Participación política juvenil en el Chile neoliberal ¿desencanto, desesperanza o repolitización?^*

Youth Political Participation in Neoliberal Chile: Disenchantment, Hopelessness, or Politicization?

Bruno Bivort electronico:bbivort@ubiobio.cl

Universidad del Bío-Bío, Chile

Soledad Martínez-Labrín cmartine@ubiobio.cl

Universidad del Bío-Bío, Chile

El 1.º de octubre de 2019 el Gobierno chileno, a través del Ministerio de Transporte, estableció un alza de 30 pesos en el pasaje del Metro de Santiago. En los días sucesivos, jóvenes estudiantes de enseñanza secundaria protagonizaron masivas evasiones y un llamado a la población a no pagar el servicio de transporte, bajo el lema: “No son 30 pesos, son 30 años”. Seguidamente, el descontento y las protestas se extendieron por todo el país, generando la crisis política y social más profunda desde el retorno a la democracia, que alcanzaría su momento más álgido el 18 de octubre de 2019 con un estallido social. Para distintos autores, el descontento que dio origen al estallido social es producto de un sistema político que paulatinamente se fue cerrando en un estrecho marco, dado por la institucionalidad impuesta por la dictadura; durante los gobiernos de la transición este marco institucional no tuvo mayores cambios, más allá de los que fue posible consensuar entre los dos grandes bloques políticos que surgieron del entramado jurídico-normativo plasmado en la Constitución de 1980, los cuales no alteraron significativamente el proyecto neoliberal de democracia restringida (Mayol, 2019; Palma et al., 2022).

Los hechos acontecidos el 18-O han sido considerados como el corolario de una serie de movilizaciones que los jóvenes chilenos habían impulsado en oleadas desde el año 2001. En términos generales, salvo algunas concesiones de carácter económico, sus reivindicaciones de cambios más profundos se han encontrado con un Estado incapaz de procesar sus demandas (Araujo, 2019; Rivera-Aguilera et al., 2021). Las movilizaciones protagonizadas por los jóvenes en el periodo postransicional en Chile comenzaron con el Mochilazo de abril del año 2001, fecha que marca un punto de inflexión en la actitud política de una parte considerable de jóvenes, que desde el retorno a la democracia, a inicios de la década de los 90, habían mantenido una actitud fundamentalmente pasiva, sin involucrarse activamente en acciones de protesta política. “Mochilazo” es el término acuñado en los medios de comunicación para referirse a una serie de manifestaciones del movimiento estudiantil de secundaria, que tuvieron lugar durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Estas acciones estudiantiles, que surgieron en oposición a lo que se percibía como un elevado costo del “pase escolar” -un documento que permitía a los estudiantes acceder a tarifas subsidiadas en el sistema de transporte público-privado-, se convirtieron en un punto de inflexión significativo.

Durante el Mochilazo, miles de jóvenes marcharon por la Alameda hasta llegar frente al palacio de gobierno, exigiendo un aporte del Estado para su transporte diario. En la jornada fueron fuertemente reprimidos por fuerzas especiales de la policía, dejando un saldo de más de 500 detenidos, varios estudiantes heridos e innumerables daños en la vía pública. Hasta ese momento, eran las empresas de transporte privado a cargo de la locomoción colectiva las que asumían el costo de la rebaja en el valor de los pasajes, pero a partir de ese momento, el Ministerio de Educación anunció que el Estado asumirá el costo del “pase” estudiantil (Borri, 2016; Muñoz y Durán, 2019).

Posteriormente, en el año 2006, entre los meses de mayo y diciembre, se produce una segunda movilización de carácter nacional iniciada también por estudiantes secundarios y conocida como “La rebelión de los pingüinos”, en alusión al uniforme propio de gran parte de los establecimientos educacionales de Chile. Esta vez las demandas estaban centradas en la calidad de la educación y el rol que en ella le compete al Estado, incorporando aspectos políticos que iban más allá de las reivindicaciones económicas (Vera, 2012). Durante la rebelión de los pingüinos los estudiantes señalaban que el fracaso escolar de los alumnos matriculados en colegios municipales estaba relacionado con la baja renta de sus familias; criticaban la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), heredada de la dictadura militar y solicitaban que se convocara a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución; además, remarcaban que el Estado debía retomar la gestión de la enseñanza secundaria (Borri, 2016).

El movimiento estudiantil de 2006 se caracterizó por su masividad a lo largo del país, y por la ocupación pacífica de instituciones públicas, situación que en la capital abarcó el 90 % de los establecimientos educacionales, y que en las regiones también alcanzó niveles históricos de participación (González et al., 2018).

En el año 2011 se vive otro momento de gran efervescencia, cuando a las demandas de los estudiantes secundarios se suma la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), integrada por las principales universidades del país, donde la demanda central va a ser una educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. Este movimiento, que será conocido como Movimiento Nacional por la Educación, encontró eco en gran parte de la sociedad chilena, caracterizándose por la magnitud de su alcance. Tanto es así que el 30 de junio de 2011 marcharon por la Alameda más de 200 000 personas, en la protesta masiva más numerosa hasta ese momento, desde el retorno a la democracia.

La repolitización, reflejada en un renovado activismo político juvenil, marcó un giro significativo en 2012 (Mayol, 2012; Salazar, 2012). Diversos autores han señalado que el 2011 fue año de demostración del malestar acumulado, a causa del modelo económico-social y la forma de modernización del país, principalmente por los injustos resultados de ese proceso, lo que estaba generando el distanciamiento del sector juvenil respecto de las instituciones democráticas tradicionales (Guzmán-Concha, 2012; Somma, 2012; Cummings, 2015).

