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Pensar a la sociedad y al espacio público: inclusión y democracia

On Society and Public Sphere: Inclusion and Democracy

Judit Bokser Misses-Liwerant

Pensar a la sociedad y al espacio público: inclusión y democracia

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LXI, núm. 227, 2016

Universidad Nacional Autónoma de México

El creciente interés por la democracia y la construcción de ciudadanía se afirma y expande hasta incorporar los territorios de lo social y los desafíos de la inclusión en el espacio público. Junto con el retorno del ciudadano como actor central, se extiende la expectativa de superar exclusiones precisamente a través de la participación ciudadana, de modo tal que la ampliación de derechos conduzca a la pertinencia de repensar al Estado y la sociedad como sustratos de nuevas estrategias de inclusión.

Variados son los acercamientos conceptuales en torno a la sociedad y la esfera pública, la democracia y la inclusión social. Las perspectivas oscilan, de un modo complejo, entre quienes enfatizan el debilitamiento de la política -originando procesos varios de pérdida de credibilidad, representatividad y participación ciudadana- y quienes acentúan su vigorización, derivada precisamente del interés renovado en la reconstitución del espacio político, sus nuevas formas y actores. Por una parte, el énfasis ha sido puesto en el agotamiento de la política, la inconformidad ciudadana con el desempeño de los actores gubernamentales y las instituciones públicas, en la incertidumbre de una ciudadanía que no se reconoce en los actores políticos tradicionales. El énfasis analítico también ha sido colocado en el minimalismo de la política expresado en el desplazamiento de las demandas ciudadanas hacia el espacio social, aquel que se corresponde con una visión de la creciente “privatización” de la ciudadanía anclada ya no tanto en representaciones comunes normativamente universales e incluyentes, sino en diferencias, particularidades y fracturas.[1] En esta misma línea, se señala el desarrollo de la política muchas veces subordinada de manera exclusiva a las funciones más acotadas del Estado -lo que dejaría poco margen de entrada a las variadas formas de gestión pública y participación social que requiere una ciudadanía cada vez más diversa-.

Por otro lado, se acentúa el nuevo vigor con el que se perfila la política a la luz del horizonte amplio de lo público y su redimensionamiento como ámbito en el que se definen los rumbos y modalidades de la convivencia colectiva así como su capacidad de generar estrategias normadas de inclusión. Junto al reconocimiento de la diversidad social y las demandas sociales, se fortalece el planteamiento que reivindica -en el marco del pluralismo político- la solidez de las instituciones y su eficiencia, ancladas en la participación y la creación de consensos ciudadanos, en el marco de una óptica que demanda recuperar la importancia del Estado y sus funciones; un Estado que en América Latina se ve marcado por contextos en los que deben superarse aún los desfases históricos entre la política y otras dimensiones y procesos -específicamente los económicos-. Ello ha conducido a llamar la atención en torno a la presencia de un serio déficit democrático en amplios rubros del ordenamiento de lo común, hasta alcanzar incluso los procesos de reflexión y deliberación colectivas. Más aún, se han advertido los riesgos derivados de una ruptura entre las dos funciones básicas de la acción política: la representación y la participación.[2] Ambas funciones deben ser vistas como referentes esenciales de construcción de institucionalidad democrática y de ciudadanía.

A la luz de los procesos contemporáneos, democracia y ciudadanía pueden ser vistas conjuntamente como un intento por integrar las exigencias de justicia en directa referencia a la idea de los derechos individuales, los derechos sociales y la pertenencia comunitaria, la dimensión grupal derivada de fenómenos de demandas sociales y la rearticulación de las identidades colectivas.

Destaca sin duda el papel que los diferentes espacios de lo público están llamados a jugar en las nuevas articulaciones entre sociedad, cultura, política e instituciones, y el papel de las organizaciones e instituciones de la democracia en la construcción de los mecanismos de inclusión social, mediación y acción política; en otros términos, destaca la importancia del pluralismo institucional y político, para lo cual las instituciones resultan fundamentales porque son las que cultivan normas compartidas y moldean las interacciones para la elaboración de acuerdos y construcción de consensos.[3] Pero a su vez emergen reclamos frente a un Estado que atraviesa transformaciones, en particular, la pérdida del monopolio en varios ámbitos, especialmente en su repliegue en lo económico y lo social y como garante y generador de políticas públicas. La presencia y fuerza de actores e instituciones trasnacionales, supranacionales o globales ha transformado radicalmente al Estado, sus facultades, funciones, espacios y territorios en los que concentra su actividad. Parece claro a estas alturas que, lejos de lo que sostenían algunas previsiones apresuradas,[4] los Estados no solo no desaparecen sino que siguen siendo actores que influyen decisivamente en muchos terrenos, a nivel nacional e internacional. Son considerados, incluso, entre las fuerzas más activas y comprometidas de la globalización. Sin embargo, su estatus soberano se debilita en varios terrenos: el Estado se vuelve incapaz, por ejemplo, de regular los flujos financieros y comerciales, los derechos de propiedad y autoría, los derechos humanos universalmente sancionados y otras transacciones económicas, sociales y culturales transfronterizas. De la misma manera, la autoridad del Estado pierde eficacia para reglamentar y aplicar sanciones a las organizaciones no gubernamentales internacionales y se replantea su relación con las comunidades e identidades que desbordan las fronteras nacionales, rearticulando los nexos entre lo local, lo nacional y lo global. El Estado pierde capacidad reguladora en ciertos ámbitos, al tiempo que se fortalece en otros.[5] En el marco de la globalización, los aparatos estatales no solo sobreviven sino que crecen, se fortalecen y penetran nuevos ámbitos de la sociedad. En cambio, la soberanía como control supremo y exclusivo deja de operar, porque la capacidad reguladora del Estado se erosiona frente a los mecanismos emergentes de regulación y gobernación presentes a nivel global.[6]

Paralelamente, hacia adentro, enfrentamos nuevas formas de reagrupamiento de la sociedad civil y de búsqueda de novedosas dimensiones de participación política con reclamos sociales. A partir de las experiencias de reestructuración mundial así como de aquellas asociadas a procesos de afirmación de regímenes democráticos, la cuestión de la sociedad civil ha cobrado nuevo significado como destacado ángulo en el que se aspira a ventilar y resolver las renovadas contradicciones entre libertad e igualdad, solidaridad y justicia, e individuo y comunidad. Usuales aproximaciones a la sociedad civil se basan en la insuficiencia del mercado o de la participación política para potenciar la ciudadanía, por lo que la arena pública como espacio de entrenamiento democrático implica, a su vez, pensar el lugar de los movimientos sociales. A través de la acción e interacción de estos movimientos y grupos, emerge una pluralidad de formas democráticas que se asemejarían al funcionamiento de la sociedad civil en su formulación ética. Así, de acuerdo con Cohen (1985), una pluralidad estructural en la esfera pública de la sociedad civil asegura la posibilidad de definir la vida social en términos de participación pública.

