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Entre la invisibilización y el etnocidio, una aproximación a las políticas de vivienda concebidas para pueblos indígenas en Venezuela (1958-1998) 1

Despite attempts to eliminate ethnic groups, attempts were made to fi nance housing for indigenous tribes in Venezuela (1958-1998)

Alonso José Morillo Arapé

Entre la invisibilización y el etnocidio, una aproximación a las políticas de vivienda concebidas para pueblos indígenas en Venezuela (1958-1998) 1

Boletín Antropológico, vol. 34, núm. 92, 2016

Universidad de los Andes

Recepción: 12 Septiembre 2016

Aprobación: 19 Septiembre 2016

Resumen: El presente trabajo es una cronología crítica que propone una aproximación a las acciones estatales en materia de vivienda para los pueblos indígenas entre 1958-1998; desarrolla un encadenamiento histórico que hilvana hechos y acontecimientos con políticas, programas y proyectos, tomando en cuenta los contextos sociales de cada período proponiendo ideas y reflexiones que ayuden a la comprensión del tema. Se fundamenta en la revisión de fuentes y acopio de datos documentales, para interrogar la realidad del paisaje construido en la búsqueda de evidencias para reconstruir el pasado y demostrar que el hábitat indígena ha sido el resultado de los efectos de la invisibilización cultural sistemática, bajo la incidencia de un paradigma de dominación etnocida, que ha guiado a la sociedad desde el período colonial hasta hoy.

Palabras clave: Invisibilización, etnocidio, políticas de vivienda indígena, Venezuela.

Abstract: This paper is a critique of government action in housing indigenous people between the years 1958 and 1998. During this time all sorts of political programs and projects were implemented. Panoramic observations are made in respect to changes that occurred. These observations are based on information from various sources including research papers. The historical representation of the representation is put into question. It becomes clear that the indigenous habitat has been affected by systematic attempts to eradicate ethnic identity. Such attempts began in the colonial period and continue to the present time.

Keywords: elimination, ethnocide, indigenous housing policies, Venezuela.

1. Introducción

En las siguientes líneas se expondrán ideas sobre las políticas de vivienda instrumentadas para los indígenas en Venezuela. Se busca demostrar que estas políticas tuvieron una coherencia sistemática invisibilizadora y etnocida, que se dieron bajo la incidencia de un paradigma de dominación vigente desde la Colonia que considera al indígena un ser propenso a la reducción, salvaje, “menor de edad”, incapaz de valerse por sí mismo, el cual el Estado debía asistirlo en menoscabo de su diversidad cultural y libre determinación. Este trabajo se ha estructurado en dos partes, una primera que refiere el método de investigación y una segunda parte con dos apartados y sub-apartados, que describen cronológicamente las acciones intrínsecas y extrínsecas sobre el hábitat indígena durante los gobiernos venezolanos entre los años 1959 y 1998.

2. Método

El abordaje se realizó desde la perspectiva del análisis arquitectónico que asume los conjuntos habitacionales como documentos, empleando herramientas comparativas para contrastar su concepción y comprensión de la praxis de habitabilidad. Se trata de una investigación documental que empleó dos instrumentos de arqueo: la ficha Tipo A-2012, que constó de 24 ítems para recopilar información de memorias descriptivas, de gestión y congresos, planos, programas, planes, informes, proyectos, folletos; libros, propagandas oficiales, artículos de opinión y noticias en periódicos, diarios y revistas científicas; y el formato Tipo B-2012, que consistió en una matriz de sistematización para evidenciar hallazgos y generar un compendio de políticas.

Con la información sistematizada se realizó el análisis contextualizando cada iniciativa en su respectivo período histórico, inscribiendo los datos en una grilla, herramienta empleada en la periodización de la historia de la arquitectura que permite visualizar los quiebres históricos, el inicio y fin de los eventos, legislaciones, programas, proyectos y obras representativas. La construcción de la grilla combinó una secuencia cronológica de las políticas indigenistas y una periodización de las políticas de vivienda oficiales para lo cual se asumieron los planteamientos de Biord (2009) y Bolívar et al (2012), con los cuales se redefinió un esquema propio (Gráfico 1).

Grilla sobre políticas de
vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1958-1998).
Gráfico 1.
Grilla sobre políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1958-1998).
elaboración propia.

La primera propuesta enumera tres períodos: “indianismo” (1915- 1947), “indigenismo” (1947-1989) e “indiocracia” (1989-2005), de estos se asumieron sub-períodos de los dos últimos: 1958-1989 o “indigenismo directo”, que se inicia con la democracia representativa posterior a la dictadura perezjimenista hasta 1989; y 1989-1998 o “indiocracia”, que inicia con las acciones de conformación del gobierno indígena, hasta la asunción a la Presidencia de H. Chávez. La segunda propuesta plantea cuatro etapas de la cuestión habitacional, aquí se asume la tercera (1958-1998), que abarca los gobiernos de la democracia representativa. En cada período se identificaron hitos y continuidades espacio-tiempo contrastando los imaginarios institucionales, interrogando el paisaje construido y la realidad social, económica y política del pasado reciente.

