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El propósito del artículo es encontrar las causas por las cuales la contratación de obras públicas de infraestructura en Colombia es conflictiva, poco eficaz e ineficiente. Varios factores conspiran para que, casi sin excepción, todas las grandes obras de infraestructura terminen en los tribunales; el factor primordial es la desatención a la teoría económica prevalente en la ley 80 de 1993. El artículo intenta diseñar un modelo formal de las organizaciones estatales encargadas de construir obras de infraestructura, formular las condiciones en las cuales a una entidad estatal le conviene la integración vertical y cuándo lo mejor es subcontratar bienes y servicios; así mismo, busca hacer recomendaciones de política para mejorar el proceso de contratación pública en Colombia. Se concluye que tanto la integración vertical como la subcontratación tienen ventajas y desventajas. La ley 80 refleja una actitud ideológica, más que un cálculo económico, en lo que se refiere a las estructuras organizacionales de las entidades públicas. Cuando ordena escoger al mejor proponente, la ley se basa en la teoría económica clásica y entra en contradicción con la realidad, y la realidad prevalece mediante la renegociación de los términos del contrato, la dificultad para aplicarla y los incentivos equivocados para los contratistas. La ley ofrece un contrato único, que es incompleto y condena al gobierno a unos resultados subóptimos. Por ello, debería prever una gama de contratos tipo, jerarquizados según su grado de la completitud.

Palabras clave: contratación, modelos económicos.
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Universidad Autónoma del Estado de México
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Versión 3.0 | 2017
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