Tema abierto

Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930)*

Relations between Civilians and the Military during the Oncenio of Augusto Leguía (Peru, 1919-1930)

Relações entre civis e militares durante o Oncenio de Augusto Leguía (Peru, 1919-1930)

Carlos Camacho Arango **
Universidad Externado de Colombia, Colombia

Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930)*

Historia Crítica, núm. 60, 2016

Universidad de Los Andes

Resumen: Por medio del análisis de fuentes militares foráneas inéditas, este artículo examina las conflictivas relaciones entre civiles y militares peruanos durante un gobierno civil: el Oncenio de Augusto Leguía (1919-1930). La pregunta clásica sobre los militares suramericanos —¿por qué daban golpes de Estado con tanta frecuencia?— es sustituida por otra más amplia: ¿cómo funcionaban políticamente? Al empezar los años veinte, el Ejército peruano estaba fragmentado: algunos oficiales apoyaban el gobierno central y otros se le oponían. Los que sostenían el régimen eran recompensados, mientras que los que pasaban a la acción en su contra lo hacían por fuera de Lima, frecuentemente de la mano de líderes civiles, guiados por oficiales del grado de teniente coronel hacia abajo, y, probablemente, como reacción a medidas tomadas por el presidente Leguía contra el Ejército como institución o contra algunos oficiales en particular.

Palabras clave: fuerzas armadas, gobierno central, Perú (Thesaurus), relaciones entre civiles y militares.

Abstract: Through an analysis of unpublished foreign military sources, this article examines the conflictive relations between Peruvian civilians and members of the military during a civil government: the Oncenio of Augusto Leguía (1919-1930). The classic question about South American military forces —Why they carry out coups d’etat so often?— is substituted by another, much broader one: How did they function politically? In the early 1920s, the Peruvian army was fragmented: some officers supported the central government and others opposed it. Those that supported the regime were rewarded, while those who took action against it did so outside of Lima, frequently hand-in-hand with civilian leaders, guided by officers of the rank of lieutenant coronel and below, and probably in reaction to measures taken by president Leguía against the army as an institution or against specific officers.

Keywords: armed forces, central government, Peru (Thesaurus), relations between civilians and the military.

Resumo: Por meio da análise de fontes militares estrangeiras inéditas, este artigo examina as conflitivas relações entre civis e militares peruanos durante um governo civil: o Oncenio de Augusto Leguía (1919-1930). A pergunta clássica sobre os militares sul-americanos —por que davam golpes de Estado com tanta frequência? — é substituída por outra mais ampla: como funcionavam politicamente? No início dos anos 20, o Exército peruano estava fragmentado: alguns oficiais apoiavam o governo central e outros se opunham. Os que apoiavam o regime eram recompensados, enquanto que aqueles que entraram em ação contra ele, faziam-no fora de Lima, frequentemente acompanhados de líderes civis, guiados por oficiais de patente de tenente-coronel para baixo, e, provavelmente, como reação a medidas tomadas pelo presidente Leguía contra o Exército como instituição ou contra alguns oficiais em particular.

Palavras-chave: Peru(Thesaurus), forças armadas, governo central, relações entre civis e militares.

Introducción

En los primeros decenios del siglo XX, las relaciones entre civiles y militares se transformaron con gran velocidad en toda Suramérica. Las reformas que se hicieron a los ejércitos desde finales del siglo XIX, de la mano de misiones militares europeas, pueden ser vistas en términos políticos como intentos por evitar que el liderazgo militar y político siguiera concentrado en una misma persona. Se puede empezar a hablar entonces de profesionalización de los militares y también, en contraste, de profesionalización de los políticos. Sin embargo, estos procesos no marcaron el fin de los problemas entre unos y otros: sólo modificaron su naturaleza. En Perú, espacio de este estudio, pese al trabajo continuo de instructores franceses, algunos oficiales entraron de lleno en el escenario político en 1914 con el golpe de Estado que tumbó al presidente Guillermo Billinghurst. Luego llegaron al poder por otros medios —además del golpe de 1930, del que se hablará más adelante—: junta de transición (1931), elección popular (el mismo año) y designación —inconstitucional— del Congreso (1933). Las relaciones entre civiles y militares suramericanos siguieron evolucionando, y en la segunda mitad del siglo XX los problemas se presentaron con una fuerza desconocida hasta ese momento. Científicos sociales norteamericanos, suramericanos y europeos les prestaron mucha atención. Sus investigaciones pronto se agruparon bajo la etiqueta de Civil-Military Relations . Su objetivo fue develar las razones de los ejércitos para poner en marcha soluciones militares a problemas nacionales: ¿por qué los militares suramericanos daban golpes de Estado con tanta frecuencia? Las respuestas a esta pregunta pueden clasificarse, a grandes rasgos, en tres grupos.

El primero de ellos se enfoca en tradiciones culturales, al hacer énfasis en la permanencia de ciertas ideas y prácticas políticas, heredadas del medioevo ibérico o de los caudillos criollos del siglo XIX (hipótesis culturalista o esencialista). El segundo grupo amplía el marco geográfico —no el cronológico—, al comparar las naciones suramericanas con las que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, gracias a la descolonización de África y Asia: la razón de tantos golpes sincronizados estaría en el subdesarrollo compartido, del cual los oficiales serían el antídoto —hipótesis de la modernización por medio del ejército—. El último grupo convierte a los militares en simples instrumentos para hacer la voluntad de terceros: externos, como Washington, o internos, como “la oligarquía” (hipótesis instrumentalista). Pese a los méritos de cada uno, estos modelos explicativos son ahistóricos y demasiado generales en el mejor de los casos, y, en el peor, terminan por justificar las dictaduras. El principal obstáculo analítico común radica en lo que ocultan: las peculiaridades nacionales, la naturaleza de los aparatos militares y, sobre todo, los protagonistas de esta historia —sus valores, el lugar que ocupan en la nación, o las tensiones entre ellos—. Para empezar a resolver estos problemas, este artículo retoma la propuesta del politólogo francés Alain Rouquié de llevar a cabo un análisis “realista y empírico” del poder militar. En él es necesario tener en cuenta tanto a las fuerzas políticas como a las instituciones militares, insertándolas al mismo tiempo en el Estado y en la sociedad a los que pertenecen. La pregunta clásica sobre los ejércitos suramericanos —¿por qué daban golpes de Estado con tanta frecuencia?— es reemplazada en este contexto por otra: ¿cómo funcionaban políticamente? 1

Esta investigación se centra entonces en el Perú del Oncenio (1919-1930): los años en que Augusto Leguía fue su presidente casi todopoderoso. El caso analizado es interesante, por varias razones: está situado en la primera mitad del siglo XX, período al que se han consagrado muy pocos estudios de Civil-Military Relations ; el poder político está en manos de un civil; y, por último, si bien es cierto que Leguía cayó finalmente debido a un golpe de Estado liderado por militares, no debe olvidarse que había debelado con mucha eficiencia varios intentos anteriores. Más que las variables propias del golpe victorioso en 1930, interesa aquí buscar las constantes en las actuaciones políticas de los militares 2 en los años 1920. Para lograr este propósito se utiliza un tipo de fuente inédita hasta el momento: los escritos de militares extranjeros residentes en Perú, como los agregados norteamericanos y los instructores franceses.

1. El legado de Benavides y Pardo

A primera vista, la característica principal del Oncenio en términos militares fue la proliferación de intentos de oficiales por adueñarse del poder político. Así, pues, Augusto Leguía llegó a la Presidencia y salió de ella por medio de golpes en los que participaron oficiales del Ejército. Entre el principio y el fin de sus gobiernos, los intentos de golpe se multiplicaron —en especial entre 1919 y 1924—, pero estas interferencias de militares en la vida política de Perú no llegaron solas. Al examinar con detenimiento el Oncenio resulta evidente que Leguía trató por varios medios de debilitar el Ejército; por tanto, los golpes y los intentos de golpe forman sólo la mitad de la historia: fueron la contraparte de las interferencias de políticos, de distinta naturaleza, en la vida militar peruana. No se trata aquí de determinar quién pegó primero —la pelea había empezado antes de 1919—; más interesante es tratar de saber qué llevó a militares y políticos a la acción y cómo se agruparon cuando actuaron. Para lograrlo es necesario ampliar el marco cronológico y retroceder al menos hasta 1914.

