o no asisten) por igual a estas reuniones.
Las cosas cambian en los otros bloques: por un lado, los niveles de información política
y consumo noticioso son determinantes asociados a la asistencia a estas reuniones, pero no
así el interés en la política. La confianza interpersonal tampoco resulta una variable deci-
siva, como sí lo son las tres variables que miden diversas formas de participación pública,
y en especial la que mide la realización de acciones dirigidas a contactar a las autoridades
gubernamentales. En el bloque que evalúa los efectos de las actitudes y disposición polí-
ticas, las variables que tienen efectos positivos son las que dan cuenta de la identificación
con la democracia, la satisfacción con la democracia en México y la percepción de efica-
cia política. La identificación partidista no tiene efectos relevantes, ni tampoco la ideología
política, aunque hay que destacar el contraste entre quienes se identifican con el Partido
Acción Nacional (±²³) y el Partido Revolucionario Institucional (±´µ), y quienes se iden-
tifican con el ±´D. En este último caso, la asociación es positiva, mientras que en los dos
anteriores es negativa –es decir que la identificación con esos dos partidos disminuiría los
momios u oportunidades de asistir a esas reuniones
-
.
Conversar sobre política.
Los resultados del modelo indican que la frecuencia con la que
se conversa con otras personas acerca de política puede ser estimada a partir de los cuatro
tipos de variables explicativas. En primer lugar, el cuadro 3 muestra que ser mujer se aso-
cia negativamente con la conversación sobre política, mientras que pertenecer a un estrato
socioeconómico medio o alto incrementa las oportunidades de hablar sobre política. La esco-
laridad, de manera sorpresiva, no parece tener efectos. Esta relación se mantiene inclusive si
se emplea una medida más estricta de los altos niveles de escolaridad. En segunda instancia,
hablar sobre política parece ser un efecto del interés en la política, el nivel de información
política y el nivel de consumo noticioso. Esto corrobora la hipótesis de que los recursos in-
formativos son un elemento que favorece la participación discursiva. En tercer lugar, con
excepción de la confianza interpersonal, las experiencias de acción y participación pública
también están asociadas estadísticamente con la variable dependiente. Finalmente, en el úl-
timo bloque sólo la identificación con la democracia y la eficacia política externa aparecen
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como factores determinantes. Ni la identificación partidista ni la ideología tienen efectos
sistemáticos; tampoco los tiene la satisfacción con la democracia, la cual inclusive parece
tener una asociación negativa con la disposición a conversar sobre política.
Persuasión electoral
. Tratar de convencer a otros de votar por determinados candida-
tos es la tercera forma de participación discursiva que está siendo examinada. El cuadro
3 ilustra que este comportamiento está asociado a los cuatro tipos de determinantes pro-
puestos, aunque las variables que resultaron estadísticamente significativas le dan un perfil
particular a las causas de este fenómeno. Por un lado, las condiciones socioeconómicas que
continúan siendo relevantes son el sexo y el estatus socioeconómico. Tampoco la escolari-
dad parece ser un determinante con efectos sistemáticos sobre la variable dependiente. De
igual manera, las tres variables del grupo de recursos políticos mantienen sus efectos esta-
dísticamente significativos. En el bloque que mide el capital social y la participación, aparece
la confianza interpersonal como una variable determinante, mientras que el efecto de las
actividades de solidaridad desaparece; los efectos de las otras tres variables se mantienen.
En el último bloque resultan estadísticamente significativas las orientaciones ideológicas
de izquierda y derecha, al tiempo que no hay efecto visible de la identificación partidista
y, curiosamente, desaparecen los efectos de la identificación con la democracia, la satisfac-
ción con la democracia y la eficacia política externa.
