Introducción

La ciencia, la tecnología e innovación constituyen la estructura y las bases del crecimiento y desarrollo de las naciones y de todos los sectores que están articulados con la economía del conocimiento o en el conocimiento cognitivo a escala mundial. Se ha señalado que el conocimiento es el resultado del esfuerzo por resolver los problemas del hombre en sociedad, es saber más sobre nosotros mismos y sobre el mundo, es un producto social de la experiencia colectiva acumulada a lo largo de la historia de los pueblos. La articulación de las actividades relacionadas con la investigación, la producción y avances de la ciencia, la generación de conocimiento y el desarrollo de la innovación, forman parte de las políticas de Estado y representan aportes significativos que generan cuantiosos ingresos en monedas internacionales, lo que debería favorecer los ingresos por esa materia dentro del producto interno bruto nacional.

Por ese valor lucrativo, la ciencia, la tecnología y la innovación, son temas de carácter constitucional, ya que, al ser aplicado como tema principal de valor agregado dentro de la economía nacional, estos funcionan o deben funcionar a través de políticas públicas supranacionales, respondiendo a su vez, a las expectativas de vida de los ciudadanos, de la sociedad en general y de la globalización.

Nuestro propósito estuvo dirigido a revisar, develar y sustentar el fracaso efectivo de esta misión –en tanto política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela–, a través de una investigación documental utilizando fuentes de diversa procedencia, las cuales permitieron realizar la descripción y el análisis del recorrido general sobre la “Misión Ciencia” en nuestro país y los motivos que conllevaron a su fracaso y escasa duración como plan nacional.

En Venezuela, estas expectativas no fueron cubiertas durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez, ya que durante su largo mandato de 12 años, ni posteriormente, durante el gobierno de Nicolás Maduro, la ciencia, la tecnología e innovación no fueron prioridad. Sin embargo estas sufrieron los embates de la denominada revolución del siglo XXI y fueron afectadas debido a las decisiones inconstitucionales tomada por el Ejecutivo, las cuales afectaron el rendimiento del aparato productivo nacional y también a los sectores económicos, políticos, sociales e institucionales, y a cuyos efectos no escapó el sector dedicado a la ciencia.

Para muchos, la Misión Ciencia no pasó de ser “un batí burrillo demagógico populista” (“la ciencia tenga color, olor y sabor a calle”), con refritos tomados del ya extinto CONICIT (áreas estratégicas, con excepción de la tecnología militar), aderezado con una fraseología de inspiración neoestructuralista y populista. En su concepción estratégica privó un criterio excluyente y sectario, pues instituciones como AsoVAC y las universidades nacionales (CDCHT), al igual que las asociaciones de investigadores y de profesores universitarios no fueron consultados y estuvieron excluidos de las discusiones (El Nacional 21-2-06, B16)

Estas áreas se vieron comprometidas y descuidadas cuando el Estado fue asumido por el gobierno y en medio de ese afán de construir un nuevo modelo político para la sociedad venezolana, el extinto presidente Hugo Chávez propuso en un programa televisivo, (citado por Dieterch), incorporar como elemento nacional lo que sería el “Socialismo de Venezuela” basado principalmente en “las ideas originales de Carlos Marx y Federico Engels” calificado por Dieterich también como como “teoría científica de la sociedad”.

En esa necesidad de inventar el socialismo del siglo XXI, se aplicaron los planes de la patria, uno de transición, camino y otro la instauración del socialismo en la sociedad venezolana. Para eso, apoyados por el gobierno cubano y por colaboradores internos que coparon los principales espacios de la política nacional, insertaron el tema ideológico en las instituciones y en la sociedad en general.

El tema injerencista sobre los asuntos de la nación siempre ha estado presente en la política socialista, pues las instituciones son controladas y supervisadas, particularmente los asuntos informáticos, las notarías, los programas sociales y políticos (Naím, citado por Marcano, 2014). Bajo ese lema socialista, el grupo gobernante se perpetuó en el poder y con ello el clientelismo, la corrupción, el nepotismo, la ineptocracia y los contravalores, promovidos desde seno de la cúpula del gobierno para adoctrinar a sus seguidores y adeptos de las clases populares, así como de aquellos que por mantener puestos clave y beneficios económicos, aceptaron seguir la misma línea de la revolución.

Sin embargo, muchos eran lon objetivos que pretendían alcanzar para convertir las riquezas del país en “beneficios para todos”, pues en este sentido, se buscó que el conocimiento científico estuviera al alcance de todos. La meta de socializar la ciencia, fue un paso más hacia la socialización intensiva y extensiva del conocimiento en función del desarrollo endógeno en relación con las redes económicas, sociales y políticas descrito en el Proyecto Nacional Bolivariano y de Integración Marcano (p. 2). En tal sentido uno de los temas reiterativo –y quizás novedoso– para muchos, en esta misión oficialista, fue la pertinencia social de la investigación, bajo la idea de hacer “ciencia para el pueblo”.

En esta misión nacional basada en los modelos de producción social establecidos en los lineamientos del socialismo del siglo XXI, debían participar activamente los colectivos de la Misión Ciencia, que estaban alineados con las Salas de Batallas (SBS) y las comunas. El propósito era que estos actores se reunieran y participaran en la elaboración de proyectos que se alinearan con los requerimientos del modo de producción social de la nación (MPPCT, 2011).

Cabe preguntarnos: ¿Acaso en el país se ha dado un cambio social? La respuesta es no. Lo que en realidad ha ocurrido es el surgimiento de un autoritarismo cívico-militar, en el que el jefe del Estado preserva el control absoluto de todos los poderes y en donde las decisiones son tomadas por él e impuestas a través de la intimidación y el poder mismo.

Indiscutiblemente, priva un discurso populista, mediocre, con soluciones parroquiales, sin búsqueda real para solventar los problemas a gran escala, donde lo que vemos son proyectos tales como la ruta de la empanada, la siembre y rescate del cacao y Ruta del Chocolate iniciado a partir del 2005, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) y ejecutado por las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FUNDACITE). Este proyecto impulsa el cultivo como política de Estado, pues el objetivo principal es desarrollar el cacao mediante el apoyo y la cooperación de este ente gubernamental a partir de un modelo de transferencia tecnológica según (Portillo y Portillo, 2012, p. 305).