En mayo de 2018, nuevamente las universidades vuelven a ser protagonistas de un fuerte movimiento social, en esta ocasión liderado por las mujeres. Se conoció como el Mayo feminista, porque ocurrió al tiempo que se conmemoraban 50 años del Mayo francés. Este movimiento fue impulsado en su origen por las estudiantes, y luego se sumaron funcionarias y académicas, que protestaron fundamentalmente por el acoso y violencia sexual que las mujeres viven en la educación, especialmente en las instituciones de educación superior. Pronto la queja se expandiría a otros sectores de la sociedad y se ampliaría a otras formas de desigualdad de género (Zerán, 2018).

Esa secuencia de hechos podría ser interpretada como el resultado de un proceso de repolitización de la juventud, y de la sociedad chilena en general, expresada en un resurgimiento del interés y la participación activa en asuntos políticos, caracterizado por un aumento de su implicación en movilizaciones, debates públicos y procesos democráticos (Morán, 2019).

En 2019 surge una gran movilización trasnversal, que ha venido a ser denominada estallido social. A partir de este acontecimiento, Chile se enfrentaba por primera vez después de 40 años a la posibilidad de redactar una nueva carta magna en un contexto democrático, donde los problemas y conflictos que habían encontrado su expresión en las calles se canalizaban por la vía de un posible cambio constitucional (Mayol, 2019; Rivera-Aguilera et al., 2021; Canales, 2022).

Actualmente, a tres años del estallido, y habiendo sido rechazada la propuesta de nueva Constitución en un plebiscito nacional (con el 62 % de los votos), permanece la duda de si lo que se produjo fue un resurgimiento de la acción política colectiva, o más bien una manifestación masiva de rabia en contra de los abusos de un sistema, pero prevaleciendo la búsqueda de beneficios individuales (Araujo, 2020; 2022; Rojas, 2021; Figueroa, 2023).

La pérdida de interés por la política y la desconfianza hacia los partidos políticos no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de los jóvenes. Se trata de una realidad que lleva al menos tres décadas y que también es compartida con otros grupos etarios. Tampoco es una problemática única de Chile o Latinoamérica, sino que más bien corresponde a una situación de carácter global. Sin embargo, en el caso de los jóvenes chilenos, ha llamado la atención la acelerada caída en los niveles de confianza hacia las instituciones políticas, ya que en 1996, de acuerdo con información proporciona por la Coorporación Latinobarómetro, el 29 % de los jóvenes señalaba que confiaba en los partidos políticos. Estudios posteriores demostrarían que para el 2004, dicho porcentaje había caído al 9 %, en el 2009 a un 2,2 %; y en el 2013 a un mínimo de un 1 % (Corporación Latinobarómetro, 2015; Instituto Nacional de la Juventud, 2004; 2009; 2017); para el año 2018, de acuerdo con datos proporcionados por la novena Encuesta Nacional de Juventud, solo el 1,2 % de los jóvenes reconoce haber participado en un partido político durante el último año (Instituto Nacional de la Juventud, 2018). Esta tendencia se revierte considerablemente después del estallido social, cuando el interés de los jóvenes por participar de un partido político alcanza un 8,1 %, la cifra más alta en 12 años (Instituto Nacional de la Juventud, 2022).

El descontento también se expresa en la abstención electoral. En el caso chileno, desde el retorno a la democracia existía una ley electoral que consignaba el voto obligatorio y la inscripción voluntaria en el padrón electoral. Esto se modificó el 31 de enero de 2012, momento en que comenzó a regir la Ley N.º 20.568 sobre inscripción automática y voto voluntario, que buscaba precisamente revertir la baja participación juvenil en los procesos eleccionarios, ya que era ese segmento el que no se inscribía voluntariamente. Sin embargo, la participación electoral no ha mejorado con la iniciativa legal; y según registros del Servicio Electoral de Chile (2013) en la primera vuelta de las elecciones de 2013 votaron 1 105 456 jóvenes de entre 18 y 29 años (el 17 % de la cantidad total de votantes), lo que representaba el 32 % de la población joven chilena de entre 18 y 29 años, según las proyecciones de población para ese año del Instituto Nacional de Estadísticas (Bargsted et al., 2019; Fuentes, 2019).

En las elecciones presidenciales del año 2017, la participación electoral llegó a mínimos históricos, siendo los jóvenes el segmento con menor participación en las votaciones. La participación electoral a nivel nacional fue solo de un 46,6 %, en tanto que un 53,4 % no sufragó (Servicio Electoral de Chile, 2021). Este porcentaje representa una caída de 37,6 puntos porcentuales respecto de los electores que participaron en las elecciones presidenciales de 1989, ocasión en la que sufragó el 84,2 % de la población habilitada para votar (Contreras-Aguirre y Morales-Quiroga, 2014). Aún más, tres de cada diez jóvenes de entre 23 y 29 años no habían participado en ninguna de las seis elecciones en las que podrían haber votado, y solo un 17 % había participado en todas las elecciones durante ese periodo. Esto se agravaba en las comunas de menores ingresos, donde la participación se reducía en 20 puntos porcentuales respecto de las comunas de mayores ingresos (Ríos, 2017).

