Certidumbre y sorpresa en la historia: la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el contexto mexicano de modernización neoliberal

Introducción

En su texto de 1949, Apología para la historia o el oficio de historiador, Marc Bloch sostiene que la historia no es la ciencia del pasado a secas, sino que su objeto de estudio es lo humano; el autor enfatiza que detrás de los cambios en el paisaje, la construcción y uso de artefactos, la escritura de libros y la creación de instituciones, están los hombres; por tanto, todo historiador debe asumir que su ámbito de investigación es el de las acciones humanas, que si fuera cazador esa sería su presa¹. De esa manera, a la disciplina histórica le toca reconocer la duración de los hechos humanos para clasificarlos como acontecimientos, hechos, procesos, coyunturas, estructuras; es decir, dar forma a las continuidades, cambios y giros que conforman el tiempo histórico; eso que el autor citado considera como el plasma en el que se suceden las cosas y que permite comprenderlas².

El transcurso de la vida individual y de las colectividades en la geografía del mundo hace de la historia una totalidad que abarca lo que los hombres han hecho y han padecido desde su aparición en la corteza terrestre. Pero, dice Collazo, la historia es un acontecer, un proceso, un acaecer individual y colectivo que se percibe azaroso, sin sentido ni dirección y de difícil inteligibilidad racional³. Al respecto, Fernand Braudel dice que lo difícil de la disciplina histórica radica en cómo atrapar algo del paisaje complejo de la historia si, “como la vida misma, la historia se nos aparece como un espectáculo huidizo, movedizo, hecho del entrelazamiento de los problemas inextricablemente mezclados, y que puede tomar cien rostros diversos y contradictorios alternativamente”⁴.

Vista en perspectiva, la historia tiene un carácter aleatorio en su ocurrencia, aunque los humanos que la construyen han estado siempre en la búsqueda de esquemas de pensamiento que le den certidumbre y seguridad en el ocurrir de la vida. En relación con este planteamiento, Morín asegura que las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo cíclico cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de sacrificios, a veces humanos⁵. Para Koselleck, la ilustración del siglo XVIII concibió la historia como un proceso de perfeccionamiento continuo, resultado de la acción pensada de los hombres⁶. Mientras que para Morín, la civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico⁷. Como puede pensarse, el deseo humano de estabilidad y permanencia contrasta con el acontecer real de sus hechos, así lo confirma Morín cuando asegura que la historia no constituye una evolución lineal, sino que conoce turbulencias, bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estadios, periodos de latencia seguidos de virulencias; que es un enjambre de devenires enfrentados con riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones, regresiones, y rupturas⁸.

Sobre esa base explicativa puede interpretarse la historia reciente de México, toda vez que después de la revolución de 1910-1917 vino un periodo de reconstrucción institucional tendiente a buscar la estabilidad política para reimpulsar el desarrollo moderno iniciado a fines del siglo XIX por el presidente Porfirio Díaz. A la etapa de reconstrucción posrevolucionaria, cuyo énfasis se puso en el reparto agrario, el impulso a la producción del campo y la educación rudimentaria de sus habitantes, le siguió otra de industrialización que fue favorecida por la participación de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial, lo que generó una coyuntura para que se promoviera la sustitución de importaciones y con ello el desarrollo de la industria manufacturera y de servicios. En ese proceso de modernización capitalista, iniciado después del movimiento de independencia en el siglo antepasado y como parte del proceso liberal de formación del Estado-nación mexicano, a los habitantes originarios del territorio, primero, se les intentó borrar mediante la educación histórica y lingüística para homogeneizar a los ciudadanos de la patria única; ya en el siglo XX fueron excluidos de los beneficios del proyecto modernizador, impulsado por el régimen político revolucionario, al ser tratados como bárbaros a civilizar y como clientes electorales del sistema político de partido hegemónico.

A finales del siglo XX vino la fase globalizadora del capital y su discurso de reformas estructurales para borrar las fronteras de la nación, permitir el ingreso del capital extranjero en todos los ramos económicos y disminuir la acción estatal en los sectores que habían sido tan poco favorecidos. El sector indígena había sobrevivido durante quinientos años a las políticas de la corona española, los gobiernos liberales y el gobierno revolucionario, por lo que todo parecía estar tranquilo para quienes anhelaban la certidumbre de que siguiera igual; pero, los indígenas de Chiapas se organizaron, alzaron la voz y sorprendieron a medio mundo, como se narra en este texto.

Recepción nacional del EZLN

En México, al finalizar el año de 1993, se percibía en el ambiente del país una especie de desánimo social a pesar del discurso gubernamental insistente en que con las acciones del poder, complementadas con el trabajo físico de los gobernados más pobres, y la próxima firma de un tratado de libre comercio con América del norte, la sociedad pronto arribaría a una forma de vida moderna y desarrollada. El régimen de partido hegemónico manipulaba la pobreza a través de programas sociales como Solidaridad⁹, que consistía en utilizar gratuitamente la fuerza de trabajo en la construcción de obras públicas, para disminuir el descontento social que había dejado la sospecha de un fraude electoral en la elección de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la república. En este clima de descontento que se vivía, se hizo presente, con una cálida y esperanzadora recepción por parte de la sociedad mexicana, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de un enjambre de devenires enfrentados con riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones, regresiones, y rupturas⁸.

