Somos los indios que somos, somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos; queremos seguir siendo los pueblos que somos; queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos; queremos seguir pensando la palabra que pensamos; queremos seguir soñando los sueños que soñamos; queremos seguir amando los amores que nos damos; queremos ser ya lo que somos; queremos ya nuestro lugar; queremos ya nuestra historia, queremos ya la verdad". Tata Juan Chávez Alonso (†) Palabras en el Congreso de la Unión, México, 28 de marzo de 2001

Los caminos de San Andrés

El cese al fuego de enero de 1994, a escasos 11 días de iniciado el levantamiento zapatista, fue, sin duda, una decisión de Estado ante la exigencia de amplios sectores de la sociedad y, si analizamos la aceptación del EZLN (postura inédita de un movimiento que se preparó para la guerra) fue también un parteaguas en los procesos armados. Sin embargo, el aliento de un diálogo inicial ² fue sofocado por la grave crisis que se desató en el país tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional. Así, la resolución del conflicto se aplazó pero se mantuvo la suspensión de hostilidades.

Tras una virtual parálisis, en marzo de 1995, después del intento zedillista de decapitar al zapatismo, decisión rechazada por amplios sectores sociales, se emitió la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas. A partir de este marco, se acordaron las bases del diálogo y se definió un esquema de mesas temáticas ³ para abordar las causas que dieron origen al conflicto armado. La primera mesa, que a la postre resultó la única, fue la relativa a Derecho y Cultura Indígena, en ella se expresó la identidad zapatista con los pueblos indígenas, lo que marca centralmente el inédito histórico de propiciar la construcción de una agenda propia al invitar como asesores y asesoras a las organizaciones de pueblos indígenas del país, lo que derivó, el 16 de febrero de 1996, en la firma de los acuerdos de San Andrés. Esta experiencia política propició la creación del Congreso Nacional Indígena. Habría que recordar que fue la comandancia indígena quien condujo, sin la presencia del entonces Subcomandante Marcos, hoy Sub Galeano, los diálogos que derivaron en los Acuerdos de San Andrés; la Comandanta Esther, quien también asistió al Congreso de la Unión en 2001, explicó que por respeto a esa instancia no llevaron a quien era su brazo militar.

Hay que destacar que dichos Acuerdos son producto de una negociación emblemática del EZLN y los pueblos indígenas del país, con los representantes del Estado mexicano ⁴ , cuyo contenido expresó el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconociera y garantizara los derechos y demandas indígenas (Gómez, 2001, 2002, 2004, 2005). El gobierno se confió en una frase que encabeza los Acuerdos de San Andrés: "Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional"; por ello, salieron de San Andrés con la convicción de que el Congreso decidiría. En contrapartida, observamos que el significado de acordar estaba disociado entre una y otra parte. ¿Qué decían los pueblos? "Ahora sí ya pusimos nuestra palabra, ahora sí ya nos comprometimos y eso se va a cumplir" ⁵ .

A partir de la firma de dichos acuerdos, el movimiento indígena, agrupado en el Congreso Nacional Indígena, mantuvo una posición firme acerca de que los mismos ya habían sido negociados previamente, por lo que no deberían ser susceptibles a regateos y distorsiones. Así, acompañaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en todas las decisiones y movilizaciones que en su momento generó la búsqueda de su cumplimiento.

Es importante señalar que los Acuerdos expresan una negociación y que en ese momento se dejaron de lado temas que no alcanzaban consenso con el gobierno. Por ejemplo, uno de los puntos llevaba la parte indígena era que se revisara la contrarreforma agraria al Artículo 27 constitucional, porque se considera que el hecho de establecer que las tierras están sujetas al libre mercado vulnera de manera directa la demanda de los pueblos indígenas por sus tierras y territorios.

La parte gubernamental llevaba la consigna de "No se toca el Artículo 27 constitucional". Se valoró por la fracción indígena y se dijo: "vamos a avanzar y vamos a dejar esa demanda", no se dijo "la rechazamos", "vamos a dejarla para las otras mesas"; se pensaba que en la mesa sobre desarrollo social se volvería sobre el punto.

Después seguía la mesa de democracia y justicia. Lamentablemente, con esa mesa se canceló la posibilidad de una auténtica reforma del Estado, porque el EZLN repitió la fórmula de la primera mesa y procedió a invitar a todas las organizaciones civiles, sociales y políticas del país para que llevaran sus demandas. Pero entonces el gobierno cambió su postura y no llevó asesores, además de que permaneció mudo en la segunda mesa. Asistían a las sesiones donde sólo hablaba la parte que representaba el EZLN. Quebrantaron el diálogo, evidentemente. El EZLN no pudo resistir esa falta de respeto, esa no-interlocución con el gobierno, que esperaba su documento de conclusiones para decidir. Ese fue el punto de partida para que el 4 de septiembre de 1996 el Ejército Zapatista declarara suspendido el diálogo, y no roto, porque tiene una implicación jurídica en la ley ⁶ .

En contraste con la posición del movimiento indígena nacional y del EZLN en el sentido de avalar los acuerdos alcanzados, el gobierno zedillista asumió una actitud errática que le llevó a cuestionar la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en un contexto que suponía un acuerdo previo de las partes ⁷ . Se trataba de una iniciativa que ya era una concesión sobre la concesión, es decir, una interpretación de los Acuerdos de San Andrés, la cual ya había aceptado el EZLN, al contrario del reticente gobierno federal ⁸ . Damos cuenta de ello porque de pronto se olvida el contexto y se señala la intransigencia del zapatismo y la cerrazón del movimiento indígena.

La propuesta de la Cocopa modificaría varios artículos, los principales serían el 4°y el 115. En el primero se enlistó una serie de derechos concretos para un nuevo sujeto jurídico llamado "pueblo indígena", el principal de ellos es el de libre determinación y autonomía, que corresponde a los elementos que han sido parte de la cultura de los pueblos indígenas. Contrario a lo esperado, el gobierno, en consulta con algunos constitucionalistas, elaboró una contrapropuesta y la presentó al Senado el 15 de marzo de 1998, el cual retuvo su dictamen debido a que fue rechazada tanto por el EZLN como por el movimiento indígena (Gómez, 2001).

Ese año, el entonces presidente Ernesto Zedillo prefiguró el sentido de lo que sería la contrarreforma de 2001 y afirmó que la realización de obras de infraestructura

prueban que podemos avanzar en la corrección de la desigualdad social y económica, sin caer en una nueva desigualdad ante la ley, que signifique que unos mexicanos sean tratados de manera diferente a los demás por su condición de indígenas [...] ustedes deben tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos, y sería un error pensar que los problemas de los indígenas de México habrán de resolverse estableciendo una distinción en nuestra Constitución para los indígenas, tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos. La respuesta está en apoyarlos, la respuesta está en mantener nuestra unidad y, al mismo tiempo, respetar sus costumbres, sus creencias, sus valores y su cultura.

