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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
1
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad Carlos III de Madrid, España. josemaria.sanmarti@uc3m.es
2
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad Carlos III de Madrid, España. maguado@hum.uc3m.es
3
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad Carlos III de Madrid, España. raul.magallon@.uc3m.es
Recibido: 05/11/09
Aceptado: 19/04/10
Resumen
El objetivo de este artículo es comparar el papel del Esta-
do en la evolución y el desarrollo del sistema de prensa
colombiano en relación con los modelos de prensa euro-
mediterránea. En este marco se abordan los momentos
históricos que se pueden considerar decisivos en la con-
fguración actual del modelo colombiano de prensa y que
han inFuido en su devenir, y se examinan las medidas le
-
gislativas más destacadas en el desarrollo del mercado de
la prensa en los últimos años.
La inFuencia del Estado en el desarrollo de las empresas
periodísticas se aborda aquí desde las siguientes perspec-
tivas: censura de prensa, sistemas de control de prensa,
regulación de la fgura del periodista, ayudas a la pren
-
sa, pluralismo informativo y límites a la concentración.
Se han seleccionado estos aspectos por cuanto son claves
para entender las relaciones prensa-Estado.
Palabras clave:
Colombia, España, Italia, Francia,
Portugal, prensa, Estado, euromediterráneo, modelo.
l
ISSN 0122-8285
l
Volumen 13 Número 1
l
Junio de 2010
127 - 146
Abstract
The purpose of this article is to compare the role of the
State in the evolution and development of the Colombian
press in relation to European-Mediterranean press mo-
dels. Within this framework, it considers the historical
moments that can be regarded as decisive to the current
makeup o± the Colombian press and signifcant in its evo
-
lution. The more prominent legislative measures in the
development o± the press market in recent years are exa
-
mined as well.
The inFuence o± the state in the development o± journa
-
listic enterprises is addressed from several perspectives;
namely, press censorship, systems to control the press,
regulations concerning the role of journalists, assistance
to the press, media pluralism and limits to concentration.
Key words:
Colombia, Spain, Italy, France, Portugal,
press, state, Euro-Mediterranean.
Comparativa de modelos en las relaciones Prensa-Estado:
Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
Comparative Models of Press-State Relations:
Colombia, Italy, France, Spain and Portugal
Josep M. Sanmartí-Roset
1
Guadalupe Aguado-Guadalupe
2
Raúl Magallón-Rosa
3
ISSN 0122-8285
128
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
Introducción
El objetivo de este artículo
4
es analizar el papel
del Estado en la evolución y el desarrollo del sis-
tema de prensa colombiano. Para ello se estudian
las características singulares del mismo, que son
comparadas con los modelos de prensa eurome-
diterráneos y, en concreto, con los sistemas de
prensa de Italia, Francia, Portugal y España.
En este marco, se abordan los momentos histó-
ricos que se pueden considerar decisivos en la
confguración actual del modelo colombiano de
prensa y que han inFuido en su devenir, y se
examinan las medidas legislativas más destaca
-
das en el desarrollo del mercado de la prensa en
los últimos años.
De este modo se pretenden establecer y dis-
tinguir las posibles inFuencias recibidas por
el sistema de prensa colombiano por parte del
modelo euromediterráneo (incluyendo posibles
iniciativas que la prensa colombiana puede o ha
podido desarrollar), y delimitar las singularida-
des y particularidades que recrea el sistema de
prensa colombiano a partir de la evolución his-
tórica, social y democrática del país. Al tratarse
de un estudio comparativo, resulta pertinen-
te señalar de inicio que el bloque euromedite-
rráneo (España, Francia, Italia y Portugal) casi
siempre ha contado con una decidida actitud
reguladora por parte del Estado.
Recordemos también que el modelo euromedi-
terráneo tiene su punto de partida común en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano del 26 de agosto de 1789, es decir,
en los inicios de la Revolución Francesa. Su ar-
tículo 11 sostiene que “la libertad de comuni-
car los pensamientos y las opiniones es uno de
4
Este artículo es fruto de estancias de investigación en el Institut
Français de Presse (Université Panthéon-Assas- Paris II), en el Insti-
tuto de Estudos Jornalísticos de la Universidade de Coimbra (Portu-
gal), y en el Institute of Communication Studies de la Universidad de
Leeds (Reino Unido).
los derechos más preciosos del Hombre. Todo
ciudadano puede, pues, hablar, escribir, impri-
mir libremente, debiendo responder sólo de los
abusos cometidos en el ejercicio de esta libertad
en los casos previstos por la ley”.
Así pues, la Declaración estableció un mandato
rotundo para asegurar y regular por ley el de-
recho a la libertad de información, y este mo-
delo ha prevalecido siempre en el fondo de las
diversas medidas reguladoras de estos países.
La Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano entiende la libertad de imprenta
como un derecho que hay que preservar posi-
tivamente y que al mismo tiempo puede coli-
sionar con otros derechos. En consecuencia, el
Estado se presenta como garante tanto de este
servicio público como del libre ejercicio del res-
to de libertades.
La inFuencia del Estado en el desarrollo de las
empresas periodísticas se aborda aquí desde
las siguientes perspectivas: censura de prensa,
sistemas de control de prensa, regulación de la
fgura del periodista, ayudas a la prensa, plura
-
lismo informativo y límites a la concentración.
Se han seleccionado estos aspectos por cuanto
son claves para entender la necesidad de redef
-
nir las relaciones prensa-Estado si se quiere que
el sistema de prensa colombiano se desarrolle y
evolucione en un contexto in±ormativo de liber
-
tad de expresión y competencia global.
Las líneas maestras
de los dos modelos
En los cuatro países euromediterráneos analiza-
dos se produjo una ruptura radical del sistema
informativo como consecuencia de la implan-
tación de los respectivos regímenes totalita-
rios entre 1926 y 1976, hecho que no sufrieron
los países anglosajones, protagonistas de una
continuidad democrática y empresarial. Las
medidas tomadas por los distintos Estados de
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Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
acuerdo con su régimen político, determinaron
defnitivamente el desarrollo de la prensa hasta
la actualidad, lo cual permite a su vez compren-
der las causas que han propiciado estrategias
empresariales diversas, y que han dado lugar a
un conglomerado empresarial específco con los
consiguientes modelos de negocio periodístico
en cada país.
En el caso de Colombia, las relaciones prensa-Es-
tado han estado marcadas por la censura, las pre-
siones ejercidas por el narcotráfco y los
grupos
paramilitares. A pesar de ese ambiente de vio-
lencia, si algo ha caracterizado a los periodistas
colombianos ha sido la defensa de un periodis-
mo comprometido de denuncia y el periodismo
de investigación, lo que ha traído el azote de la
represión llevada al máximo extremo. Asimis
-
mo, la prensa ha tenido que enfrentarse a un
proceso de concentración de cabeceras en manos
de familias ligadas al poder político, así como a
una desregulación de la profesión con la dero-
gación del Estatuto del Periodista. A su vez, las
empresas periodísticas han tenido que desarro-
llar su negocio dentro de un sistema caracteri-
zado por los impuestos directos a la ac
tividad y
en el que la publicidad ofcial ha sido utilizada
como un elemento de castigo para los sectores
críticos, convirtiéndose en una mordaza econó-
mica de los diferentes poderes ante la libertad
de ex
presión. Todo ello en un país marcado
por bajos índices de difusión de prensa y sin
sistemas independientes de control de circu-
lación acordes con los países del modelo euro-
mediterráneo y anglosajón, representados en
la International Federation o± Audit Bureaux
of Circulations (IFABC).
El modelo rupturista euromediterráneo
Durante las dos guerras mundiales la prensa
europea se limitó a defender sus respectivos
intereses, tanto de los aliados como de los ger-
manóflos, lo que convirtió a los periódicos en
re±erentes estratégicos y propagandísticos. Al f
-
nalizar la Segunda Guerra Mundial se inició un
proceso de consolidación y se crearon grandes
grupos de prensa en Europa Occidental. Así, los
Estados vieron la necesidad de intervenir en el
sector in±ormativo. De las experiencias totalita
-
rias y de la guerra los vencedores aprendieron
que los medios debían cumplir una función so-
cial de servicio público, y se desarrolló entonces
la teoría de
la responsabilidad social de los medios
.