El análisis muestra que, aunque con especificidades propias, la participación discursiva es
consecuencia de una clara disposición a involucrarse con lo público. De manera consistente,
la participación discursiva aparece asociada al interés en la política, la información política y
el consumo de noticias políticas; de igual manera, se relaciona con diversas expresiones de in-
volucramiento social, político y cívico. En estos comportamientos también intervienen otras
variables: la identificación con la democracia, la percepción de eficacia política externa y la
ideología política
-
esto último, especialmente cuando se trata de convencer a otros de votar
por algún candidato en especial
-
. Asimismo, resultan determinantes el sexo de las personas y
su estatus socioeconómico, reiterando la evidencia de que las mujeres y quienes disponen de
menos recursos socioeconómicos están en desventaja en términos de participación política.
Estos resultados ofrecen un panorama desafiante para la calidad de la democracia: la par-
ticipación discursiva está ligada al compromiso cívico de las personas, pero está claramente
segmentada por las condiciones socioeconómicas de la población.
7
La evidencia muestra
que los comportamientos deliberativos dependen del grado en que las personas se man-
tienen informadas e interesadas por lo que acontece en el ámbito público, se vinculan con
otros individuos para influir en su entorno y se involucran en diversas formas de participa-
ción política. Desde cierta perspectiva, éstas son noticias promisorias para la deliberación
pública y son coincidentes en algunos aspectos con los hallazgos de Neblo, Esterling, Ken-
7
Agradezco a Gerardo Maldonado haber sugerido poner énfasis en este punto.
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nedy, Lazer y Sokhey, (2010): en lugar de participar políticamente
-
porque no queda más
remedio para combatir al mal gobierno
-
, los ciudadanos están dispuestos a deliberar con-
forme haya oportunidades auténticas para hacerlo. Sin embargo, en México esta tendencia
se manifiesta entre el reducido grupo de ciudadanos que se involucran en algún tipo de
actividad público-política. Se trata del atributo de una población que constituye una propor-
ción minoritaria de la sociedad mexicana. Adicionalmente, la participación discursiva y sus
determinantes son valores y comportamientos que están presentes, como regla general, en
personas pertenecientes a las clases medias y altas. Si la segmentación social y la desigual-
dad política son factores que constituyen retos mayúsculos para la democracia mexicana,
lo son también de manera particularmente notoria para el fortalecimiento de las capacida-
des deliberativas de la ciudadanía.
Conclusiones
En este trabajo se ha realizado un acercamiento a los atributos deliberativos de la demo-
cracia y el comportamiento político en México. Los principales hallazgos pueden parecer
poco sorprendentes. Por un lado, se señala que la legislación y las políticas públicas en po-
cas ocasiones
-
si alguna
-
se realizan en el marco de un proceso en el cual la deliberación
y las justificaciones públicas son sustantivas y consecuentes. La clave parece radicar en las
dificultades que han existido para construir mecanismos que articulen los debates que tie-
nen lugar en la esfera pública, basados en aportaciones de diversas organizaciones sociales
y actores políticos con los procesos de decisión y control democráticos.
Por otro lado, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012, se
analizaron los determinantes de la participación discursiva entre la población mexicana. Los
resultados ofrecen elementos para apreciar los importantes desafíos que enfrenta el país en tér-
minos del fortalecimiento de las capacidades deliberativas de la ciudadanía. La incidencia de la
participación discursiva es reducida aun teniendo en cuenta que el costo de los comportamien-
tos deliberativos es prácticamente nulo: se trata de hablar de política o de persuadir a alguien de
votar. Por otra parte, al estar asociada al interés y la información política de las personas, a sus
experiencias asociativas y participativas en otros planos y a sus valores políticos, la participación
discursiva parece ser un recurso de las personas que ya manifiestan atributos de un compromiso
cívico más general. El hallazgo más relevante, sin embargo, es que la participación discursiva se
registra en mayor medida entre las personas que tienen condiciones socioeconómicas más favo-
rables. Si la reducida incidencia de este fenómeno es una cuestión que afecta adversamente las
capacidades democráticas de la ciudadanía, el hecho que se exprese con mayor frecuencia entre
las clases medias y altas (y entre los hombres) permite constatar que la democracia en México
enfrenta un sensible desafío de inclusión efectiva de la ciudadanía en la política.