Estudios anteriores realizados con estudiantes universitarios en Chile reportan que los jóvenes establecen una fuerte asociación entre política y corrupción, y que la mayoría opinaba que en el momento la democracia en el país se encontraba debilitada, constituida por una ciudadanía sin capacidad de agencia colectiva y con escasos canales de participación efectiva (Sandoval y Hatibovic, 2010; Sandoval, 2012). En un estudio realizado por Sola y Hernández entre los años 2014 y 2015, para examinar la relación entre la falta de voto y las nuevas formas de participación entre jóvenes universitarios de Chile y España, se concluyó que la frustración dominaba más que la apatía hacia la política (Sola y Hernández, 2017).

También se ha observado que un porcentaje no despreciable de jóvenes busca nuevas formas de participación política, incorporando prácticas derivadas del uso de la tecnología y las redes sociales, y de una creciente valorización de la acción directa (Valenzuela, 2007). Algunos grupos de jóvenes tienden a participar más en acciones políticas de carácter no convencional, como acciones colectivas no institucionales (protestas, paros, marchas o tomas), y a la vez menos en actividades políticas convencionales (integrar partidos políticos, sufragar), asumiendo ambas modalidades de forma pragmática e instrumental, pero sin considerarlas necesariamente excluyentes (Instituto Nacional de la Juventud, 2017).

Una explicación para este fenómeno, que se ha catalogado como un desencanto con la política, podría encontrarse en las características que asume la democracia desde el inicio de la transición: restringida y excluyente, asociada a un modelo económico que deja a importantes sectores sin acceso a educación de calidad y fuentes de empleo estables. Este modelo ha generado una brecha social que se expresa en términos espaciales, pero también en términos de la relación del Estado con la ciudadanía. Se estableció un sistema de gobierno sobre la base de una ciudadanía política débil y que se erosionó más por la pérdida de los derechos civiles en las esferas económica y social, bajo el argumento de que era necesario mantener la estabilidad de la incipiente democracia. Ello condujo a la deslegitimación paulatina de la democracia, al no lograr representar adecuadamente los intereses de los ciudadanos; “una sociedad neoliberal con baja intensidad de participación democrática formal, de brechas y distanciamientos entre las experiencias de las elites y del mundo social y popular” (Moyano, 2016, p. 36).

A todo lo anterior se agrega que la institucionalidad del periodo transicional en materia de políticas juveniles permitió mantener programas enfocados hacia las organizaciones mediante mecanismos de transferencia condicionada de recursos. Se financiaban iniciativas juveniles que eran sometidas a concurso, con el cual las organizaciones competían por los fondos y se incorporaban a una dinámica de control por parte de organizaciones gubernamentales. Dichos concursos estaban principalmente enfocados a capacitaciones laborales, con énfasis en el emprendimiento individual, en lugar de fomentar la asociatividad y la cooperación, al mismo tiempo que en los programas de empleo juvenil se privilegiaba la productividad y la estabilidad económica, por sobre los derechos laborales y sindicales, el apoyo a microempresas y en el ahorro individual, que se transformaron en los ejes del individualismo económico (Paredes, 2007; Jara, 2013; Valdivia, 2013).

Cabe la posibilidad, entonces, de que la juventud actual esté expresando la manifestación social de un cambio cultural, que se traduce en un cuestionamiento de la forma en que la democracia representativa ha estado operando, limitando y/o excluyendo a la ciudadanía, poniendo énfasis en políticas públicas de carácter tecnocrático, que han contribuido al debilitamiento de la acción ciudadana (Paredes, 2011). En este sentido, el grado de aversión ciudadana hacia la política sería consecuencia de la forma en que las instituciones democráticas se han estado vinculando con la ciudadanía (Toro, 2008).

Es posible, de esta forma, plantear que la actual desconfianza de los jóvenes en el sistema político chileno deriva, en parte, de la naturaleza de los acuerdos políticos que se establecieron en el periodo de la transición a fines de la dictadura, y que ha generado consecuencias negativas y duraderas en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, que además se han profundizado por el modelo neoliberal. Así mismo, la ciudadanía ha declarado que no se siente representada por la actual dirigencia política, cuyo desempeño ha estado basado en el clientelismo, y en la falta de rendición de cuentas y de transparencia en su actuar (Salazar, 2015).

Diversos autores sostienen que la hegemonía neoliberal podría explicar en gran parte la despolitización, porque dicho modelo se asocia a procesos de subjetivación que van produciendo individuos más enfocados en el trabajo y el consumo, con una actitud más individualista que colectivista (Araujo y Martuccelli, 2020). Para Juan Carlos Gómez (2010) este desinterés, que no es exclusivo de la juventud sino que sería la expresión de una nueva ciudadanía, donde en aras de la más extrema libertad individual se desvinculan de todo, se inhiben y se apartan de las responsabilidades cívicas y políticas. Sin embargo, la expansión del neoliberalismo y la instauración de un orden económico globalizado estaría afectando en mayor medida a la juventud:

Las generaciones jóvenes han vivido con particular intensidad los efectos del neoliberalismo y su correlato en la vulneración y precarización de las experiencias previas de subjetivación social y política. Los dispositivos de despolitización bajo la impronta neoliberal afectaron significativamente los procesos de socialización e integración política de los jóvenes al sistema, lo que se evidencia en el ingreso cada vez más precario al sistema educativo y en el creciente protagonismo de los jóvenes en las cifras de pobreza, desempleo y violencia. (Cubides, 2015, p. 139)

Esta nueva ciudadanía política, social y cultural ha sido moldeada de acuerdo a los principales lineamientos del proyecto político, social y cultural neoliberal y se trata de una ciudadanía despolitizada, conservadora, conformista, individualista, apática y totalmente indiferente con la actividad política en general y con la democrática en particular. De igual forma, el poder que adquieren los grupos económicos en el neoliberalismo aumenta los problemas de corrupción del tipo empresa-política, en sociedades que poseen menos mecanismos de control, y esto también contribuye al desprestigio de las actividades políticas y un mayor desencanto por parte de la ciudadanía (Pavón-Cuéllar, 2017).

