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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Dirección Nacional de Escuelas
/Vicerrectoría de Investigación
III.
Artículos
de revisión
127
Revista LOGOS
CIENCIA
& TECNOLOGÍA
ISSN 2145-549X, Vol 3. No. 1, Junio – Diciembre, 2011
Resumen
El femicidio/feminicidio nace en el marco de la
violencia extrema contra las mujeres, como con
-
cepto que la visibiliza, y se ha desarrollado con
la fundamentación de las corrientes feministas
posicionándolo políticamente a tal punto que
obtuvo la sanción y protección de instrumentos
internacionales; igualmente, en razón a la pre
-
ocupación de los Estados por este fenómeno y
sus
repercusiones.
Países
latinoamericanos
han
desarrollado legislaciones internas en el campo
penal para evitar estas conductas; sin embargo,
Colombia no ha sido una de ellas, y actualmente,
aunque ha implementado varias normas en pro
de la protección de las mujeres, se encuentra en
el debate y asimilación de dicho concepto.
Palabras clave
Femicidio,
feminicidio,
patriarcado,
tipi±cación,
violencia contra las mujeres.
Abstract
Femicide/femicide borns in the context of extre
-
me violence against women as a concept that
Nayibe Paola Jiménez Rodríguez**
Femicidio/Feminicidio: Una Salida
Emergente de las Mujeres Frente
a la Violencia Ejercida en Contra
de Ellas
*
Femicide/feminicide: an emergent way out against
women violence against them
Femic
í
dio/feminic
í
dio: una sa
í
da emergente das
mulheres frente à violência exercida contra elas
Fecha de recepción: 27 de septiembre de 2011
Fecha de aceptación: 28 de octubre de 2011
*
Artículo de Investigación desarrollado en el “Grupo
de Investigación en Derechos Humanos Antonio Na
-
riño y Álvarez”, registro Colciencias COL0053849 (Ca
-
tegoría B - 2010), Universidad Autónoma de Colom
-
bia - Universidad Pedagógica Nacional - Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
**
Abogada y Especialista en Derecho Público Universi
-
dad Autónoma de Colombia. Máster © en Derechos
Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Ibe
-
roamérica, Universidad de Alcalá (España). Diplomado
en Género, Justicia y Estrategias de Litigio. E-mail:
napojiro@yahoo.es.
Revista LOGOS CIENCIA
& TECNOLOGÍA ISSN 2145-549X,
Vol 3. No. 1, Junio – Diciembre, 2011,
pp. 127-148
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ISSN 2145-549X, Vol 3. No. 1, Julio – Diciembre, 2011
makes visible, and has been developed with the
foundation of the feminist movements positio-
ning them politically at the point which obtained
the sanction and protection of international ins-
truments, likewise in reason for the concern of the
states for this phenomenon and its implications,
Latin American countries have developed domes-
tic legislations in the criminal feld to avoid these
behaviors, nonetheless Colombia has not been
one of them and nowadays although it has imple-
mented several standards in favor of the protec-
tion of women, it is in the debate and assimilation
of the above mentioned concept.
Key words
Femicide, patriarchy, criminality, violence against
women.
Resumo
O femicídio/feminicídio nasce como marco extremo
da violência contra as mulheres, como um concei-
to que a torna visível e que se desenvolveu com a
fundamentação das correntes feministas, posicio-
nando-o politicamente a tal ponto que obteve a
sanção e proteção de instrumentos internacionais,
igualmente em razão à preocupação dos Estados
por este fenômeno e suas repercussões. Países la-
tinoamericanos desenvolveram legislações internas
no campo penal que coíbem essas condutas, no en-
tanto, a Colômbia não foi um desses e, atualmente,
ainda que tenha implementado várias normas em
prol das mulheres, ainda encontra-se em debate a
assimilação do referido conceito.
Palavras-Chave:
Femicídio/±eminicídio, patriarcado, tipifcação, vio
-
lência contra as mulheres.
INTRODUCCIÓN
En el mundo entero la violencia y la discriminación
contra la mujer se han venido naturalizando como
un ejercicio que se origina en el poder desarrollado
de las relaciones inequitativas entre mujeres y hom-
bres, acciones que afectan la dignidad, la vida y la
integridad de las mujeres en diversas formas, y que
se nos hace creer que forman parte de la existencia
de las mujeres.
A pesar de ello, la internacionalización de los dere-
chos humanos ha venido impulsando la denuncia de
estos hechos, ha obtenido la activación de procesos
de reconocimiento de algunos sectores sociales –en
especial de mujeres y de algunos Estados, de la vio-
lencia contra las mujeres–, ha tomado conciencia de
que las mujeres no solo son violentadas cotidiana-
mente, sino que mueren permanentemente por el
hecho de serlo.
Esta reacción ha traído consigo que corrientes
feministas debatan la situación y construyan un
concepto que contempla la muerte de las muje-
res por el hecho de serlo, así como la violencia
extrema en contra de ellas, al que se le denominó
femicidio/feminicidio.
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El problema de investigación recae en el análisis
conceptual del fenómeno del femicidio/feminicidio,
junto con su concientización y alcances globales en
el ámbito internacional y nacional.
2. METODOLOGÍA
El tema se desarrolla a partir de la revisión de la
literatura que se encuentra en español, aclarando
que como se trata de un fenómeno mundial, buena
parte de la literatura desarrollada está en inglés, y
se realiza de esta manera, ya que la intención del
texto recae en el análisis de elementos latinoameri-
canos que permitan la re²exión y discusión de una
propuesta de tipifcación del ±emicidio/±eminicidio
para Colombia.
2.1 Metodología cualitativa
El método empleado en la presente investigación
se denomina investigación cualitativa, método que
busca establecer cuáles son las ópticas que se han
desarrollado sobre el tema para concebir y mirar
las distintas realidades que lo componen, así como
también comprender la lógica de los caminos que
se han construido para producir, intencionada y
metódicamente conocimiento, sobre ellas (Sando-
val Casilimas, 1996, 27).
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La investigación cualitativa estuvo integrada por
cuatro procesos cognoscitivos: comprensión, sín
-
tesis, teorización y recontextualización (Ramírez
Llerena,
2000,
319),
y
tiene
como
fundamen
-
to la comprensión del acto social que per-
mite construir conocimiento sobre la realidad
social “Esto es la estructura de motivaciones que
tienen los sujetos, la meta que persiguen, el
propósito que orienta su conducta, los valores,
sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un
Fn determinado”, a través del proceso deFnido
por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y
Jean-Claude Passeron como “El proceso interrela
-
cionado que deconstruye teóricamente las nocio-
nes espontáneas y, simultáneamente, reconstruye
la realidad en forma conceptual por la ciencia.
Se trata de desprenderse y superar el saber in
-
mediato, constituido por los sentidos, para poder
llegar al conocimiento profundo, cientíFco de la
realidad” (Ibáñez, 1986, 21).
3. RESULTADOS
3.1 Denominación de la violencia en contra
de las mujeres
Antiguamente se empleaba el término
uxoricidio
para referirse a las muertes de mujeres causadas
por los esposos, que tenían como fundamento
los celos, hechos que en algunas sociedades son
vistos como asesinatos de menor importancia al
considerar que esta reacción es la debida para
el esposo en caso de adulterio.
Luego,
con
el
tiempo
y
sin
identiFcar
sobre
quién se ejerciera la violencia, se reemplazó con
el nombre
conyugicidio
para referirse al crimen
del cónyuge, fuese hombre o mujer, para con
-
cluir con el concepto de homicidio o muerte
no natural de un hombre, término que incluía
a las mujeres. Así, el asesinato de mujeres se
fue invisibilizando para las estadísticas y políticas
institucionales.
Ante este grave suceso y con urgente necesidad
de poner en evidencia la muerte de mujeres por
razones de su sexo, autoras feministas crearon
una concreta categoría para denominar este he-
cho, utilizaron el vocablo
femicidio/feminicidio
3.2 ¿Femicidio vs. Feminicidio?
El término femicidio se origina en el desarrollo de
las teorías feministas, proveniente de las autoras
Diana Russell y Jill Radford de su obra
±emicide.
The Policies of Woman Killing
, al igual que de
Mary Anne Warren en 1985 en su libro
Genderci-
de: The Implications of Sex Selection,
noción que
a los misteriosos ho-
Marcela
Lagarde,
fe
-
minista,
concepto para denun-
estos delitos.
±emicidio fue el tér
-
mino
utilizado
violentos
en contra de las mu-
jeres,
empleado
primera vez en Bru
-
selas
en
1976
la
feminista
Russell al testimo-
Internacional
Crímenes
contra
Mujeres, y luego uti
-
Warren
en
1985
su libro
The
Implications
Sex Selection.
El fe-
micidio recoge, en su concepto amplio, el asesi-
nato de fetos femeninos (feticidio), niñas (infanti-
cidio), adolescentes y mujeres por el solo hecho
de serlo, es decir, por ser del sexo femenino. El
femicidio puede ser cometido tanto por hombres
como por mujeres.
En 1992, Jill Radford y Diana Russell en su clásico
texto
±emicide
describen que el femicidio es una
Femicidio fue el término
utilizado para describir
los hechos violentos
cometidos en contra de
las mujeres, empleado
por primera vez en
Bruselas en 1976 por la
feminista Diana Russell
al testimoniar ante el
Tribunal Internacional
sobre Crímenes contra
las Mujeres, y luego
utilizado por Mary Anne
Warren en 1985 en
su libro Gendercide:
The Implications of
Sex Selection. El
femicidio recoge, en
su concepto amplio,
el asesinato de fetos
femeninos (feticidio),
niñas (infanticidio),
adolescentes y mujeres
por el solo hecho de
serlo, es decir, por ser
del sexo femenino.
