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Papeles del CEIC # 90, marzo 2013 (ISSN: 1695—6494)
Virginia Vecchioli
Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del pasado reciente en la Argentina
CEIC
http: //www.identidadcolectiva.es/pdf/90.pdf
Virginia Vecchioli
Papeles del CEIC, 2013
—1—
Resumen
Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del
pasado reciente en la Argentina
Abstract
Victims of State Terrorism in Argentina and the
Management of the Past
Este artículo se interroga sobre los procesos de
formalización, objetivación y oficialización de la
categoría víctima del terrorismo de Estado en la
Argentina a partir del análisis de tres instancias de
gestión del pasado reciente: los litigios ante los
tribunales surgidos de la aplicación de políticas
reparatorias a las víctimas y sus familiares, los debates
parlamentarios originados por la sanción de nuevas
leyes de reconocimiento de víctimas del terrorismo de
Estado y la conformación y exhibición pública de
nóminas
oficiales
de
víctimas
con
fines
conmemorativos. Al tomar como punto de partida el
reconocimiento de que “cada acto de nominación y
clasificación es un acto político” (Agier), postulo la
necesidad de resituar los estudios sobre derechos
humanos y memoria dentro del espacio de lo político y
de las luchas de clasificación en torno del campo de
poder del Estado. Esta perspectiva permitirá indagar
en los efectos de los procesos de consagración de
categorías sociales —víctima del terrorismo de
Estado— en la reconfiguración actual de las relaciones
entre activismo, Estado y memoria.
This article analyzes the process of formalization and
objectivation of the category “Victim of State Terror-
ism” in Argentina as well as its transformation along
the time. It starting point is that “every act of naming
and classification is a political act” (Agier). According-
ly, human rights and memory´s studies should be relo-
cated inside the political field and the battles that
develop around the field of State power. To consider
human rights as a political artifact makes possible the
request about the effects of the process of consecra-
tion of social categories —victim of State terrorism, in
this case— in the reconfiguration of the relationship
between activism, State and memory. To accomplish
this task, I´ll describe some key scenarios along with
this category is formalized, transformed and argued:
legal affairs, parliamentary debates and the integration
of an official list of victims.
Palabras clave
Argentina, derechos humanos, víctimas, Estado.
Key words
Argentina, human rights, victims, State.
Índice
1)
Introducción .
................................................................................................
2
2)
El campo de los derechos humanos y los dilemas sobre el punto de vista nativo .
.... 7
3)
Taxonomías del derecho .
..............................................................................
12
4)
A modo de conclusión .
..................................................................................
20
5)
Bibliografía .
................................................................................................
24
Las Víctimas del Terrorismo de
Estado y la gestión del pasado
reciente en la Argentina
Virginia Vecchioli
Instituto de Altos Estudios Sociales
Universidad Nacional de San Martín
Instituto del Desarrollo Humano
Universidad de General Sarmiento. Argentina
E-mail
vvecchio@fibertel.com.ar
Papeles del CEIC
ISSN:
1695—6494
Volumen 2013/1
# 90
marzo 2013
Papeles del CEIC # 90, marzo 2013 (ISSN: 1695—6494)
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1)
I
NTRODUCCIÓN
Quienes fueron asesinados o continúan desaparecidos como consecuencia
de la política de exterminio y represión masiva llevada adelante por la dictadura mili-
tar iniciada en la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
han sido reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo de Estado, sus nom-
bres se exhiben en la nómina del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Esta-
do creado en su homenaje y sus familiares han recibido también una compensación
económica como parte de las numerosas políticas de reparación que comenzaron a
implementarse en la Argentina a partir de los primeros años del actual período de-
mocrático iniciado en 1983 y que se continúan hasta el presente. Sin duda, estas
políticas y muchas otras —como la anulación de los indultos presidenciales y la re-
ciente reapertura de los juicios contra los represores— evidencian el éxito rotundo
que han tenido las asociaciones de derechos humanos en lograr el reconocimiento
del Estado de las demandas de verdad, justicia y memoria, al tiempo que ponen de
manifiesto la importancia crítica que tiene, dentro de la agenda del Estado, la gestión
del pasado reciente y las consecuencias del ejercicio masivo de la violencia por par-
te de las fuerzas armadas en la consolidación del actual Estado de Derecho.
Desde los inicios del actual período democrático en 1983, las primeras leyes
de reparación buscaban atender principalmente la situación de los desaparecidos y
sus familias, pero a medida que nuevos actores fueron irrumpiendo en la escena
pública, nuevos derechos comenzaron a ser reconocidos y se sucedieron en forma
continua nuevas leyes, decretos y reglamentaciones. Como resultado de este proce-
so, los límites de la categoría víctima del terrorismo de Estado se fueron transfor-
mando progresivamente: aquellas personas asesinadas o que fueron desaparecidas
con anterioridad a la dictadura militar (1976-1983), como es el caso emblemático del
defensor de presos políticos y legislador peronista Rodolfo Ortega Peña, asesinado
en 1974 en plena vía pública por grupos parapoliciales durante el gobierno constitu-
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cional de Isabel Perón (1974-1976) también han sido reconocidos oficialmente como
víctimas; una extensión que supuso como novedad la inclusión de dos períodos de
gobiernos militares y uno democrático (1973-1976).
En la nómina que se exhibe en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo
de Estado, inaugurado en el año 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner,
se encuentran inscriptos los nombres de personas asesinadas o desaparecidas co-
mo consecuencia del accionar represivo del Estado desde el año 1969, cuando se
produjo un movimiento de protesta contra la dictadura de Onganía conocido como
Cordobazo. Esta frontera temporal fue nuevamente ampliada años más tarde cuan-
do el Estado incluyó dentro de la categoría víctima a quienes fueron asesinados o
continúan desaparecidos desde el año 1955, entre ellos, quienes murieron como
consecuencia del bombardeo militar a la Plaza de Mayo en junio de 1955
y a los
civiles y militares que fueron fusilados en 1956 en represalia al levantamiento en de-
fensa del destituido presidente Juan Domingo Perón , desplazando así la vigencia de
políticas masivas de represión y la existencia de víctimas del terrorismo de Estado
en la Argentina a un período que abarca 28 años de extensión.