3. Consideraciones preliminares

Se plantea como hipótesis la coherencia histórica y sistemática del Estado en formular una política reduccionista de vivienda, concebida bajo la incidencia de un paradigma de dominación, que se ha mantenido incólume durante cinco siglos, caracterizadas por el nucleamiento de los indígenas en poblados de corte occidental en torno de servicios de educación, salud, religión y otros. En estos asentamientos alineados a la filantropía cristiana, fueron sometidos a un potente sistema deculturativo reproductor de una cultura de conquista fijando costumbres, antivalores y códigos de la sociedad dominante, lo cual exacerbó prácticas asistencialistas como formas de interrelación con los pueblos indígenas, cuyos efectos violentamente desestructuraron su habitabilidad primaria, derivó en cambio cultural etnocida, olvido de normas consuetudinarias e imposición de sistemas constructivos industriales en perjuicio de la tecnología de construcción con tierra. No obstante, se produce una pérdida de identidad y diversidad cultural indígena.

4. Post-dictadura e “indigenismo directo” (1959-1989)

Las políticas indigenistas promovidas durante la dictadura perezjimenista, enmarcadas en la filosofía del Nuevo Ideal Nacional, dieron respuestas parciales al problema indígena a pesar de la voluntad política demostrada por la participación en conspicuas instancias internacionales (Paz, 2000). Sobre el tema habitacional, el gobierno militarista legaba un conjunto de políticas como: la Batalla contra el Rancho, la tecnificación constructiva de las mega-estructuras modernistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el primer Plan de Viviendas Rurales. El “indigenismo” mantuvo su continuidad, si bien la dictadura se debatió en acciones de carácter mixto, para 1959 se establece un “indigenismo directo”. Dos hechos lo demuestran: se promulga la Constitución Nacional de 1961 sin ningún cambio para los indígenas, ratificando el régimen de excepción de protección e incorporación progresiva a la vida de la Nación (Art. 77) y se interviene en la ciudad y en el campo con políticas reduccionistas de vivienda fundamentadas en la Ley de Reforma Agraria (LRA) del año 1960.

4.1. El antiguo objetivo de reducción: la campesinización del indígena

El primer gobierno que asume el poder en 1959 fue el de R. Betancourt, que instituye una política de tierras que, en teoría, haría justicia a los indígenas, en contraste con los efectos de las leyes decimonónicas de resguardos que extinguieron gran parte de sus comunidades. El corolario de considerar al indígena como campesino fue afianzado en el texto legal, consagrando el derecho a la tierra y definiendo ocho estados con presencia indígena que paradójicamente los protegió de la extinción, sin embargo, los indígenas de los Andes y centro occidente no corrieron con la misma suerte (Clarac, 2001).

La LRA garantizaba y reconocía a los indígenas que mantenían el estado comunal de hecho, la condición de familia extensiva, el derecho y disfrute de tierras, bosques y aguas que ocupaban (Art. 2). Reglamentó lo concerniente a las adjudicaciones especiales, la dotación de tierras, el traslado y reubicación de comunidades, la limitación y aprovechamiento de dotaciones de aguas y obras hidráulicas (Art. 85-91). Los Artículos 133 al 136 recogían las disposiciones sobre la vivienda rural que proponía erradicar su carácter disperso y mejorar la prestación de los servicios: el antiguo objetivo renovado bajo una ley en apariencia reivindicativa, punto de partida para la implantación de reduccionismos y la invisibilización.

La ley proveía, así mismo, mecanismos de financiamiento para la construcción y mejora de viviendas con materiales y mano de obra locales, y la participación privada con facilitación estatal, estableciendo una política participativa que fue negada en la praxis por las posteriores actuaciones. Un testimonio revelador de la época refería que:

Cuando la reforma agraria quiso incorporar al indio en su programa, le ofreció asentamientos iguales que a los otros campesinos; el indio los recibía pero, al cabo de días, los abandonaba por no saber qué hacer, y por hallarse incómodo dentro de las pequeñas casas que le habían construido. La intención de los propulsores de la idea no era mala pero estaba desligada de la realidad (Scheuren, 1969: 70-72).

La invisibilización del indígena promovida a partir de la LRA tuvo un interesante ejemplo en las poblaciones pemón de San Rafael de Kamoiran, San Francisco, San Ignacio de Yuruaní, Maurak y Betania (Bolívar), a las cuales se les ofreció tecnología e insumos y se desarrollaron planes para el cultivo de flores, higos y fresas, alentándolos a vivir en viviendas rurales. A pesar de la relativa aceptación de estos asentamientos disfuncionales, el rechazo fue notorio más adelante por los efectos en su habitabilidad, traducido en el uso de las viviendas como centros religiosos “Aleluya y Cochimán” (Clarac, 2001; Scheuren, 1969). Para la década de los 70 del siglo pasado, la política de nucleamiento se profundizó, motorizada por la titularización de comunidades y la creación de asociaciones civiles indígenas bajo objetivos economicistas y propiedad de la tierra sin ninguna distinción con respecto a las sociedades campesinas (Silva, 2007).

4.2. La política etnocida de vivienda rural

La política de vivienda para los pueblos indígenas se desarrolló en un contexto multidimensional que tuvo como pivote la LRA y todo el bagaje institucional de gobiernos anteriores. Con inspiración en el plan contra el paludismo de 1936 del doctor A. Gabaldón (MSAS, 1987), la División de Malariología adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) crea en 1959 el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), que marcaría todas las políticas de vivienda hasta finales del siglo. Los objetivos del PNVR fueron:

(1) Dotar de una vivienda que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, con servicios de agua, luz, aguas servidas e integradas a la comunidad; (2) Aportar para la disminución de las tasas de morbimortalidad de la población; (3) Promover el nucleamiento de la población dispersa en asentamientos permanentes (Mora, 1979: 12).