El cuatro de febrero de ese año, una parte del Ejército ayudó a derrocar al presidente Guillermo Billinghurst. La iniciativa del golpe vino de un grupo de políticos —diputados, con el apoyo de la familia Prado 3 —, y los militares que entraron en acción —un grupo de oficiales encabezado por el coronel Oscar Benavides— lo hicieron sólo en Lima. Sus razones para actuar fueron varias, entre ellas el recorte del presupuesto de guerra hecho por un presidente que ha sido visto en la historiografía como un “precursor” del populismo latinoamericano, por sus coqueteos con el pueblo en plena República Aristocrática (1899-1919). Billinghurst habría reducido el porcentaje destinado a los militares de 24,75 a 21,60, y la diferencia habría ido a parar a ministerios relacionados con el desarrollo nacional 4 . Otro factor importante fue el rumor de que el problema de Tacna y Arica, heredado de la Guerra con Chile, sería solucionado mediante la venta de las provincias a este país, y no por el referendo estipulado al final del conflicto. Pero los episodios que le dieron el impulso definitivo al golpe fueron el intento de disolución del Congreso al empezar 1914 y la creación de una milicia popular el tres de febrero: la entrega de pistolas a civiles fue un gesto insoportable para muchos oficiales. Después del golpe, el Congreso nombró una junta de gobierno parlamentaria, y en mayo, además, nombró a Benavides presidente provisorio 5 .

El año 1914 marcó un quiebre en la historia, que se podría llamar “moderna”, del Ejército peruano, cuya cronología empieza con la llegada de la primera misión militar francesa, en 1896. Uno de los principales logros de los instructores franceses en sus primeros años había sido alejar a los oficiales peruanos de la tentación del poder político. Sin embargo, su éxito fue de corta duración pues aun antes de regresar a Europa a morir por su patria en 1914 vieron cómo sus enseñanzas caían en el olvido. La carrera de oficial se había establecido en Perú sobre bases firmes, pero esto no había bastado para ahuyentar los fantasmas del siglo precedente. Los oficiales del Ejército volvieron a ser decisivos en la política interna del país, y las tensiones que habían existido entre ellos hasta 1913, y que las misiones francesas habían podido controlar, se convirtieron en grietas.

El golpe fue nocivo para algunos oficiales. El ejemplo más sobresaliente es el del ministro de Guerra, general Enrique Varela, excombatiente de la Guerra con Chile y oficial respetado, asesinado mientras dormía en el cuartel de Santa Catalina por un grupo de sublevados. Pese a que no se conocen las razones precisas de este asesinato 6 , no es absurdo pensar en una retaliación por trabajar con el odiado Billinghurst y también en una manera de despejar el camino de Benavides a la Presidencia. Es difícil creer que los altos oficiales que colaboraban de cerca con el general Varela hayan aceptado el nuevo régimen de buena gana. Tal vez se contaron entre los oficiales que fueron retirados del servicio después del golpe; otros más, por el contrario, resultaron beneficiados. Benavides fue, desde luego, el primero. A la fama que había ganado tres años atrás al derrotar a tropas colombianas en el pequeño combate de La Pedrera, a orillas del río Caquetá 7 —pues era el único jefe militar peruano en servicio activo que había vencido a huestes extranjeras—, se unía ahora el prestigio de ser también jefe del Estado —Benavides se ascendió a sí mismo, además, al grado de General de Brigada, en octubre de 1914—. El único oficial del Ejército que podía comparársele era el general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la Guerra con Chile y expresidente. Pero Cáceres había visto disminuir su renombre al perder el poder a manos de civiles en 1895. Y con 78 años, y en situación de retiro en el momento del golpe, sus días estaban contados. Benavides tenía cuarenta años menos 8 , lo que aumentaba su poder de atracción.

El autonombramiento de Benavides como General fue el caso más notorio de ascenso irregular ordenado por el nuevo gobierno pero no fue el único. En ese momento se instituyó un sistema de premios y castigos paralelo al sistema fijado por las misiones francesas. Los ascensos en la jerarquía y los retiros del servicio activo debían hacerse en función del tiempo cumplido en un grado y de las capacidades profesionales de cada oficial probadas en exámenes. Benavides recompensó a los oficiales cuya actuación había sido decisiva en la toma del poder mientras castigaba a otros. Le importaron más la fidelidad y valentía de un subgrupo de oficiales —el suyo, desde luego— que el sentido de pertenencia al Ejército en su conjunto y las capacidades profesionales desarrolladas por el estudio y los años de servicio. Lo que muestra este caso es que la cohesión del Ejército peruano empezó a disminuir rápidamente.

Los premios y castigos irregulares continuaron durante la presidencia de José Pardo y Barreda (1915-1919), sucesor de Benavides y miembro del Partido Civil: dos alzas de salarios y un número de ascensos no visto desde 1895 —el año previo a la llegada de la primera misión francesa— pero también arrestos de oficiales 9 . El nuevo gobierno sintió pronto las consecuencias de la dispersión creciente del cuerpo de oficiales. En agosto de 1915, una rebelión militar en Huaraz fue reprimida, mientras que tres años después el mayor Armando Patiño Zamudio se sublevó en el Batallón Ancón de ingenieros militares, confiado en el apoyo prometido por seguidores del expresidente Augusto Leguía (1908-1912) y miembros del Partido Constitucional (seguidores del general Cáceres). Los planes fallaron, y Patiño se rindió sin luchar; entre tanto, doce oficiales terminaron en la cárcel 10 . También durante el gobierno de Pardo regresó de su exilio en Chile uno de los oficiales retirados del servicio activo por Benavides en 1914, el mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas.

Gutiérrez organizó milicias para luchar contra algunos hacendados en Puno y tomó el nombre de guerra Rumi Maqui (mano de piedra). Su compromiso con los indígenas había nacido a principios de siglo: siendo subprefecto de la provincia de Chucuito, departamento de Puno, había prohibido los trabajos gratuitos, lo que le había valido el retiro del cargo por presiones de los propietarios locales. Durante el gobierno de Billinghurst había sido enviado a Puno para investigar abusos cometidos contra la población indígena. Sobre este acontecimiento elevó un informe amplio al Presidente, quien intentó buscar soluciones. Pero el golpe de 1914 interrumpió todo. De regreso a Puno, Gutiérrez estuvo al mando de un grupo armado hasta que el ataque y saqueo a una hacienda desataron la persecución por parte de tropas regulares. Después de la derrota militar fue enviado a la cárcel, donde desapareció en 1917. De inmediato Rumi Maqui se convirtió en un personaje de leyenda 11 . Lo más importante para este artículo es la eliminación de otro oficial notorio, después del general Varela, en circunstancias misteriosas.

El Ejército peruano no formaba una unidad compacta en los años que precedieron el inicio del Oncenio. Esto lo sabía muy bien el candidato a la Presidencia Augusto Leguía. Como queda dicho, él mismo había tratado de sacar provecho de las rupturas prometiendo apoyo al mayor Patiño Zamudio en contra de Pardo, en 1918. Pese al fracaso de esta rebelión, su estrategia siguió siendo la misma. Así, en las elecciones de 1919 intentó ganar las simpatías de oficiales para su movimiento político manteniendo la alianza con el Partido Constitucional, cuyo líder —el general Cáceres— era el único militar capaz de rivalizar con Benavides en prestigio y, por lo tanto, en fuerza de atracción de los demás militares. Su fórmula para la Vicepresidencia fue el general César Canevaro, dirigente del Partido Constitucional, muy cercano a Cáceres 12 . Leguía ganó en las urnas pero aseguró por la fuerza su ascenso al poder ante la posibilidad de que el gobierno de turno no reconociera su victoria y le impidiera tomar posesión del cargo.