Entre las incógnitas que se derivan de este tipo de planteamiento pueden formularse aquéllas que destacan los riesgos asociados con una visión homogeneizante de la sociedad civil, toda vez que la comunidad moral a la que se aspira estaría basada en el entendimiento que debería conllevar necesariamente al consenso. De allí que sea necesario interrogarnos acerca de las posibilidades que existen de construir la idea misma de sociedad civil desde la concepción de heterogeneidad plural. Esto nos relaciona con la necesidad de pensar mecanismos para regular el conflicto y la diferencia que permitan lidiar con el disenso. De este modo, se abre un doble vector de reflexión que conduce a repensar la posibilidad de recuperar la heterogeneidad como principio individualizante de construcción de la ciudadanía como atributo de múltiples pertenencias, que exige repensar el propio carácter heterogéneo y diverso de grupos e identidades colectivas, sin que ello excluya la necesidad de conceptualizar la heterogeneidad social en términos de desigualdad.

La creciente fuerza expansiva de la democracia radica tanto en su propuesta para legitimar el ejercicio de la autoridad política, como en la aspiración de construcción ciudadana ya que, por un parte, sostiene que el criterio legítimo[7] -no solo para distribuir sino también para ejercer el poder político en las comunidades políticas contemporáneas- pasa tanto por la elección periódica y libre de sus ciudadanos, como por la aspiración y la demanda de participación ciudadana como ámbito igualmente esencial de construcción de la esfera pública y la ampliación de los derechos. Sin embargo, la concepción de la democracia se abona de dimensiones adicionales: junto a los procesos electorales y las garantías de que las decisiones públicas descansan en funcionarios electos, al tiempo que el poder ejecutivo está constreñido constitucionalmente y de facto por el poder autónomo de otras instituciones gubernamentales, el hecho de que los ciudadanos tengan múltiples canales de expresión y representación más allá de las elecciones; que dispongan de fuentes alternativas de información; gocen de igualdad política ante la ley aunque sean desiguales sus recursos políticos; que las minorías logren canales de expresión; las libertades individuales y grupales estén protegidas por un poder judicial autónomo y no discriminatorio cuyas decisiones son respetadas por otros centros de poder; que la ley proteja a los ciudadanos de detenciones injustificadas, del terror, la tortura y/o la persecución -no solo por parte del Estado sino también por parte de aquellas fuerzas antiestatales o no estatales organizadas-; que la autoridad política sea balanceada y los derechos individuales y grupales asegurados; y, por último, que se requiera de una constitución que fortalezca, nutra y dé forma a un Estado de derecho.[8]

De hecho, gran parte de estas dimensiones han reforzado los debates contemporáneos en torno a los nexos entre ciudadanía y democracia como dos caras de la misma moneda. En la búsqueda de un denominador común como referente de la ciudadanía, la noción de núcleo duro retoma la formulación de Dahrendorf de los derechos de ciudadanía como un patrón de círculos concéntricos.

Hay un núcleo duro de derechos fundamentales e indispensables: la integridad personal, el debido proceso legal, la libertad de expresión y otros derechos. Allí reside el conjunto de derechos humanos básicos son los cuales el imperio de la ley se reduce a una cáscara vacía. Estos derechos fundamentales son importantes en cualquier circunstancia (Dahrendorf, 1997: 143).

Cada una de las dimensiones implicadas es capaz de problematizar al conjunto de la concepción y de la práctica de la ciudadanía. Así, puede ser abordada en sus dimensiones complementarias, áreas problemáticas o “recortes”:

Los supuestos que constituyen su núcleo duro; el método normativo institucional que permite ubicarlo en contextos y espacios definidos; las restricciones históricas y sociales que dictan los criterios de inclusión y exclusión de individuos y comunidades en la categoría de ciudadanos, y las transformaciones en los discursos que permiten incursionar en los nuevos valores político-culturales en los que se asienta hoy días la idea de ciudadanía (Meyenberg, 1999: 25).

Cierto es que la diversidad de concepciones, dimensiones y modelos de ciudadanía han hecho cuestionar si efectivamente existe tal núcleo único que sea invocado por las diferentes facciones o posiciones, o si en cambio se debería pensar en diferentes concepciones de ciudadanía.[9] Sin embargo, y a pesar de las diferencias de conceptualización, la construcción de ciudadanía está asociada al régimen democrático, el cual se despliega alrededor de normas y procedimientos cívicos y a la pertenencia a una comunidad política determinada, con sus correspondientes transformaciones históricas y alcances: de la ciudad antigua -si se quiere- al Estado nación y su delimitación territorial, y de éste a las nuevas opciones derivadas de los procesos de desterritorialización.

Cierto es que la complejidad de nuestra realidad exige diagnosticar a todos los actores y variables -en especial la debilidad del Estado y su impacto sobre la especificidad y calidad de la democracia en la región- y sumarle una visión de las debilidades de la sociedad civil y la debilidad de la cohesión social, así como los entornos de desigualdad.

Ahora bien, la ampliación del Estado a la sociedad y la creciente centralidad de aquélla como ámbito de ejercicio de lo público, al tiempo que abre nuevas posibilidades de interacciones ampliadas en las dimensiones locales, nacionales, regionales y globales, comporta riesgos asociados a una visión histórica de la sociedad civil como comunidad moral basada en el entendimiento de que conduciría necesariamente al consenso sin contemplar la necesidad de mecanismos para administrar y gestionar los conflictos y el disenso.

