Introducción: En torno al construccionismo sociológico en la investigación social

Mucha tinta se ha gastado en discutir el origen de las formulaciones construccionistas en las ciencias sociales anglosajonas, sin que ello signifique un acuerdo sobre su emergencia, su significado o alcance (Dello Buono. Reimagining social problems, Holstein y Gubrium. The constructionist mosaic). Cromby y Nightingale argumentan que el amplio espectro del construccionismo social presenta problemas debido a la debilidad de su planteamiento en el que todo puede ser una construcción social, poniendo énfasis en un plano ideal o discursivo y desatendiendo otros aspectos como “la materialidad, el cuerpo o el poder social” (Cromby y Nightingale 1999:3).

En sociología pareciera existir cierto consenso respecto a que la obra basal para una aproximación de este tipo es la obra de Berger y Luckmann (La construcción social de la realidad), al enfocarse en el proceso a través del cual los acontecimientos de la vida colectiva adquieren significación social en el doble registro de lo subjetivo y lo objetivo. Aunque el rechazo de que los eventos de la vida social tengan significados en y por sí mismos, al margen de los actores, pueden rastrearse a las formulaciones de la escuela de Chicago, en las primeras décadas del siglo XX.

Independiente del origen, se han realizado variadas críticas e interpelaciones al socioconstruccionismo, las que han obligado a revisar sus fundamentos. Especial atención pondremos a la crítica sobre el “relativismo de base ontológica” (Dello Bouno 2015:334) con el que trabaja el construccionismo, en tanto es un problema fundante de la investigación empírica de los problemas públicos, que si bien es “inevitable e inabordable” (Woolgar y Pawluch 1985:224), proponemos no ignorarla. Al contrario, proponemos un conjunto de argumentos consistentes en pro de reducir su alcance para la investigación social de los problemas públicos. Entonces, nuestra propuesta es enfrentarla desde un intercambio fructífero entre el construccionismo norteamericano y el pragmatismo francés para el estudio de los problemas públicos, considerando que el diálogo entre ambas tradiciones ha sido poco desarrollado, especialmente en América Latina.

En línea con el argumento anterior, el propósito del trabajo no es empírico, al mostrar la aplicación de la propuesta a algún caso de connotación pública, sino analítico, y remite a plantear el enfoque de la sociología de los problemas públicos como un área problemática al interior de las ciencias sociales que implica tanto discusiones y reelaboraciones en sus alcances conceptuales, como fundamentos ontológicos y epistémicos, así como la reflexión sobre sus herramientas metodológicas y técnicas para habilitar posibles aplicaciones empíricas.

Este trabajo espera contribuir a la difusión de la perspectiva de los problemas públicos en América Latina y también espera ser un aporte analítico y epistemológico, que fundamente la investigación empírica de los problemas públicos aplicado a situaciones de conflicto social y luchas políticas del Sur Global, complementado y profundizando las discusiones conceptuales de un artículo de carácter empírico que observa la configuración de la demanda por la educación superior de carácter público por las movilizaciones estudiantiles en Chile en el periodo 2011-2017, publicado por Paredes y Araya (La educación chilena, ¿no se vende?).

La estructura del artículo es la siguiente: a continuación, presentamos la entrada construccionista de los problemas sociales, resaltando aquellos que desde nuestra óptica son sus principales representantes y apuntando algunas de las críticas más incisivas que le han realizado. Luego presentamos la posición pragmatista de los problemas públicos de linaje francés, enfatizando en algunos de sus principales contribuciones. Finalmente, presentamos una breve discusión y conclusión, con la finalidad de reconocer los aportes epistemológicos, empíricos y ético-políticos del intercambio propuesto entre el construccionismo y el pragmatismo.

La aproximación construccionista de los problemas sociales

A pesar de los desacuerdos sobre el enfoque construccionista, podemos encontrar un mayor consenso en su definición de los problemas sociales. En este campo, son importantes las aportaciones de Blumer (Social problems as collective behavior) y de Spector y Kitsuse (Constructing social problems), puesto que sientan un precedente para los debates posteriores.

En una clara crítica a la posición funcionalista, Blumer señala que los problemas sociales resultan de una definición colectiva por los actores y no de disfunciones o tensiones estructurales observadas por los sociólogos. Por su parte, Spector y Kitsuse señalan que los problemas sociales son resultado de definiciones colectivas (no dados por su condición natural ni por su cualidad de hecho objetivo) y consolida una posición construccionista para el estudio de los problemas sociales debido a la incapacidad de las ciencias sociales de dar con una definición objetiva de los mismos. Ambos textos proponen una aproximación alternativa al positivismo y al funcionalismo a la hora de estudiar procesos y situaciones de conflicto social y político en el marco de las ciencias sociales norteamericanas. El supuesto de base del enfoque socio-construccionista es la condición de que la realidad social no puede conocerse sin la implicación de los actores, ya que ella sería fruto de un proceso de construcción por parte de ellos mismos, sin posibilidad alguna de reducirla a sus condiciones objetivas o naturales. Para este tipo de aproximación, tales condiciones objetivas o naturales simplemente no existen.

