El diálogo y la negociación entre el EZLN y el gobierno federal

La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) -iniciada el 1º de enero de 1994- y el diálogo de paz con el gobierno federal mexicano -que tiene lugar a partir del 20 de febrero de ese mismo año, en accidentadas etapas, hasta llegar a la suspensión en la segunda mitad de 1996- constituyen procesos inéditos en la historia contemporánea de los conflictos armados revolucionarios de América Latina.

La especificidad radica en primer término en la composición mayoritariamente indígena de la agrupación maya zapatista que se levanta en armas en defensa de la Constitución mexicana, apelando a su artículo 39, que establece: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Pese a que el agrupamiento político que da origen al EZLN, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), posee en gran medida las características políticas, ideológicas y organizativas de los movimientos de liberación nacional que optan por la vía armada -en los años posteriores al triunfo de la Revolución Cubana en 1959-, el contexto indígena en Chiapas en el que se implanta el grupo mestizo y urbano inicial modifica radicalmente las formas y los contenidos de la rebelión, llegando incluso a votarse en las comunidades bajo su influencia la pertinencia o no de la guerra contra el gobierno, y la fecha misma para el inicio de las hostilidades y las ocupaciones de al menos siete cabeceras municipales del estado, precisamente el día en que entraba en vigor en Tratado de Libre Comercio (TLC), acordado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

El otrora Subcomandante Insurgente Marcos, ahora Galeano, sostenía que los mestizos revolucionarios que llegaron a la Selva Lacandona en la primera mitad de la década de los ochenta "fueron vencidos por las comunidades", quienes se apropiaron del proyecto insurgente y lo trasformaron:

Tanto ellos como nosotros -señala el jefe militar zapatista- nos damos cuenta de que provenimos de dos fracasos y nos damos cuenta de la necesidad de construir juntos una alternativa. El problema que teníamos nosotros, al momento de pensar en construir un ejército popular, era dónde hacerlo. Ellos nos dijeron: con nosotros (Camú y Tótoro, 1994) ¹ .

Las propias operaciones militares del EZLN, que duraron 12 días, no siguieron los patrones clásicos de las guerrillas latinoamericanas y se asemejaron más a los levantamientos indígenas que tuvieron lugar en la Colonia y en la época independiente, en los que predominaron las tomas masivas y súbitas de ciudades, centros del poder despótico y racista, por ejércitos de indios insurrectos. Estos desplazamientos de miles de hombres y mujeres hacia los centros del poder mestizo dan al EZLN una impronta que no tienen otros movimientos de liberación nacional.

Desde el momento en que estalló la rebelión indígena en Chiapas, el gobierno federal, presidido en ese entonces por Carlos Salinas de Gortari, recurrió al uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el bombardeo aéreo contra posiciones insurgentes, e intentó en el campo de la lucha ideológica proyectar la imagen en los medios nacionales e internacionales de un conflicto local que se limitaba a unas cuantas comunidades de ese estado. Hasta entonces, la política oficial hacia los indígenas era -y continúa siendo ahora, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República- meramente asistencialista, tendiente a evitar conflictos sociales más que a resolver las causas profundas de miseria, explotación y abandono en las que han vivido.

El llamado "indigenismo" fue la política del Estado mexicano y del régimen priista en particular en su relación con los pueblos indígenas, la cual se caracterizó por la combinación de paternalismo y clientelismo, cooptación y represión, y nunca se basó en las necesidades y, mucho menos, en la acción de los propios pueblos indios.

Desde los primeros días que sucedieron a la insurrección, el EZLN despertó las simpatías de amplios sectores populares y fuerzas políticas de la sociedad mexicana (y no pocas en el ámbito internacional) que salieron a la calle a exigir el cese de la represión gubernamental y la vía del diálogo, mientras que algunos intelectuales del salinismo buscaron el desprestigio de la organización político-militar con argumentos como el siguiente, por parte del antropólogo Arturo Warman:

No me parece el movimiento de los pobres sino la manipulación de la pobreza, del aislamiento, de la dificultad. Se puede usar la pobreza sin representarla, sin combatirla, creo que así ha sucedido. No es un movimiento indígena, es un proyecto político-militar implantado entre los indios pero sin representarlos [...] Hay muchos indios, supongo que la mayoría entre los "soldados" del que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen agravios que pudieran explicar su decisión; pero muchos, muchísimos más, están al margen o en contra del alzamiento militar [...] No debemos confundir: no es la voz de los indios, simplemente algunos de ellos están presentes como todas las expresiones de la vida nacional (16 de enero de 1994).

