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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año LX, núm. 223
enero-abril de 2015
pp. 191-208
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Licenciado en Economía y Política Internacional. Doctor en Economía Política y Liberalización Económica. Profe-
sor titular del Departamento de Economía Política de la Universidad de Sydney (Australia). Sus líneas de investigación
son: derechos humanos y estrategias de desarrollo; tierra y medios de vida en Melanesia; integración económica en
América Latina. Entre sus publicaciones destacan:
“Chavez and American Integration” (2014); 
In Defence of Mela-
nesian Customary Land
(2010);
Defend Yourself: Facing a Charge in Court
(2008). Correo electrónico:
t.anderson@
sydney.edu.au. Traducción del original en inglés: Lucía Rayas.
¿Por qué importa la desigualdad?
Del economicismo a la integridad social
Why Does Inequality Matter:
From Economism to Social Integrity
Tim Anderson
Recibido el 16 de septiembre de 2014
Aceptado el 2 de octubre de 2014
RESUMEN
La falta de consenso existente en torno a la des-
igualdad contrasta con el aparente consenso
construido alrededor de la necesidad de elimi-
nar la pobreza. Se estudia la desigualdad por
una diversidad de razones: para identificar sus
fuentes, sus consecuencias, el grado en el que la
desigualdad es deseable, los vínculos dinámi-
cos entre desigualdad y pobreza, o tratando de
discernir las grandes fuerzas estructurales que
la impulsan. Sin embargo, se presta poca aten-
ción a la objeción principal ante la desigualdad.
La mayoría de las explicaciones económicas
son opacas, y con frecuencia comparten su-
puestos muy distintos a los que plantean los
sociólogos. En este artículo se sostiene que
debemos considerar la amplia gama de diferen-
cias existente entre las explicaciones, pero es
importante identificar los distintos fundamen-
tos que tratan la problemática de manera más
ABSTRACT
±e lack of consensus over inequality contrasts
with the obvious agreement regarding the need
to eradicate poverty. Inequality is studied for a
number of reasons: to identify its sources, its
consequences, to what extent it may be desir-
able, the dynamic links between inequality and
poverty, or to try to discern the major structur-
al forces underlying it. Little attention has been
given though to the main objection as regards
inequality. Economic accounts are for the most
part obscure and their assumptions are oFen
very different from those of sociologists. ±is
paper argues that while the many differences
among different accounts must be considered,
it is also important to identify the various ap-
proaches tackling this issue in a more direct
way. ±is work explores four categories: the
economic arguments, the accounts on dynamic
poverty and human development, the theories
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directa. El trabajo explora cuatro categorías: los
argumentos económicos, las explicaciones sobre
la pobreza dinámica y el desarrollo humano, las
teorías sobre el contrato social y la justicia social
y, por último, aquellas que tratan sobre integri-
dad social. Entre ellas, se sostiene que resultan
más satisfactorias aquellas explicaciones con
base en la integridad social ya que éstas tienden
a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo
la desigualdad grave puede socavar la agencia
social integral, así como a un cuerpo político
coherente tan necesario para el progreso social
y la plena vigencia de los derechos de las y los
ciudadanos.
Palabras clave:
desigualdad social; pobreza di-
námica; desarrollo humano; integridad social;
agencia social; contrato social.
on social contract and social justice, and final-
ly, those focused on social integrity. It is argued
that approaches based on social integrity are
more conclusive as they tend to demonstrate,
with a more basic logic, in what way serious in-
equality may undermine both the whole social
agenda and a coherent political body which is
so necessary for social progress and a thorough
enforcement of citizens’ rights.
Keywords:
social inequality; dynamic poverty;
human development; social integrity; social
agenda; social contract.
Introducción
Los sociólogos tienden a suponer que la desigualdad importa, mientras que los economistas
a menudo suponen que no, aduciendo que la desigualdad genera incentivos dinámicos en
mercados competitivos. De manera alternativa, otros economistas opinan que la desigual-
dad sí importa; lo juzgan así principalmente porque afecta el crecimiento económico que,
sostienen, es el cimiento del progreso social. Entre tanto, los sociólogos discrepan, debido
a que suponen que ésa viola los principios de justicia social, la idea hipotética del contrato
social, o porque en efecto socava los fundamentos de una sociedad humana, coherente y
funcional. Este trabajo sugiere que entre las posturas disponibles, la última es la que ofrece
las explicaciones más coherentes.
La falta de consenso en torno a la desigualdad contrasta con otro consenso aparente
(como meta, si no es que también de método) alrededor de la necesidad de eliminar la po-
breza, el cual ha llevado a esfuerzos sostenidos por mapear la pobreza aun cuando los datos
globales sean inciertos. Quienes abogan por la globalización corporativa (Norberg, 2005),
afirman simplemente que los mercados abiertos realzan el crecimiento y reducen la pobreza.