Se aprovechó, además, para ponderar a quienes reciben apoyo gubernamental sin alimentar "rencores" ⁹ . Días después, en Kanasin, Yucatán, el mandatario complementó su veto a los Acuerdos de San Andrés que sus representantes habían firmado y definió "en qué sí y en qué no se estaba de acuerdo con los Acuerdos" ¹⁰ .

La razón de Estado contra los Acuerdos de San Andrés

El arribo del foxismo panista a la presidencia de la República en el año 2000 anunciaba expectativas de cambio. La famosa expresión sobre la solución del conflicto en Chiapas en "quince minutos" resultó tan trivial como la oferta de abrir una oficina al lado de la Presidencia para mostrar cercanía con los indígenas. En diciembre de 2000, el EZLN dio otra vez su palabra y fijó condiciones para reanudar el diálogo, una de las cuales fue que se aprobara la iniciativa que había elaborado la Cocopa. En respuesta, el presidente Vicente Fox presentó al Senado la propuesta Cocopa el 5 de diciembre de 2000. El 11 de marzo de 2001, culminó, en el zócalo de la Ciudad de México, la Marcha por el Color de la Tierra. En su recorrido por el país, el EZLN tuvo un aval masivo a la demanda de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El 28 de marzo, tanto la Comandancia General del EZLN como el Congreso Nacional Indígena acudieron a San Lázaro ¹¹ .

En realidad, podemos decir que en la sesión en San Lázaro no hubo diálogo; unos y otros plantearon posiciones pero los hechos demostrarían que los legisladores no escucharon. Ahí quedó otra sesión frustrada. Los discursos del EZLN y el CNI que ahí se pronunciaron son piezas para la historia -desde abajo- de este país. Un mes después, se votó la llamada contrarreforma indígena. La Cámara de Senadores elaboró y aprobó por unanimidad un dictamen, y en la de Diputados el prd votó en contra, con base en lo cual la comisión permanente del Congreso de la Unión declaró, el 18 de julio de 2001, formalmente aprobada la reforma constitucional ¹² , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del mismo año (Gómez, 2013) ¹³ .

Así, tenemos que 2001 fue el año de la contrarreforma indígena, del aborto a la posibilidad de cumplir los Acuerdos de San Andrés y promover la paz no sólo en Chiapas, sino en todo México. Se impuso la razón de Estado con la reforma al Artículo 2° constitucional, que se reflejó en eludir el hecho de que la implicación de los derechos fuera otorgarles poder con el reconocimiento a la autonomía y libre determinación. Se procuró evitar que los pueblos indígenas se reconstituyeran y contaran con el uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios (Berraondo, 2006) y negarles el carácter de entidades de derecho público; por ello, se construyó una muralla que impidiera la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Gómez, 2005), pues ya tenían en mente el proyecto neoliberal y las futuras reformas estructurales que hoy han logrado imponer (Gómez, 2013): autonomía y neoliberalismo transnacional son antitéticos y el Estado definió su prioridad.

La maniobra de Estado fue clara, se pretendió que el Artículo 2° constitucional fuera la evidencia del cumplimiento de los emblemáticos Acuerdos de San Andrés, pero encontramos en su texto el reflejo de la esquizofrenia que desnuda la estrategia frente a los pueblos indígenas. En su apartado A se dice que los pueblos indígenas tienen autonomía y libre determinación, y en el B se niega esto mismo al sentar las bases, también constitucionales, de la antiautonomía, señalando o reiterando que el Estado aplicará programas, sólo que no se vinculan ambos apartados: en la práctica, el B camina con plena autonomía respecto a los pueblos ¹⁴ .

En consecuencia, dicha contrarreforma dio sentido a la continuidad de la misma política indigenista al elevar a rango constitucional la ley que creó al INI en 1948. La clase política mexicana se mostró dispuesta a continuar tratando a los pueblos indígenas como potenciales beneficiarios individuales de derechos que son propios de todas y todos, indígenas o no. Hoy como ayer, las políticas de combate a la pobreza son el caballo de Troya contra los derechos colectivos de los pueblos.

En 2003 quedó claro que hay indigenismo para rato. En la lógica de "la innovación" se decretó el "agotamiento institucional del INI" y se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que se sumó a la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y darle un carácter de cosa juzgada al diferendo político con el EZLN y los pueblos. Está en juego una operación de Estado y no es una más, pues busca sacarle el agua a la autonomía. El llamado "combate a la pobreza" logra paliativos que le permiten limitados márgenes de legitimación ante la "clientela" favorecida por sus acciones. Pero aquí la pobreza y su abatimiento no son el fin sino el medio para penetrar los procesos y dividirlos.

Brisna Caxaj (22 de agosto de 2008), académica guatemalteca, aborda el concepto de derechos "permitidos" para señalar que el Estado ha realizado una suerte de selección de derechos, a partir del aporte de Charles Hale en torno al "indio permitido". Así, señala que hay derechos "permitidos", como el relativo a la educación bilingüe e intercultural; en cambio, en la práctica, la defensa del territorio se constituye en un derecho prohibido, criminalizado.

La noción de derechos permitidos resulta muy pertinente pues hay una clara línea de políticas, legislación y jurisprudencia que privilegia los derechos individuales al traductor, relacionando al mismo el uso de la lengua indígena, la llamada educación intercultural, aunque con resultados precarios.

Por otra parte, en la lógica de colocar el acento en el apartado B del Artículo 2° constitucional, además de la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, se crearon espacios institucionales como la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe dentro de la Secretaría de Educación Pública; se fundaron 11 universidades interculturales, así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Líneas importantes, sin duda, pero que no guardan relación alguna con la supuesta libre determinación y autonomía que se reconoció a los pueblos indígenas, pues entran, sin embargo, en la lógica de los derechos permitidos y en conjunto constituyen lo que hemos denominado indigenismo de baja intensidad, antiautonómico por esencia; en contraste, es evidente la diferencia con las grandes reformas estructurales que el Estado ha decidido en el marco de su modernización neoliberal.

A 15 años de la contrarreforma indígena, asistimos al reforzamiento de la privatización que, mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad y la extracción de petróleo, perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público. Ya las siglas gubernamentales resultan irrelevantes, sea Semarnat, CFE, CDI, Sedatu, se, unas por acción, otras por omisión; sin embargo, se asienta día a día la razón de Estado que se consolidó en 2001 con la contrarreforma indígena. Si de algo sirvió el debate nacional en torno a los derechos colectivos y a la insuficiencia de los individuales para defender a los pueblos, fue para que el Estado diseñara su modelo gatopardista, que le ha permitido introducir en la Constitución frases que en el mismo texto anula mediante otras que gozan de prioridad transnacional (Gómez, 2011).

