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Porfirio Díaz y su legado político-extractivista. A propósito de la etapa neoliberal de la minería en México Reseña del libro El mineral o la vida: legislación y políticas mineras en México
Sociedad y Ambiente, núm. 17, 2018
El Colegio de la Frontera Sur

Reseñas


Recepción: 05 Mayo 2018

Aprobación: 15 Junio 2018

DOI: https://doi.org/10.31840/sya.v0i17.1834

Resumen: México es un país heterogéneo, rico en diversidad biológica y cultural. En la actualidad forma parte de un selecto grupo, integrado por seis países, que concentra la mayor diversidad biológica y cultural a nivel mundial, según informa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con base en un estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2008) llamado Capital Natural de México. Equivalente a 1.4% del planeta, el territorio mexicano tiene casi 200 millones de hectáreas (196 437 500 ha), donde se concentran 10% de las especies conocidas, además de organismos vivos que no existen en ningún otro lugar del orbe. De acuerdo con la fuente anterior, México cuenta con 50% de endemismo en su flora y 30% en su fauna. A esta rica diversidad biológica se suma su rica diversidad geológica, patente en sus abundantes yacimientos minerales: ricas vetas de oro, plata, cobre y una gran variedad de otros minerales se encuentran en sus montañas y valles.

Este escrito tiene como objetivo reseñar críticamente el libro El mineral o la vida: legislación y políticas mineras en México, del abogado Francisco López Bárcenas y la licenciada en relaciones internacionales Mayra Monserrat Eslava Galicia, publicado por primera vez en 2011 por la Universidad Autónoma Metropolitana y reimpreso por editorial Ítaca en 2013. El libro de 128 páginas posee un profundo análisis de la legislación minera mexicana y su evolución política, así como de las consecuencias sociales que ésta ha traído a los pueblos indígenas principalmente. Si bien al abordar el texto nos encontramos con una temática árida y compleja, es notorio el esfuerzo por simplificar y aclarar casi pedagógicamente y con un lenguaje más cercano las disposiciones legales incluidas en la legislación minera, siempre dejando entrever la creciente actualidad y relevancia de su contenido.

Etapas de la minería en México

Los autores plantean que la minería en México ha atravesado por las siguientes etapas históricas: prehispánica, colonial, porfirista, nacional y neoliberal. Mientras en la etapa prehispánica la minería fue rudimentaria, durante la Colonia la actividad minera aumentó considerablemente: en 300 años (1521-1821) 180 toneladas de oro, entre otros minerales como la plata, fueron extraídos y llevados a España, según datos históricos del inegi (2014: 437). En el siglo xix, por su parte, debido a la Independencia, la Reforma y las guerras de intervención o neocolonización se ralentizaron los proyectos mineros. Sin embargo, hacia 1876, con el ascenso al poder del dictador Porfirio Díaz fue impulsado un modelo de privatización de la minería en México, llamado en aquel tiempo “enajenación de tierras” (es decir, redistribuir, ceder o vender). Cabe recordar que con Porfirio Díaz, desde 1883 a 1906, se permitió que compañías deslindadoras extranjeras y nacionales enajenaran cerca de 50 millones de hectáreas, en desmedro principalmente de los pueblos indígenas (Wilkie, 1998).

Después de la etapa porfirista vino la Revolución, la cual sentó nuevos fundamentos legislativos con la Constitución de 1917 y transformó el rumbo de la minería privatizadora del porfiriato en un modelo de corte nacionalista, prohibiendo la enajenación de tierras, hasta que en el año 1992 esta etapa llegó a su fin para dar inicio a la etapa neoliberal en minería impulsada por Carlos Salinas de Gortari, presidente de esa época.

Cambio del modelo minero: del nacionalismo al neoliberalismo

Los autores del texto enfatizan que esta transición se dio a partir de tres intervenciones legislativas que fueron clave en la política mexicana y en el actual statu quo minero. Primero, en el año 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución, lo que permitió comprar, vender o arrendar terrenos de propiedad social,1 es decir, que terrenos de comunidades y ejidos que desde la Revolución mexicana —en parte— habían vuelto a manos de los pueblos y no podían ser comercializados o enajenados ingresaron al mercado nacional. La segunda modificación legislativa fue la puesta en marcha de la Ley minera el mismo año de 1992, la cual otorgó el carácter de “utilidad pública” a esta actividad. La tercera intervención legislativa fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su puesta en marcha el 1 de enero del año 1994, con lo que las tierras de propiedad social se convirtieron en objeto de compra, venta o arriendo en el mercado internacional.

