Pugnas económicas y tensiones político-sociales en Venezuela (1830-1870).

Introducción

Tras la disolución de la República de Colombia en 1830, los legisladores reunidos en el Congreso Constituyente de Valencia debieron afrontar el desafío de construir la República de Venezuela, prácticamente desde sus cimientos, e intentar la búsqueda del equilibrio entre los intereses de las distintas regiones que pugnaban por preservar su autonomía. A pesar de que habían transcurrido varios años desde la conclusión de las guerras, subsistían todavía muchas de las secuelas de aquella contienda. La población había quedado diezmada y la agricultura no se había recuperado aún de los daños sufridos. Muchas haciendas se encontraban abandonadas y, después de la emigración de los comerciantes monopolistas del antiguo régimen, era menester estimular la recuperación del tráfico ultramarino.

A partir de 1830, uno de los asuntos controversiales consistía en definir la orientación de las estrategias económicas que habrían de apuntalar la naciente República. Bajo la influencia del ideario liberal en el escenario político, algunos sectores creían firmemente que la economía debía evolucionar en esa misma dirección, propósito que en breve tiempo será motivo de hondas disensiones. Nuevas e inquietantes preguntas se abrían frente a un horizonte incierto: ¿Cómo promover la agricultura, fuente de la riqueza nacional, y diversificar la producción? ¿Cuál debía ser el papel del Estado en una economía agroexportadora? Las respuestas reflejaron posiciones divergentes y dieron lugar a innumerables debates en relación con los límites y alcances de la acción económica del Estado, tema que con matices diversos continúa siendo objeto de polémicas en el presente.

El futuro inmediato de la economía auguraba multitud de obstáculos, siendo uno de los más resaltantes la insuficiencia de recursos monetarios. El endémico mal del déficit fiscal en la Venezuela decimonónica amenazaba con convertirse en un insalvable escollo para el progreso de una sociedad que requería de inversiones e impulsos renovadores, del fomento de obras públicas y de la afluencia de laboriosos inmigrantes. A mediados del siglo XIX persistían todavía la falta de articulación entre las regiones y la segmentación de los mercados, al tiempo que la escasez de medios para el financiamiento de la agricultura y la supervivencia de métodos tradicionales de producción dificultaban la expansión de las exportaciones.

Cambios significativos se operaron a partir de los años setenta en el marco de un proyecto de modernización económica, aun cuando durante varias décadas habrán de perdurar muchas de las rémoras que frenaban las posibilidades de desarrollo de las actividades productivas. El análisis de esa compleja problemática constituye el objetivo central de este artículo¹, en el cual se examinará el proceso económico que se abre en 1830, con el nacimiento de la República de Venezuela, y se extiende hasta 1870, año en que Antonio Guzmán Blanco asume la presidencia de la nación e impone su proyecto de centralización política y fomento del progreso económico.

La agricultura y el comercio: viejos y nuevos actores económicos

A partir de 1830 se inició una etapa de relativa estabilidad interna que hizo posible la reorganización paulatina de las finanzas públicas. En el aspecto político, la presidencia provisional de la República de Venezuela fue asumida en aquel año por el general José Antonio Páez, quien habrá de ejercer un firme liderazgo a lo largo de casi dos décadas.

La agricultura, consagrada a la producción de frutos para la exportación, comenzó a restablecerse con lentitud en el transcurso de los años treinta gracias a la expansión de la demanda mundial². Las fincas habían sido castigadas de manera implacable por los saqueos y confiscaciones aplicadas por republicanos y realistas, además de la pérdida de mano de obra, especialmente de esclavos que huyeron o bien se enrolaron en el ejército para obtener su libertad. Muchos de los antiguos terratenientes, desprovistos de los atributos de su aristocrático linaje, emprendieron la reconstrucción de las desatendidas haciendas. Nuevos y poderosos propietarios surgieron gracias a la adjudicación de tierras como recompensa por los servicios prestados en el ejército³. Los adelantos técnicos y las inversiones de capital para modernizar los procedimientos agrícolas estaban aún muy lejos de ocupar el centro de atención de los agricultores, preocupados más bien por conseguir préstamos para adquirir semillas y contratar jornaleros. Junto a la decadente esclavitud se estaba acrecentando el número de trabajadores asalariados.

La aspiración de impulsar la explotación del suelo había tenido su inicio con la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1829, organismo que pretendía incorporar ciertos avances técnicos y aclimatar nuevos cultivos con la finalidad de diversificar la producción. Para dicha institución eran objetivos prioritarios la reducción de los censos, la eliminación del cobro de alcabalas y diezmos y la introducción de mejoras en las vías de comunicación⁴. Sin embargo, solo una parte de tales propósitos llegaría a materializarse en aquellos años. La escasez de numerario obstaculizó el renacimiento de la agricultura que había florecido en la etapa colonial y había alimentado las fortunas de aquellos terratenientes que tuvieron decisivo papel en la causa emancipadora. Tal protagonismo comenzó a desvanecerse en medio de las vicisitudes derivadas del proceso de reorganización económica y de los conflictos políticos que afloraron en los años veinte y luego con mayor intensidad desde 1830.

Tampoco el sector público poseía recursos suficientes para afrontar a plenitud sus compromisos inmediatos. Habrá que esperar un tiempo más para ordenar las golpeadas finanzas públicas y establecer los primeros avenimientos para el pago de las obligaciones contraídas durante la guerra de independencia y luego en el período de la República de Colombia. Los magros recursos apenas alcanzaban para solventar parte de los gastos de funcionamiento de la administración pública. Por entonces, el Poder Ejecutivo abarcaba tres secretarías: Interior y Justicia, Hacienda y Relaciones Exteriores y Guerra y Marina.

Santos Michelena, a cargo de la cartera de Hacienda, expuso en 1831 sus criterios sobre la política comercial. A su juicio, se estaban aplicando algunos derechos específicos demasiado elevados para ciertas mercancías procedentes del extranjero, tal como si Venezuela estuviera en condiciones de elaborar variedad de manufacturas cuando en realidad no se disponía de capitales ni de conocimientos para impulsar ese tipo de empresas. Por tanto, recomendaba la implantación de aranceles moderados para las importaciones. Con respecto a las exportaciones, creía en la conveniencia de exonerarlas del pago de gravámenes a fin de fomentar la producción. Sin embargo, debió reconocer que era indispensable continuar percibiendo esos aranceles con el objetivo de engrosar la principal fuente de ingresos: las recaudaciones aduaneras. De esta aseveración se infiere que las exigencias de orden fiscal se anteponían al cumplimiento de los postulados de la doctrina liberal, de la cual Santos Michelena era un fiel exponente⁵.

