Introducción

Isaías Medina Angarita es el tercer y último de los militares escogidos como Presidente de Venezuela a la usanza impuesta desde que muriera el general Juan Vicente Gómez (1908-1936), quien tuvo bajo su dominio absoluto la institucionalidad del país durante una larga dictadura en la que la disidencia prácticamente era ahogada desde sus propios cimientos. Tras la muerte de Gómez, a éste le sucedió en la Presidencia su Ministro de Guerra y Marina, el general Eleazar López Contreras, y tras el final del mandato de López, en 1941, éste designó en la máxima magistratura nacional al general Medina Angarita, Ministro de Guerra y Marina de López. Desde el periodo del liberalismo amarillo (1870-1898), la decisión del sucesor presidencial estaba sujeta a voluntad del mandatario de turno.

Para efectos de este artículo no es importante saber cómo llegó al poder Medina, pero sí la manera en que él se distinguió de sus antecesores en materia gubernamental, considerando además que su gestión se desarrolló en el tiempo de la conflagración europea. Medina y sus hombres tienen el mérito de ser los iniciadores de un proyecto de crecimiento económico para Venezuela concebido a largo plazo, a tono con lineamientos de organismos internacionales surgidos en su mayoría en el fragor de la guerra. El país de entonces era el mayor productor petrolero del mundo.

Desde una perspectiva metodológica de historia síntesis (Cardoso y Pérez, 1977), se ha concebido este estudio. A decir de Pierre Vilar (citado en Cardoso y Pérez, 1977), se trata de “una historia de la sociedad en movimiento” (p. 296). Otro destacado miembro de esta corriente, George Duby, plantea que la historia síntesis analiza los fenómenos en distintos niveles (material, mentalidad colectiva, poder, demográfico, cultural) reunidos en “la unidad de una visión global” (citado en Cardoso y Pérez, 1977, p. 297)

Pueden coincidir en un mismo escenario histórico un fenómeno de larga duración como el de las mentalidades con otros de menor duración temporal como las coyunturas económicas o los acontecimientos, tipo golpes de estado; todos dentro de una misma dinámica de interrelación y en un espacio y tiempo determinados. Cabe aquí también el método comparativo entre las fuentes, entre los tiempos y entre hechos ocurridos en espacios distintos. Así, el abordaje de la investigación tiene un matiz más complejo, con aspiraciones de totalidad, para una mejor comprensión de los procesos históricos.

Disertación

El petróleo marca la pauta en la sociedad venezolana

Desde 1926, cuando la exportación petrolera supera por vez primera a la exportación de café y cacao, Venezuela es un país que tiene su principal fuente de sustento material en el petróleo (Maza, 2004). Para aquel año, su población alcanza los 3 millones de habitantes. El paludismo, las enfermedades producidas por el consumo de agua no tratada y la mortalidad infantil son amenazas reales. Sólo 15 % de las personas vivían en ciudades, mientras que el resto estaba en zonas rurales trabajando, bien como medianeros, bien como explotados en las haciendas (Uslar, 1990a).

Venezuela está signada desde entonces, para bien o para mal, por su petróleo. La presencia de esta realidad ha marcado la pauta de la sociedad, no solo en el plano económico sino en las dimensiones política, cultural y social. Por eso, es importante conocer la manera en que se ha ido gestando el petro Estado desde la dictadura gomecista. Para el caso que ocupa este artículo, es en el período de Medina cuando por vez primera se acrecientan sustancialmente los ingresos de divisas gracias a dos leyes trascendentales que fueron acompañadas de una política de intervención en la economía con miras a cristalizar el proyecto de “Sembrar el petróleo” que promovieron Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri. Se trata de un plan basado en “la necesidad angustiosa de invertir en fomento de nuestra capacidad económica el dinero que el petróleo le producía a esta Venezuela por tan largo tiempo desvalida” (Uslar, 1990a, p. 51).

Las circunstancias mundiales obligan a la intervención

La renta petrolera favoreció en Venezuela la importación excesiva en desmedro de lo que debería producirse internamente, sobre todo para el consumo de alimentos que podrían auto abastecer las necesidades de la población. El economista José Antonio Mayobre escribió en uno de sus artículos del diario El Universal en el año 1941, que:

“La guerra europea ha venido a poner de bulto, aun para los más ciegos, el carácter eminentemente deformado y peligroso de la economía venezolana. Ha venido a demostrar cómo es de inestable la situación en un país que depende en su mayor parte de una industria extractiva extranjera y que ha dejado perecer sus propias fuentes de producción. El clamor de casi todos nuestros sectores productivos, exagerado a veces pero siempre conforme a una situación de hecho innegable, debe servir de toque de alarma para hacernos comprender lo que desde hace años se viene proclamando por parte de sectores progresistas del país. Estamos frente a un dilema: producir o padecer” (Mayobre, 1993 p. 31).

Dadas las circunstancias, el Gobierno de Medina trazó un plan orientado a la diversificación económica partiendo del aprovechamiento de la renta, pero con la intervención del Estado. El proyecto medinista de “Sembrar el petróleo” y con éste la intervención, estaría justificado debido al deterioro de la actividad agrícola en el país, al riesgo de no poder autoabastecerse, a la alta dependencia de la importación y a la baja producción en las naciones proveedoras de mercancías como Estados Unidos, ya que estaban en guerra.

Vaya un ejemplo, en el bienio 1915-1916, Venezuela era el segundo exportador mundial de café y cacao. En menos de 20 años, (1934-1935), el país ocupa el octavo puesto en estos renglones (Mayobre, 1993). Si bien la crisis de la Bolsa de Nueva York significó la caída brusca de los precios internaciones de estos rubros, no hubo vuelta atrás en ese proceso degenerativo de la producción agrícola, lo que no ocurrió en otros países.

