Introducción

El principal espacio de desarrollo de las disciplinas científicas en la actualidad se encuentra en las universidades. Desde sus orígenes, las disciplinas han estado vinculadas a estas instituciones, convirtiéndose en el espacio organizacional por excelencia para la formación de nuevos investigadores en el área y la crítica e introducción de nuevos paradigmas.

Esto es especialmente relevante para el desarrollo de las ciencias sociales. La historia moderna de las ciencias sociales coincide con la expansión del sistema universitario, consolidándose con la institucionalización de unidades académicas dedicadas a su estudio en los siglos XIX y XX. Como resultado, el desarrollo de las ciencias sociales y la modernización del sistema universitario se influyen recíprocamente. A medida que las disciplinas de las ciencias sociales configuran sus propias tradiciones teóricas y herramientas metodológicas, la universidad diferencia internamente espacios organizacionales específicos para su desarrollo (facultades y departamentos académicos) que facilitan su consolidación. Así se establece un espacio donde diversos investigadores pueden interactuar, delineando un dominio de conocimiento distintivo, con sus referencias específicas, y protegiendo sus fronteras particulares ante disciplinas con pretensiones analíticas similares.

Igualmente importante, esta transformación organizacional promueve disputas organizacionales internas que, luego, pueden llevar a la creación de unidades organizacionales más especializadas en un proceso permanente. Como resume N. J. Smelser: “está en la naturaleza de la actividad científica y académica fragmentarse y diseminarse a lo largo del tiempo a medida que se realizan nuevos descubrimientos, se desarrollan nuevas líneas y subtradiciones de investigación, y se hacen evidentes nuevos usos del saber” (Smelser 2013:26). Las unidades académicas no producen estabilidad, sino que facilitan la ruptura de los límites epistemológicos que originalmente las hicieron posibles.

No por casualidad, entonces, los cambios en el entorno organizacional de las ciencias sociales resultan especialmente relevantes. Si bien este entorno no determina el contenido de las investigaciones en ciencias sociales, sí influye significativamente en las metodologías empleadas y en las temáticas que se priorizan. Las condiciones organizativas pueden promover o restringir ciertos enfoques investigativos, dirigiendo la atención hacia aquellas áreas que son más susceptibles de cumplir con los parámetros de evaluación establecidos.

En el caso de las universidades latinoamericanas, estas instituciones han experimentado un impresionante proceso de modernización en las últimas décadas. Pese a su juventud, especialmente cuando se les compara con sus contrapartes europeas fundadas durante el periodo medieval, las universidades de la región han demostrado una rápida capacidad de aprendizaje para adecuarse a los más altos estándares de excelencia a nivel global (Schwartzman, Higher education in Latin America and the challenges of the 21st century). En efecto, una parte de estas instituciones han conseguido una inserción notable en el ecosistema universitario global, logrando no solo adaptarse, sino también posicionarse de manera altamente competitiva frente a aquellas de otros sistemas más desarrollados. Si bien estos desarrollos no han conseguido equiparar la diferencia de poder entre sistemas universitarios del Norte y Sur globales, sí han contribuido a una mayor globalización de estas instituciones en la forma transversal de la adopción de modos valorados de toma de decisiones en estas instituciones (Chiappa y Labraña, Doctorate education in Chile).

En este escenario, uno de los principales cambios del entorno organizacional de las ciencias sociales latinoamericanas consiste en la instalación de mecanismos gerenciales de toma de decisiones. Si bien la planificación estratégica se origina en el ámbito de las organizaciones económicas, fue rápidamente adoptada en el gobierno universitario, inicialmente en Estados Unidos y Europa y luego, con la ayuda de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el Banco Mundial, en la toma de decisiones de las universidades latinoamericanas (Girotto et al., Trends and dynamics of strategic university management in Ibero-American higher education). El punto de partida de esta adopción es que la gestión empresarial resulta útil para asegurar que las universidades respondan a sus contrapartes de una manera eficaz y eficiente (CINDA, Administración universitaria en América Latina).

Hoy en día, la mayor parte de las universidades de la región incorporan una forma de planificación gerencial a nivel de su gobierno central. En un régimen de capitalismo académico mixto, con importante influencia del Estado, como aquel que caracteriza los sistemas de educación superior latinoamericanos, esta planificación estratégica se inspira frecuentemente en los principios de la nueva gestión pública (Brunner et al., Varieties of academic capitalism). Aquí, la nueva gestión pública define un enfoque administrativo que enfatiza la eficiencia, la rendición de cuentas y la competitividad, adoptando métricas y prácticas comunes en el sector empresarial para evaluar y mejorar el desempeño institucional (Bleiklie, New public management ideals in higher education). La aplicación de esta perspectiva lleva a la progresiva implementación de sistemas de indicadores de desempeño, evaluaciones externas y un enfoque centrado en resultados cuantificables, de los que se espera, a su vez, que guíen la asignación de los recursos sobre las unidades académicas (Readings, The university in ruins).