Para incrementar los ingresos fiscales era necesario impulsar la expansión de los cultivos y acrecentar las exportaciones, con lo que se tendría capacidad para aumentar las importaciones que proporcionaban los mayores beneficios en las aduanas. Por ello el establecimiento de vínculos comerciales con países extranjeros era una tarea primordial. Siguiendo la política ya encaminada en los años veinte, en el decenio siguiente se celebraron acuerdos comerciales con Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Dinamarca y las Ciudades Hanseáticas

En cuanto a las tendencias del comercio exterior, a partir de 1830 se registró una notable expansión de la demanda mundial de materias primas que incentivó la ampliación de los espacios agrícolas. Gracias a los buenos precios alcanzados por el café, dicho producto llegó a ocupar en 1831 el primer lugar en las exportaciones, en tanto que el cacao dejó de tener el papel preponderante que había conservado desde los tiempos coloniales, a pesar de sus ventajas comparativas en cuanto a calidad y también gracias a la escasa competencia en el mercado internacional. En 1830-1831, el café tenía una participación del 38,89% en las exportaciones y el cacao representaba el 28,91% de las mismas⁶.

Tras el triunfo en la batalla de Carabobo y la liberación de la región central por las fuerzas republicanas en 1821, comenzó a instalarse en los principales puertos un nutrido grupo de comerciantes extranjeros que estructuraron una amplia red comercial para efectuar la distribución de mercancías y el acopio de materias primas. La Guaira y Caracas se convirtieron en los sitios preferentes para los comerciantes provenientes de las Antillas, Europa y los Estados Unidos. Maracaibo, Puerto Cabello, Carúpano, Cumaná y Coro fueron también escenario, aunque en menor intensidad, de la instalación de casas comerciales extranjeras. La presencia de estos negociantes favoreció la difusión de prácticas mercantiles más modernas e imbuidas en los principios liberales de la época. Precisamente, para la expansión del capital comercial era un requisito fundamental la reforma de los mecanismos que regían las relaciones económicas, especialmente en lo relativo a los préstamos de dinero, de manera tal que estas transacciones fueran realizadas de acuerdo a los criterios del libre juego de la oferta y la demanda

El impuesto de alcabala, que se cobraba para la introducción de mercancías para su venta en las ciudades, fue eliminado el 8 de junio de 1831, por considerar que ocasionaba obstáculos al libre comercio. El 22 de marzo de 1833 se decretó la supresión del Estanco del Tabaco, monopolio ejercido por el Estado que, desde 1779, controlaba el cultivo y comercialización de ese producto⁷. En cuanto al diezmo, impuesto aplicado desde los tiempos coloniales, el 15 de enero de 1834 el Congreso resolvió que a partir de esa fecha cesaría el cobro de este tributo en todo el territorio nacional.

Otra de las demandas del sector mercantil estaba dirigida a la reforma de las leyes relativas a los contratos por préstamo de dinero. Se cuestionaba firmemente la fijación de límites en las tasas de interés dispuesta por la antigua legislación castellana. Asimismo, se exigía la adopción de medidas más efectivas en los juicios por cobro de deudas, tomando en cuenta que los procedimientos judiciales eran lentos y engorrosos⁸. Desde la Colonia las propiedades hipotecadas no podían ser rematadas por menos de los dos tercios de su valor, cláusula que entorpecía las transacciones debido a la depreciación de las fincas.

El secretario de Hacienda Santos Michelena propuso en 1833 la incorporación de modificaciones a la materia legal que regía las relaciones entre deudores y acreedores con el propósito de restablecer la confianza entre los prestamistas. Bajo la inspiración de tales recomendaciones, se iniciaron las discusiones en el Congreso que dieron como resultado la promulgación de la Ley de Libertad de Contratos, el 10 de abril de 1834. En sus consideraciones generales, se señalaba que la libertad, igualdad y seguridad de los contratos habrían de contribuir a la prosperidad de la República. En el artículo primero se acordaba que podía pactarse libremente que, para hacer efectivo el pago de cualquier acreencia, fueran rematados los bienes del deudor por la suma que se ofreciera por ellos el día señalado para la subasta. También se dejó en plena libertad a las partes contratantes para estipular la tasa de interés en los préstamos. De esta manera quedó en vigencia el libre juego de la oferta y la demanda para las operaciones de préstamo de dinero, según lo establecían los principios del laissez faire⁹.

La ausencia de signos de resistencia a la implantación de dicha reforma revelaba el interés de los hacendados por acceder al auxilio monetario que podría ser proporcionado en mayor cuantía por los comerciantes si se derogaba la legislación vigente. Se creía que al aumentar la confianza de los prestamistas habrían de disminuir las tasas de interés, si se tomaba en cuenta además la expansión de la demanda mundial y el alza de los precios del café. Otro importante paso fue la sanción de una ley, en mayo de 1836, que dispuso la organización de los Tribunales Mercantiles, cuyo objetivo era la atención exclusiva de los asuntos de comercio, anteriormente bajo la jurisdicción de los juzgados ordinarios¹⁰.

Crisis económica y tensiones político-sociales

Las expectativas ante la posibilidad de aumentar las exportaciones venezolanas se detuvieron a mediados de 1836, a causa de los síntomas de una fuerte crisis originada por los desequilibrios que estaban atravesando los mercados europeos y de los Estados Unidos. La rápida transmisión de los efectos de esos desajustes revelaba la existencia de estrechos encadenamientos dentro del incipiente sistema financiero mundial. Venezuela se vio notablemente afectada por la caída de la demanda de café por parte de los Estados Unidos. Entre 1836-1837 y 1837-1838 se registró una caída del 14% en las exportaciones y del 35% en las importaciones¹¹.

A causa del impacto de la crisis, muchos hacendados y algunos comerciantes, que habían solicitado préstamos según las pautas de la Ley del 10 de Abril de 1834, no pudieron cumplir con sus compromisos. La Ley de Libertad de Contratos fue objeto de fuertes críticas por considerar que era el origen de los trastornos que estaba sufriendo la agricultura.

En torno a la Ley del 10 de Abril se suscitaron fuertes polémicas que llevaron al distanciamiento de hacendados y comerciantes, a pesar del carácter complementario de sus actividades. Con el objetivo de buscar vías de solución a los diversos problemas que aquejaban a los propietarios rurales, se adoptó la iniciativa de fundar en 1838 la Sociedad de Agricultores. En las elecciones celebradas en ese mismo año, participó por primera vez el denominado “partido agricultor” con el propósito de llevar al Congreso y a la Diputación Provincial una numerosa representación que podría velar por el progreso de la agricultura en oposición al “partido mercantil” que preconizaba la doctrina económica liberal¹². Si bien la mencionada sociedad proyectó la creación de una entidad bancaria para otorgar financiamiento a plazos prolongados y bajas tasas de interés, esta aspiración no llegó a materializarse ante la insuficiencia de recursos públicos, a lo que se sumaba el elevado riesgo que comportaba ese tipo de inversiones.

