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Entender el extractivismo en regiones fronterizas. Monocultivos y despojo en las fronteras de Costa Rica

Understanding extractivism in border regions. Monoculture and dispossession in Costa Rica’s borderlands

Tania Rodríguez Echavarría*
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Alexa Obando Campos**
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Marylaura Acuña Alvarado***
Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Entender el extractivismo en regiones fronterizas. Monocultivos y despojo en las fronteras de Costa Rica

Sociedad y Ambiente, núm. 17, 2018

El Colegio de la Frontera Sur

Recepción: 20 Octubre 2017

Aprobación: 17 Mayo 2018

Resumen: Las regiones fronterizas centroamericanas están marcadas por la presencia de importantes actividades extractivas como la minería, el petróleo y los monocultivos de piña, banano, cítricos y palma africana. El presente artículo busca analizar la relación que existe entre las regiones fronterizas y la presencia de actividades extractivas mediante dos estudios de caso: el cantón de Talamanca localizado en la cuenca fronteriza del río Sixaola compartida entre Costa Rica y Panamá, y el caso de la Zona Norte de Costa Rica que colinda con Nicaragua. Se analizarán los factores históricos y políticos que facilitaron la instalación de empresas extractivas, se identificarán los principales actores que intervienen en los procesos de extracción de piña y banano. Se presentará la expansión de estos monocultivos como una forma de despojo y de acumulación de la tierra, lo que genera importantes costos económicos, daños ambientales y sociales en las regiones de estudio.

Palabras clave: fronteras, extractivismo, monocultivos, despojo, Costa Rica.

Abstract: Central American border regions are marked by the presence of massive extraction industries such as mining and oil as well as pineapple, banana, citric and palm oil monocultures. This article seeks to analyze the link between border regions and the presence of extraction industries for two case studies: the canton of Talamanca on the River Sixaola basin onthe border between Costa Rica and Panamá) and the North Zone of Costa Rica on the border with Nicaragua. The article analyzes the historical and political factors that facilitated the establishment of extraction industries and identifies the main public and private actors that interfere in the pineapple and banana extraction processes. The growth of this kind of monocultures is depicted as a means of plundering and amassing land that causes high financial costs, and ecological and social damage in the study regions.

Keywords: borders, extractivism, monocultures, plundering, Costa Rica.

Introducción

Centroamérica: una región entre fronteras y monocultivos

La región centroamericana ha estado marcada por la discontinuidad que generan las diez fronteras que dividen a este istmo de 523 160 km2 en siete estados. Así, Centroamérica es una región que está determinada por su fragmentación política (Girot y Granados, 1997; Granados, 2000; Medina, 2009; Rodríguez, 2014) y también por la presencia de actores exógenos que históricamente han desarrollado actividades extractivas en ellas. Es importante destacar que si bien es una región pobre, sus fronteras lo son aún más, ya que se caracterizan por estar en una condición de marginalidad y son particularmente vulnerables desde punto de vista social y ambiental. Los cantones fronterizos costarricenses de Talamanca (frontera con Panamá) y Los Chiles (cantón fronterizo con Nicaragua), por ejemplo, cuentan con los índices de desarrollo más bajos de Costa Rica. Para el año 2014, Talamanca estaba en la posición 80, de 81 cantones con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.634 y Los Chiles, en este mismo año, ocupaba la última posición con IDH de 0.617 (PNUD y UCR, 2016). 1

De manera paradójica, estas periferias concentran una importante riqueza ambiental y cultural, ya que en ellas coinciden importantes áreas protegidas, 24 cuencas transfronterizas (Kauffer, 2006) y una gran diversidad de pueblos indígenas que encontraron ahí refugio durante el periodo de la encomienda 2 (Rodríguez, 2014). Coinciden así diferentes formas de pensar y gestionar el territorio como los campos de monocultivos, las áreas protegidas y los territorios indígenas. La coincidencia de actores y de formas de gestionar el territorio tan divergentes es hoy en día una de las principales fuentes de conflicto en dichas regiones fronterizas.

Si bien existen muchos enfoques sobre lo que se puede entender como una actividad extractiva, para efectos de este artículo entenderemos por extractivismo, un caso particular de extracción de recursos naturales en donde se remueven de forma intensiva grandes volúmenes, los cuales son destinados al menos en un 50% a la exportación (Gudynas, 2013b). Grosfoguel (2016: 126), por su parte, llama a este tipo de actividad productiva “extractivismo económico” y la define como la extracción de recursos naturales destinados mayoritariamente a la exportación que se caracterizan por estar sin procesar o con un escaso procesamiento. En consecuencia, el extractivismo económico tiene importantes efectos destructivos desde el punto de vista ambiental, así como en la pauperización económica y de las condiciones laborales de los trabajadores.

Cabe destacar que si bien no existe un acuerdo en el mundo académico sobre qué tipo de actividades productivas entran en esta categoría, se puede identificar una corriente representada por Gudynas y Acosta (entre otros) que establece que el extractivismo no se limita sólo a la extracción de minerales o hidrocarburos (petróleo y gas natural). Para Acosta (2011: 85) también existe el extractivismo agrario, forestal e, incluso, el generado por la pesca intensiva. De esta forma, siguiendo estos criterios, podemos incluir a los monocultivos de exportación (piña, banano, caña, palma africana, soja, entre otros) como un tipo de actividad extractiva. Es importante insistir sobre el hecho de que todas estas actividades se caracterizan por el poco procesamiento previo a su comercialización y, en general, están marcadas por los bajos niveles de encadenamiento productivo a nivel local (Gras y Göbel 2014). Además son actividades contaminantes, que requieren de grandes extensiones de tierra y de mano de obra barata.

Consideramos entonces que los monocultivos de piña y de banano son actividades extractivas, ya que en Costa Rica son productos destinados en su mayoría a la exportación (de las hectáreas totales de piña producidas en Costa Rica más del 50% es destinado a la exportación). Además, se exportan como frutas frescas por lo que requieren de poco procesamiento (el único proceso semiindustrial es el empaque). Y tanto la piña como el banano son producidas mayoritariamente por empresas subsidiarias o transnacionales, las cuales provocan un fuerte impacto ambiental y lógicas de despojo que estudiaremos a continuación.

Ante esta coincidencia entre actividades extractivas y fronteras, surgieron dos interrogantes: ¿Son las fronteras regiones cuyas características facilitan la expansión de monocultivos? ¿Quiénes son los actores que convergen en estas regiones fronterizas alrededor de actividades extractivas? Con el fin de responder a estas preguntas y ante la evidente dificultad de realizar investigaciones comparativas a escala regional, se eligieron dos regiones fronterizas que por sus características nos permitirán entender el impacto de las actividades extractivas en la configuración de estos territorios fronterizos: la región fronteriza localizada en la cuenca del Sixaola entre Costa Rica y Panamá —específicamente el cantón de Talamanca— y una parte de la región fronteriza compartida entre Costa Rica y Nicaragua que comprende la Zona Norte de Costa Rica (Upala, Los Chiles y Guatuso), que forma parte de la cuenca del río San Juan (Mapa 1).


Localización de los cantones estudiados
Mapa 1.
Localización de los cantones estudiados

Trabajar en regiones fronterizas nos permitió estudiar territorios en los cuales se ponen en práctica procesos que transcienden las lógicas nacionales y que promueven diferentes procesos de despojo como las actividades extractivas de monocultivos de piña y banano que sacan provecho precisamente de su posición fronteriza.

Este artículo busca problematizar la relación entre las fronteras y el extractivismo, y analizar cómo mediante actividades extractivas como la piña y el banano, estas dos regiones fronterizas se han configurado territorialmente generando procesos de acumulación por desposesión. La acumulación por desposesión es, según David Harvey (2004: 113-114), la transferencia de activos a través de una gran variedad de procesos económicos, de los propietarios domésticos hacía otros que son generalmente actores exógenos que se apropian de dichos activos y los acumulan. La mercantilización y privatización de la tierra, la supresión del derecho a los bienes comunes, el desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas y la apropiación de activos son sólo ejemplos de este proceso. Para Harvey (2004: 114), “la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) a través de modos capital-intensivos de producción agrícola transforman a la naturaleza en un mercancía”.

Para evidenciar cómo se ha expresado en estas regiones de frontera el despojo que genera la expansión sin control de los monocultivos, se analizarán los factores que han facilitado la instalación de empresas extractivas y se identificarán los actores que intervienen en los procesos de extracción de piña y banano (cooperativas, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, entre otros). Por lo que partimos de la hipótesis de que la riqueza natural, la débil densidad de población y el relativo abandono por parte de los Estados de estas periferias facilitó la instalación de grandes empresas —unas transnacionales otras de capital nacional—, las cuales en diferentes momentos han puesto en práctica diversas actividades extractivas sin un verdadero control estatal y generando importantes procesos de despojo.

Metodología: ¿Estudiar actividades extractivas en dos regiones fronterizas desde los actores colectivos?

Este artículo presenta los resultados de dos proyectos de investigación y de una tesis doctoral, en el cual uno de los principales hallazgos fue que muchas de las actividades extractivas tanto agrícolas como de minerales y de petróleo 3 en Centroamérica se están llevando a cabo en regiones fronterizas.