Pero no sólo se desplazaron las fronteras temporales de esta categoría sino
también algunas de sus fronteras sociales: a los desaparecidos y asesinados se su-
maron los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los presos a dis-
posición del poder ejecutivo nacional, las víctimas del Plan Cóndor, los exiliados con
estatus de refugiados, los hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de
sus padres y/o que sufrieron la sustitución de su identidad. La Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación sumó en el año 2006 una nueva figura que había sido
excluida hasta entonces: las víctimas de ejecución sumaria, ampliando nuevamente
la nómina de víctimas y modificando sus principios de integración.
A partir de esta nueva ampliación pasaron a ser consideradas víctimas del te-
rrorismo de Estado, entre otras, aquellas personas que murieron en el contexto de
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enfrentamientos armados, como es el caso emblemático de los militantes de la
agrupación Montoneros que murieron en el intento de copamiento del regimiento de
infantería de Formosa en 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón
(1974-1976). A fines del año 2012, un nuevo proyecto de ley presentado por dos le-
gisladores formoseños recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Na-
ción: se trata de otorgar el reconocimiento del carácter de víctima a quienes murie-
ron en 1975 defendiendo a ese mismo regimiento formoseño durante el fallido inten-
to de toma mencionado anteriormente. De obtener este proyecto sanción definitiva
en el senado, las familias de estos diez conscriptos, junto con los civiles, policías y
militares que resultaron muertos durante el intento de copamiento, también serán
reconocidos como víctimas y recibirán una indemnización.
Esta breve síntesis de casos, además de constituir una evidencia irrefutable
de la masividad, contundencia y continuidad del aparato represivo a lo largo de la
historia contemporánea argentina, sugiere que la identificación de un individuo como
víctima no es el resultado automático de la aplicación de criterios meramente jurídi-
cos y/o técnico-administrativos, sino que tal reconocimiento es parte de un proceso
social más amplio a través del cual diferentes categorías sociales —entre ellas la
categoría víctima del terrorismo de Estado— son socialmente construidas, redefini-
das y discutidas por diversos agentes y grupos para dar cuenta del pasado político
reciente de la Argentina.
La existencia de este proceso social que media entre la desaparición de un
individuo y su clasificación social como víctima y entre el ejercicio de la violencia de
Estado y la formación de grupos que denuncian colectivamente estos hechos en
nombre de la justicia y/o la memoria de las víctimas, es justamente lo que abre el
espacio para la indagación académica y la aplicación y el uso de herramientas con-
sagradas por las ciencias sociales en la comprensión del universo específico de re-
laciones que componen el campo de los derechos humanos y la memoria del pasa-
do reciente. En este sentido, lo que este artículo busca mostrar es que no existen
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víctimas como resultado de la aplicación automática de criterios jurídicos “universa-
les” y con independencia del campo de fuerzas históricas y sociales en el cual son
reivindicadas dichas muertes y desapariciones.
El artículo se interroga sobre los procesos de formalización y objetivación de
la categoría víctima del terrorismo de Estado y sobre el espacio de disputas en que
dichos procesos se inscriben. Si bien la categoría víctima ocupará un lugar central
en el presente análisis, el lector no encontrará aquí un posicionamiento respecto del
contenido sustantivo que debería tener la misma ni una evaluación sobre la forma
correcta de delimitar los derechos de las víctimas y tipificarlos adecuadamente. Es-
tos objetivos tienen un valor indudable, especialmente en el campo de la justicia y en
la consolidación del Estado de Derecho. Pero el propósito es otro: mostrar, proposi-
tivamente, la productividad de una perspectiva de análisis inspirada en el análisis
socio-genético de categorías sociales en la comprensión de las distintas iniciativas
de gestión del pasado reciente en la Argentina. Para ello se trazará el derrotero de
esta categoría desde el inicio del actual período democrático en 1983, se analizarán
los sentidos puestos en juego a lo largo de diversas instancias de consagración y
oficialización de la misma y se dará cuenta del lugar que ocupa dicha categoría en el
marco de las luchas de clasificación en torno al pasado reciente. ¿Qué sentidos es-
tán en juego en la consagración de la categoría víctima del Terrorismo de Estado?
¿Cuáles son los efectos e implicaciones de su oficialización? ¿Qué condiciones ha-
cen posible, en definitiva, las operaciones de traducción de la realidad social y sus
conflictos al lenguaje moralmente poderoso de las víctimas?
Para desarrollar esta perspectiva de análisis y mostrar sus posibilidades ex-
plicativas describiré algunas instancias a través de las cuales la categoría víctima es
reconocida, oficializada, disputada y reelaborada a través del tiempo: los litigios ante
los tribunales surgidos de la aplicación de políticas reparatorias a las víctimas y sus
familiares, los debates parlamentarios originados por la sanción de nuevas leyes de
reconocimiento de víctimas del terrorismo de Estado y la conformación y exhibición
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pública de nóminas oficiales de víctimas con fines conmemorativos. Tomando como
punto de partida la afirmación de Michel Agier para quien “cada acto de nominación
y clasificación es un acto político” (2008: 33, mi traducción) me interesa mostrar con
este análisis la necesidad de resituar los estudios sobre derechos humanos y memo-
ria dentro del campo de lo político.
En la literatura especializada, los derechos humanos suelen considerarse co-
mo “un conjunto de principios capaces de poner límites a la política desde afuera sin
ser ellos mismos políticos”, visión que se superpone “con una posición política implí-
cita y claramente situada en la tradición del liberalismo: los derechos humanos son
considerados como derechos naturales surgidos por fuera de la esfera política y, por
ende, dotados de la capacidad de imponerle límites a esta esfera (…)” (Guilhot,
2011: 221). Sin embargo, al ser abordados de esta forma, los estudios sobre dere-
chos humanos “corren el riesgo de transformarse, en el mejor de los casos, en una
causa consensual que disfraza los clivajes ideológicos y evacua la dimensión política
de los problemas y, en el peor de los casos, en una retórica vacía de contenido (…)”
(Lockhart: 2002: 5).
