I. INTRODUCCIÓN

Según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS (2015) en el Ecuador hay 401 538 personas con algún tipo de discapacidad, de ellos 33 067 están incluidas en el Sistema Nacional de Educación; 17 883 en Educación Regular y 13 450 en Educación Especial. Se encuentran garantizados por una serie de reformas establecidas en la Constitución 2008 en lo que concierne a los modelos educativos y sociales. En el Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, art. 35.- puede leerse: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”. Pero esto no es suficiente sino se cambia la manera de pensar y actuar. La inclusión debe formar parte de la cultura de las sociedades y específicamente de cada persona, lo que permitiría viabilizar sus derechos.

Ante aquello, es necesario abordar la importancia que tiene la inclusión en el proceso educativo de las personas con discapacidad, de tal manera que el docente se convierta en mediador del cumplimiento de los derechos legalmente constituidos y aporten al crecimiento emocional de aquellos sectores afectados por la inequidad y la falta de atención en la sociedad, es decir que un pertinente proceso de enseñanza aprendizaje se convierta en el eje central del mejoramiento de la calidad de vida de este grupo social.

El concepto de Educación para Todos no lleva implícito el de inclusión. Si bien ambos comparten el objetivo de asegurar el acceso a la educación, la inclusión implica el acceso a una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una transformación profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es muy posible que ciertos grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un principio orientador de las políticas y programas educativos, con el fin que la educación sea para todos y no sólo para una mayoría.

II. DESARROLLO

La inclusión socioeducativa resulta imprescindible para la plena construcción de los parámetros de igualdad dentro de una sociedad, donde se oferte oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje para niños, niñas, jóvenes y adultos, a través del rol trascendental que cumple el docente como formador de profesionales, lo que posibilite su inserción a la sociedad. El maestro debe asumir responsabilidades de cambio y ser ejemplo del destierro de hábitos de maltrato y exclusión que han afectado a las sociedades y que en la actualidad es considerado uno de los indicadores de pobreza, por la falta de oportunidades laborales, estudio o cualquier limitante de bienestar.

Para Connell (2008) “en el Marco de la política educativa de los pueblos, hablar de inclusión socio-educativa, exige superar una serie de interpretaciones instaladas y que determinan el modelo del sistema educativo”, tal es así, que se debe priorizar el acondicionamiento de las instalaciones educativas, así como la preparación de los docentes para hacer frente a los términos de inclusión que tanto se ha discursado en los últimos años.

Según Hanne & Mainardi Remis (2013), “la presencia de grupos en situación de vulnerabilidad en las universidades, entre las que se encuentran personas con discapacidad, en los [ultimos años ha logrado tener una mayor visibilidad y atención por parte de los organismos estatales (Estados Unidos)”, esto quiere decir, que los princípios básicos de inclusión social se están generalizando en todos los sistemas políticos y sociales del mundo.

Para la UNESCO (2015), el número de personas que se encuentran en condiciones de discapacidad bordea los 1.000 millones de personas, donde 93 millones son niños, las mismas que se encuentran marginadas de las diversas acciones que se realizan en la sociedad, lo paradójico de aquello, es que la marginación no se da por su incapacidad, sino por los prejuicios sociales que los excluyen, afectando la proyección de sueños o metas personales y profesionales.

Para tratar de mitigar los efectos negativos que genera la actitud de ciertos sectores de la sociedad, la UNESCO mantiene su apoyo a diversos tratados y convenios internacionales, donde se hace alusión a los derechos humanos, y donde se proclama el derecho de la educación para todos, entre los que se pueden mencionar, el art. 26 de la Declaración Universal de derechos Humanos (1948), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), así como el art. 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), todos ellos se basan en un enfoque de protección y respeto a los derechos humanos y prioriza la inmersión de una educación integradora.

