Introducción

Las siguientes páginas tienen como principal propósito presentar los elementos más destacados que conforman el Acuerdo de paz2 suscrito por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia. Un Acuerdo que, realmente, es un segundo Acuerdo, en tanto que el texto final fue objeto de una serie de modificaciones –salvo excepciones, poco sustanciales–, que resultaron de la negativa que al primer texto planteó la sociedad colombiana, de manera ajustada, al votar en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 en contra del mismo.

Así, y aunque el inicio de este documento trata de contextualizar al lector en una breve evolución del conflicto armado interno para que, con ello, pueda entender el porqué de la negociación ahora y no antes, además de sus implicaciones, la parte más significativa y relevante del mismo es la que se dedica a los diferentes puntos de la agenda suscrita entre Gobierno y las FARC. Es decir, reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas y víctimas, que son los cinco puntos nucleares –a los que se añade un sexto punto sobre verificación e implementación–, sobre los que, tras más de cuatro años de negociaciones, una y otra parte han protagonizado una suerte de intercambios cooperativos que han dejado como resultado el fin del conflicto entre la guerrilla más poderosa de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Se planteará así los elementos más característicos de cada punto, incorporando matices y explicaciones adicionales que buscan completar el alcance de lo suscrito para, a modo de corolario, cerrar con una breve conclusión que plantee qué horizonte se presenta sobre Colombia en relación al nuevo escenario de posconflicto armado que representa la implementación del Acuerdo de paz.

2. De las “repúblicas independientes” al proceso de paz de La Habana

El conflicto colombiano, aunque hunde sus raíces en los años treinta con motivo de las luchas campesinas dentro de un país sin reforma agraria (Gilhodés, ١٩٧٢; Legrand, ١٩٨٨), inicia formalmente en 1964. Ello se debe a que fue en mayo de 1964, en un contexto de guerra militar del Estado sobre una serie de municipios, soliviantados por la utopía marxista y en armas frente al abandono institucional y el olvido gubernamental, cuando tuvo lugar la Operación Soberanía, conocida vulgarmente como “Operación Marquetalia”.

En uno de esos municipios –Planadas, en el sur de Tolima– se erigía la “república independiente de Marquetalia”, de modo que entre mayo y junio de 1964, 2.400 soldados trataron de reinstaurar el orden público y la legalidad frente a poco más de 150 campesinos levantados en armas (Semana, 1999). El conflicto, extensible a otras regiones cercanas de los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, llevó consigo un despliegue militar de más de 15.000 hombres, así como la puesta en marcha de todo un cerco militar, del cual cerca de 350 supervivientes, autodenominados como “Comando Sur”, en su segunda cumbre de 1966 se basarán en lo ocurrido dos años antes para rebautizarse a sí mismos como las FARC (Pizarro, 2011).

Desde entonces, el conflicto armado colombiano fue incorporando diferentes elementos que le imbuyeron una notable complejidad. A las FARC –y a pequeños grupos inspirados en el marxismo-leninismo previos, de escasa relevancia– se suman el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación dos años después. Asimismo, y como las décadas de los setenta y los ochenta no resuelven el profundo déficit democrático del país, aparecen otras guerrillas, denominadas de “segunda generación”, como fueron el Movimiento 19 de abril (M-19) o la guerrilla indigenista del departamento de Cauca Quintín Lame. Por si lo anterior fuera poco, el déficit de seguridad en un Estado como el colombiano, por lo general con más territorio que institucionalidad, albergó la aparición desde 1978 (Medina, 1990) de grupos paramilitares que, si bien inicialmente se legitimaban por la ausencia de Fuerza Pública y la necesidad de repeler la violencia extorsiva de las guerrillas, rápidamente concibieron que aquel era el argumento óptimo para, en el fondo, poner en marcha todo un proyecto criminal de cariz territorial, político y militar (Ronderos, 2014). De la misma manera, desde inicios de los ochenta, el país experimentaba su incursión en el narcotráfico, hasta hacer eclosión los dos cárteles –el de Cali y el de Medellín– que durante una década se disputarían el control de la exportación de coca y desdibujarían la credibilidad del Estado colombiano como último garante de la seguridad, la soberanía y el monopolio tan efectivo como legítimo de la violencia.

Desde aquel momento y hasta inicios de la década pasada, el conflicto armado colombiano experimenta inconmensurables dosis de violencia, traducidas en forma de muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos de población y secuestros y extorsiones. De hecho, tal es la magnitud, sobre todo entre finales de los noventa y principios de la década pasada, que el país se aproxima a lo que en algún momento se definió como “Estado fallido” (Rotberg, 2004). Es decir, el Estado deviene incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad territorial, jurídica y humana, habida cuenta del poder de los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto. Las FARC, para ese entoonces superaban los 18.000 combatientes en 350 municipios, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia hacían lo propio en cerca de 200 municipios, principalmente del norte del país, con otros 12.000 efectivos, y la guerrilla del ELN mantenía cerca de 5.000 efectivos en algo más de 150 municipios (Ríos, 2017). Expresado de otro modo, más de la mitad del país se encontraba afectada por la presencia de grupos armados y los niveles de violencia eran los más altos de América Latina. Únicamente en 1998 se contabilizaron 294 combates de las Fuerzas Militares, 229 del ELN, 356 de las FARC y 677 casos de masacres, mayoritariamente protagonizadas por las AUC. De igual manera, los desplazamientos forzados superaban los 160.000 casos y tuvieron lugar 2.860 secuestros (ODHDIH, s.f.).

A causa de la magnitud de la violencia producida por el conflicto, a lo que se sumaban cuatro años, de 1994 a 1997, de una importante crisis institucional a causa de la filtración de dinero proveniente del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper, su sucesor, el conservador Andrés Pastrana entiende que resulta imprescindible abrir un espacio de diálogo desde el que obtener una paz negociada con las FARC. Un proceso que, transcurrido entre enero de 1999 y febrero de 2002, será conocido vulgarmente como el “Diálogo del Caguán”.

Este proceso se desarrolló sin una estrategia de comunicaciones integrada y compartida entre Gobierno y guerrilla, sobre la base de una agenda de 12 puntos y 48 apartados, desarrollada por un equipo negociador fuertemente beligerante, sobre todo en el caso de las FARC, y bajo una “zona de despeje” de 42.000 kms2 que la guerrilla utilizó para realizar operaciones y ejercicios armados, así como para consolidar un plan de incremento de la capacidad de combate y desdoblamiento de los frentes de guerra, y con lo que resultaba sumamente difícil no solo negociar, sino justificar la pertinencia de un proceso de diálogo. De la misma manera, por parte del Gobierno, mientras se negociaba, se incrementaba el gasto militar del 2.9 al 3.5% y se ponía en marcha un nuevo “impuesto de guerra” con el que se modernizó y equipó a la Fuerza Pública colombiana. Asimismo, desde 1999 se implementó el plan de inter-operatividad entre Policía y Ejército y comienza un Plan Colombia, asistido por Washington, que transferirá a Colombia más de 8.000 millones de dólares, principalmente en cooperación militar, antinarcóticos y seguridad. Es decir, expresado de otro modo, es como si el Caguán hubiera sido una suerte de “paz armada” en la que, tanto Gobierno como FARC, habrían instrumentalizado un escenario de diálogo con vistas a una ulterior solución militar, haciendo valer el dicho latino, si vis pacem, para bellum.

Tanto fue así que, entre enero de 1999 y diciembre de 2001, en pleno proceso de diálogo, las FARC protagonizaron hasta 1.254 acciones guerrilleras, a las que hay que sumar otros 1.856 combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Tal y como reconocería el exministro Guillermo Fernández de Soto (2004: 177), solo en las tres semanas de febrero previas a la ruptura de negociaciones con el Gobierno “las FARC habían perpetrado 117 atentados terroristas, entre los cuales 4 carros-bomba, 5 ataques a instalaciones militares, la voladura de 33 torres de energía, de 2 tramos de un oleoducto y de 3 puentes, y el homicidio de 20 civiles”.

El resultado de lo anterior será el de una política de seguridad de “mano dura”, personalizada en el sucesor de Pastrana en el gobierno, el antioqueño Álvaro Uribe. Éste, un completo outsider de la tradicional política bipartidista colombiana, llega al poder con un férreo discurso de anteposición de la seguridad sobre cualquier otro valor de la política pública y la necesidad de incrementar el gasto público en seguridad y defensa para así confrontar, debilitar y relegar a las guerrillas. Una situación que, unida a un Plan Colombia redefinido a sí mismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, sumirá al país en un escenario de profunda y continua militarización.

Con un gasto del presupuesto del Estado en seguridad y defensa próximo al 5%, y en una profunda transformación de la Fuerza Pública colombiana, se destinan más de ١٢.٠٠٠ millones de dólares a modernizar y mejorar la capacidad de combate de Ejército y Policía. Por ejemplo, la Policía Nacional colombiana pasa de los 110.000 miembros a los 160.000, mientras que las Fuerzas Militares ascienden de 203.000 a 270.000 efectivos (Mindefensa, 2010: 68). Igualmente, se crean 429 nuevas estructuras operativas militares junto a 180 estaciones y 152 subestaciones de Policía, a lo que se suma la adquisición de decenas de helicópteros y aeronaves, lo cual permite poner en marcha el mayor número de operativos militares contra las FARC de la historia de Colombia. Solo entre 2003 y 2005 se dirigen 4.450 combates contra la guerrilla3 por 3.043 acciones de parte de las FARC (ODHDIH, s.f.). Estos mayores niveles de confrontación, no obstante, para finales del segundo mandato de Álvaro Uribe presentarán una realidad bien distinta, en buena medida porque por todo lo expuesto las FARC, según estudios como el de la Fundación Seguridad y Democracia (2008: 5), llegan a perder un 83% de capacidad de combate.

Traducido en cifras, para finales de la década pasada la presencia de las FARC había pasado de más de 300 municipios a 160, del mismo modo que el número de sus acciones armadas se había reducido, de 1.278 en 2003, a 724 en 2010 (ODHDIH, s.f.). Incluso llegan a ser dados de baja algunos de sus comandantes más significativos, como “Raúl Reyes”, “Mono Jojoy”, “Alfonso Cano” o “Iván Ríos”. Asimismo, si entre 2006 y 2010 se contabilizaban 3.027 acciones de las FARC, el número de combates por iniciativa de la Fuerza Pública colombiana ascendía a 8.800, lo cual pone de manifiesto cómo la Política de Seguridad Democrática cambió la tendencia hasta entonces imperante en el conflicto armado colombiano, con una correlación de fuerzas claramente en favor del Estado.

Empero, el conflicto colombiano, y concretamente el activismo guerrillero de las FARC, se encuentra lejos de desactivarse por la estricta vía militar. Como plantea Ríos (2016a, 2016b), y más allá del evidente debilitamiento, lo que se aprecia es más bien un doble proceso de narcotización y periferialización, sobre todo entre 2009 y 2012. Ello se fundamenta en el hecho de que desde 2009 no solo no se aprecia la misma tendencia decreciente en el activismo armado de las FARC que acontece desde 2003, sino que, todo lo contrario, se experimenta un repunte tanto del número de acciones de la guerrilla como de su presencia territorial.

Por ejemplo, y fruto de lo expuesto, si en 2008 se computaban 381 acciones armadas en 131 municipios, en 2012 la cifra asciende a 824 acciones en 190 municipios. En ambos casos, la concentración de estas acciones tiene lugar en más de un 60% en enclaves cocaleros, sobre todo del nororiente y del suroccidente del país. De igual manera, en ambos escenarios, profundamente selváticos y montañosos y con la condición adicional de ser fronterizos con Ecuador al sur y Venezuela al norte, se concentraron 190 de las 381 acciones armadas de 2008, y 479 de las 824 acciones en 2012 (ODHDIH, s.f.). Añádase a todo ello un número de combatientes que durante todo este tiempo se mantuvo por encima de los 8.000.

Dicho con otras palabras, cabría observar que tras años de Política de Seguridad Democrática se llega a un momento de debilitamiento de las FARC, si bien desde 2012 se torna más bien en una suerte de enquistamiento, fruto de la doble ventaja que ofrece el proceso de periferialización y narcotización, y que representa en sí la suma de dos factores indisociables para entender la capacidad de resiliencia de la guerrilla, aun cuando entre 2008 y 2012 el despliegue de operativos estrictamente volcados contra las FARC asciende a 6.118 (ODHDIH, s.f.)