El desencanto, la desconfianza en los partidos y el desinterés por ejercer los derechos políticos también se puede explicar por la experiencia traumática derivada de la dictadura militar, y la aplicación de políticas de shock utilizadas para la instauración del modelo neoliberal, como la supresión de la mayoría de los derechos sindicales y la pérdida de derechos de toda índole (Ortiz, 2006), así como también por la vulneración de derechos humanos a partir de la represión destinada a frenar el descontento social (Bravo, 2012).

Desde la perspectiva de una sociedad neoliberal, los conflictos sociales son considerados riesgosos para las inversiones y los procesos productivos, y debilitan la competitividad en un mundo económicamente globalizado. Algunos incluso creen que la despolitización fue un proceso deliberado, “sobre la base de la caída inducida de la actividad colectiva popular y de clase media como forma relevante de acción social, y del vaciamiento y la despolitización de la esfera social y económica” (Báez, 2020, p. 454).

Para Claudio Fuentes (2021), la despolitización ya no se trataría de una crisis de representación, sino de una crisis política que tendría por lo menos tres explicaciones:

1. 1. La oligarquización de la política, por la cual los partidos se fueron encapsulando y le dieron la espalda a los emergentes intereses sociales.
2. 2. Las instituciones creadas por la Constitución, las que provocaron esta crisis. El sistema binominal, los quorums de aprobación de leyes, los puntos de veto, el excesivo presidencialismo, fueron marcando una “forma de hacer las cosas” que agotó el proceso político.
3. 3. El cambio estructural socioeconómico. La crisis del estancamiento del PIB per cápita en US$ 15 000, que transforma las expectativas sociales de la emergente clase media y fuerza a una actualización institucional. Una crisis de “acceso de oportunidades” (p. 52).

Para Kathya Araujo (2019), las diversas explicaciones no son excluyentes, y actúan como un todo integrado, en forma de un

circuito compuesto por una articulación de desmesuras, desencantos, irritaciones y, finalmente, desapegos. Se trata de un circuito que admite dos entradas comprensivas. Puede ser leído de manera lineal, es decir, entendiendo que una cosa siguió a la otra en el tiempo: las desmesuras llevaron a los desencantos, los desencantos a las irritaciones y estas a los desapegos. Pero, también es posible hacer de él y de sus componentes una lectura más bien circular y sincrónica. Todos estos componentes actúan hoy simultáneamente y la actuación de cada cual retroalimenta a los demás. (p. 17)

Si se acepta la hipótesis de que los procesos de desencanto pueden estar asociados a un conjunto de prácticas juveniles que se ubica más allá de la participación en las instituciones formales de la política, tendríamos que asumir que estamos frente a un proceso de repolitización (Bonvillani et al., 2008; Alvarado y Vommaro, 2010; Zarzuri, 2010). De hecho, el informe del PNUD sobre desarrollo humano en Chile del año 2015 tiene por título Los tiempos de la politización, y se propone “analizar los desafíos del momento actual de Chile describiendo las tensiones, ambivalencias y potencialidades del proceso de politización en curso” (p. 3). Dicho informe advertía de la existencia de diversos signos de politización de la sociedad chilena, la cual abarcaría “diversos planos de lo social: como ampliación de la discusión pública, como aumento de la conflictividad y la movilización social, como involucramiento ciudadano” (PNUD, 2015, p. 15), apuntando que “una de las señales más evidentes del proceso de politización que experimenta la sociedad chilena es la incidencia creciente que adquieren los movimientos sociales a la hora de incorporar temas y demandas a la discusión pública” (PNUD, 2015, p. 16).

Desde la perspectiva de la politización, el distanciamiento de los jóvenes respecto de la política podría estar asociado más que a un desinterés por los asuntos políticos, a un cambio en los canales usados para el ejercicio de la ciudadanía política. Así, el desapego hacia las instituciones formales va acompañado de una mayor inclinación a participar en acciones colectivas y a movilizaciones políticas, fuera de los canales tradicionales de representación mediada por los partidos políticos (Kenneth, 2016).

Sin embargo, hay quienes muestran cautela respecto de la hipótesis de la politización de largo alcance, ya que las demandas que más han movilizado a la ciudadanía chilena en el último tiempo han sido por educación gratuita, contra el fin de lucro en la enseñanza y el modelo de AFP, y algunas otras demandas sectoriales o regionales; por lo cual más que procesos de politización, estos pueden ser movimientos que logran articular demandas económicas de carácter colectivo, pero desde una motivación individualista (Araujo y Martuccelli, 2020).

El presente artículo busca dilucidar si, desde la propia perspectiva de los jóvenes, el segmento etario que componen enfrenta un proceso de repolitización, o si más bien las diversas olas de protestas protagonizadas por jóvenes constituyen solo momentos de expresión colectiva de un sentimiento de malestar específico e individual.

Las preguntas que han orientado la investigación son: ¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los jóvenes universitarios chilenos respecto a la democracia y la participación política en Chile?, ¿qué formas de participación política desarrollan los jóvenes? y ¿cómo evalúan el funcionamiento de las instituciones políticas en el país?