La razón de Estado en el plano internacional

Abundan los análisis y señalamientos críticos respecto al incumplimiento del Estado, tanto de la parte indígena como del EZLN y de quienes hemos acompañado este proceso. Sin embargo, vale la pena mostrar unas perlas poco conocidas de referencias y maniobras en el plano internacional.

• Recordemos la precisión pública que hizo en 1997 Ian Chambers, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido de que se debía aplicar a dichos acuerdos el principio pacta sunt servanda, es decir, que los pactos legalmente celebrados deben cumplirse en sus términos: "Los Acuerdos de San Andrés corresponden, tanto en su sustancia como en su forma, con lo previsto en el Convenio 169. Es decir, son asuntos negociados y discutidos entre gobierno y pueblos indígenas'' (como exige el convenio citado en su Artículo 6°, entre otros). De esa forma, señaló, "hubo consulta, negociación de soluciones y queda, aparentemente, el cumplimiento". El funcionario agregó que "si hay acuerdo legítimo, hay que respetarlo" ¹⁵ .

• El veto al derecho indígena zedillista traspasó las fronteras nacionales. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA recibió las observaciones y recomendaciones del gobierno de México al "Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" (OEA-Ser.G.CP-CAJP-1293-98, 12 de enero de 1998). El referido proyecto lleva 26 años en proceso de elaboración.

• Por otra parte, en 1999 se concluyó en la ONU el informe final del estudio sobre los tratados y otros convenios celebrados entre los pueblos indígenas y los Estados, coordinado por el diplomático de origen cubano Miguel Alfonso Martínez (†). Dos años después tuve oportunidad de preguntarle por qué no fueron incluidos los Acuerdos de San Andrés en dicho estudio, como correspondía, y su respuesta, entre discreta y nerviosa, fue que un líder indígena del que no recordaba el nombre le sugirió que los dejara fuera. Evidentemente, conocía los acuerdos y sabía del EZLN y de la postura oficial mexicana. Queda la tarea pendiente de reclamar un lugar para los Acuerdos de San Andrés en dicho estudio.

• Por último, como recordamos, en 2001 se presentaron ante la OIT varias reclamaciones en el contexto de la llamada contrarreforma indígena, las cuales fueron asumidas en bloque. Tres años después, se resolvieron por el consejo de administración, en su reunión de marzo de 2004. El argumento de la OIT entraña un esfuerzo de interpretación favorable a los pueblos indígenas a la vez que expresa la tensión con las posturas gubernamentales. El gobierno mexicano respondió que sí consultó a los pueblos indígenas, "antes y durante el procedimiento de aprobación de la reforma constitucional", y señaló que el hecho de que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) defendieran la iniciativa de la Cocopa en la Cámara de Diputados "constituye una consulta al más alto nivel institucional, mediante el cual los representantes del Congreso Nacional Indígena y del EZLN tuvieron la oportunidad de hacerse oír antes de que fuera aprobada la reforma constitucional". Afirmó además que la citada reforma "da aplicación a los acuerdos de San Andrés". En este aspecto la OIT desestimó tal valoración, pues señala que "se les escuchó en una sola oportunidad" ¹⁶ . Sólo recordemos la amplia polémica en los medios porque el Congreso se negaba a que asistieran el EZLN y el CNI a San Lázaro y cómo se ganó, en marzo de 2001, esa participación para dar cuenta, una vez más, de las maniobras del Estado "para intentar tapar el sol con un dedo". En dicha resolución, la OIT cuestionó las supuestas evidencias del Estado respecto a sus políticas para pueblos indígenas y concluyó con una serie de sugerencias que han quedado en el olvido. Posteriormente se han emitido diversas recomendaciones en espacios de derechos humanos de la ONU, que dan cuenta de que el Estado mexicano ha sido derrotado en su esfuerzo por negar el incumplimiento a los Acuerdos de San Andrés.

El EZLN y la razón de Pueblo frente al incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés

Al momento de que el Congreso votó el dictamen contrario a los Acuerdos de San Andrés, la Comandancia General del EZLN emitió un comunicado contundente en el que señaló que éste no responde a las demandas del CNI, del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional que se movilizó con ellos; que traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general. En lo particular, refirió "autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras, territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros". Continuó anotando que el señor Fox, al felicitar dicha reforma, muestra que simuló al enviar la iniciativa Cocopa. Asimismo, declaró que se cerraron las puertas del diálogo y la paz, dieron razón de ser a los diferentes grupos armados, eludieron saldar la deuda histórica y se declaró el desconocimiento formal de dicha reforma, el retiro de su enlace, Fernando Yáñez, y el anuncio de que no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal hasta que sean reconocidos los derechos de acuerdo con la iniciativa Cocopa. Concluyó con un llamado al CNI para que se "organicen y mantengan formas de resistencia en todo el territorio nacional" ¹⁷ .

Esta postura se tradujo en la reivindicación de la construcción de las autonomías de hecho y en el rechazo absoluto a la contrarreforma indígena. El EZLN se concentró en ello y, durante estos años, ha construido un proyecto integral autonómico que no tiene paralelo en el país ni fuera del mismo.

Los pueblos indígenas, no obstante los derechos nominales con que ahora cuentan, continúan su resistencia con la proverbial energía que les ha permitido su persistencia. Ante ello tenemos experiencias organizativas que, aunque no cuentan con el respaldo del derecho, los propios pueblos las reivindican como autonomías de hecho para expresar su distanciamiento con los tres poderes del Estado. Tales son los casos de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas y de la policía comunitaria en Guerrero, así como las experiencias más recientes en Ostula y Cherán, en Michoacán, entre muchos otros. Algunos pueblos indígenas están librando la batalla jurídica junto a su motor organizativo y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. La tribu yaqui es un ejemplo significativo.

Las Juntas de Buen Gobierno

No se debe olvidar que durante 20 años el EZLN ha enfrentado la continuidad de la contrainsurgencia por diversas vías, pese a que está vigente la Ley para el Diálogo y éste se suspendió desde septiembre de 1996. Dos décadas que encierran agravios ominosos, como el intento de desmantelar los municipios autónomos, la creación de grupos paramilitares, la impune masacre de Acteal, el divisionismo propiciado activamente mediante la zanahoria de los programas gubernamentales. Este factor debe tenerse presente cuando se valore el proyecto autonómico de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, construido por el zapatismo a contrapelo del Estado.