Con el fin de comprender los procesos extractivos en estas dos regiones de frontera, nuestro interés se centró en los actores que convergen alrededor de los monocultivos de piña y banano. Por lo que una de nuestras principales interrogantes fue determinar cuáles eran estos diferentes actores en estos sistemas fronterizos complejos. Partimos del hecho de que los sistemas territoriales son dinámicos y que están en permanente recomposición y que los actores que intervienen en ellos actúan a diferentes escalas (que van desde lo global a lo local) y son portadores de diferentes temporalidades e intereses muy diversos que muchas veces se contraponen.

Nos interesamos particularmente en los actores colectivos, es decir, un grupo de personas organizadas que se movilizan a partir de experiencias y de intereses y hasta de solidaridades alrededor de un proyecto común que tratan de imponer a través de la acción colectiva (Duperré, 2004). Una acción colectiva implica actuar juntos de forma intencional y alrededor de un proyecto explícito. Estos proyectos pueden ser muy diversos, pueden representar reivindicaciones, la defensa de un interés material o de una causa (Neveu, 2002). Estos actores ejecutan estos proyectos en sistemas de acción concretos (región fronteriza) que ayudan a construir y al mismo tiempo son determinados por ellos (Duperré, 2004).

Todos los actores colectivos que estudiaremos tienen un cierto grado de organicidad y representan intereses de grupos, que pueden ser instituciones estatales, organizaciones (organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, entre otras), asociaciones, empresas, grupos indígenas, municipalidades o plataformas multiactores (Rodríguez, 2014). Asimismo, tienen en común que representan intereses específicos y actúan en representación de uno o más sectores.

Por ello, se utilizaron múltiples técnicas de investigación cualitativas. Se realizaron ocho trabajos de campo entre el 2015 y el 2016 en estas dos regiones de frontera, en donde se realizaron al menos 30 entrevistas a profundidad a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), autoridades indígenas, asociaciones de productores orgánicos, campesinos, trabajadores de empresas extractivas, investigadores y representantes de instituciones del Estado. También se realizaron procesos de observación participante en sesiones municipales, reuniones de proyectos y de programas de investigación y cooperación en las zonas de estudio. Asimismo, se revisó bibliografía de artículos académicos, noticias y libros.

Después de esta revisión bibliográfica y de literatura gris se pudo constatar que una de las principales dificultades es el vacío de información existente sobre los impactos y los conflictos alrededor de los monocultivos en Centroamérica. Muchos autores alertan sobre el hecho de que los monocultivos son ese “enemigo silencioso” que se expande sin generar resistencias, debido a que no es percibido como “tan” dañino como la minería o el petróleo por lo que muchas veces su presencia se naturaliza y se tornan parte del paisaje.

A esto se le debe de sumar la carencia de datos fiables en cuanto a la extensión de estos monocultivos, ya que se observó que, al menos en Costa Rica, no existe una congruencia en éstos que permita medir su tamaño e impacto, ya que las cifras en cuanto a hectáreas cultivadas varían según la institución que se consulte. 4 Otra dificultad al momento de estudiar la región centroamericana fue que la mayoría de los estudios encontrados están centrados en casos sudamericanos por lo que la mayor producción científica se enfoca en actividades extractivas como la explotación petrolera en Colombia y en Ecuador o la minería en Perú y en Chile. También se identificaron importantes investigaciones sobre la soya (Gras y Göbel 2014) en Argentina, Brasil y Uruguay, y sobre la palma africana en Colombia (Díaz Moreno, 2017). Es así como se torna imperante estudiar el impacto de los monocultivos en Centroamérica, de manera específica en la reconfiguración de regiones fronterizas particularmente vulnerables.

Extractivismo y fronteras en Centroamérica

¿Cómo se relacionan las fronteras con el extractivismo?

Las fronteras pensadas como líneas (límite fijo) o como frentes pioneros o frontier en el sentido dado por Turner (1996) no serán el objeto de este artículo. Partimos de que la frontera es mucho más que una forma de discontinuidad y de organización del espacio político y cuando hacemos referencia a la frontera, estaremos haciendo referencia a una región natural (Fourny, 2005) y social con características particulares debido a su localización, que la hacen diferente al resto del territorio nacional. Es así como esta investigación se inscribe en los estudios sobre fronteras que las conciben como regiones dinámicas que integran territorios divididos por un límite pero conectados por una serie de intercambios y relaciones de poder que articulan una gran diversidad de actores, ecosistemas y actividades productivas (Rodríguez, 2014).

De esta manera, las fronteras son un sistema espacial complejo que tiene tres características: 1. la pluralidad de actores y de representaciones, 2. la sobreposición de escalas (local, nacional y global) y 3. las diferentes temporalidades o formas de vivir el tiempo y el espacio que coexisten (Picouet y Renard 2007: 47). Por temporalidad se entiende un conjunto de usos, de expresiones y de formas de apropiación cultural del tiempo y del espacio. Las temporalidades son múltiples y cambian según las culturas y las vivencias de las personas (Picouet y Renard, 2007). Es así como en estas regiones se pueden identificar diferentes territorios (pueblos indígenas, comunidades afrocaribeñas, poblaciones campesinas, áreas protegidas y proyectos extractivos, entre otros) que coexisten y que tienden a entrar en conflicto.

Las fronteras centroamericanas se caracterizan por ser poco pobladas, pues la población del istmo está concentrada en los centros urbanos localizados en la vertiente pacífica. Es así como autores como Debardieux (2005) hacen referencia a estas regiones como “desiertos humanos” o “no man’s land” debido a la dificultad de acceso, la falta de inversión y débil presencia del Estado. Foucher (1991) afirma que las regiones fronterizas poco pobladas son generalmente poco vigiladas, lo que permite que se desarrollen actividades sin regulación por parte de las autoridades nacionales, permitiendo así la expansión de actividades productivas sin control y actividades ilícitas como el narcotráfico. Este aislamiento se reforzó durante los conflictos armados de la década de los ochenta, en donde las fronteras del istmo fueron el escenario de numerosos enfrentamientos y desplazamientos, lo que generó que éstas fueran percibidas como zonas peligrosas y poco accesibles.

Estas regiones fronterizas no sólo albergan los cantones más pobres, sino que están mal integradas al resto del país. Lucile Medina caracteriza estas regiones siguiendo el modelo de centro-periferia de Alain Reynaud (1981), y concluye que estas fronteras pueden ser caracterizadas como periferias ya que cuentan con una baja densidad de población, están marcadas por la pobreza y el desempleo, y están en una situación de subordinación con respecto a los centros (Medina, 2004: 124).

Cabe destacar que la falta de inversión, de infraestructura y de débil presencia del Estado facilitó también la instalación desde el siglo XIX de actores exógenos como imperios coloniales (Gran Bretaña) o empresas transnacionales estadounidenses como la United Fruit Company específicamente en Honduras, Costa Rica y Panamá, las cuales se beneficiaron de las debilidades estructurales de estos territorios para desarrollar sistemas de plantación basados en la lógica del enclave (Girot y Granados, 1997). Estas regiones fueron vistas como espacios de oportunidad debido a su riqueza ambiental y su alta marginalidad que se traduce en la falta de oportunidades de empleo, lo que las convierten en fuentes de mano de obra poco calificada y mal remunerada (Rodríguez, 2014).

Es importante precisar que la lógica de enclave impuesta por la empresa bananera se puede asimilar al régimen de apartheid, que consistía en una segregación en dos niveles: el primero era dentro del enclave en donde los blancos, los negros los mestizos y los chinos tenían condiciones y derechos diferentes; el segundo nivel de segregación era entre el enclave como estructura de producción y el resto del país, los enclaves se caracterizaban por estar aislados y tener sus propias autoridades (Duncan y Meléndez, 1972). Si bien estas comunidades fueron progresivamente incluidas al sistema político costarricense a partir de la década de los sesenta, todavía siguen estando mal integradas y en ellas se pueden observar los resabios de la lógica de enclave, ya que muchos de los poblados mantienen la organización en cuadrantes bananeros y los nombres de las fincas como “Finca 60” en Changuinola (Panamá) o “Finca 98” en Sixaola (Costa Rica) (Rodríguez, 2014).

Es así como en estas regiones se desarrollaron sistemas productivos de monocultivos (banano, piña y palma africana) sin un debido ordenamiento territorial, poniendo en riesgo importantes recursos naturales —acuíferos, cuencas hidrográficas y humedales— (Lavell, 2004). Así, las fronteras representan sitios ideales para la instalación de actividades extractivas tanto monocultivos como actividades mineras y petroleras. Estas áreas relegadas se convierten en enclaves extractivos asociados a los mercados globales (Gudynas, 2009). Como afirma Acosta (2011: 90): “Este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, muchas veces funciona con una lógica de enclave: es decir, sin una propuesta integradora de estas actividades primario-exportadoras con el resto de la economía y de la sociedad. Su aparato productivo, en consecuencia, queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial”.