Para 1940, Venezuela tiene 3.5 millones de habitantes y ocupa el tercer lugar de Suramérica en importaciones provenientes de los Estados Unidos (Mayobre, 1993, p. 27). Se traían mercancías que se producían internamente antes del auge petrolero. Mayobre (1993) presenta dos cuadros en los que se destacan cifras de importación de avena, papas, leches conservadas, alimentos preparados (en 1913); y pescado, manteca, leches, mantequilla, queso, frutas varias, arroz en grano, harina de trigo (entre 1936 y 1939) (Mayobre, 1993).

Ahora bien, ¿en qué consistía la intervención de la economía que proyectaron Medina y su gabinete? José Joaquín González Gorrondona, reconocido abogado, economista y uno de los primeros integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela, lo explicaba en un ciclo de conferencias organizado por el oficialista Partido Democrático Venezolano, del cual era miembro. Destacó el especialista el carácter transitorio que tendría la intervención del Estado, tomando en cuenta el entorno de escasez de productos como consecuencia de la guerra. Pero también, hizo énfasis en tomar el ejemplo de Estados Unidos, que en circunstancias particulares apeló al New Deal para proteger a los más vulnerables ante los monopolios y promover la libre concurrencia.

“El Estado venezolano, a consecuencia de las obligaciones que a su cargo se desprenderán de la participación en los organismos internacionales hoy en proceso de estructuración, y simultáneamente por su condición de país pequeño, de economía retrasada, que lo sitúa en posición desventajosa frente a los grandes Estados industriales y agrícolas del mundo, se verá obligado a intervenir en la vida económica del país, en el período de transición posterior a la guerra, cuya duración es imposible determinar de antemano” (González, 1983, p. 147).

Se trataba de seguir lineamientos para el nuevo orden económico mundial, así como las relaciones entre proveedores de materia prima y países industrializados.

“Dos ideas se balancean en el campo de las relaciones entre naciones. De un lado está la necesidad de defender y desarrollar la economía de cada país, del otro surge un interés general que proclama la necesidad de permitir a los países carentes de ella el acceso a las materias primas y la participación de sus productos en el mercado internacional. A primera vista parecería una contradicción evidente, al suponer que el interés fundamental de cada nación choca con el interés general. Sin embargo, la tendencia predominante se inclina hacia la combinación de ambos intereses. Los Estados deben defender y desarrollar sus economías sin dañar las de los otros” (González, 1983, p. 153 -154).

A su entender, no habría razón de temor para los empresarios por la intervención estatal, ya que ésta tendría un carácter provisional.

“Por eso es necesario que nuestro país mantenga durante un lapso prudencial, en el período de transición (cuando se normalice la situación una vez que haya acabado la guerra) los controles que actualmente ejerce en bien de la colectividad, porque ellos no podrán desaparecer sino cuando la verdadera normalidad política y económica se establezca en el mundo entero (…) Es necesario que el Estado tome ahora la iniciativa en esta materia, no desplazando, sino guiando la actividad privada, y poniéndole freno cuando pretenda desbordarse con perjuicio de la colectividad” (González, 1983, p.162).

De igual manera, el Gobierno se ponía a tono con la Organización Internacional del Trabajo, ya que “La Conferencia Internacional del Trabajo, en su reunión ordinaria celebrada en Filadelfia, auspició un conjunto de recomendaciones tendientes a proteger en escala internacional los derechos de las clases trabajadoras, reafirmando y dándole nuevas directrices a la fecunda acción de la OIT” (González, 1983, p. 159).

Es significativo que el entonces incipiente partido Acción Democrática reconociera como atinado el camino emprendido por el Gobierno de Medina. En su periódico oficial, Acción Democrática, del día 9 de mayo de 1942, se valora la trascendencia de un memorándum publicado por el Ministerio de Fomento en el que se explica la importancia de la política intervencionista, ya que se podrían emplear a muchos trabajadores cesantes.

“...Venezuela, país depauperado a cuyo frente se haya un Estado poderosamente rico, sólo puede asegurarse el bienestar mediante la intervención gubernamental. Y de realizarse ésta, de acuerdo a los objetivos trazados en el Memorandum, nuestro país dará pasos efectivos en el camino del progreso y el desarrollo económico” (Acción Democrática, 1983, p. 34).

Por otra parte, el ministro de Fomento, Gustavo Herrera, en la Introducción a la Memoria del despacho a su cargo ante el Congreso Nacional, en 1943, anunciaba cuáles eran las medidas que urgía tomar el Gobierno:

“Entre las medidas de emergencia adoptadas figuran las restricciones establecidas para la importación y la exportación...Especialmente en materia de licencias de exportación ha sido preciso mantener una firme vigilancia, porque con la anormalidad de la situación (se refiere al contexto de la guerra y el transporte de mercancías del comercio internacional) ha surgido la tendencia a crearse y desarrollarse una continua corriente de exportación hacia las Antillas, la cual si bien aparentemente es una fuente de progreso y desarrollo de nuestra economía, podría, si se abandona a la sola iniciativa particular, llegar a convertirse en una salida imprudente de nuestros instrumentos de trabajo y medios de subsistencia, en detrimento del abastecimiento doméstico” (Herrera, 1983, p. 114).

Dos de los organismos que intentó el Gobierno para poner en marcha su plan económico fueron el Consejo de Economía Nacional y la Comisión Nacional de Abastecimiento, los cuales fueron objeto de cuestionamientos por parte del sector privado que veía amenazados sus intereses, como se verá más adelante.

Las leyes de Medina

Los dos instrumentos legales que dieron un vuelco a las relaciones entre el Estado venezolano y las empresas petroleras desde que éstas iniciaran sus actividades en el territorio nacional, son las leyes de Impuesto sobre la Renta (aprobada en 1942 y puesta en marcha en 1943) y de Hidrocarburos, que entró en vigor el 13 de marzo de 1943.