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En general, los resultados podrían interpretarse como una demostración de que no tiene
mucho sentido buscar atributos deliberativos donde hay pocas probabilidades de encon-
trarlos. Sin embargo, el argumento formulado en este trabajo es precisamente el opuesto.
Se postula que es necesario rastrear e identificar los atributos deliberativos de los proce-
sos políticos y el comportamiento político, pues constituyen indicadores importantes de la
construcción de controles democráticos en un régimen. En este texto se defiende una con-
cepción de la democracia deliberativa que sirva como perspectiva heurística para identificar
la construcción o el deterioro de mecanismos de control político de carácter deliberativo.
Esta perspectiva no implica asumir que la política deliberativa deba constituirse como el
mecanismo exclusivo de legitimación democrática. Antes bien, busca sistematizar la intui-
ción generalizada de que la democracia requiere diálogo y justificaciones públicas.
El estudio de la política deliberativa puede ser laborioso y tener un alto costo de oportu-
nidad, sobre todo, si se encuentra poca evidencia deliberativa y si resulta que la deliberación
tiene pocas consecuencias relevantes. No obstante, se trata de un componente de la acción
pública que debe ser tomado en cuenta en la explicación de los procesos empíricos, en la
teoría normativa y en el diseño institucional. La investigación empírica debe mostrar las con-
diciones en las que la deliberación es, junto con otros factores políticos, un elemento clave
para dar cuenta del proceso y los resultados de las decisiones públicas. Esta información
puede aportar a la teoría normativa al proporcionar evidencia empírica de la realización de
los ideales políticos en la práctica. Asimismo, puede proporcionar evidencia relevante para la
configuración de diversos mecanismos institucionales de consulta y decisión pública, tanto
en la implementación de programas públicos como en la organización del trabajo partidista,
legislativo y parlamentario. Insumos que pueden favorecer el escrutinio y las justificaciones
públicas en los diversos componentes del sistema político, no simplemente promoviendo
mayores espacios de participación política, sino aportando a la construcción de relaciones
de representación política mejor equipadas para la rendición de cuentas.
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Anexo
Variables dependientes
Conversar sobre
política
Valor = 1 si la frecuencia con la que se platica con otras personas (P.
58.1) = “Algunas veces” y “Frecuentemente”; otras opciones = 0.
Persuasión electoral
Valor = 1 si la frecuencia con la que trata de convencer a alguien
de votar por ciertos candidatos (P. 58.2) = “Algunas veces” y
“Frecuentemente”; otras opciones = 0.
Asistir a reuniones
del barrio o
comunidad
Valor = 1 si la frecuencia con la que se asiste a reuniones del barrio
o comunidad (P. 58.3) = “Algunas veces” y “Frecuentemente”; otras
opciones = 0.
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Variables independientes
Condiciones socioeconómicas
Sexo
Pregunta A): valor = 1: “Mujer”; valor = 0: “Hombre”
Edad
Pregunta B): valor =1 si la edad se ubica en las categorías “25 a 34 años” y
“35 a 49” años; otras opciones = 0.
Escolaridad
Pregunta D): valor = 1 si el último grado escolar es cuando menos:
“Preparatoria incompleta”; valor = 0 si el grado escolar como máximo
“Secundaria completa”.
Clase media o
más
La base de datos de la ±N²U³ 12 contiene 10 reactivos que registran
diversos indicadores de información socioeconómica: “Pensado en la
persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue
el último año de estudios que completó?”, “¿En su hogar, cuentan con
computadoras personales, ya sea laptop o personales, funcionando y para
uso de los miembros de la familia?”, entre otros. La base de datos agrega
las respuestas y genera una escala que mide “´ivel socioeconómico”,
compuesta por las siguientes categorías: AB, C, C+, D, D+, E. La variable
indicador utilizada en el análisis da un valor = 1 si la respuesta se ubica
en las categorías C, C+, y AB, equivalentes a los estratos socioeconómicos
medios y altos. La variable obtiene un valor = 0 si la respuesta se ubica en
las otras opciones.