De esta manera, hacia el año 2012 el conflicto se aproximaría a lo que Touval y Zartman (1985) y Zartman (1993, 2001) denominan doble estancamiento doloroso (mutually hurting stalemate). Esto es, aquella tesitura por la cual ninguna de las partes considera que continuar en el marco de un conflicto resulta favorable para sus intereses. De un lado, porque las FARC, a pesar del enquistamiento y la periferialización referida, bajo una evidente correlación desfavorable de fuerzas, encuentran imposible cualquier atisbo de tomar el poder político por las armas. De otro, porque tras haber gastado más de ١٢.000 millones de dólares, la superación militar del conflicto armado en favor del Estado queda lejos de materializarse. Más si cabe cuando a la falta de grandes éxitos militares en los últimos años se añade el hecho de que la violencia guerrillera exige de operativos en enclaves más hostiles, selváticos, fronterizos, con una fuerte presencia de minas antipersona, y donde por las condiciones geográficas la fuerza aérea no funge como el factor determinante que en otros escenarios supuso. Es decir, las acciones militares, fruto del enquistamiento territorial de las guerrillas, pasan a focalizarse sobre contextos más difíciles, donde el conocimiento militar es mucho menor y donde las incertidumbres de éxito se reducen muy sustancialmente en favor del Estado.

Es así como, desde principios de 2011 de manera informal y desde octubre de 2012 formalmente, se aborda un proceso de diálogo de paz con el que aspirar a poner fin a un conflicto armado con las FARC, que en su más de medio siglo de vida, junto a otros actores involucrados, ha dejado unas cifras que hablan por sí mismas: 60.000 desaparecidos, 30.000 secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual, 220.000 muertes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Este nuevo proceso de diálogo aprendía sin duda del pasado y evitaba repetir los errores del Caguán. Por ejemplo, en relación a la Agenda para la Terminación del Conflicto, ésta se constituía estrictamente sobre la base de seis puntos de negociación. En primer lugar, se incorporaban dos reivindicaciones históricas de las FARC, como son la política de desarrollo agrario integral y la participación política. En segundo lugar, se satisfacían dos reivindicaciones de la sociedad colombiana, tanto a través de la inclusión de un punto sobre la búsqueda de una solución al problema de las drogas ilícitas, como estableciendo otro en torno a víctimas y verdad. Por último, se añadían dos temas que cierran los seis de la agenda: fin del conflicto –en torno a cómo conseguir un cese al fuego bilateral y definitivo– e implementación, verificación y refrendación a los compromisos adquiridos.

La composición del equipo negociador, sobre todo para las FARC, presentaba una impronta mucho más política que militar. De hecho, el jefe de la delegación por parte de las FARC era “Iván Márquez”, quien había llegado a ser congresista durante los años ochenta de la Unión Patriótica. Junto a él, el mayor peso negociador lo llevaban “Pablo Catatumbo”, Comandante del Bloque Occidental y seguidor de la línea política de “Alfonso Cano”, y “Jesús Santrich”, segundo del Bloque Caribe, e igualmente considerado en estos momentos el mayor ideólogo de las FARC. Es decir, se aprecia un mayor peso específico del resto de bloques, más allá del Sur y Oriental –los más beligerantes– que llevaron la voz dominante de la negociación en el Caguán. Asimismo, y a fin de evitar fracturas en la relación cívico-militar como las que habían tenido lugar en el pasado, del primer equipo negociador del Gobierno con las FARC destacaban la presencia del General Mora por parte de las Fuerzas Militares y del General Naranjo por el lado de la Policía.

También, a diferencia del Caguán, desde el principio se establecieron dos sedes. De un lado Noruega, con amplia experiencia en resolución de conflictos, financió los primeros acercamientos e hizo de sede para los primeros diálogos antes de su inicio formal en Cuba. De otro La Habana, aparte de servir de escenario al diálogo, puso a disposición de las partes todo lo que tenía que ver con salud, transporte, seguridad y alojamiento, favoreciendo también los primeros encuentros informales. Asimismo, junto a la condición de países garantes de Noruega y Cuba, hubo otros dos países, Venezuela y Chile, que fungieron con la labor de países acompañantes con el cometido de facilitar acciones de mediación y diálogo.

En cuanto al papel de las víctimas en el proceso de paz, el tratamiento, como todo lo anterior, evidenciaba la incorporación de las lecciones que supuso el Caguán, por cuanto directamente tuvieron voz sesenta víctimas seleccionadas por la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas, elegidas bajo criterios de equilibrio y pluralismo, de manera que se buscó representar a minorías étnicas, colectivos LGTB, empresarios, sindicalistas, militares o campesinos. Un ejercicio que confería legitimidad al proceso, en la medida en que proporcionaba interlocución a otros actores que habían sido afectados por el conflicto y ofrecía a la negociación una visión de conjunto e integración, al ser incorporadas parcialmente sus propuestas en la negociación y el Acuerdo.

Por último, la estrategia de comunicaciones resultó mucho más seria, sobre todo a tenor del uso de comunicados conjuntos para explicar las situaciones de mayor alcance y dificultad acontecidas en el transcurso del proceso de diálogo. En total hubo hasta 109 comunicados conjuntos, consensuados previamente, que contribuyeron a facilitar la información emitida desde la mesa de diálogo hacia la sociedad civil y los medios de comunicación y evitar, por extensión, los efectos de desgaste y descrédito que precisamente las comunicaciones unilaterales habían supuesto en la experiencia del Caguán.

3. Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral

El primer punto de la agenda de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC se centró en la necesaria trasformación de la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia. Esta circunstancia reposa en el hecho de que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), el 1.1% de la población total del país resulta propietaria de más del 50% de la superficie de la tierra. De este modo, Colombia se consolida como uno de los países más desiguales del mundo, tanto por su coeficiente de Gini según la distribución de la renta (0.54), como por su coeficiente de Gini según la distribución de la tierra (0.85) (Comisión Económica para América Latina, CEPAL 2015).

Igualmente, no se puede pasar por alto el hecho de que la reforma rural se caracteriza por haber sido una de las reivindicaciones históricas de las FARC, pues, aunque ideológicamente se trata de una guerrilla fuertemente influida por el marxismo-leninismo, la matriz campesina y el agrarismo radical son dos de los componentes que, desde su inicio, han estado presentes en el corpus ideológico de esta guerrilla.

El primer punto del Acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla incorpora como elemento transversal tres componentes que son prioritarios a efectos de garantizar una reforma rural integral y una mayor democratización de la posesión y propiedad del uso de la tierra: la erradicación de la pobreza, el acceso progresivo a la propiedad y la democratización de la titularidad de la tierra. Tres elementos que, además de reconocer la importancia que han tenido las condiciones objetivas en la reproducción de la violencia habida en los escenarios rurales, justifican la necesidad de formalizar un sector económico y laboral que durante décadas ha sido desatendido, y que se concentra en buena parte del 45% de población civil que en la actualidad vive en Colombia bajo condiciones de pobreza y vulnerabilidad (CEPAL, 2015).

Así, este punto primero del Acuerdo de paz expone, como principio rector de todas las acciones, la necesidad de salvaguardar la asociatividad solidaria por medios de formas de ocupación del campo de cariz cooperativo, además de promover la consolidación de las denominadas como Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Todo ello, desde un enfoque transversal de género y de multiculturalidad con el que regular, legitimar y favorecer esta participación de las comunidades rurales de los enclaves más afectados por el conflicto armado en el uso y disposición de la tierra.

Para cumplir con lo expuesto se necesita de un conjunto de tierras que puedan ser empleadas en satisfacer las demandas y necesidades rurales, y que el Acuerdo integra a través de un Fondo de Tierras y un proceso de formalización masiva de derechos. El Fondo de Tierras asciende a tres millones de hectáreas y se encuentra conformado por tierras bajo extinción judicial de dominio a favor del Estado; tierras baldías, indebidamente ocupadas y recuperadas por el Estado; tierras de origen forestal; tierras inexplotadas, recuperadas como consecuencia del incumplimiento de función social o ecológico, y tierras donadas a efectos del propio Fondo. De otro lado, el proceso de formalización masiva de la propiedad rural comprende otros siete millones de hectáreas que durante doce años se atribuirán a pequeños propietarios, quienes, a su vez, se verán favorecidos por un elenco de acciones tales como apoyo jurídico, subsidios o créditos. Todo ello, a efectos de fortalecer la aprehensión de los derechos de posesión y propiedad sobre la titularidad de la tierra.

Otro elemento a destacar es el hecho de que los dos instrumentos de la Reforma Rural Integral mencionados se integran, además, con el imperativo de transferir recursos y líneas de crédito, construir infraestructura vial, de riego y eléctrica, así como priorizar desarrollo social, educación y vivienda, por parte del Gobierno hacia el nivel municipal. Así, a través de lo que en el Acuerdo se denomina Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que se busca es optimizar los recursos dirigidos hacia el Acuerdo con las demandas territoriales que, ex profeso, provienen de las necesidades locales. Es decir, las inversiones en clave nacional buscan integrarse y satisfacer los proyectos requeridos desde la instancia municipal. Y si bien ello no supone, en sentido estricto, un proceso real de descentralización, es importante reconocer su valor como elemento de consolidación de la gobernabilidad local.

Además, lo plantedo es muy importante por tratarse Colombia de un país profundamente (re)centralizado, a pesar de ser constitucionalmente un Estado descentralizado. Aunque artículos como el 298, el 350 o el 357 de la Constitución Política colombiana invitan a pensar en un potencial proceso descentralizador, la realidad es justo la contraria, al estar la condicionalidad del gasto público, la responsabilidad de la planificación de la política pública y la titularidad de la competencia en manos del gobierno central. Por ejemplo, de cada 100 pesos colombianos que se recaudan en el país, el 85% son gestionados desde y para el nivel central; el 5% los gestiona el Distrito Capital; el otro 5% es para los 32 departamentos del país y, finalmente, el último 5% es destinado a los más de 1.120 municipios que conforman el conjunto del Estado (Ríos, 2016c). Es decir, esta fuerte inelasticidad vertical de la renta desdibujaría cualquier atisbo en favor de los gobiernos sub-nacionales, de manera tal que una buena implementación de los PDET podría contribuir a fortalecer la interlocución del municipio en el diseño de políticas públicas, al menos, dentro de este sector primario.

Finalmente, y habida cuenta del cariz poco competitivo y productivo del sector primario en Colombia y, en especial, de las zonas de mayor impronta rural, tal y como ha reconocido recientemente la CEPAL (2015), se hacía necesaria la puesta en marcha de acciones que fortaleciesen todo lo anterior, y para lo cual el Acuerdo prevé un elenco de medidas cuyo principal interés pasa por integrar estímulos a la producción agropecuaria. Ello, por medio de apoyos a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, generación de ingresos y crédito, asociatividad, formalización laboral y protección social en contextos fuertemente azotados por el conflicto armado. Contextos a los que el excombatiente de las FARC busca volver, fuera de la violencia, pero desde una marcada impronta colectiva, alejada al menos inicialmente de la empresa privada.

4. Participación política: Apertura democrática para construir la paz

La participación política fue de uno de los debates más controvertidos y recurridos por los opositores al Acuerdo, quienes entendían que dicha participación no se podía reducir a un mero tránsito de las armas a las urnas. Sin embargo, lo cierto es que, si bien se trata de una cuestión imprescindible en toda negociación con grupos armados, el volumen total de participación acordado en favor de las FARC se encuentra muy lejos de lo conseguido por otros Acuerdos de paz, en los que, además de un número mínimo de congresistas o senadores, se comprometieron embajadas, viceministerios, ministerios e, incluso, vicepresidencias. Una situación de poder político que, empero, no puede percibirse de la misma manera si se atiende el alcance de lo acordado con las FARC en La Habana.

Una de las prioridades para las FARC fue la construcción de un marco jurídico que confiriera derechos y garantías al ejercicio de la oposición política en general y de nuevos movimientos sociales en particular. Y es que, en el imaginario colombiano, y muy particularmente en el imaginario de las FARC, sigue muy presente el genocidio cometido contra la Unión Patriótica durante la segunda mitad de los años ochenta. Una suerte de aniquilación de la expresión política de izquierdas que, perpetrada por el paramilitarismo, y en connivencia con parte de la Fuerza Pública y el establecimiento, evitó cualquier atisbo de tránsito de las FARC hacia la vida democrática colombiana, dejando consigo la muerte de miles de militantes y cientos de concejales, alcaldes e, incluso, congresistas, senadores y candidatos presidenciales.

Así, el Acuerdo, en relación a la participación política, reivindica la necesidad tanto de un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política que sustantive el artículo 112 de la Constitución, como de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, desde el que desarrollar el ejercicio efectivo de derechos y libertades de oposición política. Es decir, se trata de salvaguardar una participación que otorgue seguridad jurídica plena a la igual concurrencia y disputa de las nuevas posiciones ideológicas que con la llegada de las FARC deben integrar un nuevo sistema partidista colombiano. Disputa que, de la misma manera, se hace extensible a organizaciones, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, tal y como reconoce el artículo 2.1.2.2 del Acuerdo de paz.