De esta forma, el tipo de extractivismo que se ha venido desarrollando en el istmo centroamericano y en especial en regiones fronterizas puede ser categorizado como clásico o convencional (Gudynas 2009: 187; 2013a: 8). Esto debido a que los principales actores de esta explotación son las empresas transnacionales o empresarios privados, dejándole al Estado un rol secundario. Sin embargo, la función del Estado sigue siendo determinante, ya que muchas veces éste cede la soberanía que ejerce en ciertos territorios y en muchos casos funge el rol de socio o de facilitador de estos procesos, sin asumir realmente un papel redistributivo o de control. Tal como afirma Cáceres (2015: 117-18), si el Estado no asume un papel activo en la regulación de las actividades extractivas, el capitalismo no va regularse a sí mismo. Al disponer de marcos normativos y sociales que permiten la expansión de estas actividades el Estado también puede no sólo ser cómplice de la acumulación por desposesión, sino también crear nuevas formas de despojo.

Dos fronteras reconfiguradas por los monocultivos: el caso de Talamanca en la cuenca del río Sixaola (Costa Rica y Panamá) y de la Zona Norte de Costa Rica

La cuenca del río Sixaola, proximidad cultural, banano y riqueza ambiental

El río Sixaola sirve de frontera entre Costa Rica y Panamá en la vertiente Caribe de este límite. En cuanto a la división administrativa de esta cuenca, encontramos del lado costarricense al cantón de Talamanca que forma parte de la provincia de Limón, y del lado panameño el distrito de Changuinola localizado en la provincia de Bocas del Toro. Esta cuenca cubre alrededor de 2 839 6 km2 (Franklin, 2007) y el 95% de los habitantes de la parte alta de la cuenca son grupos indígenas bribri, cabécar y ngöbe-buglé.

La parte media de esta cuenca comprende alrededor 51 000 ha y corresponde al valle de Talamanca, el cual está poblado también por estos grupos indígenas pero cuenta con la presencia de grandes empresas bananeras que se encargan de la producción, del empaquetado y de la distribución. Estas empresas son Chiquita, Dole y Del Monte. En esta parte de la cuenca es donde se encuentran las principales actividades extractivas de banano y plátano, generando así una importante contaminación debido a los agroquímicos y pesticidas. La parte baja de la cuenca está más densamente poblada y tiene una importante diversidad cultural ya que se pueden encontrar poblaciones afrocaribeñas, mestizos y extranjeros de Europa y Estados Unidos que en su mayoría se dedican a la actividad turística, la cual ha estado en crecimiento que ha tenido un importante impacto en la propiedad de la tierra.

Es importante destacar que en el cantón de Talamanca confluyen diferentes tipos de categorías de manejo del territorio, como la zona marítimo-terrestre, los territorios indígenas, las áreas protegidas (Parque Internacional La Amistad, refugios de vida silvestre y parques nacionales) y la zona fronteriza. Aunado a esto, en este territorio conviven asentamientos campesinos, grandes propietarios de tierra mayoritariamente extranjeros y una importante cantidad de hectáreas cultivadas de banano y plátano (Llaguno et al. 2014). En ese sentido, cada uno de los usos territoriales tiene su propia configuración del espacio, así como una regulación específica.

Es importante destacar que más de la mitad del territorio (55%) corresponde a zonas de protección ambiental y 30% a territorios indígenas. Los límites de estos territorios han entrado muchas veces en conflicto con proyectos turísticos y extractivos. En cuanto a la frontera entre Costa Rica y Panamá, se han suscitado conflictos debido a que algunos asentamientos campesinos se ubican en la milla fronteriza, lo cual ha provocado disputas legales sobre la titulación de las tierras (Llaguno et al. 2014).

Esta región fronteriza comparte con el resto de la vertiente Caribe-Centroamericana las mismas características demográficas, socioculturales y productivas, la cual conforma una especie de corredor caribe que articula un conjunto de periferias olvidadas por los Estados nacionales (Le Masne, 2010). Este corredor ha estado marcado por la producción de banano, que lo dotó de una configuración particular alrededor del enclave bananero. Esto generó una homogeneidad sociocultural heredada de un pasado colonial y de las empresas bananeras (Demyk, 2005). La instalación de la empresa bananera se dio a inicios del siglo XX, como parte de un esfuerzo estatal, impulsado por los gobiernos liberales que conscientemente buscaban promover un modelo agroexportador paralelamente a la producción cafetalera (Hernández, 2000).

El Mapa 2 presenta la distribución de la producción del banano en Costa Rica, y evidencia una concentración de la producción de banano en la vertiente Caribe y en la región fronteriza con Panamá.

Si bien la presencia de estas bananeras parece hoy en día estar consolidada, situación que ha implicado una importante reducción de los movimientos de resistencia, en el pasado, las malas condiciones laborales generaron numerosas huelgas, protestas y acciones legales en contra de las compañías bananeras. Una de las más relevantes en la historia costarricense es la gran huelga bananera de 1934, la cual suscitó una serie de reformas por parte del Estado que permitieron posteriormente generar garantías laborales para los trabajadores. Sin embargo, las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo develaron que las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores bananeros persisten (la explotación laboral, el impedimento al derecho de sindicalización, los despidos injustificados, entre otros). Además, estas empresas usan la mano de obra de poblaciones transfronterizas indígenas ngöbe-buglé, que se mueven de un lado a otro de la frontera y que migran de forma estacional para trabajar de forma muchas veces irregular y en condiciones de marginalidad.


Hectáreas de banano en Costa Rica por cantón en el 2014
Mapa 2.
Hectáreas de banano en Costa Rica por cantón en el 2014

Además de los impactos laborales y ambientales, estas plantaciones están afectando la salud de los habitantes fronterizos, así lo indican investigaciones recientes que muestran cómo los niños y niñas que viven en las cercanías de las plantaciones de banano y plátano en la zona de Talamanca tienen una alta cantidad de residuos de agroquímicos en su orina, debido a la constante exposición a los insecticidas utilizados para los cultivos. En general, se detectó que el ambiente cercano a las plantaciones se encuentra contaminado, en especial por el mal manejo de desechos tóxicos (Córdoba, 2013).

La Zona Norte, una región de frontera de piña y despojo

La Zona norte-norte de Costa Rica comprende los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles. Esta región fronteriza está determinada por su cercanía con Nicaragua, ya que forma parte de un eje de intensa interacción con los municipios de San Carlos y Cárdenas de Nicaragua. Para Girot y Granados (1997), esta región fronteriza se caracteriza por su proximidad cultural y económica con Nicaragua. Esta frontera ha sido históricamente porosa y aislada de los respectivos centros nacionales, lo que permitió que se generara una identidad compartida reforzada por importantes lazos comerciales y familiares (familias transfronterizas) (Morales, 2010).

En efecto, estos municipios tienen lazos muy dinámicos y relaciones de interdependencia, así como un sistema ambiental que articula una gran diversidad de ecosistemas, bosque tropical, ríos, acuíferos y humedales como los humedales de Caño Negro y Medio Queso (Rodríguez, 2014). La población de los dos lados de la frontera es mayoritariamente campesina mestiza con características culturales muy similares. Se puede además encontrar el grupo indígena maleku, uno de los más pequeños en Costa Rica cuyo territorio está en el cantón de Guatuso, el cual tiene una extensión de 2993 km2 —aunque anteriormente se extendía hasta el lado sur del lago Cocibolca o también conocido como lago de Nicaragua— (Montoya-Greenheck, Carvajal y Salas, 2008).

La riqueza natural presente en esta región fronteriza podría representar una oportunidad para el desarrollo del ecoturismo o del turismo rural comunitario, no obstante, desde la década de los ochenta, en esta región, como parte de una estrategia del Estado costarricense, se ha venido desarrollando un modelo agroexportador fundamentado en la producción de monocultivos de piña, cítricos y palma africana (Granados y Jiménez, 2002: 202). Estas actividades son muy contaminantes porque generan una importante deforestación, el dragado de los humedales y usan grandes cantidades de agroquímicos y pesticidas que contaminan los ríos y los acuíferos (Aravena, 2005).

Esta región de frontera fue considerada como un importante frente pionero para el Estado costarricense desde la década de los cincuenta (Castillo, 2006). El poblamiento de esta zona se dio por procesos migratorios e inmigratorios de poblaciones campesinas e indígenas provenientes del interior del país y otras comunidades aledañas provenientes de Costa Rica y Nicaragua (K. Acuña y Valverde, 2011). Pero es hasta el agotamiento de la frontera agrícola y el proceso de ampliación estatal (por su estructura agroexportadora tradicional) que progresivamente las regiones periféricas fueron incluidas dentro de la lógica de formación del Estado. La introducción de los monocultivos en especial el de la piña para la exportación data también de la década de los ochenta con la introducción por la empresa pindeco (subsidiaria de Del Monte) de una variedad de piña denominada Sweet Golden M-12 (una variedad de piña modificada genéticamente), así como de nuevas tecnologías y de estilos de producción.

