1. INTRODUCCIÓN

Se analiza las caravanas de migrantes y refugiados en México, para ello lo situamos en el tiempo y en el espacio. En relación con los flujos migratorios en México han sido constantes, pero es desde del diez de octubre de 2018 que se registra la primera caravana masiva de migrantes, al grado que algunos la llamaron el primer éxodo (Colectivo de Observación, 2019), a la fecha, mayo 2019. En relación al espacio que cubre este estudio, es de los migrantes integrantes de las caravanas provenientes del norte de Centroamérica que pasan a México principalmente por los estados de Chiapas y Tabasco.

En la exposición se señalará una de las características de las caravanas de migrantes en México para luego explicar las razones de su existencia. Para lograr dicho objetivo, se expone, primero, la situación de los derechos humanos en Honduras y en México.

Lo anterior, en razón de que partimos de las encuestas realizadas a las siete caravanas de migrantes del periodo en estudio, de las cuales se desprende que tienen como una característica que están conformadas en su mayoría por hondureños, aunque también en un número menor de guatemaltecos y salvadoreños. En una de las caravanas de migrantes dominaron los migrantes de nacionalidad salvadoreña y en otra nacionalidad cubana. Por lo que expondremos en un primer apartado, la situación de derechos humanos en Honduras para conocer las motivaciones de su desplazamiento.

Asimismo, explicamos en el apartado siguiente, la situación de los derechos humanos de los migrantes en México, porque ello explica porque los integrantes de las caravanas van en grandes flujos para protegerse de las violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades mexicanas, gestores y la delincuencia organizada en México.

La metodología que utilizamos para el desarrollo del presente trabajo, es cualitativa la documental, sistemática, argumentativa y comparativa. Para completar la comprensión del tema en desarrollo se utiliza la metodología cuantitativa como estadísticas.

Las caravanas de migrantes del Norte de Centroamérica tienen las características siguientes, son: 1) por vía terrestre; 2) por grupos significativos; 3) se convocan por redes sociales; 4) la dirección generalmente es hacia México y los Estados Unidos de Norteamérica, EUA; 5) se desplazan en grupo los integrantes de la caravanas para evitar los abusos de las autoridades mexicanas y protegerse de la delincuencia organizada; 6) la obtención de la asistencia de las autoridades y organismos no gubernamentales se facilita por grupos significativos; 7) pueden evitar de mejor manera a los traficantes, la trata de personas y los abusos de supuestos “gestores”.

2. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS Y MÉXICO

2.1. Violación de derechos humanos en Honduras

Honduras tiene fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Tiene aproximadamente 8.5 millones de habitantes, tiene la tasa de ocupación más baja de América Latina, según la OIT, de 58% (OIT, Panorama, 2018)

En Honduras existe violencia generalizada por lo que el exilio de la población es una opción en busca de la protección internacional. Aunado a ello, la pobreza extrema, la corrupción política, la apatía del Estado por hacer frente a la delincuencia organizada.

El 26 de noviembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, precedidas por cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad y organismos internacionales, especialmente debido a la suspensión, por parte de la Corte Suprema, de la cláusula constitucional que limita el número de mandatos presidenciales a uno, y la consiguiente candidatura del presidente Hernández a un segundo mandato. La crisis política generada por lo que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos consideró “un proceso de baja calidad electoral (...) porque el cumulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten tener plena certeza sobre el resultado” (Comité Alternativo, 2018)

No obstante antes de las elecciones de noviembre de 2017 en Honduras, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió a Honduras al revisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizar las acciones siguientes: asegurar que las próximas elecciones sean libres y equitativas; que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de voto; y que las personas con derecho de voto, así como los activistas y candidatos estén protegidos de toda violencia, amenaza, o presión o manipulación de cualquier tipo; garantizar un proceso electoral justo e imparcial y asegurar la transparencia de la financiación electoral; Garantizar la seguridad de las urnas y que los votos puedan ser escrutados en presencia de los candidatos o de sus agentes. Debería haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente; y espetar el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en particular el de la limitación del mandato presidencial. (ONU-CCPR, 2017)