Esta hipótesis sobre la exterioridad de la insurrección y el carácter sempiterno del indígena como sujeto manipulado, como cobaya de agentes de "afuera", fue utilizada por el Ejército y los servicios de inteligencia mexicanos, y por algunos "analistas" afines a los mismos en los medios masivos de comunicación, para buscar en las "guerrillas centroamericanas", "agitadores extranjeros" y, finalmente, en "revolucionarios mestizos" el origen de la rebelión.

El escritor Héctor Aguilar Camín, heraldo de la modernización neoliberal, concluiría lo siguiente a unos días del levantamiento:

Puesto todo junto, la explosión de Chiapas parece más el último capítulo de las agotadas guerras centroamericanas que el primero de la futura inestabilidad violenta de México. Su catártica irrupción no niega, sino confirma, el proceso de internacionalización del país: el fin de su insularidad orgullosa, la permeabilidad de todas sus fronteras a los buenos y los malos vientos del mundo. Y no desmiente, sino refrenda, la urgencia de la modernización ya emprendida, poniendo en primer plano las modernizaciones esenciales del futuro (10 de enero de 1994).

El poeta Octavio Paz, preocupado por las repercusiones de la rebelión en la Bolsa de Valores y el deterioro de la imagen internacional de México, mientras tenía lugar una masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo, se expresó de la siguiente manera:

No debe olvidarse que las comunidades indígenas han sido engañadas por un grupo de irresponsables demagogos. Son ellos los que deben responder ante la ley y ante la nación. Han encabezado un movimiento sin porvenir y condenado al fracaso, pero los daños que han causado a la nación son muy graves. Han enturbiado el crédito internacional de México; comenzamos a ser ya el objeto de las especulaciones y de los juicios sumarios de la prensa mundial. Han sembrado la desconfianza en nuestra economía precisamente en el momento de la entrada en vigor del TLC (la Bolsa ha resentido inmediatamente el golpe). En fin, han suscitado el desconcierto y la confusión en un periodo particularmente difícil de nuestra vida política, con unas elecciones presidenciales a la vista. Ojalá que pronto podamos sobreponernos a tantos tropiezos (enero de 1994).

Contrastando con estas visiones de la intelectualidad del poder, Luis Hernández Navarro, reconocido analista de la realidad mexicana, escribió sobre el mismo tema lo siguiente:

El levantamiento militar iniciado en la selva no es ni una insurrección indígena espontánea ni una acción armada de un grupo de combatientes externos, sino resultado de la combinación del trabajo de una organización políticomilitar y la problemática económica-social de los pobladores de la región. Miles de campesinos han decidido tomar el camino de las armas como la forma de resolver carencias ancestrales y de construir un futuro en el que tengan lugar. Si resuelven o no sus problemas por esa vía, es otro problema. Lo cierto es que no han sido engañados por nadie, sino optado por un camino -cuestionable si se quiere- ante lo que veían como el agotamiento de sus expectativas de vida (9 de enero de 1994).

Más allá de las diversas reacciones de la intelectualidad mexicana frente a la rebelión del EZLN en los momentos inmediatos posteriores a su aparición pública, lo cierto es que, a pesar de elucubraciones y condenas sumarísimas de un sector de la misma, se fue generando un consenso en la sociedad mexicana: las demandas fundamentales por las que luchaban los zapatistas expresaban la condición social de millones de indígenas y no indígenas a lo largo del territorio nacional. El conflicto se definió -desde entonces- como un problema de largo aliento y de naturaleza nacional que tocaba la esencia misma de las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos que conforman la pluralidad de la nación, incluyendo el pueblo mestizo pobre y explotado.

Pero en particular, aquellos que tuvieron el valor de levantarse en armas para ser escuchados, que se vieron obligados a cubrirse el rostro para ser vistos, nunca habían formado parte, en los hechos, de políticas estatales y societales de inclusión basadas en el reconocimiento de la alteridad. Incluso la composición pluriétnica de la nación mexicana fue reconocida constitucionalmente hasta 1992 en razón de las presiones internacionales en torno a los 500 años de la invasión europea del continente y el hecho de que México fue la sede de la Primera Reunión de Jefes de Estado de Iberoamérica.