La aproximación metodológica utilizada corresponde a un enfoque mixto, con un carácter exploratorio y descriptivo. La integración de elementos cuantitativos y cualitativos sigue un diseño secuencial exploratorio (Creswell y Creswell, 2018), dado que en un primer momento se busca la comprensión de los significados y prácticas sobre participación política mediante procedimientos de carácter cualitativo, para luego utilizar técnicas cuantitativas que permitan dar mayor robustez a las conclusiones (Tashakkori y Teddlie, 2009; Pereira, 2011).

En la primera fase se realizaron 36 entrevistas semiestructuradas individuales (a 18 mujeres y 18 hombres), y 2 grupos focales (de 14 hombres y 14 mujeres), todos estudiantes universitarios de diversas carreras de pregrado de la Universidad del Bío-Bío, sede Ñuble. La selección de las y los participantes se llevó a cabo por medio de criterios estratégicos no probabilísticos. La fase cuantitativa estuvo constituida por 357 cuestionarios autoadministrados en los que participaron estudiantes pertenecientes a distintas facultades de la misma Universidad, (148 hombres y 209 mujeres). El trabajo de campo se desarrolló un año antes del estallido social. La recolección de los datos ha considerado los amparos éticos de consentimiento informado y los nombres de los entrevistados han sido modificados, para asegurar el anonimato.

Respecto del análisis, para las entrevistas se ha procedido a establecer y agrupar unidades de sentido recurrentes, a través de un proceso de codificación selectiva y abierta, estableciendo su enraizamiento y densidad desde la lógica del método comparativo constante. Por medio de procedimientos de análisis de contenido, se han identificado y categorizado los componentes que permiten la comprensión de los aspectos centrales y que han dado paso a la elaboración de categorías emergentes en diálogo permanente con el marco de referencia, para lo cual se ha utilizado el programa Atlas.ti (versión 9.0.23).

Para el análisis de los cuestionarios, se procedió a desarrollar un procesamiento estadístico descriptivo, separando la información por variables y usando estadígrafos para la distribución de frecuencias, expresadas en porcentajes para las preguntas que constituyen variables nominales, en tanto que se han usado medidas de tendencia central, específicamente la media y desviación estándar para las variables, en forma de escala o de carácter ordinal. Para el procesamiento de los datos de naturaleza cuantitativa se ha hecho uso del paquete estadístico SPSS (versión 26.0).

Las categorías utilizadas para la exploración de los datos cualitativos fueron: concepciones de ciudadanía, percepción sobre la participación política, formas de participación política, concepciones de democracia, percepción sobre la democracia en Chile, y funcionamiento de las instituciones políticas.

El estudio tuvo como propósito explorar la percepción de la juventud chilena sobre la democracia y su participación política. A continuación, se presentan algunos resultados que sustentan las categorías del estudio, incorporando los resultados de la fase cualitativa y cuantitativa. Se incluyen relatos relevantes que permiten ilustrar los hallazgos comentados.

Como primer elemento relevante, se puede argumentar que las entrevistas dan cuenta de una visión más bien crítica de los jóvenes respecto de la democracia en Chile:

La democracia en Chile me parece que no se cumple como debiera, ya que hay poco interés de parte de la gente en participar en política ya que tienen una mala percepción sobre esta y la asocian a cosas negativas como corrupción, mentiras y problemas. (Sara, entrevista, septiembre de 2018)

Chile no tiene democracia. La decisión está a cargo de los grandes empresarios del país, y que las políticas están respaldando a la gente con poder, para entregarles más poder. La actual “democracia” chilena, tiene solo eso, el nombre; pues nuestro país aún mantiene conductas que son antidemocráticas. De cierta forma se dice que nos encontramos en un gobierno democrático para mantener la tranquilidad de la comunidad o pueblo, pero se siguen llevando a cabo muchas actitudes de corte dictatorial. (Carolina, entrevista, septiembre de 2018)

Los resultados cuantitativos vienen a ratificar esta visión. Frente a la pregunta: ¿qué tan satisfecho está con el funcionamiento democracia en de la Chile?, el 26 % de los encuestados dijo estar nada satisfecho, un 54 % afirmó no estar muy satisfecho, y tan solo el 20 % afirma estar conforme.

Respecto de las razones dadas en las entrevistas para el desencanto con la democracia, aparece recurrentemente la corrupción y la influencia de las empresas sobre los actores políticos que representan a la ciudadanía.

La democracia como sistema político, en la actualidad responde más a la lógica de preservación de los privilegios económicos de un grupito de poderosos, por sobre una potenciación de los derechos sociales de la mayoría de las personas. Entonces en el neoliberalismo, la libre competencia es una forma de regular la economía y la economía es la que finalmente regula la política. (Claudio, entrevista, octubre de 2018)

Sin embargo, al medir la percepción relacionada con las opiniones vertidas en las entrevistas, a través de las preguntas del cuestionario, se obtiene que solo un 11 % de los encuestados considera que la democracia en Chile se ha debilitado a causa del neoliberalismo, mientras que un 53 % opina que no. Un 36 % dice que se ha debilitado, pero parcialmente. Es posible argumentar que la crítica de los jóvenes se centra en el manejo corrupto de los asuntos públicos por parte de la clase política, pero esto no necesariamente es asociado con aspectos económico-sistémicos.