Con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos aprobada en Jomtien, en el año de 1990, aparece una nueva visión, considerada como “la universalización del acceso a la educación, tanto para niños/as, jóvenes y adultos, tomando en consideración la equidad” además de la calidad, la misma que se relaciona directamente con el término de diversidad y esta hace alusión a la ideología de exclusión o inclusión. Aquí resulta prioritario el reconocimiento de la diversidad para poder prestar la ayuda al otro, sin tomar en consideración su condición social o criterios ambiguos de una sociedad matizada por prejuicios sociales de carácter excluyente, que resultan perjudiciales, más aún si esta ideología nace del criterio de un docente, encargado de proveer la ayuda necesaria para una educación de calidad y beneficio para todos.

Según la UNESCO en la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Prácticas para las Necesidades Educativas Especiales, aprobada en junio de 1994, se manifiesta que “las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, linguísticas u otras”. Es así como se garantiza el cceso a educación a niños discapacitados o no, que provengan de cualquier parte del país, que tengan diversa clase social, religión o afinidaes políticas.

Hablar de Inclusión Educativa en la actualidad, es tratar sobre los cambios en los modelos educativos que han priorizado sus necesidades antes excluidas por diversas situaciones y de manera fundamental por no estar institucionalizados y legalizados sus derechos. Un sinnúmero de paradigmas y estereotipos sociales estaban arraigados en la mente de quienes conforman las sociedades y las personas con discapacidad no tenían las mismas oportunidades educativas y esperanza de un futuro mejor. Así lo afirma Dussel (2004) “la inclusión debe ser un proyecto político fundamental en las sociedades donde se ha evidenciado de manera sistemática y categórica la exclusión de diversos grupos sociales”, para lo cual es necesario tener presente y de manera clara la conceptualización de lo que significa Inclusión Educativa.

Según el Movimiento de los Pueblos para la Educación en los Derechos Humanos, expresa que los derechos humanos para las personas discapacitadas abarcan ámbitos como: “derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, igualdad de oportunidades, igualdad y protección ante la Ley”. Junto con los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas (2006) que “reafirma la necesidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y de promover el respeto de su dignidad inherente”.

En este gran marco se incluye el acceso a una educación inclusiva, de tal manera que todos los seres humanos, sin importar su género, religión, afinidades políticas, capacidades de aprendizaje, entre otras características, puedan gozar y ejercer sus derechos a una educación digna y de calidad. La inclusión educativa no debe ser tomada como una obligación para brindar buen trato a las personas, que por una u otra causa son vulnerables, hay que interiorizar que es un derecho que tienen de acceso al sistema educativo, sea este público o privado. Es fundamental que el docente tenga presente el criterio de diversidad dentro del contexto educativo, en cuanto a lo que está normado, lo que refuerza la idea principal de la satisfacción de las necesidades educativas.

Las diferentes leyes, reglamentos y modelos educativos pretenden garantizar la inclusión educativa en toda la dimensión de la palabra, pero es preciso que el criterio de las personas considere el problema de los demás como propios, enfocándose al lado humanístico, en el cual la sociedad ponga en práctica los valores adquiridos desde el seno familiar. Según Domínguez (2004)“es necesario la presencia de una legislación educativa, que garantice de manera primordial la práctica de valores como algo esencial e imprescindible, basada en una educación integral y armónica”, para poder garantizar los derechos de los demás.

Según Soto (2007) “el debate por el reconocimiento implica la apreciación por la diferencia, lo que demanda de un completo entendimiento de la diversidad […]”, término que puede ser utilizado para enmascarar criterios erróneos, que por lo general dificultan la comunicación entre los grupos sociales. En lo que se refiere a la gestión educativa, el docente no debe prejuzgar que la inclusión educativa es una manera de proporcionarle más carga laboral, considerarla como tarea difìcil, que se necesita de un don especial para poder enseñar, debe enmarcarse en el criterio del bienestar común, donde los resultados obtenidos a través de la educación de las minorías sociales, sea la satisfacción del deber cumplido como profesional.

En el Ecuador, el panorama en torno a la Inclusión Educativa, a partir del 31 de marzo del 2011 cambió, cuando se promulgó la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), allí se plasmó una serie de cambios en materia educativa, entre los que destaca el artículo 47, que expresa “los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuada a sus necesidades, y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación específica […]”. La gestión educativa tomó nuevos rumbos, orientados a la plena garantía de la Inclusión Educativa y erradicación de los términos de exclusión e inequidad social.