Recursos políticos
Interés en la
política
Valor = 1 si la respuesta es “Mucho” a la P.37: “En general, ¿qué tan
interesado está usted en la política?”; otras opciones = 0.
Información
política
Suma de los reactivos P.9, P.10, P.11, P.12, que preguntan por el
nombre del movimiento juvenil que se manifestó en fecha cercana al
levantamiento de la encuesta, el tiempo que duran los diputados en
su cargo, el nombre de los tres poderes de la µnión y el partido al que
pertenece el gobernador del Estado o del Distrito Federal. Valor =1 si se
obtienen al menos 3 respuestas correctas de las 4 posibles; valor = 0 si se
obtienen 2 o menos respuestas correctas.
Consumo
noticioso
Suma de los reactivos P.7 (“¿Qué tan seguido lee noticias de política en
los períodos y revistas?”) y P.8 (“¿Qué tan seguido ve noticias o escucha
programas sobre política”?). Valor = 1 si la respuesta es “Diario” en ambas
opciones, o “Diario” y “µna vez a la semana”; otras opciones = 0.
Capital social y participación
Confianza
interpersonal
P.34. Valor = 1 si la respuesta es “Sí” a la pregunta: “En general, ¿diría
usted que se puede confiar en la mayoría de las personas?”; otras opciones
= 0.
(continuación)
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Capital social y participación
Activismo
individual
Esta variable es producto de un análisis factorial realizado con las
preguntas 56 y 69 del cuestionario, compuestas en su conjunto por 25
reactivos. Los reactivos asociados a este factor son, por ejemplo: “Mandar
cartas a un periódico”, “Asistir a manifestaciones”, “Repartir circulares o
manifiestos”.
Apoyo a causas
Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial
realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos
asociados a este factor son, por ejemplo: “Ha recaudado fondos para una
causa”, “Ha enviado o firmado cartas para apoyar una causa”.
Acciones dirigidas
a autoridades del
gobierno
Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial
realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos
asociados a este factor son, por ejemplo: “Escribir al Presidente o a las
autoridades”, “Solicitar apoyo a un partido político”.
Acciones
solidarias
Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial
realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos
asociados a este factor son, por ejemplo: “Ha donado sangre”, “Ha donado
alimentos, medicina, ropa en caso de un desastre”.
Actitudes y disposiciones políticas
Identificación con
la democracia
P.13. Valor = 1, si la respuesta es “La democracia es preferible a cualquier
otra forma de gobierno”; otras opciones = 0.
Satisfacción con la
democracia
P. 16 “¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy
en México?”. Valor =1, si la respuesta es “Satisfecho” o “Muy satisfecho”;
otras opciones = 0.
Eficacia política
externa
Valor = 1 si la respuesta es “Mucho” a la P.51_2: “¿Qué tanto cree usted
que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno?”; otras
opciones = 0.
Identificación
partidista
P.60. “¿Con qué partido político se identifica usted más?”. Se crearon tres
variables indicador, una por cada uno de los tres principales partidos
políticos: ±²N, ±³D y ±³´.
Ideología
La P.61 es una escala del 1 al 10, donde 1 es “Máximo a la izquierda” y 10
“Máximo a la derecha” en cuanto a identificación ideológica. Se crearon
4 variables indicador, para las posiciones “Izquierda” (valores del 1 al
3), “Centro” (valores del 4 al 6), “µerecha” (valores del 7 al 10) y “Sin
ideología” (respuesta: “¶o sabe” = 16.5%).
(continuación)
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