La expansión de la piña en la zona norte ha tenido lugar gracias a una serie de incentivos 5 y de facilidades dados por entidades estatales, las cuales buscaban promocionar la siembra por medio del establecimiento de “áreas potenciales”, lo que permitió que la expansión de este cultivo se pudiera dar con mayor efectividad. A finales de los ochenta, se identificaron 13 000 ha de áreas potenciales adicionales a las ya existentes, de las cuales se ubicaban 10 580 sólo en la zona norte (1800 en la zona sur y 500 en la vertiente atlántica) (Acuña, 2004). Hoy en día en la zona norte concentra el 52% de la producción de piña de Costa Rica (Aravena, 2005); esta concentración se puede observar en el Mapa 3, que presenta la producción por cantón a escala nacional.


Hectáreas de piña en Costa Rica por cantón en el 2014
Mapa 3.
Hectáreas de piña en Costa Rica por cantón en el 2014

También es importante destacar que esta introducción se da en el marco de los programas de ajuste estructural que promovían una liberalización de la economía y la atracción de inversión extranjera. Con ellos, el Estado fue progresivamente penetrando en las dinámicas de la región, con el objetivo de impulsar y posicionar al sector privado estimulando nuevos bienes agrícolas bajo el método de los monocultivos. La estrategia pretendía que este espacio fronterizo se convirtiera en una “frontera viva”; una región integrada política, económica y culturalmente al Estado costarricense (León, 2015).

En esta nueva estructura productiva, se instalaron las empresas transnacionales en la región, ya que ésta presentaba las condiciones óptimas para el desarrollo de nuevos productos agrícolas: Tierra disponible para establecer amplios campos para la producción de monocultivos, 6 recurso hídrico abundante, situación de marginalidad y pobreza, débil presencia del Estado y disponibilidad de mano de obra barata costarricense y migrante nicaragüense.

Este modelo de apertura comercial contribuyó a transformar la estructura productiva que predominaba en la región de la Zona Norte, afectando principalmente con estos cambios a las economías campesinas (pequeña y mediana) dedicadas a la producción agropecuaria. De esta manera, los productos no tradicionales como la piña y la naranja pasan a dominar en la región, desplazando la producción de granos básicos. Según la Secretaría Ejecutiva de Panificación Sectorial Agrope (SEPSA), “en los últimos años en la Región Huetar Norte, algunas actividades productivas han incremento sus áreas de siembra tal es el caso de la piña, raíces tropicales, ornamentales y algunas se han reducido, como es el caso de ganadería, granos básicos y palmito entre otros” (SEPSA, 2008: 33). Este fenómeno se observa en el Gráfico 1.

Es interesante constatar que a pesar de las diferentes actividades agrícolas y la incursión de empresas transnacionales y de capital extranjero, en términos de distribución de la riqueza esta región ostenta hoy en día los índices más bajos de desarrollo social, en especial los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso (Zeballos, 2013), los cuales se posicionan, como lo mencionamos en la introducción, en los últimos lugares en el IDH en Costa Rica.

Se estima que entre 2000 y el 2007, la población residente en esta frontera ha aumentado 18.04% del lado costarricense y 38.31% del lado nicaragüense (Cubero Acevedo y Soto Acosta, 2010). Esto se puede explicar por el aumento de los campos de piña que se han convertido en una fuente de empleo tanto para los trabajadores costarricenses como nicaragüenses. Esta nueva estructura productiva aprovecha la posición fronteriza de dichos cultivos, ya que la cercanía con Nicaragua hizo que se incorporara mano de obra nicaragüense que empezó a trabajar en los campos de piña costarricenses de forma temporal. Esta mano de obra migrante se encuentra muchas veces en condición irregular, no declarada y no cuenta con garantías sociales (Rodríguez, 2014).


Costa Rica: Área sembrada en hectáreas de actividades agrícolas tradicionales y no tradicionales en la provincia de Alajuela, 1984, 2014
Gráfico 1.
Costa Rica: Área sembrada en hectáreas de actividades agrícolas tradicionales y no tradicionales en la provincia de Alajuela, 1984, 2014
Fuente: elaborado por Alexa Obando, con base en Censo Nacional Agropecuario de 1984 y 2014.

Los actores del extractivismo en estas regiones fronterizas

Las empresas

A partir del trabajo de campo realizado se pudo constatar que las empresas dedicadas a la producción tanto de piña como de banano concentran largas extensiones de tierra, que en el caso de Talamanca pertenecen a grandes empresas transnacionales y, en la Zona Norte, a empresas de capital nacional como Upala Agrícola, Piña Pavón, Exportaciones Norteñas, Compañía Agropecuaria Las Brisas, Finca 11 entre otras, asociadas en su mayoría a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). Por lo tanto, la producción nacional como los ingresos económicos que generan las actividades están concentrados mayoritariamente en manos privadas y en un reducido número de empresas. 7 El pequeño y mediano productor tienen una débil representación en este sector productivo liderado por grandes empresas, las cuales concentran mayoritariamente los incentivos que otorga el Estado, el cual muchas veces no les facilita el acompañamiento necesario, pues concentra sus esfuerzos y recursos únicamente en los más grandes productores.

En el caso de la cuenca del Sixaola, en especial en el Caribe Sur costarricense, históricamente el monocultivo se ha dado de la mano de empresas transnacionales que operan por medio de subsidiarias. En la actualidad, en la zona de Talamanca la actividad bananera está controlada por la Compañía Bananera Atlántica (subsidiaria de Chiquita Brands International), Banana Development Corporation (Bandeco, subsidiaria de Fresh Del Monte Produce Inc.) y Standard Fruit Company (subsidiaria de Dole) 8 (Mapa 4).


Localización de las principales empresas bananeras en Talamanca
Mapa 4.
Localización de las principales empresas bananeras en Talamanca

Estas empresas transnacionales producen y comercializan la variedad Cavendish, la cual es destinada exclusivamente a la exportación. Por su parte, los pequeños y medianos productores cultivan la variedad Gros Michel (criollo), que en su mayoría se destina al mercado nacional. En menor medida también se pudo identificar en la parte alta de la cuenca del Sixaola en Talamanca la producción de banano criollo orgánico, cultivado bajo el sistema diversificado, en donde se combina con otros cultivos como el cacao (Escobedo, 2010). En ese sentido, el banano se presenta mayoritariamente como un monocultivo —en el caso de las fincas que operan las empresas transnacionales— destinado a la exportación, mientras que el cultivo orgánico diversificado se ha concentrado en unidades familiares de pequeños y medianos productores, quienes tienen poca participación en la cadena productiva, más allá del cultivo y cosecha (Escobedo, 2010).

Actualmente, el banano es el producto agrícola de mayor exportación en el país, valorado en 905.1 millones de dólares para el año 2014 (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMER, 2014). Según la Corporación Bananera Nacional, para el 2016 se exportaron 121 millones de cajas de banano, es decir, 2 194 376 toneladas métricas. Éste fue el año que se registró la mayor cantidad de cajas de banano exportadas desde el 2002. Concretamente, para el caso de Talamanca en el 2014, del total de hectáreas cultivadas de banano, 53% se dedicó a la exportación, 21% al mercado local y 6% al autoconsumo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015).

Por otro lado, en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles en la Zona Norte de Costa Rica, se identificaron a pequeños y medianos productores que forman parte de una cooperativa denominada como Coopepiña y de una asociación conocida como AsoNorte. Si bien estas estructuras aseguran la permanencia en el mercado de pequeños y medianos productores, son las grandes empresas las que tienen la capacidad de imponer las reglas del juego y son generalmente las que tienen acceso a los créditos y a los incentivos que proporciona el Estado (Obando, 2017). Las empresas identificadas están localizadas en el Mapa 5, en donde se puede observar su posición fronteriza.

Estas empresas son actualmente la principal fuente de empleo en esta región y las responsables de mucha de la contaminación. Las entrevistas realizadas, así como la observación participante generada en reuniones con actores organizados frente a la expansión piñera en la Zona Norte, hicieron posible constatar que para estos actores resulta evidente que el conflicto socioambiental más importante es precisamente el cultivo agresivo y extensivo de la piña. Según actores locales del cantón de Los Chiles como miembros de la Asociación de Desarrollo y de la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados (asada) de Pavón, así como grupos organizados de Nueva Esperanza y Caño Negro, existen fuertes preocupaciones en torno al acaparamiento de tierra en manos de grandes empresas, el desplazamiento de familias campesinas, la pérdida del bosque, la presencia de la mosca característica del cultivo de piña que afecta al ganado, la quema constante de plantaciones viejas para introducir nuevas y la potencial contaminación de las fuentes de agua potable.


Localización de las empresas productoras de piña en Upala, Guatuso y los Chiles en Costa Rica, 2016
Mapa 5.
Localización de las empresas productoras de piña en Upala, Guatuso y los Chiles en Costa Rica, 2016

Lo que antes eran bosques y humedales son ahora importantes campos de piña (Maglianesi-Sandoz, 2013: 66). La producción de piña es la principal causa de deforestación, dragado de ríos y de zonas húmedas. Además el uso de pesticidas, herbicidas (Bromacil) y productos químicos que aceleran la maduración de la fruta tiene un fuerte impacto en los cursos de agua y acuíferos en la zona (Aravena, 2005). Mediante el uso de imágenes satelitales y mediciones de terreno realizado por el sistema de monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos (MOCUPP), coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones estatales, se pudo constatar que la cobertura forestal se ha disminuido considerablemente, a costa de la producción piñera. La mayor pérdida ha ocurrido precisamente en la zona norte del país, donde se registra la desaparición de 3 192 70 hectáreas de bosque entre el 2000 y el 2015 (Araya, 2017).