El resultado de la adopción de estos principios es un régimen gerencialista en la organización de las ciencias sociales, incluso en las universidades estatales de América Latina. En este escenario, las ciencias sociales latinoamericanas, pese a su usual tradición crítica, adoptan una lógica competitiva, altamente individualista y centrada en la productividad, priorizando aquellas investigaciones que puedan ser medidos y convertidos en recursos (tanto económicos como de prestigio) bajo la presión por aumento de la productividad (“publish or perish”). Los análisis disponibles reflejan esta situación, adoptando un tono autocrítico y, en ocasiones, nostálgico de pasadas tradiciones intelectuales en el campo (Enríquez Pérez, Los estudios sobre el desarrollo en los senderos de las ciencias sociales latinoamericanas).

El presente articulo tiene por objetivo comprender el gerencialismo y sus impactos en la investigación en las ciencias sociales latinoamericanas. Nuestro punto de partida es que la comprensión del gerencialismo, con sus características distintivas, es condición para la identificación de alternativas que puedan reconocer las características específicas del desarrollo disciplinar de la región. Con este fin, en primer lugar, caracterizamos el gerencialismo universitario y sus principales atributos en el contexto latinoamericano. A continuación, presentamos elementos de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann necesarios para su adecuado entendimiento. Específicamente, introducimos la conceptualización de las organizaciones como sistemas sociales de decisiones y la importancia de los programas regulatorios para su reducción de complejidad. En tercer lugar, argumentamos que el gerencialismo es un programa regulatorio de fines centrado en aumentar la eficacia y la eficiencia a través de la expansión de las dinámicas de cuantificación y burocratización conformando, de esta manera, un orden autosustitutivo. La cuarta sección introduce una alternativa a este programa con base en los lineamientos de la gestión del valor público. El artículo finaliza con un breve resumen y sugerencias para futuras estudios.

Gerencialismo universitario e impactos en las ciencias sociales latinoamericanas

El capitalismo académico describe aquel régimen que impulsa la competencia entre instituciones por recursos externos (Slaughter and Rhoades, Academic capitalism and the new economy). Si bien este régimen suele asociarse al esfuerzo de diversificación de ingresos mediante la comercialización de la investigación, se expresa en el contexto latinoamericano con atributos distintivos, adoptando el Estado un rol más activo como creador de mercados de educación superior. El resultado, a nivel organizacional, es la adopción de la nueva gestión pública como paradigma de gobierno, priorizando la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas como sus pilares fundamentales, i.e., el modo gerencialista de gobierno de las universidades (Shepherd, Managerialism). En particular, este enfoque se traduce en la adopción de herramientas administrativas propias del sector empresarial en las universidades, incluyendo la implementación de sistemas de métricas para evaluar el rendimiento y la productividad de los académicos, la expansión de los equipos directivos y profesionales de gestión y la centralización de la toma de decisiones por la vía de la especialización de la administración (Lynch, Control by numbers).

Como apunta una amplia literatura, el gerencialismo se encuentra consolidado en el gobierno el uso de las universidades. En general, las instituciones han adoptado modelos de gestión que se inclinan hacia métricas cuantitativas y la eficiencia operativa. Esta adopción provoca importantes cambios en las estructuras de poder y, en especial, en el proceso de toma de decisiones. En efecto, las políticas gerenciales influyen directamente en las orientaciones de las agendas de investigación de las universidades, las cuales son ahora determinadas en función de las prioridades institucionales, definidas usualmente por estamentos directivos no académicos, resultando en un cambio notable frente a modelos anteriores de una mayor colegialidad (Tamayo, Planeamiento estratégico en universidades de América Latina).

En particular, el gerencialismo afecta directamente la generación de conocimiento en las ciencias sociales en al menos dos frentes. Por una parte, la adopción de métricas cuantitativas y objetivos de eficiencia limita la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos en la investigación, favoreciendo aquellos que son más "medibles" y, por lo tanto, más alineados con los indicadores de rendimiento (Bullard, Academic capitalism in the social sciences). En efecto, los investigadores se ven impulsados a invertir la mayor parte de su tiempo en aquellas materias con mayores réditos para su carrera académica, adoptando el régimen de publish or perish que, directa o indirectamente, se centra en el incremento cuantitativo de publicaciones y no en su posible aporte (Park et al, Papers and patents are becoming less disruptive over time).