El 1° de enero de 1994, un ejército insurgente que tomó como imagen simbólica al caudillo agrario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, mostró ese otro México de profundas contradicciones y polarizaciones sociales que se encontraba muy lejos del "primer mundo" al que prometía arribar Carlos Salinas a través de reformas estructurales como la que abrió camino a la privatización de tierras ejidales y comunales, con la contrarreforma al Artículo 27 constitucional, otra de las causas desencadenantes de la insurrección de los mayas zapatistas.

Con el ejército insurgente formado por campesinos indígenas provenientes de las distintas etnias mayas, los zapatistas dieron a conocer un México distinto al de las firmas comerciales trasnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las élites políticas de todos los signos. El EZLN emerge del otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma frente al modelo de muerte neoliberal. Estos pueblos indígenas tomaron las armas después de haber agotado todas las instancias legales para hacerse escuchar y resolver sus demandas. Pero al enfrentarse con el aparato estatal, para el que no existían más que como fuerza de trabajo, carne de cañón electoral u objeto de políticas asistencialistas, decidieron arriesgar lo único que tienen, su propia vida, para trasformar su situación y construir un futuro más promisorio para sus hijos.

La noticia de que un ejército insurgente declaró la guerra al Ejército mexicano recorrió rápidamente los medios informativos en el ámbito mundial, concitando la simpatía y el acompañamiento de núcleos de activistas que empezaron a llegar a Chiapas y a organizar la ayuda solidaria a las comunidades, que hasta el día de hoy subsiste. Más aún, el zapatismo se constituye en un hito de trascendencia universal al encauzar un mundo nuevo de construcción de utopías en un momento en que los paradigmas del socialismo real desaparecían junto a la Unión Soviética y los regímenes afines de la Europa del Este.

Así, no hubo más remedio que reconocer el genuino origen indígena de esta rebelión. La imagen folclórica del indio que lo condenaba a la petrificación museográfica, la mercancía turística y la incapacidad "innata" para enarbolar demandas nacionales y alianzas internacionales se trastocó y apareció de pronto como un actor social y político imposible de desconocer. Fue la revelación de una identidad negada siempre presente en la conformación histórica y en la actual realidad de la nación mexicana, proveniente de la otredad, que había sido menospreciada secularmente.

Características del diálogo de paz

En este contexto, un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial tanto en México como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad civil mexicana. Esta es una diferencia notable con respecto a los diálogos de paz desarrollados en los prolongados y cruentos conflictos armados de El Salvador, Guatemala o Colombia, así como la rapidez con la que se entablan las primeras pláticas entre las partes, apenas 53 días después de iniciadas las hostilidades armadas.

La presión ejercida desde el inicio del conflicto por la sociedad civil a través de masivas manifestaciones contra las masacres de indígenas por parte de las fuerzas armadas, por la paz y la solución negociada del conflicto, en diversas ciudades del país, pero principalmente en la capital de la República, así como la reacción en esa dirección de numerosas organizaciones políticas, gremios, iglesias e intelectuales reconocidos, obligaron a Salinas de Gortari a decretar -el 12 de enero de 1994- un cese unilateral del fuego por parte del Ejército federal, nombrar a Manuel Camacho Solís como "Comisionado para la Paz" y aceptar, a regañadientes, la mediación del obispo Samuel Ruiz.

Así, del 22 de febrero al 2 de marzo de 1994 se desarrolló el llamado "Diálogo de Catedral", efectuado en ese recinto religioso de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el cual contó, para protección de la sede, con cinturones militares, de la Cruz Roja ² y de miembros de 287 organizaciones no gubernamentales, y con cientos de periodistas nacionales y del extranjero que dieron cuenta de las vicisitudes de este primer acercamiento de las partes.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República, el 23 de marzo de 1994, ocasionó la primera de varias crisis en el proceso de paz y el regreso de la comandancia general del EZLN a sus posiciones de montaña, ante la declaratoria de alerta roja de esta organización revolucionaria. Andrés Aubry, conocedor profundo de la historia y la antropología de Chiapas, comentó con respecto a esta crisis: "La generaron quienes decidieron inmolar a Colosio, sembrando la duda de que negociar con asesinos no tenía ni seriedad ni porvenir creíble" (26 de febrero de 1997).

Diecinueve años después de estos acontecimientos, Pablo González Casanova rememoró en Chiapas:

Es lo más raro en la historia de la humanidad que dos ejércitos que están a punto de iniciar una guerra firmen un pacto de no agresión y digan vamos a hablar. Vinieron los diálogos de Catedral primero. Después los diálogos en el ejido de San Miguel. Después los diálogos de San Andrés. Hubo un momento en que se aceptó la lucha en el terreno de la paz. Pero, ¿qué pasó con esa lucha? La traicionaron todos los partidos y también la traicionó el gobierno (26 de enero de 2013).