En el golpe del cuatro de julio de 1919 participaron oficiales del Ejército, pero los más importantes de ellos no estaban en actividad: el mayor Florentino Bustamante, líder de la rebelión del Primer Regimiento de Policía, estaba en situación de retiro, y el coronel Gerardo Álvarez, cabeza del ataque a palacio, había pedido su paso a la disponibilidad transitoria el 15 de diciembre de 1915, pocos meses después del inicio del gobierno de Pardo 13 . Por el contrario, muchos oficiales en actividad conectados directamente con este gobierno salieron de sus cargos. El coronel Pedro Pablo Martínez, jefe del Estado Mayor General; el coronel Samuel del Alcázar, jefe del Quinto Batallón de Infantería en la guarnición de Guadalupe, y el teniente coronel Ernesto Montagne, director de la Escuela Militar, intentaron en vano oponer resistencia al golpe. Estos militares presentaron luego renuncia al Ejército, junto a otros altos oficiales, entre ellos el general Manuel Ponce, jefe del Gabinete Militar, y el coronel José Luis Salmón, director del Servicio de Artillería del Ejército. Las cartas de renuncia fueron publicadas por el diario El Comercio 14 . Esta actitud llamó la atención del agregado militar de Estados Unidos en Lima: “It appears that the idea of these men is that they were personal servants and not servants of the State, and they appear to feel that they are in honor bound to resign from service on account of the deposition of their chief” 15 .

El agregado tenía razón: en los cinco años transcurridos desde 1914 —los mismos en que no hubo misión militar francesa—, muchos altos oficiales habían establecido relaciones personales estrechas con Pardo. El Ejército era entonces un factor de desequilibrio, más que de equilibrio, para el nuevo presidente. Pese a que el apoyo del héroe Cáceres hacía pensar que el asunto de Tacna y Arica no tendría necesariamente una solución diplomática, el nuevo presidente continuó en el Oncenio la política exterior que había tenido en su primer gobierno: dar a su país unos límites definitivos sin recurrir a la fuerza, lo que reducía al mínimo el rol del Ejército. En cuanto a su papel de garante del orden público, otras fuerzas, no necesariamente militares, podrían cumplirlo. Debilitar el Ejército fue entonces el objetivo principal de Leguía en asuntos militares. Su estrategia de sacar provecho de las rupturas había dado resultados. Una vez en el poder, la complementaría con otras medidas, que pueden clasificarse en individuales e institucionales, según el nivel al que estuvieron dirigidas.

2. Medidas individuales a favor y en contra de oficiales del Ejército

Leguía interfirió de principio a fin de sus gobiernos en la evolución de la carrera de cada uno de los oficiales más importantes del Ejército, y de muchos más, premiando o castigando su comportamiento en función de la confianza que le inspiraran. Los mecanismos para premiarlos caso por caso fueron los ascensos y nombramientos por fuera de las normas fijadas por las misiones francesas, siguiendo el ejemplo de Benavides y Pardo. Pero lo primero que hizo Leguía fue reintegrar a algunos oficiales que se habían quedado por fuera del Ejército antes de 1919. Los casos más notorios fueron los de los coroneles Manuel Rivera y Hurtado y Gerardo Álvarez, el mayor César Landázuri y los oficiales de la frustrada rebelión del Batallón Ancón, en 1918: Rivera y Hurtado pasó de la prisión donde lo había mandado Pardo —al rebelarse contra él en 1915— a la Prefectura de Lima 16 ; Álvarez fue nombrado jefe del Estado Mayor General en reemplazo del coronel Martínez, por un decreto que agradecía sus acciones del cuatro de julio, día del golpe; a Landázuri se le reconoció antigüedad desde el cuatro de febrero de 1914, día del golpe de Benavides —lo que hace pensar que había salido del Ejército ese día—, y fue nombrado jefe provisional de la Casa Militar del Presidente 17 ; y los sublevados de Ancón fueron restaurados en sus grados por medio de argucias legales 18 . De acuerdo con la investigadora Lucie Bullick, en 1919 “El número de militares a los que se concede la antigüedad sin tener derecho es seis o siete veces más elevado que el normal” 19 .

Antes de terminar el año, los ascensos se habían acelerado y multiplicado. El líder de la rebelión de Ancón, mayor Armando Patiño Zamudio, fue ascendido a Teniente Coronel después de salir de prisión 20 . El ya mencionado coronel Álvarez recibió el grado de General, al igual que el coronel Antonio Castro, quien se había encargado de mantener bajo control las tropas del norte del país el cuatro de julio. En ese momento, Castro estaba en situación de retiro, era senador por el departamento de La Libertad y uno de los líderes del Partido Constitucionalista 21 . La cabeza de este partido, el general Cáceres, también recibió su premio bajo la forma de un ascenso: fue nombrado Mariscal, grado que no existía en la jerarquía militar heredada de las misiones francesas. Tan insólito como el grado alcanzado fue la fecha en que lo alcanzó: el diez de noviembre de 1919, día de su cumpleaños número 83. Para Leguía, ése era el mejor regalo para el amigo fiel que había asegurado su llegada al poder, organizando el Ejército —al menos una parte de él— para la elección 22 .

Las medidas individuales servían para premiar a los oficiales leales, pero también para castigar a los que no lo eran y prevenir deslealtades futuras. Los mecanismos en estos casos eran diversos. Los más comunes eran los retrasos deliberados de ascensos —reverso de los ascensos acelerados— y los traslados de un lugar a otro del Perú —reverso de los puestos estables en la capital—. Por ejemplo, tan pronto regresó a Perú una misión militar francesa, su comandante constató los “constantes cambios de asignación de los oficiales superiores y subalternos, que hacen absolutamente imposible cualquier trabajo serio y continuo”. La fecha temprana del informe (1920) hace pensar que este tipo de traslados no había sido inventado por Leguía. Cuatro años más tarde, poco antes de regresar a casa la última misión francesa, su comandante explicó las causas de esta anormalidad. Bastaba cualquier desacuerdo con el prefecto, subprefecto, senador, diputado o cualquiera de los numerosos agentes del Estado —léase del presidente—, para que un oficial fuera trasladado por simple solicitud de un funcionario: “No es raro ver a un oficial moverse así cinco o seis veces el mismo año”. Los militares ya sabían lo que les esperaba, por eso preferían quedarse en Lima 23 .

El servicio regional —encargado de hacer todo el trabajo de reclutamiento sobre el terreno— se convirtió en un mecanismo para deshacerse de muchos oficiales, al enviarlos a los lugares más remotos, en condiciones de trabajo deplorables y sin mando de tropa. Un oficial francés escribía al respecto, en español: “No hay amor por el trabajo ni temor por la responsabilidad ante el fracaso de una guerra, debido a que no existe la estabilidad más o menos larga en los puestos (lo que da margen al no establecimiento de la responsabilidad, en las deficiencias, omisiones e incumplimiento de sus funciones)”. Mencionaba además las “influencias” de los oficiales (diputado, senador u “otro compañero”) “para que los saquen del puesto” 24 . Las relaciones con civiles poderosos en el nivel local, regional o nacional determinaban entonces el destino de muchos oficiales, de acuerdo con su voluntad pero también en contra de ella.

El caso del coronel Enrique Ballesteros ilustra los traslados forzados de oficiales en los primeros años del Oncenio. Un año después del golpe de 1919, Ballesteros fue relevado de la comandancia de la Tercera Región militar (Arequipa), acusado de intentar conspirar. Antes de irse publicó una carta en El Heraldo de Arequipa, en la que a su vez acusaba de intrigante al Ministro de Guerra y también al Coronel que lo reemplazó en el cargo y antiguo comandante de la Segunda Región (Lima). El agregado norteamericano pensaba que las declaraciones de Ballesteros eran “largely correct” y que el Ejército estaba “entirely engaged too much in politics” 25 . Después de la destitución de Ballesteros, un grupo de oficiales ofreció un desayuno en su honor. La lista mostraría, según el agregado, los oficiales que no estaban “in simpathy with the present regime”: coroneles Sarmiento, Soyer, Pardo, Torres, Salmón, Martínez, Del Alcázar, Arenas, Díaz, Bonilla; tenientes coroneles Miró Quesada, Del Solar, Ramos, Bernales, Vallejos, Ibarra, Nalvarte; y mayores Fernando Melgar y Lizardo Franco 26 .

Los banquetes con invitados selectos tenían sus réplicas en el Gobierno. Para celebrar el cuarto aniversario en el poder, el Regimiento Guardia Republicana de la Gendarmería ofreció uno al que fueron invitados todos los que habían ayudado a dar el golpe del cuatro de julio, civiles y militares —Leguía declaró día cívico en honor de la independencia de Estados Unidos— 27 . El año siguiente, el Presidente y su Ministro de Guerra (y primo), Alfredo Piedra, ofrecieron otro festín a 580 oficiales de Ejército, Marina y Policía de todos los grados para celebrar el centenario de la batalla de Junín. Al agregado norteamericano le pareció que el verdadero objetivo había sido apelar al patriotismo de los oficiales y “build up their loyalty and esprit”, pues el Gobierno no confiaba del todo en ellos 28 .