De 1945 a 1970 se vivió una etapa de expansión
económica que repercutió en el desarrollo del
sector informativo. Los Estados defendieron la
libertad de expresión y, al mismo tiempo, es
-
tablecieron normas de control de los medios.
Paralelamente, se convirtieron en dueños de
diarios, emisoras de radio y cadenas de televi-
sión públicas.
Colombia: el estrecho vínculo entre
prensa y poder
Al fnalizar el período del Frente Nacional en
1974, y con las elecciones presidenciales cele-
bradas entre 1974 y 1982, se consolidó el trián-
gulo de poder entre medios, políticos y grupos
económicos. Esta relación ha sido habitual en
Colombia, donde el inicio de la prensa como
principal medio de comunicación está ligado
estrechamente a la política. Es decir, que casi
todos los primeros periódicos fueron fundados
por políticos que veían en este medio la mejor y
más segura manera de expresar sus opiniones
políticas sobre lo que sucedía en el momento.
La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano entiende la
libertad de imprenta como un derecho
que hay que preservar positivamente y
que al mismo tiempo puede colisionar
con otros derechos.
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Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
Otro de sus distintivos es su carácter familiar.
Los principales diarios del país han estado li-
gados al imperio de familias tradicionales que
los han sustentado en el transcurso de los años.
Como dato curioso cabe destacar que en la pren-
sa nacional casi todos los periódicos han estado
vinculados a familias de gobernantes.
Ante los cambios en
El Espectador
de Bogotá, Da-
río Restrepo, Defensor del Lector de
El Colombia-
no
de Medellín, denunciaba el azaroso ofcio de
ser libre: libre de dictaduras, de narcotrafcantes,
de intereses económicos de los grupos de comu-
nicación y de la presión ejercida por empresas
privadas, apuntando que:
el antecedente colombiano de la muerte casi
simultánea de varios medios periodísticos, as-
fxiados por el recorte de la publicidad que se
origina en la empresa privada, es un argumen-
to para pensar que la batalla por la libertad de
prensa ya no se libra en las dependencias gu-
bernamentales, ni contra leyes de censura, sino
en las ofcinas de los agentes de publicidad
(Restrepo, 2001).
No es menor el control ejercido sobre la prensa
a través de la publicidad ofcial, que en el caso
de Colombia revela una tendencia creciente por
parte de funcionarios a utilizarla contra la liber-
tad de expresión, de manera “que se benefcie
a los afnes y se postergue a los críticos”
(Aso-
ciación por los Derechos Civiles, 2008). Ante
este tipo de prácticas, en el caso de Colombia
algunos gobiernos locales han adoptado los lla-
mados Pactos de la Transparencia, que incluyen
compromisos para reformar los procedimientos
de contratación de publicidad ofcial.
La práctica de la censura
A lo largo de su historia, los cuatro países euro-
mediterráneos estudiados han sufrido episodios
más o menos intensos de censura, especialmen-
te durante los años de regímenes totalitarios. La
lucha contra esta censura, que adoptaba distin-
tas formas pero efectos parecidos, marcó sensi-
blemente la evolución de la prensa, tanto desde
la perspectiva empresarial, como de la periodís-
tica. A partir de 1978, sin embargo, estos países
coincidieron en un modelo democrático en el
que las respectivas constituciones y leyes pro-
hiben taxativamente al Estado la práctica de la
censura, que en casos excepcionales queda en
manos de los jueces.
En Colombia, a pesar de que la libertad de ex
-
presión tiene también un reconocimiento consti-
tucional desde 1991, su aplicación en la práctica
corre a cargo del crimen organizado que ejerce un
poder paralelo al del Estado. Por ello, la situación
es más confusa y complicada para los medios.
Modelo euromediterráneo: límites a la
libertad de expresión y publicación
El mercado de la prensa portuguesa en su
transcurso histórico ha estado marcado por la
censura, que fue instituida en 1926 como con-
secuencia de un golpe militar, y que produjo la
correspondiente pérdida de libertad de expresi
-
ón y publicación. Esta situación perduró hasta
el fn del régimen dictatorial del Estado Novo.
Tras casi cinco décadas, la censura fue abolida el
25 de abril de 1974 cuando un golpe de Estado
puso fn a 48 años de dictadura.
Situación similar se vivió en España, donde la
Guerra Civil (1936-1939) abrió una nueva era
caracterizada por la intervención del Estado.
En este sistema político-administrativo jugó un
papel esencial una nueva ley de prensa, que po-
nía todos los medios al servicio del Estado y le
confaba la misión de reeducar al pueblo en los
nuevos valores. La censura previa fue una de
las herramientas utilizadas con más intensidad,
junto con las consignas y las informaciones de
obligada publicación.
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Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
El sistema de censura de 1938 terminó con un
limitado proceso de liberación plasmado en la
Ley de Prensa e Imprenta de 1966. El nuevo ré-
gimen para la prensa hizo que la empresa pe-
riodística pasara del dominio del
interés nacional
al de la iniciativa privada, por lo que las con-
signas y la censura previa como procedimiento
normal quedaron reservadas solamente a casos
de emer
gencia nacional o guerra. Ahora bien,
se impuso un Registro de Empresas Periodísti-
cas (REP), y un Registro Ofcial de Periodistas
(ROP) como
los autorizados para ejercer la pro-
fesión. Pese a su carácter represivo, esta ley per-
mitió la apertura de algunas áreas de libertad
de
expresión. “En defnitiva, España se había alinea
-
do entre los regímenes totalitarios, que fueron los
que en el período de entreguerras comenzaron a
efectuar la regulación y el control de la profesión
periodística como instrumento de control sobre
la prensa” (Gay, 1991, p.
388).
En Italia, la Ley 374 del 2 de febrero de 1939 —
que derogaba las disposiciones de la Ley 654 de
26 de mayo de 1932— señalaba la obligatorie-
dad de consignar ocho ejemplares de cualquier
publicación impresa a las distintas instituciones
(uno para el Ministerio de la Cultura Popular,
tres para la Prefectura, uno para la Fiscalía del
Rey y tres para la delegación provincial del Mi-
nisterio de Educación). De esta ley se destaca,
por ejemplo, cómo en su primer artículo tambi-
én se señalaba que la obligatoriedad comprendía
cualquier reimpresión que hubiera sido modif
-
cada, tanto en el contenido como en la forma.
Se especifcaba también la exigencia de que
cualquier publicación hiciera constar de forma
visible el domicilio legal del impresor y/o del
editor, además del año
por la era cristiana y por la
era fascista
de la misma (art. 5). Tras la caída de
Mussolini el 25 de julio de 1943 y el referéndum
del 2 de junio de 1946 en el que se instauraba
la república, se adoptó una nueva Constitución
que entró en vigor el 1 de enero de 1948 y que en
su artículo 21 garantizaba la libertad de prensa.
En Francia, la ley de libertad de prensa de 1881
—en vigor todavía aunque retocada en distintas
ocasiones—, suprimió las medidas preventivas
vigentes hasta entonces y recortó las medidas
administrativas anteriores a la publicación. Sin
embargo, en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789) se establecie-
ron algunas reservas legales importantes.
La censura volvió en 1914 a raíz de la Primera
Guerra Mundial. Se creó una Ofcina de Prensa
adscrita al Ministerio de Defensa, que revisaba
todos los escritos antes de su publicación, pro-
duciéndose numerosos roces entre los periódi-
cos y las autoridades militares. Sin embargo,
hizo soportable la guerra a la población civil y se
mostró efcaz para mantener la Fe en la victoria
(Albert, 1970, p.