Sobre esa base explicativa puede interpretarse la historia reciente de México, toda vez que después de la revolución de 1910-1917 vino un periodo de reconstrucción institucional tendiente a buscar la estabilidad política para reimpulsar el desarrollo moderno iniciado a fines del siglo XIX por el presidente Porfirio Díaz. A la etapa de reconstrucción posrevolucionaria, cuyo énfasis se puso en el reparto agrario, el impulso a la producción del campo y la educación rudimentaria de sus habitantes, le siguió otra de industrialización que fue favorecida por la participación de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial, lo que generó una coyuntura para que se promoviera la sustitución de importaciones y con ello el desarrollo de la industria manufacturera y de servicios. En ese proceso de modernización capitalista, iniciado después del movimiento de independencia en el siglo antepasado y como parte del proceso liberal de formación del Estado-nación mexicano, a los habitantes originarios del territorio, primero, se les intentó borrar mediante la educación histórica y lingüística para homogeneizar a los ciudadanos de la patria única; ya en el siglo XX fueron excluidos de los beneficios del proyecto modernizador, impulsado por el régimen político revolucionario, al ser tratados como bárbaros a civilizar y como clientes electorales del sistema político de partido hegemónico.

A finales del siglo XX vino la fase globalizadora del capital y su discurso de reformas estructurales para borrar las fronteras de la nación, permitir el ingreso del capital extranjero en todos los ramos económicos y disminuir la acción estatal en los sectores que habían sido tan poco favorecidos. El sector indígena había sobrevivido durante quinientos años a las políticas de la corona española, los gobiernos liberales y el gobierno revolucionario, por lo que todo parecía estar tranquilo para quienes anhelaban la certidumbre de que siguiera igual; pero, los indígenas de Chiapas se organizaron, alzaron la voz y sorprendieron a medio mundo, como se narra en este texto.

Recepción nacional del EZLN

En México, al finalizar el año de 1993, se percibía en el ambiente del país una especie de desánimo social a pesar del discurso gubernamental insistente en que con las acciones del poder, complementadas con el trabajo físico de los gobernados más pobres, y la próxima firma de un tratado de libre comercio con América del norte, la sociedad pronto arribaría a una forma de vida moderna y desarrollada. El régimen de partido hegemónico manipulaba la pobreza a través de programas sociales como Solidaridad9, que consistía en utilizar gratuitamente la fuerza de trabajo en la construcción de obras públicas, para disminuir el descontento social que había dejado la sospecha de un fraude electoral en la elección de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la república. En este clima de descontento que se vivía, se hizo presente, con una cálida y esperanzadora recepción por parte de la sociedad mexicana, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el sureste de México, a partir del primero de enero de 1994.

A las 0.30 de la mañana del primer día de enero de 1994 varios grupos de indígenas armados tomaron los municipios de San Cristóbal d e las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Chanal, del estado mexicano de Chiapas; la ac ción implicó la ocupación de edificios locales de gobierno y, por tanto, enfrentamientos con la policía. Los rebeldes que tomaron la ciudad de San Cristóbal se dirigieron a la zona militar XXXI en Rancho Nuevo e incursionaron en el penal número cinco para liberar a 179 reos, algunos de los cuales se les unieron. Por ejemplo, en la comunidad de las Margaritas, los alzados, dirigidos por el teniente Manolo, tomaron la radiodifusora del Instituto Nacional Indigenista y desde ella, en lenguas tzeltzal, tzotzil, tojolabal y kakchikel, hicieron un llamado a las comunidades indígenas a unirse a la lucha para derrocar al que llamaron “ gobierno ilegítimo de México que mantiene a este sector de la población en la pobreza extrema, miseria, abandono”¹⁰. En Ocosingo, los insurrectos se apoderaron del ayuntamiento, destruyeron los archivos y abrieron una tienda para que los pobladores se llevaran la mercancía; además, cortaron las líneas telefónicas para evitar la comunicación con el exterior. Un grupo de insurgentes fu e hasta el rancho San Joaquín, propiedad del ex gobernador Absalón Castellanos Domínguez, a quien secuestraron y se llevaron rumbo a la selva lacandona , además de un camión de tres toneladas y dos vacas¹¹.

El EZLN argumentó que declaraba la guerra al gobierno federal mexicano y a su ejército porque se había segregado a los indígenas durante quinientos años, no obstante haber sido la carne de cañón de guerras y batallas durante ese periodo. Perfiló su lucha “ por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, e ducación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”¹² y contra de la dictadura que padecían , monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari¹³ . Con estas acciones, el EZLN se convirtió en el vocero no sólo de los indígenas del país, sino de una gran franja social que, en voz baja, esparcía el rumor del gran distanciamiento entre el gobierno y los gobernados y en la necesidad de acabar con esa situación.

Pasmo y contradicción de la clase política

La insurgencia zapatista tomó desprevenidos a los integrantes de la clase política mexicana, no tanto porque se realizara en las horas posteriores a la cena de año nuevo cuando estaban dormidos, desvelados o ebrios, sino porque la propaganda política había convencido a los mismos políticos de que la entrada en vigor del tratado de libre comercio, el primer día del año, traería beneficios que hasta ese momento el país no había conocido. La sorpresa impidió que el presidente explicara inmediata y personalmente lo que estaba sucediendo en Chiapas. El estupor llegó al ejército, pues antes de que emprendiera una estrategia armada contra el levantamiento, se ordenó al personal militar de la VII región mantenerse acuartelados en espera de un posible diálogo con los levantados; eso sí, como los insurgentes atacaron sin éxito el cuartel militar cercano a San Cristóbal de las Casas, la Secretaría de Gobernación comenzó a difundir un discurso en el que calificaba a l grupo rebelde como resultado de una mezcla de intereses y personas, nacionales y extranjeros, que mostraban afinidad con facciones guerrilleras activas en Centroamérica¹⁴. En cuanto se desautorizó a los alzados, comenzó la contraofensiva del ejército para recuperar los municipios y bombardear distintos puntos de la selva que se consideraban refugios zapatistas.

Al tiempo que se emprendían las acciones militares, desde el gobierno se dejó de enfatizar en la descalificación y, en cambio, dio la razón del alzamiento zapatista a través del discurso gubernamental, emitido hasta el tercer día del levantamiento, por el Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, quien reconoció que había mucho atraso social en la entidad donde se había expresado el descontento y anunció que varios funcionarios irían a Chiapas para que, junto con el gobernador Elmar Setzer Marseille, se estableciera una mesa de atención a los problemas y junto con los grupos sociales se revisara el avance de las obras en proceso y se programaran otras.