La idea original de la definición colectiva de una situación social puede rastrearse hasta las formulaciones seminales del interaccionismo simbólico o con anterioridad, en el contexto de la escuela de Chicago, representada por la obra de Robert Park (Society: collective behavior, news and opinion, sociology and modern society). Ambas posiciones perfilan el argumento conocido como la historia natural de un problema social (Spector y Kitsuse. Constructing social problems). Esto es el proceso social diferenciado en etapas que determina una situación conflictiva desde la definición del problema por parte de los actores, su formulación pública (mediante mecanismos como la movilización y la publicitación), hasta su institucionalización. Este proceso fue radicalizado por los autores, quienes enfatizan “la centralidad de la formulación de reclamos (claims-making)” (Spector y Kitsuse 1977:702) por parte de los actores sociales para el desarrollo del proceso.

Desde esta óptica, el afamado teorema de Thomas “If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas 2017:572) sintetiza la importancia de la definición de la situación, destacando que las situaciones sociales en las que se ven envueltos los actores sociales no pueden concebirse como hechos objetivos. Al contrario, éstas requieren de la implicación subjetiva de los actores sociales para dotarlas de sentido y definir su significado.

Autores posteriores han continuado el legado de la definición de la situación por los actores sociales destacando sus formatos colectivos u organizacionales más que individuales, compartiendo la mirada construccionista de los problemas sociales. Por ejemplo, en la relación entre medios de comunicación y política simbólica destaca el trabajo de Edelman (Constructing the political spectacle), quien propone entender la política como espectáculo más que como una actividad instrumental, o en la sociología político-cultural de las cruzadas simbólicas de Gusfield (Simbolic cruzade). Ambos son autores clave para entender el modo de aplicación de los problemas sociales a cuestiones políticas.

Una de las variaciones más significativas del enfoque construccionista, y que da pie a este artículo, la propone precisamente Gusfield al preguntarse por el estatuto público del problema de intemperancia alcohólica al momento de conducir, en base a las repercusiones de las denuncias sociales y de las acciones colectivas ligadas al movimiento contra el conductor alcoholizado en Estados Unidos. Gusfield muestra en términos procesuales cómo ciertos problemas sociales alcanzan el estatuto de problema público a través de la adquisición de visibilidad pública y mediática, la participación de criterios científicos y de expertos, al tiempo que compromete una respuesta gubernamental. Si bien los procesos de investigación y discusión en los problemas sociales y públicos están presentes desde el trabajo de Dewey (La opinión pública y sus problemas), Gusfield pone énfasis en la autoridad que encarna el conocimiento científico o, dicho de otra forma, en la producción de sentido de la ciencia y en la relevancia de los expertos en la definición del problema, incluyendo las distintas tesis sobre causalidad y las diferentes propuestas de soluciones. Entendiendo que no todos tienen la misma capacidad de incidencia en la definición de los problemas públicos, en este marco la ciencia y la ley adquieren especial relevancia. En consecuencia, cuando el autor observa el recurso de estrategias dramatúrgicas y retóricas, su objetivo no es centrarse en la dimensión fáctica de la ciencia y la ley (en términos de su incidencia en la conducta), sino más bien poner atención en los elementos persuasivos y ficcionales que le otorgan una cierta autoridad cultural en los procesos de configuración de un problema público.

Otro de los puntos importantes que el autor introduce es la idea de “propietarios del problema” (Gusfield 2014:77) como actores centrales en los procesos de definición de éste, por ser aquellos que, con cierto protagonismo, formulan, delimitan, atribuyen causalidades y responsabilidades, además de proyectar soluciones. Operación relevante, ya que, al contener las imputaciones de responsabilidad, arrastra a las autoridades hacia los espacios de acción pública interpelados a responder. En este sentido, las autoridades y particularmente los gobiernos muchas veces buscan desdecirse del problema, contexto en el que se despliegan controversias por su propiedad y definición. Sin embargo, la propiedad del problema no significa exclusividad sobre el mismo, pues implica siempre una perspectiva relacional y en disputa que incluye a otros actores, como autoridades y públicos, lo que otorga al problema cierta condición política.

Es en este escenario relacional que el problema social alcanza su estatus de problema público, al lograr captar la atención de diferentes públicos, audiencias y, por supuesto, la atención gubernamental que es llamada a la acción pública reparatoria. Cabe acotar que la responsabilidad de un problema público tiene dos dimensiones, una causal y otra política. La primera que origina el problema (su causa), en sentido figurado la enfermedad, mientras que la segunda, la responsabilidad política, remite a su resolución, es decir, hace alusión a la autoridad que debe hacerse responsable de prevenir y sancionar, como de no permitir que tal situación vuelva a ocurrir.

En toda esta trama, una de las propuestas más interesantes para el análisis de los problemas públicos sugerida por Gusfield es su estructura de doble constitución del problema: moral y cognitiva. Con ello, lo que el autor señala es que todos los problemas públicos tienen una dimensión moral, referida al aspecto doloroso, oprobioso e inmoral de la situación problemática, que se vincula, además, con la dimensión normativa de la sociedad, a su vez, una dimensión cognitiva que se expresa en el estatuto del saber, el conocimiento y las creencias relativas a estos.