Por otra parte, la competencia se convierte en fundamental. La colegialidad disciplinar (característica de las universidades desde sus orígenes como corporaciones nacionales) se ve seriamente mermada, dado que la competencia por recursos, visibilidades y citaciones promueve un enfoque centrado en la productividad individual, donde la promoción de la polémica intelectual queda necesariamente en un segundo plano. La lógica de producción científica que el régimen gerencialista promueve no se centra necesariamente en aumentos crecientes de reflexividad científica por la vía de polémicas teóricas y metodológicas, que puedan conducir a un mejor conocimiento del objeto de estudio de las ciencias sociales, sino en el aumento cuantitativo en indicadores de investigación relevantes. Si bien ambos pueden coincidir, esto es una posibilidad antes que una necesidad que el gerencialismo requiera para su funcionamiento (Raaper, Academic perceptions of higher education assessment process in neoliberal academia).

En particular, las ciencias sociales latinoamericanas se enfrentan además al desafío de responder a su ethos tradicional de crítica social, presente ya en el ideario de la reforma universitaria de Córdoba de 1918, frente a un panorama académico cada vez más dominado por un enfoque productivista. Dicho ethos formó el punto de partida de gran parte de las contribuciones conceptuales de las ciencias sociales de la región, incluyendo la teoría de la modernización asincrónica, el enfoque desarrollista, la pedagogía del oprimido, la teoría de la dependencia o la teología de la liberación, entre muchas otras (Torres, Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana).

En tal sentido, esta adopción del paradigma gerencialista en las universidades latinoamericanas no solo impacta en las estructuras administrativas, sino que recalibra los valores y prácticas académicas dentro de este campo, orientando la investigación en ciencias sociales hacia los ámbitos vistos como más "productivos". Como apuntase de manera crítica J. Graciarena, las ciencias sociales se convierten en “un elemento orgánico del poder tecnocrático y mantienen una existencia pacífica y sin conflictos en tanto no se aparten de su línea, es decir, mientras no cuestionen la justicia de su naturaleza y aquella de sus políticas” (Graciarena 1978:60). Formulado brevemente, las ciencias sociales se evalúan en función de indicadores de relevancia definidos externamente, no según sus respectivos debates intradisciplinares, de lo que resulta una insuficiente discusión sobre sus conceptos fundamentales (Ramos-Zincke, Construcción de la facticidad en la ciencia social crítica Chile, 2000-2022).

En este escenario, no resulta extraño que los académicos de ciencias sociales de la región han comenzado a internalizar estos modelos de eficiencia y rendimiento. Este fenómeno se refleja en la orientación productivista de las actividades académicas, desde la priorización de la publicación de artículos en revistas de alto impacto, hasta la búsqueda por la obtención de financiamiento competitivo para proyectos de investigación. Además, se observa un cambio en la forma en que los directivos interactúan con el cuerpo académico, enfocándose más en logros cuantificables que en el desarrollo de la institución. Como resultado, la adopción de estos principios ha cambiado profundamente la autocomprensión de las universidades de la región, que transitan entre un alineamiento explícito con los principios del gerencialismo y el ejercicio de formas de traducción, al menos a nivel discursivo, entre dicha forma de gobierno y su tradición de compromiso público social (Labraña y Brunner, La ideología de la nueva gestión pública desde la mirada de los directivos de las universidades chilenas).

El gerencialismo como programa de fines: cuantificación y burocratización

La resignación es un equivalente funcional de la falta de comprensión: en ambos casos se asume la ausencia de alternativa como necesaria. En este sentido, mucho se ha escrito polémicamente respecto de los problemas generados por la adopción del gerencialismo en la educación superior. Sin embargo, no existen enfoques que adopten una perspectiva fundada para comprender las dinámicas de este régimen organizacional. Predominan en cambio estudios de naturaleza fuertemente normativa que, aunque abordan las tensiones y desafíos que estos paradigmas de gestión introducen, suelen carecen de un enfoque analítico riguroso (Labraña, La teoría de sistemas sociales y el campo de estudios en educación superior). Esta carencia en la literatura es notable dado el papel cada vez más influyente que desempeñan estos modelos gerencialistas de gestión en la configuración de la academia dentro de las instituciones de educación superior en la región. El resultado, casi lógico, es un vacío en la comprensión teórica del gerencialismo.

