Introducción

Desde el tiempo de dominio colonial, los españoles ya tenían contemplado en sus Ordenanzas militares el tratamiento que debían recibir los inválidos¹. Mediante Orden Real dictada en 1732, la Corona creó compañías de inválidos hábiles e inhábiles. Durante el Reinado de Carlos III fueron promulgadas nuevas Ordenanzas que permitieron la modernización de los ejércitos, reformándose los regimientos de inválidos con la creación de compañías sueltas. Tras la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 y el inicio del periodo revolucionario, aumentó el número de inválidos y con ello la necesidad de legislar sobre ellos. Así entonces, en 1809 se propuso el Depósito de Beneficencia Militar para premiar a los “dignos” militares que se inutilizaran en el servicio de la nación, lo cual incluía no solo beneficios básicos de subsistencia sino también reconocimientos a sus méritos². Esta idea se concretó el 28 de octubre de 1811 con el decreto que dictaron las Cortes de Cádiz en el que se ordenaba brindarles atención a estos militares³, y tres años más tarde se estableció un Depósito de Inutilizados en el servicio militar en cada provincia con el reconocimiento de sus respectivas pensiones⁴.

En cuanto al tema de las guerras de Independencia de las naciones hispanoamericanas, la historiografía tradicional se concentró de manera especial en exaltar a los máximos líderes del movimiento republicano, así como también a los héroes de las batallas y a los mártires⁵.

En realidad, muy poca atención han merecido aquellos militares que se sacrificaron en servicio de la Patria pero que por los azares del destino debieron apartarse del servicio militar, ya fuera por causa de enfermedades o de lesiones causadas por heridas adquiridas en el campo de batalla. Era en realidad un considerable número de hombres ocultos bajo el velo del anonimato que vieron truncadas sus aspiraciones militares y personales. El estado de invalidez implicaba para estos afectados inmensos retos, especialmente el de mirar cómo podían sostenerse ellos y sus familias.

Particularmente, la lucha por la independencia de Venezuela fue cruenta y prolongada por cuanto se extendió por más de una década. No hay que olvidar que, entre las fases más violentas, estaba la del decreto de guerra a muerte promulgado por el oficial Simón Bolívar en Trujillo (Venezuela) el 15 de junio de 1813, en reacción a las continuas violaciones al derecho de gentes por parte de los españoles y al terror impuesto en territorio venezolano por Domingo Monteverde y otros jefes realistas. Únicamente se puede hablar de un leve respiro a este ambiente de confrontación militar con motivo del armisticio firmado a finales de noviembre de 1820 entre las partes contendientes.

Los rigores mismos de la guerra hicieron mucho más complejo el panorama tanto para el bando republicano como para el bando español y es por ello que con el paso de los años empezó a ser más reiterativo el lamento de las autoridades militares ante los dos factores más pejudiciales del pie de fuerza: la deserción y las bajas por cuenta de las enfermedades y las heridas en campaña.

Para el gobierno republicano era esta una gran problemática en vista del déficit fiscal imperante. Las cifras denotan que, aún después de haber consolidado los patriotas el dominio sobre tierras venezolanas, particularmente con el triunfo alcanzado en la batalla de Carabobo, la demanda de recursos para defensa seguía siendo elevada por cuanto había urgencia de proteger el territorio de retaliaciones españolas, además de los pagos por concepto de deudas y de las miles de pensiones militares⁶. Obviamente, la prolongación de la guerra conllevó al agotamiento de los recursos. La recesión de las actividades productivas, el creciente endeudamiento y la crisis fiscal eran factores que le impedían al gobierno atender eficientemente las necesidades logísticas y operacionales de la tropa y, en reiterados casos, no había cómo brindarles condiciones dignas a los combatientes.

La falta generalizada de recursos impactó negativamente el servicio de salud a los militares afectados por enfermedades o por heridas sufridas durante la guerra. Es por esto que la escasez de medicamentos y botiquines, las dificultades para pagar médicos y cirujanos, además del estado deficiente de los hospitales militares, fueron circunstancias que se vieron reflejadas en los precarios niveles de atención médica⁷. A esto habría que agregarle otro factor agravante que era la omisión o negligencia de las autoridades o de las instancias encargadas de proveer servicio curativo⁸. Tal cúmulo de circunstancias incidió en el aumento notable del número de impedidos para el servicio militar.

El propósito de este artículo consiste en analizar la atención del gobierno republicano a los militares enfermos y heridos en campaña a través del proceso de formación del Depósito de Inválidos del Departamento de Venezuela en 1822 en respuesta a lo dictaminado por la ley del 5 de diciembre del año anterior expedida por orden del presidente Simón Bolívar.

Este trabajo se realizó sobre la base de un legajo documental recopilado durante aquella época por las autoridades militares de la ciudad de Caracas, y que actualmente se halla en el tomo 16 del Fondo Secretaría de Guerra y Marina de la Sección República del Archivo General de la Nación con sede en Bogotá, en el cual reposa el acervo de un total de 79 solicitudes de militares con sus respectivas filiaciones a dicho depósito.