En el marco de procesos que no son unívocos, América Latina experimenta tendencias contradictorias. En el seno de la sociedad civil se dan procesos de fortalecimiento y fragmentación; consolidación y atomización. Pareciera que dos polos se han desarrollado simultáneamente: una sociedad civil fuerte -similar a la de democracias establecidas-, y una marginal -susceptible de cooptación clientelista-. El primer polo genera ciudadanos; el segundo, sujetos apáticos dispuestos a instancias de activación anómica de corta vida y con baja capacidad de organización autónoma. De manera complementaria, procesos de fragmentación y atomización se evidencian como rasgo de los límites mismos que enfrenta la construcción de la ciudadanía, a través del concepto de neopluralismo, como patrón de incorporación política centrado en el mercado que ha sustituido al patrón de incorporación centrado en el Estado (Oxhorn, 2003). Este exhibe un manifiesto acento autoritario ya que tras la existencia de autoridades constituidas por elección, hay pocos mecanismos de control de su gestión. Desde la óptica que hemos venido analizando, cobra relevancia su pregunta sobre si la organización de la diferencia (clase, género, religiosa, étnica) amenaza con exacerbar tensiones, o es un mecanismo importante para garantizar la inclusión social y minimizar su potencial explosivo.

El concepto básico de igualdad que ha permeado la idea/proyecto de ciudadanía, se ve de este modo revisitado por realidades y representaciones, aunque se sustente y nutra precisamente de la experiencia democrática. Por ello, junto a la búsqueda de nuevos nexos entre la sociedad civil y el Estado, y entre éstos y otras formas de agrupamiento a escala regional y global, surgen interrogantes básicos que se orientan a la posibilidad de pensar los contextos sociales y, simultáneamente, conjuntar procesos como la despolitización y el empobrecimiento ciudadano con aproximaciones que exigen revisar las condiciones mínimas de la democracia operativa, precisamente a la luz de los cambios en el plano mundial.

El fantasma y la realidad de las democracias no cívicas radican en el desfase existente entre las instituciones formales de la democracia y la falta de ciudadanía efectiva en amplios sectores de la sociedad, lo que significa que la esfera institucional oficial está limitada a un reducido círculo que se beneficia de la ciudadanía efectiva. Si atendemos los diagnósticos de la región, resulta evidente que mientras que en América Latina se consolidan los derechos políticos, hay todavía un largo camino que recorrer para alcanzar una construcción democrática cabal y una práctica ciudadana. Ciertamente, el despertar ciudadano figura entre los estímulos que alentaron los proceso de apertura y democratización esencial a los nexos entre desigualdad y democracia, exclusión social, pobreza e inclusión política, supuesto y aspiración de todo régimen democrático.

Si bien la particularidad latinoamericana ha puesto en duda los nexos de causalidad existentes entre desarrollo económico y democracia, nuevos debates ponen en el centro de nuestra reflexión los nexos entre marginalidad, desigualdad, gobernabilidad democrática y cohesión social –entendida como la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todo sus miembros al minimizar las disparidades-. De allí que la condición de construcción y consolidación de un nuevo orden democrático, incorpora y trasciende las propias estructuras institucionales. La participación social se articula en torno a la demanda por políticas incluyentes de amplio espectro que favorezcan la pluralidad social y reviertan condiciones de precariedad y desigualdad propias de sociedades y Estados inmersos en mecánicas de exclusión y segregación, característicos de la lógica del mercado que, por sí mismo, limita las posibilidades.[10]

La efectividad de la democracia en plena condición de inclusión y manifestación de libertad, justicia e igualdad, se perfila dentro de procesos de participación ciudadana que permiten la consolidación de una democracia incluyente y receptiva de expresiones diversas. Así, los autores plantean que: “la plena vigencia de los derechos ciudadanos se erige, entonces, como el medio para llegar a futuros desarrollos de la democracia, para abrir brecha hacia un reconocimiento pleno del acceso al disfrute, a la calidad de vida, a la igualdad y a la participación” (Álvarez, San Juan y Sánchez Mejorana, 2006: xiii).

La atención se dirige crecientemente hacia la revisión de las posibilidades reales de inclusión social en una lógica de alta demanda del mercado -por sí mismo excluyente-, y la definición de políticas gubernamentales que logren establecer mecánicas de inclusión institucionalizadas, con un alto sentido de presencia y participación de la ciudadanía.

Hasta hace poco tiempo pensábamos que el desarrollo era una precondición de la inclusión social y de la ciudadanía, que el crecimiento económico precedía al desarrollo, al logro de la equidad y de una desigualdad social tolerable, y que sobre esa base se podría asentar la construcción de la ciudadanía. En la actualidad esa reflexión ya no se puede sostener, de hecho nunca fue totalmente verdadera en México y, en general, en América Latina (Durand, 1991: 375).

El análisis evidencia una diferencia notoria entre los países anglosajones y la región latinoamericana en el establecimiento de una serie de derechos sociales a encomienda del Estado. Sostiene Durand:

En la secuencia clásica, seguida por países como Gran Bretaña o Estados

Unidos de Norteamérica, fueron creados primero los derechos cívicos (autonomía del individuo frente al Estado), una sociedad civil, que defendía los derechos de los individuos frente al Estado; después los derechos políticos (democracia ampliada) y la formación de una sociedad civil basada en organizaciones […] o capital social […]; y finalmente se lograron los derechos sociales (Estado de bienestar) y una sociedad civil de corte gramsciana que media entre el Estado y los ciudadanos, que negocia, que en parte cogobierna, que logra establecer en los casos más exitosos un acuerdo social equitativo e igualitario, su expresión es el Estado de bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta mediados de los años setenta en Europa (Durand, 1991: 376).

Durand considera que América Latina ha tenido un proceso inverso, en el que persisten hasta hoy zonas que Guillermo O’Donnell (2008) ha denominado marrones, caracterizadas por un marcado déficit democrático, en tanto que “no hay una sociedad civil organizada, un capital social que dé sustento a nuestra joven democracia y, si hay, -por muy diversas razones- un distanciamiento entre el Estado y los ciudadanos, y entre los partidos políticos y los ciudadanos. De este modo, la secuencia actual es desarrollo económico, exclusión social y precarización de la ciudadanía” (Ibíd., 1991: 376).