En el ámbito del gobierno federal no se daba crédito a la protesta armada debido a que, se dijo, Chiapas había sido prioritario para el Programa Nacional de Solidaridad al ocupar el primer lugar en inversión social con un ocho por ciento del presupuesto nacional en la construcción de hospitales y carreteras. Rojas dio a entender que, aunque existían rezagos, no había razón para la protesta violenta, toda vez que la aplicación de los recursos para resolver problemas sociales y agrarios se había dado mediante el diálogo y la participación de 16 organizaciones campesinas, las cuales, como se sabría más adelante, en su mayoría estaban afiliadas al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI)¹⁵.

El resultado inmediato fue que, mediante sendos comunicados, el ejército mexicano informó que había iniciado la recuperación de los espacios y avanzaba sobre las posiciones de los zapatistas insurrectos; más adelante lo hizo en forma conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR ), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Gobernación (SG), las cuales señalaron triunfantes que el gobierno federal había logrado identificar al vocero de los alzados, el subcomandante Marcos, y a un número importante de rebeldes de origen extranjero. Fue hasta e l cinco de enero cuando un comunicado de las secretarías anunció contundentemente que el movimiento no era indígena, sino de expertos en organizar actos de violencia con armas y equipos de comunicación¹⁶.

Tampoco el Presidente municipal de San Cristóbal, quien debería tener contacto cotidiano con la realidad, tomó inmediatamente una posición ante las razones del conflicto que afectaba su jurisdicción; su protagonismo consistió en asumirse como portavoz del Gobernador para llamar a mantener calma, prudencia y toda la comprensión posible para mantener comunicación y orden¹⁷; declaró que la situación era tan seria que no permitía curiosidad, morbosidad, imprudencia, actos de rapiña y desorden. En su declaración a los medios invitó a la población a no salir por las noches , evitar circular de día y pedir a los habitantes para que agradecieran al presidente de la república, vía telegráfica, la presencia de las fuerzas armadas en la región

Fue hasta el seis de enero de 1994 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari emitió un mensaje nacional en el que repitió lo que sus subordinados ya habían declarado en los días previos: que lo sucedido en Chiapas era resultado de la acción de profesionales de la violencia, nacionales y extranjeros, cuyo objetivo era alterar la tranquilidad, la paz pública y las instituciones, aunque también reconoció la situación de pobreza y carencia de la región chiapaneca. Salinas intentó camuflar la situación que justificaba la protesta armada con el pronóstico de que fracasaría, pues ninguna acción armada había logrado progreso social ni democracia y, para rematar, ofreció perdón a quienes se hubieran dejado engañar por los manipuladores para tomar las armas¹⁸.

Otros sectores gubernamentales como el Congreso de la Unión, integrado por las cámaras de diputados y senadores, también quedaron momentáneamente pasmados ante la irrupción armada del zapatismo; hubo expresiones espontáneas de sus integrantes a través los miembros de la comisión permanente; sin embargo, todas coincidieron en detener el enfrentamiento entre los insurrectos y el ejército para evitar el derramamiento de sangre; las fracciones políticas opositoras al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron en común que entre las causas del levantamiento estaba el abandono, marginación, miseria, represión y violación de los derechos humanos de los indígenas. La fracción del PRI, en voz del diputado Amado Treviño Amate, intentó evitar que el órgano colegiado tomar a una posición ante el conflicto al insistir en que el asunto no competía a los partidos políticos, sino, a las instancias del poder ejecutivo.

Sin embargo, los opositores al partido gobernante declararon en los siguientes términos: el grupo del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), de orientación semioficialista, propuso que los diputados se convirtieran en representantes del EZLN y mediaran ante el gobierno federal para obtener solución de sus demandas; dicha propuesta fue apoyada y complementada por el diputado perredista Gilberto Rincón Gallardo, aunque la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue expresada por el diputado Alejandro Encinas, quien deslindó a su organización de las acciones violentas y demandó la apertura de espacios democráticos para los indígenas; los miembros del derechista Partido Acción Nacional (PAN) destacaron que, por su condición, los distintos grupo s indígenas eran “ presa fácil de falsos redentores ”¹⁹.

A diferencia de lo que pasó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal los argumentos mostraron variedad de lectura de la realidad por los miembros de la clase política, aunque también la perspectiva que podía unificarlos. Así, todos coincidieron en que la única salida al conflicto armado, iniciado por los zapatistas y contestado por el ejército mexicano, era el diálogo; hubo matices respecto a las causas que se encontraban en el desigual reparto de la riqueza y en la omisión de los distintos ámbitos de gobierno ante los problemas.

Las diferencias más abiertas entre los miembros del cuerpo legislativo local se dieron en torno a qué y cómo hacer frente a la situación. El PRD y el PFCRN votaron en contra de un punto de acuerdo que proponía la solución del conflicto a través del diálogo político, la promoción del desarrollo por parte de los gobiernos federal y estatal, y el respeto a los derechos humanos de las etnias, porque, en su opinión, una mesa de negociaciones debería ser plural y no unilateral, como lo proponía el gobierno federal, y porque la solución solo llegaría con la remoción del gobierno estatal de Chiapas y el nombramiento de un interino con representantes de los indígenas y mestizos de la entidad²⁰. Los representantes de los partidos PRI, PAN, Partido Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), los dos últimos de tendencia oficialista, y el asambleísta independiente Ramón Jiménez López, aprobaron el punto de acuerdo, porque, según ellos, no se justificaba la violencia armada, la alteración del estado de derecho y la violación del orden jurídico, pues había en el país vías políticas y pacíficas que podían utilizarse para resolver los problemas.