La necesidad de reestructurar la legislación en esta materia se basaba en un viejo anhelo de una participación más justa en la ganancia petrolera, labor iniciada en los años veinte por el ministro de Fomento de Gómez, Gumersindo Torres. A tal efecto, fue creada una comisión para la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1938, presidida por el propio general Medina Angarita, a quien acompañaron Eugenio Mendoza, Gustavo Herrera, Gustavo Manrique Pacanins, Arturo Uslar Pietri, Luis Herrera Figueredo, Rafael Pizani, Manuel R. Egaña, Alfredo Machado Hernández, Luis Gerónimo Pietri, Carlos Pérez de la Cova, Pedro Ignacio Aguerreverre, Ángel Demetrio Aguerrevere, Luis Loreto y Julio Medina Angarita. Para el asesoramiento de la comisión se contrató a la United Geophysical Company, empresa que designó a los técnicos A. A. Curtise y Herbert Huber como enlace permanente (Giacopini, 1985).

Las primeras concesiones fueron otorgadas bajo el régimen de contratos especiales, según la Ley de Minas de 1905 y el Código de Minas de 1910. La legislación sobre hidrocarburos comienza con el Decreto Reglamentario del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, de 1918. Luego, fueron sancionadas las Leyes sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles de 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1936 y 1938. Para el año de 1943, había enormes extensiones de tierra de esas concesiones (una sola podría ocupar territorios de varios estados como la de Antonio Aranguren, en el centroccidente del país) improductivas y que no aportaban nada al fisco. Con la Ley de 1943, “Queda así satisfactoriamente liquidada, sin sacrificio efectivo para la Nación, toda época de empirismo, tanteos, inexperiencia, errores e ignorancia” (Exposición de motivos del Ejecutivo Federal al Congreso Nacional, 1983, p. 36).

El anhelo de “estimular la producción de nuestras viejas fuentes de riqueza...” (Medina, 1983a, p. 74) como dijo Medina en su mensaje de toma de posesión ante el Congreso Nacional, el 5 de mayo de 1941, da cuenta de uno de sus principales objetivos de gobierno, el de la “diversificación y el equilibrio...(para no dejar al país sujeto) a un sólo producto, a una sola actividad”. Dejando claro además que su gestión seguiría en la línea del “Imperio absoluto de la ley, orientación progresiva hacia la consolidación de los principios liberales que nos han regido constitucionalmente y firme propósito de conquistar definitivamente todas las normas de la democracia verdadera, son los puntos fundamentales de la política que estoy obligado a sostener por propias convicciones y por lealtad al Régimen Bolivariano” (Medina, 1983a, p. 74).

Es en el período gubernamental de Medina Angarita cuando se fijan estrategias claras de diversificación económica que había trazado el Ministro Alberto Adriani durante el mandato de López Contreras.

“Es necesario continuar la empresa, ya adelantada, de vitalizar la potencialidad económica de la República, estimular la producción de nuestras viejas fuentes de riqueza...Dirigir conscientemente los esfuerzos públicos y privados hacia la diversificación y el equilibrio de la economía venezolana en sus aspectos agrícola, pecuario, minero e industrial, a fin de que la riqueza de la Nación sea sólida y vigorosa y no se halle expuesta a las contingencias graves e impredecibles que normalmente pueden afectar a un solo producto o a una sola actividad” (Medina, 1983a, p. 75 -76).

En Maracaibo, Medina pronunció un discurso en el que argumentaba que el contexto de la guerra obligaba a producir internamente lo que antes se importaba:

“Está reflejándose sobre el país la tremenda situación que atraviesa el mundo; disminuyen nuestras principales rentas, la dificultad en los transportes marítimos no permite que a nuestros puertos lleguen muchos de los efectos que el país necesita, y, entre ellos, materias primas indispensables a nuestras industrias; el desempleo, como consecuencia natural, se acentúa; tal es el panorama general del momento; ante él, no podemos cruzarnos de brazos, ni dejar que el pesimismo invada nuestros espíritus, sino que con todo el aliento de que seamos capaces, debemos proseguir con tenacidad, con constancia y sin precipitaciones en la obra de nuestro resurgimiento económico; es necesario producir lo que consumimos; vayamos a la tierra que ella pródigamente retribuye nuestro trabajo; volvamos al campo con cariño, que sus frutos colmarán nuestros mercados; cuidemos y mejoremos nuestros ganados para lograr que la carne sea de nuevo producto de exportación; aprovechemos esa gran riqueza nuestra que animadamente vive en nuestros ríos, en nuestros mares, a fin de que por el trabajo de los hombres de la costa el pescado nuestro vaya pregonando por los mercados extraños la laboriosidad venezolana; vistamos nuestras telas, aprovechemos los productos de nuestra naciente industria y sintamos doble orgullo de todo lo que sea venezolano. El Gobierno tiene la dirección de esta gran cruzada que debemos emprender...” (Medina, 1983b, p. 15).

El estímulo al sector primario era parte fundamental de la estrategia oficial. “Volver al campo con cariño”, es la valoración del ejemplo de otras naciones que con trabajo y aprovechamiento de sus recursos lograron no sólo la subsistencia interna sino el crecimiento económico.

Con la nueva Ley de Hidrocarburos, -aprobada por el Congreso en 1942 con el voto salvado de la fracción de Acción Democrática-, quedaba eliminado el derecho de exoneración de impuestos aduaneros que gozaban las compañías de acuerdo a la legislación anterior. Todas las concesiones serían sometidas al pago de 16, 2/3 % de impuestos, estuvieran en tierra firme o bajo el agua (antes éstas últimas sólo pagaban 1/6 o 1/4 del impuesto). Junto con los demás impuestos, la ganancia para el país equivalía a más de 50 % de los beneficios. La extensión de la concesión, para beneficio de las compañías, se acordó que fuera por 40 años (hasta 1983) y no más de una vez (Egaña, 1990).