América Latina ha debido revisar -con diferentes grados de alcance- el papel de los diferentes ámbitos de la esfera pública como terrenos de expresión de la diferencia. La cristalización de los diferentes patrones de conformación de las identidades colectivas han determinado los perfiles de las fronteras sociales y de las esferas públicas, con implicaciones para la construcción de las identidades nacionales y las dinámicas de integración social, con un fuerte impacto sobre los patrones de formación y transformación de los criterios de membresía en las comunidades nacionales así como sobre los procesos de inclusión y de exclusión (Eisenstadt, 1998). Lo público es ordenamiento institucional y sociedad civil; acciones pero también representaciones sociales; entretejidos con la compleja y variada trayectoria histórica de América Latina, los espacios públicos, cívicos y democráticos, se perfilaron altamente fragmentados: los latinoamericanos son el primer grupo de ciudadanos de Occidente moderno que fracasaron en su intento por reconciliar la igualdad social con las diferencias culturales, ocasionando así que la vida pública en el continente se fisure socio étnicamente.[11] De un modo genérico, el acercamiento al ámbito de las transformaciones políticas incluye los ejes del pluralismo -los pluralismos- y de los nexos entre diversidad/ fragmentación cultural y otras dimensiones de la vida social.[12] Analizados a través de los nuevos movimientos sociales, de las minorías nacionales y del fenómeno migratorio, cobra relevancia el pasaje de una definición social a una definición étnica, nacional, religiosa o racial, como nuevas dimensiones asociadas a las formas de exclusión que se derivan de los movimientos poblacionales en el marco de los procesos de globalización.

En diferentes contextos emerge como una problemática compleja que apunta a lo que deviene una cuestión central del debate pero que no se agota en él: cómo los temas de reconocimiento han llegado a parecer alternativos a los temas de distribución e, incluso, más importantes que ellos. En todo caso, los nexos sustantivos de la llamada política de identidad con la dimensión redistributiva no se resuelve reduciendo uno a otro; tampoco comprimiendo las diferencias internas en el campo de la etnicidad. Ello conduce a mantener la complejidad de la diferenciación interna de los grupos -minorías nacionales, poblaciones indígenas- ya que no se trata de una simple yuxtaposición de demandas que serían idénticas en sus principios y en sus significados (Wieviorka, 1996). A su vez, la cuestión de la diferencia y su expresión en el ámbito de lo público ha incorporado no solo el tema del pluralismo sino también el del multiculturalismo con variadas acepciones. En un esfuerzo por recuperar valores centrales al liberalismo, pero desde la búsqueda de superación de lo que considera su individualismo, los enfoques comunitaristas en su veta multiculturalista han enfatizado la diversidad resultante de las pertenencias grupales y de las identidades colectivas. Atendiendo precisamente a las nuevas realidades que se ven exacerbadas por los procesos de globalización -tales como la intensificación de desplazamientos poblacionales de nuevos inmigrantes y otras minorías; los conflictos nacionalistas; la intensificación de los conflictos y choques entre mayorías y minorías- emerge el planteamiento de una ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1995). Según este, las manifestaciones plurales de la diversidad cultural exigen replantear en nuevos términos los derechos de las minorías.

La ampliación del Estado a la sociedad y la creciente centralidad de aquélla como ámbito de ejercicio de lo público, al tiempo que abre nuevas posibilidades de interacciones ampliadas en las dimensiones locales, nacionales, regionales y globales, comporta riesgos asociados -tal como señalamos- a una visión de la sociedad civil como comunidad moral basada en el entendimiento que conduciría necesariamente al consenso sin contemplar la necesidad de mecanismos para manejar los conflictos y el disenso.

Paralelamente, dado que la centralidad de la sociedad civil responde a tendencias que se despliegan y se expresan de manera diferente en los diversos contextos nacionales y regionales, en el ámbito latinoamericano se ha visto reforzada -entre otros factores- por las limitaciones de racionalidad, institucionalidad y gobernabilidad de los poderes políticos y un serio déficit democrático en los procesos de reflexión y deliberación colectiva, se plantea la posibilidad de construir nexos reparadores de las carencias y rupturas desde el ámbito de la institucionalidad política. Podría así recuperarse el carácter público de la vida y de la acción colectiva a partir de la necesidad de conjuntar el ejercicio del poder público con la construcción de consensos y la anuencia ciudadana; en otros términos, a la reconexión de las dos funciones básicas de la acción política: la representación y la participación.[13]

De allí que, junto a la búsqueda de nuevos nexos entre la sociedad civil y el Estado, y entre estos y otras formas de agrupamiento a escala regional y global, interrogantes básicos se orientan a la posibilidad de conjuntar procesos como la despolitización y el empobrecimiento ciudadano con aproximaciones que exigen revisar las condiciones de la democracia. En este contexto, la experiencia continental y nacional se convierte en plataforma de recepción y lanzamiento de nuevas formulaciones. Es desde esta perspectiva que la reflexión hoy, en América Latina, abre sus interrogantes al modo en el que los proyectos democráticos pueden superar los desafíos. Así, la propuesta es repasar ahora cada una de las contribuciones que conforman este nuevo número. Oliver Kozlarek en “El redescubrimiento de la utopía y de la vida en la imaginación sociológica” presenta el Manifiesto convivialista, un ejemplo contemporáneo de los esfuerzos para fortalecer las energías utópicas en la teoría social, resultado de un trabajo colectivo en el que participaron alrededor de 40 académicos e intelectuales de habla francesa, propuesta de una forma alternativa de sociabilidad humana y, finalmente, empresa que se declara normativamente a favor de un “nuevo humanismo”, un nuevo tipo de “conciencia del mundo”.

Sin embargo, a lo largo de un análisis denso, Kozlarek pone en evidencia que –a pesar de todo– el Manifiesto carece de un compromiso claro con los movimientos políticos y sociales concretos. Así, presenta lo que Herbert Marcuse entiende por teoría crítica, según la cual se debe establecer una relación simbiótica con las realidades políticas y sociales; es justamente esta simbiosis entre teoría y acción la que hace que su teoría destaque por una fuerza vital que otras opciones -como la que se expresa en el Manifiesto convivialista- carecen. Sin embargo, Kozlarek nos permite observar que existen también afinidades entre los dos proyectos teóricos que aquí se comparan: al igual que el Manifiesto, la utopía de Marcuse no insiste en el diseño de una estructura institucional alternativa ni en la necesidad de modificar las respectivas constelaciones de poder; más bien, la utopía de Marcuse se interesa por formas alternativas de sociabilidad humana. Finalmente, el autor argumenta que el pensamiento utópico en el presente es igual de importante que en los tiempos de Marcuse, pero que este requiere de un compromiso claro con los movimientos políticos y sociales concretos:

Lo que también parece faltar son orientaciones teóricas y discursivas que unan ideas y fantasías portadoras de utopía y esperanza, que las hagan explícitas, y que expresen la conciencia de que mundos alternativos son posibles. En este aspecto, son requeridas especialmente las ciencias sociales y culturales, las cuales se han dedicado demasiado durante las décadas pasadas a “deconstruir” discursos en lugar de aprovechar su creatividad para desarrollar propuestas de mundos mejores.