Asimismo crearon la ruta de la mandarina, los gallineros verticales, fabricación de queso de telita, de casabe y de chorizo de cabra, la siembra en los balcones, cría de conejos en las casas, etc., asumiendo de esta manera que la tecnología no es más que ciencia aplicada e ignorando las complejas relaciones de esta[4]. Hoy, ni el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el FONACIT y el ONCTI (Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) administran, promueven o desarrollan la Investigación Científica.

La Ciencia: base y progreso en una Nación, pero desmembrada del conocimiento, la tecnología y la innovación

Con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez (1999), se iniciaron las nuevas políticas de Estado, las cuales fueron ampliándose y abarcando cada vez mayores áreas en el transcurso de los años. Así se sumaron los proyectos, programas económicos, políticos, sociales dentro de las estructuras jurídicas e institucionales de la nación. Muchas fueron las discusiones y la voluntad para hacer de este tema una materia de interés que se vislumbraba dentro del panorama nacional, un hecho de mucha transcendencia, esto en virtud de la necesidad de caminar hacia el crecimiento y el desarrollo y así buscar definitivamente, el progreso del país. En tal sentido, se establecieron cinco áreas prioritarias: Salud, Hábitat y Desarrollo Endógeno, Energías, Soberanía y Seguridad Alimentaria, y Seguridad y Defensa y se formuló un plan de formación en Ciencias Básicas con un ambicioso sistema de becas de pre y posgrado (se estimó en 2000 y 5000 becas) en las universidades nacionales, con miras a la formación de nuevos científicos y tecnólogos, que le brindaran y fortalecieran al país en el desarrollo de las áreas mencionadas (García, 2006).

Esta Misión fue desarrollada bajo la siguiente sustentación filosófica y política: tenía como objetivo lograr un sistema humanista y consolidado de la ciencia y tecnología, tendiente a la inclusión popular en el conocimiento sobre los adelantos de la era contemporánea, sustentado en el diálogo de saberes donde los actores sociales, instituciones y organizaciones que lo conforman, gestarían la creación, producción y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, con los medios de información necesarios, al alcance de todos, para lograr así una mayor autonomía tecnológica e incidir de manera efectiva en el desarrollo endógeno sustentable, como herramienta para lograr la suprema felicidad social y en consecuencia, la construcción de una sociedad socialista (CEIMS, 2008), con la finalidad de alcanzar mayores niveles de soberanía, así como la "incorporación masiva de actores sociales (…)” a los fines de fortalecer el desarrollo endógeno y también, la integración latinoamericana.

En tal sentido, el profesor Rigoberto Lanz escribió en ese momento varios artículos sobre el tema en la prensa nacional y estos constituyen una importante fuente de referencia. Con el funcionamiento del plan nacional para la ciencia se pretendía beneficiar notablemente a toda la comunidad científica de nuestro país, y se dejarían a un lado las viejas políticas bipartidistas anteriores a 1998, que, a pesar de sus fallas, significaron pasos importantes y se alcanzaron algunos de los objetivos previstos. Sin embargo, quedaron por resolver algunos asuntos importantes y las expectativas de muchos especialistas, particularmente en las actividades de la ciencia, quedaron truncadas debido a la falta de inversiones y de un mayor apoyo por parte de las autoridades y sectores productivos del país.

Son valiosos los esfuerzos realizados en Venezuela durante los 40 años del periodo democrático (1958-1998) en materia de desarrollo científico y tecnológico, evidentes en importantes programas como el PPI (Programa de Promoción al Investigador), el financiamiento de proyectos de investigación y el vital proyecto “Cofinanciamiento y evaluación de las revistas científicas nacionales con el desarrollo del índice de publicaciones Scientific Electronic Library Online (SCIELO)” de recuperación y visibilidad de la ciencia, lo que nos incorporó a un Proyecto latinoamericano junto con el CVLAC (Currículo Vitae latinoamericano de los investigadores), cuyo propósito era desarrollar una red latinoamericana de investigadores, así como el diseño de políticas públicas en C-T-I con el auspicio de BIREME (Escuela y Biblioteca Paulista de Medicina de Brasil/la OPS/OMS).

Esta política de ciencia y tecnología se sustentó básicamente en los principios señalados por la UNESCO, que la define como un conjunto de instrumentos, mecanismos y normas, lineamientos y decisiones públicas, que persiguen el desarrollo científico y tecnológico en el mediano y largo plazo.

Es cierto que antes de 1998 el crecimiento científico fue lento, pero se alcanzaron algunos logros, con la participación activa de las universidades autónomas. Con el gobierno de Chávez nació una institución, que luego del parto, murió, debido a multitud de ensayos y errores a la que fue sometida, las deficiencias operativas, mal manejo de los fondos, demagogia, populismo y antagonismos por parte de las autoridades, así como la falta de coherencia de las políticas en esta materia, lo que llevó a arrancar como proyecto activo y factible para luego morir por su desperfecto e incoherencia. En este se juntaron los errores del pasado con los del periodo constitucional del presidente Chávez y su gobierno.

Con la llegada al gobierno de Chávez en 1999, al principio hubo la intencionalidad de hacer algo en favor de la ciencia. Sin embargo, los intereses contrarios y los factores descritos salieron a la luz desde el mismo seno del gobierno y se iniciaron las contradicciones y la malversación de los fondos públicos.

Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación (LOCTI)

Es importante destacar que en las décadas de 1960 y 1970, fueron creados en América Latina los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los cuales, en ese momento contaron con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En Venezuela, se creó el 13 de julio de 1967 y su rectoría quedaría en manos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) a partir del año 1970. Esta institución sería rectora de las políticas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Después de ese momento, la creación de una nueva normativa debió esperar hasta 1984, año en que entró la nueva ley en esta materia, que fue derogada con la inclusión de la del Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir de 1999. Este ente que se encargaría de ocupar el puesto de rector de las políticas científicas, tecnológicas del país, siendo su primer ministro Carlos Genatios (1999-2002). En este mismo periodo gubernamental se creó el Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), como el órgano encargado de financiar y establecer las políticas y las actividades en esta materia. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.291, de fecha 25 de septiembre de 2001, se creó el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica N° 1290, el 30 de agosto del 2001, en materia de ciencia y Tecnología, el cual regularía estas actividades y articularia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT)

Lo importante de la nueva ley es que le daría participación directa al sector privado para que este gestionara su contribución nacional a la ciencia y a la tecnología, la cual se haría a través de un aporte en porcentaje impuesto por el gobierno. Estos ingresos a favor del Estado serían, pues, invertidos según la ley, en nuevas investigaciones y desarrollo como carga obligatoria en el financiamiento de proyectos. La virtud de dicha normativa también se vio reflejada en el sector comercial e industrial, pues tendrían condiciones para hacer negocios en materia de propiedad intelectual con el sector empresarial y con inversores extranjeros.

Como indica Requena (2010), esa atomización que a tenía aislados a sectores como el empresariado, el gobierno y las instituciones de investigación, quedó resuelta con esa ley. Al plantearse la alternativa de una sola vía, siguiendo las ideas del autor antes mencionado, puede aseverarse que el rumbo de la ciencia y la tecnología en el país podía corregirse, en vista de que la ley preveía:

• · Acabar con el cientificismo

  · El sector privado debía participar como ente financiero de la Ciencia y la Tecnología, por lo que se convertiría en transportador de recursos.

  · Aumentar los fondos públicos y privados para el desarrollo de estas políticas

  · El Estado debía jugar un doble papel: como armonizador (económico) y como gestor de los recursos humanos (capacidad académica). Acabar con el cientificismo

  · El sector privado debía participar como ente financiero de la Ciencia y la Tecnología, por lo que se convertiría en transportador de recursos.

  · Aumentar los fondos públicos y privados para el desarrollo de estas políticas

  · El Estado debía jugar un doble papel: como armonizador (económico) y como gestor de los recursos humanos (capacidad académica).

La LOCTI, publicada en Gaceta Oficial 38.242 del 03-08-2005, tenía como atribuciones derogar el Decreto con Rango y Fuerza de Ley 1290, de fecha 30 de agosto de 2001, de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”, publicada en Gaceta Oficial 37.291 del 26-09-2001. Según Ferrer (2006), salvo en lo relativo al Título III, que hace referencia a los aportes y las inversiones en las actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovaciones, que entró en vigor a partir del 01-01-2006, casi toda depende de lo señalado en el artículo 3. De esta jurisprudencia, destacamos que se pretendía beneficiar a sectores como:

• · Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados.

  · Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que fueran incorporados al Sistema.

  · Las unidades de investigación y desarrollo, así como las unidades de tecnologías de información y comunicación de todos los organismos públicos.

  · Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

En cuanto al tema de recaudación indicado en la ley, esta estaría incluida en los artículos 35, 36, 37 y 38, que establecen el monto de los tributos, los cuales oscilarían entre 0,1% y el 2% del ingreso bruto de las empresas para los siguientes sectores: comercialización, hidrocarburos e hidrocarburos gaseosos, otros sectores productivos e inversión extranjera. Además, en ese estamento jurídico se establecían tres modalidades de distribución de los recursos, los cuales consistían en:

• · La inversión dentro de la misma empresa en I+D.

  · Otorgar recursos para laboratorios o centros de investigaciones, fuera del ámbito de las empresas

  · Entregar los fondos al FONACIT

En este orden de ideas, Avalos (2009) expone: “el FONACIT para los años 2006 y 2007, las empresas tributaron por un monto $7.316 millones, de los cuales $ 6.500 millones usados por las empresas internamente es decir un 89%, y solo un 11% para CTI” (p. 21).

Posteriormente ese fenómeno se repitió entre el 2008 y 2009. Según Bonalde (2011a), el orden de captación de recursos fue entre 8 y 10 mil millones de dólares, asegurándose que aproximadamente el 95% del monto quedó en manos de las empresas, por lo que estas no hicieron sus aportes de investigación y desarrollo. Con el aporte no se suplió lo invertido, no se obtuvo registro de patentes y tampoco hubo suficientes participaciones en la generación de artículos científicos, los cuales han venido disminuyendo cada año. También se eliminó el programa de subsidio y evaluación de las revistas científicas nacionales.

Por su parte, el gobierno nacional transfirió gran cantidad de recursos a los entes encargados en la materia, como el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Durante ese período, este ente recibió aproximadamente 704.892.378.962 de dólares. La Misión Ciencia recibió un total de 495.000.000.000. Lo más lamentable de todo es que Venezuela contó con muchos recursos, pero pocos fueron los resultados obtenidos, lo que sin duda hubiese sido un gran salto hacia el crecimiento y hacia el desarrollo esperados.

Con esto quedó demostrado que no sólo fue suficiente las iniciativas y los aportes presupuestarios asignados para la ciencia y la tecnología, puesto que los resultados no se hicieron esperar, pues los errores quedaron reflejados en lo que Rangel-Aldao (citado por Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: 2017) hace referencia “infelizmente esas señales jamás se materializaron en progreso (…)” (p.134).

Posteriormente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.575 de fecha 16 de diciembre de 2010, se modificó negativamente la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre sus modificaciones más sobresalientes encontramos la recaudación del 2% de los casinos y maquinas traga níquel, un 1% para las empresas privadas e hidrocarburos, 0,5% para empresas de capital público, y 0,5% en otros sectores. A diferencia de la LOCTI del 2005, el uso de estos recursos quedó bajo discrecionalidad del FONACIT a través de las políticas del MPPCT.

Según lo previsto en la LOCTI (2010), la Autoridad Nacional definió las siguientes figuras para la asignación de recursos destinados a las actividades en ciencia, tecnología e innovación:

• · Las instituciones, personas naturales y jurídicas que generen, desarrollen y transfieran conocimientos científicos.