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de las dimensiones “(.
..) más desgarradoras y sen-
sitivas de la violencia masculina (.
..)” y se ubica en
“(.
..) el extremo fnal del terror contra las mujeres,
el cual incluye una gran variedad de abusos ver
-
bales y Físicos, como la violación, la tortura, la es
-
clavitud sexual, el incesto y el abuso sexual inFantil
extraFamiliar, al igual que la agresión psicológica
(...)” (I inForme regional: situación y análisis del
Femicidio en la región centroamericana 2006, 34).
Sin embargo, en América Latina, Marcela Lagarde
prefrió Feminicidio para denominar así el conjun
-
to de delitos de lesa humanidad que contiene los
crímenes, los secuestros y las desapariciones de
niñas y mujeres en un cuadro de colapso institu
-
cional (Lagarde 2006,
281),
en
un
cuadro
de impunidad, y Julia
Monárrez,
igualmente
refriéndose a Femini
-
cidios, argumenta que
“(.
..) el término debe
aplicarse por la ne-
cesidad de hacer vi
-
sibles a las mujeres,
tanto desde la óptica
de la palabra, como
del crimen que se ha
cometido en contra
de ellas”.
Vale aclarar que grandes autoras como Ana Car
-
cedo y Montserrat Sagot (2000) reivindican el
término femicidio, buscando relacionar los crí-
menes con la violencia suFrida por las mujeres
en los diFerentes ámbitos de su vida social, más
que con la impunidad que los rodea.
3.2.1 Conceptualización
No existe consenso sobre el concepto del Fe
-
minicidio/Femicidio en la doctrina y en las diFe
-
rentes corrientes del movimiento Feminista; sin
embargo, no puede negarse el progreso en la
consolidación de su noción política.
Bajo las anteriores consideraciones se ha cons
-
truido el término femicidio como un término
jurídico, con connotaciones políticas para iden
-
tifcar y denunciar los asesinatos de las mujeres
como resultado extremo de la violencia, asesi
-
natos de mujeres por el hecho de serlo, que se
producen tanto en el ámbito privado como en el
público, ya que no solo se ejecutan en el terre
-
no de victimarios conocidos, sino también des
-
conocidos; es la violencia basada en la inequidad
de sexos, entendida como aquella ejercida por
los hombres hacia las mujeres en su deseo de
adquirir poder, dominación o control.
Según
Marcela
Lagarde,
el
Feminicidio
sucede
cuando las condiciones históricas generan prác-
ticas
sociales
agresivas
y
hostiles
que
atentan
contra la integridad, el desarrollo, la salud, las
libertades y la vida de las mujeres, e implican
según René Jiménez (2006) que las mujeres son
utilizables, prescindibles, maltratables y desecha
-
bles, ya que los femicidios tienen en común una
infnita crueldad y un odio desmedido hacia ellas.
Rita Segato, por su parte (2006), explica que esta
reacción de odio se desenlaza cuando la mujer
ejerce autonomía sobre su cuerpo, o cuando ac
-
cede a posiciones de autoridad o poder, bien sea
en lo económico o en lo político, que tradicional-
mente han sido ocupadas por hombres. Además,
explica que son crímenes de poder cuya inten
-
cionalidad de matar o simplemente herir o hacer
suFrir no defne diFerencias, por lo que a veces es
un resultado no buscado deliberadamente por el
agresor (Segato, 2006); de allí que el Femicidio se
caracterice como un crimen de odio.
La importancia de darles el nombre de Femi
-
nicidio a los homicidios cometidos contra las
mujeres radica en que el término desarticula los
argumentos de que la violencia de sexo es un
asunto personal o privado y muestra su carácter
profundamente social y político, resultado de las
relaciones estructurales de poder, dominación y
privilegio entre los hombres y las mujeres en la
sociedad (Carcedo y Sagot 2000, 10).
Tipos de femicidio
Las autoras RadFord y Russell han clasifcado el
Femicidio en tres categorías:
Vale aclarar que grandes
autoras como Ana
Carcedo y Montserrat
Sagot (2000) reivindican
el término femicidio,
buscando relacionar los
crímenes con la violencia
sufrida por las mujeres
en los diferentes ámbitos
de su vida social, más
que con la impunidad
que los rodea.
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a.
Femicidio íntimo: hace referencia a los ase
-
sinatos cometidos por hombres con quienes la
víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar,
de convivencia o afín.
b.
Femicidio no íntimo: asesinato cometido por
hombres con quienes la víctima no tenía rela
-
ciones íntimas, familiares, de convivencia o a±
-
nes (por lo general, este comprende un ataque
sexual previo), y
c.
Femicidio por conexión: se re±ere a mujeres
que fueron asesinadas
‘en línea de fuego’ de
un hombre tratando de matar a una mujer. Son
casos de parientas, niñas y otras mujeres que
intervinieron para evitar el hecho que fueron
atrapadas en la acción del femicida (Radford y
Russell, 1992 en Carcedo y Sagot, 2000, 10).
3.3 Fundamentación del femicidio desde la
perspectiva feminista: origen
El femicidio no ha sido incluido en las leyes
ni códigos penales en la mayoría de los países
latinoamericanos, pues este es una noción que
se
utiliza
propiamente
en
ámbitos
feministas,
políticos y académicos, y su estudio incluye a los
agresores individuales, las estructuras estatales y
estructuras jurídicas (Muralles, 2005).
Las corrientes feministas otorgan la responsabili
-
dad de la ocurrencia de estos hechos (femicidios)
al sistema denominado “
patriarcado
”, ya que los
asesinatos de mujeres constituyen un ejercicio
de poder desde el poder mismo, cuya ±nalidad
es la dominación, la imposición y la apropiación
de los cuerpos de las mujeres; es una institu
-
ción sostenida en el control del cuerpo y la
capacidad punitiva sobre las mujeres, y con ello
contribuyen a demostrar, de forma fehaciente, la
dimensión política que expresan estos asesinatos
de mujeres en un medio dominado por la cul
-
tura e institucionalidad patriarcal, que atribuye
menos valor a la vida de las mujeres y propicia
la subyacente justi±cación a los crímenes de que
son objeto. (Cladem 2008, 105).
La ideología patriarcal se ha reproducido durante
siglos por la educación, la religión y el Estado
conjuntamente, y sigue siendo permanente en
las percepciones y actitudes machistas que res-
paldan la discriminación y el menosprecio hacia
las mujeres como mecanismo cultural para su
control y opresión.
El feminicidio y la violencia que lo identi±ca
expresa la desigualdad e inequidad del poder
entre hombres y mu-
jeres como una rea
-
lidad que ha perma-
siglos,
vista
desigualdad de dere-
mujeres
siempre
los hombres, pensan-
capacitadas para dis-
resaltando las dife-
rencias apoyadas en
los estereotipos de sexo y conservando las es
-
tructuras de dominio que se derivan de estos.
De esta forma, el poder patriarcal se mantiene y
se perpetúa por medio de la violencia de sexo
a que venimos haciendo referencia; la ±nalidad
de aquel es conservar la autoridad y controlar al
colectivo femenino con base en diversos meca
-
nismos que nos son familiares, desde la división
del trabajo y la doble jornada hasta la violencia
física y la muerte (Mariana Berlanga, 2009).
Desde
esta
visión,
el
Estado
es
el
ente
que
ha legitimado considerar la violencia contra las
mujeres como un problema familiar privado res
-
pecto del cual el Estado no tiene ninguna res-
ponsabilidad, pues su rol primordial es tratar a
mujeres y hombres bajo un supuesto principio
de igualdad que opera sólo en la esfera pública
y contempla las violaciones de derechos huma
-
nos de las mujeres en el contexto de la familia,
La ideología patriarcal se
ha reproducido durante
siglos por la educación,
la religión y el Estado
conjuntamente, y sigue
siendo permanente
en las percepciones
y actitudes machistas
que respaldan la
discriminación y el
menosprecio hacia
las mujeres como
mecanismo cultural para
su control y opresión.
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por fuera de su órbita de responsabilidad (Cla-
dem, 2008. 102).
Finalmente el feminicidio constituye una guerra
en contra de las mujeres que exige el inicio de
relaciones menos desiguales, que exige el vín-
culo de redes de protección entre las mismas
mujeres que permita constituir una alternativa de
convivencia entre la sociedad y que evite repetir
fenómenos de esta categoría.
3.4 Femicidio: conducta punitiva
Varios países latinoamericanos evidencian que
si bien la condición en que viven las mujeres
ha mejorado en los últimos treinta años, los es-
tudios sobre violencia
desarrollados desde el
enfoque legal y de
derechos
establecen
que aún subsisten la
discriminación y exclu-
sión, sobre todo a las
mujeres que reúnen
la condición de indí-
genas o afrodescen-
dientes, pobres o ex-
tremadamente pobres,
monolingües y que
viven en las zonas
rurales (Cladem 2008,
28). Estas afrmaciones
están soportadas en
importantes investiga-
ciones
psicosociales,
como “Violencia en la relaciones de pareja: una
búsqueda en la subjetividad de las mujeres”, de
Marisol Vega (1995), y “Yo actuaba como varón
solamente”, de Rafael León y Marga Stahr (1995),
en el que se analiza el discurso de las personas
presas por haber cometido violaciones sexuales.
De la misma forma, para las diferentes organi-
zaciones de mujeres, organismos internacionales
e instituciones del Estado, la violencia contra las
mujeres es una preocupación constante que ge-
nera diversidad de informes, encuestas, reportes
de derechos humanos, diagnósticos cualitativos y
cuantitativos, etc. (Cladem 2008, 233).