Estos objetivos se plasmaron en el PNVR y el programa de acueductos y cloacas. Previo a su implementación se ensayó en 1954 una experiencia con participación de técnicos de Costa Rica que buscaban el perfeccionamiento de la tecnología de bahareque y cuyos desarrollos se llevaron a cabo inicialmente en poblados urbanos del estado Aragua bajo un diseño de entre 50 a 78 m2 con diversas tipologías. La construcción de viviendas rurales fue una constante durante todos los quinquenios (Tabla 1).

Tabla 1.
Estadísticas del Programa Nacional de Vivienda Rural (1959-1993)

Estadísticas del Programa
Nacional de Vivienda Rural (1959-1993)
Mora (1979:72)

Es muy difícil descifrar el número de viviendas construidas en comunidades indígenas bajo el PNVR por cuanto se mimetizan con las viviendas para campesinos; sin embargo, una relación para el año 1993 da cuenta de que se construyeron 412 mil 62 unidades beneficiando a más de dos millones de personas.

4.2.1. Dos configuraciones y un objetivo: la eliminación de la vivienda tradicional

Uno de los esquemas urbanizadores seleccionados, en primer lugar, fue el nucleamiento, con calles y parcelas sobre manzanas geométricamente alineadas en torno a una plaza y servicios de salud, religión y educación, reminiscencias de los antiguos pueblos de misiones. Algunos asentamientos nucleados bajo el PNVR fueron las comunidades pemón del estado Bolívar, que vivieron medio siglo de sustitución progresiva de las tukuchipán. Las aldeas Kumarakapay, Maurak y Manak Krü son urbanizaciones de estas viviendas rurales con techos de asbesto, un material que por motivos sanitarios fue sustituido por acerolit o tejas de concreto (PIV, 2009a).

Durante el primer gobierno de C.A. Pérez (1974-1979), se construyeron viviendas rurales en el poblado kari´ña de Kashaama (Anzoátegui) y Maliichee´in (Zulia), etnia wayuu. Kashaama se configuró urbanísticamente en hileras, donde las familias originales fueron ampliando sus viviendas incorporando, en algunos casos, formas tradicionales. En Camurita, al sur del Orinoco (Bolívar) se construyeron 60 de estas viviendas (PIV, 2009b). En la región andina durante 1960 y 1980, hacia la comunidad Casés (Mérida), etnia guazábara, el MSAS obligó el cambio del patrón prehispánico eliminando las viviendas de bahareque y techos de paja, lo cual paradójicamente se aceptó sin resistencia a causa de la incidencia del mal de Chagas, también por el suministro gratuito de materiales en períodos electorales. Estas sustituciones dejaron sólo rezagos de las configuraciones originales en San Juan de Lagunillas y La Trampa (Rangel, 2011).




Viviendas del PNVR en Toromo (Zulia).

archivo personal (2013).

4.2.2. Efectos contraproducentes de la sustitución de la vivienda tradicional

El PNVR expone un conjunto de efectos sobre las poblaciones indígenas derivados de la imposición de un único modelo arquitectónico. El principal aspecto, si se quiere contraproducente, lo constituye la cubierta de techo donde mayormente se utilizó el asbesto, material que en buen estado funciona óptimamente, pero al paso del tiempo y por su deterioro produce graves consecuencias en la salud, como la enfermedad de asbestosis pulmonar o cáncer pulmonar (Rangel, 2011). Este hecho permite inferir las graves repercusiones en las comunidades donde se construyeron a lo largo del siglo.

Por otro lado, un estudio sobre el cambio de la vivienda tradicional piaroa y la presencia de helmintos (Anquilostomos, A. lumbricoides) en la población, reveló que los individuos “…que viven en viviendas tipo occidental, presentan mayores cargas [parasitarias], indistintamente de la especie de helminto”, en comparación con aquellos que viven en viviendas tipo indígena. Con este programa se promovió el nucleamiento, mayor permanencia, crecimiento poblacional y acceso a servicios públicos, lo cual se creía que mejorarían sus condiciones sanitarias, sin embargo, se produjo un cambio del comportamiento epidemiológico de las poblaciones (Gómez et al, 2004).

A pesar que para 1993 se habían cuantificado centenares de viviendas y se experimentaba el auge de la investigación bioclimática, no fue implementado como se concibió derivando en un producto inadecuado, la imposición de patrones espaciales ajenos desestructuraron el núcleo familiar extendido y afectando las dinámicas culturales (Guitian y Hernández, 2010). Fue un programa que se mantuvo en el tiempo, tanto de forma como de fondo, generando caseríos indígenas con pobladores invisibilizados.

4.3. Una renovada institucionalidad indigenista y una vieja forma de actuar

A la par del avance de las políticas de vivienda concebidas desde la institucionalidad oficial, se fue perfeccionando el accionar de los entes indigenistas que pasaron a desarrollar una gestión directa. En 1968, la Oficina Central de Asuntos Indígenas (OCAI), como órgano del Ministerio de Justicia, empieza a distinguirse de la Comisión Indigenista Nacional y se adscribe a la Dirección de Cultos y Asuntos Indígenas creada en 1971. Esta dirección tenía entre sus objetivos:

(1) La consolidación de las comunidades indígenas, en el sentido de mejorar sus condiciones de vida y la completa marginación en que vivían; (2) Lograr la participación de dichas comunidades en el proceso de desarrollo socioeconómico del país; (3) Preservación y salvaguarda de los valores humanos y culturales específicos de las comunidades autóctonas: darles la protección del Estado porque integraban el patrimonio nacional (Clarac, 2001: 343).

