1. Introducción

El Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)^[3] es un programa de distribución subsidiada de alimentos que ha cobrado una “máxima” prioridad en la política social venezolana a partir de 2016, año de su creación. Ese altísimo relieve expresa la intensa erosión de las condiciones socioeconómicas de vida de los venezolanos desde el 2013, proceso de empobrecimiento que se acelera a partir del 2015-2016. Este se aúna al grave deterioro de la institucionalidad social tradicional, así como a una acentuación de la crisis de las llamadas misiones sociales, incluyendo las principales de ellas: Barrio Adentro, misiones educativas, Gran Misión Vivienda y –como se verá más adelante– la Misión Alimentación, antecedente básico del programa que aquí será analizado. Es de suponer que sin la combinación de esos deslaves económico-sociales e institucionales, el CLAP no existiría o –al menos– no tendría la jerarquía que se le asigna hoy.

El CLAP y –luego– los Bonos Sociales (programa de transferencias monetarias iniciado fundamentalmente a fines de 2017), se convirtieron en las mayores novedades de la política social venezolana en los años recientes, en asociación con una publicitada plataforma digital y sus derivados, de estilo y uso “partidario”, conocida como el Carnet de la Patria (CP) activada en enero de 2017.

Es casi inevitable apuntar que la pandemia que afecta al mundo por la Covid-19 implica unos efectos socioeconómicos extraordinariamente negativos que acentuarán dramáticamente, en el caso venezolano, la debacle económica y social manifestada en la emergencia humanitaria compleja que sufre con creciente intensidad el país desde el 2015-2016. Esta emergencia tiene algunas de sus más preocupantes referencias en los campos de la nutrición y de la salud que ya inciden en alarmantes registros “derivados”, como la disminución de la esperanza de vida del venezolano (Correa, 2017; UNDP, 2019). Las reforzadas exigencias que ello supone hacia los programas sociales se plantean en circunstancias de una sostenida precariedad fiscal que limita severamente las alternativas de acción del Estado venezolano.

En medio y a pesar de esa emergencia, el Sr. Maduro (jefe del Ejecutivo nacional) definió a Venezuela –a inicios del 2020– como vanguardia en la creación de “un nuevo modelo de esperanza para la humanidad” (VTV, 24 de enero de 2020); modelo para el que, según dijera desde el 2016, los CLAP han representado un “milagro” de la revolución en el combate contra la “guerra económica” (AVN, 17 de diciembre de 2016).

En este artículo se analizan a los CLAP presentando, en primer término, una caracterización general de ese programa socio-alimentario y un abordaje de sus principales antecedentes. Se revisarán luego genéricamente la cobertura y resultados sociales asociables con el programa. Y, en tercer lugar, se explorarán algunos de los vínculos de los CLAP con la Gran Corrupción que se ha enseñoreado en la Venezuela del siglo XXI.

2. Caracterización general y antecedentes

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son un programa de distribución micro-local –o “casa por casa”– de productos alimentarios considerados como de primera necesidad que son subsidiados por el Estado, lo que abarata muy sustancialmente su costo para los hogares que los adquieren. Los principales rubros que se distribuyen mediante este programa han sido generalmente objeto de controles estatales de precios^[4].

La referencia a los Comités en la designación del CLAP se debe a que la distribución se realiza mediante mecanismos de organización local, cuya característica organizativa y legitimidad comunitaria serán tema de reflexión más adelante (véase Recuadro Nº 1). En esta dimensión organizativa local podría residir la principal novedad de este programa frente a otros varios ensayos previos de subsidio indirecto masivo de alimentos en Venezuela.

Además del abastecimiento se supone que el programa promueva alternativas de producción^[5]; pero los logros en esta materia han sido muy limitados. Por el contrario, el CLAP auspició muy activamente –como sus antecedentes de la Misión Alimentación– una extensa e intensa importación de los rubros alimenticios que ofrece^[6]. También ese programa anunció su incursión en el reparto de rubros no alimentarios (como medicinas, cosméticos y productos de limpieza), sin que se concretara nada significativo a ese respecto.

Se previó al comienzo del programa que la bolsa o caja del CLAP trajera entre 7 y 12 rubros de alimentos, con un peso aproximado de 16 kilos (Hurtado y Zerpa, 2016, p. 71). Sin embargo, dicho peso ha tendido a reducirse –al menos desde el 2018–, aunque de una manera aparentemente heterogénea en el país.

Los bienes básicos que puede contener más típicamente la bolsa/caja CLAP son, en primer término, harina de maíz precocida (para las arepas), arroz y pasta; luego, con una frecuencia un poco más cambiante, se cuentan granos leguminosos (lentejas, caraotas), leche en polvo y azúcar refinado. Generalmente, aunque con irregularidades, las cajas tienen al menos 1 kg de cada uno de los rubros anteriores, así como 1 litro de aceite vegetal, cuyo suministro presenta fallas temporales pero bastante recurrentes. A ello el CLAP puede sumar –mucho más infrecuentemente– otro producto como latas de atún o sardinas, así como lo que puedan aportar algunos muy excepcionales operativos (de venta) de alimentos ricos en proteínas animales o vegetales. Esto muestra un marcado desequilibrio nutricional, con un abrumador predominio de carbohidratos y una mínima presencia de proteínas^[7].

Se supone que la bolsa/caja del CLAP se distribuya al menos una vez al mes a los hogares venezolanos, que tienen un promedio cercano a los 4 miembros. Pero, se mostrará que hasta el 2019 –y todo indica que también en la actualidad– ese reparto no se ha cumplido con esa periodicidad en la mayoría de los hogares venezolanos. Ahora, hay que adelantar que –en cualquier caso, aún con su contenido inicial y con una frecuencia mensual– en medio del empobrecimiento generalizado el CLAP es un aporte valorado por sus destinatarios, especialmente aquellos de más escasos recursos económicos. Y también hay que anticipar que a pesar de su comprensible popularidad “genérica”, propia de muchos programas sociales aunque sean inefectivos, una caja CLAP representa un modesto aporte para cubrir los requerimientos nutricionales efectivos de un hogar promedio venezolano.

El programa CLAP surgió a comienzos de 2016 como producto de una crisis abierta de la Misión Alimentación, que se había iniciado en el 2003 bajo el nombre de MERCAL (Mercado de Alimentos). Entre todas las misiones sociales (programas generalmente muy improvisados, pero supuestamente “innovadores” impulsados por Chávez desde el 2003) la de alimentación fue la de mayor cobertura (seguida luego por la misión Barrio Adentro, en salud), aunque tendió a disminuir su alcance desde un máximo de destinatarios en 2005-2006, cuando 70% de hogares declaraban comprar al menos 1 producto al mes en Mercal, hasta menos de 50% de hogares desde 2013^[8]. Uno de los motivos básicos que generó la suspensión y redefinición de esa misión fue la extendida y multiforme corrupción que la marcó. Esa variada corrupción fue reconocida a inicios del 2016 por Nicolás Maduro y otros varios altos dirigentes chavistas al anunciar la profunda reorientación que supuestamente iba a producirse en esa misión (MINCI, 17 de febrero de 2016) a la que se cambió el nombre^[9].