  · Los ministerios del poder popular que compartan con la autoridad con competencia en la materia de ciencia, tecnología e innovación.

  · Las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Aspectos generales de la Misión Ciencia: creación, visión, objetivo y estrategias

Con la Misión Ciencia se buscaba ‘que la sociedad se adueñe del conocimiento y comience a generarlo’, entendiendo el conocimiento como una herramienta fundamental para incrementar la riqueza, fortalecer la autogestión y masificar el bienestar social” (Ministerio de Comunicación e Información, 2006, p. 12)

La Misión Ciencia, según sus creadores principales, fue definida en su momento como el proceso de integración y articulación de las relaciones entre las comunidades, actores sociales e institucionales, que estarían agrupados en redes económicas, académicas, políticas y sociales. Con la participación de esos sectores, se llevaría a cabo el proceso de desarrollo endógeno, el cual permitiría la integración de estos actores en la utilización del conocimiento y de la inteligencia dentro del nuevo modelo nacional,

Ese programa estaría basado en tres principios fundamentales, enmarcados de la siguiente manera:

• · “La movilización nacional hacia la valorización del conocimiento

  · La valorización del conocimiento y su aplicación para mejorar las condiciones de vida del venezolano

  · La creación de las condiciones propicias

  · Las capacidades necesarias para lograr la generación del conocimiento y establecer su modelo de aplicación” (Ministerio de Información y Comunicación, 2006, p. 12).

De acuerdo con las declaraciones de Yadira Córdoba, Ministra de Ciencia y Tecnología en 2006, dentro de esos principios fundamentales se adhiere el objetivo de la ciencia, basado en la identificación y el reconocimiento “de talento y la inventiva de venezolano, a través de cuatro componentes específicos: conocimiento aplicado, incremento de capacidades, extensión y popularización, y desarrollo”. (Ídem, p.13).

“A través de ese objetivo, se complementaría la aplicación de la Misión Ciencia haciendo hincapié en cuatro vertientes, según el gobierno nacional estarían estructuradas por: la vertiente territorial local en esta se hace énfasis en la necesidad de masificación y la apropiación social con el uso de la visibilidad y viabilidad en el funcionamiento efectivo. Con este se suma la vertiente sectorial-temática establecida en las cinco líneas estratégicas basado en temas relacionados con el hábitat y desarrollo, seguridad alimentaria, se incluye las áreas de salud, energía y seguridad y defensa. La siguiente vertiente hace hincapié a la necesidad de impulsar e incrementar los servicios tecnológicos y de certificación. Y finalmente, la otra vertiente tiene carácter internacional en la que estaría comprometido el Estado a promover áreas vitales científico-tecnológico, que son de mucho valor e importancia para así poder sumar en ese proceso de integración con aquellos aliados estratégicos” (Ibídem, p.13).

La Misión Ciencia nació como programa social justo en el marco de la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2005. En apoyo a este plan nacional participaron otros organismos e instituciones públicas como los ministerios de Industrias Ligeras y Comercio, Educación Superior, Energía y Petróleo, Industrias Básicas y Minería, y también, Ciencia y Tecnología; este último con la responsabilidad de coordinar las estrategias orientadas a la ejecución de las políticas. En ese evento se establecieron las cinco líneas estratégicas de acciones, clasificadas por áreas donde se presentaban las problemáticas y en ese sentido, serían atendidas, gracias a la participación de la comunidad científica.

Bajo ese principio fundamental, el Estado venezolano sustentaría sus políticas. Primeramente debía abocarse a redactar un cuerpo de leyes y normativas que, según el gobierno nacional, establecerían nuevas reglas de juego de aceptación nacional e institucional, para incentivar las actividades científicas y tecnológicas, a efecto de cumplir la expectativas y objetivos propuestos y cuyo resultado se vería transmitido con la creación de la “Misión Ciencia”, fundada como una vitrina de oportunidades para reconocer la valiosa labor de la comunidad científica y de las investigaciones científicas que estarían dispuestas a contribuir al crecimiento y al desarrollo en áreas tan vitales para nuestro país. Es tan así que Chávez en su momento, “comprometió a la Misión Ciencia a formar veinte mil nuevos doctores o darle entrenamiento de postgrado a sesenta mil licenciados” (Academias Nacionales de Venezuela, 2015).

A partir esta relación se presentan las tablas de Ricyt (2017), a partir de los que se demuestra la ambigüedad de datos con relación a los posibles doctorados y maestrías que se abrirían y otorgarían durante el funcionamiento de la “Misión Ciencia”. Con esto se aclara que, antes de 1997 y después 2010, no existen registros de información relativos a este tema.

En ese sentido, en estas tablas observamos la disminución de investigadores y especialistas con maestría y doctorados en las diferentes áreas del conocimiento, con lo que se demuestra el bajo nivel de estímulo para desarrollo científico y de investigación nacional.

Tabla 1. Maestrías y Doctorados por área de conocimiento

Fuente: Ricyt (2007).

Asimismo, esta misión se comprometería a darle oportunidades a los ciudadanos que estaban identificados y comprometidos con estas actividades. En ese sentido, una de sus labores era identificar a los talentos, apoyar e incentivar las invenciones e innovaciones y con esto, cautivar a los investigadores para usar, aplicar y difundir el conocimiento, dentro y fuera del país. Con esto se evitaría o impediría la fuga de cerebros, ya que los profesionales de alto nivel aplicarían directamente los resultados de las investigaciones diversas investigaciones desarrolladas en el país, además “(…) suministraría educación de pregrado a 60.000 bachilleres y financiaría cientos de proyectos grandes y colaborativos en salud, agroindustria, química, nutrición, aunque ninguno en las ciencias sociales” (Requena, 2010). En suma, a través de estas políticas, las actividades de las ciencias supuestamente alcanzarían niveles de competitividad comparables a los de muchos países de la región y del mundo.

