El modelo de acumulación y extractivismo

En la fase actual del capitalismo trasnacional financiero el extractivismo es parte necesaria de su desarrollo como modelo de acumulación y reproducción del sistema en los países dependientes periféricos. El desarrollo de las fuerzas productivas con la aceleración y expansión de las nuevas tecnologías junto con nuevos materiales ha permitido la unificación del proceso productivo.

El capitalismo es un sistema histórico consolidado y extendido, constituyéndose en un sistema-mundo único en el planeta. La incesante expansión espacial de la economía-mundo capitalista se ha dado en función de su dinámica central: la constante acumulación de capital (Wallerstein, 1998:252). Esta dinámica funciona a través del incremento de la tasa de plusvalía incorporando nuevos productores de ingresos bajos; el impulso del avance tecnológico y la competencia entre las grandes empresas, que lleva a la acumulación de capital al máximo (Wallerstein, 1998). Amin sostiene la tesis de que el modo de producción capitalista representa una ruptura cualitativa con los sistemas anteriores, porque la ley del valor rige no sólo la vida económica sino todo el sistema social del mundo moderno (capitalista) (Amin, 1997:58). Es decir que somete a todas las demás dimensiones de la vida social a la ley implacable de la acumulación del capital (Amin, 1997:63). Una segunda tesis de este autor es que el sistema capitalista es mundial y es el primero en serlo y una tercera tesis es que la ley del valor mundializada engendra la fuerza de polarización, y expresa la pauperización que supone la acumulación a escala mundial (Amin, 1997:59). La ley del valor mundializada

opera sobre la base de un mercado trunco, que integra el comercio de los productos y los movimientos del capital, pero excluye la fuerza de trabajo. La ley de valor mundializada tiende entonces a uniformar los precios de las mercancías, pero no las remuneraciones del trabajo, cuyo abanico de distribución mundial es de lejos más abierto que el de la distribución de las productividades. (Amín, 1997; 6)

La polarización se expresa en la conformación del centro-periferia, por el predominio económico del modo de producción capitalista y por lo tanto el sometimiento de lo político-ideológico a la acumulación del capital, escribe Amin. La polarización se configura en la división entre países industrializados y no industrializados pero también se perfila en un proceso de industrialización en la periferia, pero la “desindustrialización” (relativa) de los centros, a la par con la industrialización de las periferias, sucede porque el control monopólico se transfiere hacia el control de las tecnologías, las finanzas y el acceso a los recursos naturales (Amín, 1997.69).

Las formaciones económico-sociales latinoamericanas se integran en forma subordinada al sistema capitalista. La dependencia es una situación económica estructural-histórica que se produce en países donde la economía

está condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía, a la cual se somete aquélla. La relación de interdependencia establecida por dos o más economías, y por estas y el comercio mundial, adopta la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión que puede influir positiva y/o negativamente en su desarrollo inmediato. De cualquier manera, la situación básica de dependencia lleva a los países dependientes a una situación global que los mantiene atrasado y bajo la explotación de los países dominantes. (Dos Santos, 1974:42)

La dependencia significa que la estructura interna de un país está condicionada por otra externa y que se entrelazan las relaciones entre ambas en una situación y condición de dependencia, de dominación-subordinación. Las burguesías locales no son víctimas de la imposición externa, sino partícipes de la relación pero en forma subordinada. Se trata del sistema mundial total que produce la dependencia, dentro de la relación asimétrica entre países centrales-países periféricos, donde se configura lo que podemos (capitalismo dependiente periférico). En el capitalismo dependiente el ritmo y forma del proceso de desarrollo (y de acumulación de capital) está condicionado por las necesidades e intereses de una economía externa dominante, que actúa a través de sus capitales en la economía dominada, extrayendo un particular excedente económico hacia sus matrices centrales.

En los países dependientes el capitalismo es un capitalismo subdesarrollado, como forma particular de la subsunción, integración y formación del capitalismo en ex colonias o países que se convierten en subdesarrollados y dependientes porque en sus orígenes de su desarrollo capitalista, estuvieron presentes las relaciones estructurales de dominación y se explotación tal que su estructura estaba históricamente subordinada. En esta etapa el capitalismo a escala global funge con los espacios sociales mundiales que posibilitaron el desarrollo en las regiones dominantes, constituyéndose el resto en subdesarrolladas.

En esta etapa cobra creciente importancia el llamado extractivismo. Sobre este tipo de explotación económica surgen algunos interrogantes: ¿Es el extractivismo una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo mundial? ¿Es un nuevo modelo de acumulación del capital? ¿Es una forma de neocolonialidad del poder imperialista y de subalternidad de los países dependientes?