Estos objetivos planteaban que ante el carácter disperso de las comunidades y su diversidad cultural, se hacía necesario acentuar la planificación indigenista, aunado al mejoramiento de las condiciones de vida y promover la participación en el desarrollo del país, asunto que sólo quedó en el papel. Como síntesis de ellos, los resultados de la OCAI se reflejaron en el establecimiento de los Centros de Atención Indigenista (CAI) de Yaguasiru, Riecito, Santa Bárbara, Roscio y Curiapo. Se reportaron más de 32 organizaciones públicas y privadas que ejecutaban actividades en territorios indígenas sin una coordinación coherente sobre sus labores (Romero, 1975).

Los CAI durante su gestión ejecutaron el “…mejoramiento y autoconstrucción de viviendas: en 3 años… se había (SIC) construido 127 viviendas y se habían mejorado 32 viviendas cuyo diseño no tenía nada que ver con la concepción de la casa indígena, menos en muy pocos casos” (Clarac, 2001: 44); a pesar de la imposición de los reduccionismos y que por primera vez se atendería integralmente al indígena, el tratamiento no escapó de ser netamente asistencialista. Más tarde, se establecieron otros CAI en diferentes estados del país (Romero, 1975). Dos años antes de la desaparición de la OCAI para dar paso a la Oficina Ministerial de Educación Fronteriza y para Indígenas (OMEFI) (1976-1978), que posteriormente sería la Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos y para Indígenas (OMAFI), se crea el Centro Regional de Acción Indigenista que operó bajo ambas denominaciones. A partir del año 1980 la instancia nacional se transforma en la Dirección de Asuntos Indígenas que se extendió hasta finales del siglo.

4.4. La actuación del Banco Obrero

Para finales de la dictadura perezjimenista transcurre el tercer período de gestión del Banco Obrero (BO) que se extendió hasta 1975 (López, 1997) y, en esta última fase, se construyeron cerca de 775 mil viviendas financiadas por el sistema de ahorro y préstamo y los bancos hipotecarios. Durante la democracia representativa, en cada quinquenio fue planificado un conjunto de viviendas rurales siendo el más exitoso el período 1984-1988, durante el gobierno de J. Lusinchi, con la construcción de 62 mil 348 viviendas, pero con un desborde del poblamiento no planificado en cerros, bordes de quebradas, áreas protectoras y vertederos de basura. Hacia la liquidación del BO, se habían construido 326 mil 120 viviendas rurales, en innumerables programas que cambiaban de nombres pero no su esencia, en los cuales, a todas luces, se excluían las culturas indígenas.

4.4.1. Unidad-baño y deriva a los “tanjuntos residenciales”

La gestión del BO coincide con los cambios en el funcionamiento de las instituciones que apuntalaron la planificación nacional, lo cual influenció la acción del denominado Diseño en Avance. Previendo la masificación de la construcción de viviendas populares se optimizó el uso de componentes y accesorios mediante convenios con industrias de materiales de construcción y se innovó en la elaboración de normas y metodologías constructivas. Por su parte, adelantó estudios de urbanizaciones de desarrollo progresivo, edificios en pendiente, unidad básica de vivienda (casa en piernas), unidad-baño (para vivienda rural) y parcelamiento con servicios mínimos (Lovera, 2004).

La unidad-baño o “núcleos” ampliables fue la seleccionada para ser construida en las comunidades rurales del país. Todo el bagaje técnico que legaba el BO con su Diseño en Avance derivó en la falsificación del sistema de vivienda progresiva, resultando en la estigmatización del prototipo y discriminación durante las campañas electorales al limitar los proyectos a la simple dotación de viviendas para pobres, sacrificando la calidad en función de un mal entendido concepto de vivienda. Durante la década de los 90 del siglo pasado, la Fundación para el Equipamiento de Barrios (Fundabarrios) desarrolló modelos de áreas reducidas de 43 m2 muy cuestionado para entonces. Así, la filosofía de racionalización de recursos de solución del déficit derivó en lo que se denominó “tanjuntos residenciales”: precarios recintos sin espacios de esparcimiento y desprovistos de servicios (Pineda, 2014), lo cual legitimó el hecho de que el Estado dejó de ocuparse de la solución integral del problema de la vivienda (López, 1997).

4.4.2. Las adjudicaciones como ejercicio clientelar

La vivienda se constituyó en el factor que influyó con mayor contundencia sobre la conducta política de la sociedad, sirviendo al Estado para responder a las relaciones entre los partidos políticos y el electorado. Las respuestas dadas para solucionar el problema se constituyeron en un gran obstáculo, debido a la complejidad del desarrollo urbano experimentado en esta época, el crecimiento poblacional, la ineficiencia administrativa y la corrupción en los órganos del gobierno nacional. Por otro lado, mientras los partidos políticos de oposición alentaban a la sociedad civil a exigir mejores servicios y vivienda al Ejecutivo, también estimulaban las invasiones de tierra como una manera de fortalecer su estructura clientelar (Aragort, 2004).

Es indudable que en este período la adjudicación de viviendas fue un ejercicio clientelar (Pineda, 2014). Por tal motivo, las políticas habitacionales estuvieron matizadas por la obligatoriedad de la adscripción política para el acceso a conjuntos residenciales que tenían sello político partidista. Esta realidad fue latente en todos los frentes de instrumentación del plan nacional: el BO con sus programas de viviendas urbanas, la División de Malariología con las adjudicaciones a personal del sector rural, particularmente los dirigentes campesinos del partido de gobierno de turno; y FUNDABARRIOS y su “política de viviendas de casas de palomas”.