El anuncio zapatista sobre la creación de Caracoles y Juntas de Buen Gobierno en sustitución de los espacios conocidos en Chiapas como "Aguascalientes", convocó a fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas en el país.

El entonces Subcomandante Marcos, hoy Galeano, en su papel de vocero conjunto de los Municipios Autónomos y del EZLN, dio a conocer tal decisión y reiteró la crítica a la clase política de todas las siglas y a los poderes del Estado en su conjunto, pero también cuestionó al vanguardismo izquierdista, con la reivindicación del crédito de enseñanza para la matriz cultural indígena.

Esa visión general no impidió que se abordaran los claroscuros de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MARZ), a los que buscaban dar respuesta con el proyecto de Juntas de Buen Gobierno. Así, frente al crecimiento desigual de los municipios, en función del acceso a recursos, en ocasiones privilegiado, se acordó centralizarlos en las Juntas, a fin de que éstas brindaran atención a relaciones con la sociedad civil y redefinieran las reglas de trato con ellas a fin de impedir el asistencialismo y la imposición de proyectos o la realización de investigaciones que no beneficiaran a los pueblos.

Con la aclaración de que los MARZ continuarían sus tareas de impartición de justicia, salud comunitaria, educación, vivienda, tierra, trabajo, alimentación y comercio, se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las Juntas, para "atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento". Con esta función se garantiza un auténtico acceso a la justicia y se cumple con el debido proceso y se postula una propuesta innovadora al enfrentar la falsa disyuntiva entre derechos individuales y colectivos. También vigilarían la realización de proyectos, tareas comunitarias y en general lo relacionado con las condiciones materiales de subsistencia.

En esta nueva etapa organizativa de reconstrucción de la autonomía indígena es importante observar cómo se ubica el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) en ese complejo equilibrio entre el respeto a los pueblos y la necesidad reconocida de "desprenderse de la sombra de la estructura militar". Por ello, decidieron que no pueden coincidir mandos militares en cargos civiles. Sin embargo, como no se ha logrado la firma de la paz y los municipios continúan enfrentando provocaciones y amenazas, en especial de grupos paramilitares, o conflictos con organizaciones no zapatistas o antizapatistas, el CCRI mantiene la facultad de "vigilar el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticias y desviación del principio zapatista de mandar obedeciendo", principio que, reconocen, tiene origen indígena.

El 9 de agosto de 2003, se instalaron formalmente las Juntas de Buen Gobierno en Oventic, Chiapas, donde pudimos constatar, una vez más, la congruencia del EZLN en cuanto al respeto a los pueblos indígenas. La decisión de ubicar a la organización militar en el plano de la defensa y deslindar este componente de las funciones de gobierno nos habla de la reiteración de la postura de no suplantar a los pueblos y, en última instancia, de no "militarizar" su cultura. Doce años después observamos a comunidades indígenas en plena reconstitución y fortalecimiento, con programas y clínicas, un modelo educativo propio e innovador, un sistema de justicia comunitario, proyectos agrícolas y de comercialización autosustentables, con un gobierno que manda obedeciendo y, de manera destacada, la sabiduría de saber escuchar, el respeto a la palabra y la reivindicación de la dignidad como premisa. Su organización no ha requerido formar parte de "los programas gubernamentales".

Este proceso autonómico no es ajeno a un fuerte trabajo organizativo donde, sin duda, la comandancia indígena ha jugado un rol central. El EZLN ha realizado, como lo anunció en 2001, el cumplimiento unilateral de los Acuerdos de San Andrés.

Los nuevos pasos: movilización zapatista del 21 de diciembre de 2012

Hacía falta la presencia política pública y pacífica del EZLN, y ésta ocurrió con toda la carga simbólica que la ha caracterizado: si en 1994 se cubrieron el rostro para ser vistos, el 21 de diciembre de 2012 reaparecieron masiva y silenciosamente para ser escuchados. Al EZLN le han anunciado repetidamente su muerte como proyecto, así también a la causa indígena, aduciendo que "ya pasó de moda". Semejante despropósito quedó desmentido ese 21 de diciembre, cuando el zapatismo realizó masivas marchas silenciosas en varios municipios chiapanecos, destacando de nuevo la entrada a San Cristóbal de las Casas. En ellas el mensaje simbólico fue la pregunta "¿Escucharon?" Con tan impresionante demostración de organización, el EZLN reanudó la presencia pública y el diálogo no con el Estado, sino con amplios sectores sociales de vastas regiones para compartir sus experiencias.

El 30 de diciembre de 2012, en un comunicado denominado "El EZLN anuncia sus pasos siguientes", se señaló, entre muchos elementos críticos a la clase política institucional y a personajes concretos, su propósito de construir puentes con los movimientos sociales y se enfatizó: "reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país" ¹⁸ . Cabe destacar que quedó plasmado en su comunicado el desafío zapatista para que se cumplieran los acuerdos de San Andrés:

Queda entonces al gobierno federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decidir si reincide en la política contrainsurgente que sólo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígena, tal y como establecen los "acuerdos de San Andrés", firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo. Subcomandante Insurgente Marcos. México. Diciembre de 2012-enero de 2013.

Reacción oficial frente al desafío zapatista

El inicio del gobierno peñanietista marcó una estrategia dirigida al EZLN, aunque no formalizada como tal. Dos elementos la expresan de manera diáfana: el llamado cambio de nombre de la comisión para el diálogo y la decisión de arrancar su campaña nacional contra el hambre, precisamente en Las Margaritas, territorio en que murió el Comandante Pedro, segundo al mando en el alzamiento zapatista del 1º de enero de 1994. En los comunicados del EZLN, se definió el arribo de Peña Nieto como golpe de Estado mediático y en otro se respondió de manera contundente a la expresión del secretario de Gobernación, Osorio Chong, "no nos conocen"; ninguna de las dos posturas obtuvo mención oficial directa.

El 14 de enero de 2013, el secretario de Gobernación anunció que, por acuerdo presidencial, se decidió la transformación de la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en una nueva Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México ¹⁹ . Sin referirse a la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas ni a los acuerdos de San Andrés, mucho menos al EZLN, señaló:

[...] hay una deuda social con los pueblos indígenas, por lo que se trabajará con una visión de conjunto que dé respuesta a demandas como la de los pueblos indígenas [...] una de las tareas centrales es generar políticas públicas con equidad. Lo que se busca es que los pueblos indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos, derecho a la justicia, salud e infraestructura, que reviertan el injusto rezago en sus derechos y cerrar la brecha que nos separa para alcanzar el bienestar que merecen [...] Comunidades y pueblos indígenas son uno de los temas más importantes de la agenda pública, ya que demuestran su diversidad, ese México profundo (por supuesto, no el que mostró Guillermo Bonfil) que exige soluciones, que requiere de respuestas inmediatas; el Pacto Por México se refiere a ello.