Paradójicamente, se encargó principalmente a las Fuerzas Armadas de esa presunta reorganización a fondo, cuando ellas habían sido las responsables de gestionar ininterrumpidamente aquella Misión y cuando también –a excepción de un breve interregno– se les había encargado del Ministerio de Alimentación (desde que se formó en 2004), al que estaba estrechamente asociado aquel programa.

Hay además una característica central del CLAP que, aunque intentó ser revestido con el aura de pretendida creatividad que se le quiso imprimir a las misiones sociales, no tiene nada de inédito ni en América Latina ni en Venezuela: al igual que la Misión Alimentación se trata –con otros ropajes– de un tradicionalísimo mecanismo de subsidio indirecto de alimentos^[10]; y, como lo anticipan los numerosos balances de las experiencias internacionales y nacionales previas, cuando la mejora del ingreso de los sectores de escasos recursos es un objetivo relevante para los subsidios alimentarios^[11], es comparativamente mucho más conveniente instrumentar programas de subsidio directo a la población (mediante transferencias monetarias) debidamente diseñados, apropiadamente focalizados y –de ser el caso– diferenciados en los aportes por estratos socioeconómicos.

A tono con la anterior reflexión, un buen ejemplo de las visiones críticas sobre los programas de subsidios indirectos de alimentos lo aportó Teodoro Petkoff en momentos en que, ante el inicio del MERCAL en el 2003, recordaba la experiencia de Corpomercadeo. Este fue el más importante de esos programas en Venezuela en las décadas de 1970 y de 1980 y, no por casualidad, uno de los mayores símbolos de la corrupción asociada con el sector social durante esas décadas. Decía Petkoff en abril de 2003:

El gobierno está importando y distribuyendo alimentos a precios subsidiados. La intención es generosa: proporcionar alimentos básicos a los sectores populares. Era también la intención de Corpomercadeo (popularmente conocido como Porcomercadeo). […] Cuando […] este organismo fue desmontado representaba 6 mil de los 27 mil millones de la deuda externa pública de la época y a su sombra se habían construido fortunas enormes y Porcomercadeo quedó como uno de los símbolos más repulsivos de la corrupción. […]. Para Mercal podría predecirse el mismo destino con el agravante de que el gobierno ha colocado en manos de la Fuerza Armada la instrumentación de las importaciones y la administración de los mercados populares. En la memoria reciente está la experiencia del Plan Bolívar, que condujo a la expansión impune de la corrupción en el seno de la institución castrense. […]. Se produce con esto una desnaturalización del rol específico de la FAN, atribuyéndole funciones que en sana lógica escapan del cometido que les es propio y se corre el riesgo de que se reproduzcan prácticas, ahora en el seno de la FAN, semejantes a las que hicieron tristemente célebre a Porcomercadeo. (Petkoff, 2003, p. s/n)

Es posible que antecedentes como los mencionados influyeran en que, cuando se activa el CLAP durante el segundo trimestre de 2016, se lo definiera como una iniciativa transitoria, de duración limitada, mientras se creaban “otros” mecanismos efectivos de abastecimiento y distribución. Hay en todo caso evidencias de cuestionamientos dentro del oficialismo ante lo que venían siendo los programas de subsidio indirecto de alimentos que pueden ejemplificarse con lo expresado por Aristóbulo Istúriz (para entonces vicepresidente ejecutivo de la República) quien, en los comienzos del CLAP –en julio de 2016– planteaba:

Un error de nosotros ha sido el subsidio indirecto, porque los productos los subsidiamos, pero después […] muchas veces no les llegan a quienes necesitan ese subsidio, porque se aprovecha ese subsidio del gobierno para los más pobres para traficar y ganar más. Nosotros queremos ir sustituyendo el subsidio indirecto por un subsidio directo. […] lo que vamos a aportar a la gente, lo vamos a aportar directamente y no al producto. (B & N, 2016)

Sin embargo, al transcurrir el tiempo se fue fortaleciendo el CLAP, que de programa transitorio pasó a considerarse como una pieza estratégica de la política social revolucionaria. Ha llegado incluso hasta el punto de instituirse entusiastas proclamas como las de otorgar “todo el poder para los CLAP” y a considerarse –ya desde fines del 2016–, que ese programa representaba “un milagro ante la guerra económica”.

En contraste con esa ficción oficialista puede decirse –en síntesis– que el CLAP re-edita con algunos ajustes un mecanismo de subsidio indirecto de alimentos, masivo y poco discriminado y que –para colmo– se supuso que fuera objeto de reformas drásticas por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, que han sido las que han conducido los programas que le antecedieron en una Misión Alimentación en crisis. Con esas bases, existían altas probabilidades de que –con algunos cambios de integrantes– se reciclaran y actualizaran parcialmente los grupos “cazadores de renta”; o, más genéricamente (a falta de tanta renta), los grupos “cazadores de recursos públicos”, muchos de los cuales ya lucraban con los negocios ilícitos –propios de estos subsidios– en sus formatos previos.

Así, aunque en su lanzamiento se anunció una gran redefinición programática, a la luz de lo que terminó ocurriendo con los CLAP pareciera que –en una de sus principales dimensiones– se ha tratado de un prolongado episodio para la redistribución de cuotas de un turbio negocio bajo un formato de apariencia “más participativa y revolucionaria”. Lamentablemente se han impuesto nuevamente la improvisación y el voluntarismo, probablemente incentivados por ocultos intereses, en la definición de políticas públicas en el campo social.

Valga apuntar que, cuando comenzó el registro de la población en el polémico Carnet de la Patria (CP), en enero-febrero de 2017, el mayor estímulo inicial para esa inscripción fue el anuncio de que el Carnet sería un requisito para acceder al CLAP. Aunque en definitiva no parece haberse generalizado esa exigencia, puesto que una parte de quienes accedían a los CLAP no estaban registrados en ese carnet (Tabla Nº 1), la mayoría de los destinatarios de ese programa alimentario prefirieron prevenir el riesgo de ser excluidos de ese acceso y, por ello, se registraron tempranamente en el CP (Aponte, 2019b).

Se revisará a continuación –con más precisión– la importante cobertura que ha alcanzado el CLAP y se explorarán algunos de los principales resultados sociales que se le pueden atribuir, en el marco de emergencia humanitaria compleja y de empobrecimiento generalizado del país, contexto que contribuye a explicar la relevancia que adquieren ese y otros programas sociales para muchas familias venezolanas.