Las empresas que explotaban el crudo en el país para ese momento eran el Grupo Shell (Caribean Petroleum Company, Venezuela Oil Concessions, Venezuela Oil Development) grupo Standard (Standar Oil Company of Venezuela, Lago Petroleum Corporation), Mene Grande Oil Company, Socony Vacuum, Texas Company, Grupo Las Mercedes y Consolidada de Petróleo (Giacopini, 1985).

En las leyes anteriores no se consideraban las otras sustancias derivadas del petróleo que no fueran hidrocarburos. Las compañías podían seguir produciendo gas y otros derivados, pero pagando un impuesto sobre la plusvalía. La refinación en el país y el transporte también se contemplaba como obligación a las empresas en el sistema de concesiones (estas eran distintas a las de extracción) y en principio serían por 50 años, prorrogables por períodos iguales. Se les pide a las compañías datos geológicos de la concesión y llevar en Venezuela la contabilidad de las empresas. (artículo 59) (Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma de la Ley de Hidrocarburos presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso Nacional, 1983)¹.

La guerra como oportunidad

Un aspecto insoslayable en este contexto, es el temprano apoyo del Gobierno venezolano a la causa de los Aliados contra el eje nazi fascista durante la guerra. En un mensaje que el general Medina Angarita presenta al Congreso Nacional en 1943, destacó que

“Oportunamente notificó el Gobierno a los de Estados Unidos y de Gran Bretaña que reiteraba su adhesión a los principios contenidos en la ‘Carta del Atlántico’, suscrita el 14 de junio entre el Presidente Roosevelt y el Primer Ministro Churchil. Ya en Río de Janeiro habíamos expresado nuestra adhesión al mencionado documento” (Medina, 1983c, p. 134).

No obstante, la decisión de cerrar filas al lado de los Aliados, trajo consecuencias negativas para el país en el plano bélico, ya que fue objeto de ataques militares: siete tanqueros de la ruta Maracaibo-Aruba-Maracaibo-Curazao fueron torpedeados en 1942 por submarinos alemanes. Un año antes, se produjeron 621.000 barriles por día, pero en 1942, como consecuencia de esa agresión, se redujo la producción a 400.000 barriles diarios (Giacopini,1985, p.36).

En un discurso ante el parlamento nacional, Medina informó de un viaje a los Estados Unidos acompañado de personeros del mundo económico y financiero nacional.

“El haber aceptado la invitación del Presidente Roosevelt es la demostración más evidente que puede darse de que Venezuela está al lado de esa admirable y gloriosa Nación, tradicionalmente amiga de la nuestra, en estos momentos de prueba en los que ella no vacila en sacrificar el bienestar excepcional que había conquistado para sus hijos, en aras de un ideal de justicia que Venezuela comparte, y para proteger, con los fueros de la civilización, los derechos inmanentes del hombre. Ese y no otro fue el significado de mi presencia en la Nación norteamericana y de la mano que tendí a su Primer Mandatario” (Medina, 1983d, p. 170).

Estaba claro que el país debería ser recompensado por ese apoyo con una nueva manera de relacionarse con las petroleras estadounidenses.

“Venezuela, que en momentos de angustia y de tragedia ha aportado sin restricciones los formidables recursos que representa su producción petrolera para el triunfo de la justicia en esta guerra, tiene el derecho de esperar y reclamar que cuando la victoria asegure el imperio de esa justicia por la que luchan las naciones unidas y asociadas, sea justo y equitativo el tratamiento que los intereses petroleros de Venezuela hayan de recibir” (Medina, 1983d, p. 182).

La política del “Buen Vecino” asumida por la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt, implicaba el reconocimiento de la soberanía y el apoyo a los países de América para su crecimiento material, una vez superada la guerra. En su toma de posesión, Roosevelt destacaba que: “En la esfera de la política mundial, yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino; el vecino que de modo resuelto se respeta a sí mismo y, al hacerlo, a los derechos de los otros; el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos” (Roosevelt, 2001).

Esta política iría a contrapelo de la “Doctrina Monroe” que aplicó en el siglo XIX otro Roosevelt, Teodoro, referida al dominio geoplítico y económico del continente americano. El modelo del “Buen Vecino” resultó provechoso para el gobierno de Medina, ya que logró reformar la legislación petrolera con el visto bueno del país más poderoso del mundo, luego de la conflagración europea que echó por tierra el avance alemán para dominar el mundo. Roosevelt tenía la intención de extender su programa al mundo entero. En septiembre de 1943, dijo al Congreso de su país que: “La política del buen vecino ha tenido tal éxito en el hemisferio de las Américas, que su extensión al mundo entero parece ser el siguiente paso lógico” (Roosevelt, 2001).

En suelo norteamericano, Medina Angarita defendió su legislación destacando los intereses de Venezuela. Dijo en un banquete efectuado en su honor por iniciativa Sociedad Panamericana y la Cámara de Comercio Venezolana de los Estados Unidos, que:

“El ejemplo de lo que hemos hecho con el petróleo debe ser tenido muy en cuenta por los hombres de empresa que deseen cooperar con su iniciativa al desarrollo material de Venezuela. Deben saber que no pueden contar con privilegios, ni favores, pero deben saber, igualmente, que las empresas que inicien pueden contar con un tratamiento equitativo, con la protección de un régimen democrático estable y con la buena voluntad de toda una nación que sabe corresponder a quienes también de buena voluntad vienen a cooperar con ella para su progreso” (Medina, 1983e, p. 269).

La palabra equidad aparece como una constante en los discursos oficiales. Con ello, y logrado el respaldo del gobierno norteamericano, el Estado venezolano lograba una opinión pública favorable. Ese clima de respaldo se mantendrá para hacer contrapeso a la burguesía nacional que quería deshacerse de los controles que ya se anunciaban para reorientar la economía, como se verá más adelante.