La evidencia no afirma dicha aseveración. Los datos del Banco Mundial sugieren un fuerte
descenso en la pobreza por ingresos a nivel mundial entre 1984 y 2004 (de 64% a 48%),
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aunque gran parte de esta medida se debió a la contribución de China. Cuando se elimina
a ese país, los datos muestran un descenso global de 59% a 52%, con la extrema pobreza en
descenso, de 30% a 21%. Con todo, en algunas regiones la pobreza había aumentado o ha-
bía descendido poco (Ferreira y Ravallion, 2008). El impresionante crecimiento económico
chino, por supuesto, difícilmente ha sido ejemplo de la filosofía de mercados abiertos. Ade-
más, la medición de la reducción de la pobreza china ha estado sujeta a algunos supuestos
alarmantemente precarios. Esto se mostró en una revisión que hizo el Banco Mundial en
2008 de la inflación china, y de la paridad del poder de compra, que sugería “que la econo-
mía china era 40% menor en términos del PPP (±ublic-±rivate ±artnership/Colaboración
±úblico-±rivada) de lo que previamente se había pensado” (Banco Mundial, 2008). Esas
drásticas correcciones de datos difícilmente generan confianza en los números. Las cifras
de pobreza nacional en ocasiones son más confiables, pero también pueden estar sujetas a
supuestos débiles, estáticos (Jaque, 2007: 3).
La dimensión de la desigualdad económica se documenta de manera aún más inefi-
ciente. En tanto que algunos economistas piden repensar la manera en la que se concibe
y calcula aquélla, señalando que “no hay ningún consenso [entre economistas] respecto a
la dirección del cambio en la desigualdad global durante los últimos veinte a treinta años”
(Atkinson y Brandolini, 20010: 31; Anand y Segal, 2008), otros señalan “un aumento es-
pectacular de la desigualdad” desde la década de 1980 (±iketty, 2014: 24-25). El que estos
cálculos representen algún tipo confiable de perfil de la sociedad, sin duda merece un ma-
yor escrutinio.
±odemos mostrar escepticismo ante estos datos estrechos y cambiantes, así como ante
los supuestos sobre los que descansan. No obstante, hay elementos a considerar respecto al
argumento económico sobre la funcionalidad de cierto grado de desigualdad, ligada a in-
centivos. Sin embargo, una desigualdad severa puede resultar corrosiva para los cimientos
sociales. Así, ¿qué valores y qué lógica debieran conformar la piedra de toque de las políti-
cas públicas? Un problema inicial es que muchas de las explicaciones de por qué importa
la desigualdad descansan sobre supuestos y preocupaciones priorizadas de antemano, tales
como las demandas de los economistas respecto a la centralidad del crecimiento econó-
mico como política pública. Dichos argumentos tienden a carecer de relevancia e interés
para quienes no comparten estos supuestos.
Obviamente se estudia la desigualdad por una diversidad de razones. Murray Milner,
al observar que “una de las preocupaciones clásicas de la sociología ha sido identificar las
fuentes de la desigualdad social”, habla de un “largo debate entre las teorías funcionales y
del conflicto en torno [a ella]” que, opina, resulta una dicotomía infructífera (Milner, 1987:
1053). Los científicos sociales han discutido las consecuencias, las variedades de la des-
igualdad, y el grado al que ésta es deseable (Terborn, 2013: 41-43), junto con los vínculos
dinámicos entre desigualdad y pobreza (Wedderburn, 1974; ²ownsend, 1974), así como las
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grandes fuerzas estructurales que impulsan la desigualdad contemporánea (Piketty, 2014).
Amartya Sen elabora un análisis individual de la desigualdad, con base en sus ideas so-
bre capacidades, pero se suma a las ideas de Rawls en cuanto a la crítica social (Sen, 1995:
144-148). Muy a menudo se presta poca atención a la objeción principal ante la desigual-
dad. La mayoría de las explicaciones económicas son incluso más opacas, y con frecuencia
comparten supuestos muy distintos de los que plantean los sociólogos. Por ejemplo Pike-
tty, después de su impresionante recuento empírico sobre cómo y por qué la desigualdad
contemporánea ha “explotado” en épocas recientes, simplemente afirma que la desigual-
dad extrema debe, en algún punto, volverse “insostenible [y] una amenaza potencial a las
sociedades democráticas” (Piketty, 2014: 571), pero sin explicar realmente las razones de
ello. Sin embargo, las sociedades esclavistas en un pasado no demasiado distante, duraron
siglos, de modo que, ¿qué podría ser aquello que haga “insostenibles” a las sociedades alta-
mente desiguales? Una simple aseveración no basta. Con esto en mente, este trabajo arguye
que la pregunta de por qué la desigualdad debe ser una preocupación importante para la
política pública, sigue siendo una interrogante inicial relevante.