3. CLAP: cobertura y resultados sociales

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida-ENCOVI (UCAB-USB-UCV, 2018), para el 2017 un 87% de los hogares venezolanos había recibido en alguna ocasión una caja CLAP, porcentaje que sube a 95% en el 2018. Pero, de este último registro, solo un 41% de los hogares obtenía esas cajas con una periodicidad mensual o menor; el 15% la recibía cada 2 meses; y, el 43% con una periodicidad indefinida, pero mayor a los 2 meses^[15].

Con los CLAP se llegó a la mayor cobertura que hayan alcanzado los subsidios indirectos de alimentos en las gestiones chavistas. A partir de 2016-2017 el CLAP concentró los principales nuevos esfuerzos en materia social (como también apunta España, 2018) que se combinan desde noviembre-diciembre de 2017 con los orientados a los bonos sociales. A este último mecanismo de transferencias monetarias directas hacia sectores de la población solamente se le brindó una marcada relevancia al desatarse la hiperinflación (justamente en noviembre-diciembre de 2017) lo que limitaba por anticipado un efecto potencial significativo de este programa en los ingresos de sus destinatarios, siendo esta una de sus múltiples debilidades de diseño e instrumentación (Aponte, 2019c). La activación de estos bonos, tampoco ha incidido en redefiniciones significativas del CLAP, programa con el que podría “competir” potencialmente como mecanismo alterno de canalización de subsidios.

Tabla 1

Hogares venezolanos: Porcentaje con acceso al Carnet de la Patria y al CLAP (para septiembre de 2017 y de 2018)

Fuente: UCAB-USB-UCV (2018)

Una caja CLAP no es un complemento nutricional sustancial para un hogar de tamaño promedio (de cerca de 4 miembros) que la reciba mensualmente, tal y como se sostiene en los análisis de la ENCOVI (España, 2018, p. 38), estimándose que pueda cubrir un 17-18% de sus requerimientos alimentarios para ese lapso (REDAV, 2020, p. 9). Además, lógicamente, se trata de un aporte nutricional aún menor cuando los hogares reciben esa caja cada 2 o más meses, lo que ocurría con casi un 60% del total de ellos en 2018 y lo que –probablemente– es lo que sigue pasando hoy para la mayoría de los hogares.

Vale puntualizar que es llamativo que un programa de este tipo no arroje claros indicios de progresividad distributiva^[17]. Sin embargo, en medio del empobrecimiento drástico y generalizado que han vivido los venezolanos desde el 2013-2014 la mayoría de la población valora favorablemente la posibilidad de acceder a las cajas CLAP, cada una de las cuales vale muchísimo más de lo que representa el ínfimo ingreso mínimo mensual oficial^[18].

En ese sentido, a mediados de 2019 la encuestadora More Consulting registraba que casi la mitad de los hogares, el 48% de los que responden la consulta, brindaba una valoración muy importante al aporte que representan los CLAP para la alimentación del hogar. De ese porcentaje, 11,4% del total manifestaba que los CLAP eran la “principal vía por la que consiguen alimentos para el hogar”^[19] (More Consulting; en Martínez, 2019). En medio de los terribles efectos socioeconómicos que está ocasionando el coronavirus, es altamente probable que esa valoración popular se haya incrementado significativamente.

Ello explica en parte el acrecentado protagonismo que han adquirido los CLAP y los Bonos sociales, a pesar de sus limitaciones o precariedades, en medio de un proceso de deterioro de gran parte de la institucionalidad social regular: un sistema de salud en emergencia; una educación en regresión; una seguridad social devaluada; una vivienda y desarrollo urbano paralizados y en involución, a los que se aúna una debilitada política hacia los grupos en pobreza y discriminados. Lo anterior no significa que los CLAP y los Bonos sociales hayan pasado a ser la política social, puesto que son solamente una parte de ella, sino que en medio de la crisis de las misiones y del grave retroceso de la política y programas tradicionales han adquirido un papel primordial; rol desafortunadamente estelar, conviene añadir, puesto que expresa el colapso social e institucional que activa esa jerarquía.

En relación con lo antes expuesto hay que resaltar que uno de los componentes de la política social que se ha debilitado marcadamente, desde 2015 y sobre todo desde fines de 2017, es la política activa hacia los ingresos derivados del trabajo, para la que la fijación y defensa de un salario e ingreso mínimo son relevantes. Ella ha tendido a ser sustituida por una política de ingresos dependiente del Estado, en la que cobran relevancia las transferencias monetarias (tipo bonos) y los ahorros mediante gastos básicos como los alimentarios (especialmente a través del CLAP). Estos últimos –como se mencionó antes­–, si se atiende a los valores del ingreso mínimo integral regular (salario mínimo + bono de alimentación), representan mucho más que esas remuneraciones laborales básicas. Se trata de un insensato desequilibrio socioeconómico que no debería prolongarse en el tiempo, puesto que desvirtúa marcadamente el sentido y la relevancia social del trabajo; pero se trata de un desequilibrio que ha tendido a consolidarse, sobre todo desde fines de 2017, bajo el estímulo de las erráticas políticas gubernamentales.

Hasta aquí se ha dado por sobreentendido que no hay motivos para dudar del extremo grado de colapso y de empobrecimiento socioeconómico que sufre Venezuela, ampliamente documentado por fuentes nacionales (resaltando entre ellas la ENCOVI) e internacionales (empezando por diversas agencias de Naciones Unidas como la UNOCHA, 2019 y la ACNUDH, 2019). Sin embargo, amparándose en un uso “inapropiado” del método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el cálculo de la pobreza, aún en enero de 2019 altos voceros del gobierno continuaban sosteniendo que la pobreza no había crecido en el país desde el 2013; agregaban que, en particular, la pobreza extrema habría seguido descendiendo hasta alcanzar solo a un 4,4% de la población (VTV, 12 de enero de 2019).

A ese respecto hay que destacar que, sin ninguna explicación técnica, el gobierno abandonó –hacia el año 2014-2015– el uso de la línea de ingreso como método básico para medir la pobreza^[20] en países como los latinoamericanos, procedimiento que puede y debe ser complementado con un uso reflexivo de los resultados de otros métodos para examinar ese complejo fenómeno socioeconómico. Pero es en todo caso un procedimiento que no es técnicamente legítimo (ni –simplemente– razonable) omitir. Sin embargo, desde el 2015, el Estado decidió no brindar información oficial sobre la pobreza por línea de ingreso y dejó de usar ese primordial indicador al que había valorado muy centralmente hasta 2012, mientras los registros de pobreza que arrojaba el método de líneas de ingreso le resultaban favorables.

Frente a ese vacío informativo, para no recurrir a otras múltiples evidencias nacionales o internacionales que fueron antes mencionadas –empezando por los datos de pobreza de la ENCOVI–, es particularmente oportuno indicar –en el marco temático de este artículo– que unos importantes indicios de que puede haber un empobrecimiento significativo de la población residen en el comportamiento de los indicadores nutricionales, puesto que el acceso y consumo adecuado de alimentos puede verse afectado por las carencias socioeconómicas asociadas con la pobreza, sobre todo cuando esta es extrema.