Adquiere relevancia en este escenario la teoría de sistemas sociales y, en particular, su análisis de las organizaciones. En lugar de partir de la conceptualización de una esencia de la organización, sea esta racionalidad, eficacia y eficiencia o colegialidad, esta teoría representa las organizaciones como sistemas sociales que conforman sus elementos mediante sus propias operaciones. Con base en esta idea, la teoría se distancia de los modelos que conciben a las organizaciones como máquinas triviales, cuyo output se encuentre determinado por el input, e introduce su conceptualización como sistemas complejos que conforman, mediante sus propias operaciones, los límites que las diferencian de su entorno (Luhmann, Organización y decisión).

Esta determinación estructural resulta de la red de comunicaciones-de-decisiones (decisiones). Las organizaciones son sistemas clausurados operativos que, precisamente en función de su clausura, pueden abrirse cognitivamente a su entorno. Por tanto, la clausura no implica aislamiento, sino que es una condición de posibilidad para la apertura del sistema con el entorno. El sistema, reproducido por medio del entrelazamiento de decisiones, conforma de este modo una versión reducida de la complejidad del entorno que le permite, no alinearse punto-por-punto a los cambios del entorno, pero sí configurar un ámbito determinado con sus decisiones.

Las universidades son organizaciones donde al menos dos tipos de decisiones tienen primacía: decisiones sobre la ciencia y decisiones sobre la educación. Por un lado, las universidades deben lidiar con decisiones dirigidas a la regulación de la investigación, incluyendo la asignación de recursos, la definición de prioridades temáticas y la coordinación de colaboraciones entre unidades académicas. Por otra parte, las instituciones académicas deben manejar también decisiones relacionadas con la docencia, como la estructuración de currículos, la elección de métodos de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Finalmente, tienen que también resguardar que ambos ámbitos (docencia e investigación) no se diferencien completamente, sino que mantengan una influencia recíproca, de modo tal que la docencia se informe continuamente de los avances de la investigación y que, a la vez, la relevancia de la investigación se ponga a prueba a través de la formación (Lenartowicz, The nature of the university).

Sin embargo, en tanto comunicaciones, las decisiones de cualquier organización son eventos que carecen de materialidad. Aparecen y desaparecen continuamente (Luhmann, What is communication?). Pese a esto, como demuestra la imagen normal de las organizaciones, las universidades son sistemas relativamente estables: si bien cambian, no renuncian rápidamente a la seguridad de sus estructuras actuales. Esto se debe a que, en el transcurso de su evolución, las organizaciones consolidan programas regulatorios que, pese a ser decisiones, tienen como propósito coordinar las decisiones, asegurando las condiciones para su ordenamiento. De esta manera, dichos programas “definen las condiciones de rectitud objetual de las decisiones” (Luhmann 2018:205) dentro de la organización.

Luhmann identifica dos tipos de programas regulatorios: condicionales y de fines. Los programas condicionales distinguen entre condiciones y consecuencias. Asumen la forma “si/entonces” de manera tal que enlazan decisiones específicas con otras decisiones, elevando como resultado la complejidad del sistema. En contraste, los programas de fines se estructuran en función de la diferenciación entre medios y fines. De esta manera, permiten sistemáticamente articular nuevas decisiones alrededor de objetivos establecidos, facilitando la consolidación de una estructura decisional propia.

El gerencialismo es un programa regulatorio de tipo finalista. Cumple la función típica de estos programas, reduciendo la contingencia con la que los sistemas organizacionales deben lidiar en cada decisión, transformando la incertidumbre en un desorden ya estructurado y, por esto, controlable internamente mediante nuevas decisiones. En particular, el programa gerencialista establece los objetivos de eficacia y eficiencia como prioritarios y subordina otro tipo de decisiones a su aporte específico a estos propósitos. En función de estos objetivos, definidos aquí como fines, las universidades pueden enlazar decisiones relacionadas con la gestión presente de sus misiones de docencia, investigación y tercera misión. Con todo, como apunta Luhmann, este tipo de programas “deben tratar en el presente, como si ya fuera un hecho, un futuro siempre inseguro, siempre ignoto” (Luhmann 2018:217). El resultado es una complejidad manejable que, al menos en la propia organización, invisibiliza su propia contingencia, esto es, que puede ser de otra forma.