Uno de los argumentos que fundamentaron la aprobación fue el del diputado Óscar Mauro Ramírez Ayala, del PARM, quien destacó que la violencia sólo beneficiaría a los grupos de derecha, porque empujarían al gobierno a utilizar mano dura y a justificar represión contra organizaciones democráticas y progresistas; además, asumió que la causa del conflicto se encontraba en el caciquismo y latifundismo de Chiapas y también en la desatención de los políticos a los reclamos y demandas sociales; pero, coincidió con que había influencia extranjera en el EZLN y, por tanto, carecía de sustento nacional, popular y social. El representante del PPS, Belisario Aguilar Olvera, coincidió en que nunca se había atendido a los indígenas al grado que a Chiapas no había llegado la reforma agraria, por lo que sugirió “resolver el problema de los indígenas, del campo, atender una reforma agraria, industrializar el estado, defender los bosques, a las etnias y establecer a fondo un diálogo con los grupos inconformes”²¹.

Para Gerardo Medina Valdez, del PAN, la situación de Chiapas encerraba una sorprendente paradoja, pues, siendo uno de los estados más ricos por la alta producción de energía eléctrica, petróleo, café y otros productos agrícolas y ganaderos, la mayoría de su población era pobre. Entre los indicadores más alarmantes señaló que de las 600 mil viviendas de Chiapas la mitad tenía piso de tierra, el 30 por ciento de habitantes mayores de 16 años era analfabeto y los indígenas representaban la cuarta parte de su población total. El legislador situó a la entidad como parte del corredor de la pobreza que integraban los estados de Tabasco, Oaxaca y Guerrero, por lo que consideró que la recurrencia a las armas podía presentarse también en otros lugares; presentó al caso de Chiapas como un dramático llamado a la conciencia nacional para reconocer la miseria en que vivían los indígenas, la cual sólo podría superarse con la alternancia en el ejercicio del gobierno mediante el voto y no con actos violentos como los promovidos por el EZLN. La posición del PRI, partido que gobernaba la nación y la entidad chiapaneca, y a quien estaban dirigidas las críticas de los comunicados zapatistas, estuvo a cargo, primero, de Jorge Schiaffino Isunza, quien se opuso a la vía armada zapatista para lograr sus demandas, porque, en su opinión, se apartaba totalmente de los cauces legales y de la paz social que los habitantes del país se habían dado para convivir²². Aseguró que el movimiento rebelde no tenía apoyo del pueblo y sólo buscaba la inestabilidad social, destrucción y lucha entre los habitantes de Chiapas.

Otro priista, Alejandro Rojas Díaz Durán, completó la defensa del gobierno y de las medidas que se implementaban en la zona de conflicto, al exponer que en Chiapas el viejo rostro del México bárbaro y violento había sido movido por instigadores externos a quienes no les interesaba ni la democracia ni la justicia social; sostuvo que no se podía negociar con un grupo de guerrilleros que querían derrocar los poderes instituidos como la asamblea de representantes a la que pertenecían los legisladores. Los miembros del partido gobernante aceptaron la existencia de la pobreza más allá de Chiapas; pero, la justificaban con el pretexto de que no podía convertirse en motivo para que el país se desestabilizara y se convirtiera en un cuadro de exhibición mundial que dañara las futuras generaciones de México ²³.

Regocijo y análisis de los intelectuales

Como pudo apreciarse en el apartado anterior, la aparición pública del EZLN provocó una variedad de reacciones sociales. En militantes de la izquierda radical, quienes añoraban los argumentos de lograr el cambio mediante la lucha armada y mantenían esa posibilidad en el fondo de su corazón, el acontecimiento del año nuevo de 1994 causó cierto regocijo porque, en su interpretación de la realidad mexicana, el régimen posrevolucionario hegemonizado por el PRI mostraba fortaleza y recuperación después de las controvertidas elecciones presidenciales de 1988 y de diputados federales en 1991 y concluían que, ante el estado de las cosas, sólo mediante el uso de las armas sería posible cambiar de gobierno y modificar el rumbo del país.

Una parte del sector académico e intelectual percibió que la organización guerrillera ponía al descubierto la falsedad del discurso modernizante del gobierno, al mostrar la miseria en que vivían los indígenas, y eso era suficiente para simpatizar con el movimiento zapatista. Sin embargo, ambas tendencias y otros sectores de la población pronto se dieron cuenta que la irrupción zapatista era más bien un acto simbólico, pues e l número de guerrilleros, armamento y táctica no le daban ninguna ventaja sobre el ejército federal, como a los pocos días comenzó a comprobarse, por lo que plantearon la necesidad de suspender las hostilidades y comenzar una diálogo para la paz.

Entonces se organizaron varias manifestaciones para pedir la paz al tiempo que comenzaron a aparecer artículos y libros donde se explicaban los orígenes, las razones y el proceso de formación del EZLN; en los textos se dijo reiteradamente que había conexión entre los zapatistas y las organizaciones guerrilleras surgidas de la represión gubernamental a los movimiento s estudiantiles de 1968 y 1 971, así como y de la guerra sucia desatada por el gobierno mexicano en la década de los setenta; también se destacó la diferencia en las demandas, estrategia y discurso chiapaneco con otras organizaciones guerrilleras de México y del continente. La diversidad de interpretaciones al respecto se puede detectar en un balance historiográfico elaborado por Viqueira, quien señaló:

Sobre el zapatismo se han escrito y publicado decenas y decenas de libros, casi todos ellos con propósitos propagandísticos (a favor de uno u otro bando). Estos libros -hechos apresuradamente, tras breves estancias en Chiapas y en los que abundan los lugares comunes simplistas, los estereotipos reduccionistas, los análisis políticamente correctos y los datos erróneos, falsos o de plano inventados-, han tenido un éxito sorprendente y han creado una imagen de los indígenas de Chiapas que guarda escasa relación con la realidad²⁴. Al señalar que los libros se publicaron para hacer propaganda a los bandos en pugna, el autor se refería a la tendencia de izquierda y al gobierno. La primera recibió un impulso anímico con el levantamiento zapatista, después de haberse desorientado con el derrumbe del bloque socialista en la década anterior, por lo que varios de sus escritos eran apologéticos de la violencia como único recurso para alcanzar la justicia. Por el contrario, desde el gobierno mexicano, a quien el EZLN había declarado la guerra, también se elaboró y difundió un discurso que fue retomado posteriormente en la publicación de libros sobre el conflicto

En ese sentido podría interpretarse La rebelión de las cañadas , de Carlos Tello Díaz, quien sostuvo que el levantamiento indígena había sido un fracaso militar y que el gobierno había respondido con diálogo y con “un esfuerzo de apertura”²⁵ . Si bien lo anterior puede interpretarse como una defensa del discurso gubernamental, el autor también reconoció como saldo positivo del levantamiento zapatista que “sacudió la conciencia de la sociedad; puso fin al triunfalismo del gobierno; replanteó la cuestión indígena; situó sin equívocos al principio de las prioridades del país el problema de la marginación y de la pobreza; contribuyó también, junto con otros factores, a presionar a favor de la transición hacia la democracia”²⁶. Otro intelectual, Jorge G. Castañeda, interpretó a fines de 1994 que la acción del EZLN era eminentemente de naturaleza política, pues había impactado el imaginario social latinoamericano por lo menos en tres sentidos: al recalcar la marginación, pobreza y discriminación de las comunidades indígenas no solo de México, sino del hemisferio; al subrayar la continuidad de la violencia siempre a flor de piel en Latinoamérica y al actualizar “ el viejo debate sobre la vía militar y sobre la vigencia o falta de perspectivas de la lucha armada revolucionaria en América Latina”²⁷.

El EZLN en el discurso de partidos y candidatos

Los partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de la República en 1994 difirieron poco de la posición que ya habían tomado sus representantes, en la asamblea del Distrito Federal y la comisión permanente del Congreso de la Unión, sobre las razones del conflicto bélico en Chiapas, su papel en la coyuntura que se vivía y el modo como debía tratarse. En general los políticos en campaña ratificaron su preocupación p ara que el conflicto no afectara el proceso electoral , que también iniciaba al comenzar el año, pues convenientemente afirmaron que sólo mediante la vía electoral y política se construían salidas a los problemas sociales. Estratégicamente, dirigentes de partidos y candidatos a la presidencia de la república insistieron en que debían suspenderse los enfrentamientos, pues profundizaban y generaban otros problemas, antes que resolver los que provocaron el levantamiento armado el EZLN; pero, nunca reconocieron que una de las causas del conflicto era precisamente el funcionamiento de la estructura política de la que emanaban los gobernantes y la forma de ejercer el poder en Chiapas.

Los políticos opositores con mayor visión y experiencia aprovecharon el impacto del levantamiento para culpar a los gobiernos del PRI, como cómplices u omisos de las causas que el EZLN planteó como origen de su levantamiento, con la intención de desgastar la imagen de sus oponentes políticos y obtener simpatía para sus candidaturas . En esa sintonía se dio la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial del PRD por segunda ocasión, quien lamentó la decisión de los chiapanecos de tomar las armas; pero, justificó la acción como el último recurso que tienen los pueblos a rebelarse contra la opresión que los condena a una vida infrahumana como lo establece el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ²⁸. Jorge González Torres, candidato del Partido Verde Ecologista de México, señaló que los rebeldes habían sido orillados a serlo y, por tanto, el gobierno debía reconocer su responsabilidad al resolver el problema sin demagogia, pues de otra manera habría d os caminos: “represión con sangre o una revolución nacional”²⁹.

El PAN, a través de la secretaria general Cecilia Romero, definió su posición frente al conflicto: externó su rechazo al estallido rebelde; pero, lo explicó como resultado de “la nefasta labor de gobiernos caciquiles que no proporcionan cauces adecuados para que se expresen las inconformidades de amplios grupos humanos” ³⁰, por tanto, eran los priistas en el poder responsables del abandono, la ignorancia y la injusticia social; sin embargo, coincidió con el discurso del gobierno federal al expresar que lamentaba que grupos o personas oportunistas aprovecharan y manipularan la condición de los indígenas. Diego Fernández de Cevallos, candidato panista, aparentemente tomaba las cosas con calma cuando señaló que en momentos de confusión era importante investigar a los grupos u organizaciones que destinaban recursos y dirigían intelectualmente la rebelión en Chiapas, lo que negaba la capacidad de los indígenas; aunque, según sus términos, era innegable que el levantamiento había sido propiciado primordialmente por la marginación, la miseria, el cacicazgo y la violación de los derechos humanos ³¹.

Las iglesias listas para mediar

En la coyuntura repentina que generó la aparición del EZLN, el político Indalecio Sayago, líder del Partido Popular Socialista (PPS), acusó al imperialismo y la derecha de tener participación directa en el levantamiento armado de Chiapas, mediante la acción pastoral del Instituto Lingüístico de Verano y la iglesia católica, por lo que exigió que sus representantes, Girolamo Prigione y Ernesto Corripio, rindieran un informe. Francisco Ortiz Mendoza, integrante del comité nacional del mismo partido, pidió que la iglesia católica sacara las manos del asunto , porque las tenía metidas hasta los codos al haber “ politizado a los indígenas con sus ideas d e la teología de la liberación” ³².

Una acusación en el mismo sentido hizo la Confederación Nacional de Organizaciones Liberales en voz de su presidente Carlos Vázquez Rangel, quien condenó al obispo Samuel Ruiz y sus colaboradores como impulsores de la violencia al haber mantenido a los indígenas en el oscurantismo, la ignorancia y manipularlos para que no atendieran el llamado de las autoridades para resolver los problemas; recalcó que el papel de la iglesia en Chiapas era de irresponsabilidad, porque ponía en peligro vidas humanas de ciudadanos nacionales y turistas extranjeros, lo que exhibía a México como un país en el que no había condiciones para el diálogo y donde prevalecía la violencia ³³.