Obras de carácter social

La nueva legislación trajo cambios importantes en la dinámica financiera de un país que hasta entonces estaba relegado a una proporción menor en la obtención de los beneficios de la renta. El 27 de abril de 1944, dijo Medina que el año fiscal 1941-1942, antes de la entrada en vigencia de ambas leyes Venezuela obtuvo 325.287.387 de bolívares por vía impositiva, y que en 1941 se importaron 4 millones de kilos de papas, pero que al año siguiente “ni uno solo kilo”, gracias al estímulo a la producción interna. Afirmaba con orgullo el militar presidente que: “hemos establecido la verdadera y razonable nacionalización de la industria sometida al imperio fiscal, técnico y económico del Estado” (Medina, 1983d, p. 151).

Uno de los objetivos que perseguía el Gobierno con la legislación petrolera, era el de mejorar las condiciones socio económicas de los venezolanos, una suerte de pago de la deuda social arrastrada de tiempos anteriores a la creación de la República. Las políticas populares de carácter masivo con el aprovechamiento de la renta que desde entonces caracteriza al Estado venezolano, tuvieron su despegue en el gobierno de Medina. El 27 de abril de 1944, el Presidente anunciaba al Congreso Nacional que se habían construido 14 edificios escolares, la urbanización El Silencio (la primera obra de viviendas familiares subsidiadas por el gobierno), donde había 1.972 habitaciones en malas condiciones en las que vivían 482 personas. Allí se construyeron 1.000 apartamentos (Medina, 1983d). No obstante, otros proyectos no pudieron concretarse debido al golpe de Estado de 1945, ya que no hubo continuidad de la obra medinista y quienes le siguieron en el poder tampoco tuvieron tiempo para desarrollar su plan (tres años duró el tiempo de la Junta Revolucionaria y el gobierno de Rómulo Gallegos). Los militares retoman el poder en 1948 y hasta 1958 se desarrolla un programa de grandes obras que modifican la arquitectura urbana de las ciudades. La democracia nacida en 1959, trajo nuevas formas de “Siembra de petróleo” como se esperaba en el período de Medina, aunque con otros nombres.

El liberalismo económico desde dos perspectivas

Como se ha dicho, la política del general Medina implicaba no sólo la mayor participación en la renta sino también el papel del Estado en la dinámica económica, lo que generó reacciones de los voceros del sector privado que adversaban la intervención oficial, porque a su entender, contravenía los principios del liberalismo. Esta situación dio pie a interesantes debates entre los actores de cada bando que explicaban su versión de cuál debería ser el rol del Estado según la doctrina liberal. De una parte, para los que apoyaban al Gobierno, éste debería tener presencia activa en la dirección de la economía. De la otra, el Estado debería ceñirse a la protección y auxilio financiero a las empresas y dejar que el mercado imponga sus reglas al estilo laissez faire.

Conceptualmente hablando, el liberalismo tiene tres acepciones: un liberalismo económico que, según Touchard (2004), “descansa sobre dos principios: riqueza y propiedad; se opone al dirigismo, aunque aviniéndose con los favores del Estado; es el fundamento doctrinal del capitalismo” (p. 402). Este liberalismo, explica el filósofo, se distingue del liberalismo político que “se opone al despotismo; es el fundamento doctrinal del gobierno representativo y de la democracia parlamentaria” (p. 402) y del liberalismo intelectual que se “caracteriza por el espíritu de tolerancia y de conciliación” (p.402).

El liberalismo económico, el que interesa para este estudio, nació “en el siglo XVIII (cuando daban sus pasos iniciales el industrialismo maquinista y el capitalismo) o sea, la teoría del laissez faire, a la que dio su expresión clásica Adam Smith, como aplicación específica del liberalismo individualista al fenómeno económico. Esta es la tendencia que hoy se considera conservadora, frente al progreso de las corrientes colectivistas” (Montenegro, 1987, p. 30).

Las conferencias del Club Venezuela

Dada la discusión que se generó por el proyecto oficial, varios personeros del ámbito literario y económico, que además eran miembros del Partido Democrático Venezolano que apoyaba al Presidente Medina, hicieron sus aportes desde el punto de vista intelectual al programa económico. Esta organización (PDV), tuvo entre sus filas a figuras prominentes como Arturo Uslar Pietri, Manuel Rodríguez Cárdenas, Mario Briceño Iragorry, Ramón Díaz Sánchez, Pastor Oropeza, Miguel Pérez Carreño, Juan Francisco Reyes Baena y José Rafael Pocaterra, entre otros.

Precisamente, para contrarrestar el clima de opinión impulsado por la oposición al proyecto económico del Gobierno, se llevó a cabo en la sede del Club Venezuela de Caracas entre el 5 y el 22 de septiembre de 1944, un ciclo de conferencias que tuvo por nombre “La libertad económica y la intervención del Estado”.

Mario Briceño Iragorry fue uno de los oradores en aquellos encuentros. En sus primeras palabras, expresó la posición de los intelectuales que apoyaban a Medina.

“Nuestro Movimiento en esa forma, declaró el firme propósito de separarse de los viejos conceptos de liberalismo económico que, partiendo de una abultada valorización de los derechos del individuo, dejó a éste la plena libertad de dirigir los procesos de la producción y del consumo y el goce irrestricto de los instrumentos que a ellos conducen. Pensamos los redactores de las Bases que para mantener el movimiento progresivo de la civilización, precisa una distribución equitativa de los bienes de la vida, que logre poner cese u ofrecer larga tregua a las luchas históricas entre quienes poseen de sobra y los que de todo carecen” (Briceño, 1983, p.73).

Advierte el intelectual lo que sería una constante de algunos voceros del poder y otros grupos críticos que cuestionan la dependencia del sector privado a la renta petrolera, lo que ya para entonces era un síntoma de la economía venezolana.