Dos atributos son centrales del programa gerencialista. Por una parte, la restricción de lo relevante a aquello que puede ser medido desde una lógica de eficacia y eficiencia, lo que promueve una cultura de control de la evaluación basada en métricas cuantitativas, tales como índices de publicación, citas y factor de impacto. Si bien estas métricas proporcionan indicaciones efectivas de la productividad, no capturan necesariamente (dicen sus críticos) la complejidad de la actividad académica, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Como resultado, aspectos como el rigor metodológico, la originalidad de las ideas y la contribución al avance teórico quedan relegados en favor de la búsqueda de productividad en términos de publicación (Billig, Academic words and academic capitalism). Caracterizaremos esto como cuantificación, esto es, el proceso de medir algo, expresarlo en términos numéricos y usarlo como base para las decisiones (Hardy, The quandary of quantification).

Sin embargo, la cuantificación no se da de modo aislado en el programa gerencialista, sino asociado a la conformación de un estamento directivo y profesional competitivo que impone su control sobre el desarrollo disciplinar de las universidades. Este estamento, especializado usualmente en labores de gestión, promete agilizar procesos y maximizar resultados mediante un seguimiento más estricto de las labores académicas. De acuerdo con sus defensores, la expansión de los estamentos directivos y profesionales competitivos contribuye a la optimización de recursos y mejora de la gestión al introducir prácticas y métodos probados en el sector empresarial para garantizan una mayor eficiencia y efectividad en la administración de las instituciones universitarias en función de sus objetivos.

Denominaremos la creciente relevancia decisional de este estamento como burocratización. Si bien el concepto de burocracia es a menudo empleado para designar los aspectos negativos de las organizaciones, existe una amplia literatura inspirada fuertemente en Max Weber que conceptualiza las ventajas comparativas de esta forma de gobierno. Dicho programa se consolida mediante una burocracia se caracteriza por una estructura formalizada, procedimientos estandarizados y una administración basada en reglas escritas, lo cual promueve una toma de decisiones sistemática y más despersonalizada (Weber, Economy and society).

Gerencialismo como orden autosustitutivo: desafíos para las ciencias sociales latinoamericanas

Como hemos visto, el programa gerencialista de fines tiene importantes consecuencias en la organización de las universidades. La persecución del principal propósito de la implementación de medidas gerenciales (el aumento de la eficacia y eficiencia de la organización) emplea la cuantificación y burocratización como sus principales medios. Sin embargo, a diferencia de otros medios, estos no describen un estado a alcanzar, sino que admiten una progresiva intensificación. Por una parte, la cuantificación tiene el potencial, crecientemente aprovechado, de expandirse a aspectos cada vez más variados de la vida académica. Originalmente centrada en mediciones de productividad para publicaciones y citas, la cuantificación ha evolucionado para incluir ahora evaluaciones de la calidad de la docencia, la satisfacción estudiantil, tasas de graduación e incluso el impacto de las investigaciones en las necesidades territoriales (Krzeski, Power and agency within the evaluative state).

De manera similar, la burocratización ha seguido una trayectoria de expansión en el ámbito universitario, extendiéndose más allá de la mera administración de procesos para abarcar áreas que tradicionalmente eran consideradas el dominio exclusivo de los académicos. Esto incluye el diseño curricular, la evaluación de la calidad académica y la supervisión de la investigación. De la mano de la burocratización, entonces, aumenta la cantidad de personal administrativo dedicado a estas tareas, así como la especificidad de los procedimientos y regulaciones que guían las actividades académicas (Smelser, Dynamics of the contemporary university).

A su vez, cuantificación y burocratización se expanden recíprocamente, creando un ciclo de retroalimentación donde cada uno intensifica la relevancia del otro. A medida que la burocratización incrementa la formalización y estandarización de procesos académicos, facilita también la implementación de sistemas de cuantificación más detallados. Y viceversa, la existencia de más información cuantificada sobre las actividades académicas resulta en la necesidad de un número creciente de directivos y profesionales responsables de su adecuado seguimiento. A modo de ejemplo, la definición de criterios y procedimientos estandarizados para la evaluación de la investigación impulsada por la burocratización permite, luego, la aplicación de métodos cuantitativos de evaluación que, a su vez, generan datos que se utilizan para refinar y ajustar aún más dichos procedimientos.

La potencial intensificación de la cuantificación y burocratización, tanto como procesos independientes como en su mutua interrelación, resulta en que el programa de fines gerencialista es autosustitutivo. En efecto, dicho programa se consolida en una dinámica perpetua de auto-refuerzo que, lejos de alcanzar un estado de equilibrio, propicia un ciclo continuo de ajustes que demandan una constante revisión y expansión de ambos procesos. Esta autosustentación del programa gerencialista reconfigura fuertemente el alcance de las decisiones de estas instituciones. Al volverse dependientes de la cuantificación y la burocratización para la mejora de su eficacia y eficiencia, las universidades ingresan en una dinámica incremental donde la investigación está condicionada por su capacidad de adaptarse exitosamente ante esos medios.