En respuesta a las acusaciones descritas , los tres obispos de Chiapas: Felipe Arizmendi, de Tapachula; Felipe Aguirre Franco, de Tuxtla Gutiérrez y Samuel Ruiz, de San Cristóbal de las Casas, se declararon totalmente ajenos y desautoriza ron a presbíteros o diáconos a intervenir en el conflicto, aun cuando lo hicieran como resultado de sus reflexiones sobre la doctrina social de la iglesia; al mismo tiempo se ofrecieron para fungir como intermediarios si hubiera diálogo entre los alzados en armas y el gobierno federal.

Obispos de otras regiones del país reconocieron que había miseria ancestral en las familias de todo el territorio nacional; pero, también sostuvieron que la violencia no era el camino para solucionarla, por lo que, ante la posibilidad de que hubiera intereses políticos o de narcotraficantes en el levantamiento, se imponía la necesidad de poner fin a la lucha y a la pérdida fratricida de vidas, así como de investigar quiénes eran los involucrados en el conflicto, porque, dijeron: “las armas y las vestimentas no pueden comprarlas los indígenas, pues con lo que cuesta un solo rifle, una familia campesina vive por años” ³⁴.

Aparentemente e l nuncio apostólico Girolamo Prigione también fue sorprendido por el levantamiento armado y en su intento de parecer prudente dijo que era factible la presencia de intereses ajenos a los indígenas , aunque no podía precisar cuáles; en cambio, el obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, aseguró que detrás del zapatismo había intereses bastardos e intentó, hábilmente, convertir a la Iglesia en factor político al asegurar que la jerarquía católica está preparada para fungir como intermediaria entre los grupos en conflicto, ya que contaba con la calidad moral necesaria en el desempeño de este tipo de labores” ³⁵.

La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), en un tono más meditado, asumió una postura mediadora en voz de su secretario, el obispo Ramón Godínez, quien, por un lado, pidió prudencia y sabiduría al pueblo en los momentos de violencia y lucha fratricida para no prolongar el conflicto y, por otro, solicitó al gobierno que intentara entender el sentido de la inconformidad, puesto que la rebelión popular arma da era manifestación del sufrimiento que se vivía y el cual también se manifestaba en el desinterés por la política y el atrincheramiento en el abstencionismo; por tanto sugería considerarlo como “una voz de Dios que todos debemos escuchar y saber interpretar” ³⁶. El obispo Godínez solicitó al gobierno no reprimir violentamente esa guerra de los pobres que buscaba no destruir, sino edificar una mejor patria, como estaba explícito en el contenido de la declaración de la selva lacandona , pues las demandas indígenas daban sustento al llamado que el papa había hecho en su mensaje de la Jornada Mundial de la paz, en el sentido de que nadie podía estar tranquilo mientras hubiera pobreza, porque ésta era una amenaza para la estabilidad y el desarrollo económico; argumentó que la paz estaría en peligro mientras hubiera personas y familias que se vieran obligadas a luchar por sobrevivir³⁷.

Los empresarios y sus negocios

Otro grupo social que con presteza opinó en diversos sentidos sobre el levantamiento rebelde del EZLN, y al hacerlo mostró que también había sido sorprendido, fue el de los empresarios. En representación de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) su presidente, Raymundo Artís Espriú, aseguró que la rebelión de indígenas y la toma de municipios no provocarían situaciones de inestabilidad económica; señaló que, aun cuando era prematuro evaluar las consecuencias con mayores elementos, el gobierno y los rebeldes estaban obligados a resolver el conflicto mediante el diálogo.

Los representantes de otras organizaciones manifestaron actitudes que iban desde enfocar su preocupación en los efectos directos que la situación tendría en sus negocios hasta la descalificación del levantamiento y sus demandas. En el primer sentido se expresó el grupo financiero Serfín en sus comentarios de que la guerrilla sólo era un fenómeno regional y temporal, por lo que recomendó no caer en pánico para comprar o vender, pues el mercado era sólido debido a las políticas macroeconómicas; el vocero del banco, Jonathan Heath, hizo eco de las declaraciones gubernamentales que querían minimizar el impacto del zapatismo, pues dijo que un grupo de guerrilleros no era capaz de hacer algo más allá del ámbito regional³⁸ y que, además, era buena noticia el hecho de que el ejército recuperara poco a poco las cabeceras municipales tomadas por los guerrilleros.

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) si se escandalizó por el supuesto saqueo de una sucursal de Banamex en San Cristóbal de las Casas y, en consecuencia, requirió a los alzados que dejaran las armas para que las desigualdades que privaban en Chiapas se corrigieran en forma pacífica; informó que podrían incrementarse los insuficientes recursos destinado s a la entidad, siempre y cuando hubiera mayor respaldo crediticio y aval del gobierno. Por su parte, el grupo financiero Bancomer condicionó la reapertura y reiniciación de operaciones de seis sucursales bancarias ubicadas en las ciudades de Yajalón, Palenque, Comitán, Pichucalco, Venustiano Carranza y San Cristóbal, zona de conflicto, siempre y cuando existieran las condiciones y el respaldo oficial³⁹.

Mientras tanto, la sorpresa que el zapatismo causó en las empresas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) fue suficiente para que esta se negara a pronunciarse respecto al conflicto hasta no estar más informada, a pesar de que, manifestó su representante, en Chiapas la industria había quedado paralizada en algunas regiones de Chiapas debido a la violencia registrada. La Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX), a través Antonio Sánchez Díaz de Rivera, pidió al gobierno federal que restableciera el orden y la concordia dentro de la ley e invitó a la sociedad chiapaneca a mantener la concertación y el diálogo como únicas vías para solucionar los problemas.