79). El levantamiento de la cen-
sura en 1919 no evitó un fuerte cuestionamiento
de la Ley de 1881 por los excesos diFamatorios
que permitía, hecho que redundó en el progresi-
vo descrédito de la III República. El 28 de agos-
to de 1939 se restableció la censura, si bien de
forma menos estricta que en 1914. Se mantuvo
en términos mucho más duros en el territorio
de Vichy (1940-1942) y en las zonas ocupadas
por los nazis, combinada en el primer caso por
consignas y notas obligatorias hasta culminar
en una intervención total. Los decretos de 6 de
mayo, 22 de junio, 26 de agosto y 30 de septiem-
bre de 1944 emitidos por el gobierno surgido de
la Liberación, derogaron la censura pero impu-
sieron severas medidas administrativas que en
ocasiones tuvieron un impacto parecido.
El mercado de la prensa portuguesa
en su transcurso histórico ha estado
marcado por la censura, que fue
instituida en 1926 como consecuencia
de un golpe militar, y que produjo la
correspondiente pérdida de libertad de
expresión y publicación.
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Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
La permanencia de estos controles administra-
tivos ha sido considerada como contraria a la
libertad de expresión tanto en tiempos de nor
-
malidad, como en épocas de excepcionalidad.
Así, en el primer caso las autoridades admi-
nistrativas pueden llegar al secuestro de pu-
blicaciones para conservar el orden público. La
posibilidad de suspender las garantías constitu-
cionales durante los estados de urgencia, sitio o
guerra deja abierta la posibilidad de restablecer
la censura (Dérieux, 2005, p. 69).
Colombia: una prensa marcada por
dictaduras, narcotrafcantes y
grupos paramilitares
La historia de la prensa colombiana durante el
siglo XX estuvo marcada por los ataques a su
libertad, ya sea por parte de las dictaduras, del
narcotráfco o de los grupos paramilitares. Im
-
portante en este sentido fue la presión ejercida
sobre los medios durante la dictadura del
gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien sus-
tentó entonces su ataque a la libertad de prensa
con la premisa de que el país necesitaba “una
prensa libre pero responsable”. Rojas Pinilla
creó la Empresa Nacional de Publicaciones, or-
ganismo ofcial que controló desde la importaci
-
ón del papel hasta los impresos, y desde la cual
se publicó a partir de 1956 el
Diario Ofcial
, que
buscaba que la voz y el ideario del gobierno tu-
vieran un alcance masivo.
Pero si hubo un periodo especialmente intenso
en violencia censora fueron las décadas de los
ochenta y noventa, cuando los narcotrafcantes
vieron en la prensa una amenaza a sus intereses
e iniciaron una escalada de asesinatos que sólo
se detuvo cuando los principales dirigentes es-
tuvieron muertos, detenidos o extraditados.
En dicho sentido, ha sido destacable el papel
desempeñado por
los medios de comunicación
en su labor de investigación e información sobre
las
acciones de las bandas paramilitares, organi-
zadas al margen de la ley y fortalecidas con di-
neros procedentes del narcotráfco. Por desgracia,
los periodistas pagaron caro su comportamiento,
ya que el crimen organizado amenazó, atentó y
asesinó a reporteros y directores. La sociedad
co-
lombiana sintió entonces, en carne propia, las con-
secuencias de un problema que ella misma ayudó
a gestar (Gómez y Hernández, 2008). El periodis-
mo y los medios de comunicación se enfrentan
hoy a un importante reto derivado de sus denun-
cias a lo que los colombianos han coincidido en
bautizar como
parapolítica
.
A pesar de la estabilidad democrática y de que
la Constitución Política de 1991 en su artículo 20
establece los derechos a la libertad de expresión,
a informar y a recibir la información, la violen-
cia contra la prensa colombiana ha continuado
en los últimos años, instigada por caciques lo-
cales, grupos paramilitares y narcotrafcantes.
Ello ha dado lugar a movimientos y agrupacio-
nes de periodistas para denunciar la situación.
En este sentido, son de destacar las palabras de
C. Velázquez cuando señala que:
es muy preocupante observar que no sólo los
actores al margen de la ley están atacando la
libertad de prensa, sino que también lo están
haciendo —y al parecer con mayor intensidad
al menos desde el ángulo de las presiones a las
que acceden los periodistas— los actores inter-
nos y externos que actúan dentro de la ley, y
A pesar de la estabilidad democrática
y de que la Constitución Política de
1991 en su artículo 20 establece los
derechos a la libertad de expresión, a
informar y a recibir la información, la
violencia contra la prensa colombiana
ha continuado en los últimos años,
instigada por caciques locales, grupos
paramilitares y narcotrafcantes.
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Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
que por ende, son los más obligados a acatar la
Constitución Nacional
(Velázquez, 2003).
Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)
la fortaleza e independencia
de los medios de prensa en Colombia los ha con-
vertido en actores políticos de primer nivel. En
este sentido, la CIDH maneja información, se-
gún la cual los colombianos confían más en los
medios que en la justicia, los políticos, la
policía,
la empresa privada o la Iglesia. Lamentablemen-
te, esta relevancia ha traído aparejado también
un aumento sostenido de actos de hostigamiento
contra los periodistas, cometidos por los distin-
tos actores de la violencia que azota a
Colombia.
Las agresiones cometidas en perjuicio de los
periodistas tienen como objetivo impedir que
cumplan con su misión de informar, por lo que
la CIDH considera que constituyen igualmente
violaciones del derecho de los periodistas a ejer-
cer su derecho a la libertad de expresión, y del
derecho de la sociedad a acceder libremente a
dicha información.
Y afrma textualmente que:
Colombia ocupa uno de los primeros lugares
en América Latina en cuanto a denuncias so-
bre agresiones contra miembros de la prensa.
En efecto, la Comisión ha sido informada que
en los últimos diez años fueron asesinados 122
profesionales de la prensa en Colombia. Duran-
te el mismo período, 37 periodistas fueron se-
cuestrados en dicho país, y 162 fueron víctimas
de ataques a su integridad Física. La Ofcina de
la Alta Comisionada para los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas reporta que recibió
denuncias sobre asesinatos de al menos cuatro
periodistas por su calidad de tal en 1997. Seña-
la esta Ofcina que muchos periodistas también
han sido secuestrados o amenazados, viéndose
algunos obligados a salir del país (Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, 1999).
La CIDH ha recibido con interés la información
suministrada por el Estado sobre la adopción de
medidas concretas para proteger las vidas de los
periodistas. Conforme a los datos proporciona-
dos, más de una docena de periodistas cuentan
actualmente con la protección del Departamen-
to Administrativo de Seguridad (DAS).
En este sentido, el Observatorio de Medios de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Sabana, en uno de sus estudios en torno a esta
problemática, encontró que “este país no es tan
Fértil para la libertad de prensa como afrma el
Presidente de la República, Álvaro Uribe, y que
los factores de desestabilización y amenaza si-
guen latentes”
(Universidad de la Sabana, 2006).
Sistemas de control de prensa
En los cuatro países euromediterráneos el Es-
tado ha tendido a implantar mecanismos de
control más o menos soterrados, aduciendo
su
función como poder regulador de la prensa en-
tendida como servicio público. En Portugal, la
nacionalización de la banca conllevó la inter-
vención en las empresas periodísticas. En Espa-
ña, la rápida liberalización emprendida en los
años ochenta condujo a un sistema muy desre-
gulado, aunque con injerencias de distinto tipo
en las Comunidades Autónomas. Italia también
impuso obligaciones administrativas para las
empresas, mientras que Francia organizó un
modelo más intervencionista, centrado en la di-
fusión y venta de periódicos.
Según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) la
fortaleza e independencia de los medios
de
prensa en Colombia los ha conver-
tido en actores políticos de primer
nivel. En este sentido, la CIDH
maneja información, según la cual los
colombianos confían más en los medios
que en la justicia, los políticos, la
policía, la empresa privada o la Iglesia.