Habría que añadir a ese respecto que durante muchos años se publicitó, sin fundamentación adecuada, que las misiones sociales –y en particular la Misión Alimentación– habían contribuido significativamente a reducir la pobreza y a mejorar los índices nutricionales que se expresaban en la disminución de la prevalencia de la subalimentación, como uno de los indicadores prioritarios. Si ese criterio fuera cierto, habida cuenta de que los CLAP han alcanzado una cobertura mucho mayor que sus antecedentes en la Misión Alimentación, se podría suponer que debería evidenciarse una mejora en la situación nutricional desde el 2016.

Como puede verse en la Figura Nº 1, efectivamente la reducción de la pobreza y la pobreza extrema que acompañó –hasta el 2012– al ciclo de bonanza petrolera que vivió Venezuela desde el 2003 al 2014 contribuyó a que la prevalencia de subalimentación se situara entre 2007 y 2012 por debajo del 5% de la población total. Pero, el inicio del empobrecimiento masivo y generalizado desde el 2013-2014, que como ha subrayado la ENCOVI se evidencia en un crecimiento particularmente acentuado de la pobreza extrema (según línea de ingresos), parece expresarse en el aumento sostenido y acelerado de la prevalencia de la subalimentación en porcentajes que pasan de un 6,4% de la población en 2012-2014, hasta 18% en 2015-2017 y a 21,2% (valor proyectado) para 2016-2018.

Figura 1.
Venezuela: Prevalencia de la subalimentación (%) en la población total, 1999-2018 (porcentaje promedio por 3 años; valor proyectado para 2016-2018).
Fuente: FAO (2020)

La anterior evidencia es un referente muy importante para apreciar el alcance limitado de los resultados que pueden atribuirse a los CLAP, que no están en capacidad de compensar el aluvión del colapso socioeconómico iniciado desde 2013-2014. Hay que advertir que este colapso se agrava con las sanciones financieras y comerciales adoptadas desde fines de 2017 por el gobierno de Estados Unidos, sanciones que han repercutido en el país básicamente desde el 2018; pero, para evitar errados supuestos para falsos remedios, es muy nítido que el comienzo de aquella debacle precedió en mucho a estas cuestionables medidas externas, comparativamente recientes.

Tabla 2

América Latina: Prevalencia de subalimentación en la población (2004-2006 y 2016-2018). Países ordenados de menor a mayor prevalencia en 2016-2018*

Fuente: FAO (2019)* Porcentaje promedio por 3 años; valor proyectado para 2016-2018

Una gravísima referencia comparativa de la Tabla Nº 2 muestra que Venezuela es el único país de América Latina que desmejora su porcentaje de población subalimentada entre el 2004-2006 y durante el trienio 2016-2018. Además, Venezuela pasa de un valor que era cercano en 2004-2006 al porcentaje promedio de población subalimentada en América Latina y el Caribe, a un porcentaje que en 2016-2018 más que triplica el promedio de la región. Y un dato aún más contundente es que Venezuela registra el segundo mayor porcentaje de población subalimentada –después de Haití–, entre los 20 países de América Latina que se incluyen en esa Tabla, superando los porcentajes de subalimentación de países que tradicionalmente se clasifican como de muy modestos ingresos nacionales por habitante en este conjunto latinoamericano.

Más recientemente, en enero de 2020 el Programa Mundial de Alimentos-PMA (o WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU presentó, a solicitud del Ejecutivo nacional de Venezuela encabezado por el Sr. Maduro, una evaluación sobre seguridad alimentaria y vulnerabilidades de los hogares en Venezuela. La misma estaba basada en un estudio de campo desarrollado en el país entre julio y septiembre de 2019, de acuerdo con las metodologías de examen acostumbradas por ese organismo (WFP, 2020). Esta evaluación arrojó los siguientes contundentes resultados: i) 7,9% de la población venezolana (2,3 millones) está en inseguridad alimentaria severa; y, ii) 24,4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Con base en esa información y a partir del llamado método CARI (Enfoque consolidado para reportar indicadores de seguridad alimentaria) el PMA estima entonces que, a fines de 2019, una de cada 3 personas en Venezuela (32,3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia (ídem.)

Es obvio, por si quedara alguna duda, que ni el CLAP ni los Bonos han representado un factor relevante de contención de la gravísima situación de deterioro socioeconómico y alimentario del país, situación que apunta a un empeoramiento significativo por la depresión complementaria que suponen el coronavirus y sus efectos. Esto queda claramente ilustrado en el reciente Informe sobre las Crisis Alimentarias Mundiales del FSIN, reporte avalado por organismos como la FAO y el PMA, que sitúa a Venezuela –después de Yemen, el Congo y Afganistán– como el cuarto país del mundo, en cuanto a mayor número de habitantes en riesgo de sufrir las peores crisis alimentarias a corto plazo, considerando en especial el efecto socioeconómico de la Covid-2019 (FSIN, 2020).

Más allá de los anteriores exámenes “técnicos”, hay que considerar que la población acostumbra apreciar positivamente los programas sociales en Venezuela –y en muchos otros países– por lo que no hay mayor duda acerca de que la gran mayoría de los destinatarios aprecia favorablemente al CLAP como lo hacía antes con la Misión Alimentación, aunque cuestione varios de sus defectos e insuficiencias. Pero, independientemente de esa valoración popular “genérica” y aunque se intentaran omitir los muchos problemas de desempeño e inefectividad que en esta investigación se han caracterizado sobre los CLAP, parece claro que los publicitados efectos que el oficialismo atribuye a ese programa como una alternativa alimentaria satisfactoria para las grandes mayorías del país, son una chocante –casi insultante– ficción, a la luz de los datos nutricionales expuestos. Si se hiciera un análisis de impacto riguroso del CLAP muy probablemente se ratificarían las abundantes y fundamentadas críticas acerca de las fallas “esenciales” que marcan a este programa de subsidio indirecto de alimentos.

4. El CLAP: emblema de la Gran Corrupción del siglo XXI

Pero, ¿por qué si un programa presenta fallas técnicas tan obvias, se sigue implementando y sosteniendo? Las facilidades de uso político-clientelar que ofrece la visibilidad de los productos que se ofrecen, pueden ser uno de los factores que estimula la perdurabilidad de este tipo de programas. Las tradicionales propensiones a la improvisación y –luego– a la rutinización programática en la gestión pública estatal venezolana son otras poderosas razones para esa supervivencia.