Más enfático en la defensa crítica de sus negocios fue e l representante de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), Ricardo Dájer Nahum, quien declaró que el EZLN tenía como propósito proyectar una imagen negativa de México en el extranjero, pues era sospechoso que la llamada insurrección se realizara cuando iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el momento en que se ponían en marcha programas de desarrollo y proyectos de inversión en Chiapas. Para el representante de los comerciantes, los zapatistas contradecía n su aparente preocupación por la justicia al realizar saqueos, secuestros, ejecuciones y vandalismo ; pero, lo más preocupante era que los participantes en las actividades violentas eran manipulados por aquellos dirigentes que cobardemente ocultaba n su rostro con pasamontañas y así eludían cualquier riesgo personal, puesto que los pocos caídos en los enfrentamientos no eran mestizos ni extranjeros, sino sólo indígenas⁴⁰.

La sorpresa del EZLN en el ámbito internacional

Hasta los Estados Unidos fueron sorprendidos por el levantamiento zapatista en Chiapas, así lo manifestó el portavoz del Departamento de Estado Mike McCurry, quien expresó que no tenían reportes independientes para asegurar que elementos extranjeros participaran en el levantamiento local zapatista y muchos menos que el movimiento guerrillero guatemalteco estuviera implicado en el entrenamiento y apoyo con equipo al EZLN, como habían declarado varios políticos mexicanos . El funcionario norteamericano dijo que de todos modos el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad habían determinado comunicarse permanentemente con el gobierno mexicano para recibir información y así poder realizar una evaluación independiente con el propósito de “saber más sobre la composición de las filas rebeldes”⁴¹.

Sin embargo, contradictoriamente con lo dicho y como prueba de la sorpresa, el vocero del norte también informó que ya habían enviado a un equipo de investigadores al estado de Chiapas para que con base en sus reportes se comprendiera lo que había pasado y evaluara la situación de los estadounidenses que se encontraban en el área de conflicto. Esta información fue confirmad a por el embajador norteamericano en México James R. Jones, quien anunció que desde el tres de enero había despachado a un equipo de cinco especialistas para que evaluaran la situación en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez.

El encargado de la embajada norteamericana envió los investigadores a Chiapas con el aparente propósito de velar por la seguridad de sus connacionales que visitaban o vivían en la región donde se había presentado el conflicto; sin embargo, era claro que ante la sorpresa de la irrupción armada le preocupaba más el impacto de la misma en el recién firmado tratado de libre comercio con México, así se pudo advertir en un comunicado del Departamento de Estado donde se asentaba que el grave subdesarrollo en el estado de Chiapas era una de las razones que provoca ro n la violencia en México; pero, aunque el hecho precedía a la firma del Tratado de Libre Comercio “ no debería tener un efecto negativo en su implementación”⁴².

Otra opinión norteamericana de la manera en que debería tratarse a los indígenas fue emitida por el ex senador de California Alan Cranston, quien condenó la violencia, aunque reconoció que era resultado del fracaso de los gobiernos en la atención a los derechos de los pueblos indígenas, pues estos era n víctimas de pobreza, violencia, marginación política y social, que sufrían en silencio, y alejados de la atención de los políticos. Según el político retirado, la manera de solucionar los problemas consistía en enviar propuestas de reforma constitucional como la “Enmienda Cranston”, que había sido aprobada durante su gestión y consistía en que los pueblos indígenas podían participar en decisiones que afectaban sus tierras, sus culturas, sus tradiciones y en el uso de recursos naturales, como extensión de sus derechos civiles y políticos ⁴³.

El periódico norteamericano Washington Post expuso inmediatamente a la aparición zapatista una interpretación que mostraba mayor conocimiento del contexto mexicano, ya que destacó que el hecho, de que algunos cientos de hombres y mujeres armados eludieran los servicios mexicanos de inteligencia y capturaran por breve tiempo algunas ciudades chiapanecas , formaba parte de cierto nivel de intranquilidad ya familiar en Chiapas y otros estados aislados de las corrientes modernizadoras del gobierno salinista ⁴⁴. La editorial periodística señaló que ante la repentina guerrilla no eran necesarias “teorías elaboradas” para entender las razones de su presencia, toda vez que la principal amenaza contra la democracia en el continente provenía de la corrupción en el poder y la brecha entre ricos y pobres ⁴⁵.

Otras dos publicaciones extranjeras inclinaron su interpretación del conflicto armado en México hacia la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC). Por un lado, The Baltimor e Sun aseguró que los líderes rebeldes habían aprovechado la fecha para dar a conocer los problemas profundos de la región, pero, el levantamiento no podía adjudicarse a la simple eliminación de aranceles entre dos “vecinos distantes”; señaló también que antes del levantamiento había información sobre la tensión social en Chiapas sin que el gobierno federal la hubiera conectado con el tratado y, en cambio, confiadamente envió al candidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio a ofrecer generosas ofertas de ayuda federal bajo el esquema del programa Solidaridad. Por otro lado, el columnista Damian Frasier, del Financial Times, estimó que el levantamiento zapatista no constituía una amenaza militar; pero, si un problema político de cara a la aplicación del TLC y de las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en julio del año de 1994 ⁴⁶.

Como parte del alud de opiniones, e l ministro de comercio de Canadá expresó un mínimo de preocupación por los efectos de la rebelión zapatista en la implementación del tratado de comercio trilateral , después de una reunión privada con el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari, pues al ser cuestionado por la prensa sobre el costo político del conflicto dijo que seguramente el gobierno lo manejaría con mucha sensibilidad. En la defensa del tratado firmado con México, el funcionario canadiense aseguró que el propósito del comercio libre era crear trabajos y que ese beneficio se expandiría en las áreas menos desarrolladas , como Chiapas, de los tres países firmantes del tratado⁴⁷.