Este ensayo comienza con las siguientes proposiciones: debemos considerar la amplia
gama de diferencias entre las explicaciones existentes, pero es importante identificar los
distintos fundamentos vigentes respecto a la preocupación por las políticas públicas. Debe
subrayarse la lógica primaria de dichas preocupaciones, así como prestar mayor atención
a aquellas que tratan la problemática de manera más directa. Las explicaciones que refie-
ren a por qué la “desigualdad severa” es una problemática que merece políticas públicas,
tienden a ser más convincentes cuando comienzan por detallar su naturaleza socialmente
corrosiva; sin embargo, la mayor parte de los esclarecimientos no comienzan ahí. Así, parece
que se justifica una breve revisión del tema. El trabajo explora cuatro categorías: los argu-
mentos económicos, las explicaciones sobre la pobreza dinámica y el desarrollo humano,
las teorías sobre el contrato social y la justicia social y, por último, aquellas que tratan so-
bre integridad social. Este documento sugiere que las últimas resultan, por lo general, más
satisfactorias como explicaciones primordiales, así como porque respaldan la autodetermi-
nación práctica, individual y colectiva.
Argumentos económicos
No hace mucho, varios influyentes economistas occidentales postularon que “la pobreza
importa, pero la desigualdad no” (Banco Mundial, 1990) sosteniendo que, mientras que la
pobreza es un problema social que inhabilita, la desigualdad resulta funcional respecto a
crear incentivos para participar en la “sociedad mercantil”. La revisión de este argumento
postuló que la desigualdad importa porque daña el crecimiento económico y desestabiliza
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la inversión. Una tercera versión vinculó el argumento a ideas de justicia social, y señaló
que las desigualdades graves en riqueza e ingresos crean problemas sociales mayores, inclu-
yendo una sociedad “insostenible”. Revisemos estos planteamientos uno por uno.
La aceptación de larga data por parte del Banco Mundial sobre la “pobreza” como pro-
blema social mantuvo su atención sobre “la pobreza absoluta”, a diferencia de la “pobreza
relativa” o la desigualdad. Esta agencia internacional de punta, dedicada a generar inver-
sión privada, llamó a la pobreza absoluta una condición “por debajo de cualquier definición
razonable de [vivir con] decoro humano”, definiéndola como “la incapacidad de lograr
un estándar de vida mínimo”. Es algo “vergonzoso”, y su eliminación debe ser “el objetivo
fundamental del desarrollo económico” (Banco Mundial, 1990: 26-32-1-24). Hubo algún
reconocimiento de que la pobreza es más que el ingreso pero, a la vez, una consistente afir-
mación de que impulsar el crecimiento económico (por lo general medido como el producto
interno bruto
per cápita
promedio) era el
medio
principal de reducción de la pobreza. Ade-
más, “invertir más en el capital humano de los pobres” contribuye al crecimiento económico
(Banco Mundial, 1990: 32-33). Se argumentaba lo anterior como si se tratara de un tipo de
círculo virtuoso. Sin embargo, se distinguía entre pobreza y desigualdad: “la pobreza no es
lo mismo que la desigualdad; se debe subrayar la distinción” (Banco Mundial, 1990: 26), ya
que la desigualdad era un incentivo importante para participar en los mercados y (según la
doctrina neoclásica), se decía que la distribución se determinaba de mejor manera en los
mercados competitivos. Entre muchos economistas permanece la perspectiva de que “la
pobreza es problemática, pero la desigualdad, no” (Atkinson y Brandolini, 2010: 20). Otras
personas, desde centros de estudio (
think tanks
) corporativos, sostienen la vieja idea libe-
ral de que la libertad es más importante que la igualdad (Norberg, 2005), abrevando de la
idea de que los intentos por regular la economía hacia una mayor igualdad son “tiránicos”
(Friedman y Friedman, 1980).
Éste es un enfoque que busca aislar la pobreza de la desigualdad. A menudo vinculadas
con el proyecto “neoliberal” de los intereses corporativos, que usan el pensamiento liberal
de manera selectiva, tales ideas han recibido una crítica rotunda por ignorar las implicacio-
nes, tanto sociales como económicas, de la desigualdad grave. Robert Wade, por ejemplo,
señaló la débil evidencia tras la reivindicación neoliberal de que la globalización corpora-
tiva es el mejor instrumento para promover el crecimiento y, por tanto, también para reducir
la desigualdad (Wade, 2005: 17-20). Sostiene que ésta en efecto, importa, pero no explica
con claridad por qué. En lugar de aclararlo, acude al argumento macro-económico de que
la desigualdad “impulsa la ineficiencia” (Wade, 2005: 33). Lo anterior se refería a una línea
de pensamiento económico corregida que sostiene la aceptación, entre una serie de ma-
croeconomistas y de asesores corporativos, de que la desigualdad sí importa, porque daña
el crecimiento económico y/o debido “al riesgo de inestabilidad, tanto financiera como po-
lítica” (Boeck, 2014).
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La actualización de esta línea de pensamiento sostiene que los bajos ingresos minan la
sólida demanda del consumidor, tan necesaria para impulsar los mercados. Esto a su vez
se vincula con políticas económicas que, notan los macroeconomistas, debían estimular
el consumo masivo. Paul Krugman, por tanto, sostiene que “el papel verdaderamente cru-
cial de la desigualdad en las calamidades económicas, ha sido político”, porque ha desviado
la atención de la necesidad del estímulo gubernamental. (Krugman, 2013). Esto es, el im-
pacto político en los debates sobre la desigualdad, dominados por ideas neoliberales, ha
sido el socavamiento de una política económica orientada al crecimiento. En una vena se-
mejante, Joseph Stiglitz critica los altos niveles de desigualdad en los Estados Unidos de
América, sosteniendo que en lugar de los incentivos para los ricos (como los recortes fisca-
les), “se necesita la demanda para impulsar la economía” y crear empleos y oportunidades.