En principio se trata de una nueva etapa de dominación-explotación-hegemonía, con tecnología de punta, producción a gran escala, llevada a cabo por empresas trasnacionales que pueden imponer e imperar sobre un vasto conjunto territorial y político. La valorización del capital financiero -a través de la transnacionalización de la economía con la desterritorialización de la producción y la explotación del trabajo- junto con el poder del Estado unido al poder del gran capital y el incesante movimiento del capital (ficticio y real) se configuran en el régimen de acumulación llamado modelo extractivista (o neoextractivista). El neoextractivismo se basa en la explotación de la naturaleza (bienes primarios o “recursos naturales” y la exportación de material en bruto, tal que produce una reprimarización económica a través de la producción agroalimentaria transgénica, la explotación a gran escala de la megaminería, la explotación indiscriminada del patrimonio natural, la expansión de fronteras productivas y la constitución de enclaves y polarización social.

La acumulación por desposesión es la utilización de formas de acumulación originaria para conservar el sistema capitalista mercantilizando sectores que hasta hace poco tiempo estaban cerrados a la actividad capitalista. Este concepto de David Harvey (2005), de importante difusión en la actualidad, busca caracterizar los contenidos y razones del neoliberalismo, como la concepción ideológica económica del capitalismo trasnacional. Las privatizaciones, la financiarización del capital, las redistribuciones estatales de la renta, la gestión de las crisis tienen por objetivo mantener el capitalismo actual. Harvey retoma el concepto de la acumulación original del capital, propia de la primera etapa del capitalismo para replantearse las características de la acumulación actual del capital. La acumulación por desposesión está basada en la depredación, el saqueo y la violencia, que no son formas superadas de la acumulación originaria del capitalismo, sino que aún actúan para reproducir el sistema capitalista, el cual que depende menos de la expansión de la producción y más del despojo. Las viejas y nuevas formas de acumulación se combinan las privatizaciones de activos públicos, servicios sociales, agua y otros servicios públicos; las patentes sobre materiales genéticos en favor de empresas tras-nacionales en desmedro de poblaciones enteras,

la reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, agua, aire) y la proliferación de la degradación ambiental que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía (Harvey, 2005:114).

Así pues el extractivismo

debe ser entendido como un patrón de acumulación basado en la sobre explotación de recursos naturales -en gran parte no renovables- y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” (Svampa y Viale, 2015:30).

Las principales consecuencias del extractivismo son la

reprimarización de la estructura económica, creciente subsunción de la naturaleza al circuito de valorización del capital, destrucción de las economías indígenas y campesinas, desplazamiento masivo de las poblaciones desposeídas hacia las ciudades, superexplotación de la fuerza de trabajo, aumento de la descomposición social y la violencia estructural (Composto y Pérez Roig, 2012:XVII).

Las deseconomías extensivas son parte de la acumulación por desposesión que se potencia en la periferia y es sostenida por los esquemas coloniales a los que están sometidos estos países (Teubal y Palmisano, en Giarraca y Teubal, 2013:69). Estos cambios se realizan sobre la base de la acumulación por despojo, a través de la privatización de bienes y servicios estatales, la mercantilización de relaciones sociales y de territorios antes no mercantilizados. El neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político asumieron la tarea de reconfigurar el proceso de acumulación sobre la base de una nueva correlación de fuerzas sociales, que restaurara el poder del capital frente al poder del trabajo (Composto y Pérez Roig, 2012; XII).

El extractivismo muestra la continuidad y discontinuidad del sistema operando a escala planetaria y en una magnitud nunca vista antes, sin oposición y con el poder omnímodo de las empresas trasnacionales; las luchas intercapitalistas como luchas dentro del sistema por lograr la reproducción siempre ampliada, perseguidos por las crisis de superproducción, impelidos por la necesidad de mantener la tasa de ganancia, dominados por la dinámica incesante del capital y en particular del capital financiero.

Tiene las formas de la acumulación originaria -aunque “civilizada”-, pero que significa el doblegamiento de regiones, territorios y poblaciones, la depredación de la naturaleza, la explotación de la fuerza de trabajo local. El modelo extractivista es una forma de la acumulación por desposesión centrada en la depredación de la naturaleza e imponiendo una violencia simbólica -e ideológica- ejercida a través del control social y político mediado por el Estado.

La forma de operar del extractivismo es a través de una recreación de los antiguos enclaves bajo una forma tecnológica nueva: situado en lugares apartados, no se expande en el conjunto económico-social, sino que se restringe a su propia órbita; los sectores en los que impacta directamente son mínimos pero su poder es mucho más amplio. La nueva estructura dominante impuesta configura una nueva situación de subalternidad para los sectores populares y una condición de subordinada a las clases dominantes locales.

La década del noventa fue fundamental para el mundo capitalista: con la caída del campo socialista, su esfera de dominación se amplió a todo el mundo, con el impulso de las modernas tecnologías de comunicación y las de producción, las formas de extensión del capital a través de la mundialización de la ley del valor, se produjo un nuevo desarrollo del proceso de “globalización”. La globalización se convirtió en un concepto fetiche y fetichizado para el capitalismo, que entendía el proceso como natural e inevitable, oscureciendo que era en realidad el proceso de mundialización capitalista, de la mercantilización extendida al conjunto de regiones mundiales, de bienes naturales y de seres humanos en su con-versión en mercancías. Esta fue la concepción dominante que era inseparable de la ideología del neoliberalismo, autoconcebida como pensamiento único. Se trataba de una forma de dominación casi perfecta ya que no tenía rivales a la vista. El capitalismo realmente existente -en su etapa transnacionalizada- había ganado la confrontación con el mundo “otro”, el socialismo realmente existente -que había sucumbido- y no tenía enemigos en adelante.