He aquí una de las grandes incertidumbres del Acuerdo, pues la falta de una efectiva paz territorial hasta el momento, unida a la intensificación de la violencia política producida por el vacío de poder de las FARC en el tablero del conflicto armado, ha traído consigo una sobreexposición de líderes sociales y activistas locales, hasta el punto que, solo el año pasado, fueron asesinados más de 120 activistas comunitarios. Una cifra nada desdeñable que, de partida, reivindicaría la prioridad que supone garantizar una real y efectiva protesta y oposición política y social en Colombia. Especialmente, si se cumple la hipótesis de Pécaut (2006), por la cual, superada una situación de control de la reivindicación social por parte de las FARC, que debilitó la emergencia de nuevos movimientos sociales, cabría esperar una tendencia creciente en cuanto a la aparición de nuevos movimientos sociales y elementos de protesta social y política una vez superado el conflicto armado.

Otro elemento significativo, indisociable de la participación política, tendría que ver con la creación y garantía de espacios mediáticos e informativos que visibilicen parte de este nuevo discurso político, tanto por medio de la concesión de radios comunitarias en aquellos enclaves más afectados por el conflicto, incorporando la democratización del espectro electromagnético, como abriendo espacios en emisoras y canales institucionales y regionales. Ello, a fin de reivindicar la necesaria atención de las demandas de los colectivos más afectados por el conflicto, pero también al objeto de producir y divulgar contenidos que fomenten una cultura de paz con justicia social y reconciliación.

Es decir, el Acuerdo busca establecer mecanismos que integren la necesidad de visibilizar ciertas necesidades insatisfechas en las regiones mayormente afectadas por el conflicto con la acción de problematizar y politizar las mismas en aras de fortalecer la democracia en clave municipal. De ahí, quizá, que el Acuerdo, en este punto segundo, enfatice la necesidad de empoderar a la ciudadanía en la esfera local, promoviendo tanto la participación ciudadana en el control y seguimiento de la asignación de recursos y su implementación, como la presencia activa en los niveles de planificación política. Una presencia articulada a través de unos Consejos Territoriales de Planeación con los que se busca integrar las iniciativas ciudadanas en el diseño de planes de desarrollo, pero también en los mecanismos de control social, seguimiento y rendición de cuentas.

Asimismo, lo más importante de este punto se encuentra en la instauración de mecanismos expresos que garanticen jurídica, financiera y electoralmente el partido político que surja tras la desmovilización de las FARC. Además de tratar prioritaria y diferenciadamente a aquellos contextos más excluidos y castigados por el conflicto armado, el Acuerdo incorpora la necesidad de proponer un mecanismo de reforma del régimen y de la organización electoral. Un cometido este que se desarrollará a partir de una misión electoral especial, integrada por seis expertos –mayoritariamente colombianos– seleccionados por el Centro Carter, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y a la que se sumará un miembro de la Misión de Observación Electoral.

Por último, y en la misma línea, a efectos de fortalecer la visibilidad de esos escenarios rurales invisibilizados por el conflicto, el elemento de mayor valor agregado del Acuerdo se encontraría en la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, que conducirían a la elección de 16 Representantes a la Cámara por un período de dos períodos presidenciales, hasta 2026. Lo expuesto, con la intencionalidad de integrar y dar voz en el Legislativo a personas de estos territorios, o desplazados por la violencia de los mismos, con la única salvedad de que la libre concurrencia electoral no pueda realizarse a través de partidos políticos con representación en el Congreso de la República ni por el partido que surja del tránsito de las FARC a la actividad política.

5. Fin del conflicto

El elemento más importante para poner fin al conflicto armado, denominado en el Acuerdo como Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, se condensa, conforme a lo recogido en el punto 3.1.4, en 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Zonas y puntos que deben servir como el entorno hacia el cual, una vez aprobado el Acuerdo de paz, los diferentes frentes y bloques de las FARC han de dirigirse, a través de rutas previamente consensuadas con el Gobierno. Las ZVTN son por ende el escenario en donde se deben de asumir las primeras iniciativas para el tránsito hacia la legalidad, acogiendo en campamentos no solo la dejación de armas sino desarrollando las primeras acciones de reincorporación de excombatientes de las FARC. De esta manera, las ZVTN fueron ubicadas en La Paz (Cesar), Tibú (Norte de Santander), Remedios, Ituango y Dabeiba (Antioquia), Planadas e Icononzo (Tolima), Buenos Aires y Caldono (Cauca), Policarpa y Tumaco (Nariño), Puerto Asías (Putumayo), Montañita (Caquetá), Filipinas (Arauca), Macarena, Mesetas y Vistahermosa (Meta) y El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare). Por su parte, los PTN que se fijaron fueron Fonseca (La Guajira), Anorí y Vigía del Fuerte (Antioquia), Riosucio (Chocó), Tierralta (Córdoba), Miranda (Cauca) y, por último, San Vicente (Caquetá).

Figura 1: Zonas Veredales de Transición a la Normalidad y Campamentos

Fuente: El Espectador (2017)

Cabría precisar derivado de lo anterior, que la totalidad de los puntos seleccionados son enclaves de imbricación de diferentes frentes e incluso bloques, al punto de poner de manifiesto qué lugares del país han sido los que de manera predominante han concentrado la presencia guerrillera de las FARC en los últimos años. Una consideración que evidenciaría a su vez el paulatino proceso de periferialización antes mencionado, que, con independencia de Antioquia, permite observar cómo las principales acciones y la presencia territorial de las FARC se concentró sobre enclaves alejados del centro, con condiciones mayormente selvática y/o montañosa, y con una marcada impronta fronteriza y cocalera (Ríos, 2016a). De hecho, suroccidente y nororiente, junto con Antioquia, como se puede observar en la anterior figura 1, condensarían tres cuartas partes de los 26 puntos fijados para la dejación de armas.

De los elementos más destacados de las ZVTN y PTN cabría señalar, por ejemplo, que las FARC son responsables de sus hombres dentro de las mismas, pudiendo ir armados, aunque, una vez que transiten por fuera, deban hacerlo sin portar armas y vestidos de civil. De esta manera, cuando se concentren los excombatientes de las FARC en las zonas y puntos veredales, se habrá de suspender las órdenes de captura sobre los mismos, lo cual no es óbice para que las FARC faciliten toda la información de los efectivos concentrados en estos enclaves. También será necesario aplicar una ley de amnistía prevista que, igualmente, afectará a los presos de las FARC que actualmente están en prisión y que deberán quedar libres a efectos de poder continuar con el proceso fijado de reincorporación civil del Acuerdo de Paz.

Es importante señalar que la comunidad internacional, y específicamente Naciones Unidas, debe asumir un rol de verificación continuo para garantizar el buen funcionamiento de estas ZVTN y PTN, así como lo relativo al transporte, manipulación, control, almacenamiento y depósito de armas para su dejación definitiva. Armas con las que está prevista la construcción de tres monumentos, por definir tripartitamente por el Gobierno, las FARC y Naciones Unidas, a efectos de conmemorar la paz y el fin de la violencia. De igual manera, está prohibido que haya personal civil dentro de estas ZVTN, toda vez que las autoridades civiles deben hacerlo sin portar armas, lo que no exime de la posibilidad de que la Fuerza Pública pueda intervenir en caso de necesidad justificada y siempre de Acuerdo a protocolos establecidos y previa información al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. De todas formas, conviene añadir que cada ZVTN dispone de un kilómetro de perímetro de distancia, definido como Zona de Seguridad, donde no puede haber presencia de Fuerza Pública.

El propósito de todo lo anterior no es otro que el de garantizar, desde el inicio de la implementación de los Acuerdos, una dejación definitiva de armas, la cual ha de desarrollarse de acuerdo a un sistema secuencial en el que a los tres meses de la entrada en vigor se debe entregar por parte de las FARC el primer 30% del total de sus armas; otro 30% en el cuarto mes y, por último, el 40% restante en el quinto mes de vigencia del Acuerdo.

La segunda parte de este tercer punto sobre fin de conflicto incorpora una suerte de acciones y medidas cuya principal finalidad es la reincorporación de las FARC a una vida civil en sintonía con sus intereses, aunque, como podrá observarse, se integran muchos componentes que tienen que ver sobre todo con participación política. En relación a esta reincorporación política tras la dejación de armas, las FARC han de constituirse como un partido político cuyas garantías de legalización, integración, participación y funcionamiento deben quedar plenamente satisfechas, en igualdad de condiciones con respecto al resto en cuanto a existencia, concurrencia o pérdida, si bien salvaguardando algunas excepciones por un período de diez años como, por ejemplo, el umbral electoral o el número mínimo de afiliados.

En lo que respecta a la financiación, en el Acuerdo se blinda plenamente la obtención de financiación pública, en igualdad de concurrencia, hasta las elecciones de 2026, garantizándose un valor del 7% del presupuesto para el funcionamiento de partidos y movimientos políticos hasta julio de 2022, y con el que se podrá en marcha un centro de pensamiento y formación política. De la misma manera, el Acuerdo prevé la preponderancia de mecanismos de financiación estatal para las elecciones de 2018 y 2022, salvaguardando un acceso equitativo a los medios y garantizando el referido mecanismo integral de seguridad para el ejercicio de la política.

Un aspecto a destacar, y que generó controversias entre los opositores al Acuerdo, es el hecho de que, con independencia del número de votos que las FARC obtengan electoralmente, se garantiza una representación institucional de mínimos, tanto en la Cámara como en el Senado. Es decir, las FARC se aseguran que el partido político al que den lugar tendrá al menos cinco congresistas y cinco senadores tras las elecciones de 2018 y 2022, y que podrán ser más en caso de que los resultados electorales así lo avalen. Sea como fuere, se trata de una cifra muy reducida, y nada comprometedora, si el Acuerdo se compara con otros procesos similares de tránsito de grupos armados a formaciones políticas que ofrece la experiencia comparada. Asimismo, a efectos no perder visibilidad política ni representación en la discusión y aprobación del componente normativo que dentro del Legislativo debe acompañar a la implementación del Acuerdo, las FARC dispondrán, hasta su formalización como partido político, de tres representantes en cada cámara.

En lo relativo a la reincorporación social y económica se puede apreciar en el Acuerdo la marcada impronta comunitaria que las FARC han conferido al proceso de negociación, en tanto que, además de que se pone de manifiesto hasta qué punto la reincorporación va a ser un reto para los mismos escenarios que fueron enclaves del conflicto armado, se evidencia la prioridad que se da a la desmovilización, a la reincorporación colectiva y a la promoción de mecanismos de inserción económica y laboral cooperativos y solidarios con marcada impronta rural.

El actor clave de todo lo señalado ha de ser la organización de la economía social y solidaria, denominada como Economías Sociales del Común –ECOMÚN, que se encargará de articular buena parte de la implementación del Acuerdo respecto de esta cuestión. De igual manera, se constituirá un Consejo Nacional de la Reincorporación –CNR–, que formado por dos miembros del Gobierno y dos de las FARC deberá definir las actividades y el cronograma, así como hacer el seguimiento a la implementación, sirviéndose para ello de Consejos Territoriales de Reincorporación definidos por el mismo CNR. Éste, entre otras atribuciones, estará encargado de definir la realización de un censo de necesidades socioeconómicas, que será llevado a cabo por la Universidad Nacional, y que debe facilitar el retorno a la vida civil de los excombatientes de las FARC, tanto a nivel individual como colectivo, así como la identificación de proyectos y programas sostenibles, frente a los cuales, ya se trate de actividades individuales o colectivas, cada excombatiente tiene derecho a percibir una renta de ocho millones de pesos (aproximadamente, 2.600 euros). Renta que, en cualquier caso, podrá integrarse en el fondo de proyectos colaborativos de las FARC, el cual será organizado desde ECOMÚN.

Por otro lado, el Acuerdo prevé que cada excombatiente de las FARC perciba durante 24 meses un 90% del salario mínimo mensual legal vigente, lo cual supone, aproximadamente, unos 16 millones de pesos (unos 5.200 euros) y siempre que, como se reconoce expresamente en el artículo 3.2.2.7, no haya otro vínculo contractual que genere ingresos. De igual forma, todos estos recursos son completados por las aportaciones a la seguridad social que, en ese tiempo, serán responsabilidad del Gobierno, y por un primer pago de 2 millones de pesos (650 euros), una vez que el excombatiente pase por la ZVTN. No obstante, conviene mencionar que esta cuestión generó una gran discusión entre los opositores al Acuerdo, por discutirse la pertinencia de que se asuman desembolsos, en forma de retribución (cuasi)salarial, por parte del Estado. Sin embargo, este tipo de elementos no solo son normales en procesos de estas características, sino que, igualmente, fueron negociados en otros procesos, como por ejemplo la desmovilización paramilitar de 2005, acontecida bajo la presidencia de Álvaro Uribe.