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al revisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que por violaciones a este tratado, el Estado de Honduras deberá realizar las acciones siguientes: parte debería asegurar la protección plena contra la discriminación, incluyendo la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afrohondureña y los pueblos indígenas, así́ como por orientación sexual e identidad de género; investiguen todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial y para que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban reparación integral; incrementar los programas de protección de niños y jóvenes que rechazan integrarse en bandas criminales o maras, así como los programas de prevención; intensificar sus esfuerzos y asegurar que se investiguen todos los casos de tortura, presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y que los responsables sean enjuiciados y sancionados; prevenir los desplazamientos internos; asegurar que las víctimas reciban atención, asistencia y reparación integral, con especial atención a las necesidades de mujeres y niñas; y garantizar opciones seguras y viables para el retorno, la integración local o el reasentamiento en otras partes del país; mejorar las condiciones de reclusión mediante la adopción de medidas prácticas para reducir el hacinamiento, en particular mediante la promoción de alternativas a la privación de libertad, y asegurar que la prisión preventiva sea excepcional, razonable, necesaria en toda circunstancia y lo más breve posible (ONU-CCPR, 2017).

Las autoridades hondureñas con el crimen organizado han facilitado la corrupción pues entre los años 2008 y 2015 de 3.471 denuncias que recibió́ la Procuraduría General de la Republica de Honduras por actos de corrupción, tan solo 110 se adjudicaron penas en prisión, mientras que el 56% terminaron en penas alternativas que no incurrían en prisión, evidenciando finalmente un 27% de impunidad en los casos que no recibieron ningún tipo de sentencia (Rodríguez, 2017: 36-37).

Pero es un círculo vicioso, de difícil solución, ya que si las personas que han decidido salir de la actividad criminal, ya sea de las pandillas o de los grupos dedicados al narcotráfico, son susceptibles a sufrir penas crueles o inhumanas como torturas o la muerte. Los desertores, en muchas ocasiones son perseguidos por los miembros activos de las organizaciones criminales, y su única opción de vida es huir de Honduras o en el caso de los ex pandilleros, demostrar que han decidido salir de la organización para integrarse a una orden de la iglesia evangélica. Muchas de estas personas huyen a México en busca de protección internacional, sin embargo, pueden ser excluibles de esta, si se demuestra que han cometido delitos comunes graves como crímenes en contra de la humanidad, de guerra y en contra de la paz, además de actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas. (Islas, 2018: 60)

La tasa de homicidios es muy alta, así observamos que la población entre 15 y 19 años alcanzan los 102.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Asimismo, la violencia de género es muy alta, se señala que más de 200 millones de dólares anuales en el pago por extorsiones, por lo que familiares y víctimas directamente no tienen más opción que pagar, morir o desplazarse. Asimismo, contribuye al desplazamiento colectivo de hondureños por la inestabilidad del país, a raíz del golpe de Estado ocurrido en el año 2009 y a la toma de poder del presidente actual mediante un proceso electoral fraudulento e ilegitimo en 2017. De hecho, las política publicas promovidas por Juan Orlando Hernández provocan todavía más violencia y despojo, en consecuencia, por ejemplo, de un aumento del 75% del presupuesto para defensa y seguridad en los últimos cuatro años, frente a un aumento del 25% en los presupuestos de educación y salud. (Colectivo de Observación, 2019).

El Comité́ contra la Desaparición Forzada (ONU-CED, 2018) observa que tanto la legislación del Estado de Honduras no cumple con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Código Penal de Honduras, las investigaciones se realice por una autoridad independiente, se proteja a los denunciantes, realicen registro de personas detenidas y realicen conforme a los estándares internacionales el computo de personas presuntamente desaparecidas. (ONU-CED, 2018)

El número de desaparecidos es de miles, ya que los datos estadísticos de personas migrantes desaparecidas, el Comité́ de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso ha documentado más de 600 expedientes de personas migrantes desaparecidas en el tránsito desde 1999. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras reporta que del año 2010 al año 2013 recibió́ 541 reportes de migrantes no localizados, muchos de los cuales fueron remitidos a otra Secretaría. Además de estos números, otros comités de familiares de migrantes han recibido muchos otros casos, de forma que no se tiene un dato exacto, pero es posible que en el periodo de 1999 a 2018, miles de personas hondureñas estén desaparecidas en la ruta migratoria. (Comité Alternativo, 2018).

El Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares nota con preocupación el importante número de trabajadores migrantes hondureños y sus familiares, incluyendo niños no acompañados, que son deportados o repatriados desde los Estados Unidos y México, sin que se les hayan respetado sus garantías procesales y otros derechos previstos en la Convención, y sin haber obtenido la atención suficiente por parte de las autoridades consulares (ONU-CMW, 2016).

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señalo en las Observaciones dictadas en contra del estado de Honduras que debe realizar las siguientes acciones: garantizar recursos financieros para las instalaciones penitenciarias ya que los reclusos se encuentran en ellas en hacinamiento; impedir el reclutamiento de menores y para protegerlos de la violencia de las maras y otros grupos delictivos; investigar las denuncias de tortura y el uso de la fuerza con prontitud y de manera exhaustiva e imparcial y de manera especial, aquellas que provocaron muertes de personas en detención, practicando en su caso las autopsias; debe evaluar cualquier posible responsabilidad de las denuncias de tortura en las que estén implicados funcionarios de instituciones penitenciarias y miembros de las fuerzas armadas y de la policía, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas; debe velar por que todos los lugares de detención sean objeto de inspecciones periódicas e independientes; y se tomen medidas legislativas para garantizar la independencia judicial. (ONU-CAT, 2016).

2.2. Violación de derechos humanos en México

La situación de los derechos humanos en México nos permite entender porque el flujo migratorio de centroamericanos en la frontera sur se realiza por “caravanas de migrantes”, pues de esa manara pueden hacer frente a la delincuencia organizada y autoridades y supuestos gestores, que inciden en la violación de derechos humanos como vida, integridad personal, explotación laboral, trata de personas, esclavitud, tortura entre otras violaciones.

El Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares le recomienda al Estado de Honduras que proteja a los trabajadores migratorios hondureños y sus familiares que son víctimas de delitos, o abusos por parte de autoridades, a lo largo de su migración hacia el norte, y de manera especial en México. En particular, el Comité́ recomienda al Estado de Honduras el fortalecimiento de programas y medidas específicas que les garanticen a los trabajadores migratorios el acceso a la justicia y otras formas de reparación de los derechos afectados, así como a través de acciones dirigidas a facilitar acceso a los beneficios establecidos en la Ley General de Víctimas adoptada por México. (ONU-CMW, 2016).

La frontera sur de México tiene una longitud de 1.149 kilómetros y abarca los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, estos estados se han identificado por ser parte de las rutas utilizadas por el crimen organizado que opera redes de trata de personas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha señalado que los principales volúmenes de la trata de personas con fines de explotación sexual, en concreto del Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), ocurren principalmente en la franja fronteriza (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco) (Islas y Lara, 2017).

El Relator especial en 2009, expresa que las víctimas mujeres y niños cada año varía de entre 16.000 a 22.000. El tipo de violencia es de acoso, tratos inhumanos, prostitución, abuso sexual. También el número elevado de mujeres muertas en Ciudad Juárez, por diversas razones, a lo que hay que añadir discriminación de género. El Instituto Nacional de Migración detiene aproximadamente el 20% de mujeres migrantes centroamericanas de Honduras, Guatemala y el Salvador y las deporta. Asimismo, el personal de este Instituto les da un trato violento, discriminatorio y agresivo y no reciben las mujeres el servicio médico adecuado. Se resalta que en 2007, el Instituto Nacional de Migración recibió́ un número muy reducidos de solicitudes de mujeres migrantes de asilo, solamente 40, por falta adecuada de información de sus derechos. Y que solamente a cuatro mujeres les otorgo el estatus de refugiados, todas de nacionalidad iraquíes (ONU-Relator Especial, 2009).