Para escapar de esta deriva humanista, que tiende a transformar a los dere-
chos humanos en una moral de buenos sentimientos, es necesario llevar adelante
una perspectiva de análisis que los considere como parte del campo político, esto
es, como parte de un campo de disputas y controversias. El corolario de esta posi-
ción es contundente: los derechos humanos no preexisten a las luchas por imponer
una definición legítima de los mismos. En términos de investigador francés Nicolás
Guilhot:
“(…) lejos de estar fijado de antemano, el sentido y el contenido de
los
derechos
humanos
esboza
un
espacio
semántico
trabajosamente elaborado desde su interior por las luchas políticas
que tienen por objetivo adquirir la capacidad de imponer una
definición legítima de los derechos humanos y, por ende, de
obtener los beneficios simbólicos derivados de la posibilidad de
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subsumir plausiblemente las políticas de Estado bajo esta etiqueta”
(ibídem: 222).
La perspectiva adoptada en este trabajo busca explorar la dimensión política
de estas iniciativas de gestión estatal del pasado reciente. De lo que se trata es de
comprender sociológicamente las categorías que informan el campo de los derechos
humanos, focalizando en el carácter conflictivo y controversial de los conceptos polí-
tico-legales que conforman este campo y relacionando estas controversias con las
luchas entre grupos de actores políticos que compiten entre sí por el uso de los con-
ceptos de los derechos humanos a la hora de legitimar sus propios cursos de acción.
Considerar los derechos humanos como un artefacto político posibilita interrogarse
sobre los efectos de los procesos de consagración de la categoría víctima del terro-
rismo de Estado en la reconfiguración actual de las relaciones entre activismo, Esta-
do y memoria.
2)
E
L CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DILEMAS SOBRE EL PUNTO DE VIS-
TA NATIVO
Antes de introducirnos en el análisis aquí propuesto, considero importante
destacar que el examen de estas distintas instancias en las que la categoría víctima
es delimitada, instituida y oficializada en el marco de combates políticos con otras
categorías con las cuales compite, no implica, de manera alguna, la intención de
equiparar todas las pretensiones de reconocimiento ni, mucho menos, negar el peso
de la historia incorporada y objetivada por la categoría víctima del terrorismo de Es-
tado. En el actual contexto de reapertura de los juicios contra los responsables de la
represión de Estado, considero fundamental distinguir entre la construcción social de
un problema en tanto objeto de análisis académico —como es en este caso la insti-
tución de un discurso legítimo sobre las víctimas— y la realidad del problema social
evocado en tales discursos, esto es, los crímenes aberrantes cometidos por el Esta-
do entre mediados de los años 70 y 1983, objeto de tratamiento por parte de la justi-
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cia. Ambas dimensiones no deben confundirse ya que, de lo contrario, se caería en
el riesgo de relativizar y/o banalizar los hechos históricos al reducirlos a puras cons-
trucciones intelectuales —un riesgo que imperativamente debe ser eludido a la hora
de juzgar, recordar e investigar el pasado.
Es fundamental considerar entonces que el examen sociológicamente com-
prensivo de los discursos y categorías puestos en acción en la defensa de los dere-
chos humanos, no implica que éstos puedan ser reducidos a simples “juegos del
lenguaje” en un mundo de reglas y nociones pensadas como potencialmente equiva-
lentes y relativas, ya que los debates y conflictos mencionados aquí comprometen
no sólo visiones antagónicas sobre el pasado sino cuestiones centrales para la vida
en común, como es la vigencia del Estado de Derecho. Los esfuerzos sostenidos de
familiares, sobrevivientes, abogados, periodistas, académicos y dirigentes políticos
comprometidos con las demandas de justicia y memoria han resultado en la produc-
ción de un corpus de evidencias incuestionables sobre el accionar terrorista del Es-
tado y sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilita-
res en la comisión de todo tipo de crímenes, aberraciones y delitos. Esfuerzos que
han culminado hoy con la sanción judicial a los principales responsables de acciones
reconocidas, tanto por tribunales nacionales como internacionales, con toda la gra-
vedad que requieren, esto es, como crímenes de genocidio o de lesa humanidad y
que han tenido también un enorme impacto en la gestación de un consenso público
en torno al pasado político reciente narrado en clave de derechos humanos. El
enorme prestigio alcanzado por las organizaciones de defensa de los derechos hu-
manos Argentina y en el exterior ha sido el otro ingrediente central en la consolida-
ción de este consenso y en la institucionalización de una memoria emblemática so-
bre dicho pasado que reafirma los valores de la democracia como condición indis-
pensable para la vida política.
Si estos procesos han sido decisivos en la construcción del Estado de Dere-
cho en la Argentina y tienen, por lo tanto, un valor social y político innegable, a la
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hora de emprender un análisis académico de esos mismos procesos, otras premisas
requieren ser activadas, especialmente aquellas que hacen posible trascender la
percepción y el conocimiento directo del mundo y desarrollar un punto de visa me-
nos “encantado” de las categorías y las lógicas sociales que organizan al universo
social de los derechos humanos. Si esto es válido para toda investigación en el
campo de las ciencias sociales, esta vigilancia epistemológica requiere ser extrema-
da en el estudio del activismo en derechos humanos ya que, de lo contrario, se corre
el riesgo de reducir el análisis sociológico a una reproducción encantada del punto
de vista de aquellos con los cuales nos identificamos política y valorativamente, en
este caso, los organismos de derechos humanos, sus dirigentes, militantes, los so-
brevivientes y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
La necesidad de trascender la percepción y el conocimiento directo del mundo
es, justamente, lo que crea la posibilidad de realizar tareas de descripción impensa-
das y de agudizar la imaginación teórica para poder dar cuenta de hechos que no
necesariamente se ajustan a la percepción inmediata del mundo social. En este sen-
tido, la toma de conciencia de las condiciones de producción de la verdad histórica
no supone ni banalizar la búsqueda de la verdad ni hacer equiparables las deman-
das de otros actores y grupos interesados que también aspiran a legitimar sus crite-
rios de verdad respecto del pasado político reciente. Supone, sí, llevar adelante res-
ponsablemente una serie de operaciones teóricas, metodológicas y empíricas que la
adopción de un punto de vista sociológico impone al investigador y de las cuales re-
sulta que el conocimiento producido por éste difiera necesariamente del producido
por los nativos.