“Evolución de la literatura sobre el estado de la ciencia política en México (1947-2015). Otra mirada del proceso de desarrollo de la disciplina” es el título del artículo presentado por Juan Roberto Joel Flores-Mariscal en el que presenta un estudio sobre el desarrollo y las características contemporáneas de la ciencia política en México.

En lugar de una reconstrucción histórica tradicional, el autor se propone examinar este proceso a partir de un metanálisis. La narrativa de la evolución de la literatura permite vislumbrar el desarrollo y los momentos de cambio cualitativos de la disciplina en cuanto a institucionalización, definición del campo y perfil de los autores; de modo complementario, el análisis de la literatura existente refleja que el perfil de la disciplina ha pasado por tres grandes períodos: la etapa inicial –de 1947 hasta los años setenta–, muestra el proceso de creación de las instituciones y los medios de publicación; la etapa de maduración –durante los años ochenta y noventa–, denota el incremento de los títulos junto con la diversificación del perfil de los autores y los enfoques utilizados; finalmente, el momento contemporáneo –iniciado con el nuevo siglo–, se caracteriza por un perfil de investigación compartido por los autores, una visión unificada de la disciplina y la inserción de la literatura en el marco de los debates a nivel internacional.

A partir de una selección de fuentes se asume que aunque el perfil de los autores, las fuentes utilizadas, las estrategias metodológicas y en general la visión de los trabajos sean plurales y cambiantes a lo largo del tiempo, precisamente por ello el conjunto formado por la literatura refleja las cualidades de la ciencia política mexicana al tiempo que es representativo de su proceso de transformación. […] La literatura revisada esboza la manera en la que la disciplina en México ha venido evolucionando, creciendo y consolidándose. Los textos se han erigido como representantes efectivos de las diferentes etapas de la disciplina y al mismo tiempo proveen de una imagen del conjunto. En ese sentido, una de las conclusiones más importantes de esta revisión es que tras superar un indispensable proceso de crecimiento y maduración institucional, el hecho de que la ciencia política mexicana se haya volcado hacia un proceso de homogeneización guiado por la asimilación de un perfil internacional ha puesto a la disciplina en un dilema: mirar hacia “adentro” en busca de una ciencia política “mexicana” o volcarse hacia “afuera” en pos de estilos de trabajo y agendas de investigación que se articulen con las corrientes internacionales.

Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez presenta “Una investigación sobre la corrupción pública y sus determinantes”. En el artículo sostiene que desde la crisis económica internacional de 2008, el estudio de la corrupción pública ha cobrado particular protagonismo. Este tipo de acontecimientos demandan mejorar el control del erario para cerrar la brecha entre gastos e ingresos públicos. Sin embargo, en la investigación sobre sus determinantes, aún son ambiguas ciertas asociaciones tanto teóricas como empíricas, de manera que buena parte de las conclusiones preliminares no se pueden tomar como una guía de acción o política.

Además de presentar una revisión de la literatura sobre el tema, en este trabajo Castañeda Rodríguez sostiene que un factor central que limita la extensión de la corrupción es la probabilidad de que ésta sea descubierta. Asimismo, se consideran diversas especificaciones econométricas usando un panel de datos no balanceado que incorpora datos de más de 150 países entre los años 1995 y 2010, para identificar hasta qué punto algunas asociaciones estadísticas son robustas, de modo que se pueden tomar como un referente para diseñar estrategias tendientes a controlar la corrupción.

La corrupción pública puede ser entendida como una desviación de las actuaciones de los políticos y burócratas en relación con el comportamiento que los votantes y ciudadanos en general esperan, pero el grado en que este fenómeno se extiende está condicionado por el contexto en que la función pública se ejerce.

Las circunstancias particulares en que la corrupción evoluciona en cada país y período hace difícil obtener resultados robustos en estudios agregados que presuponen tendencias generalizadas entre una multitud de países, como es el caso de esta investigación. Sin embargo, que aparezcan algunas regularidades o tendencias pese a la utilización de diferentes técnicas de estimación o especificaciones -y que además ellas se pueden argumentar desde un análisis institucional y contextual del fenómeno- es valioso en la medida que indica algunos elementos que merecen ser abordados de manera más detallada, para establecer si efectivamente deben ser considerados como referentes en el diseño de políticas públicas tendientes a reducir la extensión de la corrupción.

“Culturas políticas. (Re)significando la categoría desde una perspectiva de género” es el título de la necesaria contribución de Gabriela Bard Wigdor. Para la autora, las miradas androcéntricas acerca de las prácticas de las mujeres y de su lugar social se reproducen en las premisas detrás de conceptos como el de cultura política. En la mayoría de los estudios dedicados al tópico, el género es tomado como sexo y como dato cuantitativo, no considerándolo significativo para explicar las culturas políticas de los/as sujetos.

De este modo, la ausencia de las discusiones sobre género manifiesta el androcentrismo de la mirada científica dominante. A partir de estas premisas, Bard Wigdor nos propone un análisis histórico crítico sobre el concepto desde un enfoque interdisciplinario, hasta llegar a la discusión sobre las culturas políticas de las mujeres.

Específicamente, el artículo se desarrolla en torno a tres preguntas que organizan la presentación de los diferentes enfoques: ¿Dónde se estudia la cultura política? ¿Con quiénes y para quiénes se estudia? ¿Para qué se estudian las culturas políticas?

Para dar respuesta a estos interrogantes, a lo largo del artículo se lleva a cabo un recorrido histórico y teórico sobre las maneras en que se ha abordado la cultura política de las mujeres en contextos como los latinoamericanos destacando los aportes y los límites de cada enfoque.

Por eso, apostamos por producir teoría acerca de las culturas políticas de las mujeres desde un enfoque que se asume situado y subjetivo, a partir de las significaciones, prácticas y experiencias de las mujeres en un diálogo permanente con nuestras interpretaciones; de modo que apreciar las culturas políticas sea una tarea verdaderamente comprensiva y no evaluativa. Hacemos hincapié en atender no solo al discurso sino también a las prácticas. […] En tal sentido, recuperar prácticas y significaciones invisibilizadas o menospreciadas por el conocimiento dominante es el desafío principal. Esto solo es posible de lograr cuando superamos las limitaciones etnocéntricas de los enfoques tradicionales de la cultura política.