Ahora, en un caso como el del CLAP, después de un recorrido como el de la Misión Alimentación, ante las evidencias nacionales e internacionales de inefectividad y corrupción en sus antecedentes y además –muy destacadamente– en el propio CLAP, no parece factible omitir el gran peso que tienen ciertos “grupos cazadores de recursos públicos” en el mantenimiento o continuidad de este tipo de programa.

El CLAP puede considerarse como el más importante símbolo actual de la corrupción en el campo de la política social venezolana, cumpliendo un estelar relevo a lo que representaron escándalos de corrupción precedentes en materia de programas socio-alimentarios como los de Abastos Bicentenario, PDVAL (conocido como “PUDREVAL”) y, aún antes de las misiones, el componente alimentario del Plan Bolívar 2000 que dio inicio –a comienzos de siglo– a las gestiones de estos programas por parte del sector militar.

No se podría hacer siquiera, aquí, una esquemática exploración de la variadísima cantidad de casos y de dimensiones acerca de la corrupción en un programa como el CLAP. No obstante, se indicarán algunas referencias para revisar parte de las valiosas investigaciones (muchas de ellas de origen periodístico) que documentan las características de ese fenómeno.

Pero, para tener un referente genérico reciente sobre esta problemática es útil aludir a la presentación que en enero de 2020 hizo el Sr. Maduro, jefe del Ejecutivo Nacional, con ocasión de su mensaje anual ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mensaje en el que –entre otros diversos asuntos– expuso un balance sobre los resultados del CLAP. Este balance permite plantear, en un abordaje preliminar, distintos comentarios básicos acerca de las esperables deficiencias administrativas de este tipo de programa de subsidio indirecto de alimentos.

Según el discurso del Sr. Maduro, durante el año 2019 los CLAP habrían entregado 120 millones de cajas del programa, 1 millón 800 mil toneladas métricas de alimentos, con un subsidio equivalente a un 98-99% del valor comercial de los productos ofrecidos, favoreciendo a 6 millones 200 mil hogares (MPPCP, 2020). Si se parte de estas cifras oficiales surgen algunas observaciones:

1. 1. Esos datos suponen una cantidad de 15 kg de alimentos por caja, lo que es una estimación que se acerca al contenido reportado por la parte mejor abastecida de las cajas distribuidas recientemente en algunas zonas centrales del país. Puede suponerse como un razonable estimado normativo, aunque hay indicios de que este no se cumple necesariamente en la distribución nacional realmente ejecutada (como se observó en la nota Nº 7). Esta es una primera señal de advertencia para una revisión sistemática de los resultados efectivos del programa.
2. 2. Pero, es aún más llamativo que en el balance de un programa concebido como “casa por casa”, es decir de reparto eminentemente hogareño (delimitación que podría ser uno de los aciertos de este programa porque su dispersión –escolar, laboral, u otra– complejizaría inconvenientemente su administración), se hable de un promedio de distribución mensual de 10 millones de cajas cuando se atiende solo a 6,2 millones de hogares.
3. 3. Sin embargo, lo anterior está sujeto a ajustes puesto que, en función de una previsión programática un tanto informal, se supone que los hogares con 6 o más integrantes reciban 2 cajas del CLAP. Esto ha movido a estimar “normativamente” en 1,2 el promedio de cajas mensuales por hogar destinatario. Pero, aun así, se estaría hablando de una recepción hogareña de 7,44 millones (y no de 10 millones) de cajas por mes.
4. 4. Lo expuesto previamente se vuelve más complicado si se considera que, de acuerdo con la ENCOVI 2018 –como se dijo antes– la periodicidad promedio real de entrega de las cajas por hogar perceptor es más cercana a los 2 meses que al mes previsto normativamente, periodicidad promedio real que todo indica que no se ha acortado desde entonces (al menos por lo que se puede apreciar hasta abril-mayo 2020).

   Esto significaría, en cálculos aproximativos, que los 7,44 millones de cajas que se supone que se distribuyen por mes resultan ser una cantidad que se distribuye cada 2 meses; es decir, que mensualmente se estaría hablando de una distribución “justificada” hacia hogares de menos de 4 millones de cajas mensuales.

   ¿Cómo se explica tamaña distancia con los 10 millones de cajas que proclama repartir mensualmente el programa, distribución que además se registra bajo el supuesto de un promedio de kg por caja bastante superior al que parece darse realmente a la mayoría de los hogares, como se comenta en el punto 1)?

5. 5. Ante las evidencias anteriores podría manifestarse que ello se debe, al menos parcialmente, a que hay distribuciones excepcionales del CLAP hacia determinadas instituciones y grupos laborales o vulnerables. Pero, aparte de que estos destinos “no convencionales” del programa –distintos al hogareño “casa por casa”– plantean complicaciones para un seguimiento sistemático, ellos difícilmente logran explicar la abrumadora diferencia entre los 10 millones de cajas supuestamente distribuidas al mes y los menos de 4 millones que tienen evidencias “preliminares” de ir hacia hogares. De hecho, esos otros destinos no han sido resaltados como explicación en el discurso oficial probablemente –en parte– porque, ante la inexistencia de autonomía de los Poderes del Estado, el Ejecutivo no siente una significativa presión para rendir cuentas

Lo antes expuesto apenas muestra rudimentariamente las bases para una revisión de las estadísticas oficiales que –con extrema frecuencia– plantean discordancias entre lo previsto normativamente y lo declarativamente cumplido, lo que a su vez no se corresponde con lo efectivamente realizado. Sin embargo, en estas referencias elementales pueden encontrarse rastros de las irregularidades programático-administrativas, de las que el gobierno parece haber intentado responsabilizar muy centralmente a los llamados “gorgojos” del CLAP (VTV, 28 de mayo de 2019).

Pareciera que con ello intentan convertirse los problemas de corrupción del CLAP, aparentemente “menores” desde la perspectiva oficial, en un resultado de una delincuencia también relativamente “menor”. Oficialmente, ese problema administrativo parece atribuirse predominantemente a las redes de distribución intermedia y local. Pero, para el gobierno, las redes internacionales de corrupción o las que manejan el programa desde los centros de distribución centrales hacia los niveles intermedios no parecen tener mayor relevancia en las irregularidades del CLAP. Sin embargo, ese énfasis oficialista en la falibilidad moral de los “gorgojos intermedios o locales” parece contraponerse con la mitificación del papel que se pretendía atribuir a los mecanismos de distribución comunitario-partidarios (Recuadro Nº 1) como un supuesto antídoto frente a las corruptelas de los anteriores programas socio-alimentarios de la Misión Alimentación.

RECUADRO 1

LA ORGANIZACIÓN LOCAL-PARTIDARIA24 DE LOS CLAP

Se alude con frecuencia a los mecanismos «comunitarios» de distribución de alimentos como la principal «innovación» del CLAP frente a los precedentes de la Misión Alimentación. Según apreciaciones oficiales en el país habría actualmente unos 35.000 CLAP (UN, 18 de marzo de 2020), lo que supondría que –en promedio– para los 6.200.000 hogares que se estimaron como destinatarios en 2019, cada Comité Local abarcaría en promedio a unas 700 personas en unos 180 hogares. Pero, ¿cómo están organizados estos Comités y cómo se conciben sus actividades?