Desde el Informe de 2009 del Relator Especial se había señalado la existencia de bandas transnacionales que participan en la trata de personas, lo que constituía un “negocio” para los que explotaban esas redes. Las redes son de dos bandas rivales de “maras” denominadas “Barrio 18 y la “Mara Salvatrucha”. El origen de estas bandas es desde Honduras, y se calcula que las integran entre 70.000 y 100.000 personas adolecentes de alrededor veinte años. La deportación de los integrantes de estas redes es constante, pero regresan inmediatamente y de manera constante desde 2009 el Relator Especial señaló el abuso clandestino de trabajadores migrantes domésticos: la mayoría mujeres, de origen centroamericano (Guatemala, el Salvador y Honduras) e indígena; la falta de información de ellas en número, localización y origen; falta de programas de protección de sus derechos y de adecuada regulación. (ONU Relator Especial, 2009).

En relación con los Niños no acompañados en el Estado mexicano ante el aumento muy elevado de niños no acompañados provenientes en su mayoría de Honduras provocadas por el alto niveles de violencia, México ha dictado política públicas como el Programa Frontera Sur controlado el ingreso de los niños no acompañados con un enfoque de seguridad nacional, limitando su compromiso internacional de protección internacional humanitaria (Rodríguez, 2017).

La corrupción está presente a través de las relaciones de las autoridades con bandas delictivas que agreden a los migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para disminuir su alta incidencia, la Comisión Interamericana recomienda fortalecer los mecanismos tendientes a combatir la corrupción y a promover la rendición de cuentas de funcionarios estatales y de esta manera aplicar las sanciones correspondientes de cualquier funcionario involucrado en la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus defensores (CIDH, 2013).

Las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas por violaciones de derechos humanos, del periodo 1990 a 2017, a los migrantes son veintisiete; y para los refugiados son dos, un número importante de las violaciones se presentan en estaciones migratorias y cerca de las vías de ferrocarril en la frontera sur a migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y China. Hay casos que no se identifica de manera específica y los denominan solo de Centroamérica. Así como en la frontera norte y el centro del país. (Islas, 2018).

Las estadísticas de las aprehensiones de menores de edad por las autoridades migratorias de México en 2017, fueron de 7 430 no acompañados y 10 870 menores de edad, acompañados. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes provienen del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), (Bancomer, 2018: 105).

La políticas públicas realizadas por el Estado Mexicano son las siguientes: Programa Frontera Sur, implementado desde marzo de 2008, que posibilita el otorgamiento de las formas migratorias de trabajador fronterizo (FMTF) y de visitante local (FMVL) a trabajadores migratorios guatemaltecos y beliceños; Programa de regularización migratoria vigente desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2011; Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), enero 2010; Programa de Regularización Migratoria de 2011; estrategia de prevención y atención a niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados; adopción de la Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migrantes; establecimiento del Grupo Técnico de Secuestro de Migrantes; programas establecidos por el Estado para brindar asistencia a trabajadores migratorios mexicanos en el exterior, así como las medidas adoptadas para facilitar la reintegración de los trabajadores migratorios repatriados a México, como el portal electrónico e-Migrantes, el programa de repatriación humana, y el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior; Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; adopción por el Instituto Nacional de Migración (INM) de Protocolos para la detección, identificación y atención a extranjeros víctimas de delitos y la posibilidad de otorgamiento de visados para la estancia legal de víctimas y testigos de delitos; normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, en vigor desde el 8 de octubre de 2009; medidas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, para reducir el hacinamiento y el tiempo de permanencia, para facilitar el acceso a asistencia médica, así como el acceso de los alberges a comunicación con el exterior.