Según la Asamblea Nacional, (2012), en conformidad a las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades, “Art. 1.- Objetivo.- Tiene por objeto el aseguramiento de la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas condiscapacidad…”, de la misma forma el “Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidades ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como a las y los ecuatorianos en el exterior…”. De acuerdo a estos planteamientos se demuestra la preocupación constante del Estado por el cambio de las Políticas Públicas en favor de la sociedad, sin interés de exclusión.

El objetivo principal de estas leyes, tratados, convenios, normativas, es identificar los diferentes obstáculos y viabilizar su solución, especialmente el acceso a la educación, de tal manera que el Estado pueda designar los recursos y medios necesarios para superar dichos obstáculos. Bajo estos parámetros establecidos legalmente, la gestión del docente que pertenece al sistema educativo regular, a nivel nacional, tuvo que enrumbarse a la capacitación continua, abarcando temas referentes a ella, así como al uso de estrategias, metodologías y recursos que faciliten la inserción de las personas con algún impedimento físico u otro factor que lo haga vulnerable.

Los diferentes estereotipos existentes en la sociedad, mantienen un tinte paradójico, más aún si se trata del criterio compartido de garantizar el bienestar educativo de las personas sin importar su condición social o física, ya que gran parte de la discriminación o exclusión educativa proviene del criterio del docente, quien deja notar una escasa capacitación en materia inclusiva y pone en tela de duda su capacidad formativa y su criterio de diversidad e inclusión. Fernández (2013) lo explica de la siguiente manera: “hablar de diversidad en el estudiante en términos de aprendizaje, implica que la docencia debe estar basada en el aprendizaje de los estudiantes y la obligación de estar pendiente de sus necesidades, con una respectiva supervisión del proceso […]”, para lo cual es necesario despojarse de aquellos criterios que limitan su accionar educativo, así como el destierro de ideologías políticas.

Para Cordera y Tello (2012) “el derecho común no solo significa la representación de la unidad de un sistema normativo” sino tambien el bienestar de las personas que no tienen algún tipo de representación en la sociedad. No se pretende juzgar conductas o comportamientos, lo que se busca es hacer que la sociedad sea más participativa en lo que respecta a las prácticas inclusivas. Para Vélez (2006) “nadie mejor que las personas con capacidades especiales conocen mejor sus necesidades y pueden jugar un papel muy representativo en la equiparación de las oportunidades dentro de la sociedad”, es decir que se necesita una mayor participación y acumulación de valores éticos y morales que facilite dicha interacción.

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) “las instituciones educativas deben estar preparadas para hacer suyo el proceso de inclusión y poder tener resultados que orienten al éxito de lo planteado en la atención a las necesidades educativas especiales”. El rol del docente, es fundamental para su correcta práctica, el cual se viabiliza a través del Programa de Formación del Magisterio Fiscal, desarrollada por el Ministerio de Educación a partir del año 2008. En este programa están inmersos los docentes de todos los niveles de educación, permitiendo garantizar la calidad educativa, incluye el Principio de Educación para Todos.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 47 establece: “El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad”. Es decir que todos los establecimientos educativos están obligados a recibir en sus aulas de clase a personas con discapacidad y brindarles apoyo físico y curricular, basado fundamentalmente en sus necesidades y principios básicos.

Ante aquello se necesita el compromiso del Estado para la aplicación de Leyes y Políticas Inclusivas que garanticen a todos el acceso a la educación. Brindar la oportunidad de estudiar a todos de manera igualitaria ha sido la misión fundamental de las nuevas reformas educativas y sociales que se están dando en el país, garantizar el respeto de los derechos a los demás sin importar su estrato social, religión, creencia, entre otros, es vital dentro de los nuevos modelos educativos. Para Céspedes (2007) “es indispensable que se asuman responsabilidades, tanto de padres de familia, funcionarios y autoridades educativas para atender la diversidad en la sociedad en términos de enseñanza”. Lo que precisa que las Instituciones educativas provean el ambiente necesario para llevar acabo la inclusión de niños y niñas con o sin capacidades especiales, asumiendo las competencias y compromisos basados en el respeto de sus derechos, priorizando el aprendizaje participativo y significativo.