“...Con apariencia liberaloide y al influjo de la misma oligarquía, que ha sabido camuflarse oportunamente, nuestra economía general se ha mantenido en un estado de atraso por lo que dice a la función social de las fuentes de producción y a la ley racional de consumo humano. Nuestro capitalismo, con su peculiaridad de ineficiencia industrial, no ha procurado sino su solo beneficio y, paralelamente a su carácter de timidez ante los riesgos de grandes inversiones que no estuviesen respaldadas por el poder político, el Estado se mantuvo con las manos caídas ante los urgentes problemas del pueblo” (Briceño, 1983, p. 76).

Otra de las figuras destacadas del PDV que participó en aquel ciclo de conferencias fue Arturo Uslar Pietri. El escritor echó mano de la Biblia para apoyar sus argumentos:

“Allá en una página del Génesis, hermosa y conmovedora, llena de idealidad humana, está un primer ensayo de planificación económica o de ‘New Deal’, como ustedes quieran llamarlo; un ensayo de aquel gran ministro que se llamó José, que lo propuso al Faraón de Egipto. El primer plan económico que recuerda la historia, es el plan de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. No era sino una planificación económica que se propuso reducir el mecanismo de la vida económica de un sistema que tuviera en cuenta la oscilación del ciclo y de la coyuntura económica e implantar un socialismo de Estado. Es la más remota y más vieja ejemplaridad del planismo o intervencionismo, como quieran llamarlo” (Uslar, 1983, p. 81).

El liberalismo económico planteado en términos de ausencia de control como creían los fisiócratas antiguos franceses, fue objeto de crítica por parte del conferencista. “La libertad entre fuertes y débiles significa la esclavitud de los débiles. La libertad entre poderosos e infelices, significa la servidumbre de los infelices. La libertad entre lobos y corderos, significa la muerte de los corderos” (Uslar, 1983, p.84).

Pero, eso no significaba para Uslar y el medinismo la adhesión al polo opuesto de la ideología comunista, patentada en la Unión Soviética. El término medio estaría en la intervención de un Estado que, aun así se declaraba liberal.

“Teóricamente, el siglo XIX y la primera guerra europea estuvieron en presencia de dos tesis extremas: el capitalismo liberal irrestricto, y las doctrinas colectivistas y socialistas, con la aspiración de que el Estado tome en sus manos todos los instrumentos de producción y confine al individuo a una gestión subalterna y sometida. Entre esas dos tesis extremas, el intervencionismo no sólo es un expediente, sino una tentativa muy seria de conciliación y acaso el único camino de salud que tenga el mundo para salir de éste que lo lleva de guerra en guerra hacia la negación de la civilización” (Uslar, 1983, p.89).

Ya que se estarían sentando las bases de economías más abiertas en lo que a los ámbitos internacionales se refiere, el orador dibujaba un escenario promisorio para el mercado mundial:

“... y es de prever que esta posguerra traerá la afirmación de ese intervencionismo de una manera más amplia, porque se anuncia que no será una simple cuestión de defensa nacional, sino el traslado, la elevación al plano internacional del principio de la intervención, para desterrar la competencia de las economías nacionales y establecer acuerdos monetarios, comerciales y sobre libre acceso a las fuentes de materias primas que permitan una armoniosa complementación de las diversas economías, en lugar de la guerra económica, que empieza en competencia de mercados y termina en ese inmenso cementerio de jóvenes sacrificados que hoy llena el mundo” (Uslar, 1983, p. 90).

La explicación de Uslar Pietri que justificaba el papel del Estado interventor pinta un escenario trágico de la economía rentista. Al dejar de producir internamente:

“…esta tendencia a la baja del cambio internacional, al déficit acentuado de la balanza de comercio, si se dejara jugar libremente, al cabo de quince años transformaría a Venezuela en un inmenso Caripito, en un vastísimo campamento petrolero, poblado de empleados petroleros, de funcionarios públicos, de abogados, de médicos, de comerciantes importadores y el día en que el petróleo desapareciera, nos encontraríamos en la situación de Caripito el día en que el petróleo desaparezca: en la situación de morirnos de hambre, en un desierto rodeado de automóviles, de viejas refrigeradoras y de cajas de avena despanzurradas” (Uslar, 1983, p.96).

Esta cita adquiere sentido en la Venezuela de hoy, afectada por una crisis material y moral muy delicada. Lo que parece una admonición a los que llevaban las riendas del Estado y a los que le adversaban, se plasmó en las palabras de Uslar de esta manera:

“Esta es, precisamente, la razón por la cual, indefectiblemente, en Venezuela no hay sino dos caminos: o dejar que la acción de la transformación económica operada por el petróleo juegue libremente, y esto se transforme en ese gigantesco Caripito, en un inmenso Curazao; o que se haga punto de interés nacional que el Gobierno intervenga enérgicamente, canalice ese flujo de riqueza, lo dirija y lo obligue a invertirse en forma reproductiva y permanente, a fin de ir creando una actividad económica que garantice que, el día en que desaparezca el petróleo, Venezuela será una nación normal, que podrá seguir viviendo” (Uslar,1983, p.96).

¿Cómo respondía el Ejecutivo ante la situación económica que se ha descrito? Uslar denominaba a las políticas del gobierno como parte de un “capitalismo de estado” necesario para los tiempos que se avecinaban.

“Este es precisamente el camino que ha tomado el Gobierno de la Nación...Estas medidas han sido: la protección arancelaria, que ha continuado el sistema de contingentes de importación; el capitalismo de Estado, que es muy importante en Venezuela, y por el cual la Nación, en función de promotora de industrias y en función de gran banquero, como irónicamente se ha querido decir por allí, ha estado aportando dinero barato para que se funden industrias, para que se emprendan labores agrícolas, para que algo de la riqueza petrolera quede y arraigue en tierra venezolana; las primas de exportación, el dólar-fruto, el sistema que ha establecido el control de cambio y que permite que Venezuela siga exportando café y cacao, porque de otra manera se podría llegar incluso a la paradoja de importar Medellín Excelso del mercado de Nueva York y venderlo a precio más barato del que alcanza nuestro pasilla más inferior; y por último, la legislación obrera, el seguro social, la jornada de ocho horas, y la protección del capital humano de la República...” (Uslar, 1983, p. 96- 97).