Frente a esta realidad regional, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en su informe
“Acceso a la justicia para las mujeres víctimas
de violencia en las Américas” ha señalado como
deber de los Estados la provisión de recursos
judiciales para remediar las violaciones de dere-
chos humanos denunciados (Cladem 2008, 26),
frente a lo cual una propuesta relevante sería
incluir la conducta femicidio en la legislación
penal, lo que nos asignaría la tarea de tipifcar
la conducta.
3.4.1 Tipifcación
1
del femicidio
Si bien el concepto de feminicidio/femicidio se
encuentra en proceso de construcción, es evi-
dente la existencia de una base conceptual que
permite su denuncia y la generación de pro-
puestas, así que políticamente no hay duda de
que se trata de homicidios o asesinatos en una
sociedad patriarcal o machista que esconde el
desprecio por las mujeres y que están sustenta-
dos en la necesidad de controlar sus vidas, es-
pecialmente su sexualidad; todo ello en el marco
de un Estado que no cumple con su deber de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (Cladem, 2008, 34).
Para iniciar, se hace necesario erradicar el tér-
mino ‘delito pasional’ por ser un concepto mi-
sógino, puesto que esconde todo el sistema de
dominación patriarcal y por lo tanto persigue el
hecho de mantener a las mujeres subordinadas,
dicho esto frente la ‘romantización’ por parte
de los medios de comunicación sobre los casos
de feminicidio/femicidio íntimo. Presentar esta
violación de derechos humanos contra las mu-
jeres como crímenes pasionales en los que los
hombres asesinan a las mujeres por el
‘incon-
mensurable amor’ que les tienen produce dos
perversos efectos: a) Trivializa los crímenes, que
terminan justifcándose y responsabilizando por
esta comisión a las víctimas, banaliza los hechos
y da percepciones como “la muerte de Andrea
fue un crimen pasional producto de los celos”
Frente a esta realidad
regional, la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos en
su informe “Acceso a la
justicia para las mujeres
víctimas de violencia
en las Américas” ha
señalado como deber de
los Estados la provisión
de recursos judiciales
para remediar las
violaciones de derechos
humanos denunciados
(Cladem 2008, 26).
1
La tipifcación o tipo penal hace reFerencia a la des
-
cripción de los actos que se consideran como delito
y a los cuales se les asigna una pena o sanción.
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o “el homicida actuó llevado por una pasión
incontrolable”, como comúnmente se muestran,
y b) Se regresa a las antiguas eximentes de res-
ponsabilidad que existían (y existen) en algunos
países de América Latina que exoneraban de
responsabilidad penal al marido que sorprendía
a su mujer en el delito de adulterio, supuesta-
mente amparado por el impulso irresistible de
recuperar el honor familiar (Antony, 2011, 12).
Sobre la tipifcación del Feminicidio como un
delito autónomo, cabe señalar que es necesaria
la creación de un espacio que permita el debate
a nivel doctrinal, donde se tome en cuenta no
solo la problemática del feminicidio, sino también
los principios fundamentales de la doctrina penal
relacionados con el poder punitivo en el contex-
to de un Estado democrático, donde la premisa
señala que el control social mediante la norma
penal debe ser la última herramienta ante el fra-
caso de otros medios sociales de control. Parece
que tipifcar esta fgura como autónoma es una
forma más de enfrentar estas conductas ilícitas.
Resulta fundamental llevar este debate al ámbito
político, dado que los cambios normativos tam-
bién tienen un soporte cultural. Desde la perspec-
tiva crítica del Derecho se asume que la norma
no es neutral, ya que consta de aspectos políticos
en su elaboración. En este sentido resulta funda-
mental la sensibilización de los agentes políticos
y de los operadores de justicia, para incluir la
problemática del feminicidio en el sistema norma-
tivo nacional en armonía con la doctrina penal,
tomando en cuenta el trasfondo cultural que
subyace en estos crímenes (Cladem 2008, 213).
Como asevera la magíster Patsili Toledo, la efec-
tividad de las leyes penales no existe más que
en lo cultural y simbólico; el resto son las po-
líticas públicas que deben implementarse. Las
demandas más exigentes sobre tipifcación del
femicidio no generan más impunidad, solamente
pretenden que sus sanciones se califquen como
homicidios agravados (Toledo, 2008).
De acuerdo al Derecho Penal y a ciertas pro-
posiciones desde la Criminología Crítica, Zaffa-
roni nos alerta del peligro de producir leyes
penales más severas, que estarían legitimando
aún más el poder punitivo verticalizante, más
allá de su valor simbólico. ZaFFaroni justifca la
utilización de esta herramienta jurídica solo en
forma limitada y además prudente, como una
estrategia más para deconstruir y neutralizar
la jerarquización social discriminatoria (Zaffaroni,
2000, 36-37).
Al
respecto,
debe tener en cuen-
ta que una legisla-
estándares
interna-
las Formas de Dis-
Mujer y por la Con-
vención para preve-
nir, sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer, y que previamente a introducirla se debe
analizar si existe o no en la reglamentación
penal vigente, qué circunstancias la delimitan y,
por supuesto, debe respetar la proporcionalidad
de las penas.
Un argumento más a favor de la penalización
es que refuerza el cambio de las posturas pa-
triarcales de algunos jueces y juezas, los obliga
a fundamentar sus fallos sobre la descripción
del delito, evita la argumentación con el uso
de conceptos como ‘la emoción incontrolable’ o
‘desborde de los sentidos’ e impide que no se
sancione adecuadamente la conducta punitiva o
se utilicen atenuantes que invisibilizan la violen-
cia extrema contra las mujeres.
Visibilizar el femicidio permite que se conozca la
real magnitud de esta conducta ilícita, contribu-
ye a abrir los espacios de repercusiones de los
homicidios de mujeres cometidos no solo por
parte de sus parejas o exparejas, sino los de
aquellas que ejercen la prostitución, o son ase-
sinadas después de haber sido violadas, o son
Presentar esta violación
de derechos humanos
contra las mujeres como
crímenes pasionales
en los que los hombres
asesinan a las mujeres
por el
‘inconmensurable
amor’ que les tienen
produce dos perversos
efectos.
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víctimas de otras conductas de violencia sexual
(Antony 2011, 13).
Ahora bien, de mantener la fgura del homicidio
califcado, habría que ampliar los sujetos pasivos
al conviviente o, mejor aún, a quien tenga “una
relación
análoga
de
aFectividad”,
que
cubriría
un espectro más amplio respecto a situaciones
como por ejemplo el conviviente que ha dejado
el hogar común, o con quien se ha tenido hi-
jos comunes, o ha mantenido o mantiene este
tipo de relación. También debería cubrir otras
víctimas como los ascendientes, descendientes o
sujetos de notoria dependencia o situación de
desamparo respecto de quien causó su muerte
(Antony 2011, 13).
En el mismo orden
de ideas, debería, en
tal suposición, incor-
porar la atenuante
para
el
autor/a
del
delito que se haya
encontrado en noto-
ria dependencia, gra-
ve desamparo o hu
-
biere sido objeto de
su parte de reiterada
violencia intraFamiliar.
Esta
atenuante
se
aplicaría por razones de igualdad, pero bene
-
fciaría mayoritariamente más a mujeres que a
hombres (Proyecto Sernam, 2008).
No es Fácil contestar la pregunta ni tomar al
-
guna postura defnitiva Frente al Femicidio, pero
lo que sí es claro es que la sola creación de
la ley no va a solucionar o mejorar mayormen
-
te los actos violentos contra la mujer si no se
acompañan
con
políticas
preventivas
que
pri
-
vilegien la protección. También se necesita un
sistema judicial sensibilizado y preparado desde
la perspectiva de los sexos, pero sobre todo que
Funcione (Antony 2011, 13).
Esta
concepción
amplia
del
Femicidio/Feminici
-
dio ayudaría a visibilizar una realidad que nos
agobia y que ha permanecido oculta. Utilizar un
término genérico no complicado recoge además
la
multiplicidad
de
las
variables
que
pueden
producirse buscando el criterio de protección.
Se trata de considerar la mayor vulnerabilidad
de factores como etnia, credo religioso, opinión
pública, edad, opción sexual, existencia o no de
relación de parentesco con la víctima, etc. Por
otro lado, debemos evitar un tipo penal abierto
que vulnere el principio de legalidad, por lo que
requiere
mayor
especifcidad
en
su
redacción
(Antony 2011, 15).
La tratadista Carcedo ha señalado como elemen
-
tos para considerar en la defnición del nuevo
tipo los siguientes (Carcedo y Sagot, 2000):
Término preciso que delimite:
• No puede ser una defnición taxativa cerrada
a priori, siempre pueden surgir Formas nuevas.
• La relación de pareja, Familiar y el ataque
sexual son contextos de Femicidios en todas las
sociedades.
• Para determinar si un homicidio de mujer es
Femicidio/Feminicidio se requiere conocer quién
lo comete, cómo lo hace y en qué contexto (no
siempre se tiene toda la información, pero hay
indicadores).
• Un criterio básico (no único): si el hecho de
ser la víctima una mujer es necesario para que
el asesinato se dé.
• Otro aspecto de especial consideración, desde
Carcedo, es lo relacionado con la posibilidad de
comisión de Femicidios/Feminicidios por parte del
Estado.