Es válido mencionar que para los padres es fundamental que sus hijos puedan desarrollarse de manera normal con el resto de niños, las relaciones e interacciones con ellos son vitales para la adquisición de habilidades y capacidades emocionales y físicas, las mismas que se desarrollan en un ambiente óptimo para el aprendizaje de niños con algún tipo de discapacidad. Según el Plan Nacional del Buen Vivir 213-2017, Objetivo 3, existe la necesidad de “mejorar la calidad de vida de la población”, la misma que abarca esa mejora en los procesos educativos amparados en los principios básicos de la inclusión social.

Dentro del Sistema Educativo, es fácil que el docente continue con el modelo de enseñanza tradicional, el mismo que ha dejado de ser netamente educativo, por el simple hecho de no atender las necesidades de cada estudiante, lo que implica que el docente deba buscar una actualización de forma inmediata para estar a la altura de una respuesta a la diversidad de necesidades, sean estas especiales o no que poseen los educandos en los distintos niveles de enseñanza. Bajo parámetros establecidos legalmente, la gestión del docente tuvo que enrumbarse a la capacitación continua, abarcando temas referentes a ella, así como al uso de estrategias, metodologías y recursos que faciliten la inserción de las personas con algún impedimento físico u otro factor que lo haga vulnerable, al sistema educativo regular, a nivel nacional.

Dentro del perfil óptimo de un docente enfocado a la práctica de la Inclusión Educativa, se encuentra una de las claves naturales, la misma que abarca la necesidad de los alumnos en encontrar en el docente la persona que le ayude a utilizar sus habilidades de forma fluida y natural, sin que él este presente, obteniendo una independencia y autonomía en sus quehaceres diarios. Por otro lado, los docentes deben preocuparse en brindar una estructura positiva de aprendizaje, donde anime al estudiante a generar un aprendizaje significativo a presar de su discapacidad, sabiendo manejar las diferentes conductas sociales que existe.

El docente debe estar en condiciones de valorar en positivo la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta que existe una gran diferencia entre los estudiantes, considerados como un talento y un valor dentro del sistema educativo. Del mismo modo, el Docente Inclusivo debe estar preparado para trabajar en equipo, donde se incremente la participación con los padres y la familia y mejore su relación con otros colegas. Es primordial, que los profesores tengan interiorizada la idea que la docencia es una actividad de aprendizaje y que existe el compromiso y responsabilidad de aprender a lo largo de su vida.

Por ende la sensibilización de los maestros y maestras con respecto a la inclusión educativa es necesaria, lo que permitiría analizar sus propias opiniones y perspectivas acerca del tema, generando una serie de interrogantes en cuanto a la reforma de los currículos y planificaciones diseñadas para aplicar la inclusión de manera integral. Según López (2012) “en la escuela donde se practica verdaderamente la inclusión educativa, todos se benefician de una enseñanza acorde a las necesidades educativas especiales”. Lo que representa una aceptación absoluta a la diversidad estudiantil por parte de los docentes y autoridades educativas, para poder crear un ambiente más accesible, que facilite la convivencia entre docentes, padres de familia o representantes y estudiantes.

El docente debe considerar que cada niño o niña posee características, capacidades, habilidades y necesidades de aprendizaje diferentes, por lo tanto los sistemas educativos son los encargados de facilitar la aplicación y ejecución de programas que garanticen los derechos de las personas con este tipo de capacidad. Tal como lo expresa Santos y Portaluppi (2011) se debe tener en cuenta que “(…) la práctica docente está bastantemente determinada por las experiencias que tuvimos como estudiantes”, de tal manera que la base del conocimiento y sensaciones se encuentran cimentadas en la experiencia estudiantil que amerita trascenderla como docente.