Objetivar este campo de investigación es una tarea extremadamente difícil en
la Argentina dado que para muchos argentinos la reivindicación de la memoria de los
desaparecidos es parte de una lucha política por revelar la verdad histórica del terro-
rismo de Estado y de un compromiso moral con la memoria de las víctimas y con la
memoria acerca de las responsabilidades de sus victimarios y el imperativo de juz-
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garlos. En el caso particular de los investigadores en ciencias sociales, muchos de
ellos se definen a sí mismos como víctimas, integran asociaciones de derechos hu-
manos y reivindican la memoria de sus compañeros de militancia. En este marco, la
adjudicación de tal condición para aquellos que ya no están presentes se proclama
como un “hecho” incuestionable y autoevidente y la categoría víctima se vuelve ex-
presión del universo moral que informa las vidas de estos agentes y que involucra un
compromiso afectivo, moral y político tan fuerte que parecen resistir a cualquier pro-
blematización.
La fuerza de estos imperativos morales se evidencia, por ejemplo, en la
enorme profusión de investigaciones sobre las asociaciones de familiares de las víc-
timas y la casi inexistencia de investigaciones que centren su atención en las aso-
ciaciones integradas por abogados como el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), o fundadas en la religión como principio de reclutamiento, como es el caso
del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) o el Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos (MEDH). Esta indiferencia se convierte en tabú a la hora de investigar las
asociaciones que defienden la “memoria” de los militares o de las llamadas “víctimas
de la subversión”, es decir, de aquellos agentes que no comparten el punto de vista
hegemónico sobre el pasado reciente. La ausencia de esta temática en el campo
académico local habla de las limitaciones a la hora de desarrollar una perspectiva
sociológicamente comprensiva de este universo de agentes y representaciones y de
la (más o menos tácita) sospecha o acusación de complicidad que recae sobre el
investigador que aspira a analizarlos.
Son estas condiciones también las que explican que mucha de la literatura
académica y de divulgación producida sobre los temas de memoria y justicia se ca-
racterice por traducir a un lenguaje académico el discurso de los propios activistas y
dirigentes comprometidos con el movimiento por los derechos humanos, producien-
do en el lector una rápida empatía con el punto de vista del autor, encantado a su
vez, con el punto de vista de los activistas de esta causa. Este es particularmente el
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caso de la literatura sobre memoria, hoy hegemónica a la hora de pensar pasados
traumáticos, tanto en los países centrales como en relación a las dictaduras del cono
Sur. En el contexto local, esta naturalización se hace explícita al verificarse una no-
table coincidencia entre la forma en que es pensado el problema por los actores (la
necesidad de la memoria, la imposibilidad del olvido, la importancia del testimonio,
etc.) y el problema tal como es pensado por el investigador, comenzando por la pro-
pia categoría “memoria”, simultáneamente categoría nativa y experta. Esta superpo-
sición facilita el contrabando continuo de problemas estatales y militantes al campo
académico y su conversión directa en programas de investigación. En esta línea de
reflexión, el historiador Luis Alberto Romero señala con precisión:
“La cuestión de la memoria constituye un campo amplio, de
contornos imprecisos, donde las cuestiones cívicas y las
académicas se confunden mucho más fácilmente que en otros
terrenos y donde, sobre todo, las evidencias del saber riguroso son
permanentemente confrontadas con las convicciones (…) En
términos generales, y con algunas excepciones, esos trabajos
están sometidos a una doble tensión. Por un lado, suelen buscar
una confirmación por la vía de la investigación de opiniones
fundadas en convicciones políticas y ciudadanas. Se trata de un
terreno dominado por el “tono elevado” y la corrección política. Por
otro, muchos trabajos parecen limitarse a la confirmación, en un
caso específico, de los modelos de análisis y hasta de las
conclusiones desarrolladas con referencia a otros contextos y
situaciones por aquellos que constituyen sus referencias teóricas”
(2007: 74)
Estas lógicas hacen que el desarrollo de una perspectiva distanciada del pun-
to de vista de los propios activistas de la causa, de los juristas de quienes dependen
los procesos contra los represores o de los funcionarios públicos comprometidos en
la preservación de la memoria y la defensa de los derechos humanos requiera de un
importante y cuidadoso trabajo de reflexión y de explicitación de los supuestos que
guían el análisis, al situarse tan próximo a los límites de lo decible en torno a dicha
causa.
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La explicitación de la existencia de distintas categorías posibles para narrar el
pasado político reciente y los enfrentamientos y debates en torno a las políticas re-
paratorias o la conformación de una nómina de víctimas es parte de una apuesta
analítica que aspira a mostrar la productividad de una perspectiva no naturalizada
del universo social de los derechos humanos y por asumir los riesgos que supone
sortear uno de los mayores desafíos que se presentan al investigador: el de ser pen-
sado por su propio objeto de investigación. Aun cuando, los resultados de esta pers-
pectiva puedan ir “en contra de ideales y creencias emocionalmente satisfactorios y
tenidos en muy alta consideración” (Elias, 2002:52) y entrar en tensión con el discur-
so que se ha consagrado públicamente sobre la causa por los derechos humanos.
La actualidad de los combates políticos y simbólicos que se desarrollan en
nuestro país explica la delicada trama en que se inserta este análisis y justifica la
extensa explicitación del punto de vista desarrollado en este artículo, al plantearse el
complejo desafío de recorrer un verdadero campo minado.