El entonces presidente Hugo Chávez enfatizó sobre la importancia de desarrollar iniciativas en materia de ciencia, tecnología e innovación; esto con el apoyo de muchos y a través de inversiones que permitiesen su cristalización como proyecto nacional, ya que el objetivo principal consistía en aumentar los proyectos que el país requería en ese momento, dando paso al crecimiento cumpliendo así las expectativas como un modelo de desarrollado en el ámbito nacional. Asimismo, el mandatario explicó, a través de los diversos medios de comunicación en diciembre del 2005, que los innovadores debían sumarse al esfuerzo y participar activamente en actividades, en conjunto con el Ejecutivo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para incrementar los proyectos tecnológicos del país. En el momento señaló: “Ya tenemos un piso, vamos a acelerarlo, y mejorarlo para obtener mejores esfuerzos, colocando lo social de primero”.

En ese sentido, abogó para que se impulsaran las iniciativas de los innovadores orientadas a desarrollar proyectos relacionados con los grandes problemas del país, incluso aquellos vinculados con la satisfacción de necesidades básicas, como el acceso digno a la electricidad. Este punto de vista planteaba un escenario distinto para la Misión Ciencia, que contrastaba con las políticas que le precedieron, las cuales, de acuerdo con su lectura, yacían bajo el modelo ideado por las élites. De este modo, para el Ejecutivo, la necesidad debía definirse sobre la base de la masificación de estas actividades, incluyendo necesariamente a habitantes de los barrios, pueblos y caseríos.

Luego de la aprobación de la Misión Ciencia, el 19 de febrero de 2006, el presidente expresó en su programa dominical, la necesidad de ajustar la nueva visión del conocimiento a la aplicación del artículo 110 de la Constitución, en el que claramente se expresa el modelo de gestión del conocimiento. Con esto aprovechó de criticar el modelo de conocimiento aplicado e implementado en muchas partes del mundo, objetando la forma como se gestionan estas actividades, vistas por algunos como mercancías a las que se les asignan precios, para luego ser vendidas por aquellos grupos que son beneficiarios, lo que contribuye al acceso y al interés por parte de “los propietarios de las empresas que lo comercializan ”(Gobiernoenlinea.ve, 2006).

La Misión Ciencia: alto presupuesto y poca efectividad

De acuerdo a lo explicando por los académicos nacionales, la Misión Ciencia representó un proyecto supranacional, ya que su presupuesto derivaba de los ingresos por conceptos de la famosa “Siembra Petrolera”, a través de las ventas de petróleo, destinado para esa Misión “(…) inicialmente se le asignó (vía PDVSA) una muy importante suma de dinero, el doble de lo asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo presupuesto para el año 2005 seguía rondando el sempiterno 0,3% del PIB.” (Academias Nacionales de Venezuela, 2015, p. 237).

En cuanto al a la Paridad de Poder de Compra (PCC) de Venezuela en materia de Ciencia y Tecnología, las siguientes tablas muestran los aportes millonarios durante los años del chavismo (Tabla 2).

Para Requena (2010), la intencionalidad tras la creación de la Misión Ciencia en 2005 [en febrero de 2006], fue su promoción a través de actores específicos, de entre los que resaltó, en su rol de informador protagónico, a Rigoberto Lanz. A través de ese programa se dotó de recursos presupuestarios que alcanzaron a los 600 millones de bolívares, suma cuyo destino es desconocido. A pesar de lo sucedido, para el año siguiente, es decir en 2006 hubo una disminución en el monto de los recursos asignados (300 millones). Pese a los aportes, esta misión no logró despegar como política de Estado, convirtiéndose a la postre, en opinión de Requena, en parte “[d]el cementerio de las iniciativas inútiles del gobierno, que son legión.” (párr. 4).

Como se señaló previamente, la misión estableció cinco áreas prioritarias: Salud, Hábitat y Desarrollo Endógeno, Energías, Soberanía y Seguridad Alimentaria, y Seguridad y Defensa; y un plan de formación en Ciencias Básicas con un ambicioso sistema de becas de postgrado y pregrado (2000 y 5000 becas respectivamente) en las universidades nacionales, con el fin de formar y capacitar nuevos científicos y tecnólogos que le dieran apoyo áreas señaladas. Se incluyó además en programa internacional que diera apoyo a las actividades de investigación, aplicación tecnológica, innovación y a la formación de nuevas capacidades. El Primer Encuentro Cuba-Venezuela en Apoyo a la Misión Ciencia, fue llevado a cabo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) del 1 al 3 de agosto 2005 (Misión Ciencia Venezuela, 2006).

A pesar de los que los recursos presupuestarios fueron entregados en 2005 y 2006 y que debían destinarse para la actividad científica con enfoque social y populista, aún no se conoce cuál fue su destino. A este programa le otorgaron aproximadamente 941 millones de bolívares desde su inicio. Por ser un plan nacional, los recursos provenían directamente de los beneficios de Petróleos de Venezuela, según información suministrada por uno de los voceros autorizados en ese entonces, el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Luis Marcano, de acuerdo con la información ofrecida a por el Departamento de Información y Medios de la Universidad Simón Bolívar (citado por Villareal, 2006).

Por otra parte, los aportes intelectuales que debieron presentar los investigadores e innovadores a la nación tenía que ser de contenido social y popular, para eso el Presidente Chávez indicó la necesidad de que estas comunidades de investigadores participaran en los diversos proyectos planteados en lo siguiente “que le gustaría contar con un plan innovador de viviendas, de esta manera incentivó a los innovadores a tratar de pensar en la realización de este tipo de proyectos” (Agencia Bolivariana de Noticias, 2005). Pero a su vez, invitó a la nación a caminar y unir esfuerzo hacia la dirección proyectada y continuar ese camino (párr.9).

No obstante, el esfuerzo realizado para impulsar el tema de la investigación científica mediante el funcionamiento de la “Misión Ciencia”, como órgano central que debía emprender acciones dirigidas con competencia nacional, ya que contaba en su inicio con suficiente presupuesto para hacer grandes aportes, sin embargo, a la postre ésta no alcanzó las expectativas esperada para la nación, ya que luego del arranque, se desconoció el paradero de los fondos otorgados, dejando pues un vacío de información y dudas sobre su operatividad y el funcionamiento; esta buena intención acabó por ser inoculado bajo la mirada ideológica comunista del siglo XXI.