De lo anterior, podemos observar, que no han faltado política públicas del Estado mexicano para la protección de derechos humanos de trabajadores migrantes y sus familias a partir de algunos programas y políticas públicas citados, pero en los resultados no existe una “justicia efectiva” ya que las violaciones son graves de derechos humanos a los migrantes, las cuales son constantes y generalizadas, como lo podemos observar de los Informes de los Relatores Especiales en sus visitas a México (2002 y 2009), el Informe del Comité́ de Trabajadores Migratorios y sus Familias, (CMW), en su visita a México de 2011, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de 2013 en su visita a México y de manera específica en las veintisiete Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, no se respeta los derechos humanos como la seguridad social de los trabajadores migratorios (Cornelio, Islas, 2015).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, del periodo 1990 a 2019, en sus recomendaciones ha calificado violaciones graves de derechos humanos como al derecho a la vida (Recomendaciones 64/2010, 3/2012, 80/2013, 2/2015), la prohibición de tortura, tratos crueles e inhumanos, privación a la integridad y libertad personal (en Recomendaciones 5/2005, 14/2006, 1/2007, 23/2006, 17/2014), el uso excesivo de la fuerza, el no respeto de la dignidad (Recomendación 17/2014), la prohibición de la discriminación, que por cierto es un derecho humanos de ius cogens, trata de personas, tráfico de personas, agresión sexual (Recomendaciones 54/2012 y 17/2014) migrantes a niños (Recomendaciones 25/2007, 54/2013, 17/2014 y 2/2015), mujeres (en Recomendaciones 63/2008, 17/2009, 54/2012, 17/2014, 2/2015), indígenas no solo de manera individual, sino a grupos de migrantes: 36 migrantes (23/2004), 46 migrantes (5/2005); 41 migrantes (14/2006), 5 migrantes (21/2006), 5 migrantes (36/2007), 34 migrantes (63/2008), 18 migrantes (65/2008), 65 migrantes (1/2009), 21 migrantes (50/2009), 132 migrantes (29/2009), 50 migrantes (32/2010) y 72 migrantes (80/2013).

Podemos observar, que no obstante los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, las adecuaciones de leyes a dichos compromisos internacionales y publicación de programas de protección de derechos migrantes, la incidencia de violaciones continúa de 1990 a 2019 a pesar de las recomendaciones dictadas tanto por organismo internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni porque se han emitido recomendaciones de no repetición, capacitación a servidores públicos sobre el respeto de derechos humanos de migrantes, solicitar el inicio de investigaciones y procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa, la violación de derechos humanos continúan reportándose como violaciones graves, generalizadas y reiteradas a migrantes trabajadores y sus familias.

3. LAS CARAVANAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS EN MÉXICO: MÉXICO ANTE LAS CARAVANAS Y PROGRAMA DE RETORNO

A continuación vamos exponer las caravanas de migrantes y refugiados en México en relación seis rubros: el número de la caravana, son siete; fecha del flujo que paso por la frontera sur de México, principalmente Chiapas y Tabasco, el periodo 13 de octubre hasta el 10 de abril de 2019; el número de integrantes de las caravanas varia, de manera que van desde los doscientos hasta los siete mil aproximadamente; la nacionalidad de los integrantes de las caravanas es principalmente de Centroamérica, principalmente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y en algunos caso cubanos; destino, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, EUA, pero no obstante ese es su destino, al llegar a México, un número importante se queda en México, además que ahora México ya es un país de destino de muchos migrantes; y una última columna, como se muestra cada columna en el siguiente cuadro.

Es importante resaltar los siguientes aspectos de las caravanas citadas anteriormente:

En la 1ª. Caravana observamos que llegaron al Norte de México en noviembre de 2018 un poco menos de la mitad de los que pasaron por México en Chiapas y Tabasco 4.600 migrantes. (ACNUR, 2018) y se sostiene también que al pasar por México ya eran 7.000.

De la 1ª. A la 5ª. Caravana, el cómputo de caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica coincide hasta aquí, las de las cifras de la Organización Internacional para Migrantes, OIM con las del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (2018).

En la 2ª. Caravana hubo enfrentamiento de los migrantes con policía federal de México.

En la 5ª. Caravana para el ACNUR de mediados de octubre al 15 de noviembre de 2018, dos aspectos: primero que se habían ya movilizado 16.000 migrantes, de ellos el 50% viaja en familia; y segundo, que el 48% de migrantes provenientes de Centroamérica, el 48% provienen de Honduras y el 39% de El Salvador (ACNUR, 2018).