3)
T
AXONOMÍAS DEL DERECHO
La capacidad de “hacer existir” a los desaparecidos y asesinados en tanto
“víctimas” se instituyó en la Argentina sobre la base de cuatro tipo de acciones es-
pecíficas llevadas adelante por el Estado: “investigar” el plan sistemático de repre-
sión y “juzgar” a sus responsables, “reparar” sus consecuencias y “recordar” a sus
víctimas . Todas estas acciones supusieron transformar la tradicional consigna de
límites relativamente flexibles, móviles y relativamente imprecisos en reclamo por
“los 30.000 desaparecidos” en una nómina detallada de casos conteniendo la identi-
dad de cada una de las víctimas. A través de estos procesos, la historia política de
los años 70 comenzó a ser inscripta dentro de una narrativa jurídica y memorial: es
la comisión de un delito por parte del Estado lo que revela la existencia social de las
“víctimas” y es deber del Estado reparar estos hechos, recordarlos y trasmitirlos a las
nuevas generaciones.
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Dada su excepcionalidad, la figura “desaparecido” reivindicada por las asocia-
ciones de derechos humanos no tenía existencia jurídica en 1983, al inicio del actual
período democrático. Al punto que las condenas que se aplicaron en el marco del
juicio civil que condenó penalmente a los responsables de las tres primeras juntas
militares de gobierno, lo hicieron en base a las figuras de secuestro, privación ilegí-
tima de la libertad y homicidio. En función de esta ausencia, los desaparecidos eran
equiparados a la figuras de “ausente por presunción de fallecimiento” (Ley 14.394) a
los fines civiles, una figura “emocionalmente resistida” por los familiares ya que los
obligaba al “absurdo” de dar por fallecido a quien es un desaparecido. La ley
23.466/86 reconoce por primera vez la categoría desaparición forzada de personas
para dar cuenta de la situación en la que se encontraban aquellos que “hubieran si-
do privados de su libertad y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima
o si ésta hubiere sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo
cualquier otra forma de derecho a la jurisdicción”.
Diez años después de iniciada la democracia, la ley 24.321/94 retoma la ley
23.466/86 y crea la figura “ausente por desaparición forzada” aplicable a toda perso-
na que “… hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o resi-
dencia sin que se tengan noticias de su paradero”. Desde el punto de vista de la en-
tonces Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, esta ley hacía posible
“…. llamar a las cosas por su nombre y no enmascarar bajo amplias figuras jurídicas
a los desaparecidos”. Desde el punto de vista de los autores de la ley, sus ventajas
se comprenden en tanto la figura jurídica de ausente por desaparición forzada se
vuelve “idéntica” a su definición social dado que ahora se reconoce no sólo la figura
del desaparecido sino también el contexto político que dio origen a su desaparición.
La ley prevé también la posibilidad de recaratular los expedientes judiciales iniciados
con anterioridad de modo que los “ausentes por presunción de fallecimiento” puedan
pasar a ser reconocidos oficialmente como “ausentes por desaparición forzada” (ibí-
dem). Pocos meses después, ese mismo año fue sancionada una nueva ley, la
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24.411/94, que preveía un resarcimiento económico a los desaparecidos y extendía
este beneficio a “los fallecidos como consecuencia del accionar de las Fuerzas Ar-
madas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de di-
ciembre de 1983”.
Con esto requisitos y mediante estos procedimientos fueron creándose las
condiciones jurídicas que definieron oficialmente a un desaparecido y a un asesina-
do como víctima del terrorismo de Estado. A partir de estos sucesivos actos de insti-
tución, se instituyeron también un conjunto amplio de especificaciones “técnicas” con
base a las cuales la condición de víctima debió ser probada y demostrada “fehacien-
temente” (denuncias penales, certificaciones, declaraciones de testigos, etc.) y veri-
ficada luego por las agencias estatales correspondientes (informes policiales, dictá-
menes ministeriales, etc.), nuevos dispositivos burocráticos (registros de víctimas,
certificaciones, etc.) fueron instituidos así como también se conformó un conjunto de
agentes especializados en la gestión de estos derechos (secretarías, programas,
causas, tribunales, estudios jurídicos especializados, etc.).
Como resultado de todos estos actos de reconocimiento oficial y estatal, quie-
nes serán reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado serán sólo aquellos
desaparecidos que cumplan las especificaciones de la ley, fundamentalmente, la
denuncia hecha ante las agencias estatales autorizadas y por parte de los agentes
autorizados a hacerlo, sus familiares. La condición de víctima, en definitiva, será el
resultado de establecer una relación jurídica entre un sujeto y dicha categoría, sien-
do que los desaparecidos que adquirirán existencia social serán únicamente quienes
se ajusten a los requisitos especificados por las leyes y los agentes encargados de
implementarlas.
Estos actos de institución no estuvieron exentos de conflictos. Las implicacio-
nes de estas disposiciones en la delimitación de nuevas fronteras sociales —con el
consecuente desconocimiento de otros actores sociales no comprendidos dentro de
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los límites de la categoría víctima— se puso en evidencia en los sucesivos reclamos
de ampliación del contenido de dicha categoría llevados adelante, principalmente,
por los familiares de las víctimas. Un caso paradigmático es el de Rodolfo Ortega
Peña, diputado nacional y abogado defensor de presos políticos asesinado en 1975
por grupos paramilitares durante un gobierno constitucional. Sus familiares se pre-
sentaron ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación a fin de reclamar el
reconocimiento del carácter de víctima de su padre. Esta pretensión derivó en “lar-
gas batallas judiciales” en las cuales intervinieron las máximas autoridades naciona-
les del poder ejecutivo, del poder judicial y legislativo. La Subsecretaría de Derechos
Humanos, que hasta 1998 había reconocido el beneficio a la indemnización para
aquellos casos de asesinados o desaparecidos producidos durante la dictadura
(1976-1983), inicialmente dictó un dictamen positivo al pedido. Este dictamen fue
rechazado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior de la Na-
ción, de quien dependía entonces la Subsecretaria, sosteniendo que si se reconocía
dicha demanda “¡…podrían venir los familiares de Dorrego a reclamar una indemni-
zación…!”
y que la ley contemplaba en su espíritu una reparación a las víctimas de
la última dictadura con exclusividad. Ante esta negativa, los hijos del diputado asesi-
nado iniciaron un juicio contra el Estado.