En 1839 se concretó la fundación en Caracas de una agencia del Banco Colonial Británico, cuya casa matriz estaba en Londres, siendo el primer instituto de esta naturaleza ubicado en Venezuela. Uno de sus gerentes-administradores fue el destacado comerciante británico William Ackers. Las operaciones del banco incluían la emisión de billetes, la compra y venta de letras de cambio para el extranjero, los descuentos de letras del Tesoro, la recepción de depósitos y la concesión de préstamos al 12% anual, con plazos de hasta seis meses. La mayor parte del capital que movilizaba la agencia estaba integrada por los fondos destinados al pago de la deuda externa¹³.

El Congreso recibió en 1840 varias propuestas impulsadas por capitalistas radicados en Venezuela con la finalidad de establecer una entidad de crédito. A principios del año siguiente se inició la discusión en la Cámara de Representantes un proyecto destinado a la fundación de un Banco Nacional. El asunto dio lugar a prolongados debates para acordar la composición accionaria de ese instituto, debido a que existían reservas con respecto al papel del Estado en ese tipo de empresas, hasta que finalmente se resolvió crear un banco integrado por capital privado y público. Nació de este modo el denominado Banco Nacional, el 17 de mayo de 1841. Disponía de un capital de 2.500.000 pesos, dividido en 10.000 acciones de 250 pesos cada una. Sus promotores eran Juan Nepomuceno Chaves, Adolfo Wolff, William Ackers y Juan Elizondo. Estos últimos poseían 4.000 acciones, el Estado disponía de 2.000, y las 4.000 restantes serían colocadas mediante suscripción pública. Los cuatro fundadores del instituto, con el 40% de las acciones, ejercían la dirección de manera perpetua, mientras que el gobierno, que había aportado el 20% del capital, tenía solamente un representante en el directorio. El banco podía emitir billetes al portador hasta por el doble del capital depositado en caja, efectuar descuentos y giros de libranzas y letras de cambio, siendo además el encargado de las operaciones financieras del gobierno. Si bien la tasa de interés asignada, del 9% anual, era muy ventajosa, los préstamos fueron otorgados a un reducido núcleo de clientes por lo que no llegó a constituirse en una fuente de beneficios para la generalidad de los agricultores¹⁴.

El Banco Nacional debía abrir una cuenta corriente a la Tesorería General de la República, recibiendo de ella en depósito todos los pagarés, libranzas y dinero remitidos por las aduanas y oficinas subalternas de recaudación, y con esos fondos serían abonadas las órdenes que se giraran contra el banco. Bajo la figura de la asociación del capital privado con el Estado, el Banco Nacional cumplía las funciones de auxiliar de la Tesorería mediante la recepción de los ingresos aduaneros y otras oficinas de recaudación, fondos que eran destinados a cubrir los gastos del gobierno nacional. La relación con el poder público permitió que los directivos del instituto fortalecieran su influencia política y económica, lo que dio lugar a sinnúmero de acusaciones con relación a los privilegios de que disfrutaban. Tales críticas fueron también formuladas por las más destacadas casas comerciales que, desde el inicio, expresaron su posición contraria a la conformación de un instituto bancario de esa naturaleza por conceder excesivas ventajas a un pequeño círculo de empresarios¹⁵.

En lo que respecta a los préstamos de dinero, el sector mercantil continuó exigiendo la aplicación de nuevas reformas. Era necesario aún revisar la legislación vigente sobre juicios de espera, ya que desde el período colonial era posible obtener moratoria para el pago de las deudas mediante la mayoría de votos de los acreedores. Los prestamistas argumentaban que este sistema daba lugar a innumerables arbitrariedades. Por un lado, cualquier deudor podía manipular la opinión de algunos acreedores en los juicios de espera y, por otro, quienes reclamaban pequeñas cantidades de dinero tenían el mismo derecho en la votación que los demandantes por sumas elevadas. El asunto fue resuelto por el Congreso, el 5 de mayo de 1841, mediante una modificación de la Ley de Espera y Quita, estableciendo que en el futuro la prórroga sería concedida exclusivamente mediante el acuerdo unánime de los acreedores. Este requisito implicaba que solo en ocasiones excepcionales un deudor podría acogerse al beneficio de espera, hecho que provocó protestas de parte de los deudores¹⁶.

Una nueva crisis mundial estalló en 1842 y se extendió hasta el año siguiente, provocando el descenso de los precios del café, además del añil, algodón y cueros proceso que ocasionó una nueva oleada de quiebras tanto de comerciantes como de hacendados, agravando aún más la situación que se venía registrando desde 1837¹⁷.

La defensa de los intereses de los agricultores se convirtió en uno de los pilares de la campaña de oposición emprendida por el Partido Liberal, que había sido creado en 1840 bajo la conducción de relevantes figuras como Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Según la versión de los miembros de dicho partido, el Banco Nacional operaba prácticamente gracias a los recursos públicos que eran depositados en sus arcas, es decir, los ingresos aduaneros que en vez de nutrir la riqueza agrícola venezolana se dirigían a los bolsillos de los cuatro promotores de aquella entidad bancaria¹⁸.

Frente a la persistencia del malestar económico, se trató de buscar mecanismos para auxiliar a la abatida agricultura. Francisco Aranda redactó a fines de 1844 el proyecto del Instituto de Crédito Territorial, cuyo objetivo principal consistía en la provisión de préstamos con plazos de hasta 20 años e intereses del 6% anual, garantizados por medio de la hipoteca de las propiedades urbanas o rurales de los beneficiarios. Después de largas discusiones, el proyecto fue aprobado en 1845 por ambas cámaras del Congreso.

La ley sancionada por el Congreso, disponiendo la fundación del Instituto de Crédito Territorial, fue objetada por el presidente Carlos Soublette (1843-1847), por considerar que las rentas de la Nación quedarían comprometidas para socorrer a un reducido grupo de la sociedad venezolana. Esta decisión contribuyó a turbar aún más los ánimos, ya bastante agitados desde la crisis de la década anterior¹⁹. Quedó truncada así esa valiosa iniciativa en materia de financiamiento agrícola, que poseía incluso el respaldo del Poder Legislativo.

Como ya se ha señalado, la producción agrícola estaba integrada principalmente por café y cacao. Si bien la exportación de café experimentó ascensos notables, su colocación estaba sometida a constantes fluctuaciones de la demanda y a una fuerte concurrencia en el mercado internacional. El cacao, conservando un segundo lugar en las exportaciones, mostraba mayor estabilidad ante las crisis por tratarse de un producto con escasa competencia mundial. Desde la Colonia, el tabaco había alcanzado gran auge, particularmente el cosechado en Barinas que por su calidad disfrutó de una excelente aceptación en los mercados europeos. La devastación provocada por las guerras ocasionó la reducción de los cultivos y la decadencia progresiva de ese artículo de exportación.