Las leyes económicas de la reproducción ampliada como forma normal del sistema están unidas estructural e históricamente, es decir orgánicamente, a la violencia y el despojo como mecanismo no económicos adosados. La acumulación por despojo es la contracara necesaria de la reproducción ampliada (Composto y Pérez Roig, 2012). Desde esta postura es posible explicar la imposición de las políticas de megaminería y el impacto del boom producido en pocos años de la instalación de esta actividad. En ese proceso el modelo del extractivismo megaminero es una nueva forma de dominación, basada en una recreación de formas anteriores de explotación pero potenciada ahora con una alta tecnología y un gran poder operativo-destructivo sobre la naturaleza.

Muchas de las prerrogativas del Consenso de Washington fueron impuestas por el Banco Mundial en la década del noventa en los países dependientes. Centralmente fue la localización de las grandes empresas mineras en el mundo del sur. Los altos costos ambientales y tributarios, las reglamentaciones proteccionistas, el agota-miento de los recursos en la esfera de los países centrales, el descrédito de las empresas en su destrucción del medio ambiente, los costos laborales produjeron una nueva redefinición de los espacios mundiales, concebidos en términos de rentabilidad, impulsaron a las empresas trasnacionales los llevaron a buscar emplazamientos en el sur.

Al igual que otros países latinoamericanos, en los últimos diez años la Argentina transitó del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. (Svampa y Viale, 2015; 15)

San juan, la conversión productiva: de la agricultura a la minería

La década del noventa fue la de la producción del marco legal y político para la instalación de las grandes empresas mineras en el mundo sur, que permitió la instalación de las empresas transnacionales del extractivismo. Este proceso significó un conjunto de cambios en la estructura económica local provincial y se estructuró un nuevo conglomerado de poder en la Argentina, así como en muchos otros países. Por ello es necesario perfilar los cambios operados en la estructura económica-social, ya que se ha producido un reacomodamiento de clases y fracciones y se ha reconfigurado el bloque dominante local y el de los grupos subalternos en términos estructurales y en términos de la coyuntura. Para comprender el momento y el proceso de luchas se debe explicar el proceso estructural integral y orgánico del sistema en sus líneas generales.

La crisis provincial de la vitivinicultura en las décadas del 70 y 80 llevó a que se planteara un proyecto alternativo, ya que se consideraba que dicha actividad estaba en su colapso final. Se planificó desde 1987 un proyecto de desarrollo agrominero, apuntando a actividades de exportación. Este proyecto para producir una diversificación productiva se instrumentó a través del Régimen de Promoción Agrícola y los llamados Diferimientos Impositivos durante la década del 90, en que se realizó la inversión de ingentes capitales en tierras y producción con alta tecnología. Estos emprendimientos desplazaron a los pequeños productores rurales, aumentaron la concentración de tierras y produjeron una cierta transformación del perfil la actividad vitivinícola, dirigiéndola a la exportación. No se revirtió el desequilibrio y condujo a una reprimarización de la economía provincial (Narodowski y Garnero, 2011).

La extracción de recursos a través de la mega-minería se desarrolló con José Luis Gioja, gobernador de San Juan entre 2003-2007, reelegido entre 2007 y 2011 y para un tercer mandato por plebiscito entre 2011 y 2015. El gobernador planteó un proyecto de reconversión productiva de la estructura económica de la provincia. Era un proyecto ambicioso de grandes proporciones que atendía a la salida del quiebre y estancamiento que sufría San Juan con la actividad económica que primó por cien años; la vitivinicultura. La reconversión productiva de principios de siglo XXI se denominó Segunda Reconstrucción de San Juan. Se trataba de un proyecto minero-agro-exportador-turístico, con la proyección de la minería como gran minería metalífera y como la alternativa para la diversificación productiva. Por otro lado se aplicó tecnología de punta en la producción agropecuaria, se aumentó la productividad en los grandes emprendimientos, con la otorgación de beneficios impositivos, con créditos blandos y subsidios no reintegrables. (Acta, periódico CTA, 3/8/2013).

El marco legal para que se instalen las empresas trasnacionales de la minería se produjo en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, en el que se crea el marco legal propicio para atraer inversiones. La ley de inversiones mineras de 1993, las reformas al Código de Minería (de 1886) por medio de la ley de Actualización Minera (1995); el Régimen de Inversiones Mineras (LIM, 1993); el Acuerdo Federal Minero (1993) del gobierno nacional y 21 provincias; la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera (1995). El Código de Aguas de San Juan privilegió el uso del agua en los ríos de alta cordillera para las empresas.