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Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
Por su lado, Colombia se distinguió por la inde-
fensión práctica en el ejercicio de la profesión pe-
riodística, situación que ha sido denunciada por
distintos organismos en numerosas ocasiones.
Modelo euromediterráneo: control en
regímenes de libertad de prensa
En Portugal, el poder político que se instaló des-
pués del 25 de abril de 1974 procedió a nacio-
nalizar los principales títulos de prensa diaria,
hasta que en los años ochenta del siglo XX se
produce la privatización de los periódicos esta-
talizados. El Programa de la Junta de Salvación
Nacional incluía la abolición de la censura y el
examen previo, y defendía la creación de una
comisión para el control de la comunicación so-
cial, el teatro y el cine hasta que fuese promul-
gada una nueva ley de prensa. Esta comisión
debería salvaguardar la emergente democracia
de los ataques “reaccionarios”, y tendría com-
petencias para suspender órganos de comuni-
cación social que atentasen contra los principios
enunciados por la Junta (Rui, 2002).
El primer gran cambio estructural ocurrido en
la prensa portuguesa después del 25 de abril de
1974 fue el paso, en todo o en parte, de un gran
número de empresas periodísticas a manos del
Estado como consecuencia de la nacionalización
de la Banca y de otros sectores básicos, debido
a su participación mayoritaria en el capital so-
cial de las empresas por los créditos concedidos
con anterioridad por la banca a las empresas
periodísticas. La nacionalización de la banca y
de los seguros trajo consigo la estatalización de
los títulos de prensa diaria pertenecientes a los
grupos económicos más poderosos.
Tal y como señala Mário Mesquita, curiosamen-
te la nacionalización de la prensa nunca fue jus-
tiFcada desde el punto de vista político, y fue
siempre presentada como una consecuencia in-
directa de la nacionalización de la Banca (Mes-
quita, 1996, pp. 360-405).
La Ley de Prensa, publicada el 26 de febrero de
1975, entró en vigor casi simultáneamente con
la nacionalización de la banca, lo que trajo como
consecuencia indirecta el control del Estado so-
bre las principales cabeceras. Con la aprobación
de esta Ley se consagra la libertad de expresión,
de pensamiento y de imprenta integradas en el de-
recho a la información, así como el derecho a la
creación de empresas periodísticas.
En España, la liberalización democrática de la
prensa arrancó en 1977 con un decreto-ley que,
con el Fn de preparar las elecciones generales
de junio, anuló o reformó los artículos más res-
trictivos de la Ley de 1966. Se mantuvo, no obs-
tante, el secuestro administrativo en el caso de
noticias contrarias a la unidad de España, a la
monarquía o a las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, la desaparición del franquista
Movimiento Nacional (1977), y el lanzamiento
de la Transición, obligaron a pasar la titularidad
de sus periódicos al Patrimonio del Estado. Poco
después, el primer gobierno democrático (1977-
1979) suprimió el Ministerio de Información y
Turismo, lo que abría deFnitivamente la puerta
a la desregulación, y por último la Constitución
de 1978 derogó todos los artículos de la Ley de
1966 que se le oponían.
La liquidación del sector de titularidad pública
y la supresión de las ayudas cerró el ciclo re-
gulador del Estado propio. Como reacción al
anterior intervencionismo del Estado y sobre
Colombia se distinguió por la indefensión
práctica en el ejercicio de la profesión
periodística, situación que ha sido
denunciada por distintos organismos en
numerosas ocasiones.
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Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
la base de la Constitución de 1978, el nuevo
modelo dejó la evolución de la prensa exclu
-
sivamente en manos privadas y sin mediación
alguna del Estado, con algunas excepciones a
escala autonómica. Anuladas las leyes específ
-
cas, a partir de 1989 sólo la legislación ordinaria
pasó a regular las empresas periodísticas, con
el complemento de algunas leyes como el dere-
cho de réplica o la cláusula de conciencia de los
periodistas. En ocasiones, determinadas leyes
sectoriales inciden indirectamente en la prensa,
como por ejemplo la Ley de Publicidad y Comu-
nicación Institucional, destinada a reglamentar
las campañas informativas, publicitarias y co-
municativas de la Administración central (Gui-
llamet, 2001, pp. 269-274). Igualmente, las leyes
antiterroristas motivaron el cierre de algunos
periódicos vascos, como
Egin
(1998) y
Egunkaria
(2003), aunque posteriormente la orden judicial
fue anulada en instancias superiores. Asimis-
mo, fueron asesinados algunos periodistas y
otros requirieron protección policial.
Si bien ha prevalecido la opinión de que la
prensa debe estar sujeta al derecho ordinario,
la política desreguladora ha ocasionado polémi-
cas con los partidarios de considerarla como un
servicio público que se debe regular, del mismo
modo que lo están los medios audiovisuales.
En la medida en que el Tribunal Constitucional
considera que las Administraciones deben velar
por el cumplimiento de los derechos esenciales,
las empresas informativas deberían contar con
un estatuto propio para salvaguardarlos. Por el
contrario, el desarrollo de la ley de ayudas a em-
presas periodísticas de 1984 defnió y reguló las
empresas periodísticas y las agencias informati-
vas, pero sólo a efectos de recibir las ayudas pre-
vistas (Gay, 1991, p. 406).
En el caso de Italia, en 1948 fue publicada la
Le-
gge sulla stampa
que regulaba el sistema italiano
de prensa y que, con diversas modifcaciones,
ha pervivido hasta la actualidad. En esta ley,
compuesta por 25 artículos, se defnían las in
-
dicaciones obligatorias para las publicaciones
impresas, las responsabilidades civiles para sus
directores, el registro, las penas por difamación,
etc. De esta forma quedaba derogado el Real
Decreto de la Ley 13 del 14 de enero de 1944.
No fue hasta 1963 cuando en el artículo 29 de la
La
Legge sull’Ordine dei Giornalisti
se exigía la inscrip
-
ción de los periodistas en un registro de profesio-
nales para la práctica de la profesión periodística.
En el artículo 32 se regulaba una prueba escrita
y oral de la técnica y la práctica del periodismo
como requisito imprescindible a fn de obtener
el permiso para ejercer la práctica periodística.
A través del artículo 33 se regulaba
también el
registro de practicantes, que establecía el míni-
mo de edad en los 18 años, y una declaración del
director del medio de comunicación (periódico,
radio, televisión o agencia de noticias) que cer-
tifcase el inicio de la práctica; y posteriormente,
tras 18 meses de ejercicio, una declaración
de la
actividad periodística desarrollada. Para su ins-
cripción era necesario del mismo modo haber
superado un examen de cultura general.
La Ley del 29 de diciembre de 1990 confrmó
este registro en su artículo 45, señalando que
nadie podía ejercer la profesión periodística si
no estaba inscrito en el registro profesional (la
ley también señalaba que los ciudadanos de los
Estados miembros de la Comunidad europea
son equiparados a los ciudadanos italianos a
Las leyes antiterroristas motivaron el
cierre de algunos periódicos vascos,
como
Egin
(1998) y
Egunkaria
(2003),
aunque posteriormente la orden
judicial fue anulada en instancias
superiores. Asimismo, fueron
asesinados algunos periodistas y otros
requirieron protección policial.
ISSN 0122-8285
136
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
la hora de la inscripción en el registro de prac-
ticantes si bien no se solicitaba la condición de
reciprocidad).
La Ley del 5 de agosto de 1981, en el artículo 10,
señalaba la obligatoriedad de inscripción en el
registro nacional de la prensa a los editores de
periódicos diarios, revistas y agencias de noti-
cias. Y aunque se regulaban los puntos de ven-
ta, no se necesitaba ninguna autorización para
venderlos en las sedes de los partidos, iglesias,
sindicatos que contaran con su pertinente publi-
cación especializada.