Para Avalos (2009: p.22) dicha misión alcanzó su frenesí en tan corto tiempo, para luego descender y mermar en su propósito que era llevar a la ciencia a un nivel de crecimiento y desarrollo científico a través de sus investigadores. Para este especialista se desconoce el aval traspasado de ese presupuesto, puesto que “De hecho, las últimas informaciones dadas por las autoridades competentes indican que no se le asignaron nuevos recursos para el año 2009 ni se le otorgaran para el año 2010”.

La Misión Ciencia se disipó: sólo alcanzó su creación, en corto tiempo se desvirtúa y luego fracasa como Proyecto Nacional

Es de suponer que la “Misión Ciencia” fue uno de los muchos planes, programas y proyectos soñados por el gobierno; esta temática quedó en el olvido en corto tiempo. Pues sin duda, no cubrió ni superó las expectativas creadas por parte de la comunidad científica nacional, sabiendo que esta misión se reconoció y se aceptó con gran esperanza por la comunidad científica para luego insertarla en programas y labores sociales y populistas como políticas públicas y para apoyar otras gestiones y destino particulares, institucionales, procesos ideológicos y políticos de izquierda con el fin de mantener esas iniciativas de carácter endógeno. Participaron en este proyecto nacional otros actores sociales con pocas o muy pocas experiencias en materia de investigación científica, , ero que fue destinada para otras actividades, según el presidente para resolver o solucionar problemas sociales. Avalo hizo referencia en el 2009 de lo siguiente:

Sin embargo, la “Misión Ciencia” no significo cambios de fondo como los que se pretendieron y fueron anteriormente señalados. Se trata de un discurso teórico que no alcanzó a marcar en la práctica una pauta relevante para que tales cambios se produjeran. No hubo, pues, el asomo de esa transformación, también de carácter epistemológico, anunciado en ciertos ámbitos académicos y políticos como su razón de ser y objetivo central. En fin, prevalecieron en ella, con apenas variaciones menores, las lógicas institucionales de siempre, aun cuando la retórica conceptual asuma tonos muy distintos a ellas. No se observó que se haya comenzado el camino para el replanteamiento de las relaciones entre la gente y el conocimiento, entre las comunidades y los sistemas de saberes, objetivo proclamado como de primer orden. Ni tampoco un quiebre respecto a las nociones y métodos convencionales que marcan los cánones de la ciencia occidental. (pág.22).

De acuerdo a lo manifestado por el Grupo de Académicos de Venezuela, este plan de la ciencia no cumplió con el objetivo planteado, ya que se desvirtuaron la intencionalidad de su propósito y desviaron la atención hacia intereses particulares derivados del proceso revolucionario y proselitista, es decir:

El objetivo explícito de la ‘Misión Ciencia’ fue identificar el talento y la inventiva del venezolano, impedir la fuga de cerebros e incentivar a la investigación. Sin embargo, eso fue sólo una pantalla para esconder su objetivo encubierto. Hoy se sabe que no fue otro sino ideologizar al sector CyT del país. Su accionar estuvo dirigido a sacudir las fundaciones del estamento de ciencia nacional, construido sobre las premisas del Método Científico que pasó a ser demonizado. (pág.238).

la fuga de cerebros e incentivar a la investigación. Sin embargo, eso fue sólo una pantalla para esconder su objetivo encubierto. Hoy se sabe que no fue otro sino ideologizar al sector CyT del país. Su accionar estuvo dirigido a sacudir las fundaciones del estamento de ciencia nacional, construido sobre las premisas del Método Científico que pasó a ser demonizado. (pág.238).

En ese sentido, los errores en la gestión de plan nacional relacionado con el tema de la “Misión Ciencia “acaparó la atención y llenó de expectativas a muchos ciudadanos y especialmente a un gran número de investigadores, sin embargo, una vez más se unieron los abusos de poder, la corrupción, el clientelismo y el desvió de los fondos en cantidades cuantiosas, en planes emblemáticos y, los cuales fallecieron en su intento de arrancar y sobrevivir. Cuando se trata de un plan de esa magnitud se debe trabajar y contar con instituciones y normativas jurídicas que garanticen la efectividad de sus actividades en toda su trayectoria.

Es necesario tomar acciones e invertir en tecnologías, investigaciones y en el desarrollo del conocimiento, porque estas son las fuerzas productivas que nacen gracias a las labores de los creadores, inventores e innovadores. Por esta razón, se debe proteger a través de reglas de juego claras y en el marco del proceso vital de desarrollo de un país.

En referencia a lo anterior Requena (2010) afirmó en aquel momento que dicha misión fue dantesca. Su pretensión superó la propia estructura administrativa por la cual fue creada, pero de ella se hizo un paralelismo “fuera del control formal de la administración pública venezolana”, por lo que el gobierno optó por la vía más libre y rápida para hacerse el propietario exclusivo y dueño del presupuesto nacional, para luego desviarlo y utilizarlo como una caja chica, al alcance del clientelismo político nacional e internacional. Por esta razón, el gobierno tuvo la intención de colocar medidas drásticas a los fines de tomar absoluto control de todas las actividades, a las que no escaparon la investigación científica, tecnológica y de innovaciones a nivel nacional.

Aunado a ese control absoluto se sumaron también otros temas que acapararon la atención nacional, como el caso de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) iniciado en el 2001, modificado en el 2005 y que culminó con la creación de una nueva ley en el 2010. También la atención se concentró en la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, decisión tomada por el Ejecutivo Nacional a través de una declaración pública, y asumida administrativamente por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, a través de un escrito publicado en un medio de comunicación afiliado a la doctrina ideológica gubernamental.