Durante el tiempo que duró el proceso judicial, se desarrolló también una in-
tensa disputa política: algunos de los legisladores que habían apoyado la ley de re-
paración intervinieron situando los argumentos fuera del campo de lo jurídico, argu-
mentando que era políticamente inadmisible “…reconocer que hubo terrorismo de
Estado durante un gobierno peronista…” . Por el contrario, otros legisladores pero-
nistas y no peronistas bregaban por una aplicación de la ley “amplia, generosa y sin
restricciones” que posibilitara la inclusión de otras muertes y asesinatos de la historia
argentina bajo la condición oficial de “víctima”. Finalmente, la Procuración del Tesoro
Nacional resolvió favorablemente el caso estableciendo que “las normas reparatorias
en aplicación deben ser interpretadas en cuanto integrantes de un sistema creado
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por el Estado Nacional destinado a reparar ciertas consecuencias de determinados
sucesos ocurridos en nuestra historia reciente [lo que significa que] la determinación
en cada caso concreto respecto de si corresponde el beneficio de la ley 24.411 se
establece de acuerdo a las circunstancias del caso debidamente acreditadas” . Fren-
te a este dictamen, el Ministerio firmó la resolución que otorgó el beneficio sin dejar
de señalar que hacía falta “una nueva ley que subsane la ambigüedad de la 24.411”
Este caso sirvió como precedente para más de cien del mismo tipo que espe-
raban su resolución. A partir de entonces, la Secretaría de Derechos Humanos esta-
bleció la exigencia de “corroborar si [el caso] está vinculado con el sistema general
de los hechos materia de conocimiento de la Causa 13 y que coincide con la meto-
dología empleada por las Fuerzas Armadas o de seguridad ordenada a partir del
24.03.76, o en su defecto haya sido ejecutada por una organización paramilitar”, pa-
ra aquellos casos anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Mediante
esta operación, la categoría “víctima del terrorismo de Estado” resultó reelaborada,
pasando a tener existencia dentro de un gobierno democrático, como es el que co-
rresponde al de Isabel Perón (1974-1976). A través de estas leyes y políticas repara-
torias, cada vez más actores quedan incluidos en un relato del conflictivo pasado
reciente narrado en clave humanitaria.
Estos combates revelan con precisión el carácter socialmente construido de
estas taxonomías jurídicas, como se pone en evidencia también en la negativa de
reconocimiento oficial a otras pretensiones de legitimidad, caso de los autodenomi-
nados “familiares” de “las víctimas de la subversión”, una categoría reivindicada por
individuos y grupos que se movilizan con el propósito de obtener el reconocimiento
público y oficial del carácter de víctima de aquellos civiles o militares que murieron
como resultado de acciones armadas de agrupaciones de la izquierda revolucionaria
en el marco de lo que denominan “la lucha contra la subversión” (1975 y 1983) . Di-
chos grupos también se presentaron a reclamar el beneficio reparatorio otorgado por
el Estado justificando su demanda bajo el argumento de que las “bandas armadas”
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de las organizaciones de la izquierda funcionaron como grupos paramilitares durante
el gobierno democrático y que, por lo tanto, quienes resultaron muertos en el marco
de esos conflictos deben ser reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado.
Ante los primeros reclamos, la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos de la
Nación, Diana Conti evaluó que “la indemnización se la debían pedir a quienes creen
que son los asesinos de sus familiares”. La negativa de la Secretaría de Derechos
Humanos a equiparar ambas situaciones muestra justamente cómo los dictámenes,
las leyes y las políticas de gestión del pasado reflejan un estado de relaciones de
fuerza en donde —hasta el momento— sólo las víctimas del terrorismo de Estado
han logrado ser reconocidos oficialmente como víctimas.
En este marco, las taxonomías del derecho se convierten en verdaderas are-
nas de disputa por el reconocimiento y las diversas pretensiones de legitimidad de la
categoría víctima son expresión de la existencia de puntos de vista en conflicto so-
bre el pasado reciente. En la acción social, los sentidos de estas categorías son
puestos en riesgo al ser activadas por actores y grupos con intereses contrapuestos,
como lo testimonia el proceso de sanción de algunas leyes reparatorias. La demora
de dos años en la sanción de la ley 23.466 (presentada y debatida en 1984 y san-
cionada en 1986) revela la magnitud de algunas de estas disputas. El entonces se-
nador Fernando de la Rúa sostuvo entonces la necesidad de elaborar una ley que
contemplara a “todas las víctimas de la violencia incluyendo a quienes sufrieron ata-
ques subversivos” por cuanto “la concordia nacional precisa asumir todos los dolores
padecidos”. Los sentidos de la categoría víctima se ponen nuevamente en juego con
la media sanción lograda en la cámara de diputados de la nación por aquellos que
impulsan una ley de reparación económica a los familiares de las víctimas del ata-
que al Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes” de For-
mosa producido en 1975 por grupos armados de izquierda durante un gobierno de-
mocrático. Este proyecto de ley tiene como cualidad distintiva el hecho de que sus
autores son dos legisladores del partido gobernante, el Frente para la Victoria, y del
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principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, Díaz Roig y Buryaile res-
pectivamente. El proyecto logró su aprobación en el recinto y fue votado por legisla-
dores del oficialismo, tanto por aquellos que tuvieron una amplia participación en la
militancia política de los años 70 y se identifican públicamente como compañeros de
las víctimas del terrorismo de Estado como por legisladores más jóvenes que perte-
necen a las filas de “La Cámpora”, una agrupación oficialista que integra en sus filas
a varios familiares de desaparecidos y que pertenecen a la agrupación Hijos e Hijas
por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) .