El capítulo sobre el fin del conflicto terminaría redundando en la cuestión política, fundamentalmente sobre la base de tres elementos que sirven de corolario a efectos de consagrar la efectiva participación política de las FARC dentro del escenario de posviolencia comprometido. Por un lado, se prevé un gran Pacto Político Nacional que, de manera integral, ponga en marcha todo un desarrollo legislativo de normas jurídicas en aras de garantizar como principios rectores del cambio político el respeto por los derechos humanos, el fortalecimiento del sistema fiscal, la garantía del efectivo monopolio de la fuerza pública del Estado, el enfoque territorial, diferencial y de género, además de la promoción de la participación política y la rendición de cuentas. Por otro lado, se plantea la creación de una Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus Redes de Apoyo, lo cual se orienta claramente hacia los grupos herederos del paramilitarismo y que son la principal amenaza a la construcción de paz en Colombia en general, y en particular, de la seguridad física de los desmovilizados de las FARC. Aspecto este por el que el artículo 3.4.7.4.3 añade la creación de un cuerpo de seguridad y protección de naturaleza mixta, y una instancia de alto nivel, interministerial, en la que se integra a los mandos superiores de la Fuerza Pública, con la que garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

6. Solución al problema de las Drogas Ilícitas

El principal asunto en cuanto a la solución de las drogas ilícitas pasa, imperativamente, y tal y como reconoce el Acuerdo, por un programa integral de sustitución de cultivos ilícitos pues si bien en 2013 la superficie cultivada era de 48.000Ha, en 2014 ascendía a 69.000Ha, en 2015 a 96.000Ha (UNODC, 2016) y, en 2016, terminó por duplicarse, llegando, prácticamente, a las 188.0000Ha4.

Efectivamente, la narcotización del conflicto colombiano, tal y como han expresado muchos trabajos como los de Henderson (2010), Pécaut (2008) o Ríos (2016a, 2016b), no puede desligarse de la comprensión de cuál ha sido la relación de los cultivos cocaleros con la evolución de la violencia transcurrida en los últimos años. De hecho, y como afirma Aguilera (2010), a principios de la década pasada el nivel de ingresos de las FARC provenientes de la droga ascendía a más de 1.300 millones de dólares anuales, lo cual, según estimaciones como las realizadas por Bejarano y Pizarro (2003) o la Junta de Inteligencia Conjunta (2005), llegó suponer aproximadamente la mitad, si no más, del total de ingresos de la guerrilla de las FARC.

Lo anterior, además de explicar la dependencia guerrillera respecto del cultivo cocalero, trae consigo el debate sobre la ineficacia de las políticas de aspersión con glifosato que predominaron, sin éxito, durante buena parte de la década pasada. Y aun cuando el uso de este tipo de fungicida resulta tóxico para la salud, los cultivos lícitos y el medio ambiente, Colombia ha sido el único país del mundo en utilizarlo, si bien tras más de un millón de hectáreas asperjadas no se han apreciado efectos destacables en la reducción de la superficie objeto de cultivo. Antes, al contrario, lo que se ha experimentado ha sido una reubicación estratégica de los cultivos, además de una intensificación de los mismos en enclaves nucleares de la producción cocalera, tal y como son los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá o Norte de Santander.

Empero, tenor de lo expuesto, es imprescindible entender que la sustitución de cultivos se trata de una prioridad tanto para la implementación exitosa del Acuerdo de Paz como para la seguridad pública en general, si bien se necesita de estímulos y mecanismos que desincentiven tanto la demanda como la misma producción cocalera. Algo que, hasta el momento, sigue siendo el punto más débil en el intento irresoluto de Colombia por mitigar el impacto de su producción cocalera y su integración en las cadenas de procesamiento del narcotráfico. Es más, este punto puede ser de suma importancia en cuanto a comprender una posible intensificación de la violencia directa producida por los grupos armados al margen de las FARC, habida cuenta de que sin el control de estos enclaves cocaleros y sus rutas, lo más posible es pensar en un recrudecimiento de la violencia armada por la disputa que el ELN y los grupos herederos del paramilitarismo van a protagonizar en su intento por controlar este tipo de escenarios de alto valor agregado.

Un punto de partida inicial destacable es que, por primera vez, y de manera oficial, las FARC reconocen que el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. A tal efecto, puede señalarse que el Acuerdo de paz integra una serie de principios transversales entre los que destacan dos por encima del resto. Primeramenre, la mitigación del impacto de la superficie cocalera se subsume dentro del programa de reforma rural integral, de manera que de lo que se trata es de integrar en la promoción de cultivos alternativos a todos aquellos cultivadores que forman parte de la cadena de cultivo y producción cocalera, indisociable del conflicto armado. En segundo lugar, se plantea expresamente que, ante todo, se salvaguarda el principio de sustitución voluntaria, sostenible, participativa, diferencial y adecuada a las necesidades y demandas de las comunidades rurales locales. No obstante, esto no es óbice para que, llegado el caso, y de no haber transformación al efecto, el Estado pueda plantear mecanismos de erradicación forzada.

De este modo, en tanto que se hace ampliable de los beneficios de la reforma rural integral a las comunidades cocaleras, el Acuerdo prevé que se extiendan no solo los mismos puntos de asesoramiento jurídico y técnico que se encuentran en el punto primero, sino que el resto de aspectos tales como la formalización de la propiedad, la adecuación de tierras, los estímulos a la economía solidaria o la provisión de bienes y servicios públicos sean igualmente provistos. Todo, a efectos de incentivar el abandono de los cultivos cocaleros del país

Por último, el Acuerdo enfatiza la necesidad de incrementar las medidas de presión sobre la producción y comercialización de narcóticos, con el propósito de articular respuestas más efectivas en cuanto a problemas como el lavado de activos y el crimen organizado, destacándose el compromiso por fortalecer la judicialización efectiva de los responsables de este tipo de delitos y problematizar este aspecto regionalmente. Lo planteado, a fin de entender que, dada la naturaleza trasnacional del problema, resulta imprescindible articular políticas consensuadas en la región, las cuales, según el Acuerdo, serán promovidas a partir de varios organismos multilaterales como la OEA, la CELAC y la UNASUR.

7. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto

El último punto del Acuerdo de la negociación entre las FARC y el Gobierno colombiano es el que se corresponde con la atención a víctimas y el sistema de justicia transicional. Este componente, junto con el de participación política, es el que se entiende como más importante a fin de garantizar un efectivo proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil, toda vez que se trata de uno de los puntos más problemáticos y que más oposición encontró entre los enemigos del proceso.

Sin embargo, para comprender mejor lo negociado entre Gobierno y FARC, se puede destacar que, desde la constitución del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional en 1998, del más de medio centenar de grupos armados desmovilizados en el marco de los conflictos internos, ninguno de ellos, y en sentido estricto, sus integrantes, fueron objeto de privación de libertad o aplicación de la jurisdicción ordinaria, más allá de las excepciones a la lesa humanidad que, en cualquier caso, se reconocen también en el caso colombiano.

Así, el Acuerdo de paz integra diez principios rectores que van a quedar reflejados transversalmente en todo el desarrollo del punto de negociación: 1) reconocimiento de las víctimas; 2) reconocimiento de la responsabilidad; 3) satisfacción de los derechos de las víctimas; 4) participación de las víctimas; 5) esclarecimiento de la verdad; 6) reparación a las víctimas; 7) garantías de protección y seguridad; 8) garantías de no repetición; 9) principio de reconciliación; y, finalmente, 10) enfoque de derechos.

El componente central desde el que busca satisfacer todo lo anterior es lo que el Acuerdo denomina como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y que se desarrolla conforme a tres pilares fundamentales: la creación de una Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la conformación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; y una Jurisdicción Especial para la Paz, sustantivada a su vez por un conjunto de medidas específicas para la reparación.

En cuanto a la Comisión de la Verdad, ésta forma parte del sistema de reparación de víctimas sobre la base de tres objetivos fundamentales, que son: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido; promover el reconocimiento de las responsabilidades en el marco del conflicto armado y, en fin, favorecer la convivencia, la reconciliación y la cultura de paz en términos de inclusión y tolerancia democrática. Esta Comisión de la Verdad, como sucediera en otras lecciones exitosas que arroja el continente, como los peruano o guatemalteco, debe centrarse en garantizar la participación de las víctimas, actuando de manera transitoria e imparcial, salvaguardando los principios rectores de enfoque diferencial ya mencionados y promoviendo la reconciliación. Lo anterior, en tanto que, como señala Galtung (1990, 1998), se trata de la medida que asegura la reparación simbólica de las víctimas y que, en un proceso de normalización de la posviolencia, resulta como piedra angular para el perdón y la recomposición del tejido social afectado por el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad, por ende, debe encargarse de esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas que hayan constituido violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tanto si son el Estado y las FARC los responsables, como si lo es cualquier otro grupo vinculado al conflicto. Además, tiene que visibilizar otras causas y consecuencias del conflicto, como el desplazamiento forzado, las dinámicas estructurales de origen y evolución del mismo, la responsabilidad del Estado, el fenómeno paramilitar en su máxima expresión o la afectación no solo a la esfera político-democrática sino, igualmente, a la individual-familiar de las víctimas de la violencia.

Metodológicamente, este tipo de Comisiones funcionan con audiencias públicas a nivel nacional y territorial, con enfoques temáticos e institucionales en los que, de manera individual y colectiva, se recogen voces que invitan, con ello, a la reflexión colectiva. Asimismo, impulsan espacios de reconocimiento de la responsabilidad, explicaciones de lo sucedido y ejercicios de perdón y reconciliación para concluir con un informe final que se presenta de manera pública al conjunto de la sociedad afectada por el conflicto. Su funcionamiento, financiado completamente por el Gobierno, se organizará según el artículo 5.1.1.1.5 del Acuerdo en 11 comisionados y comisionadas que serán escogidos por la misma instancia que debe elegir a los magistrados que formarán parte de la justicia transicional, pudiendo ser hasta tres de ellos extranjeros, y teniendo hasta tres años para concluir el informe.

Por otro lado, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto tiene como cometido obtener toda la información posible para construir el universo de personas dadas por desaparecidas del conflicto para, así, adelantar los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de los restos de las mismas; lo cual obliga, además, a que su actuación se coordine con la Comisión de la Verdad y con las familias de las víctimas. También, el Acuerdo de paz prevé que sus informes periódicos sean cada seis meses y sus actividades, con independencia de lo anterior, sirvan para realizar e implementar un registro de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, siendo esta Unidad formada a partir de candidatos propuestos a instancia del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

Por último, queda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se trata del pilar de la justicia transicional del conflicto armado colombiano, y cuya vigencia está prevista por un período de diez años, extensibles cinco más para la conclusión de sus labores jurisdiccionales, a partir de que se encuentre plenamente conformada. Esta JEP ha de ser la encargada de resolver tanto de las acusaciones a instancia de parte que se planteen ante la Unidad de Investigación y Acusación, como de las cuestiones que sean instadas de oficio por la misma Jurisdicción.

Entre los aspectos más significativos cabe añadir que su acogimiento exige los deberes de aportación de verdad plena, reparación a la víctima y garantía de no repetición, los cuales se amparan, a su vez, en el compromiso de otorgar la amnistía más amplia posible de parte del Estado, por cuanto tales amnistías e indultos son posibles desde un punto de vista constitucional cuando derivan de un delito de rebelión o de delitos conexos, y siempre que no se vulnere lo recogido en el Estatuto de Roma. Sea como fuere, la amnistía no es óbice para la contribución a la verdad y, por tanto, su acogimiento tiene como imperativo la participación activa de los excombatientes de las FARC en este proceso. A tal fin, es importante señalar que el narcotráfico es considerado como un delito conexo individual y, por tanto, exonerado de la jurisdicción ordinaria, siendo ésta una circunstancia fuertemente criticada por la oposición, aunque coherente si se entiende que la longevidad del conflicto armado en Colombia va ligada a la financiación que las FARC obtuvieron del negocio de la droga.

Todo el sistema de justicia transicional queda organizado básicamente en torno a cinco elementos: una Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas; un Tribunal para la Paz, que es el organismo central de este tipo de justicia; una Sala de Amnistía o Indulto; una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para los casos diferentes a los literales anteriores o supuestos no previstos y, por último, una Unidad de Investigación y Acusación, encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad.

En relación a lo planteado, un elemento controvertido que conviene señalar de todo este aparato de justicia transicional reposa sobre el hecho de si hay o no condiciones de impunidad para los delitos más graves. Delitos que, huelga señalar, se encuentran garantizados literalmente en el Acuerdo por penas privativas de libertad de 5 a 8 años, bajo la exigencia imperativa de participación activa del acusado frente a los derechos de verdad, reparación y no repetición pues, de no darse satisfactoriamente, el tiempo de la condena se extiende a penas de entre 15 y 20 años.