Dentro de la función académica se precisa contar con cada uno de los componentes del currículo de manera sistematizada y planificada, esto permitirá definir de manera exacta los objetivos, métodos, recursos didácticos y evaluación de resultados en el proceso educativo. Lo que contribuirá a hacer más fácil la socialización con los estudiantes en lo referente a sus espacios y aprendizajes, brindándole la oportunidad de formarse y desenvolverse de manera natural en su entorno. Para Rodríguez y Casanova (2009) “En primer lugar, hay que establecer que es a través del desarrollo y la aplicación de los elementos curriculares imprescindibles, como se avala una educación de calidad para todos los ciudadanos de un país”.

Las limitantes de los docentes pueden poner en riesgo la armonía del sistema educativo y no cumplir con el Principio de la Educación Para Todos. Según Damm (2009) “no solo basta con legislar en favor de la Inclusión Educativa, es necesario que se dote de la capacitación correcta a los docentes, así como la dotación de los materiales y recursos para una correcta enseñanza inclusiva, así como la intervención de especialistas y el acondicionamiento de la infraestructura”.

La gratuidad de la educación es uno de los casos más evidentes de inclusión educativa, incluir a quienes no contaban con ingresos económicos para estudiar generaba problemas de discriminación, situación que afecta la estima y desarrollo integral de las personas. Es fundamental satisfacer sus necesidades y de esta manera se conviertan en aporte para la sociedad. Así lo declara Martínez y otros (2002) “El término discapacidad margina a la persona, es decir que las palabras no solo tienen significado, sino con frecuencia arrastran un mensaje excluyente, marginador, que nos limita a los demás […]” .

Se han dado cambios en las políticas internacionales, Ecuador ha sido un ejemplo a seguir, en lo que se refiere a inclusión social, gracias a las Misiones ejecutadas por la Vicepresidencia de la República y dirigida por Lenín Moreno Garcés. El objetivo de ellas es brindar atención a las personas con alguna discapacidad. Se pueden mencionar la Misión “Manuela Espejo” y “Joaquín Gallegos Lara”, encaminadas a “promover los derechos de las personas con discapacidad, con especial atención a la iniciativa Accesibilidad para Todos”. Fueron reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas, porque evidenciaron de manera significativa su planificación y determinación para llegar a los lugares más remotos del país, con el afán de brindar el apoyo en la asistencia social, médica, psicológica y humana. De acuerdo a lo expresado por Barton (2010) “Las Naciones Unidas hace un reconocimiento a Ecuador por su avance, en la convicción de que los logros los sueñan los locos geniales, los trabajan los luchadores tenaces, los construyen las personas comprometidas, los inspiran los seres dotados de humanidad”.

Ecuador marca la diferencia dentro de la región, aplicando programas y modelos basados en la inclusión social, el compromiso está marcado, la prioridad es de todos, y los beneficios son direccionados de manera equitativa a los más necesitados, facilitando su inclusión en la sociedad, con iguales oportunidades y condiciones que las personas con toda sus capacidades, la propuesta está plantaeda, está siendo ejecutada, es decisión de los ecuatorianos siga cumpliéndose.

III. CONCLUSIONES

El acceso a todos los servicios es un derecho de todos los miembros de la sociedad sin diferenciación de raza, género, religión o discapacidad, por ende el acceso a la educación y cada una de las actividades que se generan dentro del proceso enseñanza aprendizaje. La actitud de los maestros y maestras en lo que concierne a la Inclusión Educativa, marca la pauta para poder conseguir los objetivos planteados dentro de las reformas al modelo educativo de enseñanza, que va en consonancia con Normas, Leyes o Acuerdos internacionales que protegen a las personas discapacitadas. Las capacitaciones son importantes para la docencia ya que los inducirá a crear estrategias, metodología, recursos, u otro mecanismo que garantice la participación de este grupo vulnerable en la vida social, cultural, económica, política del país. Su continua preparación y formación en lo que se refiere a Inclusión Educativa propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador, prepara el camino para una sociedad igualitaria y equitativa para todos.

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