Este proyecto de ley logró su aprobación con el voto de 135 diputados sobre
un total de 257, a condición de que se retiraran los fundamentos del mismo, donde
se caracterizaba a las víctimas como “valientes formoseños [que] entregaron sus
vidas en defensa de las instituciones, de la democracia y de las autoridades legal-
mente constituidas” y al ataque armado como el hecho que había precipitado el gol-
pe de Estado de 1976. Mencionaba también que mientras los muertos de la agrupa-
ción Montoneros ya había cobrado una indemnización, los familiares de los conscrip-
tos todavía no habían sido reparados por el Estado. Aún con el retiro de los funda-
mentos, varios diputados oficialistas que, a su vez, son familiares de víctimas del
terrorismo de Estado, notoriamente el diputado Remo Carlotto, hijo de la fundadora
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se opusieron explícitamente al
proyecto apoyado por sus pares de bancada mientras que otros se abstuvieron. La
agrupación de familiares de desaparecidos H.I.J.O.S., a la que pertenecen varios de
estos legisladores, expuso en un comunicado su rechazo a la ley entendiendo que
“demonizando a los desaparecidos… pretende igualar el accionar de las organiza-
ciones armadas con el plan sistemático de terror, persecución y exterminio imple-
mentado desde el Estado, poniendo en pie de igualdad el ataque a un regimiento
con los más aberrantes delitos que ha sufrido nuestro pueblo”.
Pocos años antes, en el año 2007, la inauguración en la Ciudad de Buenos
Aires del Monumento en homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado, fue otra
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instancia donde estos conflictos en torno a las categorías para narrar el pasado se
continuaron, en los mismos términos presentes en la sanción de la ley sobre las víc-
timas de Formosa: reiteradamente se señaló la manera en que el Monumento pro-
voca “el olvido sobre las víctimas de la subversión” y equipara a “víctimas” con “gue-
rrilleros” muertos en ataques a cuarteles militares o en tiroteos con la policía, sin te-
ner en cuenta que varios de ellos derramaron sangre en los gobiernos democráticos.
La complejidad de esta nómina se advierte cuando se reconoce que, junto a los
nombres de figuras emblemáticas en la denuncia de la represión del Estado como el
periodista Rodolfo Walsh, de familiares desaparecidos que fueron ellos mismos des-
aparecidos por la dictadura, como Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza
de Mayo, de legisladores nacionales como Ortega Peña, de la iglesia católica como
el padre Carlos Mugica y de quienes hoy son oficialmente designados como víctimas
de ejecución sumaria, se encuentran también los nombres de figuras decididamente
alineadas con el proyecto de la dictadura militar y el combate al “terrorismo apátrida”
. En el recinto de la cámara de diputados de la nación otro proyecto aguarda su tra-
tamiento parlamentario. Se trata de un proyecto de ley que aspira a otorgar una in-
demnización a las “personas fallecidas o con lesiones graves por el accionar de gru-
pos terrorista subversivos en el período 1960-1989”.
Como se advierte en este trabajo, más allá de la existencia de un consenso
básico sobre las nociones de víctima y derechos humanos, las fronteras de estas
nociones son debatidas, reformuladas y cuestionadas en la Argentina contemporá-
nea, impugnando su grado de universalidad y sus límites. Diferentes actores y gru-
pos disputan su legitimidad a través de la producción de una verdad, cuya imposi-
ción no es más que una de las existencias posibles del grupo (víctimas, mártires,
héroes, compañeros, etc.). En este contexto, las leyes de reparación, la nómina ex-
hibida en un monumento suponen la institución de una frontera entre las víctimas y
otras categorías que no alcanzaron el mismo éxito social como son las categorías
“héroe”, “mártir de la lucha popular” o “víctima del terrorismo”, entre otras. Es preciso
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entonces asumir que este proceso de oficialización, al tiempo que reconoce y legiti-
ma a algunos actores, demandas y principios de visión sobre el pasado reciente de
la Argentina, produce el desconocimiento de otras categorías y puntos de vista, en-
tre las que se encuentran algunas categorías próximas, como combatiente, mártir,
compañero o héroe de la lucha popular o claramente antagónicas, como víctima del
terrorismo.
4)
A
MODO DE CONCLUSIÓN
En este artículo me propuse mostrar la productividad de una perspectiva de
análisis orientada al análisis socio-genético de la categoría víctima del terrorismo de
Estado con la intención de aportar a los estudios sobre derechos humanos y memo-
ria al tiempo que servir de inspiración para comprender otros casos empíricos en los
que también se verifica la centralidad de la categoría víctima, como son, en el caso
Argentino, las movilizaciones de los familiares de las víctimas de la violencia policial
(“gatillo fácil”), de los familiares de las víctimas del atentado a la mutual de la colecti-
vidad judía Amia (1995) o las víctimas de Cromañón (2004), por citar unos pocos
ejemplos locales .
Para ello describí distintas instancias a través de las cuales esta categoría es
instituida y oficializada. Siguiendo a Bourdieu, podría afirmarse que, en tanto verda-
deros actos de institución, las leyes, su aplicación y la conformación de una nómina
de víctimas crean, por medio del nombrar, la realidad que nombran (Bourdieu,
1996). En este contexto, la administración del lenguaje se convierte en un asunto
político crucial, de lo que resulta que el léxico moral y jurídico utilizado para narrar el
pasado y gestionar las políticas de Estado sobre derechos humanos se compone,
esencialmente, de “conceptos de combate”. Es en este contexto donde el Estado —y
los recursos y dispositivos materiales y simbólicos de que dispone— se instituye co-
mo un escenario clave para instituir un relato legítimo sobre el pasado y poner límite
a estos combates por el reconocimiento.
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La socióloga argentina Pilar Calveiro —ella misma una víctima directa del te-
rrorismo de Estado— reconoce con claridad esta condición eminentemente política
del campo de los derechos humanos y de las empresas de gestión del pasado re-
ciente al señalar que uno de los sentidos de estos debates es “… fijar cómo y con
qué contenidos se hará la reconstrucción del relato histórico, así como establecer
qué lugar le cabe a los distintos actores —Fuerzas Armadas, partidos políticos, iz-
quierda tradicional, organizaciones armadas— dentro de él. Se libra una lucha en el
ámbito de los relatos para establecer cuáles prevalecerán” (2012: 29).