4.5. Las políticas desarrollistas: entre el progreso y el etnocidio

En contradicción con los postulados del “indigenismo” crítico durante los años 60 del siglo XX, como resultado de la Declaración de Barbados, que definen las proposiciones de la Antropología de la Liberación, los proyectos desarrollistas inspirados en la experiencia argentina del modelo de G. Germani, pusieron de manifiesto las intenciones de extender el Hinterland de explotación. Bajo este esquema imprevisible, el mito del desarrollo, que al igual que el mito de la modernidad colonial, fue calando en los gobiernos como un ancla para activar la maquinaria de la modernización capitalista y la colonización del medio natural. Los preceptos de la modernidad ofrecían intervenir en la naturaleza con grandes obras que la domesticaran, para crear enclaves de desarrollo, y extraer más recursos de la tierra a merced de un alto precio: la destrucción de las comunidades indígenas. Estos megaproyectos, “espectacularizados” por los medios de comunicación, fueron considerados necesarios para el país sin tomar en cuenta el impacto etnocida para los indígenas (Martínez, 2004) y la reubicación forzosa de sus asentamientos.

4.5.1. Caño Mánamo: migraciones y desestructuración cultural de los warao

La empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ejecutó en 1965 la construcción de un muro de contención para impedir la salida natural de las aguas en el Delta del Orinoco por el Caño Mánamo, así mismo realizó la carretera hacia el poblado de Tucupita. Con el eventual cierre de este canal, que para entonces constituía un afluente primordial para la navegación y alimentación del pueblo warao aguas abajo, traería una serie de consecuencias nefastas en nombre del “desarrollo industrial” y el “mejoramiento” de la región. La súbita salinización de los caños y tierras, con la consiguiente desaparición de la población piscícola, ocasionó un éxodo demográfico de las zonas Osibu Hana, Caño Morocoto y Dauwaha (sur de Tucupita) y la zona no protegida. Miles de indígenas murieron por quedar atrapados en sus viviendas por el estancamiento de las aguas que imposibilitó la navegación y trajo consigo también enfermedades cutáneas y respiratorias (Salas, 2009). Para 1968, las familias afectadas de Dauwaha y del Caño Morocoto fueron trasladadas a desarrollos de viviendas rurales:

El nuevo patrón de asentamiento se hizo siguiendo el modelo de los asentamientos campesinos del IAN, es decir, en viviendas individuales unifamiliares, de bloques, con techos de zinc o asbesto, en disposición de cuadrícula y calles rectas entre las casas. Cada poblado contaba con una escuela, galpón comunal y una extensión de tierras de labor con parcelas individuales para cada familia además de una o dos parcelas comunales (García y Heinen, 1999: 48).

Las reubicaciones dieron como resultado la fundación de tres poblados: Santo Domingo de Guacajarita, El Pajar y Playa Sucia, que desvinculó el sistema sociocultural warao asociado al modo de producción, hábitat y vivienda, y la relación parental (contrato suegro-yerno), creando las condiciones para la transformación de los indígenas en conuqueros y asalariados (García y Heinen, 1999; PIV, 2009c).

4.5.2. Las aguas del “progreso”: el largo drama histórico de los japreria

Por otro lado, la construcción de la represa de El Diluvio (Zulia) en 1968 significó particularmente un genocidio para los casi 300 miembros del pueblo japreria, ya que hubo el anegamiento y pérdida definitiva de sus territorios ancestrales, afectaciones de propiedades (animales, sembradíos y chozas) y secuelas de orden sociocultural por el desarraigo etnocida sobrevenido. La tragedia arrastró por igual a indígenas yukpa y wayuu que se habían establecido en la zona. Esta situación generó asimismo la anegación de grandes latifundios y, paradójicamente, el Estado indemnizó a los productores criollos afectados, pero dejó a los indígenas fuera de los pagos (González, 2003). Esta situación conllevó al traslado de los indígenas hasta las orillas del río Laja, donde se estableció un centro piloto, allí habitaron por décadas, no sin antes vivir intentos infructuosos de reubicación en una zona denominada Las Tumbas. Los japreria fueron damnificados en tres oportunidades por inundaciones (1993, 1996 y 1999), con pérdidas de animales y cultivos, sobre todo con el peligro de pérdida de vidas humanas (Oficina Regional de Asuntos Indígenas Zulia [ORAIZ], 2001).

La política de El Diluvio fue decidida desde el Estado central, inconsulta, sin estudios de impacto ambiental y arbitrariamente ejecutada sin considerar la mitigación de los efectos pre y posteriores a su implantación. Los acontecimientos siguientes: reubicación forzosa en refugios insalubres y en guetos bajo un régimen religioso, asistencialismo y mezcla étnica, rayaron en el racismo y confirma la persistencia del paradigma de dominación dejando desolación y un oscuro panorama futuro. Todo este sórdido proceso confluyó en una política habitacional de corte criollo durante el gobierno de H. Chávez, que cierra un capítulo de este drama histórico.