A partir de allí se hizo un análisis crítico de carácter cualitativo, y, además, se levantaron algunos cuadros estadísticos con el fin de mirar algunas tendencias en el perfil social y económico de los inválidos al servicio de la patria venezolana, así como también examinar los tipos de lesiones. Esta información fue complementada con otras fuentes primarias documentales e impresas como informes oficiales y cartas, consultando adicionalmente algunas fuentes secundarias utilizadas para brindar un mejor contexto al objeto de estudio. Vale precisar que, aparte de las subvenciones pecuniarias, para los inválidos se establecieron otro tipo de reconocimientos como fueron los honores, las condecoraciones y las medallas, aunque bien vale precisar que la mayoría se entregó especialmente al cuadro de oficiales⁹.

Primeros avances hacia una política de atención a los inválidos

Desde la época colonial, los españoles ya tenían contemplado en sus Ordenanzas militares el tratamiento que debían recibir los inválidos y fueron reiteradas las solicitudes para acogerse a esos beneficios¹⁰. En cuanto al bando republicano, durante los primeros años de lucha independentista fue en realidad muy poca la atención que se les brindó a estos militares, y, cuando se dictaron algunas normas, estas sucumbieron ante el vaivén de los cambios continuos de gobierno y el ambiente de tensión a causa de la confrontación militar¹¹.

Los primeros avances significativos se dieron principalmente cuando se empezaron a sentar las bases definitivas de la República. Así por ejemplo, en el numeral 9° del reglamento expedido el 17 de octubre de 1818 sobre las elecciones para el Congreso de Angostura, se dispuso lo siguiente en materia de derechos políticos:

Serán también sufragantes todos los inválidos que hayan contraído esta inhabilidad combatiendo en favor de la República, siempre que no adolezcan de los vicios y nulidades personales que privan de este honor¹².

Luego de la confianza alcanzada por los republicanos tras las dos victorias militares claves para la formación de una nación libre y soberana, Boyacá 1819 y Carabobo 1821¹³, se incrementaron de manera ostensible las súplicas de los militares en busca de lograr ayudas del gobierno con miras a mejorar sus condiciones de vida. Súplicas a las cuales se sumaron las innumerables cartas elevadas por sus familiares.

A finales de abril de 1821, en momentos en que el ejército Libertador se preparaba para reanudar sus operaciones tras la terminación anticipada del armisticio, el general Bolívar expresó su preocupación por la cantidad de enfermos internados en los hospitales de Barinas, epicentro del cuartel general. Ante esta circunstancia, impartió instrucciones al gobernador de Mérida para que acompañado con el mejor cirujano y con el boticario Raimundo Talavera pasara revista en todos los hospitales y se concediera licencia absoluta a los enfermos de larga curación y a los inválidos. Siendo “muy doloroso y cruel” sacarlos abruptamente, se dispuso el traslado hasta Cúcuta para que allí se les suministraran los auxilios necesarios después de lo cual serían restituidos a sus casas¹⁴. Particularmente ante el presidente Simón Bolívar y altos funcionarios gubernamentales y comandantes, se presentaron numerosas peticiones en busca de la declaratoria del estado de invalidez; solicitudes no siempre atendidas oportunamente por la falta de recursos y las demandas de pie de fuerza para asegurar los espacios liberados en Nueva Granada y Venezuela, así como para atender el proyecto liberador del sur. Solo así era posible finiquitar el proyecto bolivariano en toda Colombia. Muchas de esas peticiones no eran nuevas pues correspondían a un conjunto de clamores acumulados durante los años de guerra.

Uno de esos casos fue el de Manuel Arraiz, herido gravemente en la batalla de Carabobo. El coronel Bartolomé Salom había dictado orden para socorrerlo con un auxilio de 25 pesos para su alimentación. No obstante, desde la ciudad de Valencia, Arraiz se quejó de que hacía algunos días no había recibido ninguna ayuda, además de lo cual denunció que tampoco sus heridas habían sido sanadas pese a sus reiterados lamentos ante los comandantes locales¹⁵. Otro fue el de Bernardino Miranda, un soldado al servicio de la Guardia de Honor del comandante Andrés Rojas que había sido herido y hecho prisionero por el oficial realista Tomás Morales. Fue remitido a Barcelona para la respectiva curación y de allí lo trasladaron a Caracas en donde fue incorporado al cuerpo español de inválidos. Estando allí entraron triunfantes las tropas libertadoras, ante lo cual aprovechó la ocasión para allegar tres testigos que dieran fe de su situación.

El clamor elevado por Miranda el 1º de agosto de 1821 ante el presidente Simón Bolívar era que se le brindara algún socorro en vista de que se hallaba “en tierra ajena sin familia” y sin poder desempeñarse en su oficio para subsistir¹⁶. Asimismo, el del capitán José María Uricoechea, quien padecía una enfermedad en el pecho a raíz de un balazo recibido en 1816 y de un duro golpe en combate. Este militar tramitó en marzo de 1822 ante el general Bolívar la licencia absoluta para curarse aunque planteó la posibilidad de volver a incorporarse:

Yo estoy pronto, luego que me reponga de mis enfermedades, a servir a mi Patria en cuanto se me considere útil; pues siendo mi patriotismo bien notorio desde la transformación política, creo no deber encarecerlo¹⁷.