Independiente del aporte y avance que significa incluir en el estudio de lo social el concepto de problema público, la propuesta ha sido criticada. Daniel Cefaï considera que tanto la propuesta de Gusfield, como la de Spector y Kitsuse, se encuentran muy atadas a un construccionismo que reduce el problema a “definiciones y construcciones, a menudo entendidas como representaciones” (Cefaï 2014:17), muy arraigadas en la dimensión subjetiva de lo social. Desde una perspectiva pragmatista, el autor toma ciertas distancias respecto a Gusfield, especialmente en los planos onto-epistémico, metodológico y político. Por una parte, afirma que las investigaciones desarrolladas en los márgenes de los problemas públicos van más allá de la eficacia simbólica, pues abordan problemas reales que son planteados a la comunidad para encontrar soluciones, alejándose, por tanto, de un construccionismo relativista. Por otra, desde una aproximación metodológica, cuestiona el tratamiento estético y dramatúrgico, porque, desde su perspectiva, si bien son dimensiones por considerar, el análisis debe avanzar hacia la observación de la trama institucional. Finalmente, señala una limitación ético-política en la propuesta construccionista al intentar no posicionarse frente a las connotaciones e implicancias públicas y societales del problema mismo.

Sin embargo, desde nuestra óptica, parte de los méritos de la propuesta de Gusfield, además de la estructura analítica del problema, es (a) desarrollar el carácter público de los problemas sociales y (b) abordar la configuración de estos tanto desde un análisis que considera las correlaciones de fuerza y conflictos de interés entre actores sociales implicados, como un análisis cultural e histórico que pone énfasis en las dinámicas relacionales e interaccionales. No obstante, en algunas distinciones, la crítica de Cefaï parece justa (volveremos sobre ello más adelante).

Una formulación alternativa de la versión construccionista es aquella ofrecida por Hilgartner y Bosk en The rise and fall of social problems. Este texto propone estudiar los problemas públicos “a partir del modelo del interaccionismo simbólico, el cual ve los problemas sociales como productos de un proceso de definición colectiva” (Hilgartner y Bosk 1988:53). Rechazan la idea funcionalista de que los problemas sociales son condiciones sociales objetivas e identificables estructuralmente y concuerdan con el construccionismo en que los problemas sociales son “proyecciones de sentimientos colectivos más que simples espejos de condiciones objetivas de la sociedad” (Hilgartner y Bosk 1988:53). Sin embargo, reconocen que la perspectiva tiene un límite “subjetivo”, ya que este modelo ha contribuido a pasar por alto dos características distintivas del proceso de los problemas sociales: a) un problema social existe en relación con otros problemas sociales, es decir, tiene un carácter relacional y, b) están incrustados en “ámbitos sociales” o “arenas” como un sistema institucionalizado de formulación y diseminación complejo de ellos. Estos autores profundizan las ideas de Gusfield, al incluir tanto la disputa entre actores por la definición de la situación, como en el entramado relacional e institucional que integra los problemas públicos, entendidos bajo el concepto de arena.

Estos autores enfatizan en la idea de “arenas públicas”, como lugares “donde las definiciones de los problemas sociales se desarrollan, examinando el efecto que ellas tienen tanto en la evolución de los problemas sociales, como en los actores que sostienen esos problemas” (Hilgartner y Bosk 1988:55). En vez de enfocarse en las etapas de desarrollo de los problemas sociales a la manera de la historia natural de un problema social, se enfocan en la competencia entre posiciones, ya que la atención pública es un recurso escaso que se distribuye a través de la competencia en un sistema de arenas públicas. Este modelo se ancla en un marco ecológico que resalta los recursos limitados con los que cuentan los actores al momento de enfrentarse a la construcción de la definición de un problema. Proponen la idea de los mercados de problemas públicos para dar cuenta de los procesos de selección y respuesta a ciertos problemas en desmedro de otros, en el contexto de arenas que remiten a espacios institucionales. Por último, resaltan la capacidad de ciertos actores para promover un problema social, grupos o individuos, que pueden ser activistas, grupos de interés, agrupaciones ciudadanas, colectivos sociales, entre otros actores, capaces de definir el problema, delimitarlo y proyectarlo en relación con su posible solución en la arena de conflicto en la que el problema se inscribe. En otras palabras, son actores que agencian el problema hacia arenas públicas específicas.

La crítica de estos autores allanó el camino para una serie de cuestionamientos internos a la visión construccionista de los problemas sociales, generándose variadas críticas. Tres de ellas merecen ser mencionadas por su alcance para la investigación de los problemas públicos, en lo que denominaremos la crítica tripartita al construccionismo: a) no se pueden excluir completamente las condiciones objetivas de sus respuestas a los conflictos sociales, b) por ser empíricamente inviables sus proposiciones y c) epistemológicamente incoherentes sus formulaciones. No obstante el alcance de tales puntualizaciones, la crítica más aguda que incluye los tres puntos anteriores señala que el abordaje construccionista realiza una “manipulación ontológica” (Woolgar y Pawluch 1985:216). Esto es, los autores comprometidos con el abordaje construccionista de los problemas sociales son incapaces de ignorar las condiciones objetivas de la realidad y terminan realizando suposiciones sobre una realidad objetiva en sus explicaciones e interpretaciones para estudiar las situaciones de conflicto social.