A pesar de que la caña de azúcar se había difundido en variados ámbitos de la geografía nacional, no se trató de un producto destinado a las exportaciones sino que estuvo dirigido casi exclusivamente a satisfacer las necesidades locales, dado que los elevados costos de producción impedían enfrentar la competencia procedente de las islas del Caribe, especializadas en este renglón desde la etapa colonial. El añil, aplicado en los procedimientos de tintura de la industria textil británica, adquirió a partir del siglo XVIII un lugar destacado en las exportaciones. Sin embargo, al promediar la siguiente centuria, gran parte del añil venezolano fue desplazado por el que era cosechado en la India que desde entonces pasó a ser la principal fuente de suministro de ese tinte a Gran Bretaña, a lo que se agregó la utilización del prusiato de hierro en Alemania con los mismos fines.

Si analizamos de manera panorámica las tendencias del comercio exterior, se constata que en el lapso de casi dos décadas el crecimiento fue notable, aunque sujeto a constantes fluctuaciones debido a las crisis mundiales, siendo de gran profundidad la acaecida entre 1847 y 1848. Las exportaciones de café y cacao registraron un descenso del 34% entre 1841-1841 y 1849-1850, como consecuencia de la crisis que estalló en Europa en el año 1847. Los puertos de destino más usuales eran: Nueva York, Filadelfia, Liverpool, Hamburgo, Bremen, San Thomas y Burdeos. A partir del restablecimiento de relaciones comerciales con España en 1837 y del reconocimiento de la independencia venezolana en 1845, se evidenció un notable crecimiento de las exportaciones de cacao hacia dicho país²⁰. Mayor incidencia para la intensificación de los lazos comerciales entre ambos países tuvo el Tratado de Reciprocidad, firmado en 1845, en el que España reconoció la independencia venezolana. Las importaciones experimentaron una baja del 63% entre 1840-1841 y 1848-1849, a causa de los desequilibrios económicos mundiales, a lo que se sumó la conflictividad política interna, agravada por las protestas diplomáticas frente a la nueva Ley de Espera. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Dinamarca eran los principales países de origen de las mercancías que arribaban a Venezuela.

El “gran viraje” en tiempos de los Monagas

En el contexto de la grave crisis que envolvió el escenario político y económico durante los años cuarenta, se fue acentuando el desgaste del liderazgo ejercido por el general José Antonio Páez. En ello tuvo papel decisivo la tenaz campaña opositora conducida por el Partido Liberal, cuya influencia en los estratos más bajos de la población se había profundizado de manera vertiginosa a lo largo de esa década.

Las tensiones se agudizaron con las elecciones celebradas en 1846. El Partido Liberal, encabezado por Antonio Leocadio Guzmán, demostró bien pronto su capacidad de movilización popular. En este agitado ambiente fue tomando cuerpo la postulación para la presidencia de José Tadeo Monagas, importante figura de la región oriental y otrora adversario del general Páez. Conceptuado Monagas como la única alternativa para resguardar la estabilidad en el país, la opinión “conservadora” se manifestó a favor de tal candidatura. El Caudillo Oriental fue proclamado Presidente de la República en enero de 1847, inicialmente rodeado por ministros que respondían a los lineamientos del paecismo. Al poco tiempo la calma reinante llegó a su fin, cuando Monagas comenzó a activar su política de alianzas con el Partido Liberal, incorporando al gabinete a connotados miembros de dicha agrupación, hábil estrategia que le permitió desprenderse de los compromisos con el paecismo y construir una base más sólida para proyectar su liderazgo a nivel nacional.

Entre tanto, se fueron exteriorizando las secuelas de una crisis económica mundial que se extendió desde 1847 hasta 1848, a la que ya aludimos anteriormente, ocasionando profundos trastornos en Venezuela, particularmente como consecuencia de la quiebra de Reid, Irving & Co., agente fiscal de Venezuela en Londres. Con estupor se observaban los efectos de un fenómeno poco estudiado hasta entonces: las crisis económicas mundiales, las cuales se caracterizaban por su recurrencia cada cuatro o cinco años, siendo “tan seguras en su período como las leyes de la naturaleza”²¹. Los desequilibrios económicos se unieron con los conflictos políticos que se agudizaron a fines de 1847 y principios del año siguiente. Los sucesos del 24 de enero de 1848 permitieron a Monagas, con el apoyo del Partido Liberal, lograr el control del Poder Legislativo²².

El mensaje ofrecido por el Presidente al Congreso en enero de 1848 revelaba una reorientación del rumbo económico. En la alocución se refirió de manera concreta al estado de postración en que se encontraban la agricultura y las artesanías. Era de esperar que el Caudillo Oriental cumpliera con el pacto sellado con la corriente liberal en cuanto a la redefinición de las líneas de acción en materia económica.

La nueva dirección de las medidas económicas se evidenció en breve tiempo. El 28 de abril de 1848 fue derogada la Ley de Libertad de Contratos. En el decreto se precisaba que los bienes hipotecados para el pago de acreencias podían ser rematados por la cantidad que se ofreciera el día de la subasta, siempre y cuando el monto no fuera inferior a la mitad del valor de la propiedad, el cual sería fijado por dos peritos nombrados por ambas partes, quienes debían designar un tercero encargado de dirimir las situaciones de discordia.

La reforma estableció además la existencia de dos tipos de interés: uno convencional y otro legal. El primero equivalía al 9%, y el legal era del 5% anual, constituyendo este último la regla en caso de no haber sido determinada previamente la tasa respectiva. También se estipulaba que no se podía cobrar interés de intereses. Con una clara definición a favor de los deudores, quedó anulada la polémica Ley del 10 de Abril de 1834 ²³.

Quedaba aún por resolver el problema de la Ley de Espera y Quita, tan combatida por la oposición liberal en la década anterior. El 9 de abril de 1849 fue aprobada la siguiente reforma: la espera era considerada un "beneficio legal"; a fin de solicitarla, el deudor debía presentar ante el juez competente una lista en la que constaran sus bienes y otra consignando los nombres de sus acreedores; para conceder la prórroga, que podría extenderse hasta por seis años, se tomaría en cuenta el mayor número de acreedores o bien la mayor suma de créditos; en el caso de que la espera fuera negada por la mayoría de acreedores, el deudor podía apelar ante un juez con atribuciones para ampliar el plazo hasta nueve años.

El contenido de la reforma, como se desprende del contenido de las cláusulas señaladas, era absolutamente favorable a los deudores, quienes podían obtener con facilidad prórrogas entre seis y nueve años, ocasionando fuertes perjuicios a los acreedores con la consiguiente disminución del monto de los capitales en giro²⁴. A esta medida se agregó la extinción de los Tribunales Mercantiles, creados en 1836, que también habían sido objeto de profundos cuestionamientos formulados por el Partido Liberal.

La reacción de los prestamistas no se hizo esperar. De inmediato, los representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otras naciones, elevaron sus protestas ante las autoridades venezolanas, argumentando la severidad de los perjuicios que sufrirían los comerciantes debido a las dificultades para recuperar el dinero colocado en préstamo. Tras las notas de protesta de rigor y ante la escasa receptividad demostrada por los funcionarios de gobierno, el conflicto con las naciones extranjeras adquirió visos de suma gravedad cuando la presión británica llegó al extremo de amenazar con el bloqueo de las costas venezolanas, si los súbditos afectados por la reforma no eran debidamente indemnizados.