Se puede concluir que las empresas que dominan el cultivo de piña son de gran tamaño y están dedicadas a la exportación. Son hoy en día las principales propietarias de la tierra ya que los pequeños y medianos productores están paulatinamente vendiendo sus tierras o arrendándolas ya que consideran que es más rentable que seguir produciendo granos básicos o compitiendo con estas empresas. La expansión de este monocultivo es un fenómeno nacional que amerita atención pues para el 2011 Costa Rica se había convertido en el primer productor de piña en el mundo con un estimado de 45 000 ha destinadas a esta actividad (Maglianesi-Sandoz, 2013), de las cuales más de la mitad estarían localizadas en la zona norte fronteriza con Nicaragua.

Asociaciones de productores

Paralela a la producción de banano, se pudo identificar una importante producción de plátano en Sixaola, justo en la franja fronteriza con Panamá. El plátano también es manejado por pequeños y medianos productores, pero organizados en cooperativas y asociaciones. Entre ellas destacan la Asociación de Plataneros Unidos de Paraíso de Talamanca (ASOPATUPLA) y Cooperío R. L., los cuales están muy articulados con organizaciones comunitarias como las asociaciones de desarrollo de las localidades. 9 A pesar de que el cultivo de plátano no se encuentra en manos de compañías transnacionales, igualmente funciona bajo una lógica de monocultivo, con un excesivo uso de agroquímicos. 10

Cabe destacar que estas asociaciones y cooperativas por muchos años no tuvieron acceso a créditos ni ayudas por parte del Estado debido a que sus cultivos están localizados sobre la franja fronteriza que corresponde a los 2 km antes de la línea fronteriza. Desde 1961, esta franja pertenece al Estado y son, por ley, inalienables. Sin embargo, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy en día Instituto de Desarrollo Rural (INDER), dio títulos de propiedad a estos campesinos en la década de los ochenta para que poblaran y cultivaran plátano en esta frontera que era vista en ese momento como un importante frente pionero (Rodríguez, 2014). Este conflicto terminó cuando la Asamblea Legislativa de Costa Rica se pronunció a favor de los campesinos en el 2015.

Uno de los actores más destacados en Talamanca es la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA), fundada en 1987, articula alrededor de 800 productores de los cuales 80% son indígenas. La APPTA produce y comercializa banano, plátano y cacao orgánico, así como pulpa de frutas y hortalizas, en menor medida. El papel de esta organización ha sido central en la zona, debido a que ha funcionado como “fijador de precios” e intermediador del mercado de cacao, promoviendo intercambios desde la lógica del comercio justo. 11 La APPTA está conectada con las redes internacionales de comercio justo y de agricultura orgánica, cuenta con múltiples certificaciones. A pesar de esto, muchas fincas integrales indígenas están en riesgo de perder su certificación debido a su cercanía a fincas bananeras que usan avionetas para fumigar sus campos, contaminando las fincas orgánicas.

También se identificó que a pesar de la expansión de los monocultivos y la progresiva concentración de tierra en pocas manos, se mantienen importantes acciones de resistencia campesina e indígena, atravesadas por reivindicaciones de género. En el Caribe Sur, la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA) tiene una importante presencia en su comunidad, promoviendo la producción orgánica de cacao y la venta de chocolate orgánico procesado a través de la marca Tsirutami. Además se declaran las responsables de preservar la cultura y cosmovisión indígena bribri, reivindicando la función tradicional del cacao y de las mujeres como transmisoras de las técnicas de producción y de la pertenencia al clan. 12 Asimismo, se declaran “defensoras de la naturaleza” y durante las entrevistas hicieron uso de un importante lenguaje de género a través del cual insistían sobre lo necesario de empoderar a las mujeres como motores del desarrollo en Talamanca.

Por su parte, en la Zona Norte, la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza y la Asociación de Mujeres Productoras de Tilapia de Caño Negro son agrupaciones con importantes reivindicaciones de género. Su lucha se articula alrededor de la defensa de la producción campesina, en una zona de alta vulnerabilidad ambiental como las cercanías del Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro, debido a la presión en cuanto al avance de la frontera agrícola que están generando las piñeras. 13

Es importante destacar que en estas dos regiones de frontera, el papel de las mujeres campesinas e indígenas se ha tornado fundamental desde la década de los noventa, tanto en la defensa de los territorios como en la promoción de alternativas productivas orgánicas y justas. Sin embargo, cabe cuestionarse sobre el verdadero impacto de estas iniciativas frente a la importante expansión de los monocultivos.

Organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional

Al referirse a la cuenca del río Sixaola, muchos autores la presentan como un “laboratorio para la cooperación” ya que ésta ha suscitado, desde la década de los noventa, el interés de diferentes organismos intergubernamentales, ong internacionales y agencias de cooperación. Es así como se ha implementado una serie de proyectos e iniciativas de cooperación en materia ambiental para conservar los ecosistemas compartidos.

Por un lado, se identificaron proyectos y programas de cooperación impulsados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como el Proyecto Alianzas, el Proyecto Buena Gestión del Agua y Adaptación al Cambio Climático o el proyecto Building River Dialogue and Governance conocido como BRIDGE. La UICN es una organización internacional que articula gobiernos, ong y científicos del mundo que inciden sobre temas ambientales. Además, cuenta con un secretariado que ejecuta proyectos en todo el mundo a través de una gran cantidad de oficinas que funcionan como “antenas”. Para el caso de Talamanca, los proyectos que ahí se ejecutan son desarrollados por su oficina regional para México, América Central y el Caribe de la UICN, la cual tiene una sede central en San José de Costa Rica y una oficina en Hone Creek, propiamente en Talamanca. 14 La UICN ha tenido un rol protagónico ya que ha ejecutado una gran cantidad de proyectos que también son desarrollados en otros países de la región y del mundo, con estrategias para la gestión integrada del agua, la adaptación al cambio climático y la gobernanza ambiental (Rodríguez, 2014).

De la misma forma, se estudió el proyecto desarrollado por The Nature Conservancy denominado “Parques en peligro” que culminó en el 2008 y se desarrollaba alrededor del Parque Internacional La Amistad, compartido por Costa Rica y Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo también implementó en los últimos siete años dos proyectos de cooperación: uno binacional denominado el Proyecto de Gestión de los Ecosistemas de la Cuenca Binacional del río Sixaola (BID-GEF) y otro sólo en Costa Rica denominado “Programa para el desarrollo sostenible de la cuenca del Sixaola”, que culminó en el 2014. Paralelamente, se identificaron proyectos promovidos por alianzas públicas-privadas que articulaban a la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el supermercado REWE y la empresa bananera Chiquita y Corbana.

Cabe destacar la importancia de las ong locales como la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC), organización denominada ad hoc, es decir, que está anclada en el tejido sociopolítico local (Dumoulin y Rodary, 2005: 75). Este tipo de ONG locales juegan un rol central en el desarrollo de proyectos de cooperación de organizaciones como la UICN, pues medían entre ese “oligopolio de la conservación” que se mueve a escala global y los actores locales, o sea, las asociaciones de desarrollo, las autoridades indígenas y los campesinos. Si bien el corredor ejecuta sus propios proyectos de reforestación y educación ambiental, éste funge como facilitador, mediador y traductor de las estrategias globales de conservación a la escala local (Allard, Smadja y Roué, 2006). El trabajo de campo realizado nos permitió determinar que el corredor es hoy en día uno de los actores más activos en Talamanca y de los más influyentes, ya que alrededor de un 80% de los entrevistados lo identificó como un actor que les “generaba confianza” y con el cual estaban anuentes de trabajar.

Cabe destacar que estos proyectos promovidos por las agencias y organizaciones de cooperación estaban muy centrados en la gestión integrada de la cuenca del río Sixaola, desarrollando estrategias de capacitación, reforestación y de gobernanza ambiental (creación de comisiones transfronterizas o comisiones de cuenca), no obstante, es interesante constatar que de todos estos proyectos y programas, ninguno propone acciones específicas para hacerle frente a la expansión de los monocultivos o a sus impactos. Aun cuando a lo largo de este proceso de investigación un 90% de actores locales entrevistados insistieron en que los monocultivos eran la principal causa de contaminación y de conflicto socioambiental en estas dos regiones fronterizas, conviene cuestionar si es posible hablar de gestión integrada del agua sin emprender acciones que busquen hacerle frente a la expansión de los monocultivos.

Cabe señalar que para el caso de la Zona Norte, debido a los conflictos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua, se observó un repliegue de la cooperación internacional desde finales de la década del 2000. Si bien antes del 2005 la UICN, a través de su proyecto “Alianzas”, tenía acciones de conservación de alcance transfronterizo, al igual que la cooperación española con el proyecto Río Frío, actualmente no existen proyectos que busquen la conservación ambiental en esta zona, excepto los proyectos liderados por la Universidad de Costa Rica mediante la iniciativa del Programa Institucional de Kioscos Socio-ambientales para la Acción Comunitaria.