Añade una advertencia más amplia, pero muy general, de que existe un “alto precio [a pa-
gar] por esta desigualdad en términos de democracia y de la naturaleza de nuestra sociedad
[ya que] la desigualdad económica se traduce de manera inevitable en desigualdad polí-
tica” (Stiglitz, 2014).
Existen múltiples problemas con los argumentos económicos en sus versiones tanto
original como corregida. Su dependencia compartida en el crecimiento coloca en lugar
secundario la cuestión de la desigualdad respecto al compromiso central –y lo hace depen-
diente de éste
-
en relación con algo que es, en efecto, la expansión indiscriminada de las
economías formales. Sin embargo, la medición de éstas difícilmente toma en cuenta al des-
plazamiento y destrucción social, medioambiental y de medios de subsistencia informales
asociados; y estos modos de subsistencia ligados con estos procesos –o afectados por ellos
-
,
bien pueden superar cualquier beneficio producido por la expansión del sector formal. En
cualquier caso, si el crecimiento general del sector informal reduce o no la desigualdad es
otra cuestión sobre la que los propios economistas se muestran indecisos (Atkinson y Bran-
dolini, 2010: 33-34).
Una segunda debilidad relevante de los argumentos económicos puede encontrarse en
las estrechas definiciones de pobreza y desigualdad, a la par de la separación artificial de
ambas dimensiones. Las medidas con base en el ingreso frecuentemente dicen poco acerca
del acceso a agua potable, educación, infraestructura elemental y un medio ambiente lim-
pio y sustentable. Tales cuestiones son obvias y notables, en especial en los debates sobre el
desarrollo, y en general se abordan de mejor manera entre los analistas sociales con pers-
pectivas más amplias.
La tercera variación del enfoque económico es una que alude a las supuestas consecuen-
cias sociales y políticas de los extremos en la desigualdad económica, pero sin elaborar
mayormente sobre las mismas. Lo vemos en Stiglitz (2014) y en Piketty (2014) más como
una línea evocativa al final de su preocupación económica fundamental. Stiglitz, enfo-
cado en la demanda agregada y los presupuestos, alude de manera breve y ominosa al “alto
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precio” de la desigualdad en nuestros sistemas sociales. Piketty, después de explicar las ra-
zones estructurales tras un “espectacular aumento en la desigualdad” en décadas recientes
(debido a que el rendimiento del capital ha permanecido en niveles más altos que la tasa
de crecimiento), sugiere brevemente que esto debe ser “insostenible”, así como “una ame-
naza potencial a las sociedades democráticas y a los valores de justicia social sobre las que
se fundan” (Piketty, 2014: 571). Sin embargo, no explica las razones. Sin lugar a dudas, no
era el propósito central de su obra. No obstante, en estos casos como en otros en torno a
argumentos económicos, es difícil encontrar una explicación primordial satisfactoria de las
razones por las que la desigualdad importa.
Pobreza dinámica y las explicaciones en torno al desarrollo humano
Algunas investigaciones económicas se centran en el análisis de la pobreza dinámica y en
torno al desarrollo humano
-
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (±²³´)
-
.
Las primeras desarrollaron la relación existente entre las medidas económicas definidas de
manera más estrecha y las dinámicas sociales más amplias, en tanto que la segunda pers-
pectiva amplió la vieja idea de desarrollo económico, para incluir una noción más acorde
con las habilidades o capacidades humanas particulares.
En las nociones dinámicas de la pobreza, la desigualdad persistente y grave podría ser
vista como parte constitutiva de, o vista en relación dinámica con la pobreza. Estas ideas
no son nuevas. Ya en los años 1970, Wedderburn cuestionó si la pobreza podía “discutirse
de manera aislada respecto a la problemática más general de la desigualdad”. ¿Cuáles eran
“los aspectos relacionales significativos de la desigualdad”? (Wedderburn, 1974: 2). Town-
send sugirió que la pobreza podría ser “objetivamente definida y aplicada consistentemente
sólo en términos de concepto de privación relativa”. Esto era así porque debía verse a la po-
breza de manera más amplia, y porque “había muchas fuentes de desigualdad que tienden
a ser [proscritas] del discurso público e incluso del académico” (Townsend, 1974: 15-36).
Es decir, las múltiples formas de exclusión social jamás se calcularon de manera adecuada,
con medidas simples de medición de la pobreza del tipo por ingresos.