Por su parte, el Estado francés se ha caracteri-
zado por un evidente control sobre el sistema
de distribución y difusión de la prensa, justiF
-
cándolo como elemento clave en la defensa del
pluralismo informativo y en el acceso a la in-
formación. En este marco, la distribución de la
prensa francesa por el sistema de venta al núme-
ro, por el que se difunde el 70 por ciento de los
ejemplares, está regida por los principios reco-
gidos en la Ley de 2 de abril de 1947, relativa al
estatus de las empresas y grupos de distribución
de periódicos y publicaciones periódicas, asen-
tándose en el principio jurídico de que no hay
libertad de expresión sin libertad de difusión.
La reglamentación de la distribución pretende
garantizar a cada editor el acceso al sistema de
distribución que elija, ya sea basado en sus pro-
pios recursos, o en un sistema de agrupamiento.
Se asienta en el principio de que todos los edi-
tores deben ser iguales ante el sistema de dis-
tribución. No puede haber discriminación en el
acceso del público al periódico que elija a causa
del sistema de comercialización de publicacio-
nes. El Estado tiene así la responsabilidad de
corregir ciertos mecanismos de mercado para
asegurar el pluralismo informativo.
Para lograr sus propósitos la Ley del 47 orga-
niza la distribución en atención al principio
cooperativo, estableciendo un sistema de men-
sajerías pilotadas por cooperativas de editores,
de manera que se garantice la difusión en todo
el mercado de cualquier cabecera que lo solici-
te, eliminando las barreras de entrada para los
nuevos editores.
Pero más allá de controlar la estructura, es des-
tacable cómo el Estado interviene igualmente en
las condiciones de remuneración de las partes
implicadas en el proceso de distribución, esta-
bleciéndola en atención a porcentajes sobre el
montante de venta. Las comisiones son Fjadas
por el legislador para asegurar el respeto a la
neutralidad de la difusión, considerándose nece-
sarias para evitar una discriminación en la difu-
sión de los títulos, y protegiendo así el principio
de igualdad y tratamiento igualitario entre los
editores, previsto en la Ley de 2 de abril de 1947.
Sin embargo, este margen limitado de beneFcio
de los vendedores, unido a la gestión de entre
1.000 y 3.000 productos que les da el distribui-
dor, ha provocado que el número de quioscos
se vaya reduciendo de una forma alarmante,
hasta situarse en torno a los 28.000. De manera
que en Francia se cuenta con un punto de venta
por cada 2.000 habitantes, frente a un punto de
venta en España por cada 1.400, o uno por cada
1.000 en Gran Bretaña, o por 800 en Alemania.
La distribución de la prensa francesa
por el sistema de venta al número, por
el que se difunde el 70 por ciento de los
ejemplares, está regida por los principios
recogidos en la Ley de 2 de abril de 1947,
relativa al estatus de las empresas y
grupos de distribución de periódicos y
publicaciones periódicas, asentándose en
el principio jurídico de que no hay libertad
de expresión sin libertad de difusión.
137
Volumen 13 Número 1
l
Junio de 2010
Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
Entre 1995 y 2003 se perdieron casi 4.600 puntos
de venta en Francia.
El incremento de no vendidos, situado en el 40
por ciento, es otro de los signos del mal fun-
cionamiento del sistema. Las medidas para ga-
rantizar el pluralismo fomentan prácticas que
propician un incremento de devoluciones, favo-
reciendo que los editores depositen ejemplares
en los quioscos sin ajustar la oferta a la deman-
da, lo que origina que los vendedores de prensa,
más que alentar las ventas, dediquen grandes
esfuerzos a la gestión de no vendidos. Ante di-
cha situación, la Union Nationale de Difuseurs
de Presse (UNDP) ha propuesto modiFcar las
reglas y autorizar a los vendedores a decidir
ellos mismos el número de títulos que pueden
vender a la clientela y el espacio de venta, bajo
responsabilidad de las mensajerías y deposita-
rios de prensa.
Colombia: la desprotección de
la profesión periodística
En 1998, la Corte Constitucional de Colombia
analizó el tema de la titularidad activa de los de-
rechos enunciados en el artículo 20 de la Consti-
tución Política de 1991. En opinión de la Corte,
la ley no puede exigir ±ormación académica
como caliFcación especial a quienes se dedican
habitualmente a opinar y a informar, puesto
que los derechos reconocidos en la Constitución
Política se presuponen a todas las personas. La
Corte cita como referente la opinión consultiva
de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) relacionada con el requisito legal de
colegiación de periodistas para ejercer su acti-
vidad, emitida a petición del gobierno de Costa
Rica. En dicha ocasión se desechó esta restric-
ción por no ajustarse a lo previsto en el artícu-
lo 13.2 de su Convención. A juicio de la Corte
Interamericana, la limitación contenida en la ley
violaba tanto el derecho de toda persona a bus-
car y difundir informaciones e ideas por cual-
quier medio de su elección, como el derecho de
la colectividad en general a recibir información
sin trabas (Cifuentes, 2000).
El ejercicio del periodismo está protegido en
Colombia por la Constitución, cuyo artículo
73 establece que “la actividad periodística go-
zará de protección para garantizar su libertad
e independencia profesional”. A este respecto,
la exigencia de la llamada “tarjeta de periodis
-
ta”, requerida para el ejercicio de la profesión
en Colombia, derivó en un proceso por incons-
titucionalidad de dicho requisito ante la Corte
Constitucional. Dentro del mencionado proceso,
el entonces ministro de Comunicaciones, José
²ernando Bautista, expresó que el Gobierno no
respaldaba el requisito de la tarjeta de periodis-
ta, porque podría convertirse en una limitación
a la libertad de información.
En este orden de cosas, la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) sentó su postura sobre
la cuestión en una declaración emitida el 17 de
marzo de 1998 en Puerto Rico. La SIP resolvió
“exhortar al máximo tribunal constitucional de
Colombia a que derogue el requisito de la tarje-
ta profesional, cuya vigencia vulnera principios
tutelares de la libertad de expresión y contra
-
dice la esencia misma del oFcio periodístico”.
Así pues, la decisión de la Corte Constitucional,
adoptada el 18 de marzo de 1998, consistió en
declarar inexequible en su totalidad la norma
legal que estableció la tarjeta de periodista, es
decir, la Ley 51 de 1975, conocida como
Estatuto
La SIP resolvió “exhortar al máximo
tribunal constitucional de Colombia a
que derogue el requisito de la tarjeta
profesional, cuya vigencia vulnera
principios tutelares de la libertad de
expresión y contradice la esencia misma
del ofcio periodístico”.
ISSN 0122-8285
138
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
del Periodista.
En los fundamentos de la decisión
aludida, los magistrados se manifestaron clara-
mente en favor de la protección plena del dere-
cho a la libertad de expresión.
Respecto a los cuestionamientos mencionados,
el presidente de la Corte Constitucional de Co-
lombia de esa época, Vladimiro Naranjo, declaró
que “toda persona está en la libertad de ejercer
el periodismo, pero no se requiere una acredita-
ción ofcial para ello. Serán los mismos medios
los que deberán determinar eso, de acuerdo con
la prescripción de que toda persona es libre de
fundar medios de comunicación”
(Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, 1999).
En referencia al reconocimiento profesional del
periodista, el investigador Gabriel Fonnegra
afrma que:
los dueños de los diarios han trazado invaria-
blemente un círculo de hierro para encarcelar
las peticiones salariales y prestacionales. Decir
hoy que la paga del reportero sigue siendo un
sinónimo de cicatería no resulta un descubri-
miento. No hay en Colombia una legislación en
que se garantice al periodista la estabilidad, la
jornada máxima de ocho horas, el pago de ho
-
ras extras y Festivos, la prima de alimentación,
la vivienda, un sueldo básico racional acorde
con el costo de vida, un salario mínimo de in-
gresos, etc.
(citado en Bozzi, 2000).
Impuestos y ayudas estatales
Para los editores de periódicos las ayudas a los
diarios suponen una tradición normativa conso-
lidada en buena parte de los países europeos,
con la excepción de España. Se concibieron para
defender y fomentar el pluralismo en plena cri-
sis económica de los años setenta, y desde en-
tonces vienen aplicándose sin interrupción en la
mayoría de países
.