En las preguntas destacó: "Habla usted de escuchar a todas las voces en el tema de los indígenas. ¿Estaremos viendo sentarse a Marcos con ustedes para terminar ya con este problema en Chiapas?" Respuesta: "En el mensaje que acabo de leer acabo de expresar que el nuevo nombramiento obedece a una nueva realidad, particularmente en la región de Chiapas, pero, sobre todo y además, con todos los pueblos indígenas. El llamado es a todos a sentarnos a resolver los problemas, desde lo político que debemos resolver para dar paso al desarrollo, al respeto a las comunidades indígenas" ²⁰ .

La comisión que cambió de nombre vulneró el objetivo de la vigente ley para el diálogo, emitida por el Congreso General; ésta es, en efecto, especial en esencia: define el estatus del EZLN. En su artículo primero señala:

Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior.

Hoy, según la lógica de Gobernación, ¿esta fuerza hará fila para el diálogo? Nunca se ha equiparado con un pueblo indígena, pero fue quien cedió la mesa a todos los pueblos para que sus demandas se incluyeran en los Acuerdos de San Andrés. El gobierno puede crear todas las comisiones de diálogo que quiera y duplicar funciones de la cdi, pero la del nuevo comisionado para todos los pueblos no es la que refiere a la ley mencionada. No hay que olvidar que el diálogo está suspendido por los sucesivos agravios recibidos y que se traducen en violación al principio jurídico pacta sunt servanda. Por otro lado, si el EZLN expresó que en territorio zapatista viven con dignidad y producen los alimentos que llevan a su mesa, ahora fue la parafernalia oficial a ofrecer apoyos nacionales contra el hambre. Mera continuidad de la estrategia aplicada por el comisionado anterior, dividir mediante el dineroducto. No los vieron, no los escucharon.

Rearticulación zapatista con el CNI

Muy importante fue la decisión zapatista que se compartió en diciembre de 2012 de reactivar la relación con el CNI. Si bien hay que aclarar que los movimientos que integraron el CNI y que participaron en la mesa de diálogo que dio pie a la firma de los Acuerdos de San Andrés mantuvieron su accionar a diferentes niveles y ritmos de acuerdo con el pacto fundacional de que el CNI sólo existe cuando se reúne y no tiene representantes, durante la última década dichos movimientos se articularon con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios. Hay, sin duda, nuevos movimientos y estrategias regionales de resistencia y defensa frente a los megaproyectos, concesiones mineras y embate de la llamada guerra contra el narcotráfico, entre otras situaciones, sin hablar del vaciamiento de los pueblos que se ha provocado en algunas regiones. Por cierto, hay que destacar que el Estado no ha logrado cooptar el movimiento político indígena organizado. Es evidente que la decisión del EZLN de reactivar vínculos con el CNI forma parte también de otra etapa del mismo movimiento, aún armado, en la cual se retoma la centralidad de la causa indígena aunque no exclusiva en la agenda zapatista.

Pronto se perfilaron, en 2013, dos iniciativas: la primera convocada conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena, "Cátedra Tata Juan Chávez" ²¹ , la segunda dirigida a la sociedad civil nacional e internacional. Ambas coincidieron en Chiapas, en agosto de 2013, pero se desarrollaron con autonomía. Un año después, del 4 al 9 de agosto de 2014, la clausura de la primera Compartición de Pueblos Originarios de México con Pueblos Zapatistas: Compañero David Ruiz García, en La Realidad, Chiapas, coincidió con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En los hechos, fue un contrainforme respecto de las voces oficiales: durante seis días, 312 representantes indígenas de todo el país y 1 mil 300 bases de apoyo zapatistas compartieron experiencias y definieron estrategias de resistencia frente al despojo actual, que se ampliará con las reformas energéticas recién promulgadas ²² . Se dio lectura a dos declaraciones: en la primera, sobre la represión, dieron cuenta detallada de los asesinados, los desaparecidos, los presos, los perseguidos con orden de aprehensión y los casos de hostigamientos. La segunda se refirió al despojo y ofreció 29 espejos donde anotó cada una las modalidades del mismo: en la costa nahua del estado de Michoacán (Ostula); el territorio nahua y totonaco del Totonacapan, Veracruz; el pueblo wixárika (comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuexcomatitlán, comunidad wixárika autónoma de Bancos de San Hipólito, sitios sagrados en el desierto de Wirikuta, San Luis Potosí); el municipio de Villa Guerrero, Jalisco; la comunidad autónoma wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán; el istmo de Tehuantepec, donde habitan los pueblos ikoots y binniza; las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; la región de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca; el territorio pahua popoluca en la sierra de Santa Martha; las comunidades ñañu de San Francisco Xochicuautla y Huitzizilpan, así como en una amplia franja del Alto Lerma, Estado de México; en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco; la comunidad coca de Mezcala, Jalisco; en el territorio chinanteco, en Oaxaca; en Huexca, Morelos, zona nahua del oriente del estado; en Amilcingo y Jantetelco, Morelos, zona nahua del oriente del estado y en la región nahua del valle de Puebla, en las comunidades de San Gerónimo Tecuanipan, San Lucas Atzala, San Andrés Calpan, Santa María Zacatepec, San Lucas Tulcingo, Santa Isabel Cholula, San Felipe Xonacayucan, Santa Lucía Cosamaluapan, San Isidro Huilotepec, San Buenaventura Nealticán, San Juan Amecac y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala; en Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo nahua; en el territorio nahua de la comunidad de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, en el estado de Jalisco; en la comunidad nahua de Zacualpan, estado de Colima; la comunidad de Cherán, Michoacán; en territorio maya de Campeche; en el pueblo tzeltal de Chilón, Chiapas; en la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco, en el estado de México; en el estado de Guerrero, en los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, y Ometepec, cientos de comunidades amuzgas, mixtecas y afromestizas; la comunidad nahua de Xoxocotla, del surponiente de Morelos; en el territorio yaqui en el estado de Sonora; el pueblo náyeri, en el estado de Nayarit; en el estado de Sonora, con la construcción de la presa Los Pilares se destruirán sitios sagrados del pueblo guarijío; Bachajón, Chiapas, pueblo tzeltal; el pueblo ch'ol de Xpujil, en el estado de Campeche; en territorio nahua y totonaco de la Sierra Norte de Puebla (en los municipios de Tlatlaqui, Zacapoxtla, Cuetzalan, Zoquiapan, Xochiapulco y Tetela, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Aguacatlán, Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Libres); el territorio del pueblo kumiai; la comunidad de Nurío, Michoacán; en las comunidades de Bochil, Jitotol y Pueblo Nuevo, pertenecientes al pueblo tzotzil de los Altos, Chiapas. Al concluir los 29 espejos señalaron: "Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos". Se reafirmó el rompimiento del EZLN y el CNI con toda la institucionalidad; señalaron en este sentido: "Nadie va venir a salvarnos, nadie, absolutamente nadie, va a luchar por nosotros. Ni partidos políticos ni políticos ni leyes ni nada hay para nosotros". La síntesis del Subcomandante Insurgente Moisés fue: no a las privatizaciones, desalojos y asesinatos, sí a la resistencia.