Ante la inflexible posición británica, el gobierno decidió buscar vías de conciliación y abandonar sus aspiraciones de reformas económicas radicales. Un claro indicio de esta nueva posición fue el mensaje del secretario de Relaciones Interiores, Francisco Parejo, quien exhortó al Congreso a emprender una nueva discusión de la ley. Los debates finalizaron con la sanción de la segunda reforma de la Ley de Espera en mayo de 1850 en la cual se retornó al sistema vigente con anterioridad a 1841, cuando la decisión era adoptada por la mayoría de los acreedores²⁵.

Todas estas pugnas alteraron el normal desenvolvimiento del comercio y ocasionaron la retracción de los capitales para el suministro de créditos a la agricultura. Como agravante, los caudales públicos se habían reducido sustancialmente como consecuencia de la caída de los ingresos aduaneros. En medio del conflicto desatado por la reforma de la Ley de Espera, la agencia del Banco Colonial Británico había cerrado sus puertas en 1849. Al año siguiente se resolvió la liquidación del Banco Nacional, cuyo giro estaba virtualmente paralizado y sus billetes no tenían casi circulación.

En 1851 ya se podía presagiar la vocación dinástica del régimen a través de la elección para el cargo presidencial de José Gregorio Monagas, hermano del Caudillo Oriental. La polémica durante el proceso electoral reveló la existencia de hondas diferencias con el Partido Liberal, al quedar marginado su líder Antonio Leocadio Guzmán quien pretendía conquistar la primera magistratura. En realidad, a esta altura de los acontecimientos, Monagas ya había logrado consolidarse en el poder y podía prescindir de alianzas que comportaban incómodas obligaciones con otras fuerzas políticas.

Entre tanto, la supervivencia del régimen de esclavitud continuaba siendo un tema polémico. Prolongadas fueron las discusiones celebradas en el seno del Congreso. Las discrepancias radicaban en el mecanismo que sería utilizado para indemnizar a los dueños de esclavos. Finalmente fue dictada la Ley de Abolición el 24 de marzo de 1854, en la que estaban especificados los procedimientos para la asignación de las indemnizaciones, lo que habrá de significar otra carga para el Estado y nuevos motivos de discordia en años sucesivos.

En Venezuela no funcionó ningún otro instituto de crédito hasta la creación en 1855 de la Compañía de Accionistas, cuyas negociaciones estaban vinculadas principalmente con el sector público. Se desempeñaba como agencia fiscal y recibía el depósito del 30% de los derechos ordinarios de importación y del impuesto denominado “contribución extraordinaria”, recaudados en todas las aduanas del país. Al igual que el Banco Nacional prestaba servicios auxiliares al gobierno, aunque la composición de su capital era privada en su totalidad. Algunos de los accionistas más importantes estaban estrechamente ligados al régimen de José Tadeo Monagas, como era el caso de su yerno Juan Giuseppi, y se dedicaban a la especulación con títulos de la deuda pública. El instituto fue liquidado tras la caída de José Tadeo Monagas en marzo de 1858 ²⁶.

En estos años fue adquiriendo mayor difusión el uso de máquinas de vapor en diversas labores agrícolas: trapiches, molinos de granos, sierras de madera, trilladoras y descerezadoras, cuyo empleo era ya imprescindible si tomamos en cuenta la escasez de mano de obra tras la abolición de la esclavitud. En 1852 se fundó el Ateneo de Caracas en el que se celebraban conferencias y reuniones destinadas a promover adelantos económicos. Dentro de esta misma tónica desarrolló su labor la Compañía de Artistas de Caracas con el objeto de impulsar la enseñanza de las artes e industrias y fomentar empresas dedicadas a la construcción de puentes, calzadas, obras de canalización y otras inversiones que propendían al progreso material de la nación.

Hasta los años cincuenta, la explotación minera había estado limitada a la extracción de cobre en Aroa, minas que habían pertenecido a la familia Bolívar y fueron luego compradas por una corporación británica. A finales de la década de los cuarenta fueron descubiertas las minas de carbón de Naricual, adquiridas en 1850 por José Gregorio Monagas. A esta década corresponde también el hallazgo de gran número de minas de oro en la región del Yuruary, denominada en la época la “Nueva California”. Los primeros contratos de concesión para la explotación del oro en Guayana fueron firmados en 1854. A partir de la siguiente década las labores mineras habrán de adquirir mayor auge. Con la finalidad de regular esta actividad, fue dictado en aquel mismo año un Código de Minas en el que quedaba asentado el principio de que el Estado era propietario de las riquezas mineras localizadas en el suelo y en el subsuelo. Asimismo se estipulaba que las minas solamente podrían ser explotadas después de haber sido aprobada la respectiva concesión por parte del Poder Ejecutivo. Los beneficiarios de tales contratos debían pagar al Erario público el 10% del producto neto²⁷.

A comienzos de 1857, la economía venezolana estaba presentando signos positivos gracias a las excelentes cotizaciones de los principales frutos de exportación. Sin embargo, el panorama cambió bruscamente al estallar a finales de ese año una crisis financiera en los Estados Unidos que tuvo efectos inmediatos en los mercados europeos. El precio del café venezolano cayó en 20% y el cacao también sufrió una acentuada baja en sus cotizaciones. La situación empeoró debido al gran volumen de la cosecha que provocó una mayor disminución de los precios. En octubre de 1857, las noticias provenientes de Hamburgo eran preocupantes, más aún si consideramos que ese puerto era uno de los principales receptores del café venezolano. A finales de 1857, la crisis se agravó al punto de que reconocidos bancos de Inglaterra y Francia se vieron obligados a suspender sus pagos y otros se hallaban en bancarrota. En Venezuela, las exportaciones descendieron en 27% entre los años 1856-1857 y 1857-1858 ²⁸.

Estos factores incidieron para acelerar el proceso de descomposición del régimen de José Tadeo Monagas, mientras se iba consolidando un amplio movimiento de oposición. En ese mismo año de 1857 fue aprobada una reforma constitucional que consagró el continuismo del Caudillo Oriental, al suprimir la cláusula que prohibía la reelección inmediata del Presidente, además de ampliar la duración de dicho cargo de cuatro a seis años. Esta medida contribuyó a intensificar los embates de la oposición ante el centralismo puesto en práctica por el Presidente de la República.

La revolución estalló en Valencia el 5 de marzo de 1858. Inmediatamente fue proclamada la nulidad del Código promulgado el año anterior, por considerar que fue sancionado por un Congreso carente de facultades para ello, de acuerdo a lo pautado por la Constitución de 1830. Monagas, enfrentado a un movimiento revolucionario de grandes proporciones, optó por presentar su renuncia y evitar derramamientos de sangre. El día 19 de marzo el general Julián Castro entró a la ciudad de Caracas y asumió la Presidencia de la República, abriéndose así una etapa caracterizada por fuertes conflictos políticos que culminaron con el estallido de la Guerra Federal.