La crisis mundial a partir de
2008 ha intensifcado estas peticiones de ayudas
del Estado.
Incentivos del Estado en el
modelo euromediterráneo
En el caso de la prensa portuguesa es destacable
la implantación del
Porte pago
o pagos por porte
(Aguado, 2008, p. 185), instituido a partir del 1
de octubre de 1976, y que consiste en la partici-
pación del Estado en los costes de expedición
de publicaciones periódicas soportados por los
suscriptores residentes en el territorio nacional
y en el territorio extranjero. El
Porte pago
estaba
respaldado por la obligación estatal de apoyo,
justifcada legalmente por los ambientes socioe
-
conómicos desfavorables.
Desde fnales de los años noventa se inicia una
etapa en la que entran en vigor nuevos incenti-
vos, estableciéndose una confrontación entre los
que tienen una visión proteccionista del Estado
hacia los cerca de 900 títulos de prensa local y
regional inscritos en el Instituto de Comuni-
cação Social, y los defensores de un proceso de
liberalización con nuevos desafíos en innova-
ción y creatividad, de los que ha de depender
la supervivencia de los medios. Así pues, en el
2000 se anuncia el fn del
Porte pago
integral. El
secretario de Estado de Comunicación Social,
Arons de Carvalho, manifesta la oposición al
anterior sistema que “fomenta la pasividad, el
oportunismo y la acomodación al subsidio de
dependencia”
(Cfr.www.secs.pt).
En 2001 el cambio Fue justifcado por el Gobierno
en atención a la necesidad de modernización y
profesionalización del sector prensa, evitando la
utilización abusiva de la tasa del cien por ciento
Para los editores de periódicos las
ayudas a los diarios suponen una
tradición normativa consolidada en
buena parte de los países europeos,
con la excepción de España.
139
Volumen 13 Número 1
l
Junio de 2010
Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
que generaba gastos incontrolables y daba lugar
a situaciones de competencia desleal, así como
por la necesidad de incentivar la contratación
de periodistas. La reducción de los pagos por
porte de forma progresiva se debe a la percep-
ción de que es una medida que más que apoyar
la lectura apoya a las empresas. El número de
títulos de prensa regional se incrementó hasta
alcanzar los 900 títulos, en tanto que la tirada ha
ido disminuyendo, lo que hace dudar de la efec-
tividad de dicha medi
da de apoyo al fomento de
la lectura de prensa.
A partir de enero de 2005 el sistema de incen-
tivos del Estado a la comunicación social pasó
a regularse por el Decreto Ley 7 de 2005, de 6
de enero, con el que se pretende alcanzar obje-
tivos como: convertir la comunicación social de
proximidad en un verdadero agente de desarro
-
llo local y regional; abrir de modo consistente
los horizontes de la comunicación multimedia;
promover la lectura de prensa de proximidad
en cuanto verdadero vehículo de cultura; desa-
rrollar acuerdos estratégicos entre los órganos
de comunicación sin afectar a su independencia
empresarial, e incentivar la contratación de pro-
fesionales de la comunicación.
Una vez más los incentivos para la iniciativa em-
presarial y el desarrollo multimedia, tal y como
se especifcaba en el Decreto Ley 7 de 2005, de 6
de enero, tenían entre sus objetivos el desarro-
llo de empresas periodísticas y de radiodifusión
de ámbito regional y local, buscando la profe-
sionalización de sus estructuras organizativas y
la califcación de su personal, y concretamente
estaban dirigidos al apoyo de iniciativas estra-
tégicas, infraestructuras, desarrollo tecnológico y
multimedia, y difusión del producto periodístico.
En 2007 los incentivos a la iniciativa empresa-
rial, al desarrollo multimedia y a la califcación
y el desarrollo de recursos humanos fueron sus-
tituidos por un único incentivo en el caso de las
empresas de comunicación social regionales y
locales: los incentivos a la lectura de prensa re-
gional establecidos en el Decreto Ley 98 de 2007,
de 2 de abril. Se trata de un régimen de incen-
tivo a la lectura que fja un sistema proporcio
-
nal de reparto de los costes de envío postal de
publicaciones periódicas, que lleva a cabo una
ponderación entre la necesidad de interven-
ción del Estado en la divulgación de la cultura
y la identidad portuguesa y, por otro lado, el
incremento
de nuevos soportes destinados a la
divulgación de contenidos informativos. La par-
ticipación del Estado se establecía en el 60 por
ciento de los costes de envío en el 2007, siendo
reducida al 50 y 40 por ciento, respectivamente,
en los años
2008 y 2009.
Con motivo de la reducción de los pagos por por-
te de correo, y dentro del plan de incentivos a
la prensa, se aprobó en Consejo de Ministros la
creación del Portal de la Prensa Regional
5
, que
se puso en marcha el 5 de abril de 2007. Dicha
iniciativa tiene por objeto permitir el acceso elec-
trónico a los contenidos de las publicaciones pe-
riódicas regionales en Portugal y en el extranjero.
El Portal de la Prensa Regional, previsto en el
artículo 6 del Decreto Ley 98 de 2007, de 2 de
abril, se destina al alojamiento gratuito de edi-
ciones electrónicas de publicaciones periódicas
de información general de ámbito regional y de
publicaciones de información especializada ti-
pifcadas en el artículo 5 de dicho Decreto.
Este Portal resulta del nuevo régimen de incen-
tivos a la lectura y acceso a la información, nor-
malmente conocido por
Porte pago
, y tiene como
objetivo estimular la innovación tecnológica del
sector y expandir las posibilidades de acceso a
las publicaciones periodísticas portuguesas en
cualquier parte del mundo.
En el caso de España, los gobiernos de la Unión
de Centro Democrático (UCD) (1977-1982) man-
5
hTp://www.imprensaregional.com.pt/
ISSN 0122-8285
140
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
tuvieron un sistema de ayudas a la prensa distri-
buidas de forma discrecional y que alcan
zaron
unos 4.000 millones pesetas (25 millones de
Euros). A pesar de que su peso ya era mucho
menor que durante la etapa franquista, en 1984
con el gobierno socialista se regularon algunas
ayudas a empresas periodísticas y agencias in-
formativas. La ley distinguía entre dos tipos de
subvenciones, por un lado, las directas para es-
timular la difusión en especial de los periódicos
de información general menos vendidos, el con-
sumo de papel y la reconversión tecnológica,
y por otro, las indirectas de carácter tributario,
postal, de distribución y de comunicación, en
este caso también para publicaciones no dia-
rias de información general. Entre 1983 y 1987
se concedieron 14.200 millones de pesetas (85
millones de Euros) por concepto de ayudas que
eran supervisadas por el Congreso de los Dipu-
tados mediante informes anuales (Asociación
de Editores de Diarios Españoles, 2008).
La expansión de la economía, es decir, de la pu
-
blicidad, y las exigencias de la Comunidad Eu
-
ropea a partir del ingreso de España pusieron fn
a estas ayudas, lo cual perjudicó a las empresas
más pequeñas que requerían medidas proteccio-
nistas para sobrevivir. Las ayudas directas fue-
ron suprimidas por una ley de 1988, que derogó
parcialmente la de 1984. Subsistieron, no obstan-
te, algunas subvenciones por razones lingüísti-
cas en diversos territorios del Estado, otorgadas
por el Gobierno central pero limitadas a las Co-
munidades Autónomas que cuentan con una
lengua coofcial. En cuanto a las ayudas indirec
-
tas, fueron suprimidas en su mayoría en 1990.
En cualquier caso, en 1991 habían desaparecido
todas las ayudas estatales. Así, hoy día en Espa-
ña únicamente perviven las relativas al franqueo
postal, que tienen una mínima repercusión por-
que las empresas cuentan con sus propias dis-
tribuidoras. Igualmente, se aplica sólo un 4 por
ciento de IVA a la venta de periódicos, algo que,
no obstante, depende de la normativa comunita-
ria. Parece imposible la reanudación de ayudas
directas a la prensa, pero podrían recuperarse
las indirectas a través de reducciones fscales,
especialmente del IVA, y de la publicidad ins-
titucional (Morales, 2006, p. 106), así como del
fomento a la lectura y de ayudas a la renovación
tecnológica (Cambredó, 2006, p. 132).