La particularidad de estos clamores es que eran solicitudes aisladas en momentos en que no se había diseñado aún una política para atender el creciente número de inválidos. Siendo consciente de estos vacíos, el 5 de diciembre de 1821, es decir cinco meses después de la batalla de Carabobo, Bolívar pidió al vicepresidente del departamento de Cundinamarca, general Francisco de Paula Santander, preparar una circular extensiva a todos los gobernadores y comandantes de la República de la Colombia para que examinaran cuidadosamente quiénes eran los verdaderos militares inválidos, para lo cual había que verificar la información sobre las trayectorias militares. Esta fue la justificación que expuso el alto mandatario caraqueño para adoptar esta medida:

La suerte de los militares inutilizados en defensa de la patria excita no sólo la compasión de los hombres sensibles, sino que es digna de la atención del gobierno. Multitud de hombres estropeados o que han contraído en ella enfermedades incurables, son dignos de una mirada justa y compasiva. Hombres que todo lo han perdido hasta el poder de ganar el alimento con su sudor por defender sus derechos, son acreedores a la recompensa de la República¹⁸.

La idea era que se les dispensara diariamente al menos una ración pues este “[…] corto socorro impediría que mendiguen alimento los que han perdido sus miembros, su sangre en defensa de Colombia”¹⁹. El vicepresidente Santander atendió juiciosamente esta propuesta y a tan solo pocos días, el 11 de diciembre, dictó en Bogotá un decreto de ocho puntos mediante el cual se brindaba a los inválidos un auxilio pues estos hombres se consideraron “dignos de la atención del gobierno”. En cada departamento militar debía formarse un depósito de inválidos cuyo mando y economía debía confiar el comandante general a cada uno de los oficiales de su Estado Mayor o a cualquier otro oficial disponible. El depósito debía establecerse en la capital de cada departamento, es decir, uno en Caracas y otro en Bogotá por cuanto Quito aún no había sido liberada.

En vista de que probablemente habría muchos que por las circunstancias extraordinarias de la guerra estaban en el caso de gozar del beneficio pero aún no habían accedido al auxilio, era obligación de los comandantes generales y de los comandantes de armas de la provincia invitarlos a que justificaran su estado de invalidez con la licencia de retiro o cualquier otro documento probatorio. Era además responsabilidad de las mismas autoridades militares indagar si había dentro de su provincia algún inválido que por su crítica situación no podía presentarse o no estaba enterado de estos beneficios. Con el fin de evitar fraudes ante la premeditada intención de algunos militares españoles abandonados de querer acceder a los favorecimientos ofrecidos por esta ley, debían los comandantes levantar informes sobre el mérito y servicios de cada inválido para comprobar las campañas que hubiesen realizado, los cuerpos a los que habían pertenecido, las funciones desarrolladas y todo aquello que acreditara haber servido cabalmente a la bandera republicana.

Los comandantes militares debían además reportar ante el secretario de Guerra don Pedro Briceño Méndez, máxima instancia decisoria, los documentos adjuntados y las diligencias realizadas para que se expidieran las respectivas “letras de inválidos”, con las cuales quedaba oficialmente autorizada la asignación de una parte de la paga que debían gozar aquellos beneficiados. A los inválidos que teniendo sus familias y domicilios fuera de la capital del departamento quisieran permanecer en sus casas, el comandante general podía concederles esta gracia en virtud a lo cual debían adelantarse los trámites pertinentes para que se les abonara lo correspondiente a la tesorería de su jurisdicción.

Finalmente, el gobierno se comprometió a reconocer y recompensar el interés y dedicación de los comandantes militares en el cumplimiento de este decreto, haciéndolos también responsables de la menor omisión, descuido o falta de consideración hacia los “beneméritos defensores de la Patria sacrificados en su servicio”²⁰. Vale precisar que en este tema, así como en otros de carácter militar, hubo cierta continuidad de algunas de las reglamentaciones expedidas en tiempos del gobierno español. Así por ejemplo, en la revisión que se hizo del caso del Capitán José Antonio Mujica, el comandante Manuel Ruiz sacó a relucir el reglamento español de inválidos del 1º de enero de 1810 aún vigente que estipulaba el sueldo entero para inválidos²¹.

Sobre la organización del cuerpo de inválidos en la ciudad de Bogotá, se sabe que a finales de enero de 1822 estaba integrado por 25 militares, cada uno recibía su ración y entre 2 y 4 pesos de auxilio. No obstante, tal como lo reportó el comandante Rafael Urdaneta, en algunos momentos se había tenido que suspender la ración por insuficiencia de recursos. Ante este impasse, el secretario de Guerra dio orden para aplicar los correctivos del caso y para que se les entregara a estos hombres la tercera parte del sueldo que les correspondía, según su grado militar²². El depósito de la ciudad de Caracas se formó semanas más tarde con una gran afluencia de solicitudes.

La formación del depósito de inválidos en Caracas

En el departamento de Venezuela la ley del 11 de diciembre de 1821 fue publicada a través de bando en las principales ciudades. Entre el 6 de marzo y el 18 de octubre se presentaron un total de 79 militares. En el cuadro 1 aparecen las estadísticas de la información allí recopilada, muestra de datos que sirve de base para el análisis de esta investigación. Se tomaron como referencia un conjunto de variables sociales, económicas y demográficas. A Caracas empezaron entonces a llegar una gran cantidad de militares para lo cual contaron con el apoyo de sus superiores en sus respectivos batallones. Los interesados allegaban testigos que podían ser tanto sus compañeros de lucha, sus superiores militares o en otros casos alguna autoridad política.