Asimismo detuvo el Instituto Nacional de Migración de México a 200 migrantes por no contar documentación.

En la 6ª. Caravana observamos que es la primera Caravana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO y que según el Reporte Situacional 7, de flujos de personas migrantes en tránsito del 15 al 21 de enero de 2019, elaborado por el OIM y el Instituto Guatemalteco de Migración el número de migrantes que pasa a México fue de 3992, de las nacionalidades de Honduras 82%; Guatemala, 8,6%; El Salvador 7,8%; y Nicaragua 1,3% en los términos siguientes:

En la 8ª. Caravana el gobierno de AMLO, ofrece visas migratorias y empleo. Se señala dos aspectos, que la caravana del 14 de abril: el número de migrantes fueron alrededor de 3.000; y que los migrantes de esa caravana eran procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua (Arista, 2019).

La ruta que los migrantes centroamericanos realizaron fue la siguiente:

3.1. México frente a las caravanas de migrantes

Las solicitudes de asilo en 2018 a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR, han sido de 18.379; y para mayo 2019, en solo cinco meses el número es ya de 10.252, así podemos observar que para el mismo periodo antes de las caravanas migratorias vemos la diferencia de migrantes que pidieron asilo a México:

De los cuadros anteriores podemos observar del Cuadro 4, que el número de migrantes centroamericanos que solicitaron asilo es de más del doble con respecto al año anterior en el mismo mes. Y del Cuadro 5, podemos observar que de los países que solicitan asilo, los centroamericanos son los que sobresalen en su solicitud, pero dentro de ellos son los hondureños los que más solicitan asilo.

El aumento con respecto de migrantes presentados ante la autoridad migratoria en México es de los doble, partir de las caravanas de migrantes conformadas principalmente por hondureños.

3.2. Programa de Retorno Voluntario Asistido

La Organización Internacional de Migración, OIM, implementó el Programa de Retorno Voluntario Asistido para que los migrantes regresen a su país de origen por haber decidido de manera voluntaria e informada, de no permanecer en país de tránsito o destino. De conformidad con lo sostenido por el representante de la OIM en México, Christopher Gascón en el Foro Internacional sobre Migrantes y Refugiados y Derechos Humanos, del 30 de mayo de 2019 en Monterrey, México, el Programa es financiado por los EUA, pero sus resultados no son tan importantes, pues solo han retornado aproximadamente, el 3% de los migrantes.

De siete informes que van del periodo 4 de noviembre al 28 de marzo de 2019, se retornaron de manera “voluntaria”: a 1.280 con 52 niños migrantes no acompañados; de los cuales país de retorno fueron que predomino fue con el 72% Honduras; le sigue con el 25% El Salvador; y muy poco con 3% Guatemala; la mayoría de los migrantes retornados fue con el 82% hombres y solamente con 18% mujeres; la actividad de donde provenían los migrantes retornados domino con 24% la agricultura; es importante resaltar, que del Informe primero al cuarto clasificaron el área de ocupación de Servicios, pero como era un concepto muy amplio, a partir del Informe 5 al 7 incluyeron las categorías de Construcción y Gobierno que son más claras. De manera detallada podemos presentar la información a continuación:

Del Cuadro 7, que contiene datos de los siete Informes del Programa de Retorno Voluntario Asistido podemos observar que las tendencias cambiaron muy poco, pues dominaron los que contiene el último informe, el séptimo. Podemos afirmar a partir de dichos Informes lo siguiente: 1) el OIM implemento un programa de retorno desde noviembre de 2018; 2) las caravanas de migrantes predominan del Norte de Centroamérica hacia México y los Estados Unidos de Norteamérica; 3) el mayor número de afluencia de retorno de migrantes es en el periodo noviembre de 2018 a marzo de 2019; 4) se retornaron migrantes 1.280, con 52 niños no acompañados; 5) la mayoría de los migrantes en caravana retornados provienen de Centroamérica; 6) de estos en su mayoría, tres cuartas partes de Honduras; 7) los migrantes retornados son en su mayoría hombres 8) los migrantes retornados son del área de la agricultura y la construcción; 9) y que emigraron en su mayoría para mejorar su situación económica.