Las definiciones estáticas de la pobreza son inadecuadas. En sociedades en extremo des-
iguales, como las latinoamericanas, puede haber gran movilidad entre la pobreza y la “no
pobreza”. Grandes grupos de gente vulnerable pueden permanecer en el delicado punto
previo de caída a la pobreza (Bravo, 2001). Un estudio chileno, cuya base son medidas de
pobreza por ingresos, mostró que “54% de los pobres de 1996 no lo eran en 2001, mientras
que 48% de los pobres en 2001 no lo eran en 1996”. Esto implicaba que había 24% de “com-
ponente transitorio” de gente pobre a lo largo de esos años. Ninguna “instantánea” podría
capturar el rango de personas expuestas a la pobreza por ingresos, incluso a lo largo de un
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período relativamente corto. Muchas unidades domésticas experimentaron pobreza tran-
sitoria; los investigadores observaron que “el camino para salir de la pobreza [era] frágil”.
Aquellos que tenían problemas de salud, quienes persistían en trabajos precarios, quie-
nes tenían muchos hijos, y aquellos con bajos niveles educativos, eran los más vulnerables
(Neilson, Contreras, Cooper y Hermann, 2008: 270). Un ministro chileno confirmó que la
cantidad de familias que habían vivido en el nivel de pobreza a lo largo de varios años, era
sustancialmente superior que aquellos capturados en cualquier marco temporal (Jaque, 2007:
3). Tales estimaciones ilustran algunos de los problemas que presentan las medidas simples
para calcular la pobreza, y sugieren la necesidad de buscar vínculos con la exclusión social
y la vulnerabilidad. No obstante, en general, no ofrecen explicaciones primarias sobre la
importancia de la desigualdad.
Un reporte reciente, adoptado por las Naciones Unidas, reconoció que la pobreza con-
siderada de manera amplia se liga íntimamente con la desigualdad. En su “Informe sobre
la situación social mundial, 2005”, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (±²³) consideró “los aspectos tradicionales de la pobreza” en términos de ingresos,
pero también las “desigualdades en cuanto a salud, educación y oportunidades de partici-
pación social y política”. Al referirse a la naturaleza dinámica de la pobreza, este informe
señaló que un enfoque simple sobre “el crecimiento económico y la generación de ingreso,
no reconoce la transmisión intergeneracional de la pobreza”. También sugiere la necesidad
de “incluir las dimensiones social, económica y política, integrando las mejoras en salud,
educación, desarrollo económico y representación”, para romper los ciclos de la pobreza
(´µ²³, 2005: 12). Así, siguiendo el argumento, los vínculos entre exclusión social, desigual-
dad y pobreza, son evidentes.
En un proceso paralelo, las estrechas ideas en torno al “desarrollo económico” fueron
impugnadas en el seno del P²³D por parte del proyecto de “desarrollo humano” (P²³D,
1990). Estas ideas, incluyendo las teorías sobre las “capacidades” de Amartya Sen, han sido
muy relevantes en los debates sobre el desarrollo, pero menos originales en aquellos sobre
la desigualdad. Sen aplicó su teoría de las capacidades a la desigualdad, centrándose en des-
igualdades de “libertad efectiva” o de “libertad efectiva de esa persona para alcanzar estados
valiosos de ser y hacer” (Sen, 1995: 5-6). No obstante, su punto de atención quedó en el in-
dividuo, lo que ofrece un sentido más humano y más amplio de “logro”, que el simple placer
o el concepto “utilitario” manejado por los economistas neoclásicos. Sen en verdad esculpió
una postura ubicada entre la vieja polémica de “igualdad de resultados” versus “igualdad de
oportunidades”. ¶e este modo, se distinguió de los liberales más conservadores (Friedman
y Friedman, 1980), al tiempo que utilizaba una lógica paralela. Al igual que Keynes, quien
distinguía entre “demanda efectiva” y demanda teórica, Sen distinguió las libertades teó-
ricas de las “efectivas”. A esto llamó “libertad con verdadera oportunidad” (Sen, 1995: 31,
64-66). A la vez que creó un marco para “juzgar la ventaja individual” (Sen, 1995: 143), Sen
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concedió que la desigualdad (como privación relativa) a menudo tenía una relación diná-
mica con la pobreza (como privación absoluta). “La privación relativa en el espacio de los
ingresos puede producir privación absoluta en el espacio de las capacidades”, conforme se
eleva el nivel con que se mida “el funcionamiento social” (Sen, 1995: 115). Fue intrínseco a
este enfoque sobre “capacidades” el hecho de que la “privación comparativa (…) no se puede
juzgar de manera adecuada considerando el ingreso de la persona”, ya que este no puede ser
convertido fácilmente “en el logro que la persona valoraría” (Sen, 1995: 31,28). Pese a tratarse
de un método individualista (Stewart y Deneulin, 2002), la perspectiva de Sen trata los te-
mas económicos de la “agregación”. Sin embargo, al tratar la desigualdad social, Sen retoma
los debates en torno a la justicia social bajo la influencia de Rawls (Sen, 1995: 144-148).