Las ciencias sociales latinoamericanas (como objeto de decisión definido en el programa gerencialista) se ven afectadas por este programa. Dado que los criterios gerencialistas priorizan indicadores cuantificables de éxito, las áreas de estudio que no producen resultados fácilmente medibles en términos de número de publicaciones, así como aquellas que demandan un análisis más detallado o poseen un carácter experimental, enfrentan desventajas significativas. Esto desincentiva la realización de investigaciones cuyos efectos no se ajustan o son difíciles de interpretar dentro de este marco gerencialista. En este sentido, la naturaleza interpretativa de la investigación en ciencias sociales es, si no invisibilizada, insuficientemente valorada.

Además, la intensificación de la burocratización conduce a una mayor centralización de la toma de decisiones, lo cual limita la autonomía de los investigadores en ciencias sociales y restringe su capacidad para explorar enfoques innovadores que no se alineen estrictamente con los objetivos gerenciales establecidos. Este contexto impone un marco en el cual las decisiones sobre qué investigar y cómo investigar están cada vez más influenciadas por consideraciones administrativas relacionadas con la carrera académica de los investigadores, antes que, por la relevancia o urgencia social de los temas investigados, reconfigurando así la dirección y el impacto potencial de la investigación en ciencias sociales en América Latina.

Sin embargo, las ciencias sociales (si son entendidas como aquel espacio donde la sociedad puede reflexionarse a sí misma, como diría Luhmann) requiere ciertas condiciones organizacionales de posibilidad. Antes que nada, necesita un entorno habilitante que promueva la reproducción de la tensión disciplinar propia entre universalismo de la teoría y particularismo de la empiria. El gerencialismo, como todo programa de fines, encuentra estabilidad en repetir aquello que antes ha funcionado y enlaza con las decisiones de mayor cuantificación y burocratización, con la consecuencia no buscada de una orientación conservadora en el desarrollo de las disciplinas. Formulado de otra manera: el estímulo está en la productividad, no en la reflexividad.

Gestión del valor público en las ciencias sociales

Como hemos visto, la adopción del paradigma gerencialista en las universidades está siendo ampliamente discutida en la literatura especializada. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, la formulación de alternativas permanece largamente ausente. Los debates parecen concentrarse a un nivel político-filosófico, remarcando las posibilidades de nuevos horizontes normativos para las universidades latinoamericanas o bien centrados en la caracterización de los efectos negativos de los modos de gobierno hoy existentes, especialmente a nivel de los académicos. En este sentido, pese a sus efectos, queda pendiente la elaboración de alternativas organizacionales al programa gerencialista de gobierno de las universidades.

A nivel comparado, recientemente se han discutido modelos diferentes al gerencialismo. La literatura de la gestión de valor público apunta precisamente en esta dirección. Dicho paradigma describe un enfoque que reconoce el carácter distintivo de las organizaciones del sector público. En lugar de enfocarse exclusivamente en indicadores cuantitativos asociados a la eficacia y eficiencia, la gestión del valor público hace hincapié en cómo estas instituciones también dependen de su legitimidad (responder a las prioridades de sus partes interesadas) y su valor social (contribuir al bienestar social y al logro de objetivos de interés local, nacional o incluso global). Como resultado, los principios de eficacia y eficiencia, propios del programa gerencialista, si bien relevantes, no son descritos como los únicos que deben ser considerados por las instituciones públicas dado su foco distintivo en cuestiones de legitimidad y aseguramiento de su valor social (Stoker, Public value management).

Visto como programa de fines, se trata entonces de incluir nuevos propósitos como centrales para las universidades. En este contexto, la toma de decisiones no es una tarea determinada en función de consideraciones de eficacia y eficiencia, sino que debe considerar además un componente deliberativo de modo de cumplir con las condiciones mínimas de legitimidad. En este respecto, un rasgo distintivo de las instituciones públicas es su necesidad de incluir múltiples partes interesadas en los procesos de planificación. Las decisiones de la universidad no solo resguardan eficacia y eficiencia, sino también deben ser validadas participativamente, en especial por parte de las comunidades académicas (O’Flynn, From new public management to public value).

En una dirección similar, la toma de decisiones tiene también como propósito central el aseguramiento del valor social. Para cumplir con este fin, las universidades deben definir cuáles son sus impactos externos esperados y cuáles son las condiciones necesarias para asegurar su realización y continuidad en el futuro. Dicho proceso no debe realizarse solo una vez, sino que requiere del establecimiento de mecanismos que permitan, primero, la identificación de nuevos problemas y, a continuación, el establecimiento de enlaces organizacionales para fortalecer la interfaz entre instituciones y sus entornos relevantes (Labraña y Urquiza, Innovación universitaria ante la incertidumbre).