Woolgar y Pawluch formulan su crítica a partir de la revisión de un cúmulo de trabajos empíricos autodenominados construccionistas al interior de los problemas públicos, llegando a la conclusión de que no era posible ofrecer argumentos construccionistas convincentes sin hacer referencia a las realidades objetivas o a condiciones subyacentes a las definiciones subjetivas de los actores. Para los autores, la manipulación ontológica obligaría a una revisión de los fundamentos construccionistas, pues no remite a “meras dificultades técnicas en los argumentos de los problemas sociales, sino características dominantes de todos los intentos de explicar los fenómenos sociales” (Woolgar y Pawluch 1985:224). En este punto la crítica de Cefaï a Gusfield hace eco y alcanza resonancia.

Con la crítica anterior, se dio paso a una variedad de debates subsiguientes en la búsqueda de respuestas al desafío de la manipulación ontológica, de manera tal que la orientación construccionista de los problemas sociales se bifurcó en dos posiciones diferenciadas. Por un lado, el llamado construccionismo estricto, posición que mantuvo la adhesión a la idea original de la definición de la situación por los actores, rechazando considerar en sus explicaciones las condiciones objetivas que los enmarcan. En otras palabras, mantienen la posición dura o fuerte del programa construccionista y con ello enfatizan en las dimensiones subjetivas de la definición de la situación problemática. Por el otro, como segunda posición, se encuentra el llamado construccionismo contextual que, aunque parte de las capacidades de los actores de definir una situación problemática, manteniéndose en el construccionismo, vincula los procesos de creación de significados por parte de los actores a las condiciones sociales posibles de reconocer en determinadas situaciones y contextos específicos (de ahí su nombre relativo al contextualismo). Esta segunda posición asume en parte los comentarios desplegados por los críticos al construccionismo estricto y concuerda, desde nuestra posición, con la crítica que formula Cefaï.

En acuerdo con Holstein y Gubrium, la posición contextualista ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, entre otras cosas, debido a la fuerza de la crítica planteada por Woolgar y Pawlauch. Con esta crítica, además, se abre la ventana para la recuperación de la vertiente pragmatista en el estudio de los problemas públicos, formulada inicialmente por Dewey, e incluso se vuelve a las propuestas de Park. De esta manera, adquiere fuerza la idea de la generación de públicos estrechamente ligados a la definición de los problemas sociales o, en otras palabras, a la coproducción de actorías, problemas y arenas. Se avanza, además, hacia una definición política y pública distinta de la defendida en la sociología de los problemas sociales, que revisamos anteriormente, al no reducirse a las meras definiciones o representaciones de los actores sociales.

Los problemas públicos desde una perspectiva pragmática

Los desarrollos contemporáneos de las ideas de Dewey o Park pueden rastrearse en las recientes formulaciones de la sociología francesa postbourdiana de orientación pragmática (Barthe y otros. Sociología pragmática) para el estudio de los problemas públicos, que comparten ciertos aires de familia en su perspectiva. Entre ellos podemos encontrar la sociología de los regímenes de justificación Boltanski y Thévenot, la teoría del actor red de Latour y la sociología de los problemas públicos de Cefaï. Tales abordajes comparten el supuesto de que los actores sociales son competentes en sus modos de acción y formas de justificación, en las situaciones sociales que se ven implicados o, en otras palabras, los actores “saben lo que hacen” (Nardacchione y Acevedo 2013:90).

Siguiendo a Márquez (Hacia una concepción pragmática de los problemas públicos) es posible identificar algunos rasgos comunes en la variedad de aproximaciones pragmatistas francesas: a) la posición central de la acción dotada de sentido, b) una concepción de la acción influida principalmente por Dewey, c) el interés por desarrollar formas de estudiar la acción colectiva desde una perspectiva situacional, considerando la emergencia de cierto tipo de acción pública y de los públicos y colectivos que de ella resultan. Este acercamiento pragmático también ha recibido el nombre de “sociología de las pruebas”, debido a la centralidad que tiene la categoría de prueba para la investigación empírica que el enfoque fomenta (Barthe y otros. Sociología pragmática), nutriendo el parecido de familia en las diferentes aproximaciones. Paralelamente, la diversidad de acercamientos bajo el rótulo pragmático comparte algunos principios metodológicos básicos que permiten proponer al pragmatismo francés como un estilo de investigación y razonamiento más que a un enfoque único y homogéneo. Concordando con la observación anterior, en adelante nos referiremos a ello como estilo pragmatista.

Algunos de los componentes metodológicos que configuran el estilo pragmatista son: la hipótesis de continuidad, el principio de simetría y la forma de seguimiento de los actores. A continuación, desarrollaremos brevemente cada uno.