La segunda crisis del diálogo fue provocada nuevamente por el gobierno federal, ahora encabezado por Ernesto Zedillo, quien el 9 de febrero de 1995 ordenó el ingreso del Ejército a la zona controlada por los zapatistas, en un intento fracasado de capturar a la comandancia general del EZLN. En esos días las fuerzas de seguridad apresaron a 20 presuntos zapatistas, algunos de ellos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, y dieron a conocer la ficha policiaca del Subcomandante Insurgente Marcos.

Estas crisis fueron resueltas favorablemente una y otra vez no sólo debido al compromiso real de los zapatistas por intentar una solución pacífica y negociada al conflicto, sino también por otra trascendente singularidad de estos diálogos: la conformación de dos actores políticos que jugaron un papel muy importante en el desarrollo de los mismos. Primero, la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruiz e integrada por personalidades chiapanecas y nacionales, como Pablo González Casanova, provenientes de la sociedad civil y con una solvencia intelectual y ética que ni los críticos más acérrimos podían negar; la Conai contó además con el auxilio del equipo de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que se distinguió por su eficacia y entrega en la realización de las complejas tareas de la mediación.

La otra instancia, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), fue creada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas del 11 de marzo de 1995 e integrada por diputados federales y senadores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión; esta instancia bicameral, de la que me tocó formar parte durante tres años en mi calidad de diputado federal de la 57 Legislatura, hizo notar en momentos claves su compromiso con el proceso de paz, más allá del interés particular de los partidos políticos respectivos. Incluso, en mi calidad de presidente en turno de la Cocopa, presenté en la Procuraduría General de la República una denuncia en torno a la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, que por cierto nunca prosperó.

Asimismo, la existencia de esa ley, promulgada por el Poder Legislativo de la Federación, permitió establecer la normatividad del diálogo y el reconocimiento explícito de los cuatro actores del mismo: EZLN, gobierno federal, Conai y Cocopa. Con este marco legal y la presencia de estos actores, tienen lugar, del 20 de abril de 1995 al 12 de agosto de 1996, las 17 sesiones que resultaron en la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, el 16 de febrero de ese año.

También insólita en una mesa de diálogo fue la incorporación a la misma, a través de la figura de "asesor" e "invitado" del EZLN, de más de 2 mil personas provenientes de una amplia gama de organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, periodistas, escritores, dirigentes políticos, especialistas y analistas de las ciencias sociales, y aun de ciudadanos que decidieron involucrarse activamente en el evento.

Significados de los Acuerdos de San Andrés

Desde la primera mesa de diálogo, el zapatismo impuso la problemática indígena en el debate nacional y obligó al Estado mexicano a negociar los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, los cuales, independientemente de la traición posterior de la clase política y de los tres poderes de la Unión, constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indios de México, que se han desarrollado durante estos 21 años, y un referente necesario para las consiguientes luchas de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal. A diferencia de muchos sectores sociales, el EZLN y los pueblos indios cuentan con una estrategia, la autonomía, para resistir los embates de estas políticas neoliberales y defender los patrimonios naturales y recursos estratégicos propios y nacionales, con un proyecto civilizatorio distinto al que ofrece el capitalismo mundial.

En el ámbito de los actores políticos presentes en San Andrés, los zapatistas entregaron la interlocución con el gobierno federal a la sociedad civil y, particularmente, a los representantes de los pueblos indios, sin otra condición que lograr el consenso de sus asesores en los acuerdos que presentaría la comandancia zapatista en la mesa de negociación ³ . Así, un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de una realidad indígena negada secularmente, abriendo el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad civil mexicana. Resultó insólita, en una mesa de diálogo entre una organización político-militar y un gobierno, la incorporación a la misma, a través de la figura de "asesor" e "invitado" del EZLN, de centenares de personas provenientes de una amplia gama de organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, periodistas, escritores, dirigentes políticos, especialistas y analistas de las ciencias sociales.