Guerra Federal, endeudamiento e inestabilidad económica

Tras el triunfo de la Revolución de Marzo, comenzaron a difundirse denuncias relativas a actos de corrupción cometidos por miembros de la familia Monagas y del círculo de sus allegados. Se acusaba a Jacinto Gutiérrez, ex secretario de Hacienda, y a Juan Giuseppi, yerno de Monagas, de haberse enriquecido con el “saqueo” del Tesoro público. A ello deben sumarse los privilegios derivados de la Ley de Tierras Baldías, sancionada en 1848, que favoreció a un restringido grupo de grandes propietarios vinculados a las autoridades depuestas.

A fin de restablecer el crédito público y evitar posibles desavenencias con países extranjeros, el nuevo gobierno se vio obligado a negociar un arreglo para el pago de la deuda externa. A tal efecto, José Santiago Rodríguez fue designado Ministro Plenipotenciario de la República en Londres para concertar un convenio con los tenedores de vales de la deuda venezolana. En el documento, firmado el primero de marzo de 1859, se indicaba la forma de pago de los intereses pendientes desde 1847, ya que durante el período de los Monagas no se había dado cumplimiento a esas obligaciones. La firma Baring Brothers fue autorizada para servir de agente fiscal de Venezuela en tales operaciones financieras. Este acuerdo generó reacciones positivas en el exterior, al evidenciar el empeño del gobierno presidido por Julián Castro por garantizar la estabilidad económica y elevar el crédito de la nación²⁹.

El nuevo gobierno recibió de inmediato la adhesión de reconocidos comerciantes, quienes organizaron una comisión especial con el propósito de recaudar fondos para el denominado “Empréstito Patriótico”. Como estos auxilios no fueron suficientes, el Poder Ejecutivo debió enfrentar serias dificultades fiscales que se acrecentaron tras el estallido de la Guerra Federal, el 20 de febrero de 1859.

Con la finalidad de solventar parte de las necesidades del Tesoro público, se optó en ese mismo año por lanzar una emisión por un millón de pesos en billetes. A tal efecto se abrió una lista de suscriptores que estaría administrada por una comisión integrada por las cinco casas comerciales que hubieran aportado mayor capital. El éxito de esta operación fue rotundo ya que con rapidez se obtuvo el apoyo económico de importantes firmas mercantiles de Caracas y también de La Guaira³⁰.

En la medida en que la contienda proseguía provocando estragos en la economía e incrementaba los gastos militares, Manuel Felipe de Tovar, encargado del Poder. Ejecutivo desde el 12 de abril de 1860, decretó la contratación de un nuevo empréstitopor 300.000 pesos en Caracas, Carabobo, Aragua, Maracaibo y Guayana³¹.

Mientras el gobierno se debatía en medio de la penuria de recursos financieros, aun cuando había recibido amplio respaldo de las firmas comerciales más acredita da s, resurgieron con fuerza las críticas a la Ley de Espera aprobada en 1850. Era previsible que un tema de tanta significación no quedara soslayado en momentos en que la guerra estaba asolando la agricultura y la ganadería en varias regiones del país, y se multiplicaban los juicios por cobro de deudas.

Las presiones de los prestamistas lograron su objetivo con rapidez ya que su patrocinio era fundamental en aquellos difíciles tiempos. El 6 de julio de 1860 fue promulgada una nueva ley que derogó el código vigente sobre juicios de Espera y Quita. El artículo primero precisaba que por concepto de deudas no podría pedirse judicialmente es pera ni quita. A los efectos de agilizar los juicios preexistentes se dispuso que ninguna prórroga excediera los cinco años, a menos que por unanimidad de acreedores se aceptara conceder un plazo mayor . Con la abolición del beneficio de espera concluyó el polémico asunto que había llevado al país al borde de un bloqueo naval en el año 1849 ³².

Para completar este cuadro de reformas que respondían a las exigencias del sector mercantil, se incorporó el derecho de retroventa a través de la Ley del 16 de junio de 1861. En realidad, esta modalidad era utilizada por los prestamistas des de la década de los cincuenta, para evitar así regirse por la normativa vigente sobre cobro de deudas. Se trataba de un contrato en que el vendedor se reservaba el derecho de recuperar el bien enajenado , una vez que hubiera reintegra do al comprador el monto acordado . De esta manera, los prestamistas tenían asegurado e l reembolso del dinero facilitado y no corría n riesgos en caso de insolvencia de los deudores ³³. La aplicación de la retroventa continuó siendo muy usual hasta las primeras décadas del siglo XX.

La legislación referente a las tasas de interés y los procedimientos a ser aplicados en las subastas fue ron objeto de una nueva reforma. La Ley del 19 de junio de 1861 determinó que el interés legal, para los casos en que no se hubiera especificado, sería de 6% anual. Sin embargo, no se hizo ninguna referencia a la existencia de tasas máximas. En otras palabras, sin indicarlo explícitamente había quedado restablecida la libertad para concertar los intereses. A diferencia de la Ley del 10 de Abril de 1834, se estipulaba que los bienes hipotecados no podían ser rematado s por menos de la mitad de su valor , tal como se había pautado en la reforma de 1848 ³⁴.

Junto a la elevación de los gastos de guerra, se registró una alarmante disminución de los ingresos aduaneros lo que explica la urgencia en obtener mayores auxilios monetarios y conceder, por tanto, nuevos privilegios a los prestamistas mediante las reformas de las leyes de crédito . Entre 1860 y 1861 fue eliminado el combatido beneficio de espera, se aprobó una nueva ley sobre contratos por préstamos de dinero y la retroventa pasó a tener carácter legal.

Paralelamente a la reforma de la Ley de Espera, se encontraba en preparación el proyecto del Banco de Venezuela. Con antelación ya había sido sancionada, en julio de 1860 , la primera ley que regulaba la creación y el funcionamiento de las entidades de crédito en Venezuela. El artículo primero determinaba que podían establecerse libremente bancos de depósito, giro y descuentos, sin más formalidades que las prescritas por las leyes mercantiles para la instalación de casas de comercio ³⁵.