La “hipótesis de continuidad” se refiere a que existe una relación de continuidad entre todas las dimensiones implicadas en la situación a investigar, como lo singular y lo general, lo macro y lo micro, lo público y lo privado, también lo subjetivo y lo objetivo, sin parcelaciones ni exclusiones entre ellas, enfatizando en una lógica de indagación procesual de las situaciones sociales, junto con su dimensión relacional. El principio de simetría señala que se debe tratar por igual a todos los actores y sus relaciones implicadas en el proceso investigado, no privilegiando ninguna perspectiva particular a priori, ni ex ante al conflicto o situación social a indagar. Por último, el seguimiento de los actores es el principio metodológico que opta por describir y comprender las formas en que los actores entran en relación entre ellos en cada situación, las formas en que las definen, las maneras en que responden a otros, cómo realizan acciones, sin presuponer ni anteponer ninguna racionalidad o telos al proceso ni a la situación. Es una forma de observación que ve a la acción “haciéndose” en el proceso mismo de realización, privilegiando la dimensión dinámica y procesual de la vida colectiva y, por lo mismo, asume que una de las tareas centrales de la investigación para el estilo pragmático es una descripción detallada de las situaciones y relaciones sociales en las que participan los actores, para posteriormente comprenderlas (operaciones sin las que es imposible llegar a explicar las situaciones sociales problemáticas).

Mediante tales principios metodológicos, el estilo pragmatista rompe con una serie de aporías que han complicado el trabajo de las ciencias sociales, en particular la sociología, al momento de realizar la investigación empírica y elaborar sus respectivas teorizaciones.

En relación con el estudio de los problemas públicos, al asumir el estilo pragmatista que acá relacionamos con el construccionismo contextual, se acepta el principio de definición de la situación por parte de los actores reconocidos por la sociología de los problemas sociales, mediante la formulación de reclamos, a saber “claim, claimsmaker, claimsmaking” (Spector y Kitsuse 1977:702). Es decir, un problema público no es un hecho ni objetivo, ni natural en la sociedad, sino que tiene como condición la capacidad de movilización de ciertos actores para dotarlos socialmente de tal estatus mediante su definición, formulación y vectorización a escenas de acción pública, así como de su proyección en búsqueda de solución o reparo, a partir de su vinculación con entramados institucionales.

Para esto último utilizan el concepto de “arena”, desarrollado en coherencia a los planteamientos anteriormente revisados. Siguiendo la propuesta que Cefaï ha ido complejizando a través de sus trabajos, una arena pública está implicada en una red de convenciones e instituciones de carácter pre-existente y emergente a la vez. Los procesos de constitución de las arenas públicas no solo se relacionan con la discusión pública, sino también con lo institucional, legal y político. “Es un conjunto organizado de alojamiento y peticiones, negociaciones y arreglos, protestas y consentimientos, promesas y compromisos, contratos y convenciones, de tensiones e interés público” (Cefaï 2017:208). Hay escenarios sociales de todo tipo, pero solo cuando estos mundos se ordenan y configuran con el objetivo de lograr un bien público (o evitar un mal público) tenemos una arena pública. Seguir este proceso permite poner énfasis en la dimensión procesual y relacional que implica una trama de actorías, materialidades, instituciones, convenciones. En consecuencia, desde la perspectiva de Cefaï, una arena pública no se puede reducir a un ágora, un campo o un mercado, criticando la versión de Hilgartner y Bosk, dado que sobrepasa sus lógicas, porque las dinámicas de problematización y publicitación abren escenas y se dirigen a auditorios más amplios. En este sentido, siguiendo una lógica pragmática, las categorías del problema son de carácter contextual y en virtud de lo cual, varían de acuerdo con las arenas de actuación, las que operan según “sus propios principios de selección” (Lorence-Valcarce 2005:7) y, en consecuencia, las categorías se ajustan o antagonizan con las estructuras de sentido simbólico y moral del contexto.

Complementado lo anterior, algunos investigadores señalan que la definición de una situación problemática, junto con su inscripción en una arena institucional, requiere de su articulación con “gramáticas de la vida pública” (Nardacchione y Acevedo 2013:106) que los legitiman, es decir, con el conjunto de reglas y representaciones culturales que actúa como trasfondo. Desde nuestra óptica, con la inclusión de un trasfondo sociocultural existente, la posición pragmatista va más allá del construccionismo estricto de los problemas sociales, posicionándose en una postura marcadamente contextual, tanto por su carácter cultural como institucional.

La noción de gramática tiene una relevancia fundamental para entender el alcance de los postulados pragmatistas en el estudio de los problemas públicos. Se entiende por gramática social un conjunto de reglas sociales y categorías comunes que habilitan a los actores para actuar y juzgar, de manera correcta y legítima, en las situaciones sociales en las que se ven implicados. Una variante de la gramática social es “la gramática pública” (Lemieux 2017:96), la cual refiere al conjunto de reglas y categorías de uso público que los actores sociales utilizan para actuar y juzgar las situaciones en las que participan, y que deben seguir para ser reconocidos legítimamente por otros actores en el espacio público, en tanto su respeto es expresión de una comunidad.