En Italia, la Ley del 5 de agosto de 1981 señala-
ba en el artículo 13 que las administraciones es-
tatales y los entes públicos no territoriales, con
exclusión de los económicos, debían destinar a
la publicidad de diarios y revistas una cuota no
inferior al setenta por ciento del gasto de publi-
cidad previsto, todo ello sin discriminación y
con criterios de equidad y objetividad. Del mis-
mo modo, en el artículo 16 se señalaba que para
reducir los costes de distribución y favorecer los
consorcios, las regiones podían tomar medidas
de apoyo.
Aunque inicialmente un comité interministe-
rial regulaba el precio, a partir del 1 de enero
de 1988 éste pasó a ser libre. Será el Decreto del
24 de abril se 2001 el que señale que el precio
de venta establecido por el productor no puede
ser modifcado en el punto de venta. Desde 1981
hasta 1985, se contribuyó con cantidades que
oscilaban entre las 48 y las 24 liras por copia a
los editores de diarios que tiraran entre 50.000 y
En Italia, la Ley del 5 de agosto de
1981 señalaba en el artículo 13 que las
administraciones estatales y los entes
públicos no territoriales, con exclusión
de los económicos, debían destinar a
la publicidad de diarios y revistas una
cuota no inferior al setenta por ciento
del gasto de publicidad previsto, todo
ello sin discriminación y con criterios de
equidad y objetividad.
141
Volumen 13 Número 1
l
Junio de 2010
Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
200.0000 ejemplares. Durante este periodo tam-
bién se ayudó a las publicaciones no periódicas
y revistas a la hora de subvencionar el papel
utilizado, llegando hasta las cuatrocientas cin-
cuenta liras por kilogramo (veinte céntimos de
Euro). En este mismo periodo se subvencionó
en total a las agencias de prensa con hasta cua-
tro mil millones de liras anuales (dos millones
de Euros).
En lo que respecta a las tarifas telefónicas, tele-
gráfcas, postales y de transportes se destaca una
reducción del 50 por ciento en las facturas tele-
Fónicas y telegráfcas, y de hasta 50.000 millones
de liras anuales para los servicios postales y de
telecomunicaciones (26 millones de Euros). Del
mismo modo, se establecía fnanciación para la
reestructuración económico-productiva, que in-
cluía la mejora en las instalaciones, los equipa-
mientos, la recalifcación del personal, etc. Estas
ayudas tenían una duración máxima de 10 años.
La Ley del 7 de marzo de 2001, continuó el siste-
ma de ayudas, estableciendo un ±ondo específ
-
co para la potenciación de la red informática, y
las conexiones de uso de los circuitos telemáti
-
cos internacionales y de los satélites.
En defensa de la lectura y del acceso a la informa-
ción, el artículo 15 de la Ley de 1981 señalaba que
todo instituto o escuela de educación secundaria
superior debía tener a disposición
de los estu-
diantes diarios y revistas, además de un local
para su lectura. Este derecho a la información
se ampliará a partir de 1986, cuando se estable-
cieron también ayudas para las publicaciones
italianas editadas en el exterior y para aquellas
publicadas en Italia y difundidas principalmen-
te en el exterior.
Del mismo modo, se subvencionaron las publi-
caciones de “elevado valor cultural”, que debían
tener una publicidad inferior al 50 por ciento,
además de “rigor científco”. El límite máximo
de fnanciación no podía ser superior al 50 por
ciento del coste de la obra. Con el objeto de re-
presentar el pluralismo lingüístico del país, en el
artículo 8 de la Ley de 1987 se señalaba que las
contribuciones aumentaban en un 15 por ciento
para aquellos diarios enteramente editados en
lengua francesa, ladina, eslovena y alemana de
las regiones autónomas del Valle d´Aosta, Friuli-
Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley de 2001 es-
tableció un Fondo para la promoción del libro
y de los productos editoriales de elevado valor
cultural que llegó a alcanzar los dos mil millo-
nes de liras anuales (un millón de Euros).
En países como Francia, amparándose en la li-
bertad de difusión del pensamiento y en la igual-
dad en el acceso a las fuentes de información y a
la difusión de dicho pensamiento, se ha fomenta-
do un sistema de ayudas enfocadas a la
difusión
y a la distribución de la prensa. Dichas ayudas
a la prensa se inscriben en la política del Esta-
do articulada en tres objetivos principales: ayu-
das al desarrollo de la difusión, garantías de
independencia y defensa del pluralismo de las
empresas editoras, y modernización y diversi-
fcación multimedia de las empresas de prensa.
Pero al analizar el sistema de ayudas a la pren-
sa no deja de ser llamativo cómo se conjuga un
amplio sistema de ayudas para promover la li-
bertad de difusión y el acceso a las fuentes, con
un modelo de control reglamentado por parte
En países como Francia, amparándose
en la libertad de difusión del
pensamiento y en la igualdad en el
acceso a las fuentes de información
y a la difusión de dicho pensamiento,
se ha fomentado un sistema de
ayudas enfocadas a la difusión y a la
distribución de la prensa.
ISSN 0122-8285
142
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
del Estado en lo que respecta a la actividad de
las empresas de prensa. De tal manera que se
regula por ley el sistema de distribución y los
resultados de difusión referidos al volumen de
ejemplares, lo que sin duda repercute en las
estrategias por desarrollar de las empresas de
prensa a la hora de competir. Las ayudas a la
prensa son concebidas en Francia como ayudas
al lector, y no como ayudas a las empresas.
Las ayudas directas están en su casi totalidad
dirigidas a las empresas editoras de periódicos
y publicaciones de información política y ge-
neral. Las otras modalidades de prensa no se
benefcian más que de manera muy marginal.
En las ayudas directas se enmarcan aquellas a
la
difusión, a la competencia y al mantenimiento
del pluralismo, y ayudas conducentes a la moder-
nización y a la diversifcación multimedia de las
empresas de prensa.
Las ayudas indirectas benefcian al conjunto de
la prensa. La única condición es que la publi-
cación ha de responder a una serie de criterios
ante la Comisión Paritaria de Publicaciones y
Agencias de Prensa (CPPAP), como estar en si-
tuación de legalidad, aparecer regularmente, al
menos una vez por trimestre, destinar menos de
dos tercios de su superfcie a la publicidad, y ser
objeto de una venta efectiva. Estas ayudas es-
tán enfocadas hacia el sistema postal, con tarifas
preFerentes, y al sistema fscal.
Las ayudas a la distribución, según se establece
en el Decreto 2004-1310 de 26 de noviembre 2004,
son destinadas solamente a los diarios nacionales
de información política y general en lengua fran-
cesa, publicados al menos cinco veces por sema-
na y benefciarios del certifcado de inscripción
expedido por la CPPAP. La ayuda es asignada
sobre el número de ejemplares vendidos.
Los impuestos a la prensa colombiana
Durante la celebración de los 90 años del perió-
dico regional
Vanguardia Liberal
, el presidente
Álvaro Uribe anunció que
la exención de im
-
puestos en el papel usado por los periódicos y
las editoriales se mantendría y durante su go-
bierno no se volvería a cobrar más gravámenes
a la materia prima de los medios de comunica-
ción escritos, “Hay que dejar que los periódicos
prosperen y no tengan afugias para que salgan
adelante. Que discutan, controviertan, critiquen,
pero que estén sólidos en sus estados fnancieros
para que el ejercicio de sus libertades no tenga
perturbaciones de esa naturaleza”
(
El Tiempo
,
2009).