Eran anexados además los certificados que tendían a imprimirle mayor fuerza a la solicitud. Dentro de estos papeles se incluían las licencias absolutas ya otorgadas. Así por ejemplo, el 6 de octubre de 1821 el ministro de guerra Pedro Briceño Méndez le concedió en la villa del Rosario de Cúcuta a Dionisio Rosales el respectivo pasaporte para ir a Caracas, contando en los pueblos de tránsito con las raciones diarias y el bagaje²³. Fueron anexados también los ascensos y las exaltaciones del servicio. El subteniente José Romero dio fe de que el Soldado Rafael Rodríguez del batallón Granaderos de la Guardia se había “portado como un leal defensor de nuestro gobierno y mucho amor al servicio”²⁴. Otro testimonio fue el del Capitán Sojo, quien aseguró que la conducta del subteniente había “sido muy honrada”²⁵. Otro de los argumentos esgrimidos por los inválidos para obtener el beneficio era sacar a relucir los servicios prestados a la Patria por alguno de sus ascendientes o parientes. Esto fue lo que adujo José Antonio Esparragoza, Soldado del batallón Granaderos de la Guardia:

[…] soy hijo y heredero de mi digno padre el valiente Capitán Casimiro Esparragoza que murió gloriosamente el año [18]14 a las órdenes del Excelentísimo Señor Libertador Presidente y para dar a Vd. una idea de esta verdad acompaño el oficio que dirigió el expresado mi padre al excelentísimo señor vicepresidente de este departamento ciudadano Carlos Soublette y la contestación de este señor sobre acreditar el premio que le cupo a su mérito y valor en la memorable jornada de Guaira cuyos servicios deben hacerme recomendable a la alta consideración de V. S.²⁶.

Cuadro 1

Registro de los datos de 79 militares incorporados en el depósito de inválidos de Venezuela en 1822

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

El Teniente Coronel José Florencio Luson confesó que su ánimo no era eximirse del servicio pero impetraba especial consideración para ser incorporado en el depósito de inválidos en razón a que tenía en Caracas una crecida familia y porque tenía que mendigar su subsistencia²⁷. Luego de la valoración de las solicitudes y testimonios presentados por cada uno de los militares aspirantes, se procedía al examen del médico cirujano José Félix Alas, después de lo cual se daba a conocer el dictamen final.

Siendo este fallo positivo, se procedía a diligenciar el formato impreso de la filiación del beneficiado al depósito de inválidos. Allí el militar quedaba en el mismo rango que ostentaba en ese momento y se especificaban los siguientes datos: nombre de los padres, ciudad de origen, lugar de vecindad, oficio, estatura, estado civil, religión, tipo de pelo, características de los ojos y de la nariz, color de piel y forma y detalles de la cara. La fecha en que era elaborada la filiación de estos “defensores de la libertad de la República de Colombia” servía a su vez como fecha de ingreso al depósito.

Se especificaba además que se les había leído las leyes penales y ordenanzas del ejército a las cuales debían rendir obediencia y cumplimiento. Finalmente, se dejaba constancia de que el militar había elevado el respectivo juramento de fidelidad a las banderas republicanas y se hacía un resumen de su trayectoria militar. Esta hoja de filiación era firmada por el comandante del Depósito de inválidos, Manuel Ruíz²⁸, y por algunos testigos. Una vez verificados todos estos pasos, el comandante procedía a abonarles a los militares beneficiados la asignación correspondiente a su rango.

Para muchos de ellos, la invalidez era una situación desafortunada que había truncado sus aspiraciones. El Sargento Antonio Esparragoza, por ejemplo, reconoció que le hubiese gustado sacrificarse por más tiempo en el servicio, pero para su desdicha se había interpuesto la enfermedad de San Lázaro²⁹.

Tras revisarse todos los expedientes, se pudo evidenciar que una gran cantidad de militares seguían incorporados en las filas pese a sus lesiones o limitaciones físicas. Cuando la afectación de la salud era muy grave y perjudicaba la movilidad, eran retirados del campo de batalla y reubicados en otras actividades administrativas o menores. Esa fue precisamente la suerte del Soldado Pablo Arrechidera, oriundo de Petare, quien en 1815 en el puente de Chitagá en jurisdicción de la ciudad de Pamplona resultó herido de una bala de fusil en la pierna izquierda, lo cual le generó una llaga. Se incorporó luego al batallón Boyacá pero ante la imposibilidad de continuar las marchas fue destinado como asistente en el hospital militar de Santa Librada de la ciudad de Bogotá hasta que la llaga se complicó y le impidió caminar del todo ante lo cual tramitó licencia absoluta³⁰.

El ya referido Teniente Coronel Luson había quedado manco de la pierna derecha en un combate en la acción de San Estanislao ocurrida en la provincia de Cartagena en 1815 cuando estaba bajo las órdenes del coronel Fernando Carabaño, después de lo cual había prestado servicios “activos y pasivos” a la República habiendo incluso sido ascendido de grado militar en 1818 por mandato expreso del general Simón Bolívar³¹.

Más de la mitad de los afectados por la salud y favorecidos por la ley del 11 de diciembre de 1821 eran Soldados rasos. Esto tiene una explicación lógica por cuanto ellos eran la mayoría al interior de la tropa y porque además eran los primeros en pasar al frente de batalla. A esto había que sumarle el hecho de que las atenciones básicas para aquellos rangos inferiores del ejército eran mucho menores si se comparan con los mayores privilegios que pudieron tener el cuadro de oficiales.