En conexión con lo anterior, la insatisfacción con la democracia se asocia con una baja confianza en las instituciones políticas:

Es una institucionalidad plana, sin compromiso, fría y calculada. Ha eliminado la incertidumbre al punto en que, durante más de veinte años, los rostros y coaliciones han permanecido monopólicamente en los puestos de poder. El exacerbado cumplimiento de metas de carácter técnico, pero sin entregar espacios reales de participación en otros niveles del poder del Estado, creando “patrones de fondo” que se mantienen así en la historia. (Patricio, entrevista, septiembre de 2018)

Creo que de los organismos fiscalizadores que hay en Chile no se puede sacar nada y no se ha sacado nada, creo que una buena idea podría ser que organismos externos se aseguren de esto, certifiquen que las personas sean idóneas para los cargos, no tengan conflictos de intereses y por sobre todo que no sean personas que manejen poder económico, porque creo que el que maneja poder económico y lo mezcla con poder político es nefasto, termina siendo una mezcla nefasta. (Andrea, entrevista, octubre de 2018)

Esto es ratificado en la fase cuantitativa, donde, en una escala de 1 a 7, ni el Gobierno, ni el Congreso, ni los tribunales de justicia superan en promedio una nota de 2, y cerca del 60 % de los jóvenes los evalúa con nota de 1; lo mismo ocurre con la confianza en los partidos políticos. De igual forma, las entrevistas dan cuenta de una gran desconfianza:

Hoy en día, las instituciones que están no me representan en su totalidad. No, no hay personas que quieran realmente ayudar y progresar en este país, entonces hay tanta mentira, tanta corrupción, que no hay valores cívicos, no hay conciencia social, no hay líderes, no hay ideologías claras, por eso yo creo que en la política hoy en Chile hay una crisis, y una de gran importancia. (Miguel, entrevista, septiembre de 2018)

La verdad es que yo pienso que cada uno cosecha lo que siembra y la crisis que tenemos ahora se la ganaron, la verdad que “se la ganaron”, y para mí, esa es una frase que define muy bien el por qué se está viviendo esta crisis, la gente ya no cree en los políticos, ni en los partidos políticos, por ejemplo, los últimos años hemos visto casos de corrupción que abarcan derecha e izquierda, o sea a nivel de corrupción no se diferencian. (Sandra, entrevista, septiembre de 2018)

En términos cuantitativos esto se ve corroborado. En una escala de 1 a 7, la confianza promedio de los estudiantes en los partidos políticos es de 1,98, y el 51 % de los encuestados puntúa con 1 su nivel de confianza en los partidos.

Sobre los agentes que se asocian a la política, las principales críticas emitidas en las entrevistas se centran en los parlamentarios, afirmando que no están cumpliendo un rol de representación de las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Se argumenta que los políticos, una vez que son elegidos, se olvidan de su rol de representantes y actúan en función de sus propios intereses, los de sus partidos o intereses económicos promovidos desde los grupos de poder.

No nos representan, porque son elegidos desde el mismo partido, o sea son candidatos en general, los diputados pueden ser un poco más electos desde la comunidad, pero el tema más alto lo eligen los partidos, ellos eligen el representante y lo tiran según el apoyo popular que tenga, no es que sea representativo. (Mónica, grupo focal, noviembre de 2018)

Muchas personas ya no votan porque no se sienten identificados, no nos gustan porque son siempre los mismos, es por eso que la crisis de representación se ha dañado de esa manera, se ha dañado entre ese político corrupto y el ciudadano, porque ese desencantamiento que nosotros manifestamos se debe a la falta de confianza, y mayormente a la falta de credibilidad, porque esa sí se ha perdido. (Ronald, entrevista, septiembre de 2018)

Esto se traslada también al plano de la identificación ideológica, ya que en las entrevistas se evidencia un desencanto tanto con la izquierda como con la derecha:

Las personas saben que más que cuando vayan a votar (lo hagan) por una persona de izquierda o de derecha, el sistema va a ser igual, entonces ya saben y se dan cuenta que su voto en realidad es casi nulo, votando o no votando no influye en nada. Entonces yo creo que va por ese lado, hay cierta resignación, por ejemplo, antes los papás nuestros igual tenían como una tendencia política muy marcada, ahora en cambio, yo veo como que ya no importa, votan por el que les tinca, porque en realidad votar por derecha o izquierda es lo mismo, entonces es como resignación, que ya no va a ver cambio. (Olga, grupo focal, noviembre 2018)

En términos cuantitativos, el 40 % de los encuestados indicó no identificarse con ninguna ideología. Del 60 % restante, un 43 % se identifica con posturas de centro.

Por otra parte, los resultados evidencian que los jóvenes valoran positivamente los derechos políticos, y respecto de ellos, privilegian la participación de carácter individual que no requiere mayor compromiso de participación:

Existen diversas acciones que uno tiene a disposición para poder realizar, personalmente lo que hago es usar las tecnologías que han ido apareciendo, porque a diferencia de hace cincuenta, veinte años atrás, hoy día tenemos la oportunidad por ejemplo de dar nuestra opinión a través de los medios, que nuestra opinión sea conocida a nivel nacional sin necesidad de la televisión. Hoy día el internet es una herramienta súper útil para poder empoderarnos de las cosas que están sucediendo en nuestro país. También para ejercer la ciudadanía participo de las asambleas de mi carrera, para que así se haga valer mi opinión, en base a las personas que nos representan en la carrera en general. Otra acción es participar de las marchas sociales, participar en los grupos u organizaciones dentro de la universidad, entre otros. Para ser un buen ciudadano, en definitiva, la única forma de marcar una diferencia es a nivel individual, intentando ser un buen ciudadano. (Patricio, entrevista, septiembre de 2018)