3.4.2 Derecho comparado
Algunos de los países que han reglamentado
el Femicidio hasta el momento son Chile, Costa
Rica, Guatemala y El Salvador, diseñado cada
uno teniendo en cuenta sus respectivas caracte
-
rísticas, contextos y escenarios, lo cual hace que
no haya uniformidad en las reglamentaciones.
Costa Rica
Costa Rica se considera junto con Guatemala
como pionero en penalizar la violencia contra la
Se trata de considerar
la mayor vulnerabilidad
de factores como etnia,
credo religioso, opinión
pública, edad, opción
sexual, existencia
o no de relación de
parentesco con la
víctima, etc.
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III.
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mujer. En su Ley 8589 del año 2007 contempla
el femicidio como “quien dé muerte a una mujer
con la que mantenga una relación de matrimo-
nio, en unión de hecho, declarada o no”, y de
acuerdo a la clasiFcación, tan solo conceptualiza
el femicidio íntimo.
Chile
Chile
recientemente
con
su
Ley
20480
del
2010, que modifica el Código Penal, describe
el concepto así: “El que mate a una persona
con la que tiene o ha mantenido una relación
de convivencia o vínculo matrimonial, o tiene
un hijo en común, el delito tendrá el nombre
de femicidio”. Igualmente, regula la conducta
bajo la clase de femicidio íntimo y no con
-
templa homicidios de personas que mantienen
o mantenían una relación de pareja con el
autor del delito.
Guatemala
En razón a los frecuentes, reiterativos y múltiples
hechos de violencia en contra de la mujer, la
legislación guatemalteca, por medio del Decreto
22 del 2008, estableció como femicidio: “Quien
en el marco de las relaciones de poder entre
hombres y mujeres diera muerte a una mujer,
por su condición de mujer, valiéndose de las
siguientes circunstancias:
Haber pretendido infructuosamente establecer
o restablecer una relación de pareja e intimidad
con la víctima.
Mantener en la época en que se perpetre el
hecho, o haber mantenido, con la víctima rela
-
ciones familiares, conyugales, de convivencia, de
intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral.
• Como resultado de la reiterada manifestación
de violencia en contra de la víctima.
• Como resultado de ritos grupales usando o
no armas de cualquier tipo.
• En
menosprecio
del
cuerpo
de
la
víctima,
para satisfacción de instintos sexuales o come
-
tiendo actos de mutilación genital o cualquier
otro tipo de mutilación.
• Por misoginia”
2
.
Contempla la legislación las categorías de femi
-
cidios íntimos, no íntimos y por conexión; deja
afuera el femicidio cometido por agentes del
Estado.
El Salvador
El Salvador aprueba en noviembre del 2002 la
denominada “Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia”, en la que sanciona como
femicida a “Quien causare la muerte a una mu-
jer mediando motivos de odio o menosprecio
por su condición de mujer, considerando como
circunstancias de odio o menosprecio las si-
guientes:
Que a la muerte le haya precedido algún
incidente
de
violencia
cometido
por
el
autor
contra la mujer, independientemente de que el
hecho haya sido denunciado o no por la víctima.
• Que
el
autor
se
hubiese
aprovechado
de
cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad
física o psíquica en que se encontraba la mujer
víctima.
• Que el autor se hubiera aprovechado de la
superioridad que generaban las relaciones des-
iguales de poder basadas en el sexo.
• Que previo a la muerte de la mujer, el autor
hubiere cometido contra ella cualquier conducta
caliFcada como delito contra la libertad sexual.
• La muerte precedida de mutilación”.
Igualmente,
establece
circunstancias
agravantes
del femicidio que pueden elevar la pena hasta
cincuenta años. Y el suicidio feminicida por in-
ducción o ayuda.
Como fue nombrado no es suFciente incorporar
reformas legales solo en lo penal; se hacen necesa
-
rias reformas integrales de mandatos que expresen
discriminación violatoria de la dignidad humana.
3.4.3 Políticas públicas adecuadas para
prevenir los femicidios
Las políticas públicas dirigidas a las mujeres de
-
ben contemplar la protección tanto en el ámbito
2
Aversión u odio a las mujeres.
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público como en el privado, y no pueden ser las
mismas en todos los países y regiones, porque
las circunstancias y contextos bajo los cuales se
ejecutan los femicidios/feminicidios no tienen los
mismos antecedentes ni el mismo desarrollo.
Toda política pública debe generarse con pers-
pectiva de sexo, mucho más teniendo en cuenta
la
especial
situación
de
vulnerabilidad
de
las
mujeres y el entorno discriminatorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha destacado la importancia de este enfoque al
desarrollar la sentencia sobre el Campo Algodo
-
nero bajo los siguientes criterios: La perspectiva
de
género
es
el
proceso
de
valorar
las
im
-
plicaciones que tiene
para los hombres y
para las mujeres cual
-
quier acción que se
planiFque, analizando
los diferentes intere-
ses entre hombres y
mujeres, y sus respec
-
tivas
realidades
eco
-
nómicas, sociales y
culturales, como tam-
bién tomar en cuenta
la diversidad y las di
-
ferencias entre los sexos, características que deben
integrarse a la legislación, políticas y programas.
La perspectiva de género es una estrategia para
conseguir que las preocupaciones y experiencias
de las mujeres, al igual que las de los hombres,
sean parte integrante en la elaboración, puesta
en marcha, control y evaluación de las políticas
y de los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las mujeres
y los hombres puedan beneFciarse de ellos igual
-
mente y no se perpetúe la desigualdad.
Por último, las políticas públicas para prevenir
los femicidios/feminicidios deben estar dirigidas
a: a) Campañas de sensibilización y educación a
toda la población; b) Capacitación y sensibiliza
-
ción de los operadores del sistema jurisdiccional
(jueces, Fscales, defensores, policías, personal de
salud, etc.), enfatizando en la no denegación de
justicia y en las repercusiones de la impunidad; c)
Decreto inmediato por los órganos jurisdiccionales
que correspondan de las medidas de protección
desde el inicio del procedimiento, privilegiando
las
situaciones
de
mayor
riesgo;
d)
Establecer
expresamente en la legislación sancionatoria que,
en el evento de incumplimiento de las medidas
de protección por parte de ofensor, se tipiFque
un nuevo delito como desacato con pena de
reclusión; e)Tener una base de datos conFable y
actualizada sobre el estado de tramitación de las
medidas de protección, con el Fn de darles segui
-
miento a su vigencia y cumplimiento; f) Disponer
de un observatorio de la violencia contra las mu
-
jeres donde se vigile la situación de la violencia
contra ellas; g) Contar con una legislación integral
que
proteja
a
las
víctimas
eventuales,
ofrezca
servicios de atención y ayuda, particularmente el
asesoramiento legal en estos casos; h) ±ortalecer
las campañas que denuncien la educación sexista
y discriminatoria contra las mujeres, para lograr
los cambios culturales necesarios; e i) ±ortalecer
de los mecanismos de protección dirigidos a las
mujeres (Antony 2011, 15).
3.5 Protección internacional
Los instrumentos internacionales referentes a la
protección de la mujer contra la violencia son:
1. Declaración sobre la Eliminación de la Discri
-
minación contra la Mujer (1967).
2. La Convención sobre la Eliminación de Todas
las ±ormas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) (1981).
3.
Declaración sobre la Eliminación de la Violen
-
cia en contra de la Mujer (1993).
4. Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (El Cairo, 1994).
5. Cuarta
Conferencia
Mundial
sobre
la
Mujer
(Beijing, 1995).
6. En América Latina: Convención Interamericana
para prevenir, castigar y erradicar la Violencia
Contra la Mujer (1995); y
Toda política pública
debe generarse
con perspectiva de
sexo, mucho más
teniendo en cuenta la
especial situación de
vulnerabilidad de las
mujeres y el entorno
discriminatorio.
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7. Resolución del Fondo de Población de Na
-
ciones Unidas, en la que se declara la violencia
contra la mujer como una “Prioridad de Salud y
Pública” (1999).
Además de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948, artículos 1 y 2; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José), 1969; y la Recomendación número 19
del Comité de Expertas de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi
-
nación en contra de la Mujer de 1992.
Igualmente, con gran relevancia se encuentra la
Comisión Interamericana de Mujeres, como un
organismo especializado de carácter permanente
que recientemente fue testigo de la adopción
de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer
y que contribuye a su cumplimiento (Carvajal
2010, 323).
Siguiendo el ámbito interamericano, la Conven
-
ción
Belém
do
Pará
señala
que
la
violencia
contra la mujer es “Una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres” reconociendo que el
derecho
de
toda
mujer
a
una
vida
libre
de
violencia incluye el derecho a ser libre de toda
forma de discriminación.
Por su parte, la CEDAW de±ne que la discrimina
-
ción contra la mujer “Incluye la violencia basada
en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra
la mujer porque es mujer o que la afecta en
forma desproporcionada”. La CEDAW también ha
señalado que “La violencia contra la mujer es
una forma de discriminación que impide grave
-
mente que goce de derechos y libertades en pie
de igualdad con el hombre”.