Quizá un aspecto criticable es la poca presencia de la comunidad internacional al respecto, que, además, resultó reducida significativamente con respecto al primer Acuerdo. Por ejemplo, el Tribunal para la Paz queda netamente conformado por magistrados colombianos, con un número mínimo de veinte, a los que se suman cuatro juristas extranjeros en calidad de amicus curiae. Igualmente, la Sala de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz queda compuesta por 18 magistrados, a los que se añaden seis amicus curiae extranjeros, haciendo que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz quede integrada por un mínimo de 16 fiscales, todos de nacionalidad colombiana.

Quizá, la mayor diferencia con respecto al primer Acuerdo de paz que fue rechazado en referéndum el 2 de octubre es que si bien en el primer caso las sentencias de esta jurisdicción eran firmes y tenían efecto de cosa juzgada, cerrando per se jurisdiccionalmente el conflicto, en el Acuerdo definitivo se aprecia una sustancial modificación en la medida en que permite, por ejercicio del derecho de tutela, recurrir sentencias de la JEP frente a la Corte Constitucional. Esto representaría en sí una amenaza frente a una eventual politización de la justicia colombiana y la natural excepcionalidad que se atribuye a los modelos de justicia transicional.

8. Implementación, verificación y refrendación

El Acuerdo de paz establece que el Gobierno Nacional sea el principal responsable de su correcta implementación, lo cual convierte al Acuerdo mismo en una suerte de hoja de ruta desde la cual se deben dirigir políticas públicas que transformen estructural e institucionalmente el país. Gobierno y FARC trabajarán de la mano en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos acordados, aunque en la segunda edición del mismo se añadió la cláusula de que las FARC asuman un ejercicio de declaración de sus bienes activos para que estos puedan ser utilizados en la reparación de las víctimas. Algo que, no obstante, hay que precisar muy bien para que no se desdibuje en una especie de lavado de activos al servicio de la paz, pues ese dinero habrá que monetizarlo e incluirlo en el presupuesto público bajo un proceso tan transparente como legítimo y legal.

Igualmente, se establece un Mecanismo de Verificación compuesto por una representación internacional, donde cada uno de los países garantes y acompañantes –Cuba, Noruega, Venezuela y Chile– tendrá un representante, y un elemento técnico que, expresamente, recae sobre el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, y que es el encargado de constituir una metodología que traduzca en indicadores el Acuerdo de paz y permita hacer un seguimiento al nivel de cumplimiento. Un nivel, en cualquier caso, estrictamente cuantitativo que puede (y debe) ser objeto de posibles mejoras a nivel cualitativo pues, por ejemplo, y en conformidad con la propia metodología de este Instituto, si se revisa el nivel de cumplimiento de los Acuerdos de Chapultepec, que ponían fin al conflicto de El Salvador, se puede observar cómo estos desarrollaron más de un 90% de los compromisos adquiridos por Gobierno y guerrilla. Una realidad que contrasta con el hecho de que El Salvador hoy en día, sin guerrilla y sin conflicto armado, sea un país mucho más violento que hace tres décadas, lo cual invita cuando menos a la reflexión sobre la calidad de lo implementado. Finalmente, también se prevé que se solicite a Naciones Unidas una misión política con la que constatar la reincorporación a la vida civil de las FARC y la garantía de la efectiva puesta en marcha de las medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

9. Conclusiones

Con base en lo expuesto se pueden apreciar diferentes consideraciones que es importante traer a colación para entender el alcance y significado del Acuerdo de paz que en Colombia han suscrito la guerrilla de las FARC y el Gobierno. Efectivamente, este Acuerdo de paz, y a expensas de que se avance igualmente con el ELN, pone fin al último reducto de la Guerra Fría en América Latina, cuya vigencia ha superado el medio siglo y traído consigo decenas de miles de muertes y desapariciones. Y es por esto que, desde la resolución de conflictos y la investigación para la paz, siempre resulta más deseable una paz imperfecta que cualquier guerra perfecta, tal y como sucedió en Colombia durante las últimas décadas. Sin embargo, y como ha recalcado en varias ocasiones el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, a cuya cabeza se encuentra el reconocido académico John Paul Lederach, lo cierto es que el Acuerdo de paz de Colombia puede decirse que es el mejor Acuerdo de paz firmado, sin atisbo de duda, desde 1989.

Y ello porque, como se ha podido observar, los principales pilares del fin del conflicto en Colombia comportan importantes elementos de descentralización, participación ciudadana, democracia local y pluralismo político, a los que se añade un componente de dejación de las armas y de justicia transicional que, profundamente detallados, ofrecen serias garantías para que de llevarse a cabo íntegramente Colombia afronte con éxito el proceso de normalización política y económica, y de recomposición del tejido social que representa el posconflicto armado.

No obstante, las amenazas al Acuerdo siguen siendo muchas, pues el sometimiento a plebiscito para la ratificación de los Acuerdos de paz el 2 de octubre de 2016, y que se saldó con una negativa muy ajustada por parte de la población colombiana, diezmó la fortaleza con la que inicialmente se podía entender el cese de las hostilidades y el apoyo a los compromisos adquiridos entre las FARC y el Gobierno. A ello se suma el hecho de que la sociedad colombiana actual transita entre una cultura política desafecta, poco interesada por los asuntos de la política –dos de cada tres colombianos no participaron del plebiscito–, y una polaridad ideológica que hace del sistema político y personalista colombiano un modelo cada vez más centrífugo entre los que apoyan y rechazan el Acuerdo. De hecho, es seguro que la derogación de parte de los mismos sea objeto de campaña electoral, por ejemplo, entre los sectores más escépticos con el Acuerdo en el marco de las próximas elecciones presidenciales del verano de 2018.

Asimismo, la ambición del Acuerdo de transformar profundamente parte del diseño estructural e institucional del Estado colombiano va a requerir de un nivel de compromiso y decisión que, dada realidad política de Colombia, puede invitar al desánimo si desde el principio no se cumplen y garantizan los primeros intercambios cooperativos adquiridos por las partes involucradas. Ello, unido a la incidencia de la violencia de los grupos pos-paramilitares y a las dificultades por las que previsiblemente transitará el proceso de negociación con el ELN, puede afectar igualmente al proceso de posconflicto armado con las FARC y al descrédito y frustración de buena parte de la población civil colombiana.

Sea como fuere, este proceso de abandono de la violencia como forma de resolver el conflicto político, y que, apuesta por utilizar la democracia y las urnas como elemento de disputa, va a exigir no solo al Gobierno y a las FARC, sino al conjunto de la sociedad colombiana, un ejercicio de responsabilidad que ojalá pueda conducir a cerrar una herida de guerra que durante décadas dejó a demasiadas personas en el camino. De cómo tenga lugar todo esto dependerá el afianzamiento de las bases del nuevo Estado que, en principio, debe surgir en Colombia a partir de la implementación estricta de este Acuerdo.

Grabado del taller de Alberto Urdaneta para el Papel Periódico Ilustrado, 1887

Ensayo sobre la situación actual de los Estados colombianos-1.

Por Florentino González (1805-1874)

Desde que la revolución francesa, despertando á los pueblos del adormecimiento de que yacían bajo el despotismo de los monarcas, los puso en la vía de su regeneración, el mundo entero ha experimentado una ajitación saludable, en medio de la cual se han discutido i sancionado los sanos principios de gobierno; i la libertad, la civilización i las mejoras de todo jénero han hecho progresos asombrosos. Los tronos de los monarcas han sido rodeados sucesivamente de la representación popular; i los Reyes, gobernando con los consejos de la democracia, al mismo tiempo que han consultado los intereses de la sociedad, han robustecido su poder, fundándolo sobre la única base sólida que puede reposar: la soberanía del pueblo.

Allá en Europa, la transicion de la monarquía á la democracia se efectúa conservando á las tradiciones su prestijio y las apariencias de su poder; i sin embargo esta transición no se hace sin oscilaciones peligrosas, sin que la jeneracion que funda el porvenir para la que la ha de suceder tenga mucho que sufrir.

Acá en América, la transición aparentemente se ha efectuado de una manera repentina. A la monarquía sucedió la democracia en el nombre, i empezamos á hacer ensayos e las prácticas democráticas, quitando su prestigio a los nombres que representaban las tradiciones, pero dejando á estas su funesta influencia sobre la sociedad. Cambiaron los nombres de los gobernantes, pero el Estado que se llamó República fue gobernado realmente con las instituciones monárquicas de sus antiguos dominadores. Se han hallado en contradicción, por consiguiente, los nombres con las cosas, las ficciones con la realidad; i la sociedad desconcertada ha buscado en vano la mejora que el cambio efectuado prometia.

En Europa, pues, el pueblo ilustrado ha introducido en el Gobierno las prácticas democráticas bajo el nombre de la monarquía, i en América han continuado las prácticas monárquicas bajo el nombre de la democracia.

Esta ha sido una decepción, en Europa para los Reyes, en América para los pueblos.

Mas una decepcion no puede durar largo tiempo. Los Reyes i los pueblos se ha apercibido de ella, i ha empezado una lucha, que no terminará hasta que no desaparezcan las ficciones, i los gobiernos representen la verdad.

Vamos a llegar á la mitad del siglo 19, del siglo de las reformas, del siglo en que empiezan a desaparecer las rutinas consagradas por el tiempo, i el entendimiento humano se eleva sobre lo que existe para buscar con sus inmensos recurso una mejor existencia futura. El mundo entero está en movimiento, el clamor por las reformas es general; ha llegado el dia en que se ha reconocido que las cosas no deben continuar como están solo porque así han existido. Se acerca la época en que de establecerse el reinado de los principios de la verdad, mas temprano para los mas cuerdos, mas tarde para los que pretendan fundarlo con la violencia.

Contemplemos, pues, la situacion de las Repúblicas colombianas, i veamos con la calma reflexiva de la imparcialidad i la prudencia lo que nos conviene hacer, para llegar mas pronto al fin que se proponen estas sociedades.

La Nueva Granada, Venezuela i el Ecuador componian la gloriosa Colombia. La Nueva Granada, con una poblacion homojénea, digna de tener una participación activa en todos los actos del gobierno democrático, porque los intereses de sus habitantes son iguales, se dio una Constitucion democrática que, por medio del sufragio, proporcionó á todos los granadinos aquella participación. Venezuela, con una poblacion heterójenea, cuyos miembros no pueden tener intereses iguales, se dio tambien una Constitucion democrática, i concedió con ella una participacion igual en el gobierno á las diferentes clases de que se compone aquella poblacion. El Ecuador avasallado por un extranjero, se dio, bajo la influencia de esta, instituciones que consagraron el ilotismo de la clase indígena; i dando parte en las elecciones á los antiguos señores de ella, estableció una verdadera oligarquía.

He aquí el punto de partida de las tres naciones colombianas. ¿Cuál es la influencia que lo hecho entonces ha tenido n su carrera política i en el estado en que se encuentra, i que convendría que hicieran para mejorar su condicion?

En los gobiernos democráticos, la mayor ó menor estension (sic) del voto en las elecciones es de una influencia inmensa en la suerte de la sociedad. El sufragio es todo en la democracia moderna; porque el sufragio es el que encarga á ciertos hombres del cuidado de gobernar á los demás. Así es, pues, que una constitucion será mas ó menos democrática según que amplie ó restrinja el derecho a votar.

En Venezuela la Constitucion concede el derecho de sufragio con una mui grande extension. Venezuela tiene una poblacion compuesta de dos razas enemigas, de las cuales la una oprimió á la otra por largo tiempo. La raza que fué oprimida está en mayoría en aquél país, i goza del derecho de sufrajio por la constitución. Es, pues, evidente que con el tiempo había de triunfar en las elecciones, i llamar al poder hombres que representasen sus opiniones é intereses. Mas como esta opiniones i estos intereses están en contradiccion con los de la raza que se halla en minoría, esta ha concebido temores de que, si no se hace un cambio en las instituciones, la minoría venga á ser oprimida, tal vez degollada por la mayoría. Quieren, por consiguiente, los unos que se restrinja el derecho de sufrajio, i resisten los otros tal innovación.

He aquí la cuestion de principios que divide a Venezuela, he aquí el origen de la calificación de Oligarcas o Demócratas entres sus habitantes.

¿Quién tiene la razón? En un país en que se han planteado instituciones democráticas, que conceden una participacion mui extensa en los negocios públicos á todos los habitantes, no hai duda que la mayoría tiene razón en oponerse á que se le limite esta participacion. Su oposicion es evidentemente justa, i no hai razones para disputarle el derecho de mantenerse en el uso de lo que posee. Si, pues, esta participacion es perjudicial, culpa es de los que fundaron las instituciones, que la dan á individuos que no pueden tenerla con ventaja de toda la sociedad.

En efecto, creo que al sancionar la Constitucion venezolana, los ilustres republicanos que la formaron, seducidos por su amor á la libertad, no consideraron con atencion que las instituciones que fundaban, buenas para un pueblo homojéneo, podían prepara funestas catástrofes en una nacion de poblacion heterojénea. Apercibiéronse de ello dentro de poco, i usando de la habilidad inherente a la ilustracion de la clase que fundó aquel Gobierno, han procurad neutralizar la influencia que las disposiciones consagradas en la Constitucion podían tener contra aquella clase. De aquí la proteccion decidida que se ha dado a la inmigracion, de aquí las ventajas que se han concedido a los extranjeros de raza caucasa que se establecieran en el pais.