4.5.3. La Conquista del Sur y la fase post-colonialista de los pueblos indígenas

A mediados del siglo XX, se inician los estudios para la explotación del hierro en el estado Bolívar y, en 1972, durante el primer gobierno de R. Caldera se crea la Comisión para el Desarrollo del Sur (CODESUR) o Conquista del Sur, nombre sugerente asumido como el objetivo de la agenda fronteriza. Planteaba el desarrollo del sur del país, concretamente el Territorio Federal Amazonas y el Distrito Cedeño (Bolívar), llevando la presencia del Estado y afirmando la soberanía nacional en un territorio de 26,5% del total nacional, con menos de 60 mil habitantes y con fronteras internacionales sin definición física y continua sobre un mil kilómetros. Un porcentaje considerable de esta población no hablaba español y estaba desvinculada de la vida nacional, se denominaba a este 40% “población indígena selvática”, y de ella se decía que estaba “ajena a cualquier proceso significativo de civilización” (Clarac, 2001: 346).

Con la CODESUR se da inicio a la tercera fase del “indigenismo”, período complejo por los efectos de las políticas adoptadas que completó la fase postcolinialista de los grupos indígenas y campesinos de la zona (Martínez, 2004), lo cual derivó en un conocimiento más completo del territorio amazónico y “…la penetración efectiva y permanente en los fabulosos planes de poblamiento ideados sin ninguna consideración hacia los pueblos indígenas” (Perera, 2009: 119-120). Debía adelantar la penetración de vías terrestres (Caicara-Guaniamito) y fluviales, mejoramiento de viviendas, escuelas, aeropuertos, embarcaderos, y otorgamiento de títulos de propiedad a los indígenas; y un programa de asentamientos con sus respectivos planes reguladores y sociales.

En relación con el tema de la vivienda para los indígenas, se enuncia el desarrollo de programas “…con el fin de preservar su cultura e insertarlas a través del desarrollo sustentable en la dinámica del mercado regional” (Martínez, 2004: 4), lo cual contrastó con lo que realmente se implementó. Para esta época se introdujo al territorio amazónico el bloque de cemento y la plancha de zinc, hecho que produjo alteraciones culturales por la conformación de pueblos sedentarios sin dependencia de la caza-recolección y la sustitución de las churuatas por viviendas rurales dispuestas sobre los bordes de los ríos (Gasparini y Margolies, 2002). El caso de la granja militar Yutajé en San Juan de Manapiare, centro cívico-militar con población ye´kwana es sugerente; estuvo dirigido a la conformación de un nuevo patrón que transformó al indígena en mano de obra barata, un neo sujeto explotado a similitud de las misiones religiosas (Revista Élite, 1971). El presumido desarrollo sustentable no dio su fruto, en su lugar se erigieron guarniciones y puntos de control militar en una enorme área del país (Perera, 2009).

4.6. La agenda fronteriza: Ciudad Cojoro y las Aldeas Rurales

Durante la última década del siglo, se diseñaron políticas que llevaban implícitas acciones de poblamiento en áreas habitadas por indígenas incentivando las inversiones y estrategias de seguridad para la integración fronteriza (Rodríguez y Colomine, 2004), como el Programa de Desarrollo y Consolidación de Ciudades y Subregiones Fronterizas que planteaba la integración física como base de sustentabilidad del desarrollo cuyos objetivos eran: la ordenación y planificación de centros poblados urbanos y rurales existentes y por crearse, con infraestructura vial, eléctrica y telecomunicaciones, economía, tecnología, industria y comercio, poblamiento, también debía establecer el régimen de tenencia y el aprovechamiento de recursos naturales.

Con base en esta política se planificó Aldea Cojoro o Ciudad Cojoro², concebida para los indígenas wayuu de La Guajira (Zulia), la cual fue instrumentada por el Consejo Nacional de Fronteras, diseñado y construido por el Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR) entre 1997 y 1998. Este poblado tuvo como objetivos el fortalecimiento de la integridad de la República, el desarrollo social de la etnia, dotación de viviendas y servicios básicos para mejorar su calidad de vida. En el papel, esta iniciativa se circunscribía a los lineamientos del Consejo Nacional de Fronteras, pero sus resultados apuntaron al divorcio de las condiciones objetivas de habitabilidad, a pesar de que se intentó darles voz a los wayuu en la definición del proyecto de vivienda mediante la participación de arquitectos de la etnia, asesorados por ingenieros de vivienda rural.

Un aspecto que garantizaría la sustentabilidad del asentamiento lo constituirían los conucos previstos en las amplias parcelas, donde además se recrearía la habitabilidad wayuu con sus corrales y jagüeyes. Sin embargo, su organización urbana no difiere de cualquier conjunto residencial de interés social, que omite la territorialidad wayuu que se expresa en viviendas dispersas para facilitar el manejo de los rebaños y reducir los riesgos de conflictos. Esta situación se agrava por el hecho de que en el proyecto se omitió la organización matrilineal por linajes y descentralizada, que dificultó la efectiva vinculación entre personas de diferentes clanes (Gráfico 2).

Como parte de la propaganda oficial, la alcaldía local junto al Instituto Nacional de Capacitación y Educación (INCE), dictaría cursos de formación en actividades propias y ajenas, como: reparación de motores, albañilería, artesanía de cuero de ovejo y elaboración de ladrillos de arcilla, además, refería que en una primera fase se construirían 100 viviendas de un total de 169, sin embargo, la realidad dio cuenta que sólo se edificaron 68. Para el año 2005 convivían solo 74 familias, algunas de ellas se rehusaron a vivir allí permanentemente por el requerimiento de patios más amplios, por la inseguridad, la necesidad de educación y la sequía. Así, Ciudad Cojoro se transformó en una suerte de poblado itinerante con casas deshabitadas de familias emigrantes que van de paseo (Hernández, 2005).