La trayectoria del pariente de Leguía durante el Oncenio deja entrever los mecanismos por los cuales se podía ganar o perder la confianza del Presidente. Piedra, por ejemplo, había participado activamente en el golpe de 1919 y había sido nombrado Jefe de la Policía Secreta. Según el agregado norteamericano, allí había: “gathered around him a large following of second class politicians, army officers of junior grades and government officials of secondary importance”. En mayo de 1924 fue nombrado Ministro de Guerra como “fill-in”. Durante su permanencia en el cargo contribuyó bastante a indisciplinar el Ejército: “fomenting espionage and talebearing and receiving manifestations and services especially among the subalterns”. Al iniciar su segundo gobierno, en octubre Leguía lo confirmó en el cargo; sin embargo Piedra renunció el mes siguiente. Al parecer fue presionado a hacerlo por haber acumulado demasiado poder 29 . Es evidente entonces que el sistema de vigilancia y denuncia de oficiales no contaba sólo con funcionarios civiles, lo que confirma la verosimilitud de las acusaciones del coronel Ballesteros contra sus colegas: los oficiales se vigilaban y delataban entre sí impulsados por funcionarios como Piedra. Sin embargo, ni siquiera estos funcionarios tenían asegurado su cargo, aun siendo primos del Presidente. Sólo Leguía era inamovible.

La aceleración y el retraso en los ascensos de oficiales, y los cambios de lugar y de cargo, contribuyeron a que el Presidente se afianzara en el poder, pero no llamaron tanto la atención de los civiles. La prisión y el destierro fueron, en cambio, las medidas individuales más notorias y a las cuales Leguía debe en gran parte su triste celebridad, sin duda porque afectaron tanto a militares como a civiles. Estas medidas fueron desde luego punitivas —contra los oficiales que participaron en los intentos de golpe—, pero también fueron preventivas: bastaba un rumor para proceder en contra de los supuestos conjurados. Al regresar de Italia, donde había sido enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario, el general Benavides fue detenido el tres de mayo de 1921 y deportado en el vapor Paita una semana después 30 . En julio de 1922, los coroneles Samuel del Alcázar y Fernando Sarmiento fueron puestos en el barco Ebro con destino a Nueva York 31 . Antes de terminar el año, el teniente coronel Del Solar tuvo que tomar el Essequibo, acusado de complot contra el Gobierno 32 ; el general Benjamín Puente, el coronel Edgardo Arenas —prefecto de Lima bajo Pardo— 33 y el capitán Cavero fueron arrestados 34 . Al empezar el año siguiente le tocó el turno a los coroneles Martínez y Salmón, al teniente coronel Beingolea, y a los capitanes Demaison y Raunelli 35 . Entre los generales y coroneles mencionados, al menos Alcázar, Martínez y Salmón habían presentado renuncia a sus cargos en 1919 —al parecer no les fue aceptada—, pero todos sin excepción habían desayunado con el coronel Ballesteros en Arequipa el año siguiente.

Las medidas individuales del Oncenio en contra de los oficiales del Ejército alcanzaron su punto más alto —o más bajo, según se le mire— en noviembre de 1924, pocos meses después de la primera reelección de Leguía. Después de cinco años de ascensos retrasados, de cambios constantes de lugar y cargo, y de encarcelamientos y destierros, dos oficiales fueron fusilados en la plaza de Chota (departamento de Cajamarca) por tropas de la Primera Región provenientes de Lambayeque. Se trataba del ya mencionado coronel Del Alcázar y del teniente Carlos Barreda: ambos habían sido desterrados por el régimen. Después de regresar de incógnitos al Perú se habían alzado en armas en la ciudad de Cajamarca y sus alrededores con el apoyo de algunos civiles, en lo que llamaron “Revolución de Restauración”. Su movimiento fue debelado, al igual que otros movimientos anteriores de la misma naturaleza, aunque esta vez el castigo fue mucho más fuerte y espectacular que antes. Si la intención del Presidente era amedrentar a los oficiales y disuadirlos de actuar en su contra, todo indica que tuvo éxito.

En los cinco años siguientes no se registraron más levantamientos liderados por oficiales del Ejército. Es verdad que regresaron al final de los años veinte con nuevos bríos, pero no es menos cierto que Leguía —al empezar su segunda presidencia consecutiva— parecía haber alcanzado el objetivo de debilitar el Ejército mucho más allá de sus expectativas de 1919. Los oficiales que ese año hubieran podido liderar una rebelión estaban muertos, desterrados, en prisión, o se habían convertido al credo de Leguía. De acuerdo con el agregado norteamericano, una dictadura militar en Perú ya no era probable. No existía un partido puramente militar, ni agrupaciones de oficiales de ningún grado 36 . Sin duda tenía en mente al Partido Constitucional, cuyos líderes (veteranos de Chile) fueron muriendo uno a uno: el general Canevaro, en 1922; el general Juan Norberto Eléspuru y el propio Cáceres, en 1923, y el general Augusto Erón Bedoya, en 1926 37 .

Los oficiales que quedaban en el Ejército no formaban un cuerpo, o si lo hacían, éste era un cuerpo fracturado. La fractura estaba diagnosticada con precisión: pasaba entre los grados de Mayor y Teniente Coronel. Hasta el grado de Mayor, los ascensos se hacían por decreto supremo del Presidente, con base en la recomendación del Ministerio de Guerra —“by selection”, en el lenguaje militar anglosajón—. La política intervenía pero se podía ascender por mérito. A partir del grado de Teniente Coronel, los ascensos en razón exclusiva de méritos eran imposibles, sólo podían obtenerse “by special law of congress, on recommendation, as a rule, of the executive, and are personal, no vacancies existing upon separation from the service” 38 .

Antes de dejar Perú, el último jefe de la misión militar francesa ponía sus esperanzas en los oficiales de estado mayor del grado de Teniente Coronel hacia abajo. De este grado (incluido) hacia arriba lo único que importaba era tener el favor del Gobierno, o mejor, de Leguía, pues las cámaras y los ministros estaban a su “completa devoción”. Mientras más subiera el oficial, más vigilado estaría y menos autoridad real tendría. Su valía profesional contaba poco, lo que importaba era que el Presidente pudiera confiar en él pues temía una revolución. Los oficiales sospechosos de “tibieza” no ascendían, eran enviados lejos de Lima y privados de comando de tropa —al ser nombrados jefes provinciales, por ejemplo—. Los que mostraban ser leales eran ascendidos: “Como ejemplo típico de esta mentalidad citaría, entre muchos otros, el caso de un mayor que fue nombrado teniente coronel en las últimas promociones sólo porque hizo llegar al gobierno una carta de uno de los generales deportados en la que le preguntaba si podía contar con él para organizar un movimiento revolucionario”. Los oficiales ya conocían los mecanismos, y la mayoría utilizaba “todos los medios para congraciarse” con Leguía y su séquito: prefectos, senadores, “agentes electorales conocidos o por conocer”. La conclusión era clara aun antes del fusilamiento de Del Alcázar y de Barreda: “el alto mando del ejército peruano no existe”. Al finalizar 1923 había diecisiete generales, incluidos los que estaban en retiro, en el Congreso o deportados, “y que, de acuerdo con las leyes vigentes, siguen siendo considerados en actividad”. En realidad, sólo tres estaban en servicio activo. En Lima los generales hacían parte de un Consejo, “especie de tribunal supremo de la justicia militar […] un areópago que no hace mayor cosa” 39 .

En 1926, la mayoría de coroneles no tenía posiciones acordes con su rango, sólo ocho de los veintidós en actividad ocupaban cargos que en realidad debían ocupar generales: los cinco comandos de división, la jefatura del Estado Mayor General, del Gabinete Militar, y el puesto de Intendente General. Los tenientes coroneles subían con impulso, pero eran detenidos en su grado, y tenían que ocupar los puestos que correspondían a los coroneles, es decir, los más importantes y de mayor responsabilidad 40 . Además de la fractura, como puede verse en este artículo, había también un desfase. Los observadores militares extranjeros no veían con claridad quién pudiese comandar el Ejército peruano en caso de guerra.