Como entre los hombres de la minoría se hallaban los militares de mas nombre, las capacidades científicas i políticas, i la jente de fortuna, á pesar de que otra raza se hallaba en mayoría, el poder público siempre recayó en las notabilidades de la minoría. Estos hombres han usado de él indudablemente de una manera ventajosísima para aquella tierra. Débese á su ilustracion i patriotismo e que Venezuela haya llegado al grado de prosperidad que habia alcanzado en 1845; i seria una injusticia vituperar su conducta.

A los hombres que han tenido el poder en sus manos, desde 1830 hasta 1846, se debe la abolición del diezmo, del monopolio del tabaco, i de los derechos diferenciales; la libertad de cultos, la fundacion de un régimen municipal, el arreglo de la administracion de justicia, el sistema monetario, la libertad de exportacion, la inmigracion i tantas otras medidas que han dado reputacion, honor i gloria a Venezuela entre las naciones civilizadas.

Decir que los hombres de la raza de la minoría, que han tenido el Gobierno en sus manos no han procurado el bien de aquella sociedad, i no han hecho todo lo que era posible para sus adelantos, seria desconocer las verdades mas evidentes, seria no querer ver con la luz del día. Ellos llenaron su mision con honor i patriotismo; i bajo la influencia de las buenas medidas que dictaron es que la clase proletaria, la clase que habia vivido oprimida, se ha ilustrado, ha empezado á enriquecerse, i con los medios que le dan esta ilustracion i esta riqueza sostiene hoy sus pretensiones. Debe al buen gobierno de aquellos hombres el hallarse en situacion de hacerse vale, i no deberia desconocerlo para recompensarlos con una ingratitud.

No pretendo que los hombres que gobernaron hasta 1846, no hayan cometido faltas. Han incurrido en algunas mui graves, que introdujeron una escision entre ellos mismos.

En la contienda de 1835 á 1836, aunque los vencedores, con pocas escepciones, tuvieron la moderacion de no derramar la sangre de los vencidos, no hubo en las transacciones que terminaron la lucha, toda la buena fé que debe garantizar á un Gobierno. A causa de esto, quedaron resentidos los caudillos de aquella reaccion militar; i aunque por lo pronto este resentidos los caudillos de aquella reacción militar; i aunque por lo pronto este resentimiento no tuvo ningun efecto, por el ostracismo á que fueron condenados los vencidos, mas tarde ha venido á producir sus resultados, porque siempre los hechos de esta naturaleza tienen consecuencias.

Restablecida la paz pública, los hombres de la raza que está en minoría continuaron por algún tiempo unidos, i el porvenir empezó a presentarse de nuevo con colores halagüeños. Mas el resentimiento causado por una destitucion volvió de nuevo á introducir la división. La víctima de esta destitución se proveyó de una imprenta, i empezó una compañía tipográfica contra la Administracion.

Para hacer con suceso la guerra, el caudillo de la oposicion llamó en su apoyo las pretensiones de la clase que está en mayoría, las proclamó con calor, i las adornó con los atavíos de la libertad y la democracia. Así empezó á prepararse la crisis presenta, cuyo término es mui difícil prever; así un ciudadano de la clase de la minoría preparó su ostracismo decretado por esta, i creo que ha preparado para mas tarde su suplicio, que decretará la mayoría á quien se adhirió.

Las pasiones enjendraron oposicion, i con pasiones talionaron los gobernantes. Estos, para reforzarse en el poder, favorecieron extraordinariamente a los hombres mas ricos i notables de la raza de la minoría, i escluyeron de sus favores á la otra clase. El dinero de los bancos, los empleos de lucro i de confianza fueron acordados á ciertas personas; i la sociedad venezolana se encontró perfectamente deslindada en dos clases que la componen, que todavía no se habían presentado luchando ostensiblemente. Un mal paso trae a otros, i el Gobierno i la oposición dieron muchos i mui falsos, hasta llegar a la época en que debiera decidirse la cuestión por medio de la elección del Presidente.

La oposicion i el gobierno redoblaron sus esfuerzos para obtener el triunfo, con el designio de que vinieran al poder hombres que reformase las instituciones de acuerdo con sus exigencias. Mas los partidos no se limitaron á luchar dentro del campo de la legalidad. La oposicion tomó las armas, i trató de hacer valer por medio de ellas sus pretensiones.

El peligro reunió temporalmente á todos los individuos de la clase de la minoría; i como la inteligencia, la fortuna i el valor estaban de su parte, triunfaron en pocos meses de sus adversarios, i la eleccion se hizo en el candidato que aquellos designaron. Se hizo esta eleccion pro la influencia de todo lo mas notable é ilustrado de Venezuela; i el candidato de la oposicion fué juzgado i condenado á muerte.

Este juicio es una mengua para la llamada clase oligarca, i este juicio es el principio de los desaciertos que han traido la crisis actual. Se condenó a muerte al caudillo de la oposicion fundando el fallo en los artículos que habia publicado en el periódico, i calificándolo como reo de rebelion por escritos que no fueron acusados como sediciosos cuando se publicaron, agregando únicamente ciertas circunstancias que no pueden calificarse como criminales.

El error de tal juicio fué reparado por el presidente, i el que esto escribe no dejó de tener alguna parte en esta reparacion, porque oportunamente escribió á Caracas acerca del disparate cometido por el juez, i sabe que sus reflexiones no dejaron de tenerse en cuenta.

La conmutacion de la pena de muerte fulminada contra el caudillo de la oposicion, irritó á la clase aristócrata, i desde luego empezó una oposicion violenta contra el Presidente.

Este, que se habia rodeado de ministros que eran aceptables á la aristocracia, se deshizo de ellos, i buscó los ajentes de la Administracion entre los resentidos por los sucesos de 1835 i 1836, i entre los que se habian adherido manifiestamente o con sus simpatías privadas á la última rebelion.

Creció el furor de la oposicion, i creció con el favor que el Presidente condecia á sus partidarios; i vino á suceder, que los que lo habian elevado formaron una banderia, i él formó otra con los rebeldes perdonados. Entónces, los resentidos de 1835 i 1836 se unieron al Presidente para vengarse de los que los habian proscrito; i ha venido a suceder que la raza que se halla en minoría en Venezuela, está acaudillando á la raza que está en mayoría, que, si triunfa, es probable que degüelle a sus caudillos, igualmente que a sus adversarios.

Los dos bandos pelean hoy sin razón, en mi concepto, i parece que no hai que esperar término á la lucha sino es por la fuerza.

Miéntras la mayoría, por la imprenta i por las elecciones, promovia que se le mantuviese en el derecho de tener participacion en el gobierno, la razón estaba de su parte, i podia haberla hecho valer. Mas desde que los que acaudillan esa mayoría han degollado a los Representantes del pueblo, porque usaban de un derecho que les da la Constitucion que pretenden defender, han perdido la razón i no pueden ya fundarse en otra cosa que la violencia. El atentado del 24 de Enero rompió los títulos de los que se llaman demócratas, i creó en la clase de la minoría el derecho de defenderse, i de buscar el establecimiento de instituciones que garanticen á todos los individuos de una Nación el goce de las ventajas sociales; pues si es cierto que una mayoría tiene el derecho de no dejarse oprimir por una minoría, también lo es que la minoría tiene el derecho de no dejarse degollar por la mayoría.

Esta es, en mi concepto, la cuestion actual. La mayoría se queja de que la minoría la ha oprimido; i para restablecerse en la posicion la que se cree con derecho por las instituciones democráticas, empieza por degollar á los miembros del Cuerpo lejislativo, que pertenecen á la clase que está en minoría.

La mayoría dice que se la quiere esclavizar, i que para ello se trama el cambio de las instituciones republicanas; i la minoría ha cometido la indisculpable falta de dar lugar á estas sospechas, con la acojida favorable que le dio al Jeneral Florez. Esta ha sido una debilidad imperdonable; pero comun á los partidos, que por consultar á los apuros del momento, se entregan en manos de quien mas tarde los ha de conducir á la perdicion. Siento que tal debilidad haya tenido lugar entre los hombre de distinguido talento i grande valer, porque es una mengua que Florez haya sido acogido con favor por jente en quien late un corazon americano. Verdad es que contrarios incurrieron en la misma falta, pues el Presiente i los de su séquito también fueron á rendir homenaje al héroe que viaja buscando quien le ayude á ser traidor.

Se verá, pues, que de una i otra parte ha habido errores i faltas, que los errores i las faltas han traido al fin la guerra civil, en que las dos clases en que se divide la poblacion de Venezuela luchan por el poder, i lucharán con un furor de que ha habido ejemplo en las contiendas anteriores.

¿Quiénes son los combatientes? De un lado la raza caucasa, ménos fuerte en número; pero mas poderosa en luces i riqueza. Del otro la raza africana acaudillada por algunos individuos de la otra raza, que serán degollados por los que los siguen el dia que les hayan proporcionado el triunfo. Estos son los hechos, velados hasta hoy en otras apariencias, pero patentes ya para los que examinan la cuestion con conocimiento de aquel pais.

Ahora bien, los hombres que han removido en la raza africana las pasiones democráticas, no pueden permanecer como caudillos de aquella raza. Su color desmiente las pretensiones que sostienen, su color predispone contra ellos á los individuos que les obedecen, su color es una prueba en el proceso de muerte que se sigue en esta contienda, como no tardara en decirlo el tiempo en la secuela de la desastrosa historia.

El hombre que ha dominado en aquel pais tantas situaciones dificiles ¿podrá dominar la presente? Creo que sí; mas para ello es necesario que ponga al abrigo de toda clase de sujestiones perjudiciales, i principal mente contra la que tenga por objeto cambiar las instituciones republicanas. En América no hai más Gobierno posible que la República, ni debe haberlo; porque la República bien establecida es el Gobierno con mas economía i mayores garantías consulta el bienestar de las sociedades, i si algunas monarquías prosperan, es porque han amalgado al trono las instituciones republicanas.

Verdad es que la situacijn presente es mas difícil que toda las que hasta ahora se han presentado. Pero mientras mas difícil sea ella, mayores razones tendrán los que la sufren para buscar los medios de ponerle término. Por consiguiente, si á los que se hallan divididos, si á los que buscan la proscripción de unos i la elevacion de otros, como medio para terminar la contienda, se les presenta algo que pueda reunirlos, es probable que depongan el furor que tan encarnizado se manifiesta, i se reunan en torno de los que los ha de salvar. Los principios son la única áncora de salud; ellos solos no son susceptibles de los diferentes matices que las pasiones dan á los bandos. Manténgase fiel á los principios el caudillo que ha emprendido reparar el ultraje hecho á la representacion nacional con el crimen del 24 de Enero, i el triunfo aunque tardío, será seguro. Las instituciones democráticas pueden conservarse en Venezuela, a pesar de la heterogeneidad de la poblacion.

Los principios están del lado de los que han desconocido los actos de un congreso diezmado por el asesinato, i que delibera bajo la cuchilla de los asesinos. Los principios no reconocen esta especie de legislatura, no admiten la tiranía velada con las formas de la libertad. No puede, pues, reconocerse el derecho de ser obedecido en el bando que acaudilla el Gobierno, i la insurreccion está lejitimada en los que lo han desconocido.

Más los que así se ha puesto en armas, guárdense de dañar su causa con la adopcion de medios reprobados para triunfar, guárdense de aceptar en sus filas á los que, prevaliéndose de lo extravíos de la democracia, los toman como pretesto para proscribir la República. Esto no haría mas que agravar los males, i justificar las violencias iniciadas el 24 de Enero.

Sigamos ahora con Ecuador en sus revueltas infructuosas, desde que un extranjero, engañándolo con las formas constitucionales, estableció en realidad una aristocracia militar, al frente de la cual gobernó á su arbitrio la Nacion.

En aquel país los beneficios del Gobierno republicano no han sido nunca gustados por el pueblo. La masa de la poblacion, de raza indígena, ha continuado en la misma condicion en que se hallaba bajo el Gobierno peninsular, i ninguna participacion ha tenido en los actos del Gobierno democrático, que solo existió en el nombre hasta 1845.

El jefe del Gobierno, rodeado por militares extranjeros, dispuso siempre á su agrado de las elecciones, i dictó las disposiciones legislativas á los representantes en cuya elección habia influido. No se hizo otra cosa que bastardear el Gobierno representativo, i tratar de mantener, bajo la apariencias de la libertad, la realidad de la tiranía.