Proyecto y poblado actual
de Ciudad Cojoro.
Gráfico 2.
Proyecto y poblado actual de Ciudad Cojoro.
elaboración propia a partir de MSAS y Google Earth.

En el mismo orden de ideas, el Programa Extraordinario de Construcción de Aldeas Rurales fue otra de las políticas efectistas enmarcadas en este contexto social y de voluntad política. Según el Decreto Presidencial N° 140 del 4 de junio de 1974, se instituyen las Aldeas Rurales³ cuyos objetivos fueron:

(1) Acometer proyectos integrales de desarrollo agro-económico, concentrando la población dispersa en pequeños centros poblados y promoviendo el bienestar de la familia campesina; y (2) Resolver el problema del rancho campesino insalubre, dotándolo de una vivienda sana y contribuyendo a frenar el éxodo rural-urbano (MSAS, 1997).

El Instituto Agrario Nacional (IAN) ejecutaría los planes de inversión y resolvería la tenencia de la tierra y, por su parte, el MSAS ejecutaría la infraestructura urbanística, las viviendas y edificaciones comunales y la Federación Campesina de Venezuela (FCV) coordinaría la resolución de problemas gremiales y organizativos. En el fondo y atendiendo a sus objetivos, esta política intentó infructuosamente frenar el éxodo campesino hacia los grandes centros urbanos, además, mostró un rostro campesinizado de las comunidades y tributó al objetivo de nucleamiento perseguido desde los albores del poblamiento hispano. Algunas de estas aldeas concebidas para indígenas son: Río Negro (1974) con 100 viviendas y Guasare (1975) con 400 viviendas, ambas ubicadas en el estado Zulia para población wayuu (Fotografía 2).


Aldea Rural Río Negro (Zulia).
Fotografía 2.
Aldea Rural Río Negro (Zulia).
archivo personal (2014).


Vivienda tipo del PNVR.
Gráfico 3.
Vivienda tipo del PNVR.
elaboración propia.

5. El contexto de transición a la “indiocracia” (1989-1998)

La transición hacia el nuevo estamento político se dio entre la anomia y la filantropía, un enrarecido marco contextual que destacó por la persecución de los asuntos indígenas y satanización de sus aliados (antropólogos) y supresión de políticas, lo cual ocurría paradójicamente mientras se debatían los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Para el año 1989 se promulga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que asigna a los gobiernos regionales “…la protección de las comunidades indígenas atendiendo a la preservación de su tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre su territorio” (Art. 4, numeral 4). Sobre esta base, los organismos indigenistas promovían la filantropía y el proteccionismo exacerbando el exotismo científico-cultural indígena (Biord, 2009).

5.1. La Casa Indígena Yakariyene

El exotismo planteado, líneas arriba, permea en las actitudes estatales de concebir un hábitat adecuado para los pueblos indígenas, de manera que iniciando la década de los 80 del siglo pasado se construye durante el gobierno de L. Herrera, en el sector Paloma a orillas del caño Mánamo, la Casa Indígena Yakariyene 4 , establecida para mitigar los efectos del cierre del caño Mánamo. A pesar que albergaría a indígenas provenientes del interior del estado, sirvió de refugio permanente en condiciones de hacinamiento y promiscuidad, miseria, enfermedades infecto-contagiosas, desaseo y abandono, además, consumismo, alcoholismo y juegos de azar (Prieto, 1999). En el año 1992 la Gobernación del estado Delta Amacuro, junto con la Fiscalía Nacional Indigenista, aplica una metodología de micro-diagnóstico para resolver la situación de la infraestructura, cuyos resultados arrojaron una estrategia a corto plazo de reubicación de 54 familias en el sector Winikina en el bajo Delta y las 17 familias sin interés de regresar serían reubicadas en un parcelamiento en Tucupita. Posterior a la reubicación fallida, en 2002 el gobierno, a través del SAVIR, procedió a demolerla.

5.2. La Ley de Política Habitacional y el Consejo Nacional de la Vivienda

El segundo gobierno de C.A. Pérez destaca por el tratamiento de choque, la reforma del Estado y la reducción drástica del gobierno. Para entonces se promulga el Decreto Extraordinario de la Ley de Política Habitacional (LPH-1993) que inicia un período de cambios, descentralización y transferencia de competencias en materia de vivienda. La LPH estableció, entre otros preceptos: el ahorro habitacional obligatorio, la creación del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) el 14 de septiembre de 1989, ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR), sobre el cual recayó la definición de los planes y programas nacionales de vivienda.

La LPH estableció tres áreas de asistencia (Art. 7) para el establecimiento de incentivos y apoyo financiero público, que darían lugar a programas, tipos de soluciones y modalidades de financiamiento individual y colectivo. De los programas con incidencia indígena se desprenden las soluciones habitacionales, la sustitución de viviendas precarias y las viviendas productivas. De las lecciones de su aplicabilidad destaca el acto obligatorio a ser contribuyentes del Ahorro Habitacional (Art. 8, 19), a pesar de que se preveían normas para el Área I, que se infería adscribía estas comunidades.

Atendiendo a la crítica de Cilento (2008), la LPH resultó en una imperfecta ley de financiamiento incapaz de incrementar la producción de viviendas. Paradójicamente, mientras se promovía el financiamiento sin distinción cultural, por otro lado, se despreciaba la tenencia territorial y se invisibilizaba al indígena como herencia pretérita. Las actitudes de los funcionarios del ente rector para finales de la década se tornan en reflexión sobre el tema de la vivienda indígena, empujando un debate que reformaría la ley agregando un nuevo programa a los ya establecidos. El CONAVI comprendió el interés que las comunidades indígenas venían despertando en los ámbitos académicos, lo que fraguó los acontecimientos sin precedentes que se dieron después.