Centros de investigación y proyectos de investigación-acción

También se identificaron proyectos promovidos por centros de investigación como el proyecto de Competitividad y Ambiente en los territorios productores de cacao del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 15 . El CATIE es un actor central en la incursión del cacao orgánico en Centroamérica a través del Programa Mesoamericano de Cacao, y ha implementado proyectos en materia de cultivo de banano orgánico a pequeña y mediana escala. Cuando la UFCO abandonó el territorio talamanqueño en la década de 1980, el CATIE dio apoyo técnico para introducir híbridos de cacao orgánico y banano. 16 En ese sentido, con apoyo de la implementación de proyectos, se han gestado fincas agroforestales en donde se cultiva una variedad de productos orgánicos (Escobedo, 2010).

Además, otro actor importante que fue sistemáticamente mencionado durante las entrevistas por los actores locales, en especial por las autoridades indígenas y los grupos campesinos, es el Programa Kioscos Socio-ambientales para la Acción Comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. En Kioscos, como es popularmente conocido, trabajan docentes y estudiantes, quienes realizan proyectos de acompañamiento organizativo en varias comunidades del país, entre ellas los poblados en las zonas de estudio, Talamanca, Upala, Los Chiles y Guatuso. Desde el 2015, por medio de cartografía participativa, miembros de la comunidad han podido construir mapas en donde se ilustra la magnitud de la expansión de los monocultivos en cada área, lo cual representa un insumo importante para la movilización comunitaria en defensa del medio ambiente (Bolaños, 2015).

El Estado costarricense, una ausencia organizada

Si bien los monocultivos contemporáneos operan según Acosta (2011) y Gudynas (2010) como “enclaves”, lo hacen porque los Estados y sus instituciones públicas lo permiten. El Estado tiene una función fundamental en los procesos de apropiación de los recursos naturales ya que con sus acciones u omisiones facilita la extracción y la explotación de la naturaleza. Estamos así al frente de procesos de producción desregulados, intensivos que acentúan los impactos ambientales y sociales. Investigaciones demuestran que la implantación de monocultivos en Costa Rica se dio no sólo por los intereses económicos de empresas transnacionales o de potencias económicas que buscaban producir a gran escala, sino que requirió de la participación y complicidad de las élites políticas y de las clases dominantes (Avendaño, Ramírez y Segura, 2014).

En el caso del banano, el Estado costarricense a finales del siglo XIX cedió alrededor de 800 000 ha al empresario Minor Cooper Keith, fundador de la UFCO, a cambio de la construcción del ferrocarril al Atlántico. En el caso de la piña, el Estado costarricense en la década de los ochenta invirtió en infraestructura (carreteras, puentes, muelles), brindó tecnología y capacitaciones, otorgó incentivos económicos y productivos para la instalación de estas empresas. Para Obando (2017: 77) “de esta manera, se despliega un cambio en el rol principal de la intervención estatal en la región, donde el Estado se concentrará en la creación de condiciones necesarias en infraestructura, mano de obra, seguridad jurídica, para que los emprendimientos privados sean los encargados de controlar y organizar los procesos de producción”.

Existe, además, una falta de control por parte del Estado costarricense en cuanto a la expansión de estos monocultivos. Las instituciones estatales encargadas (Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía) han evidenciado una falta de información y control relacionada al registro de hectáreas y área que abarcan estas actividades (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1.
Cantidad de hectáreas cultivadas de piña en Costa Rica
Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (2015) 40 000 ha
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (2014) 45 000 ha
Censo Agropecuario Nacional (2015) 37 669 ha
Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2.
Cantidad de hectáreas cultivadas de banano en Costa Rica
Corporación Bananera Nacional (2015) 43 024 ha
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (2014) 42 841 ha
Censo Nacional Agropecuario (2015) 51 758 ha
Fuente: elaboración propia.

Los Cuadros 1 y 2 ponen en evidencia que no existe coherencia en los datos suministrados por las instituciones competentes a nivel nacional. En ese sentido, el XII Informe Estado de la Nación indica que el área dedicada reportada a la piña por el censo difiere de las estimaciones previas, incluso de las presentadas por Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica en el 2013. También existe discrepancia con los datos de exportación, que han sido crecientes, mientras que el área no ha registrado variaciones (PNUD y Universidad de Costa Rica, 2016).

Además, según el estudio de mocupp” 17 coordinado por el pnud, por medio de imágenes satelitales, en el 2016 comprobó que el área cultivada de piña alcanza 58 000 hectáreas, cifra que primero quintuplica las 11 000 hectáreas registradas en el año 2000 y, segundo, se aleja bastante de lo que reveló el Censo Agropecuario en el 2014 (Araya, 2017). La inexactitud de información sobre la extensión denota una deficiente planificación y control de la expansión de monocultivos en Costa Rica. Esta falta de datos es cada vez mayor a medida que se reduce la escala, es decir, los gobiernos locales tampoco cuentan con el registro de hectáreas, fincas o empresas dedicadas a estos cultivos en su cantón. Si bien existe un proceso previsto para inscripción de un proyecto, muchas de estas instituciones como la Secretaría Técnica Nacional encargadas de dar la viabilidad ambiental no cuentan con el personal ni con los recursos necesarios para hacer un efectivo control.

De esta manera, El Estado produce un proyecto político basado en un modelo de desarrollo agroexportador que materializa intereses sociales de clases, de fracciones o de sectores. Este proyecto guía el accionar del aparato estatal, es decir, de las instituciones, los funcionarios y determinan el contenido de las leyes y las normas (Osorio, 2014). Coincidimos con Osorio en que el aparato estatal como tal, conformado por los funcionarios públicos —en este caso, las alcaldías, los ministros, mandos medios entre otros—, no actúa de manera neutral, sino que su accionar está orientado a responder a aquellos grupos que ostentan de poder para guiar las intervenciones y la toma de decisiones a favor de sus intereses (Osorio, 2014).

Los gobiernos locales

Las municipalidades tienen un papel central en el proceso de expansión de los monocultivos, ya que son la última instancia responsable de dar el visto bueno para que un proyecto extractivo se desarrolle, mediante el otorgamiento del “permiso de uso de suelo”, el cual debe basarse en una planificación municipal que pueda determinar las zonas más aptas para ciertas actividades. Tras las entrevistas realizadas a funcionarios municipales, se concluyó que las Municipalidades de Talamanca, Guatuso, Los Chiles y Upala no ejercen ningún tipo de control ambiental sobre la expansión bananera y piñera, pues desconocen cuáles son las áreas más aptas para la siembra de dicho cultivo, ni tampoco tienen la información sobre la extensión de hectáreas o la ubicación de fincas dedicadas a estos monocultivos. Encima, estas municipalidades no cuentan con planes reguladores como la ley lo establece, por lo que carecen del criterio técnico necesario para desestimar una solicitud. En este sentido, se limitan a otorgar “permisos de ubicación” para las empresas desarrolladoras.

En este caso, a nivel local, la falta de ordenamiento territorial y de planes reguladores en las municipalidades constituye el punto crítico, ya que no se tiene control efectivo del territorio ni tampoco se garantiza el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente, lo que abre una puerta para que las empresas piñeras o bananeras se sigan expandiendo. La coordinación entre escalas, es decir, entre instituciones del gobierno central como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo y el gobierno local, es prácticamente nula, porque no hay claridad en cuanto a las competencias institucionales ni hay coordinación entre las distintas iniciativas y políticas que impulsan. 18 Cabe destacar que estas instituciones son las encargadas de garantizar la fiscalización, el control y la denuncia de dichas actividades.

Las unidades ambientales de las municipalidades estudiadas asumen un discurso “ambientalista” de carácter “light” en donde las principales acciones son promover el reciclaje y el manejo de desechos. Durante las entrevistas realizadas a los encargados de las unidades ambientales, se pudo constatar el desconocimiento de los procesos de control y, además, nunca mencionaron la problemática de los monocultivos. La falta de planes, de comunicación, de claridad en cuanto a las competencias y la falta de acciones a escala local que permitan hacerles frente a estas actividades hace que los monocultivos se puedan expandir cada vez más sobre el territorio sin regulación ni fiscalización.

Ante nuestra pregunta inicial ¿son las fronteras regiones cuyas características facilitan la expansión de monocultivos?, podemos concluir que la carencia de planificación y de ordenamiento del territorio con enfoques ambientales es una característica común de las zonas fronterizas, las cuales —como hemos puntualizado— son zonas que usualmente tienen poca presencia estatal, grandes riquezas naturales y constantes flujos migratorios, lo cual se presenta como incentivos para la instalación de empresas con actividades extractivas. A raíz de lo anterior, se podría pensar que en estas regiones fronterizas el Estado está ausente, debido a su débil presencia e inversión. No obstante, un hallazgo clave de esta investigación fue que el Estado se encuentra presente, pero no de la misma forma en todas las escalas y no en todos los momentos. Se podría concluir que el Estado costarricense interviene en la promoción, pero desaparece cuando se requieren medidas de control.