Especialmente importante fue la presencia de representantes de alrededor de 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica del país, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y hacer sus propuestas en un complejo mecanismo de negociación a través del cual los zapatistas trasformaron su diálogo en un espacio de debate incluyente y nacional. Tal era la autoridad moral y política de la delegación zapatista, que el gobierno invitó a dirigentes indígenas de organizaciones afines al PRI para contrarrestar a su contraparte en este terreno; cuál no sería la sorpresa de todos, que en el momento de iniciar el diálogo estos dirigentes oficialistas declararon su total apoyo "a los hermanos del EZLN", e incluso les solicitaban permiso para hablar. El proceso incluyó la realización de foros sobre los temas de derechos indígenas y democracia y justicia, mismos que a su vez fueron el marco de la conformación de instancias de coordinación, como el Congreso Nacional Indígena, que reunió a activistas y representantes de un sinnúmero de organizaciones indígenas independientes del país.

El proceso de diálogo fue una universidad de cómo hacer política a partir de la participación colectiva y sin que mediara el individualismo competitivo o el interés corporativo ⁴ . En San Andrés se practicó una cultura política diferente a la que impuso el sistema de partido de Estado por más de 70 años, misma que trasminó lamentablemente a la izquierda partidista, la cual asumió todos los vicios del priismo, perdiendo en el camino las cualidades de entrega, disciplina, camaradería y honestidad que la distinguieron en años de luchas memorables. Se dio la posibilidad de reflexionar a fondo sobre las formas y los contenidos de la cultura política existente y sobre las maneras como se encaran las diferencias cuando se trata de llegar a resultados de interés general. Surgieron en esas largas sesiones formas nuevas de pensar y practicar la política en un país en el que el régimen de partido de Estado pervirtió o mediatizó muchos de los esfuerzos por remontar, desde la izquierda, la fatal dicotomía de cooptación-represión en que dicho régimen se imponía, y que el dicho popular sintetiza en la escalofriante disyuntiva de "plata o plomo".

En el momento de negociar, la parte gubernamental se enfrentó a una realidad inusitada. No podían cooptar ni manipular un movimiento que sostenía un principio simple pero inexpugnable: la defensa de la dignidad. Ese régimen político, tan acostumbrado a los tratos tutelares, tan convencido de que podía corromper a todos y lucrar con las necesidades de la gente, tan dado a voltear hacia los humildes tan sólo en coyunturas electorales, no lograba entender que la dignidad no se negocia. Así, en el diálogo se enfrentaron dos culturas políticas disímiles e irreconciliables, y si se sostuvo la negociación durante esos años fue gracias a la voluntad política del EZLN y a la representatividad nacional (e internacional) del acompañamiento y apoyo que logró concitar esta organización. También se enfrentaron dos estrategias de negociación. Por un lado, el EZLN, que abre el espacio para que la sociedad mexicana plantee un nuevo proyecto de nación; por el otro, un Estado contrainsurgente que fue incapaz de cumplir con la palabra empeñada con la firma de los acuerdos.

Desde el momento en que irrumpió el EZLN en la escena nacional, los días del indigenismo estaban contados. El diálogo de San Andrés fue la festiva celebración de sus funerales, y aunque todavía sus fantasmas se aparecen en ámbitos regionales y comisiones presidenciales, no existe hoy quien reclame su continuidad y pertinencia. El EZLN, con su proyecto de autonomía que se consolida con las Juntas de Buen Gobierno, cierra el ciclo de la dependencia y el paternalismo y, con ello, cancela toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado mexicano con la debida asesoría antropológica. El reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas a través de la autonomía, que establecen los Acuerdos de San Andrés, identifica derechos y responsabilidades de sujetos sociales considerados pueblos, lo que en los hechos rompe con el cordón umbilical del indigenismo como política estatal hacia los indígenas y de las políticas corporativas del régimen de partido de Estado que por muchos años sometieron política e ideológicamente a esos pueblos.

La esencia de la autonomía indígena subyacente en San Andrés, y en aquellas de facto desarrolladas por los zapatistas y otros pueblos indígenas de México durante estas dos décadas, es que crea las condiciones para ampliar y desarrollar las potencialidades de sujetos autonómicos para que tomen en sus manos no sólo los asuntos que les competen, sino también para incidir en la vida nacional. Este hecho, la conformación del sujeto autonómico, de alcance y presencia nacionales, con lealtades armónicamente compartidas entre sus reivindicaciones propiamente étnicas y los proyectos democráticos de carácter nacional-popular, es la mayor conquista de estos años de lucha a partir del 1º de enero de 1994. Las autonomías indígenas y la conformación de un sujeto político y social representan la alternativa liberadora de las estructuras corporativas del sistema de partido de Estado que imperó en México durante décadas y de la política asistencialista del indigenismo oficial. Por ello, para el Estado oligárquico mexicano es inadmisible la existencia y actuación políticas de un sujeto independiente de sus mecanismos de control y mediatización. El gobierno y las élites políticas de este país deberán acostumbrarse a la presencia vital de los pueblos indios en la vida de la nación, hablando por sí mismos y reclamando sus derechos seculares. Como destacó el Subcomandante Insurgente Moisés, actual vocero del EZLN: "No nos volverán a joder".