Algunos ciudadanos jenerosos concibieron desde luego el designio de libertar á su patria de la opresión que sufria, i proporicionarle los beneficios del Gobierno republicano; mas sus esfuerzos terminaron en las catástrofes sangrientas de Quito, en que murió Hall, i de Miñarica, en que fué destruido el ejército popular.

El artero jefe de aquel Gobierno logró seducir al caudillo de la oposicion, i se vió al mismo hombre que había emprendido la defensa de los fueros populares al frente del gobierno, sosteniendo los atentados que habia combatido, i afianzando el poder del guerrero que habia escojido su nombre para matar la decepcion de los celos republicanos.

Gobernó un ecuatoriano por cuatro años; i entretanto que el nombre de este Ecuatoriano llamaba la atención pública i la adormecia en la confianza á los incautos, el astuto extranjero preparaba su vuelta al Gobierno y afianzaba su poder sobre un ejército que le era enteramente devoto.

Pasó el período de mando del Ecuatoriano, i el extranjero volvió a empuñar las riendas del Gobierno, dispuesto á efectuar un cambio absoluto en las instituciones que le asegurase una dominación permanente en el país.

Por sí i ante sí declaró caduca la Constitución que rejia, i anulado el Cuerpo lejislativo, i convocó una Convencion para que sancionase una nueva, cuyo proyecto tenia preparado.

Diéronle gusto sus criaturas por última vez, i se sancionó para el Pueblo ecuatoriano una Constitucion semimonarquica. Quedó por supuesto el extranjero á la cabeza del Gobierno creado, i creyó para siempre asegurada su dominación.

Más, á la sombrea de la escasa libertad que se habia disfrutado en el pais, habian cundido las ideas republicanas, entre algunos habitantes de aquella tierra, i estos emprendieron dar libertad á su patria, i lanzar de ella al extranjero que los oprimia y á los que segundaban. El Jeneral Florez se condujo entonces con moderaciin, i dejando el poder, en virtud de un arreglo hecho con los revolucionarios, salió del pais con condición de no volver á él dentro de dos años. Los que los sostenian dispusieron de las armas, i un nuevo Gobierno puedo entonces constituirse sin grandes dificultades. La Constitución actual asegura á aquel pais el goce de una libertad racional i la práctica de principios del Gobierno democrático representativo.

Desgraciadamente el Gobierno que se estableció no supo usar de su poder con la moderacion debida; i anulado el pacto solemne, en virtud del cual el Jeneral Florez se habia separado del mando, i retirándose del pais, le cerró para siempre las puertas de su patria adoptiva, i le negó la pension que se le habia prometido. Este acto vituperable irritó al guerrero proscrito, quien fue a solicitar los medios de vengarse entre los mismos españoles á quines habia vencido en la guerra de la Independencia.

El Jeneral Florez, que con tanto acierto habia obrado evitando á su patria adoptiva los horrores de la guerra civil, no tuvo buen juicio de sufrir con resignacion patriótica el golpe que le daba el Gobierno del Ecuador, i se perdió para siempre yendo á buscar entre los europeos compañeros i recursos para una venganza que prentendia consumará costa de la independencia u libertad de todas las Repúblicas hispano-americanas. Su loca empresa tuvo el resultado que debía tener; pues no era posible que los intereses del comercio europeo, i los principios del derecho internacional, se sacrificasen por darle gusto á un general ambicioso i á una reina poco cuerda.

Mas el Ecuador ha tenido mucho que sufrir en consecuencia de la empresa de Florez. Ella mantenia vivas las esperanzas de sus partidarios, i en alarma constante al Gobierno contra las conspiraciones a que estas esperanzas debían dar orijen. A esto se agrega la falta de confianza en el Gobierno granadino que, sin fundamentos, ha manifestado el del Ecuador, i que ha contribuido mui poderosamente á mantener aquel pais en una situación insegura.

Así es, pues, el nuevo Gobierno del Ecuador se ha encontrado abrumado por inmensas dificultades, sin los medios suficientes para superarlas. No había estos medios, porque el hombre que durante 16 años tuvo la habilidad de conservarse en el mando, no tuvo ninguna para arreglar la administración civil i de hacienda. El nuevo Gobierno encontró un caos fiscal, en que el despilfarro, el robo i las dilapidaciones eran el sistema; i sin recursos pecuniarios tuvo que levantar ejércitos i prepararse para la defensa exterior, al mismo tiempo que desbaratar las tramas del interior.

En medio de tantas dificultades, se reunió, sin embargo, el Cuerpo lejislativo, i ha sancionado algunas leyes que establecen cierto órden en la administracion civil i fiscal. No son ellas modelos de combinaciones económicas admirables, ni arreglan con la perfeccion debida la administración; pero sí son ensayos benéficos que irán formando en aquel pais los hábitos de la administración legal. Esto es mucho en una tierra en que jamás hubo sombra de administracion, i en que los hábitos de desorden del Jefe de Gobierno eran imitados por sus agentes.

El Ecuador ha podido mantenerse tranquilo hasta ahora, i marchar con el órden constitucional establecido, i esto prueba alguna habilidad en los hombres que lo gobiernan, i disposición en el pueblo para sostener los principios constitucionales.

Si el Ecuador arreglase sus diferencias con Florez i este Jeneral, aceptando una pension honrosa, se retirase a vivir tranquilo en cualquiera pais extranjero, ó en su tierra natal, aquella República podria marchar en paz consolidando las instituciones republicanas, i mejorando con buenas leyes la condición de sus habitantes. Mas, ni el Gobierno del Ecuador da ningun paso para contentar al Jeneral Florez, ni este desiste de su designio de volver á dominar aquel pais procurando alcanzar este resultado por medio de las conspiraciones que fomenta desde el lugar en que reside. De esta manera, el Ecuador se mantiene en una situacion insegura, i su antiguo gobernante continúa dando el escándalo de querer volver á llamarse Jefe de un pueblo que lo rechaza, i que lo rechaza con toda la América; porque ningún pueblo americano veria con indiferencia, gobernando en cualquiera parte del continente, al hombre que viaja en busca de compañeros para traicionar las instituciones republicanas.

Creo que nuestra lejislacion tributaria i administrativa puede adoptarse allá, como acá, con las mismas ventajas, i que con su Gobierno puede hacer un gran bien al país, transplantando á él muchas de las mejores introducidas en la Nueva Granada, á favor de los conocimientos que nos ha proporcionado la práctica del Gobierno constitucional. El Gobierno granadino participa de esta creencia, i su apoyo moral estará siempre en favor de todo lo que pueda contribuir á mejorar la condición del pueblo ecuatoriano, i asegurar su integridad é independencia, ¡Quiera el Cielo que el Gobierno ecuatoriano se penetre de la sinceridad de estos sentimientos, i que saque de ellos el fruto que pueden producir cultivándolos!

No sé si en la reseña rápida que acabo de hacer de los principales sucesos que han señalado de los principales sucesos que han señalado la carrera política de Venezuela y el Ecuador, he juzgado con acierto los hombres i las cosas. Naturalmente debo haber cometido errores; no puede ser de otra manera cuando son ellos el patrimonio aun del discernimiento mas claro, i de la mas penetrante inteligencia. Sea lo que fuere, creo que las reflexiones consignadas en este escrito puede ser de alguna utilidad a los Colombianos, i por eso las publico. Por la misma razón doi a luz las que siguen, que se refieren principalmente a mi país.

Bogotá, esta capital enclavada en el corazon de los Andes, presenció los últimos esfuerzos del Gobierno de Colombia para mantener la integridad de la gran República, á cuyo nombre están asociadas las glorias de los mas notables guerreros que ha visto el continente americano. Aquí, al disolverse la famosa i anómala República, una catástrofe sangrienta entronizó por algunos meses la dictadura de un extranjero, que rodeado, como Florez, de valientes militares, pretendió, como él en el Ecuador, establecer su dominacion en la Nueva Granada. La sumision siguió á la catástrofe; mas en pocos meses la reaccion excitada por aquel escándalo, dio en tierra con los usurpadores, los lanzó del pais, i trajo consigo el establecimiento del Gobierno constitucional de 1832.

Proscrito viajaba en pais extranjero el granadino que habia gobernado á Colombia como Vicepresidente; i su patria lo llamó, para que viniese á ponerse al frente del Gobierno que acababa de crear. Yo hago una reseña de los sucesos políticos sin tocar con las personas; i aunque la memoria de mi amistad por el hombre ilustre que ya no existe, me induciría á consagrar pájinas en su elojio, nada diré de este personaje, ni tampoco de los otros hombres beneméritos, que en la época colombiana trabajaron por asegurar la libertad de su patria.

La primera administracion constitucional de la Nueva Granada se dedicó con patriótico tezon a plantear las instituciones que acababa de dar la Convención.

La Constitucion, bastante democrática, concedió al pueblo, por medio del sufragio, una gran participación en el Gobierno; mas arregló las relaciones entre los poderes públicos de una manera errónea; i no concediendo a Ministerio la facultad de proponer las leyes, privaba al Poder Ejecutivo de una intervención fructuosa en la confeccion de ellas, i al país de sistema i órden que naturalmente debe haber en una legislación preparada por los Ministros. La habilidad del Ministerio pudo solamente manifestarse por esta razón en las tareas administrativas; i en efecto, injusto seria el que negase á sus miembros una inteligente laboriosidad, i un espíritu de economía, que á veces llegó a rayar en mezquindad.

La administracion de hacienda se arregló, sino con la perfeccion que brilla en nuestro sistema actual, al menos de una manera menos mala que la antes conocida. Los conocimientos no habían hecho los adelantes á que debemos las mejoras actuales, i apenas pudo combinarse por nuestras capacidades fiscales una cosa parecida á la instruccion que dio el Gobierno español para el arreglo de la contabilidad en 1784, que jamás habia podido plantearse en la Nueva Granada. Esta instruccion era mejor que todo lo que aquí se habia conocido; i la Administracion logró plantearla en poco tiempo, gracias á la perseverante constancia que distinguia al Jefe que estaba á la cabeza de la Hacienda.

En la Administracion i en las Camaras legislativas figuraron en aquel tiempo los hombres mas liberales de Colombia; i es de estrañars que no se emprendiera entonces ninguna reforma vital que pusiese al pais en el camino para alcanzar la prosperidad que le prometen los principios. Solamente logró en aquel tiempo la abolición de la alcábala interna; i esto después de una lucha obstinada i de sérios disgustos con el Jefe de la Nacion.

Los hombres del Gobierno, que hacian profesion de los principios republicanos, querían que la Republica fuese en realidad con las instituciones monárquicas; i por una rara contradicción con las ideas de progreso que proclamaban, se esforzaban por conservar las rutinas coloniales. En la época la decision i e las resoluciones atrevidas, cuando el recuerdo de los males pasados inspira el valor para emprender buscar el bien en nuevas medidas, la Nueva Granada tuvo un Gobierno estacionario, que supo sacar todo el provecho posible de lo que existía, pero no le proporcionó algo mejor para el porvenir.

Fresca la memoria de los disturbios colombianos, humeando todavía la sangre de las víctimas inmoladas por la discordia, las animosidades nos dividian; i desgraciadamente los gobernantes, que habian sido hombres de partido, no supieron sobreponerse a las exigencias del que los había elevado.

La imprenta reveló desde luego el estado de los ánimos, i se empeño por medio de ella una lucha que escandeció las pasiones hasta la fiebre de la exaltación. Conspiraron algunos granadinos, acaudillados por un antiguo Jeneral colombiano, para destruir el Gobierno constitucional: la conspiracion fue descubierta i juzgados sus autores: i la plaza de Bogotá se manchó con la sangre de 17 individuos, que espiraron en el patíbulo de un crímen político. Mas tarde murió el caudillo de una manera que es mejor pasar en silencio.

Despues de la cruenta espiacion de aquel atentado, la contienda tipográfica continuó con mayor empeño, i á las dificultades que ella debía traer consigo, se agregaron también las desaveniencias internacionales, que produjeron el bloqueo de algunos de nuestros puertos, interrumpieron nuestro comercio, i tuvieron los ánimos en inquietud.

En medio de estos embarazos, aquella administracion tiene el mérito de haber observado estrictamente las leyes, de haber fomentado mui eficazmente la instruccion primaria, i de haber conservado la paz pública.

Este último fue causa de los demás de que gozo el país durante aquella Administracion, i a él se deben los progresos que entonces hizo, que no podian ser grandes bajo la influencia de las leyes que existian.

Durante el período de aquella Adminsitracion, caducó el tratado hecho con los Estados Unidos; i estableciendo nuestras leyes de aduana derechos diferenciales sobre lo que se importase en buque no estuviesen asimilados á los nacionales, quedó la Nacion inglesa en posésion del monopolio de nuestro comercio. Propúsose que se derogase la disposicion que establecia el derecho diferencial para evitar los males que a este error de nuestra lejislacion ha causado, i la Administracion se opuso á esta medida; falta que han cometido también las siguientes, hasta que la presenta la ha borrado consagrando en la tarifa los principios del comercio libre.