5.3. El salto adelante: resistencia y persistencia de las zonas de refugio

Ante las persistentes acciones terrófagas de compañías petroleras, forestales, carboníferas, grupos armados al margen de la ley y colonos de diversas latitudes por las tierras indígenas, se conformaron de manera intrínseca zonas de refugio. El caso más emblemático lo constituye la expulsión de los yukpa de la Sierra de Perijá (Zulia), donde sus aldeas se concentrarían en áreas inaccesibles, barrancos y ríos no navegables, arrinconadas hacia la serranía, donde aclaran la selva con rozas, tumbas y talas de árboles para poder sobrevivir (Mosonyi, 2009; Bastidas, 2002). Las zonas de refugio contemporáneas, a pesar de no comportar acciones para la construcción de viviendas, se constituye en una violenta política que intrínsecamente forzó la creación de un nuevo hábitat. Pueden catalogarse como zonas de refugio algunas comunidades aisladas warao y wayuu, yanomami, hotï y wotjüja. Con respecto a estos últimos, el repliegue a sitios inaccesibles en aislamiento relativo en las cabeceras de los ríos Cuao y Autana, fue ocasionado por la colonización del Orinoco de los dos últimos siglos.

5.4. La descoordinación institucional asistencialista

Para finales del siglo, el Estado, con su tejido gubernamental asistencialista, realizaba un último esfuerzo para recuperar el tiempo perdido en la retórica y en los debates institucionales. El accionar de las instituciones públicas y privadas se dio con intervenciones sin control del MINDUR, y descoordinación de otros entes que tenían su propia agenda asistencialista, como el caso de la construcción por parte de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) de 16 palafitos añú en El Barro, Laguna de Sinamaica (Zulia); una propuesta que empleó materiales duraderos con sus aciertos pero insuficiente ante la alta demanda (Servigna, 2000). Otra acción sin vinculación a un plan continuista fue el Proyecto Sierra de Perijá-Bakúgbarí, impulsado por la Dirección de Asuntos Indígenas en 1993, que atendió a los yukpa con 20 viviendas Tipo R-3 MINDUR; este programa no pasó de ser más que una política inadecuada y ante sus resultados fue abandonado (PIV, 2009c).

6. Conclusiones

Este recorrido, si bien no es conclusivo, deja abierto el debate para analizar los hechos a la luz de otros enfoques. Las políticas de vivienda concebidas para los pueblos indígenas durante la segunda mitad del siglo XX se enmascararon en las políticas oficiales que impactaron el hábitat indígena y que tenían objetivos velados que favorecía a la clase gobernante posterior a la dictadura perezjimenista. La modernidad trajo consigo la intensificación del usufructo de las tierras que fueron usurpadas mediante el egoísta proceso de extinción de los resguardos, interesaba la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura para la explotación minera en detrimento de una sociedad indígena diezmada. En ese accionar, se prolonga el paradigma de dominación bajo los mismos argumentos de incapacidad y su necesidad de integrarse a la sociedad y se instauran las políticas que aportó más nucleamientos y más etnocidio, invisibilizando al indígena que recibía sólo migajas. La resistencia indígena hizo frente a este infausto sistema con su estratégica huida hacia adelante para preservarse en las zonas de refugio, en un contexto de descoordinación estatal que empujó el nacimiento de una nueva era.

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Notas

1 Este trabajo forma parte de la investigación “Estudio de desarrollos habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, financiado por el FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación).

2 El poblado constó de 13 manzanas de forma rectangular, ocupando un área de 46,90 hectáreas, donde se distribuyeron 169 parcelas (30 m x 50 m cada una) para el área residencial para un total de 1.500 m2. Se proyectó un sólo tipo de vivienda, ordenadas de dos en dos, que constaría de tres ambientes: área de dormir (cerrada), área de trabajo (semi-abierto) y área de cocina (cerrada), con dotación de servicios básicos (agua potable mediante planta desalinizadora, aguas servidas por sistema de zanjas filtrantes y electricidad por plantas eléctricas particulares) (MSAS, 1997). El poblado contaría, además, con una plaza, templo religioso, ambulatorio rural tipo I, edificaciones militares, escuela, hogar de cuidado diario, molino y un centro comunitario. El poblado no contó con vialidad asfaltada y a algunas viviendas se les agregaron enramadas y corrales.

3 Consistió en urbanismos con parcelas acondicionadas con servicios básicos, plazas, parques, arborización y viviendas tipo 68-01-01 de 78 m2 (constó de recibo, tres dormitorios, comedor, cocina, sanitario, lavadero y corredor), con edificaciones comunales (kinder, escuela, medicatura, casa comunal, salas de usos múltiples, locales comerciales, capillas, oficinas públicas, áreas deportivas, parques infantiles) (MSAS, 1974).

4 Estuvo conformada por dos casas vinculadas visualmente, de estructura en hierro simulando una vivienda tradicional warao, techo de láminas coverit y piso de cemento. Contó con un ambulatorio urbano tipo II para la atención de los pobladores residentes y en tránsito y una estructura para actividades educativas, cancha deportiva con graderías, ocho baños, 24 fogones, bateas y fregaderos de uso común.

Notas de autor

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)

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