Se inició otra etapa de lucha. Este denso panorama de conflictos nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales; al acercar la lupa a cada uno, se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios; lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen. El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados en el mismo nivel que la Constitución.

Específicamente, el campo de los hidrocarburos, sin duda, planteará a la Corte la necesidad de precisar si los derechos de los pueblos a la superficie de sus territorios incluyen el subsuelo, cuando no es el Estado quien lo explota conforme a su dominio exclusivo, sino empresas a las que ha transferido tal facultad, trastocando su sentido original. En ese contexto, poco importa que en lugar de expropiación, cuando los titulares de las tierras se opongan al despojo para llamar a las cosas por su nombre, el Congreso de la Unión, con su aplanadora PRIAN, refiera a la llamada ocupación temporal como supuesto paliativo. Sin embargo, la experiencia de los pueblos indica que el componente central de su resistencia es la organización, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese contexto.

La escuelita y el poder civil zapatista

Como parte de los esfuerzos de compartición con amplios sectores, más allá de los pueblos indígenas, durante agosto y diciembre de 2013 y primera semana de enero de 2014, fue desplegada la iniciativa de la escuelita zapatista, que congregó a miles de estudiantes nacionales y extranjeros en todos los Caracoles para conocer de viva voz la extraordinaria sistematización de su experiencia organizativa autonómica en las Juntas de Buen Gobierno. El EZLN editó cuatro libros como resultado de las reuniones en todos los Caracoles, de manera que fueron un proceso interno de sistematización de experiencias; los temas se abordaron por cada Junta de Buen Gobierno, de modo que podían contrastarse. Este proceso fue reforzado con la participación como votanes de bases de apoyo zapatista, cada estudiante tenía su votán (guía). Dentro de sus diversos rasgos esenciales, destaco que se trata de una iniciativa de eminente poder civil construido desde abajo.

El empeño y la organización de maestras y maestros, así como las y los votanes (guardianes), dan cuenta de la convicción del zapatismo sobre el sentido del diseño de un proyecto que aspira a compartir con amplios sectores sociales su experiencia de construcción social de la autonomía, sus aciertos, pero también sus tropiezos. En la segunda y tercera vueltas, diciembre y enero, participamos alrededor de 4 mil personas de diversas regiones del país y fuera de él; jóvenes en su gran mayoría. Sólo imaginemos el esfuerzo que significó para las comunidades zapatistas.

Mostraron cómo han organizado sus tres niveles de gobierno: la comunidad a la que llaman el pueblo, los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno. Destaca el cuidado que han puesto en la expresión de nuevos valores o principios con el pueblo al mando. Enfatizan la libertad que han logrado mediante la resistencia autónoma. En ello se mostró la aplicación de la ley revolucionaria de mujeres zapatistas y los avances notorios en su participación en todos los niveles y tareas. El tema de la justicia autónoma fue ilustrado con casos emblemáticos que colocan de nueva cuenta un contrapunto a la justicia estatal (Fernández, 2014). El capítulo más complejo es el relativo a la economía; sin embargo, lo enfrentan con proyectos para la autosubsistencia familiar y para los gastos de operación de los tres niveles de gobierno. En conjunto explicaron cómo se ejerce la democracia directa, evitando las desviaciones que conlleva la supuestamente representativa que se practica en el país. En cada uno de los temas evitaron las meras abstracciones y se remitieron a la prueba de los hechos. En las sesiones de preguntas y respuestas abordaron sus logros, errores y las provocaciones del Estado a través de indígenas partidistas. Todo este esfuerzo busca, como ellos dicen, sembrar la semilla de la autonomía de manera que cada quien la adapte a sus condiciones y contexto.

Enfatizaron que no se trata de una ocupación para seguir haciendo lo mismo; sus prácticas y valores son realmente contrahegemónicos (Santos, 2002) y tienen plena conciencia de ello. Reafirmaron la vía pacífica y con insistencia anotaron: "La resistencia es nuestra arma. No luchamos por la muerte, lo hacemos por la vida, por la libertad de todos los pueblos del mundo" ²³ .

Crimen del zapatista Galeano, reacciones y decisiones del EZLN

Anotamos al inicio cómo el EZLN ha enfrentado diversos tipos de agresiones en un marco de contrainsurgencia. Justamente el 2 de mayo de 2014, el maestro de la escuelita zapatista, José Luis Solís López, el Galeano, fue asesinado por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOACH). La brutal agresión y la emboscada se realizó en La Realidad, uno de los bastiones emblemáticos del zapatismo ²⁴ .

La Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza anunció, el 5 de mayo de 2014, su decisión de pasar a las manos de la Comandancia General del EZLN todo el caso Galeano, "para que investigue bien y para que se haga justicia". Y desmintió que ellos se encontraran armados en la agresión del 2 de mayo. En respuesta a ese llamado, la comandancia acudió y señaló: "somos zapatistas y no se trata de venganza, sino de que haya la justicia". Presentó un diagnóstico que es importante contrastar con la respuesta del gobierno chiapaneco: 1) se trató de una agresión planeada con anticipación, organizada militarmente y llevada a cabo con alevosía, premeditación y ventaja, inscrita en un clima creado y alentado desde arriba. 2) Están implicadas las direcciones de la llamada CIOACH, el Partido Verde Ecologista (nombre bajo el que el pri gobierna en Chiapas), el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. 3) Está implicado el gobierno, al menos el del estado de Chiapas; falta determinar el grado de involucramiento del gobierno federal.

El 24 de mayo de 2014, el EZLN y las Juntas de Buen Gobierno, así como personas y organizaciones de diversas partes del país y fuera de él, realizaron en el Caracol de La Realidad un homenaje al maestro Galeano. Horas después, en la madrugada del 25 de mayo, el Subcomandante Insurgente Marcos, después de varios años, se hizo presente en el sentido homenaje al votán Galeano y afirmó categórico: "Éstas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir", y señaló que "se da a conocer esta decisión colectiva [...] Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después se entienda lo que ahora decimos". Anunció el nacimiento del Subcomandante Galeano ²⁵ .