En el resto del continente también se escucharon voces acerca del significado que el levantamiento zapatista tenía para la región . Según la opinión del ex presidente argentino Alfonsín , la insurrección indígena era resultado de las políticas macroeconómicas que se imponían al conjunto de países del continente, por lo que, irónicamente aseguró que las políticas de ajuste conspira ban contra la paz social⁴⁸, aunque las reacciones fueran distintas en cada región. Para el vicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas era lamentable el levantamiento armado y aseguraba que en su país no sucedería ; en cambio, los líderes obrero y campesino de ese país, Juan de la Cruz Villca y Humberto Quispe, respectivamente, expresaron que debían atenderse las demandas campesinas e indígenas, pues la violencia podía extenderse a los países de América Latina, donde “las condiciones de miseria, explotación y abusos a las que está sometida la población indígena son el germen de este tipo de levantamientos”⁴⁹.

Una interpretación parecida expresó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) , Rafael Pandán, en su afirmación de que la rebelión era una voz de alarma para los gobiernos de América Latina, puesto que lo sucedido en México no eran hechos aislados impulsados por un grupo guerrillero, sino reacciones sociales que llamaban a reflexionar sobre “las condiciones imperantes de pobreza y marginación en las que nos han sumido a las poblaciones indígenas y no indígenas en estos cinco siglos de colonialismo y neocolonialismo”⁵⁰. El líder agregó que los mayas estaban siendo víctimas de una matanza y por ello exigía que el gobierno mexicano impulsara el bienestar y desarrollo de las comunidades indígenas y de la sociedad en general.

Desde Centroamérica se comunicó la solidaridad de los presidentes de Nicaragua , Violeta Chamorro, y de Honduras, Rafael Callejas. La primera argumentó que ante la muerte, destrucción e inestabilidad que ya había provocado el levantamiento, sólo mediante el diálogo celebrado dentro del orden legal podrían resolverse los problemas. El segundo aludió a la experiencia que la región tenía en cuestiones de violencia guerrillera para aseverar que era necesario apoyar la vía institucional, pues no había ninguna justificación para que en esa etapa del mundo moderno se crearan violentamente situaciones de conflicto que dejaran ensangrentados a los pueblos ⁵¹.

Finalmente, también en Europa del este se compartió la idea de que el levantamiento indígena podría ser la chispa que incendiara el “polvorín de descontento” que había en otras regiones de México y en varios países de América Latina, así lo aseguró el corresponsal de Excélsior al evaluar las noticias de televisión y prensa de Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa; e n particular, citó un artículo del diario praguense Mp Dnes, firmado por Pavel Pasusta, donde se aseguraba que el movimiento chiapaneco había sorprendido, porque sus planteamientos eran similar es a lo que sucedía en otras partes, como aquella región del mundo que emergía tras la caída del imperialismo comunista soviético, pues aseguraba que con los sucesos en Chiapas México despertaba de su letargo como la región centroeuropea también lo estaba haciendo ⁵².

Conclusiones

El discurso promovido desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), acerca de alcanzar la modernidad y la prosperidad social a través del ingreso de México al tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá ; el juego de la política electoral en el que se elegiría al siguiente presidente de la República, que tenía atrapados a políticos oficialistas y opositores y organizaciones partidarias; así como el desahogo que otros sectores disfrutaban por su acomodo en el sistema político mexicano , entre ellos los intelectuales, la iglesia católica y los empresarios de diferentes ramas , constituían el entramado de certidumbre y progreso en el que sorpresivamente se hizo público el largo olvido de los grupos originarios del territorio mexicano con el levantamiento del EZLN.

Lo anterior indicaba que la búsqueda humana de certidumbre en su acontecer cotidiano a través de ideología s como la del eterno progreso histórico estaba instalada en la cultura de la mayoría de los sectores sociales y los gobiernos, los cuales se mantenía n ocupados en desarrollar actividades para el logro de sus intereses específicos, de tal manera que la aparición repentina de un grupo social, decidido a reivindicar políticamente su resistencia y luchar por su futuro con las armas, en un momento en que esa alternativa se encontraba descalificada por los efectos del derrumbe del socialismo, sorprendió a políticos y empresarios que sólo alcanzaron a balbucear su miedo a ser afecta dos, adjudicar la intromisión manipuladora de fuerzas extrañas ya reconocer que los indígenas vivían mal y tenían derecho a buscar el cambio.

En otros lugares del mundo, los actores políticos que expresaron su opinión dejaron entrever que la incertidumbre estaba fuera de su visión histórica y del acontecer de la vida cotidiana pues se mostraron sorprendidos por la efervescencia indígena en Chiapas y, aunque las interpretaciones fueron variadas, la mayoría de ellas coincidió en que si bien la vía armada no era una solución a los problemas, la situación de miseria y olvido en que los indígenas habían vivido por tantos años justificaba la forma de su reclamo y su reaparición repentina en la historia.

Referencias

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Morin, Edgar. Los siete saberes para la educación del futuro . México: Siglo XXI, 1999

Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo . México: Siglo XXI

Tello, Carlos. La rebelión de las cañadas . México: Cal y Arena, 1995.

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Excélsior , 1 al 6 de enero de 1994.

Juan Pedro Viqueira, “La otra bibliografía sobre los indígenas de Chiapas”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos , Bibliografías, 2005, [En línea], Puesto en línea el 09 febrero 2005. URL: http://nuevomundo.revues.org/618

EZLN, “Declaración de la Selva Lacandona ”, 1993. Disponible en : http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm

Rojas Gutiérrez, Carlos, “El programa nacional de solidaridad: hechos e ideas en torno a un esfuerzo”, en Comercio Exterior , vol. 42, número 5, México, mayo de 1992, pp. 440 - 448. Disponible en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/258/5/RCE5.pdf

Notas