La Relatoría Especial sobre la Violencia contra la
Mujer, de la ONU, ha aportado directrices so
-
bre qué medidas deben tomar los Estados para
cumplir con sus obligaciones internacionales en
cuanto a prevención: 1) Rati±cación de los ins
-
trumentos internacionales de derechos humanos;
2) Garantías constitucionales sobre la igualdad
de la mujer; 3) Existencia de leyes nacionales y
sanciones administrativas que proporcionen re
-
paración adecuada a las mujeres víctimas de la
violencia; 4) Políticas o planes de acción que se
ocupen de la cuestión de la violencia contra la
mujer; 5) Sensibilización del sistema de justicia
penal y de la policía en cuanto a cuestiones de
sexos; 6) Accesibilidad y disponibilidad de servi
-
cios de apoyo; 7) Existencia de medidas para au
-
mentar la sensibilización y modi±car las políticas
esfera de la educa-
elaboración de esta-
dísticas sobre la vio
-
lencia contra la mu-
jer
1999, párr. 25).
informe
del
Secre
-
ONU,
es
una
bue
-
na
práctica
que el entorno físi-
las
mujeres,
y
han utilizado audito
-
seguridad para detectar los lugares peligrosos,
examinar los temores de las mujeres y solicitar
a las mujeres sus recomendaciones para mejo
-
rar su seguridad. La prevención de la violencia
contra la mujer debe ser un elemento explícito
en la plani±cación urbana y rural y en el diseño
de los edi±cios y residencias. Forman parte de
la labor de prevención el mejoramiento de la
seguridad del transporte público y los caminos
que emplean las mujeres, por ejemplo, hacia las
escuelas e instituciones educacionales, los po-
zos, los campos y las fábricas (Naciones Unidas,
Asamblea General 2006, párr. 352).
En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer de la Asamblea Ge
-
neral de las Naciones Unidas instó a los Estados
Asimismo, según un
informe del Secretario
General de la ONU, es
una buena práctica
hacer que el entorno
físico sea seguro para
las mujeres, y se han
utilizado auditorías
comunitarias de
seguridad para detectar
los lugares peligrosos,
examinar los temores de
las mujeres y solicitar
a las mujeres sus
recomendaciones para
mejorar su seguridad.
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a proceder con la debida diligencia, a fn de
prevenir, investigar y, conForme a la legislación
nacional, castigar todo acto de violencia contra
la mujer, ya se trate de actos perpetrados por
el Estado o por particulares; lo mismo hizo la
PlataForma de Acción de la ConFerencia Mundial
sobre la Mujer, de Beijing.
En el 2006, la Relatoría Especial sobre Violencia
contra la Mujer, de la ONU, señaló que “Toman
-
do como base la práctica y la
opinio juris
(…) se
puede concluir que hay una norma del derecho
internacional consuetudinario que obliga a los
Estados a prevenir y responder con la debida di
-
ligencia a los actos de violencia contra la mujer”
(caso González y otras (‘Campo Algodonero’) vs.
México, 2009, párr. 256).
Los mecanismos de protección consagrados por
la Convención Belém do Pará tienen como an
-
tecedente la Convención Europea de Derechos
Humanos o Convención de Roma del 4 de no
-
viembre de 1950, redactada por la mayor parte
de los países europeos con en el contexto del
Fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, que
llevó a sacar del ámbito meramente nacional la
garantía de los derechos humanos.
En los años siguientes, el sistema europeo se
generaliza. Así, en el ámbito universal, el Pro
-
tocolo ±acultativo del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos establece también un mecanismo de
denuncia individual de vulneración de Derechos
Humanos ante el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas; en nuestro continente
se desarrolla el Sistema Interamericano, que se
basa esencialmente en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,
la cual concede a los individuos la posibilidad
de denunciar atropellos por parte de los Estados
ante una instancia regional, la Comisión Intera
-
mericana de Derechos Humanos, la cual a su
vez decide si acusa o no al Estado en cuestión
ante la Corte Interamericana (Corte Constitucio
-
nal, 1996).
Lo descrito explica que jurídicamente los dere
-
chos humanos son normas imperativas de de
-
recho internacional o de
ius cogens,
que limi-
tan la soberanía estatal, ya que los Estados no
pueden transgredirlas, ni en el plano interno, ni
en sus relaciones internacionales. Los problemas
de derechos humanos y tratándose el caso de
derechos de las mujeres han dejado de ser un
asunto
interno
exclusivo
de
los
Estados
para
constituir una preocupación de la comunidad
internacional como tal, la cual ha buscado di-
señar mecanismos globales de protección (Corte
Constitucional, 1996).
3.5.1 Obligaciones de los estados
De acuerdo a los instrumentos nombrados, sur
-
gen las obligaciones por parte de los Estados
y la necesidad que tienen de adoptar medidas
integrales para cumplir con la debida diligencia
en casos de violencia contra las mujeres. En
particular, deben contar con un adecuado mar-
co jurídico de protección, con una aplicación
eFectiva de este y con políticas de prevención
y prácticas que permitan actuar de una manera
efcaz ante las denuncias. La estrategia de pre
-
vención debe ser integral, es decir, debe prevenir
los Factores de riesgo y a la vez Fortalecer las
instituciones para que puedan proporcionar una
respuesta eFectiva a los casos de violencia contra
la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar
medidas preventivas en casos específcos en los
que es evidente que determinadas mujeres y ni
-
ñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto
debe tomar en cuenta que en casos de violen
-
cia contra la mujer, los Estados tienen, además
de las obligaciones genéricas contenidas en la
Convención Americana, una obligación reForzada
a partir de la Convención Belém do Pará (caso
González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. Méxi
-
co, 2009, párr. 258).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha
establecido:
El
deber
de
prevención:
Que
abarca todas aquellas medidas de carácter jurí
-
dico, político, administrativo y cultural que pro
-
muevan la salvaguarda de los derechos humanos
y que aseguren que las eventuales violaciones
a los mismos sean eFectivamente consideradas y
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es
susceptible de acarrear sanciones para quien las
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cometa. La obligación de prevenir es de medio
o comportamiento y no se demuestra su incum-
plimiento por el mero hecho de que un derecho
haya sido violado (caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras. Fondo, párr. 166) y la obligación de
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales.
La Convención Belém do Pará también obliga a
los Estados Partes a utilizar la debida diligencia
para prevenir, sancionar y erradicar esa violencia.
Es de importancia nombrar aquí que desde 1992
la CEDAW estableció que “Los Estados también
pueden ser responsables de actos privados si
no adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de los derechos o para
investigar y castigar los actos de violencia e in-
demnizar a las víctimas”.
3.5.2 Sanciones a los estados por
incumplimiento de las obligaciones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado que “No toda violación de un dere-
cho humano cometida en perjuicio de una mujer
conlleva necesariamente una violación de las dis-
posiciones de la Convención de Belém do Pará”,
artículo 1º de la Convención Belém do Pará (
caso
Perozo y otros vs. Venezuela
, párr. 295). Sin em-
bargo, esta convención, en su artículo 7º. b) de-
fne la violencia contra la mujer como “Cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cau-
se muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos declaró en el caso Opuz vs. Turquía que
“La falla del Estado de proteger a las mujeres
contra la violencia doméstica viola el derecho de
ellas a igual protección de la ley y esta falla no
necesita ser intencional”. La Corte Europea con-
sideró que aunque la pasividad judicial general
y discriminatoria en Turquía no era intencional,
el hecho de que afectaba principalmente a las
mujeres permitía concluir que la violencia sufrida
por la peticionaria y su madre podía considerarse
violencia basada en los sexos, lo cual es una for-
ma de discriminación en contra de las mujeres.
Para llegar a esta conclusión el Tribunal aplicó el
principio según el cual una vez que se demues-
tra que la aplicación de una regla lleva a un im-
pacto diferenciado entre mujeres y hombres, el
Estado debe probar que se debe a factores ob-
jetivos no relacionados con la discriminación. La
Corte Europea constató que en el lugar donde
vivía la peticionaria se presentaba el número
de violencia domés-
mismo origen y, ade-
problemas
denunciaban la vio-
lencia, como el he-
cho de que los poli-
asumían que dicha
violencia era un ‘tema familiar’ (case of Opuz v.
Turkey, Judgment, 2009).
La Corte, en el caso del Penal Castro Castro vs. Perú,
señaló que las mujeres detenidas o arrestadas “No
deben sufrir discriminación, y deben ser protegi-
das de todas las formas de violencia o explotación”,
que “Deben ser supervisadas y revisadas por of
-
ciales femeninas”, que las mujeres embarazadas y
en lactancia “Deben ser proveídas con condiciones
especiales”. Dicha discriminación incluye “La vio-
lencia dirigida contra la mujer porque es mujer o
que la afecta en forma desproporcionada”, y que
abarca “Actos que inFigen daños o su±rimientos de
índole física, mental o sexual, amenazas de come-
ter esos actos, coacción y otras formas de privación
de la libertad”.
En el caso Maria Da Penha vs. Brasil (2000), pre-
sentado por una víctima de violencia doméstica,
la Comisión Interamericana aplicó por primera
vez la Convención Belém do Pará y decidió que el
Estado había menoscabado su obligación de ejer-
Por su parte, el Tribunal
Europeo de Derechos
Humanos declaró
en el caso Opuz vs.
Turquía que “La falla
del Estado de proteger
a las mujeres contra la
violencia doméstica viola
el derecho de ellas a
igual protección de la ley
y esta falla no necesita
ser intencional”.
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cer la debida diligencia para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia doméstica al no condenar y
sancionar al victimario durante quince años pese
a las reclamaciones oportunamente efectuadas.
La Comisión concluyó que dado que la violación
forma parte de un “Patrón general de negligen-
cia y falta de efectividad del Estado”, no solo se
violaba la obligación de procesar y condenar, sino
también la de prevenir estas prácticas degradan-
tes 273. (CIDH, Maria Da Penha Maia Fernandes vs.
Brasil, párr. 56).
En el mismo sentido se ha pronunciado la CEDAW.