El tiempo y la realidad de lo ocurrido en otros países y lo que temía podía sobrevenir en Venezuela, harían que el mismo Uslar, con otra visión del mundo, desdeñara el capitalismo de Estado que antes propugnaba. En una conferencia dictada en febrero de 1958 en la Asociación de Ejecutivos de Venezuela, poco más de una década después de aquellos encuentros en el Club Venezuela y como testigo de la estructura burocrática de Marcos Pérez Jiménez, el doctor Uslar afirmó que el:

“Si sigue creciendo ilimitadamente, Venezuela va a llegar a ser un país, no ya de dependientes del petróleo, sino de dependientes del Estado, y ese capitalismo monstruoso de Estado llegará fatalmente a convertirse, como en el pasado se convirtió, en una terrible máquina de tiranizar” (Uslar, 1990b, p. 219).

Las palabras de Uslar son como un presagio de la realidad de más de medio siglo después. El capitalismo de Estado creció vertiginosamente e hizo que la población se convirtiera en dependiente del Gobierno venezolano con las consecuencias sociales, económicas y políticas conocidas en el país que otrora fuera considerado el más rico de la región.

Los otros liberales

Del lado opuesto a las políticas oficiales, estaban otros actores que entendían de una manera distinta la conducción del Estado. Los sectores económicos se organizaron ante las presiones del Gobierno e hicieron sus observaciones. Por eso surge la organización patronal Fedecámaras en este período. El escritor Enrique Bernardo Núñez escribió en el diario El Universal que un informe de la Junta de Defensa Económica

“…rechaza la dirección del Estado en las empresas particulares, aunque acepta y solicita su ayuda...economistas de un día no tienen inconveniente, sobre todo si gozan de impunidad, a causar los mayores daños. Aquí se copian leyes, disposiciones, sin detenerse mucho. Los órganos consejeros del Estado pueden estar en manos de gente inepta, mentalidad burocrática, inspirada en los intereses políticos del momento o en propósitos demagógicos. Mucho se ha experimentado aquí esto... Pero también es cierto que la capacidad puede faltar del otro lado y que ‘un capitán de la industria’ defraude el apoyo del Estado” (Núñez, 1983, p. 45).

La posición de otro diario, La Esfera, dirigido por Ramón David León, también entraba en abierta confrontación con la política oficial. Dice esto uno de sus editoriales de primera página:

“La intervención creciente del gobierno en la esfera de las actividades hasta ahora reservadas al capital privado son el más claro indicio de que la tesis que patrocina una organización económica dirigida oficialmente sigue cobrando cuerpo en el país, a pesar del fracaso de las experiencias realizadas entre nosotros. La libre iniciativa, el estímulo de las utilidades adecuadas a la inversión y a los riesgos, y el campo abierto a las energías y al espíritu de empresa de los particulares, están siendo acorralados bajo la influencia de postulados teóricos que en su forma original tuvieron motivación en los preparativos guerreros, o en la tremenda crisis capitalista iniciada en la semana trágica del otoño de 1929” (La Esfera, 1983, p.163).

El documento periodístico no ahorra epítetos para los partidarios de la política de la intervención.

“Nuestros ‘diletantes’ de la economía y las finanzas, divorciados de la realidad, ajenos a la labor creadora, ignorantes de las características del medio, y sin la suficiente cultura científica para abarcar en profundo detalle el pro y el contra de la cuestión, se lanzaron entusiasmados a extraer de las publicaciones tecnocráticas o intervencionistas los elementos abstractos que luego han querido convertir en artículo de fe, validos de la subversión de las jerarquías sociales y mentales que de unos años a esta parte ha permitido el ascenso de los incapaces a los altos cargos de la administración y la privanza de los pseudotécnicos, cuya labor dañina para la República ha sido constante tema de nuestra línea de conducta editorial” (La Esfera, 1983, p.163).

Aunque el editorial anuncia que la intervención ha sido llevada a cabo en otros países de la región, la rechaza por ser contraproducente a la economía.

“Aquí, como en todos los demás países americanos donde la doctrina de la economía dirigida viene siendo objeto de ensayos temporales que siempre desembocan en la bancarrota del descrédito, hemos sufrido los efectos de esa moda, que no de otra manera puede calificarse la obsesión intervencionista de quienes, incapaces para labrarse una posición en la órbita de la libre competencia profesional, comercial, industrial o financiera, quieren jugar con los dineros públicos para aplicar su tesis, o entrometerse en el círculo del capital privado para desviarlo conforme a su criterio....Y los pueblos que como el norteamericano se han aventurado por los caminos del intervencionismo a causa de la crisis ya citada, o de la conflagración actual, han tenido buen cuidado de mantener intactas las líneas generales de un templado liberalismo económico, como garantía de surgimiento en los años inquietantes de la posguerra” (La Esfera, 1983, p.163 -164).

La preocupación del periódico es patente en el tema del control de precios. Añadiendo calificativos a los intelectuales pro gobierno, dice el editorial de La Esfera:

“La economía dirigida es un arma que arruina a los empresarios y enriquece a los elementos del oficialismo. La facultad de imponer restricciones, o de ampliar facilidades, puede ser aprovechada en beneficio propio según lo demuestra la experiencia. Mientras los hombres que van a la democracia y son, por tanto, los encargados de aplicar las normas coactivas impuestas por el gobierno en materia económica, no prueben su superioridad sobre los ciudadanos que en pugna con las negativas condiciones del medio han sabido triunfar y fomentar fuentes de producción y de prosperidad general, nadie podrá creer en las ventajas de una economía dirigida que para mantenerse sólo dispone del poder ilimitado del gobierno, y que se nutre de las lucubraciones plagiarias de pseudointelectuales ineptos para surgir en la lucha personal por el bienestar y la riqueza” (La Esfera, 1983, p.165).