Hoja de filiación del Soldado José María Berde al depósito de inválidos de Caracas en 1822
Copia facsimilar tomada de: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, 543r.

El cuerpo con el mayor número de militares inválidos registrados en la muestra estadística era la legión británica con 24 hombres que para 1821 habían cambiado de nombre por el de batallón de Infantería de Carabobo. Le seguía en número los del batallón Bravo Orinoco con un total de 23 hombres, y en tercer lugar, los 8 neogranadinos que estaban enrolados en el batallón Boyacá³². El tiempo promedio de servicio de los militares inválidos era de 4 años aunque 12 de los filiados llevaban ya más de una década combatiendo bajo las banderas de la República. De los 79 militares incorporados al depósito de inválidos, 15 habían participado no solo en las campañas de Venezuela sino también en la Nueva Granada, principalmente en las batallas del Pantano de Vargas y puente de Boyacá y en combates en los valles de Cúcuta.

Cuadro 2

Rango de los militares incorporados en 1822 al Depósito de Inválidos de Caracas

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

Las trayectorias que quedaban consignadas en las filiaciones del depósito de inválidos representan una valiosa fuente de información que permite hacer seguimiento a los largos recorridos llenos de complicaciones y peripecias que debieron afrontar los militares, incluso desde las primeras manifestaciones de la lucha independentista en 1810: combates, prisiones, largas marchas, ocultamiento en los montes, cambios de bando forzados, etc. Esta fue la trayectoria del caraqueño Lucas Pacheco:

[…] en 1810 salió en el 2º batallón de Caracas y se halló en las acciones de Valencia con el señor general [Francisco] Miranda, San Carlos, Victoria, Guayca, la Cabrera y en el mismo año en el morro de Valencia donde fue prisionero y en el año [18]16 se halló en el batallón de Barcelona en Clarines al mando del Excelentísimo Señor Presidente de la República [Simón Bolívar] y el señor general [Juan Bautista] Arismendi y en el mismo año en la casa fuerte de Barcelona donde [por] segunda vez fue prisionero y conducido a esta ciudad con las piernas heridas y enfermas por haberlo sido de la rodilla izquierda. En una bala de fusil de la que quedó inútil padeciendo entre los enemigos hasta que en el año de 1820 se hizo el armisticio y se pasó de Cumaná a Cariaco y se presentó al coronel [republicano] Almario y declarada la guerra después del armisticio emprendió la marcha sobre esta capital al mando del general [José Francisco] Bermúdez en el batallón de Orinoco hallándose en las acciones del Guano, Río Chico, Guatire y todas las demás que ocurrieron hasta la entrada de las armas de la República en esta ciudad³³.

Martín Ortiz, natural de Cumaná e incorporado como Tambor Mayor en el batallón de la Guardia de Valencia, acumulaba en su hoja de vida diez años de lucha revolucionaria:

[…] entró en el servicio de la República en el año de [18]12 en el batallón de Barlovento que lo mandaba el coronel Valdés entró de tambor y se halló en las acciones de Bocachico, el Arao, Carabobo y La Puerta en [18]13 y [18]14 donde cayó prisionero y se estuvo en las tropas españolas de tambor hasta el [18]16 que fue a la Margarita en el batallón de la Corona y se pasó al Excelentísimo Señor General Arismendi hallándose en las campañas de [18]17 y [18]18 y acciones de todas las ocurridas en dicha isla al mando de dicho señor, expedición a Carúpano con el Excelentísimo Señor Bolívar y desembarco en Ocumare, ataques del Aguacate y Quebrada Honda al mando del señor general MacGregor, Alacrán, el Juncal mandadas por el general [Manuel] Piar en San Félix en el batallón de honor y toma de Angostura y en el ejército que se formó en dicha plaza vino para Calabozo en el propio batallón en la acción de Sombrero, Ortiz, La Puerta y Cojedes donde cayó prisionero con un balazo en la pierna izquierda del que se halla inútil³⁴.

El beneficio también lo recibieron algunos Soldados al servicio de las armas españolas que se habían pasado de bando, tal como le sucedió al Soldado criollo Rafael Martínez del batallón Bravos del Orinoco quien se había enfilado en el batallón de la Reina en el año 1820 pero a la entrada del general José Francisco Bermúdez se pasó de bando y luego fue herido de bala en un pie en la acción militar de Santa Lucía. En este caso, fue indispensable que este militar presentara varios testigos que dieran fe de su lealtad al régimen republicano. El subteniente Juan Rodríguez aseguró que aquel hombre había “servido como un buen Soldado mostrando mucho valor en todas las acciones que tuvo el ejército […] a la entrada a esta capital”³⁵.

El perfil socioeconómico de los inválidos

La información incluida en las filiaciones al depósito de inválidos de Caracas permite asomarnos al perfil social y económico de estos hombres. Únicamente de 71 militares aparecen datos precisos sobre su lugar de origen (Ver Cuadro 3). De ellos 33 eran venezolanos, 24 europeos al servicio de la legión británica, 12 provenientes de la Nueva Granada, 1 español y 1 de Cuenca.