Las leyes impositivas dictadas fueron muy favorables para dar mayor rentabilidad a la gran minería, pese a las retenciones puestas por el presidente Kirchner en 2007. Las empresas pueden así obtener una renta minera extraordinaria, superior a la de otras ramas de la economía.

La actividad de megaminería de oro en la provincia de San Juan se constituyó a través de tres grandes emprendimientos en la primera década de 2000, dos en la cordillera andina; Veladero en Iglesia (Barrick Gold) y Casposo en Calingasta (Intrepid) y otro en zona de precordillera, Gualcamayo, departamento de Jáchal (Minas Argentinas).

Las enormes inversiones de empresas trasnacionales produjeron un gran crecimiento de la producción metalífera, lo cual cambió la estructura del sector minero. San Juan pasó de ser provincia no minera a constituirse como provincia minera entre 2004 y 2015, convirtiéndose en la principal productora de oro del país.

La actividad minera en la provincia anteriormente era de pequeña y mediana empresa, para el mercado interno, basado en minerales no metalíferos y rocas de aplicación, destinadas a otras tareas productivas. Con la instalación de la megaminería el perfil productivo cambió, se configuraron dos sectores en la minería: el sector moderno de la gran minería, que produce para la exportación y fundamentalmente para el uso suntuario o de atesoramiento en los países centrales frente al anterior sector minero y por otro lado el sector agroindustrial de la vitivinicultura, que pasó a ser una actividad de segundo peso.

Todo ello se reflejó en un cambio significativo de la estructura de exportación en la provincia. El porcentaje de la producción provincial exportada en 2007 fue la siguiente: oro (46%); vitivinicultura (22%); otros productos agrícolas (3%); productos de minería no metalífera (5%) y vinos (2%) (Iezzi, 2011). En 2013 las exportaciones de oro fueron el 75%, en tanto que el complejo vitivinícola y la producción de hortalizas y legumbres pasaron a ser el 14%. En 2003 se exportaban 18 millones de dólares y en 2010 subió a 1100 millones; es decir que se exportó 61 veces más que en 2003 (Álvarez y Acsebrud, 2014). La inversión minera aumentó de 32 millones de pesos en 2003 a 229 millones en 2010, de acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de San Juan.¹

De la Torre, refiriéndose al proceso operado en San Juan, escribe: El modelo de globalización impuesto a partir de los 90 provocó una fuerte reconversión de la actividad económica en la provincia en donde las políticas aplicadas han influido decididamente en su transformación (2007:12).

Las regalías mineras, que son del 3% sobre el valor de bocamina de mineral extraído, previo a alguna transformación, se reparten entre el gobierno provincial (70%), los departamentos mineros (20%) y la Dirección de Minería (10%). Estos ingresos implican fondos no calculables para sostener la política social y obras provinciales (Narodowski y Garnero, 2012), lo que permite al gobierno provincial tener recursos locales de valor estratégico, y de los ingresos que retiene el gobierno local para realizar obras, que finalmente redunda en formas de reproducción y reafirmación del clientelismo político, aunque el monto de las regalías son bajos en realidad, dados los beneficios que se otorgan a la actividad extractiva.

La actividad minera, de todos modos, afecta a un conjunto de actividades de la provincia, siendo en un factor de poder económico que se localiza y que se reconvierte en poder político-social importante. Las transformaciones producidas por la producción de la megaminería implican la aparición de nuevas empresas económicas que proveen a la megaminería

se ha ido contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo de la provincia pues, además de estas empresas, existen muchas otras que prestan toda clase de servicios a la industria en todos sus aspectos, desde las etapas de exploración hasta las de construcción, puesta en marcha y explotación de las minas auríferas ya mencionadas. A lo largo de estos pocos años transcurridos, el rubro que mayor crecimiento económico ha tenido en la provincia es el de los proveedores y empresas de servicio (Benavidez de Albar Díaz, 2016:276).

El impacto, de acuerdo a una concepción complaciente con la megaminería, se expresaría en que

donde hay un cambio revolucionario en la provincia es en los altos estándares de seguridad, salud, cuidado medioambiental y sostenibilidad, con promoción del desarrollo social de las comunidades vecinas, en correspondencia con la legislación vigente. (Benavidez de Albar Díaz, 2016:277).

Desde una perspectiva crítica, el cuadro de situación en el departamento Jáchal se presenta de manera distinta:

La explotación de metales a gran escala avanza a pesar de las denuncias que pesan a nivel mundial y nacional. En primer lugar, el impacto socioeconómico ha sido mínimo: el escaso valor agregado de la actividad y la baja calificación de los recursos humanos locales así como la inexistencia de una red de servicios de gran escala y calidad han limitado los derrames en la economía del oasis. Por ejemplo, se calcula que actualmente no más de 30 familias viven del empleo directo en la mina. En cambio, se han registrado un impulso en la demanda de servicios locales de gomería, mecánica, reparaciones, construcción, limpieza y otras actividades comerciales de baja calidad, aunque en la ciudad no se nota un movimiento económico muy diverso al que se verificaba antes de 2005 (Narodowski y Garnero, 2011).