Cabe destacar inicialmente que este modelo no implica un retorno de las instituciones a una suerte de “edad de oro” previo a la instalación del programa gerencialista de fines. Por el contrario, la importancia de los principios de eficacia y eficiencia es nuevamente reconocida, si bien esta vez asociada a fines de legitimidad y valor social. En particular, eficacia y eficiencia debe considerarse en el desarrollo de las universidades junto con principios vinculados con la legitimidad (colegialidad disciplinar) y el resguardo de las capacidades de aportar socialmente (interfaz con el medio).

La adición de fines de legitimidad y aporte social hacen más cercano el programa gerencialista a las tradiciones disciplinares de las ciencias sociales latinoamericanas. En primer lugar, enfatiza la significancia de la participación académica deliberativa en el proceso de toma de decisiones. En este respecto, reconoce la centralidad de las comunidades académicas en la determinación de los criterios y estándares de evaluación, considerando sus trayectorias disciplinares y sus modos distintivos de productividad científica, sin asumir de inmediato la primacía de un modelo de aplicación universal definido a nivel central. Desde esta perspectiva, las formas de comunicación propias de las ciencias sociales latinoamericanas, como libros, seminarios y congresos, son reconocidas como relevantes en la evaluación (Brunner y Labraña. La investigación en ciencias sociales y humanidades).

En la misma línea, esta adición permite considerar la centralidad del aporte social de las ciencias sociales latinoamericanas, remarcando la importancia de su contribución, directa e indirecta, al desarrollo de sus comunidades. Dicho reconocimiento posee una tradición histórica considerable que ha servido como base para el desarrollo de un modelo latinoamericano de universidad, específicamente, en la forma de extensión crítica y vinculación con el medio social (Bernasconi, Is there a Latin American university model?).

Sin embargo, la relevancia del modelo de la gestión del valor social no se queda en la adición de nuevas dimensiones al gobierno de las ciencias sociales. La principal significación de esta innovación es la complejización del programa de fines gerencialista y su tendencia a la conformación de una dinámica autosustitutiva y, consecuentemente, a la generación de crisis por repetición (Mascareño, Crisis in complex social systems). Como hemos visto, la cuantificación conduce a un desplazamiento del foco disciplinar y a la expansión de una burocracia competitiva dentro de las universidades: más cuantificación requiere de mayor y mejor burocracia que, a su vez, impulsa una mayor cuantificación y así sucesivamente. Lo mismo puede señalarse respecto de la legitimidad: mayor colegialidad se vincula a mayor deliberación académica que luego demanda una mayor participación, considerando nuevas perspectivas y temas de interés disciplinar. Finalmente, en relación con el valor social, la interacción de las ciencias sociales con el entorno involucra la incorporación de nuevas partes interesadas que por su parte requieren de nuevos mecanismos para atender de manera precisa a sus necesidades en un ciclo potencialmente interminable. Aisladamente, eficacia y eficiencia, legitimidad y valor social operan como repeticiones que, a la vez, habilitan y/o restringen de modo infinito el operar de las universidades si no son resueltas selectivamente (i.e., mediante decisiones). La tarea de las organizaciones en este respecto es hacer estas tautologías productivas (Luhmann, Tautologie und paradoxie in den selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft).

Conceptualmente, la resolución de estas potenciales tautologías involucra continuos procesos de desparadojización dentro del gobierno de las universidades. Uno de los principales procedimientos de la destautologización es la referencia a un orden superior mediante una distinción por niveles (Luhmann, La ciencia de la sociedad). Este es precisamente el propósito de considerar al mismo tiempo legitimidad, valor social y eficacia y eficiencia en el gobierno de la investigación en ciencias sociales. La colegialidad asegura los parámetros en que debe realizarse el aporte social de estas disciplinas (esto es, fundado en el conocimiento científico disponible) e impide generalizar como valor absoluto el alcance de los principios de eficacia y eficiencia, pues subraya la importancia de las disciplinas para la legitimidad de las organizaciones. A su vez, el valor social establece la necesidad de una continua atención en los procesos de producción de conocimiento de las ciencias sociales a temáticas de interés social, extendiendo de esta manera el alcance de las disciplinas a ámbitos no disciplinares, y centralizando a la vez la importancia de considerar que eficacia y eficiencia deben ser continuamente sopesados en relación con otras consideraciones. Por su parte, la eficacia y eficiencia subrayan que, con independencia de si se trata de cuestiones de colegialidad o de generación de productos con valor social, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones al respecto considere sus consecuencias para la sustentabilidad de la universidad como un todo. Formulado brevemente, legitimidad, valor social y eficacia y eficiencia corresponden a límites autocreados en la organización que, si bien no definen de antemano el contenido de las decisiones sobre la investigación en ciencias sociales, sí definen parámetros normativos a nivel del programa regulatorio que impiden la mera repetición.