Hanna Laako es autora de “Los derechos humanos en los movimientos sociales: el caso de las parteras autónomas en México”, primer esfuerzo académico por explorar en forma más especializada el activismo político de las parteras en el ámbito de los movimientos sociales y los derechos humanos.

El artículo explora el vínculo entre los derechos humanos y los movimientos sociales a partir del caso del movimiento de parteras autónomas en México. Aunque el término “nuevos movimientos sociales”, propio de la década de 1980, fue abandonado por ser considerado dicotómico, Laako argumenta que la cuestión entre derechos humanos y movimientos sociales sigue siendo actual, sobre todo en el ámbito de las políticas de desarrollo.

Efectivamente, el caso de las parteras autónomas en México despliega la dimensión de los derechos humanos como terreno de disputa por cuestiones de clase y etnicidad. Basándose en fuentes múltiples y trabajo de campo, la conceptualización de las parteras autónomas como movimiento social -que se extiende hacia una campaña a nivel latinoamericano sobre los derechos humanos de los partos- evidencia el desafío implícito en la vigencia de la percepción dominante de los derechos reproductivos en el ámbito del desarrollo.

Sostengo que el movimiento de las parteras autónomas es relevante porque, aun siendo pequeño, logra cuestionar radicalmente el enfoque clínico, que es la visión dominante sobre los derechos reproductivos de las mujeres en México y en América Latina. Por otra parte, las propias parteras se encuentran en una coyuntura de politización que entrelaza varios derechos y la cuestión de clase, lo que permite visibilizar este aspecto importante de los movimientos sociales.

“Infracción y desistimiento: influencias familiares en los adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad de México” es el título de la contribución presentada por Gabriel Tenenbaum.

Para el autor, las familias han sido y son un tema de debate en la criminología y la sociología del delito en lo relativo a su influencia directa y/o indirecta en las infracciones que cometen los adolescentes. A partir de ello, el artículo se inserta en el debate analizando historias familiares de adolescentes en conflicto con la ley en la Ciudad de México. El objetivo no es culpabilizar ni mostrar la cuota de responsabilidad familiar en los ilícitos, sino dar cuenta del contexto familiar que hace posible el “proceso de orillamiento” de los adolescentes a tener una mayor exposición al riesgo de cometer una infracción.

De este modo, el artículo busca dar cuenta de la incidencia de la familia en la infracción de los adolescentes para, desde allí, realizar una crítica al proceso judicial en lo referente a la activación de la paradoja de la familia como origen y destino.

La concepción romántica de la familia como grupo de parentesco donde predominan relaciones afectivas, íntimas, cohesivas y estables, está lejos de la realidad fáctica. Lo mismo puede decirse de la acepción funcionalista normada de la familia como ideal moderno para el progreso de la sociedad: unidad doméstica homogénea, arreglo familiar nuclear, varón bread-winner, mujer en el hogar, dos hijos, etcétera. Lo anterior pone en discusión las formas en que se aplican las medidas en libertad ya que la familia “solución de la infracción” puede haber sido “causa de la infracción”. De esta manera, se activa la paradoja de la familia como origen y destino del adolescente que, en términos típicos ideales, implica que la familia tiene comprobada responsabilidad en la infracción cometida por el adolescente (origen) y es, por sentencia judicial con medidas en libertad, agente de control social. […] el artículo busca dar cuenta de la incidencia de la familia en la infracción de los adolescentes y, en caso de encontrar evidencia al respecto, realizar una crítica al proceso de decisión judicial por la activación de la paradoja de la familia como origen y destino.

Por su parte, Juan Jesús Morales Martín y Víctor Algañaraz Soria presentan “Ciencias sociales, políticas de autonomía académica y estrategias de internacionalización en la última dictadura militar argentina (1974-1983). Un análisis de los casos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad”. En el artículo, los autores sostienen que desde mediados de siglo xx, en el contexto de endémica inestabilidad política, el sistema científico universitario argentino atravesó por un acentuado proceso de contracción de su autonomía académica. Las universidades estatales fueron intervenidas recurrentemente por los regímenes autoritarios y diezmadas en sus actividades de investigación y docencia.

No obstante, con el propósito central de reducir las crecientes situaciones de heteronomía respecto al campo de poder, emergieron en el terreno de las ciencias sociales algunas instituciones que funcionaron como refugio para la autonomía académica y desplegaron como forma de sobrevivencia una estrategia de irradiación hacia el exterior.

De este modo, desde un enfoque histórico estructural, el presente trabajo centra su lente analítica en torno a dos de los llamados centros académicos independientes que han tenido gran relevancia y trascendencia en Argentina y el Cono Sur: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Los autores enfatizan la relación/tensión entre la lucha por la autonomía académica de estos centros y las estrategias de internacionalización que desplegaron: instrumentalización de fondos de ayuda externa, reconocimiento disciplinar/profesional desde el exterior y flujo de contactos académicos internacionales.

La presencia de flacso y de cedes -entre otros espacios de producción y difusión de conocimiento operantes fuera de la órbita universitaria estatal- contribuyó significativamente a redefinir los mecanismos de prestigio, validación y reproducción dentro del campo de las ciencias sociales en Argentina. Para lo cual, la puesta en práctica de estrategias de internacionalización en todas sus formas (divulgación, financiación, redes y circuitos académicos) resultó fundamental. No fue simplemente un modo de supervivencia y resistencia frente al contexto dictatorial, sino que también les permitió ser cada vez más conscientes de la necesidad de influir en los debates públicos argentinos y cumplir un papel como actores políticos en el proceso de democratización. Fue este, de hecho, un rasgo distintivo que les permitió a los centros académicos pervivir institucionalmente con la vuelta de la democracia, el retorno de las ciencias sociales en la esfera pública y su consolidación en las universidades y en el sistema científico universitario nacional.

En una coyuntura histórica similar y en una geografía cercana, Carlos Huneeus lleva a cabo la investigación “La oposición en el autoritarismo. El caso del Partido Demócrata Cristiano durante el régimen del general Pinochet en Chile”. A lo largo del artículo, el autor dedica sus reflexiones a dar cuenta de los recursos de los que dispone la oposición en un régimen militar y describir las arenas institucionales en las cuales pueden actuar sus dirigentes.