Así, en el caso A. T. vs. Hungría (2005), determinó que
el Estado no había cumplido las obligaciones esta-
blecidas en la Conven-
ción para prevenir la
violencia contra la víc-
tima y protegerla. En
particular, señaló que
“Preocupa
especial-
mente que no se haya
promulgado
legisla-
ción
específca
que
combata la violencia
doméstica y el acoso
sexual, y la inexisten-
cia de órdenes judi-
ciales de amparo o de
abandono del hogar,
o de albergues para la
protección inmediata de las mujeres víctimas de vio-
lencia doméstica”.
En similar sentido, en el caso Yildirim vs. Aus-
tria, en el cual la víctima fue asesinada por su
esposo, la CEDAW encontró que el Estado había
faltado a su deber de debida diligencia por no
haberlo detenido.
3.6 Contexto Nacional: Colombia
La violencia contra la mujer se encuentra extendi-
da y desarrollada en el mundo, hasta el punto que
documentos de Naciones Unidas han mostrado que
tanto en los países desarrollados como en aquellos
en vía de desarrollo las mujeres siguen siendo víc-
timas de la violencia tanto en los ámbitos públicos
y laborales como dentro del hogar. Por ejemplo,
en Estados Unidos entre tres y cuatro millones de
mujeres son golpeadas cada año, de suerte que
la agresión contra la mujer representa el 25% de
los delitos violentos en ese país.
(Naciones Unidas
1991, 71-72).
En Colombia, las prácticas de violencia contra la mujer
se encuentran tanto o más extendidas; sin embargo,
de acuerdo al artículo 93 de la Carta Política, los de-
rechos humanos deben ser interpretados en concor-
dancia con los tratados y acuerdos internacionales
que regulen el ejercicio de aquellos. Entre los com-
promisos internacionales ratifcados por Colombia
destinados a procurar la erradicación de todas las
formas de violencia contra la mujer, se destacan
(Corte Constitucional, 2010):
1. CEDAW, aprobada mediante la Ley 51 de 1981.
2. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
adoptada en Beijing (China), 1995.
3. Convención Interamericana para prevenir, san-
cionar y erradicar la Violencia contra la Mujer,
“Convención de Belém do Pará”, aprobada median-
te la Ley 248 de 1995.
4. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas,
adoptada por el Consejo de Se-
guridad el 31 de octubre de 2000.
5. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Ni-
ños, que complementa la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, aprobado mediante la Ley 800 de
2003.
6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer,
aprobado mediante la Ley 984 de
2005.
7. Entre las obligaciones internacionales asumidas
por el Estado colombiano relacionadas con la pro-
tección de la mujer, se encuentra la de inhibirse
de ejercer violencia en contra de ellas a través de
En el mismo sentido
se ha pronunciado la
CEDAW. Así, en el caso
A. T. vs. Hungría (2005),
determinó que el Estado
no había cumplido las
obligaciones establecidas
en la Convención para
prevenir la violencia
contra la víctima y
protegerla.
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sus agentes, como también garantizarles una vida
libre de violencia en los espacios público y priva-
do, adoptando medidas positivas en favor de las
mujeres.
En este sentido, la CEDAW, en la Recomendación
General número 19, numeral 7, estableció: “7. La
violencia contra la mujer, que menoscaba o anula
el goce de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales en virtud del derecho internacional
o de los diversos convenios de derechos humanos,
constituye discriminación, como la defne el artícu
-
lo 1º de la Convención. Esos derechos y libertades
comprenden:
a. El derecho a la vida;
b. El derecho a no ser sometido a torturas o a tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c. El derecho a protección en condiciones de
igualdad con arreglo a normas humanitarias en
tiempo de conflicto armado internacional o in-
terno;
d. El derecho a la libertad y a la seguridad per-
sonal;
e. El derecho a igualdad ante la ley;
f. El derecho a igualdad en la familia;
g.
El derecho al más alto nivel posible de salud Fí
-
sica y mental;
h. El derecho a condiciones de empleo justas y fa-
vorables”.
La recomendación número 24 del mismo docu-
mento regula:
“24. A la luz de las observaciones anteriores, el Co-
mité para la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer recomienda que
a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas
y efcaces para combatir los actos públicos o priva
-
dos de violencia por razones de sexo.
b) Los Estados Partes velen porque las leyes con-
tra la violencia y los malos tratos en la familia, la
violación, los ataques sexuales y otro tipo de vio-
protejan de mane-
las mujeres y respe-
capacite a los funcio-
narios judiciales, los agentes del orden público y
otros funcionarios públicos para que apliquen la
Convención.
(…)
i) Se prevean procedimientos efcaces de denuncia y
reparación, la indemnización inclusive.
(…)
k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios
destinados a las víctimas de violencia en el hogar,
violaciones, violencia sexual y otras formas de violen-
cia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de
trabajadores sanitarios especialmente capacitados,
rehabilitación y asesoramiento.
(…)
r) Entre las medidas necesarias para resolver el
problema de la violencia en la Familia fguren las
siguientes: (…) iii) Servicios, entre ellos refugios,
asesoramiento y programas de rehabilitación,
para garantizar que las víctimas de violencia en
la familia estén sanas y salvas”.
La realización efcaz de estos instrumentos inter
-
nacionales depende de que cada Estado emplee
políticas públicas e instrumentos internos que
los desarrollen.
La Constitución Política de 1991 trajo varios ele
-
mentos útiles para reforzar el propósito de avan-
La realización eficaz
de estos instrumentos
internacionales depende
de que cada Estado
emplee políticas públicas
e instrumentos internos
que los desarrollen.
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zar en el campo de protección a la mujer en las
distintas áreas dentro de las cuales ella actúa. Los
cambios en la estructura del Estado permitieron la
aparición de la Defensoría del Pueblo, dentro de
esta entidad fue creada la Defensoría Delegada
para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la
Mujer; así mismo, en la Procuraduría General de
la Nación entró en funcionamiento la Procura-
duría Delegada para la Infancia, la Adolescencia
y la Familia. Como parte del Ministerio Público
estas dependencias deben coordinar sus actuacio-
nes para brindar protección integral a la mujer,
teniendo en cuenta que ella es actor principal
dentro de la sociedad, como también dentro de
la familia (Corte Constitucional 2010, 25).
En la Rama Ejecutiva fue creada la Consejería Pre-
sidencial para la Equidad de la Mujer como de-
pendencia del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, que cuenta con el
Observatorio de Asuntos de Género (OAG),
crea-
do para investigar, documentar, sistematizar, anali-
zar y hacer visible la situación de las mujeres y de
la equidad de sexos en Colombia, con el objeto de
formular recomendaciones en políticas, planes, pro-
gramas y normas que contribuyan a la equidad de
sexos en el país
.
Además, después de 1991, con la nueva legislación,
se fortaleció el compromiso del Estado en protec-
ción a la familia y a la mujer. A nivel nacional fueron
efectivamente vinculados los sectores administrati-
vos de justicia, salud y educación (Corte Constitu-
cional 2010, 26).
Las entidades comprometidas fueron las siguien-
tes: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo,
Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal, Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministe-
rio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, Ministerio de Cultura, Comisarías de
Familia y jueces civiles municipales y de familia,
entre otras autoridades.
La Constitución Política se ocupa directamente de
proteger la integridad física y moral de la mujer,
haciéndola titular de los derechos fundamentales,
de manera especial en el artículo 43, que estipula
que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades.
Además, el artículo 42 superior protege a la
familia, con base en la igualdad de derechos y
deberes de la pareja y en el respeto recíproco
entre sus integrantes. Igualmente, la Constitu-
ción garantiza el trato diferencial y preferencial
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, como ocurre en los casos de los
niños, los jóvenes, los adultos mayores y las
mujeres cabeza de familia.
Por su parte, el Legislador ha dedicado tiempo
a la expedición de normas destinadas a prevenir
y erradicar toda forma de violencia intrafamiliar,
con especial protección para la mujer. Entre es-
tas se encuentran:
1. Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar.
2. Ley 360 de 1997, por medio de la cual se
modifcan algunas normas del título XI del Libro
II del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal),
relativo a los delitos contra la libertad y pudor
sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decre-
to 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal)
y se dictan otras disposiciones.
3. Ley 497 de 1999, establece la jurisdic-
ción de jueces de paz como mecanismo alter-
nativo a la solución de conFictos, entre ellos la
violencia intrafamiliar.
4. Ley 575 de 2000, por medio de la cual
se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996,
traslada la competencia en materia de violen-
cia intrafamiliar de los jueces de familia a los
comisarios de familia y a falta de estos a los
Inspectores de Policía. Otorga asistencia a las
víctimas de maltrato, consagra delitos contra la
armonía y la unidad familiar (maltrato físico,
psíquico o sexual).
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III.
Artículos
de revisión
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5.
Ley
640
de
2001,
modifca
las
normas
relativas
a
la
conciliación.
El
capítulo
VII
se
dedica a la conciliación extrajudicial de Familia.
6.
Ley
742
de
2002,
aprueba
el
Estatuto
de Roma (Corte Penal Internacional, 1998), in
-
cluye delitos relacionados con violencia basada
en la discriminación por sexos
.
7.
Ley
599
de
2000,
por
la
cual
se
expide
el Código Penal.
8. Ley
906
de
2004,
por
la
cual
se
expide
el Código de Procedimiento Penal.
9. Ley 882 de 2004, aumenta la pena para el delito
de violencia intraFamiliar.
10. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan nor
-
mas de sensibilización, prevención y sanción de
Formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reForman los Códigos Penal, de Pro
-
cedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.
Ahora, los avances legislativos no pueden ir por un
camino diFerente a las decisiones judiciales naciona
-
les, así que la Corte Constitucional ha establecido al
respecto los mandatos constitucionales de protec
-
ción de las mujeres Frente a todo tipo de violencia y
el derecho de seguridad personal.