3. Medidas institucionales contra el Ejército y a favor de las otras Fuerzas Armadas

El éxito de Leguía en su lucha contra el Ejército no se debió sólo a las medidas individuales citadas, sino también a las medidas institucionales que las acompañaron desde el principio del Oncenio. No se trataba ya de acciones en contra de oficiales con nombre propio en un momento dado, sino de acciones de consecuencias duraderas en contra del Ejército en su conjunto o a favor de las otras Fuerzas Armadas del Estado. Todo indica que la mayor parte de las medidas institucionales en contra del Ejército fueron continuación de las que habían tomado Benavides y Pardo desde el golpe de 1914. Leguía jugó, por ejemplo, con el número máximo de oficiales, ampliándolo o reduciéndolo según sus necesidades. En una resolución ministerial del 20 de septiembre de 1919 se declaró un número de vacantes. Un artículo anónimo traducido por el agregado norteamericano criticaba esta medida: se consideraba que el número era exagerado y no tenía justificación, pues había muchos hombres en puestos fluctuantes en el Ministerio de Guerra. Tal vez lo más interesante era la raíz del problema para el autor velado, quien decía tener más de treinta años de experiencia militar: “The army is still suffering from the sad consequences of the revolution of the 4th February, 1914, that brought in its train the development of so many harmful ambitions” 41 .

Otra medida institucional importante fue el traslado de unidades enteras del Ejército. Como en el nivel individual, estos movimientos podían tener carácter preventivo o punitivo. Sólo tres meses después de su llegada al poder, Leguía ordenó pasar de Lima a Moquegua, en la frontera con Chile, a unidades sospechosas de conspirar en su contra, para reducir las posibilidades de éxito en caso de insubordinación. El desplazamiento se hizo en el mayor sigilo 42 . Tres años más tarde, después de una rebelión en Cuzco en el mes de agosto, varias unidades tuvieron que salir de esta capital, según recomendaciones de un coronel y del prefecto 43 . Y en 1924, como consecuencia de un motín en Arequipa, al sur de Lima, el Undécimo Regimiento de Infantería intercambió ciudad con el Quinto, en Lambayeque, al norte —lo mismo se haría en un futuro cercano con los de Caballería de ambas ciudades— 44 .

La tercera y última medida institucional identificada fue la manera en que Leguía utilizó las misiones militares francesas que regresaron a Perú pocos meses después del inicio de su gobierno, tras la pausa forzada de la Gran Guerra. Los oficiales franceses de mayor antigüedad fueron nombrados en los más altos cargos del Ejército. Lo mismo pasó con el general alemán Wilhelm Faupel, en la segunda presidencia consecutiva de Leguía (1924-1929). Los altos oficiales peruanos quedaron automáticamente excluidos de los cargos más importantes del Ejército, mientras estos estuvieron ocupados por oficiales foráneos. Esto no era, sin embargo, una novedad: lo mismo habían hecho los predecesores de Leguía desde Piérola, autor de la reforma militar que llevó a Perú las misiones militares al final del siglo XIX. La verdadera innovación en medidas institucionales en contra del Ejército llegó en 1924, cuando el Presidente decidió no renovar el contrato de la misión francesa, interrumpiendo así una relación militar transoceánica tan estrecha como la de Chile y Argentina con Alemania, pero más duradera y mucho menos estudiada. Sin las exigencias constantes de los franceses de hacer del Ejército peruano una organización más profesional, el camino quedó libre para hacer de él cualquier otra cosa.

Mientras que en las medidas institucionales en contra del Ejército hubo continuidad, las que Leguía concibió para favorecer a la Armada y a la Policía fueron en conjunto mucho más innovadoras. Aquí puede verse con mayor nitidez una ruptura en la historia de las Fuerzas Armadas estatales peruanas. La Armada ganó una independencia con la que habían soñado mucho tiempo sus oficiales, pues dependía administrativamente del Ministerio de Guerra. A pesar de los orígenes sociales más elevados de sus oficiales y de su mayor grado de preparación técnica con relación a sus colegas del Ejército, la Armada pesaba mucho menos dentro del Ministerio. Esto se debía a la diferencia de tamaño entre los cuerpos de oficiales y tropas de ambas fuerzas y a la mayor cobertura geográfica del Ejército. Una de las primeras medidas del Oncenio fue separar administrativamente Armada y Ejército mediante la creación del Ministerio de Marina. En adelante, los oficiales navales no tendrían nada que ver con los oficiales del Ejército en su relación con el poder civil: un ministro propio serviría de intermediario. El primero fue el capitán Juan Manuel Ontañeda, nombrado como retribución por haber neutralizado la flota en el Callao durante el golpe del 4 de julio.

Los marinos tendrían además su propia fuerza aérea y, sobre todo, su propio presupuesto: con partidas propias, la Armada no tendría que disputarle porcentajes al Ejército. Sin embargo, el presupuesto anual ordinario de la Marina fue mucho menor hasta el final del Oncenio: un poco más de 675.000 libras peruanas en 1929, contra un poco más de 1.680.000 para el Ejército, una diferencia de más de un millón de libras 45 . La preferencia de Leguía por la Armada se reflejó más bien en la contratación de una misión naval y aérea norteamericana —que tuvo durante el Oncenio la continuidad que no tuvieron las misiones militares francesas—, en las compras de destructores, submarinos e hidroplanos por intermedio de la nueva misión, y en la modernización de los equipos disponibles 46 . El nuevo poderío implicaba mayor responsabilidad en caso de guerra y, por lo tanto, disminución de la importancia estratégica del Ejército.

Leguía quiso hacer de la Policía Nacional —no había policía departamental ni municipal— una fuerza capaz de ayudar al Ejército en caso de guerra en las fronteras, pero, sobre todo, capaz de contrarrestarlo en caso de problemas internos 47 . Esta prioridad se veía muy bien en la distribución de las grandes unidades de policía sobre el territorio nacional. Las comandancias —así se llamaban— no coincidían con las divisiones o regiones militares, grandes unidades en que estaba partido el Ejército. En el espacio correspondiente a la Segunda División, alrededor de Lima, estaban las dos primeras comandancias: el Gobierno central quería tener cerca de él dos unidades de policía por una del Ejército. Lo contrario ocurría en el sur del país, lejos de la capital, en límites con Chile y Bolivia. Allí estaban destacadas las divisiones tercera y cuarta, pero sólo había una comandancia, la tercera 48 .

Para lograr el fortalecimiento de esta segunda fuerza armada, el Presidente tomó varias medidas. Una de las más importantes fue aumentar sus recursos. La Policía no le disputaba en principio ningún porcentaje al Ejército o a la Armada, pues su presupuesto dependía de un tercer ministerio: el de Gobierno y Policía. Pero, a diferencia del presupuesto de Marina, el de Policía sí se acercaba bastante al del Ejército. En 1924, por ejemplo, la partida anual para esta fuerza era de un poco más de un millón de libras peruanas, mientras que la Policía se llevaba casi 800.000. La diferencia, pequeña, se hace menor si se tiene en cuenta que la Policía no tenía en ese momento gastos por concepto de retiros, pensiones u hospitales 49 y que, aun dos años después, el número de oficiales del Ejército (938) era más del doble del número de oficiales de policía (414) —el número total de hombres era casi igual: 6.391 en Ejército y 6.440 en Policía— 50 . En 1930, el último año de Leguía en el poder, el presupuesto de Policía llegó a 14’366.989.33 soles oro, después de un aumento de 2’621.891.59 con relación al año anterior. En ese mismo lapso, el presupuesto del Ejército se redujo en 576.123.67 soles oro 51 . Se ignora, por el momento, si lo que se quitó a una fuerza se le dio a la otra. Es posible que haya sido así, y, en cualquier caso, es probable que así lo hayan interpretado muchos oficiales del Ejército, entre ellos el teniente coronel Luis Sánchez Cerro, como se verá adelante.