En la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas, todos los documentos que derivaron en los Acuerdos de San Andrés, surgidos de las diversas fases del diálogo, fueron objeto de acaloradas y ricas discusiones para arribar al consenso, que fue el único condicionante de la dirigencia zapatista a sus asesores e invitados. Este proceso culmina con la firma de los únicos acuerdos a que arribaron las partes, en los que autonomía, libre determinación, normas jurídicas y sistema de justicia internas fueron la base de estos acuerdos. Su firma por las partes representa el principal triunfo político de los zapatistas. El contenido de todos los documentos en materia de derechos y cultura indígenas constituye, a la fecha, un referente de alcances históricos. Los asesores, junto al EZLN, firmamos un documento denominado "Punto y seguido", en el que expresábamos que el diálogo de San Andrés no era un lugar de llegada sino el inicio de un proceso y de una estrategia de largo alcance encaminado a hacer realidad la libre determinación y la autonomía, en el marco de un México democrático, a partir de las alianzas del movimiento indígena con el movimiento popular y nacional. La fortaleza que le dio el EZLN al movimiento indígena nacional es, precisamente, esa visión de conjunto de la problemática del país.

La propuesta de las autonomías indígenas que se consensa en San Andrés (reitero, con la presencia representativa de centenares de dirigentes indígenas del todo el país y especialistas en la materia participando en las discusiones más profundas que se han dado en ese campo) se fundamenta en una perspectiva de largo aliento encaminada a la democratización del país: se busca una reforma profunda del Estado y la sociedad que modifique la esencia misma del pacto social; que otorgue derechos no sólo a los individuos y a los ciudadanos sino también a las colectividades, a los pueblos diferenciados del resto de los mexicanos; que provoque un cambio en las mentalidades y en las formas de relación entre indios y no indios. No es una forma para aislarse o replegarse en los límites de los pueblos y las comunidades, sino, por el contrario, el camino para una unión de iguales en una multifacética y pluralista sociedad nacional.

Si tomamos como criterio actual para definir a la izquierda como la fuerza política que construye el poder popular contra el capitalismo, sin monopolizar la representación ni restar protagonismo a los distintos sectores socioétnicos que intervienen en ese proceso, el EZLN ha sido a lo largo de estos 21 años una organización extremadamente congruente con uno de sus más caros principios: "Para todos, todo, para nosotros, nada", que hace realidad cuando retira a todos sus cuadros político-militares de los distintos gobiernos autónomos bajo su hegemonía. Mandar obedeciendo, revocación del mandato, rotación de los puestos, convencer y no vencer, bajar y no subir, son formas diametralmente opuestas al vanguardismo, al burocratismo, a la conformación de castas que hacen del poder gubernamental y la representación popular su modus vivendi y que han devenido en maquinarias partidistas electorales que a toda costa pretenden el cargo público para su propio beneficio y para enquistarse en una clase política divorciada del pueblo. Institucionales y sistémicas, estas izquierdas no llegan más lejos que a la alternancia y, una vez en el gobierno, ponen en práctica programas extractivistas, desarrollistas, clientelares, asistenciales y paternalistas para paliar la cara dura del neoliberalismo pero procurando no alterar el dominio estratégico del capital y los poderes fácticos.

Durante todos estos años en cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN ha dado muestra de una extraordinaria capacidad de adaptación e innovación, sin tirar por la borda principio alguno, aportando en temas cruciales como el que dio curso a la incorporación plena de mujeres y jóvenes a todos los ámbitos de los procesos autonómicos de facto, educando a las nuevas generaciones en preceptos pedagógicos liberadores, y asumiendo la dignidad y la solidaridad como brújula rectora de la convivencia social, el gobierno como servicio, amasando, a su manera, las ancestrales utopías revolucionarias.