Bajo esta nueva normativa se presentó en 1861 el proyecto de fundación del Banco de Venezuela, tema que dio lugar a fuertes debates. Uno de los argumentos contrarios a dicha entidad consistía en que el crédito que se otorgaría al gobierno por 4.240.000 pesos, con las deducciones para pago de intereses y amortización sobre los títulos de créditos contra el Estado, se vería reducido a un valor aproximado de tres millones de pesos. Esta suma sería entregada en billetes a plazo emitidos por el banco, ya que en el capital inicial del mismo casi no entraría efectivo, sino básicamente deuda pública. Por tanto, el mercado quedaría en breve tiempo inundado con billetes, ya que los mismos serían utilizados por el comercio para sus transacciones y para la cancelación de los derechos de importación. Es importante resaltar que en torno a este proyecto de instituto bancario se habían congregado los acreedores por deuda pública que intentaban así recuperar sus inversiones. En consecuencia, en vez de reunir recursos para cubrir el presupuesto anual, el gobierno estaría asegurando a sus acreedores el pago de intereses y amortización gradual de la deuda interior, según lo estaban señalando los detractores de la propuesta³⁶. El proyecto fue debatido por la comisión designada al efecto y resultó ser aprobado por mayoría, el 4 de agosto de 1861, bajo la consideración de que era la única vía para obtener auxilios inmediatos para el Erario público.

Las negociaciones para la creación del Banco de Venezuela se llevaron a cabo con toda celeridad: el día 22 de agosto de 1861 se reunió la Junta General de Accionistas que ratificó la conformación de la compañía según las pautas señaladas en el proyecto original. Como era de esperar, el banco ingresó en una crisis irreversible poco tiempo después. En el mes de abril de 1862, cuando aún no había transcurrido medio año de su fundación, la directiva declaró que no podía hacer frente a las emisiones cuyo vencimiento estaba próximo por falta de fondos en efectivo, lo que generó gran alarma entre sus acreedores.

Tras el fracaso del Banco de Venezuela se formalizaron las gestiones para contratar un empréstito en Europa por un millón de libras esterlinas, hecho que generó severas críticas por las onerosas condiciones pactadas. Con sus fondos se pagaron intereses de la deuda externa, comisiones y diversas obligaciones que pesaban sobre el Tesoro, y se destinó solamente una pequeña porción a los gastos de guerra y administración. Todo ello con un elevado costo, ya que se había hipotecado el 55% de los ingresos provenientes de las importaciones de La Guaira y Puerto Cabello³⁷. La guerra ocasionó graves repercusiones en la agricultura y el comercio que se expresaron en una notable caída tanto de las exportaciones como de las importaciones, evidenciando la dramática situación que estaba atravesando la economía nacional.

Desde los últimos meses de 1862 y principios de 1863, mientras el gobierno se esforzaba por obtener recursos monetarios para concluir con las hostilidades, era posible vaticinar la inminente caída del régimen. Los revolucionarios controlaban hacia el mes de marzo de 1863 la mayor parte del occidente del país y la guerra estaba llegando prácticamente a las puertas de Caracas. En tales circunstancias, Antonio Guzmán Blanco, general del Ejército del Centro y mano derecha de la máxima autoridad de las tropas federales: el general Juan Crisóstomo Falcón, inició conversaciones con los representantes gubernamentales. Sobre esta base se suscribió un acuerdo en la hacienda “Coche” que puso fin a tan prolongada contienda.

El lento camino hacia la reconstrucción económica

Con la firma del Tratado de Coche en 1863, comenzaron a darse los primeros pasos para la instalación de las autoridades que habrían de sustituir al régimen del general José Antonio Páez. El 17 de junio de 1863 se reunió en La Victoria la Asamblea Nacional que designó a Juan Crisóstomo Falcón como Presidente Provisional de la República y Vicepresidente a Antonio Guzmán Blanco. En esta etapa inicial del Gobierno de la Federación se produjo el vertiginoso ascenso de Guzmán Blanco, quien también ocupaba la cartera de Hacienda y Relaciones Exteriores, además de ostentar el cargo de Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Londres para la contratación de un empréstito. De esta manera, el hábil negociador de la paz en Coche se transformó en la figura clave del nuevo gobierno, llegando a concentrar en breve lapso una significativa cuota de poder.

A causa de los desmedidos gastos motivados por la guerra, la Hacienda Pública quedó exhausta. El endeudamiento interno y externo se había acrecentado, mientras la agricultura y la ganadería se encontraban devastadas y requerían de urgentes auxilios monetarios para su restablecimiento. Además de los efectos directos de la contienda bélica, tales actividades estaban sufriendo trastornos que se reflejaban en los elevados costos de producción generados por la escasez de brazos y el consiguiente aumento de los jornales, el pésimo estado de los caminos y los altos fletes de los transportes. A todo ello se unía el peso de las deudas y los excesivos intereses que dificultaban la recuperación de la agricultura a corto plazo.

Las primeras acciones del nuevo gobierno se orientaron a la atención del problema fiscal. Guzmán Blanco había sido nombrado en 1863 Comisionado Fiscal de Venezuela con encargo especial de obtener un empréstito en Europa que no excediera los dos millones de libras esterlinas. Las gestiones celebradas en Londres fueron coronadas con rapidez por un exitoso resultado. Todo parecía indicar que logró inspirar gran confianza en los medios financieros europeos, ya que sus negociaciones fueron llevadas a cabo con gran celeridad. De tal modo, el Gobierno de la Federación se estaba iniciando en el peligroso camino del endeudamiento externo, ya trajinado por la administración del general Páez con el empréstito de un millón de libras esterlinas de 1862³⁸.

La contratación del nuevo empréstito con la Compañía General de Crédito de Londres fue realizada por un valor nominal de 1.500.000 libras esterlinas y un valor real de 900.000 libras esterlinas. Se acordó la emisión de vales al portador que ganarían un interés de 6% anual y serían pagados semestralmente. Como garantía se hipotecaron y empeñaron los derechos de exportación de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolívar, para el pago del interés y fondo de amortización que ascendían a 120.000 libras esterlinas anuales. Si estos últimos no alcanzaran a la suma solicitada, la diferencia sería cubierta con los derechos de importación de todas las aduanas de la República.

Las 900.000 libras esterlinas a que montaba el total del empréstito serían empleadas del modo siguiente: la Compañía General de Crédito retendría 75.000 libras en concepto de comisión (equivalente al 5% del valor nominal del empréstito), corretaje y otros gastos, y reservaría también la suma de 45.000 libras para sufragar los intereses del primer semestre. El saldo restante se entregaría a la orden del gobierno de Venezuela ³⁹. De esta manera se había formalizado un nuevo y oneroso mecanismo de endeudamiento que se sumaba a la larga lista de obligaciones adquiridas en las últimas décadas. Entre tanto, el gobierno estaba acelerando los trámites para solventar los numerosos compromisos financieros. En marzo de 1864 se organizó la Sociedad del Empréstito por 500.000 pesos, fondos que estaban destinados a la amortización de algunos vales de caja otorgados por la aduana de La Guaira, y otros créditos que pesaban sobre la Tesorería nacional y por suplementos efectuados al nuevo gobierno. Los recursos extraídos del empréstito permitirían redimir la deuda que obstruía la principal fuente de ingresos radicada en La Guaira y aliviar momentáneamente la crisis fiscal. Múltiples fueron las acusaciones lanzadas contra Guzmán Blanco por su intervención en las gestiones del empréstito del millón y medio de libras esterlinas. Se afirmaba que la jugosa comisión recibida y otras especulaciones con vales de las aduanas constituyeron la base de su fortuna que habría de multiplicarse en las siguientes décadas, y lo convertiría en uno de los hombres más ricos de la Venezuela de entonces⁴⁰.