La gran explotación minera coexiste con la estructura agrícola tradicional, a escala de las poblaciones, con pocas alternativas de rentabilidad de los pequeños productores. En años anteriores a la instalación de las empresas Barrick y Minera Argentina se profundizaba la crisis de la producción de cebolla, la que habría descendido en un 50%, según algunas estimaciones, con bajo rendimiento por lotes de bolsas, preparación inadecuada de la tierra, productores sin medios para cultivar, precios con altibajos y una constante baja rentabilidad. Pese a ello, una parte de los pequeños productores continúan con la producción de cebolla y a la vez se produce un cierto cambio hacia la producción de alfalfa, lo que permite mejorar las tierras, vender la producción y obtener ocho cosechas de una siembra.

Iglesia y Jáchal: cambios en la estructura productiva

Iglesia y Jáchal son dos departamentos periféricos de la provincia de San Juan, que están bajo la influencia directa de la empresa minera Barrick. Ambos son territorios constituidos en gran parte por cordillera y pre cordillera, piedemonte y los valles donde se aglutina la población. Iglesia está en la zona de la cordillera andina y limita con Chile. En la alta cordillera está ubicada la explotación megaminera Veladero de la empresa Barrick. Jáchal, contiguo a Iglesia, es un departamento de precordillera. El derrame de “solución cianurada” afectó a ambos departamentos, ya que, a través de ríos cuya agua utiliza la empresa, ríos que son afluentes del río Jáchal, el derrame se expandió aguas abajo, amenazando a los habitantes de la ciudad de Jáchal en especial. Ello determinó que la lucha popular estuviese centralizada en Jáchal, lugar en el cual hubo anteriores movilizaciones contra la minería extractivista. El derrame afectaba al río y a la población jachallera a través de los afluentes en la cordillera del río Jáchal.

La población está estancada, disminuyendo su participación en la población provincial: Jáchal descendió del 11% en 1914 a 3% en 2001; Iglesia de 4% en 1914 a 1% en 2001. La emigración es constante y su crecimiento poblacional muy bajo.

La actividad principal es la agrícola, con la producción de cebolla y forrajera, semilla de alfalfa, y ganadería. La propiedad de la tierra funda-mentalmente es de pequeñas propiedades, de 4 has promedio. La figura principal es de pequeños productores: campesinos, minifundistas, pequeños propietarios y campesinos sin tierra que arriendan tierras. Jáchal es zona productora de cebolla; los productores tienen costos de producción altos, sin créditos, precios de la cebolla variables. El agua es escasa y contiene mucho boro; las tierras de cultivo han sufrido degradación. Los ritmos cíclicos de los precios de la cebolla hacen que la actividad sea muy inestable. De todas maneras, los productores siguen con formas tradicionales de cultivo ya que hay una cierta racionalidad en ello, ante la incertidumbre y desconocimiento de las alternativas de otros cultivos, salvo la alfalfa.

La actividad minera mueve una parte de la sociedad en su dinámica pero no se extiende, tiende a subsumirse dentro del ámbito propio de lo transformado. El conjunto económico y social no es integrado ya que sus políticas de intervención locales -que están más allá de su órbita productiva- persiguen no el logro de una expansión económica, sino la cooptación de algunos sectores de la pequeña burguesía rural para contener al conjunto social y lograr imponer su hegemonía, como lo demuestran las políticas y acciones públicas de la empresa de financiamiento y asesoramiento de diferentes proyectos productivos en los departamentos de Jáchal e Iglesia.

La actividad agrícola muestra dificultades estructurales: se encuentra en un proceso de quiebre y la búsqueda de alternativas con la producción extensiva (cultivo de alfalfa) y la explotación a gran escala del capital concentrado internacional en zona aislada para la exportación. Dos maneras productivas: pequeños productores con formas tradicionales de cultivo ante el poder trasnacional minero concentrado. Lo tradicional que no puede resolverse ni salir de la situación de estancamiento y la actividad megaminera no tiene más objetivo que la acumulación y ganancia propia en gran magnitud.

Por primera vez los pobladores se encuentran ante un poder trasnacional de tamaña dimensión: los campesinos y pequeños productores solo conocían los medianos capitales instalados de los diferimientos impositivos: la nueva relación con los capitales dominantes de gran escala que se establecen era totalmente diferente.

Se establece una diferenciación de la economía en escala productiva-tecnológica y magnitud de capitales. Un gran poder se impone sobre territorios y pueblos y ciudades pequeñas. La forma más desarrollada del capitalismo se instala en una región que es periferia de la periferia y la región acusa el impacto pero no puede insertar-se en el nuevo modelo productivo ya que este es excluyente. Se delimita entonces que la acumulación por desposesión es un modelo de despojo y concentración de tierras, recursos y territorios que tiene a las grandes corporaciones (en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos) como los actores principales (Svampa y Viale, 2015; 15).