Perspectiva

Si bien en 2012 el EZLN recolocó en la agenda política el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se trató de un desafío eludido por el Estado. Es legítimo que lo hiciera, pues constituyen un parteaguas emblemático en la conflictiva relación con el Estado mexicano en el marco de un diálogo suspendido. Considero que ello no implicó confianza en que el priismo, que recuperaba el timón, tomaría en serio unos acuerdos que fueron saboteados por dicha fuerza inmediatamente después de ser firmados. Es importante advertir que ya no se trata solamente de incluir o modificar una frase en el texto constitucional de 2001, pues se ha operado una política de Estado antiautonómica, por esencia neoliberal, que hemos caracterizado como indigenismo de baja intensidad.

Ciertamente, al momento de firmar los acuerdos referidos no se incluyeron temas que hoy son centrales, como lo relativo a recursos genéticos, biopiratería, siembra de maíz transgénico, entre otros. En 2016 no vale decir que el Estado está obligado sólo respecto al contenido de los acuerdos. A partir de 2011, con la reforma al Artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos, se amplió formalmente el paraguas de los derechos indígenas, cuyo origen son los convenios internacionales de derechos humanos. Hoy se cuenta, por ejemplo, a partir de 2007, con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; también el convenio 169 de la OIT cobra relevancia similar a la Constitución. Sin embargo, la justiciabilidad de estos derechos es muy compleja de cara a las reformas estructurales recientes en materia energética, que amenazan de manera directa a lo que queda de los territorios indígenas, en especial respecto al subsuelo, cuya excepción está inscrita en el propio convenio 169.

Esporádicamente, el comisionado del diálogo declara que ahora sí se cumplirán los Acuerdos de San Andrés. Retórica sin sustento ni respaldo al más alto nivel del Estado y sus Poderes. No parece interesarles; sin embargo, habría que precisar que, a estas alturas, después de 20 años de incumplimiento, el discurso de la llamada armonización constitucional y legislativa tendría que ser precedido de la rendición de cuentas del Estado. ¿Cuáles han sido sus decisiones fundamentales respecto a pueblos indígenas?, ¿cuáles son los saldos de la nueva institucionalidad, en contraste con la autonomía y libre determinación reconocida en el Artículo 2° constitucional? ¿El neoindigenismo ha sido parte activa de la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos un carácter de cosa juzgada? ¿Cuáles son las políticas que expresan la posición de concebir los pueblos indígenas como objetos de asistencia social más que como sujetos de derecho? Porque es frecuente que aún se les denomine grupos vulnerables en la lógica del llamado combate a la pobreza que se ha constituido en caballo de Troya para dividir a los pueblos. ¿En cuáles decisiones y acciones prevalece la razón de Estado que se definió en 2001 para evitar que los pueblos indígenas se reconstituyeran y contaran con el uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y su carácter de entidades de derecho público? (Assies, 1999). ¿Cómo se ha relacionado el neoindigenismo con la profundización de las políticas neoliberales -la reforma energética, la más reciente- que han hecho del Estado-nación mera ficción? ¿Porqué las trasnacionales no han requerido de un proceso constituyente fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial? ¿Se ofrecerá un informe detallado de las concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas en territorios indígenas y de los mecanismos para otorgarlas? ¿Cuál es el balance de Estado respecto al reforzamiento de la privatización que se abrió con la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y que se profundizó en 2005 con las reformas a la ley minera, entre otras? ¿Cuáles son los datos sobre criminalización de las crecientes movilizaciones de resistencia, al valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional? ¿Se dará un informe sobre el notorio incremento de migración indígena a zonas urbanas marginales y su relación con el despojo? ¿Estará el Estado dispuesto a ofrecer un informe detallado que dé pie a una comisión de la verdad?

Estas interrogantes sólo son la punta del iceberg de la operación de la razón de Estado aplicada desde 2001, cuando se decidió patear el tablero en relación con el zapatismo y los pueblos indígenas y sacarle el agua a la autonomía en una lógica contrainsurgente. Por su parte, la razón de Pueblo enarbolada por el EZLN y el CNI asumió, hace 20 años, los Acuerdos de San Andrés porque le son propios. ¿Qué sigue? Pronto lo sabremos.

Referencias

Assies, W. (1999). El reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina. México: El Colegio de Michoacán.

Berraondo, M. (2006). "Tierras y territorios como elementos sustantivos del derecho humano al medio ambiente". En Berraondo, M. (Coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos, 469-487. Bilbao. Universidad de Deusto.

Caxaj, B. (2008, 22 de agosto). "Incongruencias discursivas y simbólicas. Derechos de los pueblos indígenas", Avancso. Recuperado de <http://www.avanzo.org.gt/index_actividades.php?Id=189>.

Fernández, P. (2014). Justicia autónoma zapatista. Zona selva tzeltal. México: Estampa Ediciones.

Gómez, M. (2001). "Los desacuerdos con los Acuerdos de San Andrés". En Labastida, J. (Coord.), Globalización y democracia. México: Siglo XXI Editores.

Gómez, M. (2002). "Derecho indígena y constitucionalidad". En Krotz, E. (Ed.), Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, 235-277. España: Anthropos/UAM.

Gómez, M. (2004). "La constitucionalidad pendiente: la hora indígena de la Corte". En El Estado y los indígenas en tiempos del PAN, neoindigenismo, legalidad e identidad. México: Porrúa/ciesas/Cámara de Diputados.

Gómez, M. (2005). "Pending Constitutionality: An Analysis of the Mexican Legal Reform Process Concerning Indigenous Peoples". En Kuppe, R. y Potz, R. (Eds.), Law and Anthropology. International Yearbook for Legal Anthropology. Vol. 12. 175-195. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Gómez, M. (2011). "En busca del sujeto perdido:los pueblos indígenas bajo el signo de la privatización". En Gómez, M.; Chenaut, V.; Sierra, T. y Ortiz, H. (Coords.), Justicia y diversidad en América Latina: pueblos indígenas ante la globalización. 129-150. México/Ecuador: CIESAS/Flacso.

Gómez, M. (2013). "Los pueblos indígenas y la razón de Estado en México: elementos para un balance". Revista Nueva Antropología XXVI (78): 43-62.

Notas

1 La reforma salinista en materia indígena, con una adición culturalista al párrafo primero del Artículo 4º constitucional, se promovió ante la evidencia de que México sería el único país de América Latina que llegaría a 1992 sin ninguna referencia en su Constitución al carácter pluricultural de la nación. El movimiento indígena en ese entonces ya planteaba la autonomía, por lo que se deslindó de dicha reforma.