Otro cambio institucional importante fue la creación de una carrera de oficial de policía con la ayuda directa de misiones europeas y de acuerdo con patrones de ese continente. Desde 1919, Leguía hizo en la Policía lo que Piérola había hecho en el Ejército al final del siglo anterior. Tan sólo un mes después del golpe, el nuevo Presidente ordenó crear una escuela de oficiales de policía, y antes de terminar el año, el Ministerio de Gobierno y Policía pidió a la Cancillería hacer las gestiones necesarias para traer una misión española. El acuerdo diplomático por el cual fue contratada esta misión se firmó en Madrid dos años después. Sus miembros fueron un teniente coronel, un capitán, un teniente y un sargento. Llegó a Lima al final de 1921, y después de un año de labores inauguró la Escuela de Oficiales, haciendo realidad el sueño de Leguía. Su contrato fue renovado dos veces: en 1926 y a fines del decenio de los veinte 52 .

Además de su labor educativa, la misión española empezó a regular la carrera de los egresados de su Escuela y de los oficiales del Ejército, que pedían traspaso porque sus carreras estaban frenadas. En la Policía, los ascensos se hacían con base en los años de servicio, y los salarios eran mejores —al menos desde 1926— 53 . Eran tantas las solicitudes en 1924 que el Ministro de Guerra pidió al Presidente un decreto supremo para regularlas 54 . Entre los suboficiales pasaba algo parecido: ya en 1924 eran pocos los soldados que querían reengancharse en el Ejército al finalizar su servicio militar, pues ganaban sólo 1.300 libras peruanas mensuales como cabos. En la Policía se alcanzaba el mismo grado apenas con seis meses de estudio y el salario mensual era de diez libras peruanas, además de raciones y uniformes 55 . La Policía empezó a drenar el personal del Ejército tanto en el nivel de los oficiales como en el de los suboficiales.

En pocos años, las diferencias empezaron a notarse. Los agregados norteamericanos informaban sobre el contraste entre los uniformes, equipos y cuarteles de una fuerza y otra, y sobre la moral mucho más elevada de las nuevas unidades de policía 56 . Uno de ellos fue invitado a observar unas maniobras del Ejército en las afueras de Lima, bajo la dirección del general alemán Wilhelm Faupel, al empezar la tercera presidencia consecutiva de Leguía (1929). Los oficiales le parecieron no sólo confundidos sino también sucios. Al menos un cuarto de los soldados tenían la misma apariencia y andaban casi descalzos, debido al estado de sus zapatos. La culpa no era toda de los oficiales. En los dos años precedentes, el Ejército había sido descuidado: “Practically no money has reached the proper sources”, decía el oficial diplomático, mientras que el personal, el equipo y la moral de la Policía parecían muy superiores 57 . Un mes antes de su caída, Leguía favoreció de nuevo a la Policía en detrimento del Ejército, al comprar tanques para el Batallón de Ametralladoras del Ministerio de Gobierno: prueba de que la crisis económica no golpeaba a todas las Fuerzas Armadas con el mismo rigor. El agregado norteamericano hizo de inmediato el diagnóstico de la enfermedad: “There is a growing feeling in the army against the President, and the people are beginning to become restless” 58 .

4. Acciones de oficiales del Ejército contra Leguía

Las medidas individuales e institucionales de Leguía contra el Ejército —lo que se ha llamado en la primera parte de este artículo interferencias de políticos en la vida militar peruana— sirven de contexto a las acciones de muchos oficiales en contra del Presidente: las interferencias de militares en la vida política. El primer levantamiento de importancia durante el Oncenio fue el del capitán Guillermo Cervantes en Iquitos en 1921, y el último, el de Sánchez Cerro en Arequipa, nueve años después —del que se hablará de nuevo—. Como se dijo atrás, la represión sangrienta de la “Revolución de Restauración” de Del Alcázar y de Barreda en la plaza de Chota, en noviembre de 1924, frenó este tipo de movimientos durante cinco años. A continuación se analizarán las más importantes interferencias de militares, en busca de sus características comunes y de las razones que los llevaron a actuar de ese modo.

El primer rasgo que llama la atención se encuentra en la cronología: las principales rebeliones contra Leguía fueron precedidas de cerca por medidas del Presidente contra oficiales o por anuncios de su permanencia en el poder. El levantamiento de Iquitos en 1921 ocurrió tres meses después del encarcelamiento y destierro del general Benavides. La acción de Cuzco en 1922 tuvo lugar poco después de conocerse la posibilidad de que Leguía fuera reelegido. En fin, los inicios de la segunda (1924) y tercera presidencia consecutivas (1929) fueron seguidos por nuevos levantamientos o intentos de levantamiento. La sucesión de acontecimientos en el tiempo no equivale a una relación de causa y efecto, desde luego. Pero no debe descartarse la hipótesis de que las acciones más importantes de los oficiales en contra de Leguía tuvieron mucho de reacción.

El segundo rasgo que compartieron estos actos fue geográfico: todos ocurrieron en provincia. Las medidas de Leguía para neutralizar a los oficiales que pudieran causar problemas dieron resultado en la capital y sus alrededores, donde había destacado dos comandancias de policía: la mayor parte de los oficiales arrestados estaba en Lima en el momento de su detención. En cuanto a las rebeliones que pudieron estallar a pesar del trabajo constante de la Policía Secreta, dos lo hicieron en Arequipa, una en Iquitos, otra en Cuzco y otra más en Cajamarca, ciudades en las que el peso del Ejército era mayor. En las dos primeras, las reivindicaciones de los oficiales se unieron a las de sectores civiles regionales, que se sentían olvidados por Lima y criticaban el centralismo del Oncenio. José Luis Bustamante y Rivero —reconocido abogado arequipeño, luego ministro de Sánchez Cerro y presidente del Perú entre 1945 y 1948—, por ejemplo, escribió el borrador que sirvió de base al manifiesto definitivo de la rebelión de 1930, redactado por todos los oficiales que participaron en el movimiento en sus reuniones secretas semanales, incluido desde luego Sánchez Cerro 59 .

La tercera característica común tuvo que ver con los protagonistas. Así, pues, excepto el coronel Del Alcázar, los demás líderes de rebeliones fueron oficiales con mando de tropa que no rebasaban el grado de Teniente Coronel: Cervantes, en Iquitos, en 1921; Sánchez Cerro y Jiménez en Cuzco, el año siguiente; en 1924, los del Quinto Regimiento de Caballería en Arequipa, y Barreda, en Chota; y en 1930, de nuevo Sánchez Cerro, esta vez en Arequipa. Entre ellos, al menos los dos primeros estaban unidos al general Benavides por lazos afectivos fuertes: bajo sus órdenes, Cervantes había desalojado a los colombianos de La Pedrera en 1911 y había sentido la misma frustración que su superior, al tener que abandonar el lugar por instrucciones de Leguía en su primera presidencia (1908-1912); Sánchez Cerro, por su parte, había participado activamente en el golpe que llevó al poder a Benavides en 1914 y había visto retribuidos sus servicios, como se verá adelante. La metáfora utilizada por Víctor Villanueva —historiador del Ejército peruano y en ese entonces oficial del mismo—, según la cual Benavides había manejado a Cervantes en Iquitos y a Sánchez Cerro en Cuzco “a control remoto” 60 , parece exagerada. A pesar de esto, no puede descartarse la hipótesis de que este prestigioso oficial incitara desde el destierro a sus antiguos subordinados a sublevarse contra Leguía: los destinatarios de cartas que invitaban a la rebelión no siempre delataban a los remitentes.

En estas condiciones, es necesario rechazar las explicaciones de las rebeliones de oficiales en función de la disminución del presupuesto destinado a guerra 61 . Desde 1919 hasta 1929, según el agregado norteamericano, el presupuesto de Guerra aumentó cada año en términos absolutos y pasó del 10,5 al 13,37% del total del presupuesto estatal. Hay que anotar, sin embargo, que entre 1922 y 1926 este porcentaje bajó de 14,6 a 11,77. Si se tiene en cuenta que la primera gran rebelión del Oncenio tuvo lugar en 1921, es posible que los recortes fueran más una consecuencia que una causa del problema que interesa aquí. El historiador Allen Gerlach, por su parte, no encuentra una correlación clara entre la situación económica y la inestabilidad de las relaciones entre militares y políticos 62 . El dinero aparece entonces como una variable más en una ecuación, que incluye medidas contra el Ejército como institución; medidas a favor de las demás Fuerzas Armadas; medidas individuales en contra de algunos oficiales; intentos del Presidente de perpetuarse en el poder; y también una red de lealtades entre oficiales que había empezado a tejerse en el golpe a Billinghurst en 1914, o en la derrota propinada a tropas colombianas en 1911 en Puerto Córdoba/La Pedrera, o antes tal vez.