Los resultados cuantitativos muestran que la forma de participación política más conocida entre los jóvenes es informarse sobre política y opinar y, en segundo lugar, votar en los procesos electorales. Sin embargo, si se pregunta por la actividad real, la práctica identificada por los jóvenes es participar en campañas políticas a través de las redes sociales, lo que según las entrevistas realizadas puede significar escribir un mensaje en X o Facebook, o simplemente darle “me gusta” a un mensaje y/o reenviarlo. Es decir, nos encontramos ante prácticas de ejecución privada, que no requieren mayor participación ni compromiso a largo plazo. Así mismo, se aprecia que se privilegian formas de participación de carácter informal:

Aunque me interesa la política, nunca he sido muy interesado en la institucionalidad, debido a que son aburridos y aunque igual participo de las elecciones, por ser mayor de edad, es mi manera de ejercer ciudadanía, pero siempre se ve lo mismo, los políticos mienten e ilusionan a la gente con propuestas que rara vez cumplen y por esto no me llama la atención. (Julio, entrevista, septiembre de 2018).

Bueno, es como se ve todos los días, la mayor manifestación de ciudadanía a mi parecer, ahora la más masiva y la más llamativa es mediante marcha, o sea ahora la gente cree que si ellos pueden reclamar por algo que es justo y hay más gente que piensa lo mismo, se puede congregar a un grupo de gente que esté en sintonía con lo que ellos están pensando y hacer un llamado y salir a las calles y tratar de que estas cosas se cambien. (Mario, entrevista, septiembre de 2018)

En términos cuantitativos, solamente el 24 % de los encuestados admite haber participado en huelgas o manifestaciones públicas y que está dispuesto a volver a utilizar el mismo mecanismo de participación política.

A modo de síntesis, es posible afirmar con base en el análisis cualitativo que en las respuestas de los jóvenes predomina una fuerte relación entre democracia y ciudadanía, y que la noción de ciudadanía está fuertemente vinculada a la posesión de derechos políticos, entre los que predominan votar y opinar, acciones asociadas a las formas de participación más convencional en una democracia, y la idea de participación política aparece asociada a la idea de transformación social; sin embargo, los datos cuantitativos indican que entre los encuestados la idea de participación política se reduce fundamentalmente al acto del sufragio.

Así mismo, es posible reconocer en los datos cualitativos que para los jóvenes el concepto de democracia es más amplio que la noción restringida a lo procedimental, e incorporan en su visión la participación directa de la ciudadanía en las decisiones, y en la definición de un proyecto de país. Sin embargo, los datos cualitativos muestran que, en la práctica, privilegian acciones que impliquen un menor nivel de involucramiento y compromiso en los procedimiento democráticos, de forma que el 40,4 % reconoce que la principal actividad política en la que ha participado es en campañas políticas por redes sociales, un 27,3 % en paros o protestas públicas, un 17,2 % se ha informado y opinado sobre política, un 6 % en asambleas o reuniones de carácter político, y un 9,1 % ha sufragado en elecciones de autoridades a nivel comunal, regional o nacional.

Esta investigación apunta a establecer que dos alternativas en apariencia contradictorias, son en realidad parte de un mismo fenómeno; la heterogeneidad del mundo juvenil permite la coexistencia de grupos que en distintos momentos se muestran más politizados y de otros más desencantados con la política en un proceso continuo de pérdida de confianza y desafecto hacia las instituciones políticas, pero que en algunos momentos, por razones coyunturales, generan demostraciones colectivas de malestar hacia la institucionalidad establecida. Los resultados del estudio respaldan la idea de que en el país han surgido prácticas cívicas de acción directa, en las que predomina el pragmatismo y las ideologías pierden su relevancia como factor identitario. Además, la búsqueda de canales alternativos sigue siendo minoritaria, y no alcanza a ser un fenómeno social de carácter masivo, encontrándose lejos de llegar a constituirse en una situación general (Aguilera, 2010; Muñoz, 2011). Es necesario destacar que sí hay un sector más politizado que favorece la acción colectiva, desde una perspectiva más comunitaria, aunque es minoritario.

En este sentido, los resultados son coincidentes con diversas investigaciones que demuestran que “los jóvenes en los últimos años muestran cada vez con mayor frecuencia una escala de valores individualista, que los aleja de las formas de participación colectiva” (Carrasco, 2010, p. 93). Este individualismo definido como “la expansión del ámbito de libertad en el que cada quien decide con independencia de las restricciones de la naturaleza o de los imperativos de la tradición” (Cheresky, 2011, p. 148), sería la base de nuevas formas de conexión, la expresión de un cambio hacia una ciudadanía cada vez más individualista (Sandoval y Hatibovic, 2010; Cheresky, 2011; Sandoval, 2012).

Se evidencia que, en general, las prácticas políticas de los jóvenes de hoy se pueden analizar desde la perspectiva del desencanto, comprendido ya sea como un proceso individual o desde la lógica de una nueva politización resultado de un proceso de carácter social. No obstante, la juventud no actúa como una agrupación homogénea, si bien se reconocen aspectos comunes de la actividad política como la acción individual y la baja participación electoral, así como la preeminencia de acciones como estar informado y opinar a través las redes sociales. De acuerdo con la evidencia que se ha recolectado en la presente investigación, la heterogeneidad que caracteriza a las juventudes se refleja también en sus visiones y acciones políticas, por lo que es necesario agregar mayor complejidad al análisis y romper con esa dicotomía.