Las gramáticas de uso público, para el estilo pragmatista, no se limitan a los formatos lingüísticos o discursivos. Al contrario, implican y se fundan, principalmente, en modalidades de acción práctica. Por ende, un problema público, en tanto iniciativa de actores colectivos de hacerlo visible e identificable como tal, se ve en el desafío de presentar las pruebas o justificaciones de que cumple con los requisitos de su formulación pública, dotando de legitimidad los procesos públicos que funda.

Al establecer la relación entre gramática, arena y problema, mediante la acción de los actores sociales, se puede decir que un problema público adquiere tal estatus en relación con la capacidad de definición y movilización de un actor social, colectivo, organizacional o individual, que lo hará perceptible e identificable socialmente mediante un proceso de publicitación que establezca alguna relación con la gramática de uso público en cuestión. Así, la publicitación del problema adquirirá su legitimación pública al (des) vincularla de ciertas reglas y categorías públicas, socialmente válidas, entendidas como gramáticas de la vida pública.

Siguiendo a Cefaï, para que lo anterior se produzca es necesario que la publicitación del problema sea capaz de configurar y movilizar públicos que reconozcan y se identifiquen en él. Por públicos, en coherencia con la propuesta de Dewey, entenderemos los posicionamientos colectivos que se configuran a partir de la dinámica procesual y controversial asociada a la configuración del problema, al mismo tiempo que los van constituyendo, por ende, pueden asumir posiciones activas (movilizados) o pasivas (afectados no movilizados). Lo relevante es que existe una coproducción entre públicos y problema público. Por último, las dinámicas conflictivas se dan en escenarios o arenas públicas en las que se desarrolla la disputa mediante una “relación tríadica” (Nardacchione y Acevedo 2013:106) entre denunciantes, antagonistas y públicos, que le otorga otra connotación a la idea de antagonismo de las teorías del enfrentamiento político.

El carácter público de un problema no solo se relaciona con su visibilidad, sino también con las condiciones políticas que lo hacen posible, reforzando su base contextual, dejando ver la cara institucional de la gramática de la vida pública como una forma inherente de institución al régimen democrático. Schillagi (Problemas públicos, casos resonantes y escándalos) complementa el análisis anterior con el seguimiento a los procesos de conformación de públicos, y en este sentido, atiende a la potencialidad de abrir múltiples vías de conceptualización tanto para los públicos y audiencias, como para el abordaje de distintos tipos de movilización y acciones colectivas que se desarrollan en el espacio público. La autora propone que, para estudiar los procesos de configuración del carácter público de un problema, se debe dilucidar qué fenómenos son considerados problemáticos para obtener atención pública, entendiendo que estos atañen a la generalidad del público y que la atención de estos es limitada. Entonces, el carácter público de un acontecimiento implica experiencias sociales realizadas para ser vistas y oídas, que se conforman por la relación entre múltiples actores, actuaciones e instituciones en contextos delimitados, que además requieren movilizar concepciones y representaciones del bien común para dotarlos de legitimidad. Alcanzar un adecuado umbral de legitimidad social y pública para un problema es un desafío en extremo complejo, pues un problema público es como un “caleidoscopio”, en tanto existen tantas categorías como actorías en juego. De ahí la importancia de las gramáticas de la vida pública y de las arenas para asentar tal legitimidad.

Conclusiones. La investigación de los problemas públicos de cara al futuro próximo

Señaladas las fortalezas y limitaciones del construccionismo, así como destacadas las aportaciones que valoramos del pragmatismo, nuestra alternativa es ir más allá de la posición construccionista, aunque rescatando algunos principios que nos parecen fundamentales. Se colige del intercambio anterior que incorporar el estilo pragmatista de indagación al estudio de los problemas públicos permite soportar, de manera más consistente, la crítica tripartita al construccionismo. Es decir, la propuesta presentada no rehúye de los elementos objetivos o de las objetivaciones sociales que participan de los procesos de conflicto social debidamente contextualizados, considerándolos en su indagación y reflexión, debido a las siguientes razones.

En primer lugar, algunas categorías presentadas a lo largo del texto, desde nuestra óptica, dan luces sobre el punto anterior. Por un lado, la propiedad del problema y su disputa rompe con la historia natural del problema, resaltando tanto las capacidades prácticas y discursivas de los actores en juego, como a las condiciones culturales, institucionales e históricas. La disputa por propiedad del problema público entre diversos actores y agencias rescata la idea construccionista de la relevancia de los reclamos en la definición de la situación, pero va más allá al descentrarlo de un solo actor para remarcar la importancia de las trayectorias de actores y sus relaciones sociales. Por otro lado, la noción de gramática pública, en tanto saber práctico y categorial para la actuación de los actores, y parámetro normativo para sus juicios, refuerza el carácter contextual del construccionismo. Inscribir las actuaciones de los actores, más allá de lo meramente discursivo, en espacios concretos y situados, permite reconocer no solo su dimensión simbólica, sino también material, por ejemplo, en prácticas concretas que se relacionan con la institucionalidad que se juega en determinada arena.