Cuando en la Revista CLAP (MINPPAL, septiembre de 2016, Nª 77 y 24 de junio de 2018, p. 7) se destaca que el «consolidar el modelo socialista y chavista» es una de las tareas fundamentales de ese programa, muchos podrían suponer que se trata de alguna ocurrencia creativa de un distraído redactor de esa publicación. Pero, cuando se considera que la validación de esa tarea tiende a corresponderse con lo establecido en normas que se supone que hayan sido mínimamente procesadas, como debería ser el caso de una Ley –sea esta supuestamente «constitucional» o de un tipo menos excéntrico–, se está en presencia de otro tipo de problema.

La llamada Ley «Constitucional» del CLAP, aprobada el 29 de enero de 2018 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ayuda a caracterizar organizativamente a ese programa y también contribuye a visualizar la concepción «partidaria» que lo signa. Se trata de una manifestación destacada –aunque sea solo uno de muchísimos posibles ejemplos– de la cultura pretendidamente revolucionaria y potencialmente excluyente («dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada»), que marca al régimen chavista, en abierta contraposición con el Estado democrático –es decir, con el Estado ciudadano y plural– de derecho.

En su artículo 7 la Ley del CLAP (RBV, 2018) prevé que cada Comité Local pueda contar con unos 9 integrantes (o más), entre los que están un miembro de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), instancia micro-local del PSUV (el partido del régimen), así como un representante de distintas organizaciones que –sin ser estrictamente partidistas– tienden a estar abiertamente («partidariamente») adscritas al oficialismo, como: el Frente Francisco de Miranda (organización revolucionaria y bolivariana juvenil); UNAMUJER (plataforma unitaria de mujeres revolucionarias y chavistas); la Milicia bolivariana (cuerpo militar «informal» de inclinación chavista); y, las comunas (asimilables con los Consejos Comunales, organización local-comunitaria a la que se atribuye por ley –Art. 3– un compromiso con la construcción del socialismo; RBV, 2009).

Los CLAP se crearon en 2016, año posterior al triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2015, después de las cuales no ha vuelto a celebrarse prácticamente ninguna elección popular de instancias comunitarias como los Consejos Comunales (CC) o comunas, prácticas comiciales que de por sí dejaron de ser usuales durante toda la segunda década de este siglo. Por ello, cuando las directivas de esos organismos no son oficialistas, simplemente se establecen mecanismos «de facto» entre el CLAP y sectores de las comunidades, sin involucrar en ello a CC con directivas «autónomas» u «opositoras». Y esta referencia es relevante porque los CC (legalmente los mecanismos participativos más relevantes del modelo de Estado comunal promovido por el chavismo, sobre todo desde el 2006-2007), que deberían ser el canal por excelencia de la democracia participativa al nivel local evidencian –por el contrario– la instalación de un modelo de participación subordinado al régimen autoritario venezolano (Aponte, 2015). Evidencian también ser un modelo ficticio de participación (puesto que la participación –como decía Sartori– si no es libre y autónoma, es una farsa), en el que se encuadran los mecanismos marcadamente «partidario-locales», más que propiamente comunitarios que caracterizan al CLAP.

Organizativamente los CLAP son promovidos desde instancias de decisión central (distribuidos –en muy militares términos– en Estados Mayores estatales y municipales) que se vinculan con las comunidades, en una asociación «potencial» (aunque no expresa ni necesaria) con los Consejos Comunales (CC)25 u otros contactos micro-locales. El artículo 5 de la Ley del CLAP destaca 3 figuras comunitarias en ese programa:

• El representante de la comunidad, que se encarga del censo de las familias, rutas de abastecimiento, puntos de distribución y otras acciones para la entrega de los alimentos;

• El responsable de la calle o vereda (conocido como el Jefe de calle), quien es el intermediario directo entre la comunidad de destinatarios y el CLAP; y

• El fiscal, vocero designado por el CLAP (¿?) para garantizar la eficiencia y transparencia del programa.

La escogencia de esos integrantes debería realizarse de acuerdo con mecanismos de designación a establecer por un reglamento de la Ley que –hasta donde se sepa–, aún no se ha promulgado o que de existir debe estar inoperante, como ocurre casi universalmente desde hace casi una década con la escogencia de los miembros de los CC. Por ello, la designación de los CLAP parece resultar una escogencia «de facto» por parte de los organismos del Ejecutivo que toman las decisiones de adquisición y distribución del programa hacia las comunidades.

Con respecto a lo expuesto al final del Recuadro 1 habría que destacar que son justamente los organismos del Ejecutivo nacional, asociados con la administración central y militar del programa, los que adoptan las decisiones fundamentales sobre el CLAP y son aquellos en los que pueden concentrarse las acciones más significativas de peculado, acerca de las que no se recuerdan referencias destacadas en las alocuciones de altos voceros oficiales.

Una mitificada democracia participativa-comunitaria y/o la pretendida superioridad moral “revolucionaria” muy difícilmente pueden asumirse, a estas alturas de la historia, como garantías de pulcritud en el manejo de los recursos y bienes públicos. Las experiencias de demasiadas de las supuestas revoluciones en favor del pueblo evidencian algo dramáticamente distinto a esa vetusta ilusión.

Habría que decir también que los mecanismos locales de los CLAP, que implican la distribución y supervisión directa de “partidarios” en el manejo directo de recursos públicos (y en este caso en el reparto de alimentos) tienden a suponer, especialmente en circunstancias de emergencia social, una presión y condicionamiento político derivado de la valoración de los bienes que proporciona el programa. Y esto lo asocia abiertamente con una de las formas de la corrupción que el proceso revolucionario ha pretendido “normalizar”/“banalizar”: el clientelismo político ilícito.

A ese respecto señala la Sra. Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en su primer informe sobre Venezuela que, en programas como el CLAP, la lista de personas beneficiarias “(…) es manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que las/los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de esas personas” (ACNUDH, 2019, p. 5)

Como planteó Aponte (2019a, p. 4) estas formas de clientelismo violentan claramente la imparcialidad básica y el servicio a intereses colectivos (así sea de micro-comunidades o de grupos sociales específicos) que deben guiar a la actuación del Estado. No involucran necesariamente peculado, aunque en casos como el de los CLAP hay múltiples indicios de que este abunda, pero sí suponen el uso de los recursos públicos para favorecer ilícitamente (ilegal y/o injustamente) los intereses particulares de quienes manejan el poder político o de quienes influyen en el mismo[24], tratándose de una de las varias modalidades que adquiere la corrupción.