2 Los diálogos de La Catedral. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la participación de la comandancia zapatista, encabezados por Manuel Camacho Solís, en el aspecto gubernamental, y con la muy activa intermediación del obispo Samuel Ruiz.

3 Por acuerdo de las partes, se definió una agenda para abordar las causas que dieron origen al conflicto armado y se precisaron los temas relacionados con derecho y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, mujer indígena, reconciliación y distensión. Cada tema se abordaría de manera sucesiva en las mesas correspondientes.

4 El EZLN cedió la voz a representantes de los pueblos indígenas del país.

5 Tampoco significa que fueran ingenuos; tenían y tienen conciencia de lo que ha sido la mala relación histórica de los pueblos indígenas con el Estado mexicano; por ello, a su manera, mostraron sus reservas. El 16 de febrero de 1996, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, se encontraba en una gira por Europa, y la Delegación Gubernamental se preparaba para difundir la noticia: invitó a representantes diplomáticos de la hoy establecida comunidad económica europea para que asistieran a la firma histórica de los Acuerdos de San Andrés, pero la Delegación Zapatista y la Delegación Indígena dijeron "sí, vamos a firmar los acuerdos pero en nuestro espacio, no nos van a tomar la foto codo a codo con la Delegación Gubernamental firmando los acuerdos; por si las dudas, porque todavía falta buena parte de la agenda".

6 En el periodo comprendido entre el 4 de septiembre de 1996 y el año 2001 se realizó la masacre de Acteal.

7 Elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por legisladores de todos los partidos, en el contexto de los esfuerzos por concretar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996.

8 Que incluyeron la aclaración del secretario de Gobernación Emilio Chuayfett, quien, para retractarse del acuerdo expresado hacia dicha iniciativa, dijo que "en ese momento estaba con ocho chinchones".

9 El 16 de enero de 1998, en la inauguración del Hospital General de Rosa Morada y en la de la presa de Guadalupe Ocotán, en Nayarit.

10 Las reservas o "candados" de temas centrales cuestionaron el reconocimiento a la libre determinación y a la autonomía y, como expresión de ésta, el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, así como la comunidad como entidad de derecho público. Eludió también toda mención a la propuesta de la Cocopa.

11 Así se denomina a la sede oficial de la Cámara de Diputados; sin embargo, el 28 de marzo de 2001 sesionaron en ese recinto las dos cámaras para recibir al EZLN y al Congreso Nacional Indígena.

12 En las entidades con mayor presencia de pueblos indígenas el dictamen se votó en contra. Destacan Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

13 Tras la promulgación de la llamada reforma indígena, el 14 de agosto de 2001, 331 municipios indígenas presentaron a la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales para impugnar la violación al procedimiento para reformar a la Constitución. Pese a que la facción indígena mostró las anomalías en la aprobación del dictamen por parte de las legislaturas estatales, se recibió de la Corte la declaratoria de improcedencia sobre las controversias indígenas. En una sesión de Pleno cerrada, realizada el 6 de septiembre de 2002, ocho de 11 ministros consideraron que la Corte no tenía facultad para revisar los procedimientos de reformas a la Constitución.

14 En un discurso inequívoco, en la exposición de motivos los senadores señalaron su escasa convicción y apego a los derechos, su adhesión a la tesis de que el asunto de los pueblos indígenas se refiere ante todo a la pobreza: "El dictamen que las Comisiones unidas sometemos a la consideración del Pleno es, ante todo, un instrumento para promover la justicia entre y para los mexicanos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tienen derecho". En la exposición de motivos del dictamen (p. 7) plantean que "La propuesta de las Comisiones unidas no sólo recupera e integra la totalidad de los derechos que la iniciativa presidencial menciona, va más allá y realiza un esfuerzo por enriquecerla, en particular destaca el apartado 'B' de esta propuesta, en el cual se incorpora un conjunto de acciones de gobierno que tienen por objetivo concretar el compromiso de establecer un nuevo pacto entre sociedad, gobierno federal y pueblos indígenas, tal y como lo señalan los Acuerdos de San Andrés".

15 La Jornada, reportaje relativo al Seminario Internacional sobre Derecho Indígena, organizado por la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas y el Instituto Nacional Indigenista, 31 de mayo de 1997. Su declaración jurídica honesta le generó costos diplomáticos. En encuentro informal posterior fuera del país, sólo me compartió: "valió la pena".

16 GB289/17/3/2004-02-0047-3ES. Doc.

17 29 de abril de 2001.

18 Comunicado del EZLN del 30 de diciembre de 2012.

19 Semanas después oficializaron el cambio en el Diario Oficial de la Federación.

20 Fuente: grabadoras de reporteros de diversas radiodifusoras.

21 Fue pensada como un esfuerzo de continuación del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América, celebrado en el mes de octubre de 2007, en Vicam, Sonora, en el territorio de la tribu yaqui, y que celebrará sus sesiones en distintos puntos de la América originaria en todo el continente, conforme la geografía y el calendario que vayan acordando sus convocantes y quienes se adhieran en su oportunidad. Se definieron las fechas del sábado 17 y domingo 18 de agosto de 2013.

22 Es importante destacar que, si bien en el periodo 2001-2013 disminuyeron los encuentros del CNI, sí se realizaron algunas sesiones como la XXVII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico, en la comunidad autónoma wixárika, Bancos de San Hipólito, Uweni Muyewi, municipio de Mezquital, Durango, en el territorio del pueblo Wixárika, el 28 de marzo de 2010. El Primer Foro Nacional e Internacional en Defensa del Agua, en el territorio de la tribu yaqui, Vícam, el 21 de noviembre de 2010, y la del 15 de octubre de 2011 en la comunidad meepha de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero. Durante 2014 se realizaron diversas reuniones regionales del CNI.

23 La escuelita está actualmente en su segundo nivel, esta vez de manera virtual.

24 A finales del mes de mayo de 2014 se celebraría una serie de eventos significativos que de alguna manera consolidarían la ruta abierta a finales de 2012. Se tenía previsto compartir el proceso de fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena, realizar un merecido homenaje al muy querido amigo Luis Villoro Toranzo y un seminario sobre ética y despojo, plataforma que, en conjunto, haría propicia la presentación de nuevas iniciativas. Todo ello fue suspendido.

25 El texto de despedida, "Entre la luz y la sombra", lo leyó justamente durante la madrugada. No debió ser fácil para el emblemático personaje ser el enterrador de lo que él llamó una botarga que ya no es necesaria, pero que en los hechos se convirtió en la voz que durante 20 años expresó un genuino y congruente liderazgo a nombre del EZLN. Ciertamente, como señala, su figura se necesitó para que la sociedad racista los viera, y ello no excluye a intelectuales de izquierda que valoraban el privilegio de relacionarse con él "preferentemente".