Cuadro 3

Lugar de origen de los militares incorporados en 1822 al Depósito de Inválidos de Caracas

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

La presencia de esta cuota de combatientes neogranadinos en tierras venezolanas permite constatar una vez más la unión y solidaridad en torno al propósito común de la libertad de las naciones bolivarianas³⁶. Por su parte, la presencia de la legión británica obedecía al hecho de que los ingleses, los irlandeses y los escoceses declararon al unísono su adhesión a la bandera independentista americana. Esta cooperación se vio materializada desde 1818 mediante el envío de extraordinarios cargamentos de armas, municiones y unos mil Soldados voluntarios con veteranos oficiales. Al final, fueron numerosas las bajas de estos legionarios, particularmente por las severidades del clima y la inexperiencia en este tipo de luchas³⁷. La edad promedio de los militares inválidos era de 28 años, lo cual no dejaba de ser una cifra dramática pues quedaban en estado de discapacidad en una fase de la vida donde normalmente se mostraba el mayor nivel de productividad laboral. El más joven de todos era el indio Manuel Henríquez de tan solo 16 años de edad, quien había recibido una herida de bala de fusil en la pierna derecha en la acción de Santa Lucía. Los Soldados Lorenzo Herrera, José María Berde, Segundo Núñez y José Leandro Farfán registraban apenas 18 años. Al momento de analizar más en detalle las estadísticas, se puede observar que particularmente los integrantes de la legión británica eran los que marcaban mayor edad, 35 años en promedio, figurando en esa lista el mayor de todos que era el Soldado irlandés Félix Dimon del batallón Bravos del Orinoco que casi se aproximaba a las seis décadas de vida, afectado por una atrofia en la pierna izquierda.

Respecto al color de piel (Ver Cuadro 4), se observa en la muestra recopilada de filiaciones la variopinta composición de los ejércitos patriotas por cuanto fueron incorporados hombres de todos los matices étnicos³⁸. Desde luego, aquellos oriundos de Venezuela reflejaban en cierto modo la composición misma de la sociedad con un 53% de trigueños, morenos, pardos, prietos y negros.

Cuadro 4

Color de piel de los militares incorporados en 1822 al Depósito de Inválidos de Caracas.

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

En cuanto al estado civil se observa que la gran mayoría (64) eran solteros mientras que únicamente 9 eran casados. Esta proporción era explicable por cuanto la exigencia inicial era reclutar hombres sin compromiso marital y eso se vio reflejado en las primeras levas aunque con el paso del tiempo y el desgaste de la guerra hubo necesidad de enrolar hombres casados. Con relación a la ocupación laboral (Ver Cuadro 5), de un total de 58 registros, el 40% eran labradores, el 12% eran zapateros y el 5% albañiles, encontrándose en menor proporción otros oficios artesanales. Esta mayoría de labradores reflejaba en cierta manera la realidad de la economía venezolana de esos primeros años de vida republicana por cuanto la agricultura era una de las actividades productivas más importantes. Respondía igualmente al hecho de que el mayor número de habitantes residían en el espacio rural.

Cuadro 5

Oficios de los militares ingresados al Depósito de Inválidos de Caracas, 1822.

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

Las estadísticas de la invalidez médica

En el reporte suministrado por los 79 militares inválidos, algunos dieron cuenta de haber quedado afectados en los primeros años de la lucha independentista aunque la gran mayoría fueron lesionados en los combates definitivos de la gesta emancipadora. Así entonces, 16 fueron heridos en la batalla de Carabobo, 7 en el combate de Dabajuro, 5 en el de Santa Lucía y 4 en el del Calvario.

Estas tres acciones militares coinciden con ser unas de las más sangrientas del periodo de Independencia. El combate en Santa Lucía tuvo lugar el 14 de junio de 1821 cuando el oficial patriota José Francisco Bermúdez venció a los realistas al mando del jefe Lucas González. De capital importancia fue la acción del Calvario el 23 de junio de ese mismo año cuando el general Bermúdez logró distraer la acción de los españoles y, aunque fue derrotado, esa distracción fue clave para la gran victoria republicana obtenida días después en la batalla de Carabobo. La batalla de Dabajuro tuvo lugar el 7 de junio de 1822 en el área fronteriza de la provincia de Coro con victoria para las fuerzas realistas al mando del general Francisco Tomás Morales que se impusieron sobre las huestes patriotas lideradas por el general Carlos Soublette³⁹.

Es preciso aclarar que al momento de la convocatoria hecha por la ley del 11 de diciembre de 1821, un total de 10 militares ya contaban con el certificado de licencia absoluta. Un ejemplo de ello fue el Sargento 2º Eugenio Suárez a quien se le había otorgado tal documento el 27 de agosto de 1821 por parte del general del batallón de la Guardia en Valencia⁴⁰.

Tal como se puede observar en el cuadro que aparece a continuación, el 80% de los casos de invalidez corresponde a las heridas adquiridas en el campo de batalla mientras que el 12% era por cuenta de enfermedades anteriormente desarrolladas y un 2% de militares cuyo cuadro médico era el resultado combinado de lesiones en el campo de batalla y enfermedades. Esa fue la suerte que debió padecer el Soldado José Leonardo Farfán a quien se le declaró beneficiado por la ley de inválidos debido no solo a las heridas que había recibido en la acción del Calvario en 1821 sino también por los recurrentes ataques epilépticos⁴¹. El Cabo 1º Diego Comtante de la legión británica alistado en el batallón de Carabobo padecía de una hernia inguinal pero su situación se complicó tras sufrir en la batalla de Carabobo: “[…] una opresión en el pecho de resultas de un fuerte golpe que recibió en el costado izquierdo en junio del año [18]21, dicha opresión se le aumenta cuando entra en ejercicios violentos que hace la respiración con mucha dificultad”⁴².