Esta ausencia del Estado que llamaremos “selectiva” fue particularmente visible en el caso de las moratorias a la expansión de piña interpuestas por los cantones de Los Chiles, Guácimo, Pococí y Siquirres. Hasta la fecha, estas experiencias son las principales acciones implementadas por las municipalidades en contra de la expansión piñera, las cuales implican el cese de la expansión de piña por un periodo determinado, con el fin de realizar estudios del impacto socioambiental en las plantaciones existentes y así definir si es ambientalmente sostenible la expansión del cultivo.

Las primeras experiencias fueron implementadas en la zona del Caribe, en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres entre el 2008 y el 2012. La única moratoria en la Zona Norte fue realizada en el 2016 en el cantón de Los Chiles, para ello se apoyaron en la autonomía de los gobiernos locales, así como en elementos técnicos y legales proporcionados por organizaciones sociales como el Programa Institucional Kioscos Socio-ambientales para la Acción Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, entre otros.

Sin embargo, todas las declaratorias de moratorias fueron revocadas por la Sala Constitucional, debido a que el sector piñero, mediante la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), interpuso recursos de amparo, argumentando que las moratorias violaban la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela efectiva y la garantía de reserva legal en materia de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales (Chacón, 2012). Las sentencias de la Sala Constitucional a favor de la CANAPEP evidencian que la libertad de empresa prevalece sobre el derecho a vivir en un ambiente sano, como lo dicta el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.

El gobierno central limita así el ejercicio democrático de las municipalidades y revela un claro apoyo al sector empresarial y a la promoción de la actividad, ya que una moratoria se ve como la “imposibilidad de ampliar esos cultivos para responder a la demanda y les estaría restando competitividad” (Serna, 2016). Para Silvetti y Cáceres (2013), es importante destacar que las municipalidades, en general, no tienen un criterio consensuado acerca de seguir las vías de las moratorias, ya que algunas expresan serias dudas debido a que las empresas piñeras constituyen la principal fuente de empleo para la mano de obra rural.

Por otro lado, si bien ambos son monocultivos de exportación, cada uno tiene su particularidad: la piña, a diferencia del banano, no paga impuestos, no ha sido regulada con un marco legal que permita planificar y limitar la actividad, por lo que su cultivo penetró de forma acelerada y agresiva. En el caso del banano, una vez que la compañía terminó sus operaciones en la década de los ochenta en Talamanca, el Estado se encargó de administrar el territorio y poner en marcha un plan de fomento bananero. Sin embargo, a pesar de la intervención del Estado, las condiciones de precariedad laboral, la contaminación y los daños a la salud de los habitantes se mantienen (Llaguno et al., 2014). En cuanto al impuesto al banano cabe destacar que éste fue pensado para ser un instrumento de control fiscal más que un instrumento de redistributivo, pues no tuvo ningún impacto en la recuperación ambiental y social de estos territorios.

En ese sentido, el Estado funge así como uno de los promotores de la expansión del monocultivo de banano y piña en manos de grandes empresas. Se puede, por lo tanto, concluir que el Estado costarricense tiene una ausencia planificada y organizada, ya que interviene cuando se requiere promoción y desaparece cuando se requiere control e información. Responde así a intereses y a agendas específicas, pero sobre todo al interés de mantener un modelo agroexportador basado en los monocultivos que genera dinámicas de acumulación y de despojo (Harvey, 2004).

¿Cómo interactúan estos actores?

Los actores del extractivismo establecieron relaciones muy diversas que van desde la cooperación hasta el conflicto. Por un lado, se identificó una importante alianza entre el Estado, organizaciones internacionales y el sector privado, que ha permitido la constitución de una plataforma multiactor.

La Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña, creada desde el gobierno central con el apoyo económico y logístico del pnud aparece como “espacio de diálogo inter institucional e intersectorial en el cual se articulan y monitorean las acciones y tareas requeridas a corto, mediano y largo plazo por parte de los distintos involucrados y afectados por la actividad piñera, con el fin de mejorar el desempeño ambiental y social del este cultivo”. 19 No obstante, al analizar las organizaciones que participan se puede observar que son mayoritariamente instituciones del gobierno central (ministerios e instituciones públicas), organismos internacionales, redes internaciones de comercio justo, empresas privadas y universidades públicas, pero no están presentes las organizaciones locales que resisten a la expansión de dichos monocultivos.

Es importante aclarar que las plataformas multiactores (PMA) son espacios de negociación de participación voluntaria o formalizada que articulan a diferentes partes interesadas o stakeholder, que se encuentran debatiendo alrededor de un mismo problema o situación, las cuales aceptan que son interdependientes, por lo que buscan una solución colectiva para solventar el problema común (Steins y Edwards, 1999). Las pma son muy comunes en los proyectos de cooperación, pues su creación es muchas veces solicitada por los organismos y agencias de cooperación que financian estos proyectos (Warner y Simpungwe, 2012).

En realidad son un dispositivo deliberativo que requiere para su buen funcionamiento de la participación de una pluralidad de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Sin embargo, pudimos constatar que muchos actores considerados como contestatarios no participan en ellas como el FRENASAPP, la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, entre otros.

De esta forma es necesario, para evaluar una pma, analizar su “arquitectura”, es decir, identificar quién la crea, la convoca y la financia, así como su representatividad y legitimidad. Muchos actores estiman que es imposible invitar a todos los actores involucrados a participar (Warner y Simpungwe, 2012: 112) y por esto su representatividad siempre será cuestionada, pero conviene cuestionarnos ¿quiénes tienen derecho a participar y por qué? Además es importante también reflexionar sobre quién fija las agendas políticas de dichas plataformas y si están o no acordes con las necesidades y preocupaciones de los actores locales considerados como “contestatarios” o disidentes.

Por otro lado, entre estos actores existen también tensiones que muchas veces han desencadenado conflictos territoriales. Las fronteras son sistemas espaciales complejos donde se articulan una gran diversidad de actores con muy intereses diversos. Actores como la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (acomuita) o en la Zona Norte, la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza y la Asociación de Mujeres Productoras de Tilapia de Caño Negro o FRENASAPP, la Coordinadora Norte, Tierra y Libertad proponen alternativas productivas a los monocultivos y a la concentración de la tierra y han desarrollado acciones de resistencia campesina e indígena.

Estas agrupaciones reivindican la producción campesina en una zona de alta vulnerabilidad ambiental, denunciando la expansión de estos monocultivos y proponiendo otras lógicas de cultivo basadas en la agroecología. Sin embargo estas iniciativas siguen siendo muy reducidas y no ponen en riesgo el modelo hegemónico de desarrollo basado en monocultivos. Estas organizaciones de base, junto con el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), han sido recientemente los protagonistas de importantes huelgas específicamente en la Zona Norte fronteriza con Nicaragua, en donde se han venido organizando con el fin de denunciar no sólo la contaminación que genera este tipo de actividades, sino la violación de los derechos laborales de los trabajadores en estas fincas.

Conclusiones: Manifestaciones del despojo causado por monocultivos en las regiones fronterizas

Las regiones fronterizas de Costa Rica están marcadas por la presencia de grandes extensiones de monocultivos de piña y de banano, ya que éstas son vistas como regiones de oportunidad que cuentan con las características geográficas, políticas y sociales necesarias para el desarrollo de este tipo de actividades productivas. Estas regiones de fronteras son territorios empobrecidos que son víctimas, a través de la expansión de los monocultivos, de procesos de despojo, exclusión y desigualdad ambiental. Desde la perspectiva del ecologismo de los pobres, la dinámica de exclusión socioeconómica está ligada a la dinámica de exclusión ambiental. Así, existen al menos dos formas en las que se manifiesta esta desigualdad ambiental: en el acceso y control de los bienes naturales, y en el acceso a un ambiente sano (amenazado por la creciente contaminación) (Sabatella, 2010).

La presente investigación nos permitió evidenciar una importante invisibilización de la expansión sin control y del impacto ambiental y social de estos monocultivos. Ausentes en los proyectos de cooperación y de las estrategias formales de intervención, parece ser que los monocultivos sólo son importantes para las personas que sufren diariamente de sus repercusiones en el ambiente, en la salud y en las malas condiciones laborales que ofrecen. Los procesos de despojo y los conflictos socioambientales resultantes de la expansión sin control de los monocultivos quedan encubiertos a través de múltiples estrategias, por ejemplo, la falta de planes reguladores en los gobiernos locales, la inexistencia de información fidedigna y la exclusión de actores considerados como “contestatarios” en las PMA y en otros espacios de diálogo y negociación.

Los procesos de desojo son complejos, como lo afirma Cáceres (2015), el despojo ocurre como consecuencia del proceso de acumulación por desposesión, en un determinado territorio donde se desarrollan relaciones de poder entre actores, alrededor del acceso a ciertos recursos. Estas relaciones son dinámicas, esto quiere decir que el balance de poder cambia a través del tiempo. En este sentido, el acceso y control sobre ciertos recursos no ocurre de forma neutral, sino que representa un proceso de constantes tensiones y conflictos entre los actores.