3.6.1 Protección de la mujer frente a todo tipo
de violencia
Los preceptos constitucionales que obligan a las
autoridades colombianas a prodigar protección
a la mujer Frente a la violencia y discriminación
son (Corte Constitucional, 2010):
• Artículo
1º:
establece
que
Colombia
es
un
Estado social de derecho Fundado en el respeto
de la dignidad humana.
• Artículo 2º: consagra como uno de los fnes
esenciales del Estado garantizar la eFectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, y dispone inequívocamente
que “Las autoridades de la República están ins
-
tituidas para proteger a todas las personas resi
-
dentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
• Artículo 5º: dispone que el Estado “Recono
-
ce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona”.
• Artículo 13: establece que “Todas las perso
-
nas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo”, y obliga al Estado a promover
las condiciones para que la igualdad sea real y
eFectiva, así como a adoptar “Medidas en Favor
de grupos discriminados o marginados”.
• Artículo 22: consagra el derecho a la paz; y
• Artículo 43: dispone que “La mujer y el hom
-
bre tienen iguales derechos y oportunidades”, y
que “La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación”, lo que obliga al Estado
a prestar especial protección a la maternidad y
a las mujeres cabeza de Familia.
3.6.2 La seguridad personal como derecho
constitucional fundamental
La Declaración Universal de los Derechos Hu
-
manos de 1948 establece en su artículo 3° que
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”.
La Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto de San José, incorporada al ordenamiento
colombiano mediante la Ley 16 de 1972, esta
-
blece en su artículo 7°:
“1. Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personales
(...)”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po
-
líticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968,
dispone en su artículo 9º:
“1. Todo individuo
tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales (…)”
.
Al determinar el alcance del derecho a la segu
-
ridad personal en el orden constitucional colom
-
biano, a la luz de los instrumentos internaciona
-
les reseñados, la Corte señaló:
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El derecho a la seguridad personal está incorpora
-
do al ordenamiento jurídico colombiano en virtud
de los artículos de la Constitución citados e inter
-
pretados a la luz de los instrumentos de derechos
humanos ratifcados por Colombia que crean obli
-
gaciones internacionales para el país (artículos 93 y
94 de la Constitución);
Además de maniFestarse como un derecho hu
-
mano Fundamental de todas las personas, el de
-
recho a la seguridad personal adquiere especial
importancia en el caso de ciertos sujetos que,
dada su condición o su contexto, han recibido
especial protección tanto por la Carta como por
otras Fuentes de de
-
recho
internacional
vinculantes para Co
-
lombia; y
El
contenido
especí
-
fco del derecho a la
seguridad personal es
históricamente
varia
-
ble, y se ha de deter
-
minar de conFormidad
con el contexto socio
-
político y jurídico en el
cual se vaya a aplicar.
Al pronunciarse sobre
el contenido, ámbi
-
to de aplicación y lí
-
mites del derecho a
la seguridad personal en la Sentencia T-719 de
2003, Fundamento jurídico, la Corte defnió este
derecho como aquel que tienen las personas a
recibir protección Frente a ciertos
tipos de riesgo
para su vida e integridad personal. Y al caracteri
-
zar los
tipos de riesgo
Frente a los cuales protege
tal derecho a la seguridad personal a fn de diFe
-
renciar su campo de aplicación de las órbitas de
otros dos derechos Fundamentales con los cuales
está íntimamente relacionado, como la vida y la
integridad personal.
Concluye entonces la Corte que “Se tiene, en pri
-
mer lugar, que dichos riesgos deben ser
extraor
-
dinarios.
Esto quiere decir que existe un nivel de
riesgo
ordinario,
social y jurídicamente soporta
-
ble, por estar implícito en la vida cotidiana dentro
de cualquier sociedad. (…) Las personas no pue
-
den exigir al Estado un nivel especial de protec
-
ción Frente a este tipo de riesgos elementales:
soportarlos constituye una carga derivada de la
condición misma de integrante de una comuni
-
dad de seres humanos que se impone a todos los
miembros de la sociedad por igual.
“Ahora bien, en la medida en que la intensidad de
dichos riesgos se incremente, es decir, cuando se
tornen
extraordinarios
y reúnan las demás caracte
-
rísticas señaladas en esta providencia, las personas
tendrán derecho a solicitar la intervención protecti
-
va de las autoridades para mitigarlos o evitar que se
materialicen, cuando ello sea posible; tal interven
-
ción estatal podrá invocarse con distintos títulos, es
decir, en virtud de distintos derechos Fundamenta
-
les –la vida, la integridad personal o la seguridad
personal–, dependiendo del nivel de intensidad del
riesgo en cuestión y de sus características” (Corte
Constitucional, 2010).
De tal manera que el derecho a la seguridad per
-
sonal sí comprende un nivel de protección básico
de las personas contra ciertos riesgos o peligros
que, al responder a determinados atributos, “No
resultan legítimos ni soportables dentro de la
convivencia en sociedad, de acuerdo con la Cons
-
titución y los tratados internacionales; se trata de
riesgos
extraordinarios
cuya imposición misma le
-
siona la igualdad en la que deben estar las perso
-
nas Frente a la carga de vivir en sociedad” (Corte
Constitucional, 2010).
3.6.3 Ley 1257 de 2008: aproximación jurídica
colombiana al concepto de femicidio/femini-
cidio
Este panorama demuestra, sin lugar a dudas, que
en Colombia se han expedido múltiples normas
para la protección y garantía de los derechos de
las mujeres víctimas de violencia y que han sido
activadas vías administrativas, judiciales, civiles y
penales, pero estas medidas evidencian también
que no existe en Colombia una política criminal
clara en lo relativo a los delitos que perjudican
a las mujeres por su condición de sexo. También
Al pronunciarse sobre
el contenido, ámbito
de aplicación y límites
del derecho a la
seguridad personal
en la Sentencia T-719
de 2003, fundamento
jurídico, la Corte definió
este derecho como
aquel que tienen las
personas a recibir
protección frente
a ciertos tipos de
riesgo para su vida e
integridad personal.
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evidencia que a pesar de la ratifcación de trata
-
dos internacionales y de la implementación de
mecanismos internos, el derecho de acceso eFec
-
tivo de las mujeres a la justicia se difculta desde
la promulgación de cada norma sustancial (Cor
-
poración Humanas, 2008).
Actualmente, en Colombia, la única norma que
trata de recoger en términos de Feminicido (sin
denominarlo así) la violencia extrema en contra
de las mujeres es la Ley 1257 de 2008, que tiene
por objeto la adopción de normas que permitan
garantizar a todas las mujeres una vida libre de
violencia –tanto en el ámbito público como en el
privado–, el ejercicio de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico interno e internacio
-
nal, el acceso a los procedimientos administrati
-
vos y judiciales para su protección y atención, y la
adopción de las políticas públicas necesarias para
su realización.
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier
acción u omisión que le cause muerte, daño o su
-
Frimiento Físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado.
Para eFectos de la ley, y de conFormidad con lo esti
-
pulado en los Planes de Acción de las ConFerencias
de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica
se entiende cualquier acción u omisión orientada
al abuso económico, el control abusivo de las f
-
nanzas, recompensas o castigos monetarios a las
mujeres por razón de su condición social, eco
-
nómica o política. Esta Forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, Familiares,
laborales o económicas.
Y establece en su artículo 27, que se adiciona al ar
-
tículo 135 de la Ley 599 de 2000 (Código penal Co
-
lombiano), sobre homicidio en persona protegida,
que la pena prevista en este artículo se aumentará
de la tercera parte a la mitad cuando se cometie
-
re contra una mujer por el hecho de ser mujer. El
artículo 28 dice: El numeral 4 del artículo 170 de
la Ley 599 de 2000, sobre circunstancias de agra
-
vación punitiva, quedará así: “Si se ejecuta la con
-
ducta respecto de pariente hasta cuarto grado de
consanguinidad, cuarto de afnidad o primero civil,
sobre cónyuge o compañera o compañero perma
-
nente, o contra cualquier persona que de manera
permanente se hallare integrada a la unidad domés
-
tica, o aprovechando la confanza depositada por la
víctima en el autor o en alguno o algunos de los
partícipes. Para los eFectos previstos en este artículo,
la afnidad será derivada de cualquier Forma de ma
-
trimonio o de unión libre”.
• Se rige la ley por los principios de
1.
1Igualdad real y eFectiva
:
corresponde al Estado
diseñar, implementar y evaluar políticas públicas
para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y
el cumplimiento real de sus derechos.
2.
Derechos humanos:
los derechos de las mujeres
son derechos humanos.
3. Principio de corresponsabilidad:
la sociedad y la
Familia son responsables de respetar los derechos
de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la
violencia contra ellas. El Estado es responsable de
prevenir, investigar y sancionar toda Forma de vio
-
lencia contra las mujeres.
4.
Integralidad: la atención a las mujeres víctimas
de violencia comprenderá inFormación, prevención,
orientación, protección, sanción, reparación y esta
-
bilización.
5.
Autonomía: el Estado reconoce y protege la in
-
dependencia de las mujeres para tomar sus propias
decisiones sin interFerencias indebidas.
6.
Coordinación:
todas las entidades que tengan
dentro de sus Funciones la atención a las mujeres
víctimas de violencia deberán ejercer acciones coor
-
dinadas y articuladas con el fn de brindarles una
atención integral.
7.