La trayectoria de Sánchez Cerro en el Ejército sintetiza toda la problemática de este artículo. En 1914 participó en el derrocamiento de Billinghurst, lo que le valió el ascenso a Capitán, “con apenas cuatro años de servicios como oficial” 63 . Luego fue nombrado Agregado Militar en Washington, un cargo con el que soñaban muchos oficiales, no sólo peruanos. Al llegar al poder Leguía en 1919, Sánchez Cerro hizo público su descontento con el nuevo gobierno en Iquitos, donde estaba destacado ya con el grado de Mayor. Permaneció en el Ejército, y en agosto de 1922 se levantó en armas en Cuzco en protesta por el encarcelamiento preventivo de su superior inmediato, sospechoso de rebelión. Fue encarcelado pero pudo fugarse y comandar de inmediato una segunda acción, esta vez acompañado del mayor Gustavo Jiménez. El movimiento fue aplastado por tropas leales. Jiménez fue desterrado y se exilió en Bolivia. Sánchez Cerro salió herido de gravedad y fue encarcelado, juzgado por una corte marcial, hallado culpable y enviado a la prisión de Taquila (en el lago Titicaca) hasta principios de 1923. El año siguiente pudo regresar al servicio activo gracias a su antigua amistad con Alfredo Piedra, en ese momento ministro de Guerra, y en 1925 viajó a Italia y Francia en un destierro diplomático 64 .

De vuelta a Perú hizo gestiones, exitosas, para tener de nuevo mando de tropa. Su regreso al servicio activo después de haberse rebelado muestra que las medidas tomadas por el Gobierno durante el Oncenio no eran irreversibles. Lo único que salvaba a un oficial caído en desgracia era convencer al Presidente de que era digno de confianza. Esto no era fácil pero tampoco imposible, como lo muestra el caso del coronel Pedro Pablo Martínez, uno de los primeros oficiales en renunciar a su cargo al subir Leguía. Martínez fue encarcelado por sospechas de rebelión en abril de 1922; un año después fue liberado y en septiembre de 1923 nombrado prefecto de Lima; luego fue director de la Policía 65 . Como queda dicho en esta investigación, algunos oficiales entregaron al Gobierno las cartas en que los invitaban a rebelarse; entre tanto, otros enviaron telegramas de felicitación para ganar la gracia perdida: “Procedente de Arequipa. Presidente República. Lima. Hónrome expresar especial congratulación jefes y oficiales batallón mi mando inauguración nuevo período presidencial que significa mismo rumbo progreso y engrandecimiento nacional. Respetuosamente Mayor Sánchez Cerro” 66 .

Un año después el mismo oficial, ahora con el grado de Teniente Coronel otorgado el primero de febrero de 1930 67 por un Congreso a merced de Leguía, cambió el “rumbo de progreso” y detuvo el “engrandecimiento nacional” con su golpe en Arequipa. La Armada no le sirvió de mucho al Presidente. Lo máximo que logró de ella fue enviar en avión a Arequipa a uno de los oficiales de la misión naval norteamericana, para disuadir a los sublevados con volantes y también con una bomba: fue capturado, juzgado y al final absuelto de los cargos en su contra —quizá por intercesión de la embajada de su país— 68 . La Policía tampoco ayudó ni controló los desmanes del pueblo. Esto se debió, según el agregado francés, a la deserción de su comandante, el general Gil de León, quien siguió en el cargo a pesar del cambio de régimen 69 . Los oficiales de policía abandonaron a sus hombres y quedaron sin estatus definido después del golpe. En el manifiesto de Arequipa, el 22 de agosto, Sánchez Cerro dejó claro que no quería a esta fuerza, pues veía en ella el instrumento con el que el régimen odiado pretendía reemplazar el Ejército 70 . En el mismo documento pidió también alejar el Ejército de la política 71 . Once años atrás (septiembre de 1919), Leguía y el jefe del Estado Mayor General se habían reunido con doscientos oficiales en el Palacio Presidencial y habían mencionado la necesidad de tener oficiales apolíticos 72 . En estos discursos, la palabra política era sinónimo de Pardo para Leguía y sinónimo de Leguía para Sánchez Cerro.

Conclusión

El caso del Oncenio es interesante para los estudios de Civil-Military Relations , pues muestra las insuficiencias de sus principales modelos explicativos: el hecho de que el presidente Leguía tuviera como principal bandera de sus gobiernos el progreso material y que viera en Estados Unidos el socio ideal para alcanzarlo 73 anula de entrada hipótesis como la “modernización por medio del Ejército” o la instrumentalista: la agitación militar de los años 1920 no se debió a que los oficiales fueran los adalides del desarrollo ni los títeres de Washington —no fueron una cosa ni la otra—. Si bien es cierto que interfirieron en política, junto a líderes civiles de provincia, tampoco puede pensarse que fueran los guardaespaldas de “la oligarquía” 74 .

La evidencia empírica analizada, procedente en su mayoría de archivos militares foráneos, muestra que en Perú, en los años 1920, los militares no formaban políticamente un monolito: las grietas eran la regla, no la excepción. Es muy probable que sus interferencias en la vida política fueran reacciones a acciones del Gobierno central contra algunos de ellos o contra el Ejército como institución: desde 1919, el presidente Leguía fijó entre sus principales objetivos debilitar el Ejército para contrarrestar su peso político, y tomó medidas en consecuencia. Por último, cuando algunos militares interfirieron en política, lo hicieron de la mano de civiles y en contra de otros militares y civiles: si las relaciones entre civiles y militares van a concebirse en dos campos opuestos, cada uno de ellos debe contener tanto a unos como a otros. La vieja etiqueta Civil-Military Relations , o su traducción al español —relaciones entre civiles y militares—, es suficientemente amplia para cubrir estos nuevos enfoques y hallazgos.

La vieja problemática histórica de las relaciones entre civiles y militares, todavía tiene mucho que decir en países como Perú —y Colombia—, siempre y cuando los marcos cronológicos no se limiten a la segunda mitad del siglo XX, o a momentos en que los oficiales estén en el poder; los cuestionarios heredados de los años 1960 y 1970 se renueven, y se busquen respuestas en archivos inexplorados: ése es el camino que aspira a abrir esta investigación. La etiqueta Civil-Military Relations es suficientemente amplia para cubrir estos nuevos enfoques y hallazgos.

Referencias

National Archives and Records Administration (NARA), Estados Unidos-Washington D.C. Record Group (RG).

Service Historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre (SHD), Vincennes-Francia. Subserie 7N.

Ministerio de Guerra. Escalafón general del ejército. Primera parte: actividad y disponibilidad . Lima: Imprenta y librería del gabinete militar, 1931.

Ministerio de Guerra. Escalafón general del ejército: actividad, disponibilidad, retiro, reserva . Lima: Imprenta Americana, 1923.

Ministerio de Guerra y Marina. Escalafón general del ejército: actividad, disponibilidad y retiro . Lima: Imprenta Americana, 1919.

Vallejo, José. Conflicto Peru-colombiano. Charlas militares . Lima: Talleres gráficos del Diario La Tarde, 1934.

Blanchard, Peter. “A Populist Precursor: Guillermo Billinghurst”. Journal of Latin American Studies 9 n. ° 2 (1977): 251-273. doi: dx.doi.org/10.1017/S0022216X00020605

Bullick, Lucie. Pouvoir militaire et société au Pérou aux XIXe et XXe siècles . París: Publications de la Sorbonne, 1999.

El Mariscal Benavides, su vida y su obra . Lima: Atlántida, 1976.

Frederic, Sabina. Los usos de la fuerza pública: debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia . Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2008.

Gerlach, Allen. “Civil-Military Relations in Peru: 1914-1945”, tesis doctorado en Historia, University of New Mexico, 1973.

Martínez, Ascensión. “Las relaciones el Perú-España 1919-1939. Temas clave y líneas de trabajo”. Boletín Americanista n.° 48 (1998): 153-177.

Millones, Iván. “Los caceristas de la República Aristocrática: composición social, intereses y principios del Partido Constitucional (1895-1919)”. Histórica 28, n.° 2 (2004): 137-172.