El artículo analiza la oposición llevada a cabo por el Partido Demócrata Cristiano a la dictadura militar comandada por Augusto Pinochet y los recursos políticos que dispuso para ello, provenientes especialmente de la tradición democrática. Para Huneeus, la importancia de estos recursos depende de la magnitud de la ruptura con las instituciones democráticas provocada por la instauración autoritaria. Finalmente, el análisis se centra entre los años 1973 y 1982, cuando la colectividad alemana estaba en la oposición, y considera las expresiones de ese apoyo en Chile y en Alemania.

No bastan los recursos internos para frenar las acciones represivas de la dictadura contra la oposición, sino que es necesario contar […] con ayuda del exterior. También resultan estratégicos los apoyos brindados desde gobiernos, instituciones públicas, organismos no gubernamentales, partidos y sindicatos que protestan contra aquella, limitando su acción represiva y proporcionando ayuda económica para la creación de centros de estudios y organismos no gubernamentales que permiten a los profesionales de la oposición impulsar programas de apoyo a campesinos y a sectores populares, y desde allí gestar cierta actividad política. […] Por ello, el artículo pone especial atención en los recursos externos proporcionados por la Unión Demócrata Cristiana, que fueron muy importantes para la sobrevivencia y desarrollo del pdc.

Este artículo se trata, en consecuencia, de un estudio sobre la cooperación entre partidos de ambos continentes y deja a un lado la participación de las internacionales de los partidos y el apoyo brindado por parte del Partido Socialdemócrata de Alemania a los partidos socialistas del sur de Europa.

Por su parte, el dossier de este nuevo número está dedicado a “Política y sociedad: sobre inclusiones y exclusiones”. Alejandro Sahui Maldonado inicia el recorrido con el artículo “La igualdad en la medida de la calidad democrática. Una revisión crítica de la propuesta de Leonardo Morlino”, donde analiza la noción de calidad democrática desarrollada por Leonardo Morlino y el papel que el valor de la igualdad desempeña en su medición. En la primera parte se revisa la concepción de igualdad política a partir de la obra de Robert Dahl. En la segunda, se analiza el valor de la igualdad desde la perspectiva del autor italiano y se argumenta que en la evaluación de un régimen la importancia de esta como valor sustantivo no es clara en términos analíticos, debido a que se traslapa con otras dimensiones de la calidad: las procedimentales y las relativas a resultados. Finalmente, se propone que una noción de igualdad política como la ofrecida por Dahl brinda mayores recursos para evaluar y realizar comparaciones empíricas en torno a la calidad democrática.

Como valor político, la igualdad se suele asociar a los regímenes democráticos. Los autores que aquí hemos analizado defienden esta correspondencia. Sin embargo, no resulta sencillo apreciar exactamente el modo en el que dicho valor afectaría a las evaluaciones de la calidad democrática entre regímenes organizados de modo distinto: ¿depende principalmente de su impacto en sus reglas procedimentales? ¿De los fines y contenidos decididos? ¿De los logros y resultados materiales alcanzados? […] Nuestra crítica a Morlino lleva a proponer medios de igualación internos a los procesos de deliberación y toma de decisiones, e incluso medios de contención contramayoritarios […]. Se trata, al final de cuentas, de visibilizar las posiciones de los más débiles, de hacer audibles sus pretensiones, y denunciar los sesgos que podrían ser generados por estigmas y prejuicios sociales.

Carlos Díaz González Méndez presenta “Cultura democrática y percepciones de la desigualdad: México y Chile en perspectiva comparada” en donde analiza los contrastes entre la cultura democrática y las percepciones sobre la desigualdad en los casos de México y Chile. El autor sostiene que desde el inicio de la transición hacia la democracia hasta el presente, ambas naciones comparten un incremento en las aspiraciones de igualdad, al tiempo que difieren en las estrategias para alcanzarla. Mientras que la cultura política en Chile se orienta hacia la intervención del Estado en materia distributiva y la participación política no convencional, México vive un momento en el que tanto la satisfacción con la democracia como su apoyo están en descenso y la participación política formal e informal se ha debilitado. En ese escenario, la búsqueda de la igualdad en México privilegia la competencia y la gran diferencia de ingresos como incentivos, aspectos que en realidad legitiman la desigualdad y evidencian una sociedad más individualizada y menos democrática que la chilena.

Creemos que ninguna lucha en cuestión de igualdad se gana de una vez y para siempre; alcanzarla es una labor permanente, cuya responsabilidad recae en la solidaridad, el reconocimiento a la identidad y dignidad del otro, valores democráticos que como cualquier otro valor social no existe en abstracto, sino a través de actos concretos de individuos y actores políticos específicos […]. Asimismo, es necesario recordar que el Estado sigue siendo el actor central que posee la capacidad institucional suficiente para atajar las desigualdades a través de la democracia; recordarlo no depende entonces de la aplicación de políticas públicas, sino de interpelar el orden cotidiano de la vida social en el que nos movemos. Depende, por lo tanto, de cuestionar y participar políticamente ya no solo a través de las urnas, sino en las comunidades, en los barrios y en las calles.

Es posible considerar las contribuciones de Susana Presta y María Eugenia Castelao Caruana, respectivamente, como una respuesta a la convocatoria desarrollada por Díaz González Méndez.

“El gobierno de lo posible. Economía social y solidaria, sujetos y poder” es el título de la contribución de Susana Presta. Ella sostiene que las transformaciones sufridas en los procesos socioeconómicos de las últimas décadas han acrecentado la emergencia de iniciativas enmarcadas en la economía social y solidaria que abren nuevos campos problemáticos respecto de las formas de naturalización presentes en la llamada “nueva cuestión social”. En este marco, su hipótesis se ancla en la transformación de las formas de gobierno de la fuerza de trabajo que apunta al gobierno de la potencialidad de las relaciones sociales, “el gobierno de lo posible”.

Los resultados de esta investigación se basan en un trabajo de campo realizado en un emprendimiento de la economía social y solidaria, lo que le permitió a la autora construir algunas reflexiones teórico-filosóficas críticas. En este sentido, analiza algunos antecedentes de la idea de “deseo” desde la filosofía de Spinoza y las resignificaciones en la teoría de la acción humana, de von Mises, en el marco de la racionalidad de gobierno neoliberal.