En el mismo diario escribió sobre “Los peligros de la economía dirigida” el joven dirigente político José Antonio Pérez Díaz. Partidario del liberalismo sin control del Estado, el articulista cuestiona el proteccionismo que justifica la intervención oficial.

“Las libertades políticas se hacen estériles en la práctica cuando no son complementadas con las libertades económicas, como lo demuestra los ejemplos de Alemania e Italia, donde el intervencionismo originó dos de los más monstruosos regímenes que recuerda la historia...Lógicamente, el individuo, al ver las trabas que se oponen a su espíritu de empresa y sabiendo que ni su talento ni sus relaciones ni su dinero le permitirán sacar el mejor provecho de las oportunidades, porque el gobierno le fijará limites caprichosos a su acción, se desvía hacia las inversiones parasitarias, como está aconteciendo entre nosotros, conforme lo demuestra el movimiento fabuloso de las operaciones en bienes raíces, única órbita abierta al capital” (Pérez, 1983, p. 191).

La argumentación del gobierno giraba en torno a producir internamente para evadir las importaciones. Pérez Díaz difiere de esa idea y se inclina por las importaciones como factor clave de la economía.

“La gran nación del Norte, proveedora de la humanidad, está lista actualmente para atender a los pedidos del continente, pero las limitaciones establecidas por nuestras autoridades hacen imposible que los establecimientos mercantiles se surtan en Norteamérica. Todos los tratados bilaterales, los acuerdos comerciales firmados, son prácticamente inoperantes si nuestro gobierno no resuelve al fin devolver la libertad a los comerciantes” (Pérez, 1983, p. 191).

La posición del articulista es a todas luces a favor de mantener las importaciones, cosa que rechazaba el Gobierno que buscaba romper la dependencia externa de la economía.

Realizada esta revisión crítica a la documentación y discursos de la época medinista, se procede a unas reflexiones finales en torno al tema.

Conclusiones

1. 1. El gobierno de Medina Angarita podría ser el primer antecedente de un modelo de sustitución de importaciones en Venezuela, antes de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se constituyera en Latinoamérica. La propuesta cepalina tuvo su aplicación a finales de los años 50 como una vía para sacar a los países del continente del llamado sub desarrollo, concepto que tomaría fuerza tiempo después de la gestión medinista.
2. 2. Isaías Medina Angarita tomó el pulso del rumbo que llevaría el mundo después de la guerra. Ello explicaría decisiones inesperadas como la supresión del Inciso VI que prohibía la propaganda y actividad comunista en Venezuela, una manera de reconocimiento a la Unión Soviética como parte de los Aliados en el tablero del ajedrez político mundial, ya que tras la conflagración, esta potencia se repartió áreas de influencia en el mundo con los Estados Unidos como la Europa Oriental.
3. 3. Pero también, el general Medina supo aprovechar los nuevos espacios que se abrían desde el gran vencedor de la contienda mundial en el sentido del reconocimiento de la soberanía de las naciones y en la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Ambos, Venezuela y Estados Unidos se necesitaban, sobre todo, ante la posibilidad de una nueva guerra que hacía a la nación del norte más dependiente de una fuente petrolera en manos amigas, dada la experiencia de la revolución en México y su nacionalización petrolera de 1939.
4. 4. Con Medina se sentaron las bases de un Estado moderno que se acoplaba a lineamientos de instancias de las Naciones Unidas. La idea de paz necesitaba un respaldo concreto en mejores condiciones de vida para la población a través de políticas de bienestar que deberían fomentar los gobiernos. Por ello, se crearon organismos como el Seguro Social, programas de vivienda y se establecieron normativas de protección laboral a tono con criterios internacionales. Ya lo advertía el economista J.J. González Gorrondona en el ciclo de conferencias que se celebró en el Club Venezuela: “Las obligaciones internacionales que se desprenden del pacto de las Naciones Unidas y Asociadas implican la prosecución de políticas nacionales a base de objetivos comunes: trabajo total, mejoramiento económico, seguridad social” (González, 1983).
5. 5. Sigue siendo materia pendiente en Venezuela la superación de una mentalidad rentista que frena la iniciativa del trabajo productivo y emprendedor como fuente de riqueza. El aserto de hace 60 años hecho por Arturo Uslar Pietri se mantiene como diagnóstico de la realidad del presente: “…Venezuela es como una península económica, aislada, por el cambio, los precios y los costos, del intercambio con el extranjero y unida a la economía mundial por un solo producto: el petróleo”. (Uslar, 1990, p. 43)
6. 6. Las tesis del liberalismo político y económico que vieron luz en el siglo XIX han cobrado mucha fuerza en el mundo de hoy, a pesar de la permanencia de regímenes totalitarios que se encuentran con la resistencia democrática. En el plano económico, hasta China, que se rige por un sistema político declarado marxista, ha aprendido que el mercado tiene sus reglas y en menos de cuatro décadas se ha convertido en un imperio económico gracias a su apertura al capitalismo. La conquista de la democracia es una necesidad donde perviven sistemas dictatoriales.
7. 7. El capitalismo de Estado que desdeñó Uslar Pietri y que vio como una verdadera amenaza a la libertad, terminó imponiéndose en Venezuela con una alta dosis de populismo que creó relaciones de dependencia de la sociedad con el gobierno de turno, consolidando una estructura de control con escaso margen para la autosostenibildad y las iniciativas independientes.

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Notas

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