Los cambios operados en la estructura pro-ductiva significaron que:

El importante crecimiento en los cultivos industrializados y la disminución en la producción hortícola revelan el impacto de algunos fenómenos asociados al proceso de globalización, como la especialización en producciones altamente demandadas por el mercado externo. De este modo, refuerza la subordinación de los territorios en desarrollo a la dinámica de acumulación global […] La característica del modelo imperante en la provincia es de un “crecimiento concentrado con exclusión social” y con políticas públicas que lo sostienen y refuerzan (De la Torre y Moscheni, 2013).

La exportación de materias primas se ha con-vertido en el soporte principal de la economía provincial, se ha producido concentración, heterogeneidad estructural, ya que hay formas de producción de alta tecnología y gran envergadura junto con las formas tradicionales de producción y predominio creciente de la actividad megaminera. Los cambios producidos reestructuraron la estructura de dominación.

La Asamblea Jáchal no se toca: relaciones de fuerza²

Las transformaciones en la estructura productiva de la provincia configuraron un nuevo cuadro de poder económico que podríamos denominar de yuxtaposición: a la estructura de clases dominantes de suyo tradicional, se incorporaron capitales externos en la estructura productiva vitivinícola, debido al proyecto de diferimientos impositivos, y pasaron a controlar esta rama productiva en la década de 1990. En la década siguiente, con la instalación y expansión de la megaminería, se produjo una nueva situación de yuxtaposición: la instalación de una nueva rama productiva, la minera metalífera, hasta entonces inexistente. Esta estructura dominó la actividad minera y al conjunto de la actividad productiva, lo cual se expresa en las exportaciones provinciales, ya que dada la magnitud del capital invertido y con su poder económico, se instala por sobre los capitales y empresas antes existentes, que tienen una pequeña escala productiva y un volumen de capital muy reducido en comparación.

El conflicto sucedido a partir del derrame de septiembre de 2015 fue develando las posiciones de dos fuerzas, enunciadas a partir de sus discursos y acciones. En los dos escenarios del conflicto: el provincial y el departamental, se configuran dos bloques centrales: por un lado el conjunto de clases subordinadas, de las fracciones y sectores subalternos dentro de la estructura de explotación y dominación y por el otro lado se encuentra el capital hegemónico y concentrado constituyendo un bloque dominante con los demás sectores de la burguesía, las organizaciones patronales, el poder político local y los medios de comunicación. En el primer caso la expresión de sus intereses es la Asamblea Jáchal no se toca y en el segundo, la empresa Barrick y el variado conjunto del grupo empresario minero, la organizaciones empresariales, el estado provincial y municipal y los medios de comunicación.

La población jachallera constituye un grupo subalterno en términos estructurales y, en términos coyunturales constituye un grupo vulnerado y violentado por haber sufrido la situación traumática del derrame, que la puso en peligro de una manera constante. Los sectores sociales que componen la asamblea son pequeños pro-ductores rurales, pequeños comerciantes y asalariados del estado y trabajadores, con una presencia importante de mujeres, que son docentes y amas de casa. La reacción popular ante la situación extrema que puso en peligro su existencia fue el proceso de lucha, oposición y resistencia de larga duración, bajo la consigna Cierre, remediación y prohibición de la empresa Barrick.

La oposición a la empresa se inició en forma expresa en 2004 y continuó en forma larvada entre 2005 y 2015 en el interior de la sociedad jachallera y se reanudó con nuevas formas y gran intensidad con el derrame de septiembre de 2015. La lucha de 2004 en Jáchal fue contra la instalación de la empresa Barrick; en esta lucha no se constituyó una asamblea pero sí fue muy activa, aunque finalmente declinó ante el poder económico y político dominante. Las informaciones que llegaron a través de un operario de la empresa que pudo comunicarse a través de su celular con su familia, alertando del derrame de solución cianurada en un afluente del río Jáchal, alarmó a los jachalleros, y produjo situación de temor, ante la carencia de información de la empresa y sobre si podían tomar agua del sistema potable, que podía estar contaminada. El pueblo reaccionó rápidamente y se autoconvocó en la plaza departamental, con la experiencia breve pero contundente de unos siete meses anteriores contra la explotación de uranio. Se inició una activa y creciente movilización masiva, marcha en vehículos a la ciudad de San Juan, instalación de una carpa en la plaza frente a la municipalidad, corte del acceso a la explotación minera con la detención y represión a muchos militantes. La repercusión nacional que tuvo el derrame y la lucha del pueblo jachallero fue enorme. Los actores sociales del campo subalterno, que se expresa en la Asamblea son pequeños productores, pequeños propietarios urbanos, asalariados del Estado, docentes. El sector concentrado tiene a la cabeza a la empresa Barrick, las empresas prestadoras de servicios a la megaminería y las cámaras que los representan, los medios de comunicación concentrados, los partidos políticos mayoritarios y el gobierno provincial y departamental. Los actores del sector dominante salen a escena, planteando sus posiciones de defensa de la gran minería, tratando de desestimar el derrame y de desmerecer a los asambleístas. Los sucesos van develando el alineamiento de unos sectores y de los otros. Son meses de constantes acciones por parte de la Asamblea y por parte del poder de tratar de recuperar la autoridad discursiva y la iniciativa política.