El presidente Uribe también explicó que:
cuantas veces se presenta una reforma tributa-
ria, no sé que les pasaba a los ministros de Ha-
cienda, que lo primero que querían era gravar
los periódicos e imponerle IVA al papel perió-
dico. Yo les dije: “Eso ni me lo vuelvan a pro-
poner” […] Miraremos bien la evolución de la
prensa en estos periodos de crisis. Y así como
durante siete años de Gobierno hemos sido fe
-
les a la promesa de no crearle un solo obstáculo
fscal a la prensa colombiana, estamos dispues
-
tos a revisar lo que haya que revisar para que
esta crisis de la economía no le afecte (Presiden-
cia de la República, 2009).
En el aspecto tributario, cabe destacar que en
diciembre de 1998 fue aprobada la Ley 488, que
gravó con IVA los siguientes servicios (Ministe-
rio de Cultura de Colombia, 2003).
Pero al analizar el sistema de ayudas a
la prensa no deja de ser llamativo cómo
se conjuga un amplio sistema de ayudas
para promover la libertad de difusión y
el acceso a las fuentes, con un modelo
de control reglamentado por parte del
Estado en lo que respecta a la actividad
de las empresas de prensa.
143
Volumen 13 Número 1
l
Junio de 2010
Josep M. Sanmartí-Roset, Guadalupe Aguado-Guadalupe, Raúl Magallón-Rosa
a.
Servicios de prensa, como los de las agen-
cias de noticias (16%).
b.
Conexiones y acceso por satélite (16%).
c.
Servicios de publicidad en periódicos con
ingresos mayores a $3.000 millones —a 31
de diciembre de 1998— (10% hasta el 31 de
diciembre de 2000 y 15% a partir de enero
de 2001).
A estos impuestos, según los datos de la Socie-
dad Interamericana de Prensa
6
, hay que añadir
otros como son un impuesto del IVA, un im-
puesto sobre publicidad, y un impuesto sobre
otros instrumentos y bienes de capital, todos del
16 por ciento.
Conclusiones
l
En ningún país en el que no hay libertad
de prensa hay entidades de control y veri-
fcación de la misma. Por tanto, sin trans
-
parencia ni conocimiento de la realidad del
mercado resulta muy complicado competir
en un mercado de la información cada vez
más global (Gómez y Marín, 1999).
l
El desarrollo de la prensa en la actualidad
debe integrar políticas de renovación tec-
nológica y de adaptación al mercado, con
ayudas a los lectores. Una buena iniciati-
va para desarrollar por el resto de países
es la adoptada por el gobierno francés que
subvencionará la suscripción gratuita a un
diario durante un año a los jóvenes de 18 a
24 años
7
. Además de servir para fomentar
la lectura de diarios, esta iniciativa busca
conseguir la fdelización de los jóvenes con
una cabecera determinada independiente-
mente de los criterios ideológicos, cultura-
les y económicos de la misma.
l
El debate en torno a la profesionalización
del periodista, en el caso de Colombia, pa-
rece establecerse en torno a una pregunta
mal planteada. Como se ha podido estu-
diar en los casos de la prensa euromedite-
rránea o anglosajona, una reglamentación
en torno a su fgura no implica una mayor
calidad del periodismo que se ejerce. Sí lo
es su posibilidad de confgurarse como aso
-
ciación profesional que debate en torno al
Futuro y desarrollo del ofcio que ejercen.
l
Mientras que en la prensa euromediterrá-
nea el carácter demográfco territorial es
fundamental para entender la relación en-
tre prensa regional y nacional, en el caso
de Colombia éste sirve para establecer y
defnir aquellas regiones donde la libertad
de expresión está más amenazada. Recor
-
demos que según la Constitución de 1991
Colombia está compuesta por 32 departa-
mentos y un distrito capital, Bogotá.
l
La profesionalización de la prensa colom-
biana sólo podrá concluirse cuando las em-
presas periodísticas dejen de ser propiedad
de actores sociales que tienen una relación
tan estrecha con la clase política.
Resulta tan
perjudicial para el desarrollo del sistema
mediático (Hallin y Mancini, 2008) tener
intereses en otros ámbitos empresariales
(como en Francia e Italia), como la bipola-
rización política de las opiniones emitidas
por los distintos actores mediáticos (como
en España).
l
Al igual que en el caso de Francia, es im-
portante una regulación que defenda que
todos los editores deben ser iguales ante el
sistema de distribución. El Estado tiene así
6
Impuestos que afectan a la producción de diarios, periódicos y revis-
tas. Sociedad Interamericana de Prensa. Actualizado al 26 de mayo de
2009. Disponible en hTp://www.sipiapa.org/v4/impuestos_pais.html.
7
Desde el 27 de octubre de 2009 lo pueden hacer a través de la página
web
www.monjournalo±ert.Fr
. Con un presupuesto de 5 millones
de euros al año, y una duración de 3 años, esta iniciativa espera ofre-
cer 200.000 suscripciones. De este modo, cada lector recibirá un ejem-
plar a la semana como estrategia para desarrollar socialmente unos
hábitos de lectura que estaban siendo transformados tras la aparición
de Internet.
ISSN 0122-8285
144
Análisis comparativo de modelos en las relaciones prensa-Estado: Colombia, Italia, Francia, España y Portugal
la responsabilidad de corregir ciertos me-
canismos del mercado para garantizar el
pluralismo informativo (Aguado, Sanmartí
y Magallón, 2009).
l
La regulación por parte del Estado de los lí-
mites a la concentración empresarial no pue-
de entenderse sólo en términos ideológicos
sino también en relación con el pluralismo
informativo que ofrecen los distintos grupos
de comunicación en prensa, radio y
televi-
sión. En el caso de España, por ejemplo, no
existe una regulación en cuanto a la prensa,
pero sí en cuanto a los límites de las empre-
sas audiovisuales.
l
En cierta forma, puede haber un problema
de análisis de contenido en relación con los
estudios sobre la prensa colombiana. Sin
dejar de tener en consideración que la si-
tuación de violencia en la que se encuentra
el país es una de las grandes preocupacio-
nes de la sociedad, una refexión en proFun
-
didad sobre el tipo de sistema de prensa y
el papel del Estado de la misma determina
y limita su propio desarrollo.
Como conclusión, podemos a±rmar que las Fa
-
cultades de comunicación colombianas deben
seguir desarrollando a nivel académico y do-
cente una de las grandes virtudes de sus pro-
fesionales, el Periodismo de Investigación. Una
especialidad del periodismo que en los países
euromediterráneos y anglosajones cada vez es
más reducida y de peor calidad. Como ha seña-
lado la CIDH, en Colombia la ciudadanía
confía
más en los medios que en la justicia, los políticos, la
policía, la empresa privada o la Iglesia
. Todo lo con-
trario de lo que ocurre actualmente en muchos
países europeos, donde se considera que cuanto
menor infuencia —en sentido clásico— tienen
los medios de comunicación en la ciudadanía
mayor desarrollo democrático tiene ésta.
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Décret 2004-1309 du 26 novembre 2004 modi-
fant le décret 99-79 du 5 Février 1999, modifé
relatif au fonds d’aide à la modernisation de la
presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale et à la distribution de la
presse quotidienne nationale d’information po-
litique et générale.
Décret 2004-1310 du 26 novembre 2004 modi-
fant le décret 2002-629 du 25 avril 2002 insti
-
tuant une aide à la distribution de la presse
nationale d’information politique et générale.
Décret 2005-749 du 04 juillet 2005
modifant le
décret 99-79 du 5 Février 1999 modifé relatiF
au fonds d’aide à la modernisation de la pres-
se
quotidienne et assimilée d’information politi-
que et générale, et à la distribution de la presse
quotidienne nationale d’information politique
et
générale.
Décret 2005-1455 du 25 novembre 2005 modi-
fant le décret 88-136 du 9 Février 1988.
Décret 2006-656 du 2 juin 2006
modifant le décret
99-79 du 5 Février 1999 modifé relatiF au Fonds
d’aide à la modernisation de la presse quotidien-
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