El individualismo y el colectivismo son parte de las diferentes perspectivas expresadas por los jóvenes, y el predominio en ocasiones de una u otra puede significar episodios de mayor o menor politización, pero no es posible confirmar la permanencia de una de ellas en el largo plazo. Del mismo modo que las prácticas ciudadanas adoptadas por los jóvenes no son susceptibles de homogeneizarse, los puntos de vista relacionados con la prevalencia de grupos más individualistas u otros enfocados al colectivismo tampoco.

Según Óscar Aguilera (2016), las prácticas de ciudadanía política entre los jóvenes difieren notablemente de las de otros grupos etarios, destacándose por su descontento con las instituciones y mecanismos políticos tradicionales. Aunque no todos los jóvenes muestran desinterés en la política partidista, muchos se inclinan hacia formas de participación política no convencionales, ampliando así la comprensión tradicional de lo que constituye la acción política.

Existe un grupo de jóvenes que privilegia la asociación con otros para actuar de forma organizada, con una visión más colectiva, asumiendo la necesidad de incidir en las decisiones públicas, pero no necesariamente por medio del sufragio, ya que desconfían de las autoridades una vez que estas son electas, y más bien buscan formas de ejercer presión a través de movilizaciones y protestas. Prefieren organizaciones informales, autónomas, no jerárquicas, a las que permanecen unidos con base en principios de actuación, más que en una identidad compartida, y su lealtad va a estar dirigida más que a la organización, a sus propios principios. Estos jóvenes realizan diversas formas de ejercicio político buscando las que sean más efectivas en determinado momento y contexto, pero atentos a usar nuevas formas cuando las anteriores ya no tengan efecto. Usan las herramientas digitales como una importante plataforma, tanto para la autoformación, como para el debate de ideas, la realización de campañas y la coordinación.

Como resultado de esta investigación, se puede afirmar que existe un fuerte rechazo de los jóvenes hacia las instituciones políticas tradicionales; y aunque es posible ver que la crítica de los jóvenes está dirigida al sistema político y a la desigualdad creada por el sistema económico, el modelo económico en sí mismo no es tratado críticamente como un factor que requiere un cambio.

Los discursos recogidos se pueden agrupar en tres grandes conglomerados, pero con el aspecto transversal de la crítica al funcionamiento de los partidos políticos. Sin embargo, estas críticas se diferencian en función de cada tipología. Así, por ejemplo, los jóvenes que se vinculan a posturas más individualistas, despolitizadas e indiferentes hacia lo que ocurre en el contexto que habitan, realizan una crítica más descalificatoria hacia los partidos que se centra en aspectos vinculados a la corrupción y a las promesas de campaña incumplidas; se muestran más pasivos y distanciados de la política, apáticos y sin mayor interés en los asuntos públicos o colectivos; poseen una mirada crítica hacia la eficacia de las instituciones políticas, pero tienen una postura tradicional respecto de la participación política, fundamentalmente asociada al sufragio; si bien reconocen la legitimidad del uso de medios convencionales de acción política mediante los canales de representación, no los utilizan.

En segundo lugar, el grupo compuesto por jóvenes que se muestran desencantados de la política manifiesta cierta desesperanza aprendida y adopta una postura más pragmática, asumiendo que eventualmente tomarían un rol más activo si evalúan que es posible conseguir algunos logros en el corto plazo y sin un costo muy alto. Para estos jóvenes, la protesta pública es un espacio en el que concurren junto a otros individuos para sumar fuerzas y obtener beneficios particulares.

El tercer grupo de jóvenes asume una crítica a la institucionalidad política con una mirada que incorpora nuevos derechos sociales y políticos, incluyendo demandas de sectores que habían sido históricamente postergados o invisibilizados, pero que, desde su perspectiva, cobran validez. Este grupo también promueve una diversificación de las formas tradicionales de acción política, validando distintas formas de protesta, como marchas, manifestaciones públicas, cortes de calle, despliegue de lienzos, distribución de folletos con propaganda política e incorporación de actividades más innovadoras y llamativas mediante expresiones artística como coreografías, flashmobs, batucadas o performances, así como una mayor preocupación en espacios comunitarios; hallazgos que son coincidentes con los de otros estudios (Ramírez, 2019; Paredes y Valenzuela, 2020).

Este renovado ímpetu político posterior al Mayo feminista, especialmente entre las mujeres jóvenes, sugiere un cambio en la percepción y acción política. La participación femenina, impulsada por la lucha de género, está redefiniendo la ciudadanía más allá de los parámetros económicos. Estos movimientos, centrados en la equidad y justicia social, reflejan una diversificación de la política juvenil, fusionando lo personal con lo político en nuevas formas de activismo.

A partir de los resultados de este estudio, parece necesario profundizar en lo que los jóvenes entienden por justicia social ya que, si esta se entendiera como un medio para asegurar el bienestar colectivo, el trasfondo sería diferente que si se entendiera simplemente como un mecanismo para superar la desigualdad económica y mejorar el estatus personal. Esta última comprensión de la justicia social como justicia económica es más compatible con un perfil individualista, y se abstiene de una crítica sistemática de la economía.

Del mismo modo, y con base en los eventos del Mayo feminista de 2018, sería muy interesante analizar cómo las percepciones políticas y las acciones de los jóvenes difieren según el género. Si bien en este estudio la muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres, esto no representa por defecto una perspectiva de género. En efecto, a partir de la llamada cuarta ola del feminismo, que afectó especialmente los espacios universitarios chilenos, se puede observar que en los últimos tres años están surgiendo con fuerza grupos y acciones políticas acometidos por grupos de mujeres jóvenes, que parecen estar reformando las nociones de ciudadanía.