Los males padecidos por los inválidos de guerra son de alguna forma el reflejo de las formas de lucha en los campos de batalla. De las heridas en combate, el 83% eran causadas por balas de fusil o cañón y solo unos cuantos casos eran por golpes de gran impacto y heridas de lanza, machetes u otras armas cortopunzantes. Estos datos indican que prevaleció el fuego más que el choque físico, lo cual según el historiador Clément Thibaud, marcó una ruptura táctica en estas guerras de Independencia⁴³. Esta era una tendencia que se observaba también en el depósito de inválidos de Bogotá a principios de este año de 1822, en donde 17 de 25 militares eran heridos de bala⁴⁴.

Cuadro 6

Causas de invalidez de los militares ingresados al Depósito de Inválidos de Caracas, 1822.

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 16, ff. 306r-365v.

Dentro de la muestra de los 79 inválidos registrados en Caracas, la mayoría eran lesiones físicas que comprometían seriamente la movilidad de las extremidades superiores e inferiores. Un total de 37 militares resultaron afectados de las piernas y los pies, 22 de los brazos y manos, 3 del tronco y 3 de la cabeza y el cuello. En cifras globales, se contabilizaron 10 mancos.

En muy poca proporción resultaba aquejada la capacidad mental, tal como le sucedió a Jesús Ruiz, Cabo 1º del batallón Bravos del Orinoco, quien recibió varias heridas de machete en la cabeza en la acción del Calvario quedando “como muerto en el campo de batalla”. De estas lesiones “[…] ha resultado algo trastornado su cerebro cuando recibe alguna agitación”⁴⁵. A veces, las lesiones de guerra no parecían ser tan graves pero inutilizaban al militar en los trajines propios de la vida militar. El Soldado Celestino Pineda del batallón Bravos Cazadores de Orinoco se halló impedido para el manejo de armas debido a la pérdida del dedo pulgar de la mano derecha por una bala de fusil en la acción de Guaybacoa en la provincia de Coro⁴⁶.

Vale precisar además que no todos los casos fueron por herida en combate sino también por algunos accidentes. El contramaestre José María Garbán fue herido por la artillería de la balandra Aurora al norte de la isla de Margarita con una salva que se hizo el 28 de febrero de 1816 con motivo de la llegada del Presidente de los cayos de San Luis. Por causa de esta herida perdió el brazo derecho pero volvió a retomar servicio hasta la toma de la Guayana⁴⁷.

En varias de las valoraciones médicas se refería que, aunque no era un padecimiento grave, los medicamentos ya no producían el efecto deseado. Entre todos los reportes, pudo advertirse en algunos casos la crueldad y dureza de la guerra. Cuando estaba integrado a la división del general Rafael Urdaneta, el Soldado Juan Bautista Rengifo recibió en la acción del peladero de Montalbán 7 heridas de machete y lanza. Esta fue la descripción que hizo el médico cirujano sobre las heridas más protuberantes: “[…] la 1ª en la cabeza, la 2ª en la cara del lado derecho, la 3ª en la región epigástrica y la 4ª en la parte inferior del antebrazo derecho, las dos últimas lo inutilizaron para el servicio militar por haberle formado la del estómago o región epigástrica una hernia ventral y la del antebrazo haberle originado una total parálisis en los músculos flexores de los dedos”⁴⁸.

La convocatoria general suscitada a raíz de la promulgación de la ley del 11 de diciembre de 1821 contribuyó a sacar a la luz pública muchas irregularidades y anomalías en torno a la situación de los inválidos. Sin duda, el panorama más complicado fue para aquellos que habían quedado bajo una condición crítica de salud, para quienes fue más dispendiosa la atención a sus padecimientos. Esa fue la situación que debió experimentar el Capitán José Antonio Mujica quien recibió en la batalla de San Antonio varias heridas de bala en su cuerpo que lo dejaron parapléjico y postrado en una cama. Su principal queja era que el administrador de rentas de la villa de Achaguas se rehusó reiteradamente a entregarle la pensión que había logrado gracias al decreto firmado por el general José Antonio Páez y a la autorización emitida por el comandante de la plaza.

Mujica se declaraba en estado de indigencia pues, además de no recibir el sueldo que resultaba corto para los cuantiosos gastos de su enfermedad, tampoco recibía las raciones hospitalarias habiendo llegado al extremo de tener que mendigar el alimento. Estos fueron los términos de su sentida queja: “Yo no tengo otro arbitrio para mantenerme en mi triste suerte, y creo no ser esto el galardón y premio que se debe a mis esclarecidos servicios el abandonarme en esta cama a ser consumido de la mayor miseria”⁴⁹.

Tras adjuntar el certificado que acreditaba su honor y valentía, Mujica solicitó ayuda para hacer menos intenso su sufrimiento e imploró por un urgente traslado hacia un sitio más sano en donde pudiese tener acceso a recursos curativos. Tras quedar suficientemente comprobado el estado de discapacidad, el comandante del depósito de inválidos Manuel Ruíz ordenó implementar acciones inmediatas pues las decisiones del gobierno podían demorar demasiado.