En segundo lugar, de manera coherente con su posicionamiento de rango medio, la posición pragmatista y contextual produce un gran volumen de materiales empíricos o argumentales, entendidos como la elaboración de pruebas a través de la realización de mucha investigación social. Ejemplos son la gran cantidad de investigaciones realizadas en el contexto europeo y los incipientes trabajos en el contexto latinoamericano. En consecuencia, a partir de tales materiales, podemos ver que no presenta las imposibilidades de justificación señaladas por los construccionistas.

Por lo mismo, y, en tercer lugar, no exhibe las incoherencias que se le atribuyen al construccionismo estricto de los problemas sociales, logrando (gracias a la ingente producción empírica y a las innovaciones analíticas) robustez epistemológica, en tanto consolidación de “una teorización de rango medio” (Guerrero Bernal y otros 2018:9) aplicado a múltiples temas y en varios casos/escalas.

El conjunto de respuestas anteriores, a su vez, permite sortear de mejor manera la acusación de manipulación ontológica, pues en la definición pragmatista de los problemas públicos se privilegia una óptica productivista de los conflictos públicos y sociales, lo que posibilita la vinculación empírica entre las dimensiones objetiva y subjetiva, tanto en el proceso mismo de su configuración, como en las reacciones que suscita en los diferentes públicos y arenas. Tal horizonte productivista permite plantear una base ontológica que no se limita a la visión subjetivista de la realidad, pero que tampoco prescinde de ella.

Por ende, lo anterior no significa desandar todo el camino forjado por el construccionismo. Respetando sus lineamientos, una situación se transforma en problemática, es decir, se elabora como problema cuando es definida mediante un sistema de categorías y acciones de publicitación. Estas últimas las entenderemos como actividades comunicativas orientadas a producir públicos relativos al problema. Para esto, se ponen en acción una serie de actorías y materialidades que posibilitan y vectorizan su despliegue hacia diferentes arenas de acción pública en las que juega algún papel la gramática de la vida pública. En este sentido, la situación problemática no existe socialmente hasta que no sea nombrada, narrada y puesta en la escena pública, y con ello se abre un espacio de interpretación cognitivo, moral y emocional que permite comprender una situación de otra manera.

Desde nuestra óptica, al considerar situaciones de conflicto social que involucran actorías y acciones colectivas, la formulación de reclamos y la definición de la situación por actores, son operaciones centrales, valorizando la contribución del construccionismo. En consecuencia, la dimensión social subjetiva de los problemas públicos que aporta el construccionismo no es desechable como punto de arranque para el estudio del proceso de configuración de problemas. Por ejemplo, en la dimensión subjetiva de los reclamos, la atribución emocional es fundamental en un doble sentido. Por una parte, porque moviliza la indignación de los actores y, por otro, porque la indignación dirigida a un oponente moviliza la capacidad de agencia de estos en una operación de mutua influencia. A su vez, la atribución emocional refuerza la atribución moral de los actores implicados en un conflicto social o lucha política, mediante la consolidación de “emociones morales” (Jasper. The emotions of protest). Todo lo anterior se relaciona con la atribución de responsabilidad política, propuesta por Gusfield.

De todos modos, nuestra aproximación contiene un conjunto de limitaciones empíricas y analíticas debido a su carácter propositivo y exploratorio, por ejemplo, una propuesta de observación que privilegia las actorías colectivas por sobre otro tipo de actorías sociales, de carácter más institucional, medial u organizacional. Lo anterior se sostiene principalmente por tres elementos: 1) la importancia que otorgamos a los procesos de conformación de públicos; 2) la capacidad de esos públicos, a saber, las y los actores, de agenciar los problemas sociales a diferentes arenas de acción pública y, en este sentido; 3) la importancia de las y los actores en tanto que realizan reclamaciones y definen situaciones como problemáticas, generalmente, encarnados en la figura de movilizaciones sociales o colectivos políticos. En síntesis, las y los actores son centrales para comenzar a rastrear el surgimiento del problema. No obstante lo anterior, reconocemos la existencia de otras agencias de problemas públicos que involucran actorías sociales, humanas y materialidades, tales como los “sistemas expertos” (Heredia. La inflación como problema, Márquez. La desigualdad de género), “los escándalos”, “la opinión pública” y “la prensa” (Kostenwein. Casos resonantes y justicia penal, Pereyra. La política de los escándalos), entre otros.

Por último, el estudio de los problemas públicos habilita preguntar por el compromiso de investigadores e investigadoras en la configuración de estos, así como en sus alcances. En tanto se realizan en torno al problema público, diversas alianzas entre actores académicos con diferentes grupos ya sean sociales, culturales o políticos. Además, sabemos que no es posible una descripción neutral a partir de los hechos y en este sentido “el requerimiento de neutralidad no se opone al compromiso valorativo” (Jiménez 2019:7), lo que abre el tema del compromiso en la investigación de los problemas públicos, al implicar en su formulación un alcance ético y político. Sin embargo, no existe un acuerdo respecto en qué consistiría tal compromiso.