En esta misma línea, Ojeda et al. (2015) señalan que el despojo puede tener lugar en los espacios donde existe tensión entre los procesos de reproducción de la vida diaria y el acaparamiento y concentración de los recursos. Estas tensiones de poder generan lo que las autoras denominan “paisajes del despojo cotidiano”, como los crecientes campos de piña y banano que desplazan la cultura campesina y al ambiente. Concretamente, afirman que “los paisajes son proyectos políticos, es decir, procesos inconclusos y saturados de poder que se materializan en ensamblajes concretos de naturaleza y sociedad [… y] constituyen la ‘evidencia sedimentada’ de procesos históricos de desigualdad, muerte y sufrimiento que se acumulan en el espacio” (Ojeda et al., 2015: 109).

Por lo tanto, conviene cuestionarnos cómo se han generado estos “paisajes de despojo” en las fronteras costarricenses. Si bien este proceso no es reciente y data de la misma conformación del Estado costarricense, podemos identificar cinco fenómenos que han intensificado estos procesos de despojo en estas regiones:

1. Acaparamiento de la tierra, pérdida de la cultura campesina y de la agricultura indígena

En este sentido, cuando hablamos de actividades extractivas como la agroindustria en Centroamérica, las tensiones ocurren entre quienes buscan acumular y quienes son despojados, es decir, entre las empresas agroindustriales y las comunidades de tradición campesina o indígena. Los monocultivos, bajo su lógica extensiva y expansiva, generan presiones sobre los territorios, despojando a las comunidades de la tierra, el agua y el bosque. Estos procesos de despojo generan conflictos de índole socioambiental, agrarios y laborales. Una de las formas más visibles de despojo provocado por la expansión de los monocultivos y el acaparamiento de tierras es la separación de las familias campesinas de su tierra.

2. Explotación laboral

La proximidad con el país vecino hacen que se dé una importante movilidad temporal de personas que cruzan la frontera para fungir como mano de obra para estas empresas. En muchos casos la situación de las poblaciones que trabajan para estas empresas es irregular, no cuentan con las garantías laborales ni con el salario mínimo. En la actualidad, existe un lenguaje de valoración dominante por parte del gobierno de Costa Rica y de las empresas que en palabras de Gudynas, que consiste en afirmar que estas comunidades se deben de “sacrificar” y aceptar los impactos socioambientales con el fin de asegurar la generación de empleo y el “bien común” del país (aumento de exportaciones) (Gudynas, 2013b). Este discurso “sacrificial”, se debe de visibilizar y debatir exhortando a contrastar los beneficios económicos y comerciales con los costos económicos detrás de los impactos ambientales y sociales. Se debe así de posicionar como la persistencia de monocultivos de exportación como la piña y el banano, reproducen conflictos socioambientales.

3. El impacto ambiental

El uso indiscriminado de agroquímicos y el mal manejo de los desechos está generando un importante impacto en los mantos acuíferos y en la salud de las personas. Además, este tipo de actividades está generando una importante presión en la frontera agrícola, promoviendo así la deforestación y el dragado de humedales. Se está despojando a las personas a su derecho a un ambiente sano y al derecho al acceso al agua potable. La ausencia de una regulación estatal, la carencia de ordenamiento territorial, la baja o nula tributación de las actividades productivas, la desmedida transnacionalización empresarial en el extractivismo son elementos que favorecen este tipo de despojo.

4. Costos privados se vuelven costos públicos

En las dos regiones de frontera se identificó la tendencia de los gobiernos locales y del mismo Estado costarricense a transferir ciertas competencias a las empresas piñeras y al capital privado en general. Hoy en día estas empresas, bajo el lema de “responsabilidad social empresarial, generan obras de infraestructura como la reparación de caminos vecinales, la construcción de escuelas o parques recreativos. Esta estrategia busca “limpiar la imagen de las empresas” y reduce la percepción negativa de las mismas. Muchas personas entrevistadas presentaban a estas empresas como un “mal necesario”, el cual permite el desarrollo de estos pueblos. En palabras de Hibou (1998), las empresas se convierten en intermediarios privados que garantizan mayor eficiencia y mejores resultados, porque se presentan, a diferencia del Estado, menos burocratizados, ya que no necesitan presencia uniforme en todo el territorio y así evitan muchos de los costos del aparato administrativo. El uso de la figura de “responsabilidad social empresarial” se ha traducido en estos territorios en clientelismo y complicidad por parte de los gobiernos locales y de algunos sectores de las comunidades. Este fenómeno ha generado que se desmovilice la organización comunitaria, se evite cuestionar el accionar de las empresas y se mantenga este modelo productivo.

Sin embargo, es interesante constatar que en la realidad, estas empresas son las responsables de la generación de importantes costos que deberán de ser asumidos a corto o a mediano plazo por las comunidades, los gobiernos locales y el Estado. Estos costos “privados” que se vuelven públicos son ambientales resultantes de la destrucción de la naturaleza (contaminación del agua y deforestación) y sociales (salud, desempleo, subempleo). Las empresas quedan así exoneradas de sus responsabilidades sociales, laborales y ambientales.

5. Un modelo de desarrollo basado en el extractivismo

Si bien Costa Rica se publicita como una “Costa Rica verde” y un destino turístico natural y ambientalmente responsable, queda claro que el modelo de desarrollo promovido por el Estado costarricense basado en la atracción de la inversión extranjera y en la expansión de actividades extractivas como los monocultivos es el modelo de desarrollo dominante. Las instituciones estatales han sido promotoras y cómplices del fortalecimiento de este modelo de acumulación por despojo (Harvey, 2004), el cual ha emprendido exitosamente un proceso de desmantelamiento de la agricultura campesina y de destrucción de la naturaleza. Un modelo de desarrollo que aboga por el crecimiento económico sin redistribución de la riqueza.

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Notas

1 Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2016, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Costa Rica http://www.desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php
2 Sistema de explotación de la mano de obra indígena durante la colonia española.
3 Actividades petroleras todavía están en una etapa exploratoria en la región centroamericana, con excepción de Guatemala en donde ya se está explotando petróleo en la región del Petén.
4 Según los boletines estadísticos nacionales publicados en 2013, el área de producción de piña en Costa Rica ascendía a 45 000 hectáreas; sin embargo, el censo agropecuario evoca la existencia de sólo 37 000. Esta falta de coincidencia evidencia una falta de coordinación interinstitucional en el control de la expansión piñera.
5 Algunos de los incentivos estatales a la producción piñera fueron los contratos de exportación, los certificados de abono tributario y las zonas francas.
6 Según la Secretaría Ejecutiva de Panificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) se ha generado un crecimiento sostenido en hectáreas de piña a nivel nacional, a pesar de su tardía introducción en la estructura agropecuaria costarricense, así lo demuestran sus datos estadísticos, que para el 2014 y el 2015 había un total de 40 000 ha y para el 2016 un total 43 000 ha de piña cultivada.
7 Según Jairo Serna, técnico de la Plataforma de Producción y Comercialización de Piña Responsable “se tiene que tener claro que cuando se habla de productores no sólo son todos aquellos que están agremiados a la sino también pequeños y medianos productores. La canapep representa en la extensión de hectáreas un 75% o 80% que está centralizado en su mayoría en 4 empresas y apenas el 20% de la extensión es representado por 1191 productores, que son aquellos que no cumplen con los requisitos necesarios para asociarse debido a la falta de recursos económicos, de infraestructura, capacidad técnica, personal, entre otros” (Serna, 2016: s. p.).
8 Entrevistas realizadas a Juan Carlos Barrantes, director de acbtc, Hone Creek, Talamanca, 18 de julio de 2016 y a Pedro Cordero, Oficial Técnico de la UICN, Puerto Viejo, Talamanca, 18 de julio de 2016.
9 Entrevista realizada a Juan Carlos Barrantes, director de acbtc, Hone Creek, Talamanca, 18 de julio de 2016.
10 Entrevista realizada a Wilberth Gómez, José Bonilla y Luis Ponce, miembros de ASOPLATUPA, Paraíso, Talamanca, 3 de agosto de 2016.
11 Entrevista con Jairo Garita, encargado de ventas de appta, Sand Box, Talamanca, 19 de julio de 2016.
12 Entrevista a Faustina Torres y Edith Villanueva, junta directiva de acomuita, Shiroles, Talamanca, 4 de agosto de 2016.
13 Entrevista con Evelia, presidenta de la Asociación de Mujeres de Nueva Esperanza el 5 de noviembre de 2016.
14 Entrevistas realizadas a Juan Carlos Barrantes, director de acbtc, Hone Creek, Talamanca, 18 de julio de 2016 y Pedro Cordero, Oficial Técnico de la uicn, Puerto Viejo, Talamanca, 18 de julio de 2016.
15 El CATIE es un centro regional dedicado a la investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Véase https://www.catie.ac.cr/que-es-catie.html
16 Entrevista con Jairo Garita, encargado de ventas de APPTA, Sand Box, Talamanca, 19 de julio de 2016.
17 Las imágenes que sustentan el estudio pueden ser consultadas por cualquier usuario en la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Territorial. Los mapas son generados por el Programa de Investigaciones Aerotransportadas del Centro Nacional de Alta Tecnología y son publicados a través del Instituto Geográfico Nacional.
18 Así lo confirman los diferentes funcionarios entrevistados, en este caso, Jacob Guillén (Alcalde de Los Chiles), Ilse Gutiérrez (Alcaldesa de Guatuso) y Diego Mora (Gestor Ambiental de la Municipalidad de Upala).
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