Así como ocurre con las explicaciones de la pobreza dinámica, las ideas sobre el desarrollo
humano comienzan a demostrar que el carácter social de la pobreza y la desigualdad están
entretejidos, sin embargo, caen en el análisis del individuo. Pueden involucrar el contexto
social de la privación relativa, pero su método a menudo sigue siendo individualista. Tales
explicaciones pueden pasar de largo la trascendencia más amplia de la desigualdad a través
de la erosión de las instituciones públicas (un subproducto necesario de la hipercomercia-
lización) y mediante las desigualdades ambientales. Por ejemplo, el análisis individualizado
de la privación relativa no toca la dinámica social del acceso desigual a la infraestructura,
tales como el acceso al agua potable.
Teorías sobre el contrato social y la justicia social
Las ideas sobre la función y la disfunción sociales han contribuido a las teorías normati-
vas del contrato social y la justicia social, que tienden a tratar la desigualdad de manera
más directa que las previamente planteadas. Mientras que algún nivel de desigualdad po-
dría considerarse funcional, por ejemplo, en la provisión de incentivos o recompensas, los
niveles más graves a menudo se consideran ilegítimos. Pero, ¿en qué sentido y estándares?
Un acuerdo implícito o “contrato social” a menudo ha sugerido que, como apuntó Weber,
la legitimidad se define según “un mínimo de sometimiento voluntario [y, así también,] la
obediencia”, cuestión que constituye un requisito (Weber, 1922: 2014-116). Las desigualda-
des existentes más allá de los límites implícitos pueden entonces considerarse “ilegítimas”,
fomentando, a su vez, conflictos disfuncionales y delincuencia.
La literatura sociológica y de criminología incluye grandes elementos sobre esta “per-
cepción de privación relativa ilegítima”. En combinación con la inestabilidad del mercado
laboral, se dice que ésta genera criminalidad, violencia e inseguridad social (Vanneman y
Pettigrew, 1972; Braithwaite, 1979; Blau y Blau, 1982). Mientras que el resentimiento “le-
gítimo” genera delincuencia e inseguridad, la desventaja derivada de la condición de clase
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puede incrementarse en áreas clave como la educación y la salud, y luego, a su vez, socavar
la cohesión social. La desigualdad puede ser vista como generadora de tensiones sociales
ahí donde quienes menos tienen se sientan desposeídos, “lo que los conduce a buscar com-
pensación y satisfacción por cualquier miedo” (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002: 2;
Stack, 1984: 229). En un estudio que analizó el robo y el homicidio como indicadores clave
de la delincuencia, los índices de criminalidad y desigualdad mantuvieron una correlación
positiva al interior de los países, así como entre ellos. Sin identificar los mecanismos de
este proceso, el análisis encontró que “esta correlación refleja causalidad entre desigualdad
y tasas de criminalidad, incluso cuando se controlan otros determinantes de la crimina-
lidad” (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002: 26). Otro amplio estudio llegó a conclusiones
semejantes respecto a los crímenes violentos. La “desigualdad [tiene] un sólido y robusto im-
pacto sobre los crímenes violentos”. Respecto a las tasas de los crímenes violentos, el impacto
de la desigualdad era considerable, “incluso cuando se controlaron los efectos de la pobreza,
la raza, y la composición familiar” (Kelly, 2000: 530, 537). Nótese, no obstante, que el en-
foque hasta aquí desarrollado ha recurrido a los efectos disfuncionales de la desigualdad,
más que a su carácter fundacional.
Los problemas con la inclusión de la funcionalidad al interior de un supuesto contrato
social son que este enfoque puede no colaborar a identificar los límites tras los cuales una
grave desigualdad se convierte en antisocial. El conflicto social también puede surgir de la
“percepción de privación relativa ilegítima”, aunque la ideología social puede “flexibilizar”
las nociones de legitimidad, mediante una tolerancia inducida. Tal puede ser el caso en las
culturas fatalistas. En otras palabras, puede haber “consentimiento” y “sumisión” (en térmi-
nos weberianos) ante una gran cantidad de regímenes sociales profundamente desiguales.
Más aún, el consentimiento o sumisión ante las explicaciones basadas en el contrato social
pueden debilitar importantes vínculos sociales, así como instituciones sociales.
A partir de la idea del “contrato social”, Rawls propuso una teoría de justicia alterna-
tiva a la del utilitarismo, pensamiento que había abogado por “el mayor bienestar para la
mayor cantidad de personas”. Rawls nombró a su perspectiva “justicia como equidad”. Los
principios de la justicia debían determinarse mediante la elección racional, pero en circuns-
tancias de imparcialidad. En esta línea de razonamiento, las desigualdades eran permisibles
sólo si protegían o mejoraban a los integrantes menos privilegiados de la sociedad (Rawls,
1971: 11-15). Esta idea exigía una distribución equitativa de bienes y responsabilidades,
que podría implicar la “completa e igual participación de todos los grupos en una sociedad
conformada para satisfacer las necesidades de unos y otros”, y que también pudiera apo-
yar la antigua idea de derechos alienables. También se ha sugerido que esta perspectiva de
justicia social significa “equidad o imparcialidad (…) un concepto ético fundamentado en
los principios de la justicia distributiva” (Levy y Sidel, 2006: 8-9). Este es un punto de vista
difundido, cuyas implicaciones para la desigualdad han sido adoptadas por Sen (1995) y
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Terborn (2013), así como por algunos economistas como Stiglitz (2014) y Piketty. Este
último afirma que una desigualdad grave implica que “el pasado devora al futuro”, y esto
es “una amenaza potencial para las sociedades democráticas y los valores de justicia social
sobre los que se basan” (Piketty, 2014: 571). Con todo, las explicaciones en torno a una jus-
ticia social idealizada, con frecuencia dejan de lado la función social integral y la agencia.