El carácter de la asamblea, su composición y organización, las estrategias y formas de lucha, las fuerzas que acumula y desarrolla en un proceso cambiante donde hubo avances y retrocesos, etapas de triunfos reales y/o simbólicos, etapas de retroceso y resistencia, momentos de acuerdos y rupturas con otras organizaciones y grupos: son algunos de los distintos momentos de la lucha desarrollada. La marcha en vehículos hasta la ciudad de San Juan y luego la marcha caminando por varios kilómetros en septiembre de 2015; el corte en la entrada del camino a la minera y la represión sufrida; la participación en distintos movimientos contestatarios en el país; las diferentes acciones legales contra la empresa; la movilización para la consulta popular en Jáchal de abril de 2016; la marcha a pie desde Jáchal a San Juan en septiembre de 2016 tras el segundo derrame; la toma de la Municipalidad; el segundo corte y la represión de enero de 2017. La capacidad de lucha de la Asamblea -aún dentro mismo de sus limitaciones- lleva al poder a actuar y develarse en distintas maneras.

La conmoción por el derrame adquirió cada vez mayor envergadura: el segundo derrame (septiembre de 2016) puso en jaque al poder dominante local, ya que le era cada vez más difícil sostener el discurso anterior. A la vez quedaba de-velado que los programas de acción social de la Barrick eran una apariencia de interés social que los derrames de solución cianurada desmentían. La empresa no respetó la legislación vigente, las medidas de seguridad exigidos, ni ejecutó las reglas que contractualmente debía poner en marcha, ni sus compromisos con el Estado, ni aún a los gobernantes que constituyen su gestión y gerenciamiento político, como lo demuestran los sucesivos derrames de “solución cianurada”, que puso en jaque al gobierno departamental y provincial, los principales factótums de la instalación de las empresas mineras. La falacia de la minería “responsable” había quedado expuesta totalmente. Se había producido el desencantamiento del discurso en quienes podían creerlo: toda la campaña desarrollada durante años por la empresa para concitar hegemonía, se desplomaba; era la caída de su influencia y consenso. El mismo gobierno local debió ponerse en una posición dura, aunque desde la carpa se presumía que eran solo manifestaciones verbales sin consecuencias efectivas serias. La empresa debió suspender algunos días su actividad y el gobierno le impuso multas pero finalmente la empresa continuó operando. El peligro que provocaba la acción depredatoria e irresponsable de la empresa era secundario; la lógica del poder político y judicial terminaba recomponiendo el orden en función de la constante reproducción del capital concentrado.

Las decisiones activas del poder ejecutivo, las declaraciones de las cámaras empresariales, las posiciones tomadas por representantes políticos, las argumentaciones de periodistas orgánicos del poder; todo configura la ideología y las prácticas del bloque de poder provincial y departamental. Para entonces el bloque dominante estaba conformado en sus nuevas relaciones y elementos, pero es la lucha de la Asamblea la que lo devela; todos salen a la escena a promover la defensa del poder puesto en jaque. La Asamblea tiene la fuerza social de movilización y justicia de sus reclamos. El dispositivo de poder económico-político-ideológico se abroquela y muestra su poder ante las formas de lucha y resistencia de la Asamblea Jáchal no se toca.

La correlación de fuerza es dispar: primero hubo grandes movilizaciones dirigidas por la Asamblea, luego hubo una etapa de reflujo, que implicó un gran esfuerzo de la asamblea para resolver muchas actividades con escasos medios ante el poder concentrado político-económico puesto en movimiento. La mayor parte de las fuerzas políticas (Partido Justicialista, Bloquista, Frente Producción y Trabajo, Radical, Cruzada Renovadora y partidos menores) adhería al modelo megaminero. Solamente se oponían algunos partidos no marxistas y los partidos de origen trotskista y maoísta. La Asamblea no tenía muchas fuerzas políticas de apoyo, salvo movimientos asambleístas de otros lugares del país y de la ciudad de San Juan. Su fuerza radicaba fundamentalmente en ella misma.

El movimiento social territorial de la Asamblea configura una condensación de luchas y un proceso de concientización y concienciación tal que el grupo entra en un proceso de constitución de un sujeto político, aunque siempre mediado por los complejos procesos estructurales y coyunturales en que se produce el conflicto y las limitaciones ideológicas de las representaciones dominantes, con las cuales no se produce una ruptura total. La Asamblea no llega a plasmar una ruptura radicalizada contra el extractivismo en su conjunto: la propia composición social e ideológica -donde había una gran variedad de posturas- y la preeminencia de concepciones no críticas estructurales, la limita.