El anterior cuadro (7) de información reportada por OIM, es importante compararlo con la información que reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, para el ACNUR el número de migrantes retornados a Honduras solamente en la primera quincena de noviembre de 2018, es de 1.154 hondureños y dentro de ello, un número considerable de niños no acompañados, asimismo reporta el ACNUR que al 15 de noviembre un total de 7.000 hondureños han retornado; el retorno de salvadoreños es de 495 migrantes.

Ésta última información de los motivos de la migración de los centroamericanos es muy interesante pues de la información que reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR que las motivaciones son otras, de los migrantes en caravana porque dicen a partir de encuestas levantadas por el ACNUR, que más del 60% huyeron de la violencia de las pandillas y el 70% manifestaron los migrantes centroamericanos de Honduras y El Salvador corren peligro de su vida y seguridad si regresan a sus países de origen, información recogida del 29 de octubre al 13 de noviembre del 2018. (ACNUR, ´Caravanas´ e Refugiados y Migrantes en Centroamérica, del 1 al 15 de noviembre 2018). Pero ahora veremos el siguiente cuadro de la OIM como proporciona datos distintos que motivaron el desplazamiento de los migrantes.

4. CONCLUSIONES

Las caravanas de migrantes del Norte de Centroamérica tienen las características siguientes, son: viajan principalmente por vía terrestre; se integran por grupos significativos; 3) se convocan por redes sociales; 4) la dirección generalmente es hacia México y los Estados Unidos de Norteamérica, EUA; 5) se desplazan en grupo los integrantes de la caravanas para evitar los abusos de las autoridades mexicanas y gestores, y protegerse de la delincuencia organizada; 6) la obtención de la asistencia de las autoridades y organismos no gubernamentales se facilita por grupos significativos; 7) pueden evitar de mejor manera a los traficantes, la trata de personas y los abusos de supuestos “gestores”; 8) la mayoría de sus integrantes son de hondureños, aunque en menor número salvadoreños y guatemaltecos y en dos de las siete caravanas, eran más cubanos y en otra, salvadoreños; 9) su destino en un inicio de los flujos migratorios en estudio es hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero al llegar a México, algunos regresa, menos del 3% por los programas de retorno, otros se quedan porque ese era su destino o porque cambiaron de opinión y piden en un gran número asilo, pues México ya es un país de destino; 10) la mayoría de los que migran que provienen de Honduras, así como menores, menores no acompañados huyen de su país por la situación tan grave de los derechos humanos y la inestabilidad política, por lo que de ipso jure son refugiados; 11) la mayoría de los integrantes de las caravanas provienen de las áreas de la agricultura y la construcción y un sector importante de organismos públicos; 12) la mayoría de los miembros de las caravanas son hombres, aunque ahora vienen un gran número familias, mujeres y de niños acompañados y no acompañados; 13) en el periodo de estudio de las caravanas, creció al doble el número de personas extranjeras detenidas por el Instituto Nacional de Migración por estar en el país de manera irregular el doble con respecto al mismo periodo del año anterior; 14) la ruta de los flujos migratorios de los migrantes del norte de Centroamérica pasan por México, Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco; 15) si bien sabemos la fecha de inicio de las caravanas de migrantes y refugiados del mes de octubre de 2018 y aunque a la fecha van siete caravanas, no sabemos cuándo terminará, algunos dicen que llegaron para quedarse, lo importante es que se tenga conciencia del trato humano que merecen todas las personas y mucho más los grupos vulnerables, además porque los instrumentos internacionales vinculatorios y de ius cogens nos obligan, porque la tradición de México es de ser un país que prefiere el trato humanista con los distintos periodos de refugiados en México que la política de seguridad nacional promovida por el Estados Unidos de Norteamérica.

BIBLIOGRAFÍA

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