Es por esto que sugiero que debemos avanzar un paso más.
Explicaciones en torno a la integridad social
Cuando hablo de las explicaciones sobre “la integridad social” me refiero a aquellas perspec-
tivas que colocan el énfasis sobre la integridad de los sistemas sociales, otorgando prioridad
a la inclusión social y, de este modo, haciendo de la exclusión y de la desigualdad grave, te-
mas de preocupación fundamental. Para estas perspectivas, la desigualdad grave socava la
dinámica central de la autodeterminación popular, a la par del desarrollo individual y social.
Se considera que la desigualdad degrada la integridad social, y que quebranta los “círculos
virtuosos” de construcción social, además de los sistemas social, de salud y educativos uni-
versales. ±ales aproximaciones empatan bien con las nociones más amplias de ciudadanía
social y democracia social (Marshall, 1950), así como con el reconocimiento más contem-
poráneo de que los derechos de ciudadanía individual requieren del respaldo de un cuerpo
político integral, que rinda cuentas y sea independiente (HR²/Oficina del Alto Comisio-
nado de los Derechos ³umanos de la ´NU, 1984). Las explicaciones en torno a la integridad
social son más efectivas para demostrar que la desigualdad grave niega la identidad social,
la cohesión y la agencia necesarias para llevar a la práctica el derecho a la auto-determina-
ción, impide los derechos de participación de las personas en lo individual, excluye a los
menores como seres sociales, es constitutiva de la pobreza y, asimismo, inhabilita y excluye.
Muchos autores han hablado de la desigualdad grave como algo que corroe socialmente
(Polanyi, 1944; Myrdal, 1957, Wilkinson y Pickett, 2010). Polanyi señaló que, en socie-
dades tradicionales que dependen de la reciprocidad, el individualismo extremo no era
posible y que “el mantenimiento de los vínculos sociales [resultaba] crucial” tanto para los
individuos como para la sociedad (Polanyi, 1944: 48). En cambio, el individualismo de los
sistemas hipotéticos del “mercado autorregulador”, ampliamente promovidos en Europa,
destruiría “la sustancia humana y natural de la sociedad” (Polanyi, 1944: 3). Myrdal (1957)
aludió a una idea similar cuando habló de los círculos vicioso y virtuoso del desarrollo y
la decadencia sociales. Ante esta manera de pensar, ni los progresos ni las regresiones so-
ciales podrían entenderse simplemente mediante iniciativas individuales, ni con base en
la atomizada dinámica de los mercados; se debían tomar en cuenta los complejos víncu-
los cruzados entre comunidades, gobierno e industria. La exclusión de grandes grupos de
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personas debido a grandes desigualdades, necesariamente resultaba dañina para el núcleo
de la funcionalidad social.
Wilkinson y Pickett, a partir de una serie de observaciones llevadas a cabo en los siste-
mas de salud pública y privada, arguyen a favor de los beneficios más amplios, presentes
en las sociedades más igualitarias o “colaborativas”. La igualdad social, sostienen, beneficia
a la sociedad por entero, no sólo a los grupos más pobres. Tomando en cuenta principal-
mente a países ricos, le restan importancia a las exageradas ventajas de contar con ingresos
más altos y, en lugar de esto, muestran las correlaciones existentes entre la desigualdad y
una gama de problemas sociales y de salud: la falta de confianza, la enfermedad mental, la
esperanza de vida, la mortalidad infantil, la obesidad, el desempeño educativo, el embarazo
adolescente, el homicidio, las tasas de encarcelamiento, la movilidad social, y una prác-
tica medioambiental incluso más precaria (Wilkinson y Pickett, 2010: 19-21, 82-83, 232).
Después de repasar sobre otras posibles causas de estos problemas, concluyen que “la des-
igualdad es el denominador común, así como una fuerza en extremo nociva” (Wilkinson y
Pickett, 2010: 190-195). En tanto que otros estudios señalan correlaciones similares usando
el concepto más amplio de “estatus socioeconómico”, refuerzan lo dicho por Wilkinson
y Pickett, mediante vínculos con las disparidades de ingresos (Daly, Duncan, Kaplan y
Lynch, 1998: 315; Duleep, 1986).