Otro aspecto que afectó el desarrollo de proyectos dirigidos a generar y difundir la producción de conocimientos e investigación, fue la decisión de revisar las normativas en materia de patentes a partir de una orden presidencial. En aquel momento se argumentó que las patentes estaban controladas por empresas transnacionales bajo intereses capitalistas. Todas estas acciones emprendidas por el Ejecutivo y sus funcionarios afectaron el ambiente científico nacional, lo que a la postre generó diversas controversias y ambigüedades en el funcionamiento de estas actividades, creando una incertidumbre generalizada que ocasionó la disfuncionalidad del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) al punto de reducir y limitar las funciones para las cuales fue creado en 1997.

Por esta razón. las actividades de invención e innovación, que muchas devienen de los aportes realizados por investigadores, científicos, tecnólogos, sectores empresariales, estudiantes, y personas naturales y jurídicas¸ se desarrollan en laboratorios, centros de investigaciones y talleres, entre otros lugares. Esos aportes son el resultado de la labor de creadores, emprendedores e intelectuales y son reconocidos en cualquier parte del mundo. Sus contribuciones se retribuyen también con resultados importantes para la ciencia, a partir del desarrollo de patentes de invención, modelos de utilidad, secretos industriales y otros, que son aportes valiosos para la sociedad en general. Sin embargo, durante la revolución del siglo XXI se ha generado mucha incertidumbre, lo que ha afectado las solicitudes de patentes y modelos de utilidad ante el órgano rector, el SAPI, que son revisadas a través de los examinadores (Silva, 2017a).

Es necesario precisar que los gobiernos que no atienden y protegen las invenciones e innovaciones, dejan escapar las oportunidades que devienen de los ciudadanos a través de la inteligencia de sus creaciones. Esos dirigentes alejan a sus países de las oportunidades y las ventajas que ofrecen las diversas alternativas hacia el crecimiento y hacia el desarrollo del conocimiento, también los alejan de la educación, de los aportes de los científicos, de las nuevas tecnologías (alta, media y baja), de las invenciones e innovaciones, de los intercambios culturales, políticos, económicos y de los nuevos proyectos de desarrollo deportivo, entre otros, según menciona Silva (2017b).

Aunado a lo anterior, se suman los atropellos y violaciones de derecho a los sectores industriales a nivel nacional, a pesar de que ellos son actores dinámicos y productivos para cualquier nación con seguridad jurídica. En Venezuela, estos sufrieron los embates del proceso revolucionario impuesto por el gobierno nacional, pues les aplicaron diversas medidas que afectaron su desenvolvimiento, como las expropiaciones nunca pagadas o el control de cambio que surgió en el 2003, un año después del Golpe de Estado del 2002.

A eso se suma la aplicación de los diversos regímenes fiscales, la entrada en vigor de la Ley de Precios Justos, las trabas relacionada con la obtención de permisos para la exportación y comercialización de productos, la Ley Orgánica del Trabajo, la falta de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el control de las operaciones en materia de propiedad industrial. Muchas de estas actividades se vieron afectadas por las restricciones impuestas a través de normativas y la aplicación de otras sanciones aberrantes, todo ello en un contexto de imposición de dos Planes de la Patria, los cuales marcarían el destino de la nación en su aplicación como modelo de transición y la instauración del socialismo con la puesta en marcha del Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB), período 2007-2013 (Silva 2017c).

Con esta práctica, el gobierno debilitó el desenvolvimiento de los sectores productivos evitando su acercamiento con los sectores públicos. De esta forma desviaron, en parte, el camino de los industriales hacia el funcionamiento y el dinamismo participativo en materia económica, social, educativa y de transferencia tecnológica. No obstante, por parte del gobierno hubo un paralelismo frontal, centrado en políticas farsantes y populistas, apoyado en la fuerza de grupos adeptos nacionales e internacionales y apoyado discursivamente en fórmulas expresivas de las clases populares, a qienes se transmitió reiteradamente el mensaje de que Venezuela era toda soberanía y que ese logro constituía una conquista nacional. Sin embargo, se hace necesario acotar que la soberanía debe cumplir con el estamento jurídico de respecto y de libertad. Para Ávalos (2107), “es obvio que el ejercicio de la democracia debe ajustarse a la naturaleza y las condiciones propias de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación”.

Esa soberanía de la que siempre habló el Presidente Chávez también incluía las materias tecnológica, de investigación, en la ciencia, las innovaciones y las actividades empresariales; todas sucumbieron debido a las medidas tomadas desde el propio seno del gobierno nacional, tal cual lo menciona Bustamante (2007).

Nada de confundir soberanía tecnológica con estatización de empresas estratégicas, ya que esto no tendría sentido si no se incorpora la mayor capacidad organizativa y tecnológica para su funcionamiento y para su contribución en el desarrollo socioeconómico del país. Por lo pronto, sabemos que, la soberanía tecnológica no se basa únicamente en la voluntad política y ella se conforma en una de las bases de la soberanía política y cultural; su accionar se alcanza mediante una capacidad de investigación fundamental en todos los dominios con el desarrollo de grandes programas de investigación en sectores prioritarios y con la creación de instrumentos de política tecnológica capaces de ser operativamente eficientes para los procesos de transferencia de tecnología y de conocimiento en todo el conjunto social. (p. 1).

Asimismo, la nación se vio envuelta en un clima de turbulencia a escala nacional durante casi todo el período constitucional del Presidente Chávez. Es por eso que, según Silva (2017c).

El periodo 2002 al 2012 fue determinante para describir la situación en el cual se desenvolvió Venezuela en las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación afectadas por el clima de turbulencia política, económica y social. Muchos fueron los cambios significativos y drásticos auspiciados por el gobierno central a través de sus políticas públicas. El montaje y desmontaje de la nueva estructura nacional se hicieron deliberadamente (sic) con el objetivo de traicionar el destino y el progreso de nación. (p. 89).