En fin, es notable que en tanto que desde medios de comunicación autónomos nacionales e internacionales, así como desde destacadas organizaciones como Transparencia Venezuela (TV, 2018, 2019a, 2019b, 2019c) se han denunciado las grandes y graves dimensiones de los delitos administrativos asociados con los CLAP, el gobierno venezolano se concentra en referirse a problemas puntuales, robos inaceptables pero comparativamente limitados (de los “gorgojos” del CLAP). Con ello parece que el gobierno pretende esquivar la existencia de los grandes negocios de la corrupción –desde la sobrefacturación en las adquisiciones en el exterior pasando por el contrabando masivo sin descartar voluminosos desvíos de productos al mercado informal–, negocios que involucran inevitablemente la participación de altos decisores gubernamentales, militares y oficialistas.

En contraste con ese esfuerzo gubernamental de minimización del fenómeno, como lo muestran investigaciones independientes como las antes referidas, se puede asociar muy merecidamente al CLAP con la idea de la Gran Corrupción, designación que busca resaltar el carácter integral que adquiere ese fenómeno. Transparencia Venezuela identifica hasta 12 componentes del patrón de ese tipo de Gran Corrupción, entre cuyas características principales destaca que: i) participan altos mandos político-gubernamentales; ii) causa daños graves a la población; iii) crea redes de cazadores de “recursos públicos” con frecuentes nexos internacionales; y, iv) tiende a quedar impune (TV, 2019d).

El CLAP involucra en distinto grado a todos esos componentes y posiblemente esa variedad de rasgos pueda calificarse también mediante 3 mecanismos de la corrupción que se sintetizan en las consideraciones finales de este artículo. Tales mecanismos se combinan en ese programa, que puede considerarse como uno de los principales emblemas de la Gran Corrupción del siglo XXI.

5. Consideraciones finales

El CLAP puede asociarse especialmente, a partir de lo expuesto en este artículo, con 3 mecanismos de la Gran Corrupción del siglo XXI en Venezuela, a saber:

• En primer lugar, los mecanismos económicos de la corrupción, que encontraron en los controles económicos estatales –como los de precios y de cambios– algunos de los ingredientes más notables para fomentar ese delito, en unión con la insólita promoción masiva de las importaciones que estimularon el CLAP y sus predecesores. Tales mecanismos, si se encuentran forzados a una redefinición por circunstancias fiscales “extremas” como las del 2020, probablemente intentarán consolidar circuitos de peculado con mayor participación de producción nacional.

• Luego, los mecanismos administrativo-institucionales de la corrupción, nutridos por una cultura de la improvisación y del voluntarismo, proclive a la partidarización de la gestión así como al menosprecio del Estado de derecho y del seguimiento y evaluación de las políticas y programas

• Y –finalmente– los mecanismos políticos de la corrupción, en los que participa una variada gama de factores que van desde la concentración de Poderes en el Ejecutivo y la consecuente falta de supervisión de sus acciones, pasando por la militarización de la gestión, hasta la aceptación y rutinización de un clientelismo político ilícito. Este clientelismo incluye a las instancias locales del CLAP que, siendo la mayor novedad de este programa con respecto a los programas socio/alimentarios precedentes, gestionan un modelo subordinado de participación “comunitario” de carácter partidario, que es una de las destacadas representaciones de la ficción de democracia protagónica que promueve el régimen autoritario venezolano.

El Estado venezolano ha dejado de preocuparse –especialmente en los últimos años– de atender efectiva y transparentemente las siempre urgentes y obviamente prioritarias necesidades nutricionales de la población, necesidades que se verán –además– acrecentadas por el reforzamiento del colapso económico y social ocasionado por la Covid-19. Por tanto es fundamental que, ante las inefectividades y corruptelas de programas como el CLAP, puedan abrirse alternativas para la instrumentación de programas sociales efectivos en favor de un derecho humano tan primordial como el de la nutrición.

REFERENCIAS

Aponte Blank, C. (2015). La participación comunitaria en la política social venezolana: 1999-2012. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XXI(2), 65-97.

Aponte Blank, C. (2018) Misión Alimentación: De la gran red MERCAL a las bolsas CLAP. Radiografía del fracaso. Caracas: Transparencia Venezuela (TV). Recuperado de https://transparencia.org.ve

Aponte Blank, C. (2019a). Los nuevos programas prioritarios del sector social en Venezuela, 2016-2019 (1): Marco general y nexos con el problema de la corrupción. Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Aponte Blank, C. (2019b). El carnet de la patria: símbolo de un clientelismo ilícito. Los nuevos programas prioritarios del sector social en Venezuela, 2016-2019 (2). Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Aponte Blank, C. (2019c). Los bonos sociales: en el rumbo incierto ante el empobrecimiento. Los nuevos programas prioritarios del sector social en Venezuela, 2016-2019 (3). Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Aponte Blank, C. (2019d). Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Gran Corrupción del siglo XXI. Los nuevos programas prioritarios del sector social en Venezuela, 2016-2019 (4). Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Aponte Blank, C. (2020). Las pensiones de vejez en emergencia: Venezuela 2015-2020. Caracas: CONVITE.

Armando.info. (2017). Detrás de los CLAP. [Línea de investigación del portal armando.info]). Recuperado de https://armando.info

Agencia Venezolana de Noticias, AVN. (17 de diciembre de 2016). Los CLAP son el milagro de la revolución para combatir la guerra económica. Recuperado de http://avn.info.ve/contenido/clap-son-milagro-revolución-para-combatir-guerra-económica

Banca y Negocios, B & N. (13 de julio de 2016). Gobierno analiza eliminar subsidio indirecto y migrar hacia subsidio directo con una tarjeta de consumo. Recuperado de http://www.bancaynegocios.com/gobierno-analiza-eliminar-subsidio-indirecto-y-migrar-hacia-subsidio-directo-con-una-tarjeta-de-consumo/

Correa, G. (2018). Mortalidad general y esperanza de vida en el contexto de la crisis humanitaria de Venezuela. En A. Freitez (Coord.), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) 2017. Caracas: abediciones.

Datanálisis. (2019). Encuesta Ómnibus 13-29 julio 2019. Caracas: Datanálisis [mimeo].

España, L. P. (2018). Del mayor nivel histórico de pobreza a la crisis humanitaria. En A. Freitez (Coord.), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) 2017. Caracas: abediciones.

Food Security Information Network, FSIN. (2020). Global Report on food crisis: 2020. Recuperado de https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf

Glod, E. (20 de abril de 2020). Los CLAP son los caballitos de batalla contra el COVID-19. [Diario] Últimas Noticias. Recuperado de http://www.ultimasnoticias.com.ve/

Hurtado Briceño, A. (Coord.). (2016). Misión Alimentación: Origen, evolución e impacto. Mérida, Venezuela: CDCHTA-Universidad de Los Andes.