El colocar el foco del análisis en estas luchas es una herramienta que permite
el desplazamiento de la controversia histórica sobre los hechos del pasado a un aná-
lisis sociológico de los conflictos entre los diversos grupos comprometidos con su
narración, incluyendo a los que tienen en el presente menor grado de legitimidad
pública, esto es, aquellos que reivindican la figura “víctima de la subversión”.
Este desplazamiento es posible ya que al tomar como objeto de análisis las
operaciones analíticas de construcción de categorías sociales, se pueden sortear las
trampas del discurso reificado del derecho y del Estado y poner en evidencia todo el
trabajo de imposición de principios de visión y división del mundo social que está
implícito en la conformación de una nómina de un monumento público o una ley de
reparación. Se trata de una herramienta de análisis que nos obliga a ver a las nocio-
nes que pueblan este universo de relaciones como lo que son, esto es, el resultado
de procesos sociales e históricos. Como se señaló anteriormente, la inclusión de los
grupos que reivindican la figura “víctima del terrorismo” en el marco del análisis no
es efecto de mi adhesión personal a las reivindicaciones de este grupo sino el resul-
tado de reconocer que sus pretensiones al reconocimiento público y oficial inciden
en forma decisiva en la estructuración del propio campo.
Desarrollar una perspectiva sociológicamente distanciada del punto de vista
interesado de los agentes que intervienen en este campo permite comprender que
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tanto derechos humanos como víctimas son medios a través de los cuales se dispu-
tan conflictos que corresponden al orden de la política. Se trata de un campo en cu-
yo seno distintos actores luchan por establecer e imponer un punto de vista legítimo
y una definición legítima sobre los derechos humanos y sobre el pasado reciente y,
al hacerlo, del lugar que ocupan en la escena pública actual. Los conflictos y comba-
tes jurídicos ponen en evidencia la manera en que las reinterpretaciones morales del
pasado son retraducidas en el seno del espacio político-burocrático mediante la san-
ción o modificación de estas políticas de reconocimiento.
Las distinciones y especificaciones contenidas en este conjunto de leyes po-
nen de manifiesto dos cuestiones centrales: por un lado, que la acentuada amplitud
de muchas de las definiciones y la extensa ambigüedad de muchas de las impreci-
siones contenidas en muchas de estas leyes —como la utilización de la expresión
“historia reciente”—, o la indefinición respecto de la fecha a partir de la cual los ca-
sos de asesinato son susceptibles de recibir indemnización —“con anterioridad a
1983”—, es lo que crea el espacio necesario para que distintos agentes interesados
se movilicen en pos de la inclusión de nuevos casos y situaciones que exceden los
límites de la dictadura de 1976-1983 para alcanzar otros períodos dictatoriales y
también democráticos, aproximando, inesperadamente, instancias y órdenes políti-
cos considerados antagónicos.
Este continuo trabajo de reformulación de categorías evidencia la manera en
que las taxonomías producidas por el derecho son producto de un trabajo colectivo
resultado de la mayor o menor capacidad, competencia o interés de los magistrados
y funcionarios del ejecutivo por atenerse más estricta o elásticamente a la ley, como
de la capacidad de los abogados patrocinantes y de las familias de las víctimas y las
asociaciones civiles que las nuclean para expandir, amplificar o restringir los alcan-
ces de las leyes. Como señala Bourdieu, las luchas de clasificación son “luchas por
el monopolio de hacer ver y hacer creer, de dar a conocer y hacer reconocer, de im-
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poner una definición legítima de las divisiones del mundo social y, por este medio,
de hacer y deshacer los grupos” (Bourdieu, 1980: 65).
En segundo lugar, el análisis de estos dispositivos jurídicos pone en evidencia
otra propiedad de este discurso: su capacidad de trazar fronteras entre los grupos y
las clases e imponer criterios de inclusión y exclusión. Es por este motivo que las
luchas políticas por imponer categorías y delimitar fronteras sociales tendrán como
uno de sus escenarios privilegiados el campo jurídico. El derecho tiene justamente
esta “fuerza”, la de convertir una forma de narrar el pasado en la visión autorizada
acerca de los hechos y poner un límite a las pretensiones de otros grupos por objeti-
var otras categorías sociales. Por comparación, estas otras interpretaciones del pa-
sado con las cuales compite, pasan a ser evaluadas negativa o peyorativamente o
abiertamente impugnadas siendo que, el recurso clave en su descalificación es el
constituir interpretaciones políticas. Al ingresar al ámbito judicial, los conflictos políti-
cos son capturados por una lógica y un lenguaje que hace de la pretensión de neu-
tralidad su condición de existencia. La retórica fuertemente neutra, abstracta y en
clave humanitaria que domina todas estas intervenciones estatales tiene como efi-
cacia el hecho de hacer aparecer a sus principios y criterios como un resultado ne-
cesario de hechos que derivan, no de una apreciación subjetiva o de un punto de
vista interesado sino de una realidad objetiva y, por lo tanto, que está fuera de toda
controversia. Como sostiene el texto de una de estas leyes, la reparación se impone
como “un acto de justicia” ya que “…es función legislativa normar sobre la realidad
sin entrar… en su evaluación política ni histórica”. Mediante este tipo de operaciones
y dispositivos, el pasado político reciente en clave de derecho es colocado en un
plano que trasciende los intereses particulares de los grupos para situarse por fuera
de la política. Es esta condición la que permite hacer existir a las víctimas del Terro-
rismo de Estado.
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Protocolo para citar este texto: Vecchioli, Virginia, 2013, “Las Víctimas del Terrorismo de
Estado y la gestión del pasado reciente en la Argentina”, en
Papeles del CEIC
, vol. 2013/1,
nº 90, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco,
Fecha de recepción del texto: enero de 2013
Fecha de evaluación del texto: febrero de 2013
Fecha de publicación del texto: marzo de 2013
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