En razón a esto, se dispuso su traslado de Achaguas a Caracas donde podía recibir medicinas con el acompañamiento de su familia, además de lo cual se impartieron instrucciones para que se le siguiera girando la pensión de 15 pesos. La reflexión que suscita este caso es que, si esta era la complicada condición para un hombre que hacía parte de la oficialidad del ejército, seguramente mucho más embarazosa pudo resultar la situación para los Soldados rasos que sobrellevaban ese mismo tipo de infortunios.

A modo de corolario

El propósito de este artículo de analizar las 79 solicitudes de auxilio de invalidez representa apenas una compuerta a través de la cual es posible atisbarse al complejo mundo de aquellos militares que, a pesar de haberse sacrificado por el servicio de la Patria, veían cómo por culpa de los azares del destino dejaban de estar en las prioridades de las autoridades militares y por ello no vacilaron en aprovechar cualquier oportunidad para clamar apoyo de los entes oficiales con miras a mitigar sus padecimientos.

La ley dictada por el gobierno republicano el 11 de diciembre de 1821, aunque ciertamente un tanto tardía, era de alguna manera un reconocimiento a una situación en la cual ya era evidente el desgaste y los estragos de una prolongada y cruenta lucha militar de más de una década.

En muchos apartes de los diarios y crónicas de la época, así como también en algunos reportes oficiales, se puede advertir cómo la magnitud de la cifra de inválidos fue ostensiblemente mayor en comparación con aquellos pocos que finalmente alcanzaron a obtener algún alivio por parte del gobierno. Muchos dieron su último aliento en alguno de los deficientes hospitales militares mientras que otros no alcanzaron ni siquiera a ser atendidos, quedando a la deriva en algún camino o socorrido por algún lugareño caritativo. Ninguno de ellos vio compensados sus esfuerzos ni tampoco pudo ver cumplidas las promesas constantes de los dirigentes republicanos por alcanzar una sociedad libre, igualitaria y próspera.

Nuevas exploraciones a los archivos colombianos podrán arrojar más luces que contribuyan a entender cómo se dio el proceso de formación del depósito de inválidos en el territorio neogranadino y, con ello, poder establecer algunos puntos comparativos con la experiencia sucedida en Venezuela.

A mediados de junio de 1823 el vicepresidente Santander explicó cómo las penurias del gasto público impedían hacer las erogaciones indispensables para atender a los inválidos⁵⁰. En vista de que aún no existía una reglamentación fija sobre el monto que debían recibir estos “virtuosos defensores de la libertad e independencia”, se optó por reducir a la mitad la pensión de todas las clases del ejército que estuviesen en situación de retirarse y a la tercera parte la pensión de aquellos que se separaban del servicio por otras enfermedades. Esto se hizo con el fin de compensar mejor a los retirados por heridas en combate. De todos modos, se precisó que estas medidas eran de carácter provisional mientras el Congreso de la República expedía las reglamentaciones pertinentes y proveía los fondos suficientes para este propósito⁵¹.

En su informe presentado este mismo año ante el máximo órgano legislativo, el secretario de Guerra Pedro Briceño Méndez aclaró que aún no se habían acabado de recoger todos los inválidos que estaban dispersos en distantes parajes. Según cifras oficiales, eran ya 600 los que en ese momento gozaban del auxilio aunque elevó un llamado ante los congresistas para que redactaran lo antes posible un reglamento en torno a definir aspectos básicos como los sueldos y demás ventajas que debían recibir estos hombres en atención a sus “relevantes servicios”⁵².

Para 1826 el depósito de inválidos sumaba ya un millar de militares pero el secretario de Guerra de entonces Carlos Soublette reconoció que muchos de ellos estaban en estado de miseria debido a lo corto del auxilio y a la falta de un hospicio o cuartel en donde pudiesen estar todos reunidos para lo cual este alto funcionario habló de la urgencia de conseguir una o dos casas para albergar a los más imposibilitados para trabajar como consecuencia de las secuelas del conflicto militar. Allí recibirían el vestuario correspondiente a su escalafón y serían “alojados y mantenidos con comodidad y abundancia”. Se esperaba que, una vez amainados los candores de la guerra, disminuiría asimismo el número de inválidos⁵³.

Como bien se sabe, en las postrimerías de esta tercera década del siglo XIX, Colombia se disolvió y a partir de allí Venezuela, Colombia y Ecuador emprendieron su camino como naciones independientes. Las disensiones políticas internas y la crisis fiscal fueron la nota predominante durante este tiempo. Solo hasta los años siguientes se empezaron a expedir los primeros reglamentos de carácter nacional, siendo uno de ellos el publicado en el Perú en 1830⁵⁴. En el Reglamento de Estados Mayores de la República de Colombia expedido en 1833 se incluyeron responsabilidades específicas de los cuadros oficiales en relación con el trato de los militares inválidos⁵⁵. En Venezuela no fue sino hasta la expedición de la ley del 12 de abril de 1836 cuando se dictaron normas sobre las compensaciones según el grado de invalidez y el modo de comprobar este estado de discapacidad⁵⁶. Después de 1841 se expidieron nuevas normas para el arreglo del depósito de Caracas y en especial para reglamentar el tema de las pensiones⁵⁷.

Los militares inválidos continuarían hasta bien entrada la República su lucha por reivindicar sus intereses en torno a lograr un justo reconocimiento a sus sacrificios y a su contribución para el cimiento de las bases de una nación libre y soberana.

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Notas