Es significativo que 19 años después, el 21 de diciembre de 2012, los mayas zapatistas organizados en el EZLN volvieran sobre sus pasos de 1994 y, esta vez sin armas, tomaran simultáneamente cinco ciudades del inicio de su movimiento: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y Ocosingo. En silencio, perfecta sincronía, organización y simultaneidad, más de 40 mil hombres y mujeres integrados en los contingentes de la multietnicidad que ha caracterizado al zapatismo, salieron en la madrugada de ese día de vaticinios de fin del mundo e inicios de una nueva era, para cumplir, una vez más, otra cita con la historia de este país de la impunidad en el gobierno y de pueblos que resisten con la dignidad y el principio de mandar obedeciendo que el EZLN ha establecido como efectiva y real alternativa democrática.

Precedidos siempre de la acción, antes que de la palabra hueca de la clase política, este singular desfile de columnas de los mayas zapatistas que sin excepción, incluyendo niños, subieron -con el puño en alto- a las tarimas situadas frente a los palacios de gobierno de las cabeceras municipales ocupadas y flanqueadas por la bandera nacional y la rojinegra de esta organización, ratificó con este hecho simbólico quiénes son los que mandan y protagonizan esta lucha que cumple 21 años de hacerse pública y que ha estremecido al mundo de la emancipación y las rebeldías. La reaparición del ezln en Chiapas en 2012, los comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General de 2013, la Escuelita Zapatista de 2014 y el Seminario "El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista de 2015", constituyen una demostración de la fortaleza de este movimiento surgido de la imbricación de las luchas de liberación nacional en América Latina con el mundo indígena, matriz civilizatoria de la nación mexicana que ha prevalecido pese a los intentos de los poderes oligárquicos de todos los signos políticos por borrarlos como pueblos con identidad, cultura y gobiernos propios. Las experiencias de la nueva autonomía que se han establecido en territorio de hegemonía zapatista marcan la diferencia de la nueva era en la que los pueblos viven en la dignidad que otorga una forma de expresión del poder popular, sin burocracias ni mediaciones. Todo ello se fundamenta en los Acuerdos de San Andrés; a 20 años de su firma, podemos constatar su vigencia y la fortaleza política de la organización que los hizo posibles.

La fortaleza que le dio el EZLN al movimiento indígena nacional es, precisamente, esa visión de conjunto de la problemática del país, misma que este movimiento refrendó, años después, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. De esta manera, el diálogo fue puesto por los zapatistas al servicio de los indígenas del país, sin pedir nada a cambio ni reclamar cuotas de poder. Las opiniones que consideraron limitados los Acuerdos de San Andrés (Díaz, 1993) se basan única y exclusivamente en los documentos firmados, en un análisis academicista y formal de lo logrado, que consistía en identificar los puntos de acuerdo y, a partir de los mismos, en hacer un análisis confrontándolos con las definiciones sobre autonomía. El problema es que en San Andrés no se estaba negociando en un vacío o en las condiciones idílicas de un laboratorio de investigación. Se estaba negociando en el contexto de las tensiones causadas por las distintas posiciones en el interior del movimiento indígena nacional, y por otra parte, debido a las contradicciones provocadas por un gobierno que ha intentado una y otra vez derrotar militar y políticamente a los zapatistas. La descontextualización de los acuerdos, y de la realidad en la que se da el diálogo, es un grave error político cometido por esta fracción de los asesores que ya no fueron convocados por el EZLN a la siguiente Mesa.

Asimismo, en esta Mesa se pusieron a prueba la validez de los planteamientos en torno a la cuestión étnico-nacional y las autonomías, que ni la antropología ni el marxismo habían resuelto satisfactoriamente en la teoría y en su aplicación práctica.

Se suponía que a partir de esta Mesa seguirían otras, como la de Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, las cuales igualmente abrirían el debate de otros temas de alcances nacionales diversos. No obstante, el gobierno, al iniciar la Mesa II, no mostró ninguna disposición para cumplir sus primeros compromisos ni quiso entrar a debatir otros temas, optando por el silencio, la falta de propuestas y pretendiendo ganar tiempo para profundizar su estrategia militar contrainsurgente que, paralelamente a las negociaciones, siempre mantuvo y amplió, extendiendo la militarización de las comunidades indígenas, estableciendo retenes, bases, campamentos, guarniciones y grandes instalaciones castrenses en toda la zona del conflicto, así como apoyando la creación de grupos paramilitares, uno de los cuales llevó a cabo la masacre de Acteal, en la que fueron arteramente asesinados 43 hombres, mujeres y niños, y de la que han sido responsabilizados, por omisión o comisión, las más altas autoridades de la República, incluyendo el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Desde 1994 hubo una restructuración total de las fuerzas armadas mexicanas bajo los lineamientos de la contrainsurgencia. El Ejército se preparó para la represión interna con la asesoría de Estados Unidos, engarzando la contrainsurgencia con la lucha contra el narcotráfico, dos caminos convergentes de una estrategia de dominación oligárquica-imperial encaminada a la ocupación del territorio, la guerra social y la criminalización de las oposiciones.