No sólo fue suficiente la intencionalidad de darle prioridad al nombramiento y titularidad al ente que se encargaría de regular las actividades generadas por la comunidad científica, tecnológica e innovadora nacional, capaz de crear concentraciones de individuos confinados en un espacio institucional, el cual funcionaría como un órgano regulador que daría funcionalidad a esta temática. Por haber sido un programa nacional, estuvo bajo la dirección de un grupo de dirigentes y autoridades designadas a dedo por el presidente para que llevaran las riendas de estas actividades. Según Lanz (2007), las personas que tenían la responsabilidad de esta misión fueron calificadas por el propio Ejecutivo Nacional como “guerrilleros de la ciencia”, en un encuentro realizado en el Estado Monagas a fin de discutir sobre esta temática en el año 2007.

Por otra parte, desde el mismo seno del gobierno, se hizo crítica, tal como la expresada por el funcionario “guerrillero de la ciencia” quien expresó su descontento con la gestión de la Misión Ciencia, al manifestarse sobre el asunto en una carta dirigida al Presiente Chávez, con fecha del 14 de abril de 2009. Allí expresaba la razón por la cual nació esa propuesta de creación de su autoría como programa nacional. Para este intelectual, la misión se basó fundamentalmente como un compromiso de transformación sobre la base de la erradicación de la corrupción, tocando aspectos esenciales como la ética y el desarrollo en Venezuela, esto a los fines de apartar los esquemas anacrónicos llevados a cabo por las viejas vanguardias en temas relacionados con la ciencia. Por esta razón surgió la necesidad de impulsar este programa, a los fines de articularse con los programas concebidos dentro del poder popular. Según lo extraído del documento de las Academias Nacionales de Venezuela (2015c), Lanz manifestó lo siguiente:

¿Qué ha ocurrido con la Misión Ciencia? Para resumirlo: fue engullida por la burocracia ministerial, perdió su filo subversivo hasta diluirse en medidas inocuas que pueden ser desarrolladas por cualquier dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología sin necesidad de referirse a ninguna misión. Los esfuerzos de Yadira Córdova y Héctor Navarro fueron, a la postre, desvirtuados por la mentalidad tecnocrática que predomina en muchas esferas de este ministerio (p .239).

Tan grande fue la magnitud y las deficiencias de errores cometidos al patrimonio nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, que ni siquiera los mismos intelectuales afines al gobierno, pudieron ocultar las atrocidades que ocasionaron el derrumbe de los bienes patrimoniales que fueron desviados, luego de asignársele a la Misión Ciencia un presupuesto equivalente a un ministerio en su inicio y arranque como proyecto nacional.

En la actualidad, aún no se conoce quiénes fueron los responsables de la debacle y sólo quedan algunos detractores que declaran ante la opinión pública nacional que el fraude de la Misión Ciencia se debió a errores de otros, razón por la cual aún no sabemos la magnitud del daño de la hacienda de la nación, en lo que se suponía debía ser una inversión estratégica en un área de primer interés, como es el conocimiento científico y tecnológico. Sin duda alguna debe existir una forma de redimir estas prácticas negativas e indecorosas, por lo que es necesario librar acciones para erradicar el peculado de uso en nuestra nación, a fin de hacer de esta una patria de libertad, conciencia con principios y valores adecuados en la excelencia del comportamiento social, familiar, institucional, afianzando la educación como prioridad nacional.

Las declaraciones gubernamentales sobre la Misión Ciencia, recogidas por el canal Telesur (2017), indican que:

Hasta la fecha, el Ministerio para Ciencia y Tecnología ha financiado 1.380 proyectos científicos y tecnológicos en áreas estratégicas para la nación, con una inversión de 5.624.168.98 bolívares.

Del mismo modo, el Gobierno Bolivariano ha impulsado la investigación universitaria, con el financiamiento a proyectos y espacios, por un monto de 688.816.904 bolívares.

Lo anterior se encuentra en franca contradicción con todo lo antes expuesto, motivado a que los productos de la ciencia y la tecnología, son los trabajos publicados y las patentes, ambos en franca reducción desde hace más de una década. Si nos basamos en los criterios de San Blas (2017), presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, habría que admitir que en la actualidad

Esos parámetros están por el suelo en estos momentos. En el año 2002 realizábamos 3,4% de las publicaciones científicas de América Latina, y estábamos por debajo de Brasil, México, Argentina y Chile, ocupábamos el quinto lugar; mientras que ahora publicamos 0,6% y ocupamos el octavo lugar por debajo de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Cuba. Esto indica el desastre que estamos viviendo, porque realmente es como si la estructura científica se estuviera desmoronando, aparte de eso las patentes están en nivel cero.

Conclusiones

La Misión Ciencia, junto con las otras actividades vinculadas al conocimiento como la tecnología y la propiedad industrial a través de las patentes de invención, modelos de utilidad, los diseños industriales y las publicaciones científicas, se vieron profundamente afectadas en su rendimiento y funcionamiento, durante los años de gobiernos chavistas.

La muerte anunciada de esta misión se suscitó de manera temprana, luego de haberse otorgado enormes presupuestos bajo un enfoque populista, los cuales fueron asignados a su partida, para luego ser convertida en partida secreta para la sociedad en general. La misión y los presupuestos quedaron en manos de funcionarios y otras personas que, hasta el momento, no han rendido cuentas ni explicado a las autoridades de las distintas instancias de contraloría, cuál o cuáles fueron los destinos de esos fondos otorgados.

En su inicio, el plan “Siembra Petrolera” a través de su órgano rector, PDVSA, aportó aproximadamente 941 millones de bolívares como base. Luego, en los dos primero años, los presupuestos alcanzaron los 600 millones, posteriormente el monto se redujo a la mitad y tan pronto como en 2009, este plan quedó desplazado sin asignación de recursos.

La eliminación de este plan nacional se ahogó en medio de tanta ineptitud por parte del gobierno, las autoridades y los funcionarios que estaban a cargo. Aunado a esto, este plan quedó afectado también por las políticas públicas, la ideología, la corrupción, el clientelismo, los “planes de la patria”, el populismo, entre otros aspectos; todos estos terminaron con derrumbar el sueño de un grupo de investigadores y científicos, que plausiblemente acompañaba y apoyaban la gestión de este plan nacional.

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Notas