Poder empresarial minero y gobierno provincial y local aparecen abroquelados como una unidad porque tal es así como se presentan y son a la vez. Y a ello se deben agregar los medios de comunicación, los principales y los pequeños que reproducen bajo el influjo de la coacción económica, la presión política y las propias concepciones ideológicas introyectadas desde el sistema.

Las clases y estratos dominantes en la sociedad rural-urbana son reducidos y su poder económico real es ínfimo en comparación al capital multinacional concentrado: son participantes de la estructura dominante pero en ella mismo son dominadas. Actúan como subordinadas, subyugadas y subsidiarias al poder económico trasnacional del extractivismo minero. El poder de los gobiernos locales disminuye ante la megaempresa y estos actúan como sus gerencias políticas. Se impone una situación de subordinación del Estado, gobierno y clases dominantes locales (provinciales, departamentales), cuyo poder económico, político y social se empequeñece ante la empresa y se agranda ante los sectores populares.

En los cambios de la estructura productiva aparecen en papel subsidiario las empresas proveedoras de la megaminería, surgidas en el proceso de expansión de estas y que, por ello mismo, están subordinadas. Se registraron 300 productores mineros inscriptos en Ministerio de Minería de San Juan en total. Se formó la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios mineros y la Cámara de servicios mineros de San Juan, en las cuales hay empresas de capitales nacionales y extranjeros. Estas empresas son de explotación, exploración y servicios mineros. Las empresas específicas de servicios mineros (según datos del Ministerio de Minería) son más de cien.

Bajo el poder de las empresas de megaminería se convierten en apéndices las proveedoras, pero también influyen indirectamente sobre los demás sectores capitalistas, el campo político y los medios de comunicación. El poder económico concentrado es a la vez poder político-ideológico concentrado ampliado. Para garantizar su reproducción desarrolla una activa construcción de hegemonía política y social. El espectro político en su mayoría adhiere a la lógica dominante del gran capital, el cual deviene en sentido común a través de la configuración hegemónica. Proceso económico, proceso social y proceso ideológico son momentos analíticamente distintos pero constituyen una unidad en acto y proceso conjunto.

La etapa intensa de instalación y puesta en producción de Barrick y de Minera Argentina está inmediatamente relacionada con la acción del Estado y el predominio político de un partido y de una figura-caudillo, que encarnan el proyecto megaminero: el Partido Justicialista y el gobernador José Luis Gioja. La hegemonía entre 2003 y 2015, que se corresponde con el poder político del Frente para la Victoria a nivel nacional, se produce a través de los tres gobiernos sucesivos de José Luis Gioja. En 2003 obtuvo el 61% del total de votos, en 2007 obtuvo también el 61% de los votos. En 2011, bajo el lema de defender el modelo, obtuvo cerca del 70%. Estos porcentajes indican la fortaleza y popularidad de Gioja. El PJ era el partido popular, fuerte, consolidado, concentrador de poder ante la debilidad de la oposición. En la etapa se expresó también la escasa diferencia ideológica entre los partidos políticos provinciales (Ceretti et al.; 2014). El PJ es un partido policlasista, heterogéneo con masivo apoyo de los sectores subalternos. No existen partidos antisistema en la provincia con base elecoral. La hegemonía estatal con su política minera era abrumadora, con acciones de control sobre los grupos contestatarios y manifestaciones antimineras. La construcción de hegemonía reducía las posibilidades del movimiento popular antiminero, que era disperso, inorgánico y débil. Esta hegemonía política iba a consuno con el rápido crecimiento de la minería metalífera. La correspondencia era casi perfecta y el apoyo electoral mayoritario el FPV lo entendía como un apoyo directo a la megaminería.

A manera de conclusiones

El modelo dominante trasnacional con modalidad de explotación en gran escala en función del proceso de valorización del capital financiero mundial se instaló materialmente en la provincia de San Juan con la producción para el mercado externo en la forma de enclave. Los derrames de solución cianurada y la contaminación del río Jáchal y sus afluentes cordilleranos junto con la lucha de los jachalleros, expresada en la asamblea, develaron la estructura dominante constituida entre el poder trasnacional megaminero y el poder político, comprendiendo a diversos sectores y grupos sociales que adherían al grupo dominante.

El sistema económico y político local es dependiente, periférico, subordinado y subsidiario: la alianza dominante se constituye bajo el dominio de quien tiene mayor poder. Una parte de empresas y capitales de la burguesía provincial se reconvierte para ser proveedores subsidiarios de la minería a gran escala. Otra parte, vinculada a la producción tradicional, se convierte en subordinada, aceptando la hegemonía y el desplazamiento de su poder local. La burguesía local se subordina al capitalismo trasnacional en su ocupación y explotación de espacios y territorios del capitalismo dependiente periférico.

Ante ello la Asamblea Jáchal no se toca continúa su accionar, considerando que la lucha es a largo plazo, dentro de sus relativas fuerzas y sosteniendo la carpa instalada frente al edificio del poder municipal, lo cual expresa en forma material, la correlación de fuerzas que existen.

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Notas