Paralelamente, se emprendió un proceso de reorganización de la administración pública. En 1863 fue creado el Ministerio de Fomento y al año siguiente el de Crédito Público, se parado este último del ramo de Hacienda, con el propósito de atender todo lo concerniente a la deuda nacional interior y exterior, su amortización, los empréstitos y la contabilidad de las oficinas de crédito. A la cartera de Hacienda pertenecían los asuntos relativos a la recaudación de impuestos, a la contabilidad de las aduanas , a las propiedades nacionales y al presupuesto de gastos. En estos cambios de la estructura de la administración se aprecian dos aspectos fundamentales: por un lado, el estímulo de las obras públicas a través del Ministerio de Fomento y de diversas comisiones creadas a tal efecto y, por otro, la preocupación por cumplir con los pagos por concepto de endeudamiento que serían canalizados a través del Ministerio de Crédito Público.

Un cambio de panorama se observa a partir de los años sesenta en cuanto al creciente interés de los capitales europeos por captar nuevos campos de inversión. Ejemplo de ello son los empréstitos de 1862 y 1864, además de diversos proyectos en ferrocarriles y minas, estos último s coincidentes con la misión de Guzmán Blanco en el exterior. A partir de esa década se estaba manifestando una extraordinaria y vertiginosa expansión del comercio internacional y de las inversiones en la banca y en la industria. Se fue tejiendo así la intrincada trama de las redes financieras que se extendían desde Europa hacia el continente americano.

En coincidencia con las tratativas del empréstito en 1864 se pusieron en marcha las gestiones para la creación del Banco de Londres y Venezuela. Diversos empresarios británicos habían informado a sus corresponsales en Venezuela que tenían la intención de fundar un banco, cuyas acciones serían suscritas en su mayor parte en Inglaterra. El instituto contaría con un capital de 500.000 libras esterlinas, dividido en 10.000 acciones de 50 libras esterlinas cada una. La instalación de este instituto estaba vinculada con la atención del servicio de la deuda exterior y su funcionamiento era similar al de la extinguida agencia del Banco Colonial Británico⁴¹.

En Venezuela, los principales socios eran destacados representantes del comercio local. Esta fue la primera experiencia bancaria en la que tuvo intervención el denominado “alto comercio”. Su participación estaba ampliamente garantizada por tratarse de una entidad de crédito promovida por inversores británicos, lo que significaba un sólido respaldo para el funcionamiento del instituto. Es incuestionable que la habilidad demostrada por Antonio Guzmán Blanco en el manejo de las finanzas públicas, inspiró confianza a los capitalistas que con rapidez expresaron su apoyo al gobierno.

Por entonces, el poder económico de las más reconocidas casas comerciales no descansaba ya exclusivamente en el control del intercambio exterior y en el suministro de crédito s, sino que a partir de los años sesenta se sustentaba también en empresas vinculadas con la gestión económica del Estado. Ese fenómeno habrá de adquirir mayor nitidez en la década siguiente cuando Antonio Guzmán Blanco establezca sólidas alianzas con el sector mercantil que habrá de constituirse en uno de los pilares de su proyecto económico.

A partir de la década de los sesenta comenzaron a presentarse algunos signos económicos positivos gracias al aumento de la demanda mundial de café, lo que posibilitó la expansión de los cultivos en las laderas y valles de la Cordillera de la Costa y en la región andina. A su vez, el crecimiento de ese renglón productivo requería de la modernización de las vías de comunicación y los medios de transporte, lo cual podría con tribuir a la futura articulación de las regiones entre sí . Durante esta década, los agricultores manifestaron su constante preocupación por la obtención de recursos a bajas tasas de interés, lo que permitiría reactivar la economía tras las terribles secuelas de la Guerra Federal. El viejo proyecto de crear un Instituto de Crédito Territorial adquirió nuevo aliento , aunque no se logró ningún resultado exitoso ya que no fue posible obtener los capitales indispensables para auspiciar tal iniciativa. Por un lado, el sector privado se mantenía a buena distancia de los riesgos que involucraba ese tipo de financiamiento y, por otro, la situación de permanente déficit fiscal impedía destinar fondos para el auxilio de la producción agrícola.

Conclusiones

Al iniciarse la etapa republicana perduraban muchos vestigios de la sociedad colonial que se erigieron en factores adversos par a la inserción de los capitalistas extranjeros, para quienes las excesivas cargas tributarias y la arcaica legislación en materia crediticia constituían trabas para el libre ejercicio de sus actividades. Por consiguiente, la delimitación del papel económico del Estado pasó a ser un asunto de vital importancia para el desarrollo del comercio y de la agricultura. Si bien parecía un contrasentido la adopción de un modelo liberal en una economía agroexportadora , se trataba de una exigencia fundamental de los nuevos actores económicos que requerían de seguridad y confianza para proporcionar auxilios monetarios en operaciones que comportaban elevados riesgos. Desde otra perspectiva , los hacendados solicitaban la aplicación de políticas de financiamiento acordes con los ciclos de los cultivos y en capacidad de afrontar el impacto de los fenómenos naturales y de las crisis mundiales. Aun cuando las funciones de ambos sectores eran necesariamente complementarias, no fue posible alcanzar en aquellas circunstancias el equilibrio entre intereses tan divergentes.

Esas discrepancias se agudizaron tras la reforma de las leyes de crédito, motivo de intensas polémicas durante un extenso período. El debate económico halló bien pronto su expresión política con la creación del Partido Liberal, cuya actuación estaba dirigida a respaldar al gremio de agricultores. Estos últimos reclamaban la protección del Estado en contraposición a la entusiasta apología del laissez faire proclamada por los representantes del comercio. Tales antagonismos se desplegaron a lo largo de tres décadas en las que la vida política nacional estuvo dominada por el caudillismo, encarnado en las figuras de José Antonio Páez y José Tadeo Monagas. Mientras el primero se había inclinado por la libertad de contratos, el segundo se pronunció por el amparo a los deudores, de conformidad con los compromisos contraídos con el Partido Liberal.

A pesar de que en esta etapa la dimensión institucional del Estado experimentó un adelanto significativo, los resultados en términos de crecimiento económico fueron pobres, los proyectos de modernización se vieron frustrados con mucha frecuencia , los mercados regionales continuaron segmentados y aislados entre sí, y endebles fueron los avances en el camino hacia el anhelado progreso material a causa de las crónicas penurias fiscales.

Los cambios más profundos se registraron a partir de 1870 , bajo el signo de la autocracia guzmancista, mediante la aplicación de un conjunto de reformas que apuntaban a la eficiencia del aparato administrativo , la unificación nacional y la modernización económica.

Referencias

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Notas