No discriminación: todas las mujeres, con inde
-
pendencia de sus circunstancias personales, sociales
o económicas tales como edad, etnia, orientación
sexual, procedencia rural o urbana, religión, entre
otras, tendrán garantizados los derechos estableci
-
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dos en esta ley a través de una previsión de estánda
-
res mínimos en todo el territorio nacional.
8. Atención diferenciada
:
el Estado garantizará
la atención a las necesidades y circunstancias es
-
pecíFcas de colectivos de mujeres especialmente
vulnerables o en riesgo, de tal manera que se ase
-
gure su acceso efectivo a los derechos consagra
-
dos en la presente ley.
• Se entiende como derechos de las mujeres los
siguientes: además de otros derechos reconoci
-
dos en la ley o en tratados y convenios internacio
-
nales debidamente ratiFcados, las mujeres tienen
derecho a una vida digna, a la integridad física,
sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser so
-
metidas a tortura o a tratos crueles y degradantes,
a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas
a forma alguna de discriminación, a la libertad y
autonomía, al libre desarrollo de la personalidad,
a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la
seguridad personal.
• Se establecen medidas a)
De sensibilización
y
prevención, donde todas las autoridades encarga
-
das de formular e implementar políticas públicas
deberán reconocer las diferencias y desigualda
-
des sociales y biológicas en las relaciones entre
las personas según el sexo, la edad, la etnia y el
rol que desempeñan en la familia y en el grupo
social; b)
Educativas
, a cargo del Ministerio de
Educación, que permitirán velar para que las ins
-
tituciones educativas incorporen la formación en
el respeto de los derechos, libertades, autonomía
e igualdad entre hombres y mujeres como parte
de la cátedra en Derechos Humanos; c)
En el ám
-
bito laboral y en el de la salud
, implementadas
por parte del Ministerio de la Protección Social,
que promoverán el reconocimiento social y eco
-
nómico del trabajo de las mujeres e implementará
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la
igualdad salarial y elaborará o actualizará los pro
-
tocolos y guías de actuación de las instituciones
de salud y de su personal ante los casos de violen
-
cia contra las mujeres; d) De protección, con cargo
a los entes jurisdiccionales, al comisario de familia
del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de
este al juez civil municipal o promiscuo municipal,
quienes decretarán de forma inmediata una me
-
dida de protección que ponga Fn a la violencia,
maltrato o agresión, o evite que esta se realice
cuando fuere inminente.
• Las sanciones para quienes ejerzan violencia
sobre las mujeres serán:
• La prohibición de aproximarse a la víctima
y/o a integrantes de su grupo familiar.
• La prohibición de comunicarse con la vícti
-
ma y/o con integrantes de su grupo familiar.
integran el grupo familiar:
1.
Los cónyuges o compañeros permanentes.
2.
El padre y la madre de familia, aunque no
convivan en un mismo lugar.
3. Los
ascendientes
o
descendientes
de
los
anteriores y los hijos adoptivos.
4.
Todas las demás personas que de manera
permanente se hallaren integradas a la unidad
doméstica.
• La
prohibición
de
acercarse
a
la
víctima
o a integrantes de su grupo familiar y la de
comunicarse con ellos, en el caso de delitos
relacionados con violencia intrafamiliar, estará
vigente durante el tiempo de la pena principal
y hasta doce (12) meses más.
4. Conclusiones
• La apuesta futura, como lo presentan Lía
Cigarini y Luce Irigaray, está direccionada a
desmontar la cultura patriarcal existente o a
inaugurar otro orden simbólico desde los cuer
-
pos de las mujeres.
• No existe uniFcación en el concepto de femici
-
dio/feminicidio; sin embargo, corrientes feministas
se encuentran en la construcción de la noción y
han logrado posicionar políticamente el concepto.
• De acuerdo a la deFnición establecida por la
ONU, el feminicidio es el asesinato de mujeres
como resultado extremo de la violencia de sexos
que ocurre tanto en el ámbito privado como en el
espacio público.
• Según Ana Carcedo, feminicidio hace referencia al
homicidio de mujeres y femicidio es la forma extrema
de la violencia contra las mujeres. Por su parte, Susi
Pola ha establecido que femicidio y feminicidio es
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una cuestión solo de léxico. Quien diga feminicidio va
a preferir la deFnición del latín; quien diga femicidio
estará traduciéndolo directamente del inglés.
• ±emicidio es homólogo de homicidio y signiF
-
ca asesinato de mujeres; es el conjunto de formas
de violencia que puede concluir en asesinatos e
incluso en suicidios de mujeres, y feminicido de
-
nomina el conjunto de delitos de lesa humanidad
que contiene los crímenes, los secuestros y las
desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro
de colapso institucional.
• Claro sí está que el común denominador de
feminicidio y femicidio es el carácter sexual:
niñas y mujeres son violentadas con crueldad
por el solo hecho de ser mujeres.
• Independientemente de la decisión de tipi
-
Fcar o no el delito de feminicidio/femicidio,
se
ha
constatado
que
el
feminicidio
íntimo
es la modalidad más común en cada uno de
los países estudiados, y que ninguno de ellos
tiene en su legislación penal una Fgura fuerte
para hacer frente a dichos crímenes.
• Es necesario establecer variables de registro
que permitan identiFcar con claridad los ca
-
sos de feminicidio/femicidio, para que se haga
visible la reprochable conducta, y los Estados
puedan crear políticas criminales adecuadas en
función de la prevención de este delito.
• La tipiFcación del feminicidio necesita un de
-
bate que considere las características y contextos
especíFcos para cada país, teniendo en cuenta las
normas e instrumentos internacionales como la
legislación interna, de tal manera que se respeten
los mandatos constitucionales y los derechos de las
mujeres, se concientice a los entes jurisdiccionales
de la gravedad del asunto y sobre todo que permi
-
tan el acceso a la justicia sin dilaciones injustiFca
-
das que conlleven a la impunidad.
BIBLIOGRAFÍA
ANTONY, C. (2011). “Compartiendo criterios y
opiniones sobre femicidio/feminicidio”. En
Contri
-
buciones al debate sobre la tipiFcación penal del
femicidio/feminicidio.
Perú: Cladem.
CARCEDO, A. y SAGOT, M. (2000).
±emicidio en
Costa Rica 1990-1999.
San José.
CARVAJAL, S. C. (2010). “Derechos de la mujer en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
En
Derechos de la mujer en el Derecho Internacio
-
nal de los Derechos Humanos.
Bogotá: Ibáñez.
COOMARASWAMY, R. (1999). Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer.
La violencia
contra la mujer en la familia.
Naciones Unidas.
CEDAW, Recomendación general 19.
La Violen
-
cia contra la Mujer.
________. (2007). Comunicación No. 6/2005, ±atma
Yildirim vs. Austria, 39° período de sesiones.
CORPORACIÓN HUMANAS-Centro Regional de
Derechos Humanos y Justicia de Género. (2008).
La situación de las mujeres víctimas de violencias
de género en el sistema penal acusatorio.
Bogotá:
AECID.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMA
-
NOS. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú.
CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. (2010).
Sen
-
tencia C-776/10.
________. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ES
-
COBAR GIL. (2005).
Sentencia C-674/05.
________.
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALEJAN
-
DRO MARTÍNEZ CABALLERO. (1996).
Sentencia
C-408/96.
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
(ECHR).
Case of Opuz v. Turkey, Judgment of June 9
th
, 2009.
IBÁÑEZ, J. (1986).
Más allá de la sociología: el gru
-
po de discusión.
Madrid: Siglo XXI.
LAGARDE, M. (1992). “El feminicidio, delito contra
la humanidad”. En
±eminicidio, justicia y derecho.
Editoras: Comisión Especial para Conocer y dar
Seguimiento a las Investigaciones relacionadas
con los ±eminicidios o la Violencia ejercida por
los Hombres contra las Mujeres en su Deseo de
obtener Poder, Dominación o Control.
Policía Nacional de Colombia
148
Revista LOGOS
CIENCIA
& TECNOLOGÍA
ISSN 2145-549X, Vol 3. No. 1, Julio – Diciembre, 2011
NACIONES
UNIDAS,
Asamblea
General.
(2006).
Estudio a fondo sobre todas las formas de vio
-
lencia contra la mujer.
Informe del Secretario
General, Sexagésimo primer período de sesiones.
________. (1994).
Declaración sobre la Elimina
-
ción de la Violencia contra la Mujer.
Resolu
-
ción de la Asamblea General 48/104.
________. (1995).
Informe de la Cuarta Conferen
-
cia Mundial sobre la Mujer.
Beijing. Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing aprobada en
la 16ª sesión plenaria.
________. (1991).
La mujer. Retos hasta el año 2000.
RAMÍREZ, E. (2000).
La investigación socioju
-
rídica.
Santa Fe de Bogotá D. C.: Ediciones
Doctrina y Ley Ltda.
TOLEDO, P.
Tipi±cación del femicidio/feminicidio:
hacia el abandono de la neutralidad de género
en el Derecho Penal frente a la violencia contra
la mujer.
Cladem. (15 de julio), http://www.anua
-
riocdh.uchile.cl;
ccj.ufpb.br/nepgd/imagen/sto
-
ries/pdf/tipitifación.pdf
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. (2008).
Incorpo
-
ración de la perspectiva de género y delitos contra
la vida humana independiente, propuesta de modi
-
±cación al Código Penal Chileno.
Proyecto Sernam.
ZAFFARONI, E. R. (2000). “El discurso feminista y el
poder punitivo”. En
Las trampas del poder puniti
-
vo. El género en el Derecho Penal.
Buenos Aires:
Editorial Biblos.
I
Informe
Regional:
Situación
y
análisis
del
femicidio en la región centroamericana. (2006).
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