Por ejemplo, la posición construccionista de Gusfield apela a un compromiso ironista, como aquel capaz de mantener cierta distancia crítica que le permita captar todas las perspectivas en juego, pero sin tomar parte por ninguna de ellas, en lo que sería una posición lo más neutral posible. Por su parte, Cefaï plantea la alternativa de un compromiso público basado en el pragmatismo de Dewey, es decir, de cooperación con el proceso de indagación y configuración del problema con ciertos públicos, sin imponer su visión a los actores. Acá se observa algún tipo de implicación pública de la investigación y el compromiso con algunos principios de la gramática pública, pero sin definir prescriptivamente su lugar. Por último, Becker defendió la necesidad de tomar partido por alguno de los bandos implicados en el problema, mediante la pregunta whose side are we on?, asumiendo un compromiso normativo fuerte con alguna de las posiciones en juego. Independiente de la alternativa, la óptica de los problemas públicos nos pone frente a la pregunta por el tipo de compromiso de nuestro trabajo académico e investigativo, en tanto la investigación social sobre los problemas públicos genera un conjunto de discusiones sociales e institucionales, y en ellas “se pone en cuestión el rol que deberían ocupar los académicos en la sociedad” (Merlinsky 2022:126). En este sentido, nos parece importante iniciar un debate con la propuesta de Burawoy (Por una sociología pública) sobre las “sociologías públicas”, en tanto reconoce la relación dialógica con las audiencias y públicos que se realiza en los procesos de investigación de problemas que cuentan con un estatuto público, y que, por ende, desbordan el espacio académico, pero que no se agota en una respuesta mecánica ni única. Este tema queda pospuesto a futuros desarrollos y debates.

No obstante, si bien este trabajo es uno más de los actuales intentos por establecer un puente entre el enfoque construccionista y la perspectiva pragmática de los problemas públicos, su especificidad es que profundiza en sus condiciones epistemológicas y propone limitaciones analíticas y políticas que requieren atención. Consideramos que este trabajo viene a complementar los trabajos empíricos realizadas a la fecha y que se suma a otros intentos actuales de robustecer el acercamiento. Aunque este diálogo es reciente y existe mucho terreno por recorrer, creemos que vamos por un buen camino.

Agradecimientos

Este artículo se enmarca en el proyecto FONDECYT Postdoctorado 3170504, financiado por ANID- Chile.

Bibliografía

Cefaï, D. (2014). Investigar los problemas públicos con y más allá de Joseph Gusfield, pp. 11-58. En J. Gusfield. La cultura de los problemas públicos. Siglo XXI Editores.

______. (2017). Público, problemas públicos, arenas públicas. O que nos insina o pragmatismo. Novos Estudos CEBRAP, 36(1)187-213. https://doi.org/10.25091/S0101-3300201700010009

Cromby, J.; Nightingale, D. (1999). What's wrong with social constructionism?, pp. 1-19. En: D. Nightingale y J. Cromby. Social constructionist psychology. A critical analysis of theory and practice. Open University Press.

Dello Buono, R. (2015). Reimagining social problems: moving beyond social constructivism. Social Problems, 62(3), 331-342. https://doi.org/10.1093/socpro/spv013

Guerrero Bernal, J.C., Márquez, A., Nardacchione, G. y Pereyra , S. (2018). Problemas públicos. Controversias y aportes contemporáneos. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Gusfield, J. (2014). La cultura de los problemas públicos . Siglo XXI Editores.

Hilgartner, S., Bosk, C. (1988). The rise and fall of social problems. The American Journal of Sociology, 94(1), 53-79. https://doi.org/10.1086/228951

Jiménez, J. (2019). Neutralidad de las descripciones y compromiso del investigador. Cinta de Moebio, 64, 99-113. https://doi.org/10.4067/S0717-554X2019000100099

Lemieux, C. (2017). Gramáticas de la acción social. Siglo XXI Editores.

Lorence-Valcarce, F.L. (2005). La sociología de los problemas públicos. Una perspectiva crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y jurídicas, 12(2), 1-11. https://www.redalyc.org/pdf/181/18153295010.pdf

Merlinsky, G. (2022). Conflictos ambientales y debate público en Argentina. Pensamiento y acción Interdisciplinaria, 8(1), 124-138. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/61168

Nardacchione, G., Acevedo, M. (2013). Las sociologías pragmático-pragmatistas puestas a prueba en América Latina. Revista Argentina de Sociología, 9(10), 87-118. https://www.redalyc.org/pdf/269/26938133006.pdf

Spector, M., Kitsuse, J.I. (1977). Constructing social problems. Aldine.

Thomas, W.I. (2017). The child in America: behavior problems and programs. Forgotten Books.

Woolgar, S., Pawluch, D. (1985). Ontological gerrymandering: the anatomy of social problems explanations. Social Problems , 32(3), 214-227. https://doi.org/10.1525/sp.1985.32.3.03a00020