Estas modificaciones sustanciales de la legislación y otras modificaciones complementarias han reorientado la política minera en México, retomando el camino que inició Porfirio Díaz y dando lugar a innumerables casos de despojo de tierras, desplazamiento forzado de personas, contaminación y destrucción del medio ambiente, así como muertes y detenciones arbitrarias de activistas políticos y dirigentes sociales, por ejemplo el asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder local de la Red Mexicana de los Afectados por la Minería (rema), quien fue ultimado fuera de su domicilio el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por oponerse férreamente al proyecto minero de la canadiense Blackfire Exploration Ltd.

En este sentido, si alguien ha demostrado ser heredero de Porfirio Díaz es Carlos Salinas de Gortari, quien no sólo en un sentido ideológico hizo manifiesta su “simpatía” por el dictador,2 sino que se convirtió en promotor y continuador del imaginario porfirista y su legado privatizador y criminal.3

Consecuencias de la etapa neoliberal en la política minera mexicana

Una de las modificaciones “complementarias” que volvió más atractiva la inversión extranjera en minería fue realizada durante el gobierno de Vicente Fox en 2005, la cual eliminó la exigencia de solicitar dos concesiones: una para explorar y otra para explotar un mineral en particular, cambiando a una sola concesión que aúna ambos derechos. Los autores también explican que dicha concesión otorga a las empresas mineras el derecho sobre el agua que se encuentre durante la exploración, permitiendo su uso en la explotación del mineral encontrado. Además, con esta modificación legal, dichas empresas ya no tienen la obligación de informar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el agua encontrada —como antes de la reforma— y pueden hacer uso de este recurso sin pagar cuota alguna. Además de los ajustes a la Ley minera, como la de 2016 cuando estalló la mina Pasta de Conchos y que consistió “en incluir como parte de las concesiones la explotación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral”, también se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, “dado que la explotación de este recurso correspondía directamente al Estado” (López Bárcenas y Eslava, 2013: 114).

La Secretaría de Economía (se) y su dependencia, el Sistema Integral de Administración Minera (siam), publican anualmente un informe llamado Títulos de Concesión Minera Expedidos. De acuerdo con esta fuente desde 2000 hasta 2014 se concesionaron 35 millones de hectáreas, lo que equivale a un poco menos de un quinto del territorio nacional en manos de este tipo de empresas extractivas; concesiones que tienen una vigencia de 50 años y se renuevan automáticamente. De modo que las 50 millones de hectáreas que Porfirio Díaz enajenó en 20 años, en los 18 años que comprenden los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, habrán sido concesionadas gracias al marco legal que dejó Carlos Salinas en 1992 y 1994, según marca la tendencia. No obstante, en la actualidad no contamos con datos precisos, ya que desde el año 2015 el siam dejó de publicar la cantidad de hectáreas otorgadas a particulares para la extracción minera. Con la información disponible sólo es posible ver que en el sexenio de Calderón se emitieron más concesiones mineras que en el de Fox.

Actualmente el siam sólo proporciona información sobre el titular de la concesión y los años de vigencia que tiene. Omisión que, como se ha mencionado, impide hacer un seguimiento de las hectáreas concesionadas anualmente, y que en consecuencia eleva las suspicacias y genera un velo de incertidumbre y desinformación. Sin embargo, el siam proporciona evidencias de la política extractivista neoliberal a través del documento bianual Volumen y valor de producción minerometalúrgica, en donde da cuenta de que entre los años 2000 y 2015 se han extraído 1 002 toneladas de oro, una cantidad considerable, tomando en cuenta que durante 300 años de Colonia se extrajeron 180 toneladas.