Las épocas de elecciones son siempre tempestuosas en los paises rejidos por un Gobierno representativo. La del fin del período de la primera Administracion le fue en sumo grado; porque el Presidente señaló el individuo en quien deseaba recayesen los votos para que le sucediera, i esto dio motivo a que la oposición hiciera esfuerzos de toda clase para triunfar.

Triunfó en efecto, i el pais vino á ser rejido por el hombre á quien ella habia proporcionado los votos. Yo no quiero estenderme en juzgar la Administracion del segundo período en todos sus actos, porque soi siempre mas severo con mis amigos que participan de la indulgencia de mis principios, y desconfío del juicio que formo de los que me han hecho mal.

Echemos, pues, un velo sobre los hechos de la segunda i tercera Administracion; dejaremos á la historia que los juzgue, i solo mencionaremos lo que se necesita para enlazar con lo pasado las ideas del tiempo presente.

Desde luego es preciso advertir que el statu quo fue el sistema en los dos períodos á que aludimos, i que solo en la educacion se hicieron algunas reformas de importancia

Mas sí hai dos hechos sumamente notables de que aquellas Administraciones deben responder, i que como ahora están produciendo todavía malos efectos, debemos tomarlos en cuenta con imparcialidad i en la calma de la razon, para ver como arreglamos las cosas, de manera que cese el mal, o sea el menor posible. La cuestion Obando i la cuestión Jesuitas, he aquí las dos cosa graves en que me voi a ocupar. No es mi ánimo acriminar á los que exhumaron los huesos del Mariscal Sucre, en medio de una contienda para indagar el crímen que los sepultó en Berruecos, ni interpretar las intenciones de los que, contra el tenor de las disposiciones legales, trajeron á este pais la funesta Compañía de Jesús. Error hubo en entablar un juicio por un delito político olvidado por una amnistía, i error hubo en traer para moralizar el país, una sociedad que con su sistema de educacion, con sus máximas perniciosas, quebranta las facultades nobles del individuo, sofoca las afecciones jenerosas, i erije en sistema el espionaje i el chisme, i en deber la obediencia pasiva, convirtiendo al hombre en cadáver.

Perdonemos el error a los hombres que lo cometieron, que mucho tenemos que perdonarnos mutuamente todos los que alternativamente hemos tenido el poder en las manos en medio de nuestras deplorables contiendas. Lo que importa es que los hechos, fruto de aquellos errores, no tengan consecuencias funestas para el porvenir. Los hombres mismos que los cometieron deben cooperar a remediarlos.

Hoi se halla desterrado en pais extranjero el granadino á quien se ha perseguido por el delito cometido en la persona del Jeneral Sucre. Sus acusadores han publicado libros, que se han circulado por todas partes, con las pruebas que apoyan su acusacion. El acusado ha respondido en otros libros; i la prensa periódica de todas las Repúblicas hispano-americanas ha examinado el pro i el contra de la cuestion durante diez i nueva años. ¿Quién no ha formado ya su juicio sobre esta causa debatida con tanto interés por una i otra parte ¿A quién hace variar de opinion la sentencia favorable o adversa que pronuncie el tribunal? A nadie.

Seria, pues, este un juicio sin resultado moral sobre la opinion, sin provecho ninguno para la justicia; porque ¿cuál ventaja, en caso de una condenacion, de que al cabo de diez i nueve años de haberse cometido un homicidio, después de una espiacion dolorosa en la tierra propia i en la estraña, no solo en los culpables sino en los inocentes, de aplique á un hombre la pena homicidas? Yo no lo veo, i veo sí la ventaja de olvidar un crímen que se cometió por fanatismo político porque se creía que el hombre que fue la víctima seria un obstáculo para una transformación política que se estaba efectuando, i en que ninguna parte han tenido las animosidades privadas, ni el deseo de robarle, ni ninguna otra cosa que dé á este atentado el carácter de un delito comun.

Si se desea realizar la pretension de traer á juicio ante los tribunales granadinos este hecho ¿cuál es el resultado que él puede tener? Para los acusadores, la satisfaccion del deseo de calificar como criminal al acusado; para este i sus defensores, el deseo de desmentir á aquellos.

Sencillo seria esto, si se tratase de un reo comun i de un delinto sin trascendencia. Allá pasarían las escenas de la acusación i de la defensa en el recinto oscuro de un tribunal, i pasarían desapercibidas i sin ajitar á nadie. Pero no es este el caso. Se trata de la causa más célebre de América, se trata de la causa de un hombre en que tomará parte la Nacion entera divida en dos bandos. ¿Para qué? Para causarnos males, i nada mas. Es, pues, preciso no tratar de satisfacer ní a los que creen inocente al acusado, ni á los que lo creen culpable; i que, inaccesible á los deseos de los unos i de los otros, i consultando el bien de la patria únicamente, destruyamos de un solo golpe estas esperanzas, que no pueden realizarse de acuerdo con los interese del pais.

Sé yo que esta opinion no puede contentar ni al acusado del a muerte del Jeneral Sucre, ni tal vez á los que lo creen autor de ella. Pero yo no veo sino el bien de mi patria, i este bien lo encuentro en un olvido jeneroso de aquel crimen por medio de una amnistía que comprenda todos los delitos comunes i políticos cometidos hasta 31 de diciembre de 1830. Esta amnistía echará un velo sobre aquel atentado, i cesarán los huesos del mariscal Sucre de servir de bandera para las discordias intestinas.

Esta medida seguida del restablecimiento en su grado con la pension correspondiente al Jeneral acusado, terminaria los males que la cuestion está causando, i el acusado deberia permanecer como desterrarlo político mientras las circunstancias hiciesen peligrosa su presencia en el pais.

Así me parece que puede resolverse con ventaja esta cuestion. ¡Pluguise al Cielo que la de los Jesuitas tuviera una solucion tan fácil!

Que considero de suma i trascendente importancia este negocio, lo prueba mas suficientemente el haberme separado de la Administracion por haber esta contrariado abiertamente en las Cámaras lejislativa á la Compañía de Jesus. He sentido tener que obrar de este modo; porque prestaba con el mayor gusto mi cooperacion al Presidente de la Republica en la realizacion de importantes i liberales mejoras que ha concebido i promovido con empeño. Lamento que haya dado aquel paso, i aunque me veo obligado a censurarlo, no por eso me enrolo en las filas de la oposición sistemática.

No se crea tampoco que yo voi a pedir que se lancen los rayos con la proscripcion contra los padres Jesuitas; pues aunque condeno si perjudicial instituto, la proscripcion de los individuos no está de acuerdo con mis principios de tolerancia. Creo que deben tolerarse estos individuos; mas creo tambien que su instituto debe suprimirse, porque los principios de tolerancia no pueden estender á conceder el favor del Gobierno i de las leyes para que obre como corporacion publica una sociedad que por sus estatutos está destinada a crear en las naciones malos ciudadanos, i destruir en los individuos los sentimientos buenos i jenerosos.

Perentoriamente se ha demostrado por un Representante en una de las Cámaras legislativas, que es ilegal la existencia de la Compañía de Jesus en la Nueva Granada; porque, si es cierto que los Jesuitas como individuos pueden venir á este pais, es tambien cierto que el restablecimiento de una órden relijiosa no puede hacerse en la Nueva Granada sin una lei espresa del Congreso. ¿En donde está la lei? I si ella no existe, ¿con qué derecho se han fundado conventos, i se reciben en ellos novicios, i se dan lecciones de jesuitismo, que todo el mundo sabe lo que significan?

Creo que están infringiendo las leyes con este hecho, que esta infraccion debe cesar declarando suprimidos esos conventos, que se han planteado subrepticiamente bajo el nombre de colejios de misiones, i que los padres de la Compañía pueden quedarse viviendo en la Nueva Granada sin formar comunidad.

He dicho que la influencia de los Jesuitas es perjudicial en la sociedad, porque su sistema de educación es vicioso i absurdo. El niño en quien se revela una inteligencia precoz, en quien se descubre una enerjia moral que promete mucho, es un mártir en sus manos. En lugar de cultivar en él esas cualidades nobles, i de formarle el carácter de acuerdo con ellas, emplean toda la especie de recursos para quebrantar su alma, para limitar sus ideas al círculo estrecho que indican sus estatutos, i para reducir a un cadáver el ser independiente, que en vano lucha con noble altivez contra aquellos seres frios, que por haber abjurado de todos los vínculos que los ligaban á la sociedad jamás podrán formar miembros útiles de esa misma sociedad. Aquellas caras impasibles, aquellos ojos amaestrados á un mirar apagado ¿revelan por ventura otra cosa que el egoismo, la hipocresía i el hábito de ocultar toda especie de sentimientos? Con estos maestros es que se forma el hombre que recibe su educación de los Jesuitas. De sus labios oye constantemente que el hombre debe abstraerse de todo en este mundo, i si se consagra a su instituto, renuncia a su padre, a sus hermanos, i no conserva ninguna relación sino con los que se visten del mismo traje que él. Yo no hall que estos sean los hombres que pueden nutrir i cultivar las virtudes sociales, ni que tales maestros puedan crear ciudadanos útiles a la Nacion.

Me parece, pues, que el Gobierno, lejos de conceder ningún favor a la Compañía de Jesus, i limitándose a tolerar sus individuos, debiera hacer cesar sus establecimientos ilegales, i zanjar de ésta manera una cuestión que nos trae divididos, i causa ajitaciones i disgustos,

No creo que en nuestro actual estado haya otra cosa que nos embarace para seguir ocupándonos unidos en adelantar las mejoras empezadas.

De buena fé hemos emprendido destruir las instituciones monárquicas que heredamos de los Españoles i sostituirlas con leyes en armonía con la democracia; i desde que e

Esto se ha hecho, el pueblo contento i lleno de esperanzas, piensa solo en trabajar para gozar, i es inaccesible a las sugestiones de la rebelión.

El estado del pais es lisonjero, i promete un porvenir dichos para la Nueva Granada, si lo gobernantes siguen modelando su conducta con los principios de justicia, imparcialidad i tolerancia que generalmente han presidido en los actos de la presente administración.

Hoy tal vez no se aprecia la magnitud de los bienes que el pais ha recibido durante el actual periodo. Mas los resultados publicarán bien pronto la importancia de la estension dada al cultivo i exportacion del tabaco, del establecimiento de la navegación por vapor, de la apertura del canal de Cartajena, del arreglo del sistema monetario, de la reforma de la tarifa de la disminución del impuesto sobre los metales preciosos i su libre comercios, de la secularizacion del diezmo, de la libertad de cultos, de la franquicia del Istmo, i del orden introducido en la administracion de la hacienda i en la confeccion del Presupuesto nacional. Basta enumerar este conjunto de medidas, para honrar debidamente a los hombres que las concibieron i tuvieron valor en dictarlas.

La Nueva Granada se presenta en America como un modelo digno de imitarse, debido a la conducta fiel á los principios que ha seguido su Gobierno. Sigan por el mismo camino los que empuñen después el baston del mando, i la administracion será fácil para ellos, al mismo tiempo que será provechosa para la Nueva Granada.

Repasémos la historia de los años anteriores, i busquemos en ella la causa de las desgracias que hemos sufrido. La hallaremos en haber cometido la falta de no guiarnos por los principios, en las condescendencias con el espíritu de partido, Esto ha hecho que en este país, en lugar de un Gobierno alternativo, haya habido una proscricion alternativa de los partidos, i una lucha constante de los vencidos contra vencedores. No es esto lo que conviene, ni es de esta manera que se puede andar por el camino de la prosperidad.

Discutamos con calma las cuestiones que nos interesan, sin acriminaciones ni recriminaciones, sin calumniar las intenciones imputándoles designios siniestros. Un partido calumniado hace muchas veces por venganza lo que no ha pensado hacer por inclinacion. El que imputa conspiraciones da el primer paso para tramarlas. Estas calumnias, etas imputaciones prueban falta de razon para defenderse; son sugestiones del miedo, i el miedo es mui mal consejero. Debiera el Gobierno influir en que los que lo defienden no echaran mano de estar razones, si es que merecen tal nombre.

Confio en que estas reflexiones serán atendidas por el patriotismo, i examinadas con imparcialidad por mis conciudadanos. Su publicacion debe ser de alguna utilidad en estas circunstancias.

La guerra diezma la poblacion i destruye la riqueza en Venezuela; el Ecuador inseguro teme á cada momento oscilaciones peligrosas; la Nueva Granada se ocupa de elegir el hombre que nos haya de gobernar. Esta consideracion basta para que comprendamos lo delicado de nuestra situacion. Neutralidad absoluta con Venezuela, buenos consejos al Ecuador, i cordura en el manejo de los negocios internos, son las tres cosas que deben marcar nuestra política en las circunstancias presentes.

Bogotá 1º de mayo de 1848. Imprenta de J. A. Cualla.

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Notas

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