Si se examina la evolución reciente de la planificación estratégica en las universidades latinoamericanas, es posible identificar una progresiva adopción de este modo de gobierno, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, sin que este se consolide de manera explícita como una alternativa al paradigma gerencialista (Matus, Abrir mundos). La teoría, como ocurre generalmente, llega cuando los problemas ya han sido resueltos en la sociedad (Hegel, Filosofía del derecho). En particular, el modelo de gobierno aquí propuesto ofrece una matriz conceptual que permite abordar de manera más integral los desafíos que enfrentan las universidades, y en particular las ciencias sociales, en el contexto latinoamericano más allá de los conceptos empleados a nivel central (Meyer and Powell, New institutionalism in higher education). En este sentido, este modelo no solo se presenta como una alternativa viable al programa gerencialista de fines, sino que también ofrece un marco regulatorio para la reconfiguración de las prácticas institucionales.

Específicamente, la adopción de un modelo de gestión del valor público tiene el potencial de traducirse en una serie de iniciativas concretas en el ámbito de la investigación en ciencias sociales. A modo de ejemplo, la creación de comités interdisciplinarios para la evaluación de proyectos de investigación, que incluyan tanto a académicos como a representantes de la sociedad civil y del sector público, puede ser un primer paso hacia la validación participativa de los principios de eficacia y eficiencia. De igual manera, la implementación de mecanismos de consulta pública para la definición de líneas de investigación prioritarias ofrece la posibilidad de contribuir al fortalecimiento de la legitimidad académica y social de las ciencias sociales, así como generar nuevos temas de reflexión que incentiven el desarrollo de las disciplinas. Además, la combinación de legitimidad, valor social y eficacia y eficiencia puede facilitar la creación de alianzas estratégicas entre universidades y otros actores sociales, como organizaciones no gubernamentales, empresas y gobiernos regionales, para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada que respondan a necesidades sociales, resguardando los principios de eficacia y eficiencia y su fundamentación en el conocimiento científico disponible. No solo la investigación se ve fortalecida a partir de estos casos, sino también la práctica del gobierno de las ciencias sociales que, informado conceptualmente, puede al fin reconocer internamente la complejidad que crecientemente atribuye a sus entornos (Luhmann, Organización y decisión).

Conclusiones

El presente artículo caracterizó el gerencialismo y sus efectos en la investigación en ciencias sociales desde la teoría de sistemas sociales. En base a esta perspectiva, se argumenta que el gerencialismo es un programa regulatorio de fines que establece como propósitos centrales el aumento de eficacia y eficiencia. Sin embargo, al establecer estos fines como prioritarios en las organizaciones universitarias, se crea un complejo orden de medios adecuados que genera un orden autosustitutivo: más eficacia y eficiencia es conseguida mediante decisiones de cuantificación que expanden una burocracia competitiva que, a su vez, sostiene e incrementa la cuantificación.

Entre los académicos universitarios, incluso aquellos de las ciencias sociales, hoy se encuentra extendida la resignación frente al programa gerencialista de funcionamiento de las universidades. Es probable que esto responda al grado de penetración de este modo de gobierno en la región y la conversión de la nueva gestión pública en un lugar común para las comunidades universitarias (Horta and Santos, Organizational factors and academic research agendas). Sin embargo, como todo programa regulatorio, el gerencialismo es también una decisión sobre los medios y fines adecuados para la organización. Toda decisión, apunta Luhmann, oculta su propia arbitrariedad. Quizá la tarea de las ciencias sociales, especialmente aquellas dedicadas al estudio de la educación superior, sea precisamente reconocer la contingencia de las organizaciones en las cuales la producción de conocimiento tiene lugar, de manera de evitar el progresivo deterioro de sus condiciones de posibilidad (Arnold, Entre el universalismo y el relativismo).

Bibliografía

Graciarena, J. (1978). Between reality and utopia: the dialectics of the social sciences in Latin America. United Nations Economic Commission for Latin America.

Luhmann, N. (2018). Organización and decisión. Herder.

Smelser, N. J. (2013). Dynamics of the contemporary university: growth, accretion, and conflict. University of California Press.

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