La llamada “economía social y solidaria” conforma un amplio panorama de discursos y prácticas heterogéneas en el cual coexisten sentidos e ideas encontrados. Nuestro análisis pretende instaurar el debate puesto que, tanto las prácticas concretas de los sujetos como las formas de construcción de subjetividad, abren constantemente preguntas en torno al carácter “alternativo”, “fuera del mercado” y “emancipador” de la Otra Economía. […] Desde nuestra perspectiva, hemos sostenido que el deseo se halla anclado en necesidades históricamente constituidas como resultado del devenir histórico de los sujetos y, por ende, de la multiplicidad de relaciones que los sujetos entablan respecto de la realidad, de sí mismos y de los otros. […] De modo tal que, a pesar de las constantes críticas de los integrantes del emprendimiento respecto de las problemáticas del sistema capitalista y -en un sentido amplio- de los discursos sobre la economía social y solidaria, el deseo de “integración” y “trabajo digno” queda supeditado a los requerimientos del mercado.

En diálogo con esta revisión, el trabajo de María Eugenia Castelao Caruana, “Las políticas públicas y su visión de la economía social y solidaria en Argentina”, sostiene que a nivel internacional, la economía social y solidaria ha cobrado relevancia en las últimas décadas por su potencialidad para contribuir a la generación de empleo, la inclusión social y el desarrollo de sus comunidades.

Su capacidad de favorecer estos objetivos, sin embargo, se encuentra condicionada por la visión que posee el Estado nacional de la economía social y solidaria y el papel que las políticas públicas le asignan en la estrategia de lucha contra el desempleo y la exclusión social.

En este marco, el artículo presenta los resultados de una investigación sobre las políticas públicas nacionales vigentes en Argentina durante el período 2003-2013 que incorporan referencias a la economía social y solidaria. La hipótesis de la investigación plantea que las políticas públicas bajo análisis poseen una visión instrumental de la economía social y solidaria en la medida en que la incorporan por su contribución coyuntural a la creación de empleo e ingresos de la población en condiciones de exclusión. Los resultados de la investigación corroboran esta hipótesis y muestran cómo este enfoque restringe la efectividad de las políticas públicas de incidir de manera estructural en las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias por un lado y, por otro, la capacidad de la economía social y solidaria de impulsar procesos de transformación sociopolítica.

Al incorporar a la esys en su diseño, las políticas gubernamentales reconocieron en sus formas de organización a un nuevo sujeto de política pública: el trabajador autogestionado. Estas políticas lograron debilitar ciertos mecanismos de exclusión social asociados con el ámbito laboral y la colocación de productos en el mercado. […] Las reglas institucionales, formales e informales, vigentes en cada área de administración pública, incidieron en la noción de esys que adoptaron las políticas públicas analizadas en su etapa de formulación. Estas reglas, en general, no incorporaron referencias a los principios y prácticas constitutivas de la esys -excepto por la preeminencia de las personas sobre el capital- sino a resultados potenciales derivados de la aplicación de estos principios: ejercicio de la ciudadanía y de relaciones solidarias, empoderamiento individual y colectivo, anclaje territorial, desarrollo local y creación de empleos sostenibles. Por el contrario, aquellos principios y prácticas que potencian la capacidad de las organizaciones de la esys de generar proyectos colectivos y de transformación social -como la producción de bienes y servicios socialmente útiles, la democracia organizacional y la propiedad colectiva e indivisible- fueron poco mencionados y, en la etapa de implementación, muchas veces ignorados.

Luis Huesca Reynoso, Ricardo López Salazar y María del Refugio Palacios Esquer concluyen este número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales con el artículo “El Programa de Apoyo Alimentario y la política social integral en la Cruzada contra el Hambre en México”. En este artículo se analizan los resultados de la implementación del Programa de Apoyo Alimentario en México entre 2010 y 2012, considerando sus reglas básicas de operación. Utilizando técnicas no paramétricas y de curvas de intensidad de pobreza, los resultados muestran que el programa es complementario y, al mismo tiempo, carece de cobertura total para llegar a los beneficiarios potenciales en el país.

En el marco de la Cruzada contra el Hambre presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Programa de Apoyo Alimentario logró cubrir en 2012 poco más de una cuarta parte (25.6%) de los beneficiarios potenciales. Por ello se concluye que el programa por sí solo contribuye al bienestar de un porcentaje de la población, pero no logra reducir la pobreza alimentaria.

En el contexto de la llamada Cruzada contra el Hambre se observa que la implementación de un programa de este tipo –en el afán de ampliar su cobertura– resulta una operación compleja, aun cuando se cuente con un padrón activo de beneficiarios. Esto es así, incluso considerando que se trata de un programa de desarrollo social que tiene como pilar el desarrollo humano en el marco de una política pública retomada por el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, mismo que establece como uno de sus objetivos reducir la pobreza y ampliar las capacidades de los mexicanos para ejercer sus derechos, incluido el de la alimentación. Esta investigación muestra, entonces, que la principal dificultad para que el pal rinda frutos es la falta de cobertura total de la población en potencial situación de hambre. Esto es así, por un lado, debido a la dispersión geográfica a la que se enfrenta el programa, y por el otro, debido al contexto actual de insuficiencia alimentaria que tiene el país, que se refleja en el incremento del precio de los alimentos básicos a partir de la crisis del 2009.

Este número concluye con tres reseñas de gran pertinencia para enmarcar, ampliar y complementar las problemáticas tratadas. José Woldenberg presenta “Luis Villoro: poder, democracia, multiculturalismo”; Karolina Monika Gilas, “Democratización, desigualdad y redistribución. Una nueva perspectiva” y Luis Alberto Hernández Gutiérrez, “Trayectoria del neoliberalismo: de la academia al espacio público”.

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Notas

[1] Véase: Lechner (1997).

[2] Véanse: Alarcón (1999); Bokser Liwerant (2002 y 2012).

[3] Véase: Katznelson (1996).

[4] Véase: Ohmae (1990).

[5] Véase: Bokser Liwerant y Salas Porras (1999).

[6] Véanse: Scholte (1998); Held (1995).

[7] Véase: Dunn (1995); Sartori (1994).

[8] Véase: Diamond (1999).

[9] Véase: Miller (1997).

[10] Véase: Álvarez, San Juan y Sánchez Mejorana (2006).

[11] Véase: Forment (2003)

[12] Véase: Wieviorka (1996); Bokser Liwerant, 2013.

[13] Véanse: Alarcón (1999); Bokser Liwerant (2012).

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