Otra de las principales consecuencias que tienen las modificaciones legales desde 1992 a la fecha es que se considera a la actividad minera como preferente, además de atribuirle carácter de “utilidad pública”. Esto significa que a la minería se le atribuye mayor relevancia que a otras actividades económicas, como la agrícola o ganadera, por ser ésta “en beneficio de la nación”, y aún más: su carácter de “preferente” sitúa a esta actividad por encima de cualquier otra, sin tomar en consideración las consecuencias ecológicas, sociales o políticas que trae consigo. Así, por ejemplo, la localidad de Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí se ha visto gravemente afectada por la instalación de la Minera San Xavier de la canadiense New Gold. Este caso muestra cómo bajo el amparo de la ley se ha pasado por encima de cualquier consideración ética: al ser expropiado y explotado el cerro de San Pedro fueron destruidos, junto con el que fuera emblema del estado, su importante biodiversidad y el patrimonio histórico que había en éste, dejando en su lugar un gran socavón y una población severamente afectada, no obstante la oposición y resistencia del Frente Amplio Opositor (fao) creado por comuneros y pobladores de la localidad.

Y es que, como plantean López y Eslava (2013: 49): “Si por alguna razón los propietarios de la tierra en que se encuentra el mineral y los beneficiarios de la concesión para explotarlo no llegan a un acuerdo con aquéllas que les permita acceder a dicha tierra, la Secretaría de Economía puede solicitar la expropiación de las tierras para otorgar dicho acceso. Lo anterior es posible porque en la Constitución Federal se establece que las expropiaciones pueden realizarse por causa de utilidad pública y en el artículo 6º de la Ley minera se declara que la actividad minera tiene ese carácter”. Esto, en resumidas cuentas, es una de las consecuencias más nefastas de la política neoliberal aplicada en la minería, ya que, en rigor, los particulares, ejidos o comunidades están obligados a vender o arrendar sus tierras si es que el subsuelo tiene algún recurso mineral codiciado por alguna empresa minera. De no llegar a algún acuerdo, la se puede iniciar los trámites de expropiación, amparando de manera legal el despojo de tierra, el desplazamiento forzado y el saqueo de recursos.

Considerando esto último, los autores expresan que el artículo 133 de la Constitución mexicana indica y manda que: “forman parte del ordenamiento jurídico los tratados internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas”. Esto quiere decir que el Estado y sus poderes deben emitir leyes, decretos o dictámenes coherentes con el derecho internacional, encarnado en tres documentos fundamentales: el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (oit), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de las sentencia que ésta emite.

Los autores dan cuenta del incumplimiento de estos tratados firmados por la Presidencia y aprobados por el Senado mexicano, así como la inconstitucionalidad de la Ley minera y sus contradicciones con el derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 2° de la Constitución mexicana y el artículo 6° del Convenio 169 de la oit obligan a consultar a los pueblos involucrados, mediante procesos apropiados, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas. Asimismo, el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”. Sin embargo, en México el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre sus territorios y recursos no es respetado por parte de los agentes mineros privados y gubernamentales. Como botón de muestra se encuentra el desplazamiento forzado de los pobladores de la localidad de Salaverna, municipio de Mazapil en el estado de Zacatecas, quienes en su totalidad fueron obligados a trasladarse a otro sitio bautizado como “Nuevo Salaverna”, ya que el antiguo fue destruido por acción de una minera propiedad del magnate Carlos Slim, llamada Frisco-Tayahua. Cabe mencionar que ni en Salaverna ni en Cerro de San Pedro se consultó a la comunidad y que las voces opositoras a los proyectos mineros fueron ignoradas por completo.

Una de las consecuencias que no puedo dejar de mencionar es el escueto beneficio que trajo la actividad minera a la nación mexicana durante casi 500 años, ya que, como dice la Constitución en el artículo 27, párrafo 3: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho […] de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Sin embargo, en la época contemporánea el beneficio que dejaron las mineras a México fue de 5 a 111 pesos semestrales por cada hectárea concesionada (no por producto bruto extraído), hasta que en 2014 se hizo una modesta reforma a la ley y las mineras debieron empezar a pagar el 0.5% de la extracción de oro y platino. Es de hacer notar que como recaudación este porcentaje es insuficiente en virtud de las cuantiosas ganancias obtenidas por las empresas mineras y en comparación con países que recaudan mucho más por concepto de impuestos por la explotación y el beneficio de la actividad minera (Prodh, 2014).