Utilizando una concepción más amplia de ciudadanía, así como nociones de reciproci-
dad o imparcialidad condicional, los socialistas fabianos Horton y Gregory presentan otra
explicación con base en la integridad social. Señalando un aumento en la pobreza relativa
desde principios de los años ochenta y los problemas que esto plantea para el bienestar so-
cial, sostienen que los principios de participación y los programas sociales universales son
más propensos a mantener el apoyo que los regímenes contributivos u obligatorios (Hor-
ton y Gregory, 2009: 5-91-212). Por supuesto, esto tiene importantes implicaciones para la
cuestión de contar con programas sociales universales
versus
programas sociales para po-
blaciones meta.
Con un sólido enfoque social, Wilkinson y Pickett afirman que tratar la desigualdad
requiere de una “transformación del equilibrio entre un consumismo auto-interesado, divi-
sivo, impulsado por la competencia por estatus, y una sociedad más integrada en lo social,
así como incluyente [para] desarrollar el
ethos
público y el compromiso de trabajar en con-
junto [necesarios] para resolver los problemas que nos amenazan por igual” (Wilkinson y
Pickett, 2010: 233). Una mayor igualdad, sostienen, beneficia no sólo a quienes tienen me-
nos, sino a los ricos y al organismo social entero. Dicen que la evidencia demuestra que “la
gente en cada categoría [de ingreso] es más saludable [o más alfabetizada] si se encuentran
en una sociedad más igualitaria, que la gente en la misma categoría de ingresos, educación
o clase, en una sociedad menos igualitaria”. Esto los lleva a concluir que “cuando la gente
de la misma clase social, con el mismo nivel de ingresos o educación se compara entre paí-
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ses, quienes viven en sociedades más iguales, tienen una mejor vida” (Wilkinson y Pickett,
2010: 275-276). Esta aproximación a los beneficios más extendidos de las sociedades más
igualitarias, con base en la evidencia, constituye una poderosa posibilidad de intervención
en las políticas públicas de las sociedades en extremo liberales o privatizadas, y representa
un ejemplo importante de la perspectiva de la integridad social ante la desigualdad. Tal de-
sarrollo social cohesivo también se encuentra en la raíz de un importante informe sobre el
derecho a la educación (Tomasevski, 2006).
El cuadro 1 resume los cuatro tipos de explicación que he planteado. Sugiero que la
perspectiva de la integridad social es la más satisfactoria, ya que identifica de manera
más directa, con una lógica más elemental, las bases que podría utilizar la política pú-
blica para tratar la desigualdad grave. Las explicaciones centradas en argumentos más
sociales establecen vínculos más sólidos con los procesos orgánicos de la autodeterminación
práctica individual, tanto como social, tan necesaria para la supervivencia y reproduc-
ción de las sociedades.
Cuadro 1
Explicaciones de la
desigualdad
Factores limitantes
Lógica fundamental
Argumentos
económicos
Desigualdad definida por el
ingreso, y limitada a éste
El aumento en el ingreso importa
Explicaciones en torno
a la pobreza dinámica y
el desarrollo humano
Los problemas de desigualdad se
definen por derechos efectivos
y/o por la justicia social
La desigualdad se vincula a la
pobreza; los derechos individuales
efectivos, importan
Teorías sobre el
contrato social y la
justicia social
El conflicto define al problema,
el “consentimiento” lo
puede mitigar, las relaciones
idealizadas, lo evitan
Los acuerdos sociales hipotéticos
y/o la justicia social idealizada,
importan
Explicaciones con base
en la integridad social
Involucramiento directo; la
participación equitativa es
socialmente necesaria
La desigualdad es un problema
básico; la exclusión social obstruye
la autodeterminación individual
y social
Conclusiones
Pese a que existen grandes discusiones sobre la desigualdad, existe poco consenso real
sobre las bases por las que deben existir políticas públicas específicamente orientadas a
ésta. Puede que ello no cambie en el corto plazo, pero hay razones por las que el asunto
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debe ser discutido, así como los criterios en torno a tal problemática. La influencia de
los argumentos económicos no es menor en cuanto a la ausencia de dicho consenso; és-
tos tienden a hacer de la desigualdad una problemática que deriva del crecimiento en las
economías formales agregadas. Como se sostuvo antes, esta es una lógica débil y supedi-
tada, que asume que el crecimiento económico ocupa un lugar común y privilegiado en la
política pública, a la vez que trata a la desigualdad grave, ya sea como algo funcional para
la “sociedad del mercado”, o como algo que tiene poca lógica disfuncional de amplias re-
percusiones por sí misma. Entre las explicaciones de corte más social, a menudo también
encontramos una lógica secundaria, en ocasiones abstracta o idealizada, que muchas veces
sólo se involucra parcialmente con la cuestión.
Sugiero que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones que vinculan la desigual-
dad grave, incluyendo la pobreza relativa y la exclusión social, de manera más directa tanto
con la plenitud individual, como con la autodeterminación social. Las explicaciones con
base en la integridad social pueden explicar de mejor manera que la desigualdad grave no
sólo es constitutiva de la pobreza, injusta y percibida como ilegítima, sino que también niega
una identidad social, así como la cohesión y agencia necesarias. Las explicaciones cimen-
tadas en la “integridad social” tienden a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la
desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo político
coherente, tan necesario para el progreso social y para los derechos de ciudadanía.
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