Hurtado Briceño, A. y Zerpa de Hurtado, S. (2016). Misión Alimentación: origen, evolución e impacto. En A. Hurtado Briceño (Coord.), Misión Alimentación: Origen, evolución e impacto (pp. 53-95). Mérida, Venezuela: CDCHTA-Universidad de Los Andes.

Hurtado Power, J. (2011). Análisis de los cambios en las políticas de seguridad alimentaria y su impacto en el sistema agroalimentario venezolano (1994-2007). Maracay: UCV [mimeo].

López, E. (02 de mayo de 2020). CLAP: Cuatro años de paliativos para una pandemia llamada hambre. Efecto Cocuyo [Portal de noticias]. Recuperado de https://efectococuyo.com

Martínez, E. (07 de agosto de 2019). Los CLAP llegan al 74% de la población, según Datanálisis. Efecto Cocuyo [Portal de noticias]. Recuperado de https://efectococuyo.com

Ministerio de Comunicación e Información, MINCI. (17 de febrero de 2016). Misión Alimentación será reestructurada en su totalidad. Caracas: MINCI. Recuperado de http://www.minci.gob.ve/mision-alimentacion-sera-reestructurada-en-su-totalidad/

Ministerio de Comunas y Protección Social, MPPCP. (15 de octubre de 2020). CLAP benefició a más de 6 millones de familias en 2019. Caracas: MPPCP. Recuperado de https://www.mpcomunas.gob.ve/2020/01/15/clap-beneficio-a-mas-de-6-millones-de-familias-durante-el-2019/

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, MINPPAL. (Septiembre de 2016). Todo el poder para los CLAP. Comité Local de Abastecimiento y Producción, Nº 1 [al 82, septiembre de 2018][25].Caracas: MINPPAL.

Naciones Unidas-República Bolivariana de Venezuela, UN-RBV. (2013). Cumpliendo las metas del milenio 2012. Caracas: Naciones Unidas-Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNOCHA. (Julio de 2019). Plan de Respuesta Humanitaria: Venezuela. Recuperado de https://www.unocha.org/venezuela/sobre-venezuela

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. (4 de julio de 2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Nueva York: ACNUDH. Recuperado de https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO. (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Roma: FAO. Recuperado de http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf

Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO. (2020). Información estadística. Roma: FAO. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/en/#home

Perdomo, L. y Granado, O. (2020). El CLAP no llega a tiempo ni siquiera en cuarentena. [Diario] Tal Cual. Recuperado de https://talcualdigital.com/el-clap-no-llega-a-tiempo-ni-siquiera-en-cuarentena/

Petkoff, T. (30 de abril de 2003). Porcomercadeo. [Diario] Tal Cual. Recuperado de https://talcualdigital.com

Prieto, H. (19 de abril de 2020). Entrevista a Juan Luis Hernández: Creo que este año agrícola se va a perder. Prodavinci. Recuperado de https://prodavinci.com/

República Bolivariana de Venezuela, RBV. (2003). Ley contra la corrupción. Gaceta Oficial Nº 5437E, del 07/04/2003.

República Bolivariana de Venezuela, RBV. (2009). Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial Nº 39335, del 28/12/2009.

República Bolivariana de Venezuela, RBV. (2018). Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. Gaceta Oficial Nº 41.330, del 29/01/2018. [Ley “constitucional” (¿?) promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente].

Red Agroalimentaria de Venezuela, REDAV. (Abril de 2020). Red Agroalimentaria de Venezuela: Primer informe trimestral 2020. Recuperado de http://digaloahidigital.com y de http://redagroalimentaria.org/

Seijas, C. (09 de junio de 2019). Sanciones aumentan dependencia a unas cajas CLAP cada vez más vacías. Tal Cual [Portal de noticias]. Recuperado de https://talcualdigital.com

Socorro, M. (26 de abril de 2020). Entrevista a Carlos Machado Allison: La privación de alimentos siempre ha dado dividendos políticos a los gobiernos que no son democráticos. La Gran Aldea [Portal de noticias]. Recuperado de https://lagranaldea.com/

Souquett, M. (17 de enero de 2020). Cajas CLAP incluyeron menos alimentos y se distribuyeron de modo privilegiado en 2019, según ONG. Efecto Cocuyo [Portal de noticias]. Recuperado de https://efectococuyo.com

Tineo, F. (2017). De PDVAL a Pudreval. Caracas: Transparencia Venezuela. Recuperado de https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/

Transparencia Venezuela, TV. (2018). Empresas cómplices del gobierno venezolano: Capítulo México. Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Transparencia Venezuela, TV. (2019a). Gran Corrupción y derechos humanos [Capítulo 2]. En Transparencia Venezuela (Ed.), Hambre en Venezuela: a pasos sostenidos (pp. 14-28). Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Transparencia Venezuela, TV. (2019b). Detrás de la fachada de los CLAP. Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Transparencia Venezuela, TV. (2019c). CLAP: La fachada quincenal. Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Transparencia Venezuela, TV. (2019d). Patrón de la Gran Corrupción y derechos humanos. Caracas: TV. Recuperado de https://transparencia.org.ve

Universidad Católica Andrés Bello-Universidad Simón Bolívar-Universidad Central de Venezuela, UCAB-USB-UCV. (2018). ENCOVI 2018: Avances provisionales de resultados. Caracas: UCAB-USB-UCV.

Últimas Noticias, UN. (18 de marzo de 2020). Gobierno bolivariano garantiza distribución de alimentos en el país. Recuperado de http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/gobierno-bolivariano-garantiza-distribucion-de-alimentos-en-el-pais/

United Nations Development Program, UNDP. (2019). Human Development Report 2019. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

Venezolana de Televisión, VTV. (12 de enero de 2019). Ricardo Méndez: el índice de pobreza se redujo a 4,4%. Recuperado de https://www.vtv.gob.ve/ricardo-menendez-indice-pobreza-reducido/

Venezolana de Televisión, VTV. (13 de enero de 2019). Presidente Maduro ordena entregar cajas CLAP cada 15 días. . Recuperado de https://www.vtv.gob.ve/nacional-presidente-maduro-ordeno-entrega-clap/

Venezolana de Televisión, VTV. (28 de mayo de 2019). Presidente Maduro ordena ponerle coto a corrupción que roba alimentos de los CLAP para bachaquearlos. Recuperado de https://www.vtv.gob.ve/clap-enemigos-eeuu-corrupcion/

Venezolana de Televisión, VTV. (24 de enero de 2020). Presidente Maduro: 61% de la población de Europa y Estados Unidos dice que el capitalismo fracasó. Recuperado de https://www.vtv.gob.ve/presidente-maduro-encuentro-mundial-antiimperialista/

World Food Program, WFP. (Enero de 2020). Venezuela-Evaluación de seguridad alimentaria: Principales hallazgos. Roma: FAO. Recuperado de https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales

Notas