Síntesis final o conclusión (aunque esto no concluye)

Porfirio Díaz trazó un camino de “modernización” que, si bien fue suspendido después de la Revolución, fue retomado por Carlos Salinas de Gortari, seguido por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes con sus políticas de gobierno han pretendido “desarrollar” y “hacer progresar” a la nación mexicana a través de la actividad minera de la mano de una concepción de “desarrollo” que beneficia la gran inversión extranjera y nacional, mas no a la población y sus territorios.

Podrán decirnos que la minería es una actividad que beneficia a toda la nación y que por lo tanto es de utilidad pública. Podrán decirnos que la minería es prioritaria para el desarrollo de la sociedad. Podrán cobrar montos irrisorios a las mineras a modo de impuesto, decirnos que es para fomentar la inversión y convertir todo esto en ley. Empero, una cosa es el discurso y la ley escrita y otra cosa es la realidad que muestra el actuar criminal de empresas mineras nacionales y extranjeras en territorio mexicano. El caso de Salaverna en Zacatecas, Chicomuselo en Chiapas, Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, son apenas un botón de muestra de la nefasta aplicación de leyes neoliberales hechas a la medida del capital nacional e internacional que afectan seriamente la vida en el sentido de la diversidad biológica y cultural que posee México.

El saqueo de oro, plata, cobre y otros minerales por parte de las empresas mineras y el desmesurado número de hectáreas concesionadas, dan cuenta de la gravedad de la situación que se trata de esconder al dejar de informar desde el 2015 —por parte del siam— la cantidad de hectáreas concesionadas a mineras, por año. Algo no menor es la eficiencia del capitalismo para explotar y beneficiarse con los recursos naturales que esconde la tierra, ya que si la Corona española en 300 años extrajo 180 toneladas de oro, en 6 años Calderón autorizó la extracción de 291 toneladas, mientras que Peña Nieto, de 2012 al 2016 ya ha permitido la extracción de 434 toneladas de oro. A este paso, en un mediano plazo de digamos 20 años, y tomando en consideración la desolación que dejan las mineras al terminar sus faenas de explotación de mineral, un tercio de México quedará destruido por la acción minera amparada en la permisiva ley que simula regularla.

En definitiva, al privatizar y concesionar tierras con régimen de propiedad social y al tener exigencias mínimas para que las empresas mineras nacionales y transnacionales operen, no sólo se esconde un perverso sentido de desarrollo y progreso, sino también se legalizan y amparan prácticas criminales de lesa humanidad que atentan contra la vida de las personas, su cultura y medio ambiente.

Ante este panorama los autores de El mineral o la vida a modo de solución plantean abrogar la Ley minera a fin de retornar a las disposiciones que desde la Revolución quedaron estipuladas en la Constitución, ya que dan un marco legal que garantiza una distribución equitativa de la riqueza extraída y exige sustentabilidad operativa a la actividad minera. Sin embargo, mientras esto no suceda, el llamado que se infiere del libro es a prepararse, organizarse y luchar, no vaya a ser que justo nos toque la “mala suerte” de estar viviendo sobre una veta de algún mineral que haya sido descubierto por una empresa minera.

Referencias

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Agustín Prodh) (2014). Manual antiminero. México: Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, A.C.

Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (2008). Capital Natural de México. Volumen I. “Conocimiento actual de la biodiversidad”. México: Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Recuperado de http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/conocimientoActual.html

Garner, Paul (2015). Porfirio Díaz: entre el mito y la historia. México: Paidós.

inegi (1990). Estadísticas históricas de México. Tomo I. Recuperado de http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas/EHM1.pdf

Wilkie, James (1998). Primera reforma agraria en México, a través de la estadística nacional: 1853-1909. Editorial Profmex (Consorcio Mundial para la Investigación sobre México).

Notas

2 Hasta 1992 en los libros de texto gratuitos se hacía referencia a Porfirio Díaz como “tirano, dictador y entreguista”. Sin embargo, por iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, los libros de texto de historia fueron modificados, cambiando tales términos por los de “presidente” y “modernizador” (Garner, 2015: 28).
3 Según el doctor en historia Paul Garner (2015) el liberalismo porfirista es fácilmente identificable con el neoliberalismo actual.


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