Desde la rebelión zapatista, se desarrolla una contrainsurgencia activa y preventiva no sólo en Chiapas sino también en regiones de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, entre otros estados. Podríamos proyectar el actual emplazamiento militar sobre un mapa étnico y el traslape sería exacto, esto es, donde están los pueblos indígenas, observamos una gran presencia militar.

En el caso específico de la zona de conflicto, se presenta una saturación del llamado "teatro de la guerra", es decir, el gobierno federal no ha dejado un solo espacio sin llenar y cubrir con militares. En otros términos, estamos ante lo que se denomina una alta densidad de tropas en un espacio regional reducido y con un desarrollo constante de la capacidad contrainsurgente, además del control aéreo, de comunicaciones e inteligencia a través de la infiltración de agentes y los paramilitares.

El gobierno mexicano, a través de todos estos años y no obstante las alternancias entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y ahora con el retorno del primero al Poder Ejecutivo federal, con Enrique Peña Nieto, no puede cumplir con la letra y el espíritu de los únicos acuerdos negociados y firmados en San Andrés porque la naturaleza de los procesos autonómicos indígenas va en una dirección totalmente opuesta a la transnacionalización neoliberal apoyada incondicionalmente por este grupo dominante. La intención de abortar el diálogo y no respetar los acuerdos obedece a esta racionalidad de clase en la que existe total acuerdo a pesar de las diferentes filiaciones partidistas de los sujetos políticos en el control del aparato de Estado.

Con esta matriz de clase en mente, enumero algunos factores derivativos que explican la suspensión del diálogonegociación entre el EZLN y el gobierno federal mexicano: a) la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas, expresados sistemática y permanentemente durante el diálogo en el trato de los funcionarios federales hacia la delegación indígena del EZLN; b) el odio de clase hacia quienes representan una organización político-militar que obliga al gobierno a negociar y que de manera irreverente y convincente exhibe la demagogia y el autoritarismo de su contraparte gubernamental; c) el peligro que representaba para el culto y el mito del poder del Estado mexicano que un logro proveniente de los de abajo saliera triunfante; d) la ruptura del monopolio de la violencia "legítima y legal" del Estado al negociar con un grupo armado que sale adelante en una negociación.

Conclusión

No obstante que el diálogo fue suspendido y hasta la fecha no ha sido reanudado, el EZLN demostró: a) que es posible crear las condiciones políticas y la correlación de fuerzas para obligar a sentar en una mesa de negociación a un gobierno autoritario; b) que el único diálogo deseable es el que se hace con la participación de la más amplia representación de la sociedad civil, de los pueblos que conforman la nación y de las fuerzas políticas, sociales y gremiales de todo el espectro político del país; c) que es posible negociar sin renunciar a principios y a la congruencia ética.

Referencias

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Camú Urzúa, G. & Tótoro Taulis, D. (1994). EZLN: el ejército que salió de la selva. La historia del EZLN contado por ellos mismos. México: Planeta.

Díaz Polanco, H. (1993). "La autonomía de los pueblos indios en el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal". Revista del Senado de la República, núm. 2, pp. 104-115.

González Casanova, P. (26 de enero de 2013). "Otra política, muy otra: los zapatistas del siglo XXI". La Jornada

Hernández Navarro, L. (9 de enero de 1994).. La Jornada

Le Bot, I. (1998). El sueño zapatistaMéxico: Plaza y Janés.

Paz, O. (5 de enero de 1994).. La Jornada

Warman, A. (16 de enero de 1994). "Chiapas hoy".. La Jornada

Notas

1 También véase Le Bot, 1998.

2 La Cruz Roja fue la encargada de trasladar a los miembros de la comandancia rebelde a las sedes del diálogo y jugó un papel muy importante en aspectos claves de seguridad durante el desarrollo del mismo.

3 Este fue en esencia el mensaje del Subcomandante Insurgente Marcos a sus asesores, previo al inicio del diálogo.

4 Hubo, sin embargo, quien pretendió romper la hegemonía del EZLN en el movimiento indígena, criticando los Acuerdos de San Andrés, con el argumento de que lo pactado no convenía a los intereses de los pueblos indígenas.