Orrego, Juan Luis. El Perú del siglo XX . Lima: PUCP, 2014.

Pease, Franklin. Breve historia contemporánea del Perú . México: FCE, 1995.

Rouquié, Alain. L’État militaire en Amérique latine . París: Le Seuil, 1982.

Stein, Steven. Populism in Peru. The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control . Madison: The University of Wisconsin Press, 1980.

Ugarteche, Pedro. Sánchez Cerro. Papeles y recuerdos de un presidente del Perú , tomo I. Lima: Universitaria, 1969.

Villanueva, Víctor. Así cayó Leguía . Lima: Retama, 1977.

Villanueva, Víctor. El APRA en busca del poder. Lima: Horizonte, 1975.

Villanueva, Víctor. El militarismo en el Perú . Lima: T. Scheuch, 1962.

Notas

* Este artículo es la versión en español modificada de una parte del texto: Carlos Camacho Arango, Le Conflit de Leticia (1932-1933) et les armées du Pérou et de la Colombie: histoire-récit, histoire comparée, histoire croisée (tesis doctorado en Historia, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2013). Esta investigación se financió con las becas otorgadas por el Centre d’études d’histoire de la défense (CEHD), del Ministerio de Defensa de Francia, y el Institut français d’études andines (IFEA, Perú).
1 Alain Rouquié, L’État militaire en Amérique latine (París: Le Seuil, 1982), 11-25; Lucie Bullick, Pouvoir militaire et société au Pérou aux XIXe et XXe siècles (París: Publications de la Sorbonne, 1999), 15-18. Puede objetarse que la tipología de Rouquié, actualizada por Bullick, fue concebida hace más de treinta años. No debe olvidarse que poco después, con el regreso de las prácticas democráticas a Suramérica, las universidades americanas (del Norte y del Sur) y europeas perdieron casi todo su interés en el estudio de las Civil-Military Relations . El caso argentino, al que Rouquié dedicó su tesis doctoral, es un buen ejemplo: “En los últimos veinticinco años [1983-2008], pocos autores del ámbito académico han considerado el tema [fuerzas armadas y de seguridad], y en contados casos realizaron investigaciones empíricas”, Sabina Frederic, Los usos de la fuerza pública: debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia (Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2008), 7.
2 En este artículo la palabra “militares” sólo se refiere a los oficiales del Ejército.
3 Lucie Bullick, Pouvoir militaire, 72-73.
6 Franklin Pease, Breve historia, 158.
9 Lucie Bullick, Pouvoir militaire, 74.
11 Franklin Pease, Breve historia, 159-160.
12 Gerlach, Civil-Military Relations, 117.
13 Ministerio de Guerra y Marina, Escalafón 1919, 25, 54.
14 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en National Archives and Records Administration (NARA), Washington D.C-Estados Unidos, Record Group (RG) 165, 2033, doc.15. 1; Gerlach, Civil-Military Relations , 125-126.
15 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de julio de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc. 9.
16 Gerlach, Civil-Military Relations , 126-127.
17 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.15.
18 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.19.
19 “Le nombre de militaires auxquels on accorde l’ancienneté sans qu’il y aient droit est six ou sept fois plus élevé que normalement”, Lucie Bullick, Pouvoir militaire , 78.
20 Gerlach, Civil-Military Relations , 114.
21 “Jefe de la misión naval de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia naval”, Washington, 15 de abril de 1925, en NARA, RG 38, C-10-A/17531.
22 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 14 de noviembre de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc. 27; Ministerio de Guerra, Escalafón general del ejército: actividad, disponibilidad, retiro, reserva (Lima: Imprenta Americana, 1923), 15.
23 General Vassal, “Rapport”, “Perpétuels changements d’affectation des Officiers supérieurs et subalternes, qui rendent absolument impossible tout travail sérieux et continu”, Lima, 26 de enero de 1920, en Service Historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre (SHD), Vincennes-Francia, subserie 7N, caja 3380, f. 6; General Pellegrin, “Étude”, Lima, 8 de julio de 1924, en SHD, 7N, caja 3412, f. 26.
24 General Vassal, “Memoria al coronel ministro de guerra”, Lima, 1920, en SHD, 7N, caja 3380, f. 22.
25 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de agosto de 1920, en NARA, RG 165, 2033, doc. 44.
26 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de septiembre de 1920, en NARA, RG 165, 2033, doc. 45.
27 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de julio de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 316-2.
28 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 26 de agosto de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.108.
29 “Jefe de la misión naval de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia naval, Washington”, en NARA, RG 38, C-10-A, 17531.
30 El mariscal Benavides , 319-320.
31 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 2 de agosto de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 242-2.
32 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 242-5.
33 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de diciembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 284.
34 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 14 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 274; 13 de enero de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 290.
35 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 6 de febrero de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 242-8.
36 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc. 119.
38 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de enero de 1923, en NARA, RG 165, 2033, doc.85.
39 “Comme exemple typique de cet état d’esprit je citerais, entre beaucoup d’autres, le cas de ce Commandant qui a été nommé Lieutenant Colonel aux dernières promotions uniquement parce qu’il a communiqué au Gouvernement une lettre d’un des Généraux déportés qui s’adressait à lui pour savoir s’il pourrait compter sur lui pour organiser un mouvement révolutionnaire […]”; “tous les moyens pour se mettre dans les bonnes grâces”; “agents électoraux connus ou secrets”; “le haut commandement péruvien n’existe pas”, “et qui, aux termes de la loi de situation continuent à être considérés comme en activité”, general Pellegrin, “Étude”, Lima, 8 de julio de 1924, en SHD, 7N, caja 3412, ff. 10, 20-22.
40 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de octubre de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.100-4.
41 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de octubre de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.26.
42 Gerlach, Civil-Military Relations , 145.
43 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 7 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2033, doc.82.
44 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 23 de septiembre de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.109.
45 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 9 de abril de 1929, en NARA, RG 165, 2033, doc.140-3.
46 Gerlach, Civil-Military Relations , 153-156.
47 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc. 96-2.
48 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc. 96-4.
49 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.96-2.
50 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117.
51 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 18 de junio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc. 145-3.
53 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117; “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc. 100-7; capitán Ronin, “Plan de renseignements”, Lima, 1931, en SHD, 7N, caja 3411, f. 134.
54 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 18 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.102.
55 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 8 de febrero de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.101.
56 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117; “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 21 de junio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.146-1.
57 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1929, en NARA, RG 165, 2033, doc.126-6.
58 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 19 de julio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.126-8.
60 Víctor Villanueva, Así cayó Leguía (Lima: Retama, 1977), 151. A Sánchez Cerro lo habría manejado hasta 1930, cuando “se arriesgó a jugar sus propias cartas”, Víctor Villanueva, El APRA en busca del poder (Lima: Horizonte, 1975), 32.
61 Villanueva, El militarismo , 52.
62 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 24 de abril de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.145-2; Allen Gerlach, Civil-Military Relations , 229.
63 Villanueva, Así cayó Leguía , 151.
65 Gerlach, Civil-Military Relations , 198-199.
68 Gerlach, Civil-Military Relations , 238-239.
69 Capitán Ronin, “Plan de renseignements”, Lima, 1931, en SHD, 7N, caja 3411, f. 134.
70 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.100-7.
71 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 4 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2657N, 327-8.
72 Gerlach, Civil-Military Relations , 144-145.
74 La explicación por atavismos ibéricos (culturalista o esencialista) ya estaba desprestigiada cuando Roquié hizo el balance resumido en la introducción. No es imposible, sin embargo, que vuelva a ser tenida en cuenta algún día.

Notas de autor

** Docente-investigador del Centro de Estudios en Historia (CEHIS) de la Universidad Externado de Colombia. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Doctor en Historia de la Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Colombia en el Mundo”, en América Latina en la historia contemporánea. Colombia . Tomo 4, 1930-1960. Mirando hacia adentro , editado por Malcolm Deas (Madrid: Fundación MAPFRE-Penguin Random House, 2015), 81-148, y “El regreso de los cañones franceses a Perú (1930-1933). Intermediarios y contingencias”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 42 n. ° 2 (2015): 267-298. camachoarango@gmail.com
HTML generado a partir de XML-JATS4R por